Urgencia en la aprobación

El diputado Santiago Ticona, quien forma parte de la Comisión por la bancada de Libre, confirmó a El Deber que la sesión se está llevando a cabo a través de Zoom y que se inició con el quórum reglamentario. Ticona destacó la urgencia del cronograma legislativo al afirmar: “Hoy tenemos que tener sí o sí el informe de Comisión aprobado y así entrará en tratamiento” en el pleno de la Cámara Baja.

Presión sobre los legisladores

Esta acción se da en respuesta a la insistencia del vocal del TSE, Gustavo Ávila, quien ha estado alertando a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la necesidad de acelerar los plazos. Ávila subrayó que, para evitar una prórroga de los mandatos, el TSE debe contar con nuevas autoridades designadas a más tardar el 18 de diciembre de 2025.

La presión recae sobre los legisladores, dado que las funciones de los actuales vocales del TSE finalizarán el 19 de diciembre de 2025. Además, las de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) también lo harán pocos días después. El vocal Ávila se mostró optimista, aunque cauteloso respecto a los tiempos: “Creemos que estamos a tiempo de hacerlo (de elegir nuevos vocales). Creemos que la Asamblea Legislativa va a poder designar a los nuevos vocales para que no exista prórroga en estos mandatos, sobre todo”.

Importancia del proyecto de ley

La rapidez con la que se maneja este proyecto de ley es fundamental, ya que el TSE tiene un calendario electoral ajustado por delante. Esto incluye la organización de las elecciones subnacionales de 2026. La aprobación del informe de Comisión este domingo es el primer paso esencial para asegurar la continuidad institucional y la transparencia del proceso electoral. Esto pone a prueba la capacidad de la ALP para actuar con prontitud ante una fecha límite inminente.

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Olivia Guachalla, quien es la presidente de la Comisión y diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó que la convocatoria se realizó con el objetivo de continuar el trabajo legislativo antes de que finalice la actual legislatura. Guachalla explicó: “El día de hoy estamos convocando para tratar la ley de reglamento para elección de vocales departamentales. (…) también está agendado la ley para elecciones subnacionales, que es una ley pendiente también como comisión a raíz de la ausencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).”

Importancia de las normas

La diputada Guachalla destacó que ambas normas son de alta prioridad. Estas leyes permitirán que las asambleas departamentales puedan elegir sus ternas y evitar la ampliación de mandatos en los tribunales electorales. Aunque el TSE tiene la facultad de convocar directamente a los comicios subnacionales, se busca establecer un marco normativo claro que libere las leyes.

Retrasos en el análisis

Blanca López, otra diputada del MAS y miembro de la misma comisión, mencionó que el análisis de los proyectos de ley se había retrasado debido a la llegada tardía de algunos parlamentarios. Sin embargo, confirmó que el tratamiento de las propuestas se llevará a cabo durante el transcurso del día.

López también indicó que algunos legisladores han solicitado la presencia de los vocales del TSE y de los proyectistas. Esto es para aclarar algunas observaciones que están relacionadas con los escaños especiales en los departamentos. “Esperamos que los vocales puedan asistir para despejar las dudas y aprobar las normas”, afirmó.

Objetivo de la Comisión

La Comisión de Constitución tiene la intención de concluir el análisis de ambos proyectos antes del cierre de la legislatura. El objetivo es que los tribunales electorales cuenten con la normativa necesaria para organizar las elecciones subnacionales dentro de los plazos establecidos.

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“Se ha aprobado en grande y en detalle, por unanimidad, este proyecto de ley 213 (…) No se hizo ninguna modificación. No sabemos si vamos a tener otra sesión del pleno esta semana para tratarlo, pero ya se ha aprobado este procedimiento”, declaró la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Olivia Guachalla.

Detalles de la propuesta

La propuesta fue aprobada por el Senado el 26 de agosto de 2025. Esta iniciativa establece y regula las etapas, fases, procedimientos, requisitos y plazos para la selección, elección y designación de vocales del TSE.

Con un total de 41 artículos y 4 disposiciones adicionales, la propuesta establece un plazo de hasta 50 días para la designación de los nuevos vocales del TSE.

Convocatoria y postulaciones

El numeral 5 del artículo 13 de la Ley 018 del Órgano Electoral indica que “con una anticipación máxima de 45 días a la fecha de designación, la Asamblea Legislativa Plurinacional” deberá difundir “ampliamente la convocatoria a nivel nacional”.

El artículo 15 señala que, tras la publicación de la convocatoria, las personas interesadas en las vocalías del TSE tendrán 15 días para presentar sus postulaciones. Posteriormente, durante 3 días, se llevará a cabo la verificación de los requisitos habilitantes generales y específicos.

Filtros de evaluación

Los aspirantes deberán superar varios filtros de evaluación, que incluyen una prueba oral. Solo aquellos que logren un promedio mínimo de 120 sobre 200 avanzarán a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que tendrá un plazo máximo de 5 días para llevar a cabo la fase de elección y designación.

Composición de los vocales

La votación será nominal y deberá garantizar la elección de 3 mujeres y 2 personas de origen indígena originario campesino dentro de la composición de los 6 titulares y sus respectivos suplentes.

Una vez superada esta etapa en comisión, la diputada del MAS, Miriam Martínez, instó a la directiva de la Cámara de Diputados a programar su tratamiento para su inmediata sanción y emitir la convocatoria para los interesados.

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“Existe un proyecto de ley dentro de la Cámara de Diputados (sobre las interpelaciones) que está siendo analizado en la Comisión de Constitución, que es importante lo que salga de allí para poder tratarlo”, confirmó este jueves 26 de junio de 2025 la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y primera vicepresidente de la Cámara Baja, Deisy Choque.

Origen del proyecto de ley

El proyecto de ley fue presentado por parlamentarios de oposición durante un reciente encuentro multipartidario legislativo que tuvo lugar en los ambientes de la Vicepresidencia. En esta reunión, también se acordó avanzar en créditos, en el contexto de las elecciones generales.

Hace un par de días, el senador de Creemos, Henry Montero, mencionó que en dicho encuentro se formó una comisión técnica y jurídica con representantes de ambas cámaras legislativas para llegar a un consenso sobre la norma.

Importancia de las interpelaciones

“Este proyecto de ley está siendo analizado y creo que va a ser importante devolverle a la Asamblea Legislativa Plurinacional la facultad no solamente de hacer peticiones de informe escrito u oral, sino también las interpelaciones para que luego los ministros no se crean intocables”, subrayó Choque.

Contexto de la suspensión

En 2023, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz una acción de amparo contra la Ley 1350, que regula los efectos de la censura.

La Sala Constitucional Primera del TED admitió el recurso y ordenó la suspensión de las interpelaciones, argumentando que existía un vacío legal que vulneraba el derecho al trabajo de las autoridades censuradas. Esta medida judicial fue rechazada por legisladores de oposición, quienes consideraron que la decisión afectaba el equilibrio de poderes.

Críticas a la medida

Sin embargo, según Choque, la medida fue dictada porque, en ese momento, en el Legislativo había varios proyectos pendientes y las sesiones se centraban únicamente en las interpelaciones.

“Se nos ha quitado la posibilidad (…) de interpelar, porque teníamos como 30 interpelaciones en fila aquella época y todas las sesiones se concentraban más en el tema de la interpelación y no así en hacer gestión o legislar o crear leyes en favor del pueblo boliviano”, reiteró a tiempo de criticar que algunos legisladores hayan condicionado la aprobación de créditos al avance de la norma sobre la interpelación.

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El proyecto que ha sido enviado por los diputados establece que solo el Tribunal Constitucional puede solicitar informes o detener un proceso electoral. El senador Flores expresó su desacuerdo con esta redacción y anticipó que se debatirá en la comisión esta tarde, con el objetivo de proponer modificaciones al pleno del Senado.

Críticas a la redacción actual

Flores criticó el contenido del proyecto, argumentando que la redacción vigente limita las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Además, subordina su capacidad de acción al Tribunal Constitucional, lo que, según él, debilita la aplicación del principio de preclusión, ya presente en el ordenamiento jurídico.

“El problema no es solo de redacción. El fondo del tema es la voluntad de los vocales del Tribunal Electoral, que deberían ejercer su autoridad como cuarto órgano del Estado, con independencia. Lamentablemente, no lo han hecho y se han sometido al Tribunal Constitucional”, afirmó el senador.

Informe sobre debate obligatorio

El senador también mencionó que la comisión cuenta con un informe sobre el proyecto de debate obligatorio, el cual ya fue aprobado en la Cámara Baja anteriormente. Sin embargo, consideró que este tema tiene menor importancia en comparación con la ley de preclusión.

Plazo para la consideración

El tratamiento del proyecto de preclusión debe llevarse a cabo antes del 11 de junio de 2025, que es la fecha límite para su consideración, de acuerdo con el cronograma legislativo establecido.

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López comentó: “Nosotros el día de ayer en la Comisión de Constitución hemos aprobado el debate obligatorio”. La nueva reglamentación establece que los partidos que no se presenten a los debates enfrentarán sanciones. “Es algo que espera el pueblo, que esos proyectos de ley tienen como prioridad”, añadió la diputada.

Próxima sesión sobre equidad de género

Además, la diputada López mencionó que mañana por la tarde se llevará a cabo otra sesión en la que se tratarán dos proyectos de ley adicionales, uno de los cuales se centra en la equidad de género. “Analizar a fondo ese tema, porque lo que queremos es igualdad para todas las mujeres dentro de los proyectos de ley que estaban previstos en el tratamiento del día”, indicó.

Temas pendientes en la comisión

Estos son temas que están pendientes y que esperan su tratamiento en la comisión. La importancia de estos debates radica en la necesidad de avanzar en la legislación que garantice derechos y oportunidades iguales para todos los ciudadanos, especialmente para las mujeres.

/KMMN

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Olivia Guachalla, presidenta de la Comisión, informó este martes 11 de marzo que el tratamiento de esta normativa se realizará con la participación de representantes del TSE, asesores legales, el ministro de Justicia, César Siles, y técnicos de la presidencia de la Cámara de Diputados. El propósito de esta reunión es evaluar la constitucionalidad de la propuesta.

Guachalla destacó que este análisis se lleva a cabo porque la Constitución establece de manera clara qué autoridades están sujetas a este tipo de juzgamiento. Además, adelantó que se realizará un tratamiento exhaustivo antes de decidir si se aprueba o se rechaza la propuesta de ley.

Antecedentes legislativos

El tratamiento de esta normativa surge tras la aprobación en esta misma comisión del proyecto de Ley “De modificación de la Ley N° 026 del Régimen Electoral sobre Sistemas de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP)”. Esta norma establece que el mismo día de la votación se podrán conocer los resultados preliminares de los candidatos ganadores y perdedores.

Otros proyectos en discusión

Además, este martes la Comisión de Constitución también tiene programado el tratamiento de un proyecto de ley que establece el debate obligatorio para los candidatos presidenciales. Esta iniciativa busca fomentar una mayor transparencia y participación en el proceso electoral.

La diputada Guachalla resaltó que, con la aprobación de estos proyectos, junto con las normas sobre paridad de género en binomios y el principio de preclusión en procesos electorales, se completará el paquete legislativo solicitado por el TSE durante el Tercer Encuentro Multipartidario.

Objetivo de las normativas

La parlamentaria recordó que la aprobación de estas normativas tiene como finalidad garantizar la realización transparente de las elecciones generales, que están previstas para el 17 de agosto. Este esfuerzo legislativo busca fortalecer la confianza en el sistema electoral y asegurar que los procesos se desarrollen de manera justa y equitativa.

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La información fue confirmada por Olivia Guachalla, presidenta de la comisión, quien indicó que la propuesta ha sido enviada con un informe del comité correspondiente y está incluida en la agenda de tratamiento.

“Hoy a las 14:30 horas hemos convocado a sesión de la Comisión para discutir el proyecto de ley que modifica la Ley 026, con el fin de incorporar el debate obligatorio. Ya está en la agenda y esperamos aprobarlo de manera urgente”, expresó Guachalla.

Contexto del proyecto de ley

Guachalla explicó que esta iniciativa surge como resultado de un acuerdo alcanzado durante el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia. En este evento participaron diversas fuerzas políticas y representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Estamos garantizando el proceso electoral, ya que de ninguna manera los diputados o senadores pretendemos prorrogar un día más nuestro mandato”, enfatizó Guachalla.

Otros proyectos en análisis

Además del debate obligatorio, la Comisión de Constitución tiene en su agenda otros proyectos relacionados con las elecciones de 2025. Entre ellos se encuentra la modificación de la Ley 044, que busca incluir a los vocales del TSE en los juicios de responsabilidades.

También se analizará la modificación de la Ley 026 de Régimen Electoral, que tiene como objetivo evitar que cualquier órgano del Estado pueda interrumpir el proceso electoral.

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La diputada Blanca López, del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha afirmado que se garantizará la aprobación de ambos proyectos en el comité antes de que sean presentados a la Comisión.

A las 15:00 horas se llevará a cabo una socialización del proyecto del TREP. Posteriormente, a las 15:30 horas, se realizará una sesión del comité para debatir la disposición séptima del presupuesto y el proyecto de ley del debate obligatorio. Durante esta sesión, también se abordará el tema de la equidad de género.

Compromiso de aprobación

López ha declarado que tiene garantizada la viabilización de estos dos proyectos, ya que ha mantenido conversaciones con sus colegas parlamentarios, tanto de oposición como oficialistas. “Nosotros sí lo vamos a aprobar en el comité y vamos a pasar inmediatamente a la Comisión para que sean tratados esos proyectos de ley”, indicó.

Con relación a otras leyes solicitadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), López mencionó que estas serán las primeras en ser aprobadas en la Comisión. La diputada destacó la importancia del debate obligatorio para todos los candidatos, señalando que “el pueblo boliviano necesita estar informado sobre estos temas”.

Importancia de la socialización

La socialización del TREP es considerada un asunto importante, y se espera que los vocales estén presentes para explicar el tema al resto de la Comisión. López aclaró que, aunque habrá una sesión del comité y otra de socialización, ya conocen el fondo del tema del TREP.

Una vez que los proyectos sean aprobados en el comité, deberán ser discutidos en la Comisión antes de pasar a plenaria. López enfatizó que solo tienen hasta abril para aprobar estas normativas y reafirmó su compromiso: “Tenemos este mes para aprobar y tratar estos dos proyectos de ley que son importantes”.

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Olivia Guachalla, presidenta de la Comisión de Constitución, anunció que después del feriado de Carnaval se comenzará a discutir las normativas que tienen como objetivo evitar cualquier obstáculo en el proceso electoral.

Entre las propuestas que se están considerando para proteger las elecciones generales se encuentra la Ley de Preclusión. Esta ley impediría que se presenten acciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que puedan detener los comicios. También se propone la Paridad y Alternancia en binomios presidenciales, que modifica la Ley 1096 de Organizaciones Políticas para asegurar la equidad de género en las candidaturas presidenciales.

Debate electoral obligatorio

Además, se plantea la creación de un debate electoral obligatorio, que establecería la necesidad de que los candidatos a la presidencia participen en un debate. También se propone modificar la Ley 044, que estipula que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sean juzgados mediante juicio de responsabilidades y no por la justicia ordinaria.

Guachalla explicó que estos cambios son fundamentales para garantizar la estabilidad del proceso electoral y evitar presiones sobre los vocales del TSE. Recordó que en 2019, varios de estos vocales fueron aprehendidos en el contexto de la crisis política que se vivió ese año. “Nuestros vocales del TSE han solicitado ser incorporados en el juzgamiento de altas autoridades del Estado Plurinacional”, afirmó la legisladora.

Críticas por la demora

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, criticó que, en lugar de priorizar estas leyes esenciales para el desarrollo de las elecciones, el Legislativo haya decidido agendar normas como la declaración del “Día Nacional de la Fiesta de Comadres” y un homenaje a la danza de los caporales.

“Para el Presidente Luis Arce y para el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, es más importante la agenda carnavalera que garantizar elecciones limpias y transparentes”, cuestionó Alarcón.

Riesgo en la transparencia electoral

Además, el parlamentario advirtió que la demora en el tratamiento de estas normativas pone en riesgo la transparencia del proceso electoral. “Si yo fuera presidente de la Comisión de Constitución, estas leyes se aprobarían en un día. No son complejas, son de pocos artículos, pero llevan meses sin ser tratadas”, sostuvo.

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Con base en los datos del Censo de 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha propuesto que Santa Cruz, que se ha consolidado como el departamento más poblado, aumente su representación en la Cámara de Diputados, pasando de 28 a 29 curules. Por otro lado, Chuquisaca verá una reducción en su número de representantes, disminuyendo de diez a nueve.

No se realizarán modificaciones en los demás departamentos. La Paz mantendrá sus 29 diputados; Cochabamba conservará 19; Potosí tendrá 13; Oruro, nueve; Tarija, nueve; Beni, ocho y Pando, cinco.

Solicitud de aplazamiento

Antes de la sesión, los diputados y senadores de Chuquisaca enviaron una carta a la presidenta de la Comisión, Olivia Guachalla. En esta nota, solicitaron que se aplazara el tratamiento del proyecto de ley, argumentando que “no fue socializado a la población chuquisaqueña por parte del TSE”. Sin embargo, este pedido fue desestimado durante la reunión.

Críticas al proyecto de ley

Walter Pablo Arizaga, miembro de la Comisión y representante de Comunidad Ciudadana (CC), expresó su desacuerdo con el proyecto de ley, calificándolo de “mal hecho” y señalando que contiene “errores de fondo insubsanables”. Arizaga afirmó que su departamento ha sido utilizado para justificar fines políticos partidarios, y aseguró que no permitirán que esto continúe. “Hemos manifestado estos rechazos y les anticipo, este es un primer paso; el camino todavía es largo y para nosotros primero está Chuquisaca”, sostuvo el parlamentario.

Posibles acciones legales

El parlamentario también mencionó que se están considerando otras instancias, incluso legales, para que su postura sea respetada. A pesar de las objeciones planteadas por algunos miembros de la Comisión, la mayoría aprobó el proyecto con un total de 6 votos a favor.

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Jauregui ha detallado que una vez que se haya tratado la norma en la comisión, se enviará un informe recomendado al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación. Posteriormente, la ley pasará a la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores.

Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley consta de un único artículo que establece la suspensión de la aplicación del artículo 29 para el proceso electoral de la gestión 2025. Según Jauregui, existen acuerdos difundidos sobre la forma de los representantes nacionales, por lo que no se prevén contratiempos significativos.

En la sesión de la Comisión, no estuvieron presentes representantes de las bancadas opositoras, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Estos parlamentarios solicitaron permiso para no participar en la sesión.

Debate sobre las elecciones judiciales

El diputado del bloque radical del Movimiento Al Socialismo, Gualberto Arispe, ha indicado que el debate se llevará a cabo teniendo en cuenta el informe de la Comisión. Según Arispe, mientras no haya garantías para la realización de las elecciones judiciales, las elecciones primarias deberán llevarse a cabo.

En este sentido, propone que, en caso de no realizarse las elecciones judiciales, se realicen las primarias, ya que considera que no hay motivos para posponerlas.

Objetivo de la Ley

El proyecto de ley tiene como objetivo disponer, de forma excepcional, que para las Elecciones Generales 2025 no se lleven a cabo las Elecciones Primarias de candidaturas del binomio presidencial. En consecuencia, no se aplicará el artículo 29 y los parágrafos I y II del artículo 51 de la Ley N° 1096, de 1 de septiembre de 2018, de Organizaciones Políticas.

Encuentro Multipartidario y envío del proyecto de ley

El pasado 10 de julio se llevó a cabo el Encuentro Multipartidario organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el cual la mayoría de las diferentes agrupaciones y organizaciones políticas acordaron no llevar a cabo las elecciones primarias en esta gestión, para dar prioridad a las elecciones judiciales.

El proyecto de ley fue enviado el 11 de julio al Órgano Ejecutivo para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, debido al receso parlamentario, la norma no pudo ser tratada durante dos semanas.

Posible convocatoria a elecciones primarias

Actualmente, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han declarado que, en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no apruebe la norma, deberán convocar a las elecciones primarias el 17 de agosto, ya que tienen un calendario electoral agendado para las elecciones nacionales.

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La Comisión Mixta de Constitución, encargada de llevar a cabo los exámenes, fue notificada de la decisión judicial minutos antes de comenzar con las entrevistas a los postulantes. Tanto los legisladores como los candidatos expresaron su descontento ante esta situación.

El candidato que solicitó la paralización de los exámenes es Charles Fernando Mejía, quien había obtenido un amparo a favor en una etapa previa del proceso electoral.

La Sala Constitucional de Beni resuelve a favor del candidato y paraliza el cronograma de exámenes

Hoy, el candidato Mejía presentó medidas cautelares para detener la toma de exámenes, argumentando que no se le había tomado en cuenta en la convocatoria y que la Asamblea Legislativa no había respondido a su favor en relación al amparo presentado.

En consecuencia, la Sala Constitucional de Beni resolvió a favor del candidato y determinó la paralización del cronograma de exámenes.

Opiniones encontradas en la Comisión de Constitución

En la Comisión de Constitución, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, manifestó su preocupación y señaló la existencia de una posible influencia negativa por parte de los magistrados autoprorrogados en el Beni, ya que se emitió una medida cautelar y se notificó el mismo día de la presentación. A pesar de esto, Salame instó a seguir avanzando en la preselección de candidatos.

Por su parte, la legisladora del partido “evista”, Patricia Arce, rechazó los obstáculos en el proceso de elección judicial y defendió a los administradores de justicia. El diputado del partido “arcista”, Jerges Mercado, criticó la resolución emitida en el Beni, pero destacó la importancia de cumplir con la medida cautelar.

Malestar y cansancio en la oposición

Finalmente, el diputado de Comunidad Ciudadana, Pablo Arízaga, expresó su molestia por los perjuicios causados y advirtió que están cansados de enfrentar obstáculos en el proceso de elecciones judiciales.

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El legislador ha pedido que se realice un trabajo responsable y se revisen las carpetas de manera adecuada. Además, ha señalado que los candidatos deben ser seleccionados por sus méritos y no por otros motivos. Mamani ha destacado la importancia de contar con profesionales honestos en el sistema judicial, en contraposición a magistrados que han mostrado una gestión deficiente y han decidido prorrogar su cargo, lo cual va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE).

Problemas en la Comisión de Constitución

La Comisión de Constitución está encargada de revisar un total de 440 postulaciones para las elecciones judiciales, de las cuales 175 corresponden al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y 265 al Tribunal Supremo de Justicia. Desde el inicio, esta comisión ha enfrentado problemas debido a la falta de representación de mujeres e indígenas, lo que ha generado preocupación sobre la posibilidad de que la convocatoria sea declarada desierta.

Además, se ha denunciado que se han declarado cuartos intermedios que retrasan innecesariamente la revisión de los postulantes. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, ha criticado al MAS por anteponer su cansancio a la necesidad de la gente, calificándolos de flojos y autoritarios a través de sus redes sociales.

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Ajpi aseguró que los senadores enviaron la iniciativa a la Cámara de Diputados respetando todos los mecanismos correspondientes; sin embargo, la Comisión de Constitución lo envió en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo cual resultó en un retraso que terminó por frustrar las elecciones judiciales.

Falta de corrección y remisión

Tras ese percance, la Comisión debería haber corregido los artículos señalados como inconstitucionales y remitir el proyecto de ley nuevamente al Senado, para que esta instancia ejerza como cámara revisora. Sin embargo, eso no ocurrió.

El senador precisó que hasta hoy, la secretaría del Senado no ha recibido nada desde la Cámara de Diputados referente al PL 144. En ese sentido, aseguró que la propuesta sigue en manos de la Comisión de Constitución de la cámara baja.

“Esa es una falta de respeto al pueblo boliviano, no solo a los senadores. Los legisladores somos depositarios de la soberanía del pueblo (…) Esperemos que esto no sea una cortina de humo para hacer creer que los senadores nos oponemos al tratamiento”, declaró el legislador.

Finalmente, explicó que el TCP dispuso que el PL 144 debe ser resuelto antes que cualquier otra propuesta; por tanto, pidió a los diputados que muestren voluntad política y agilicen el trabajo para sacar al país de la indefensión jurídica en la que se encuentra actualmente.

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Juan José Jauregui, presidente de la Comisión de Constitución, explicó que la propuesta fue hecha por el diputado Jerges Mercado y debe ser adecuada a la declaración 049 notificada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el TCP.

Inconstitucionalidades en el proyecto

Jauregui indicó que la ley tuvo origen en la Cámara Alta y contiene elementos inconstitucionales que deben ser modificados. Además, se envió una carta al presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, solicitando que remita al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Adecuación necesaria según Jauregui

“El pleno de esta Comisión ha tomado la decisión dentro del plazo establecido en nuestro reglamento general para que sea aquella instancia generadora del conflicto normativo quienes tengan que adecuar el PL 144 a la declaración constitucional 049”, dijo Jauregui.

Exhorto a iniciar trabajo en el Senado

Jauregui exhortó a la Cámara Alta a iniciar el trabajo para adecuar la normativa y reanudar el procedimiento legislativo relacionado con la ley encargada del proceso previo a las elecciones de las futuras autoridades del Órgano Judicial.

Criticas por vulneración al procedimiento legislativo

Pablo Arizaga, diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y miembro de la Comisión de Constitución, expresó que lo correcto era remitir el Proyecto de Ley N° 144 al pleno de la Cámara Baja para que los legisladores consideren su viabilidad. Arizaga criticó el accionar de sus colegas y consideró que la decisión tomada fue una vulneración al procedimiento legislativo establecido.

Sesión programada para este martes

“Lo que hacen aquí es secuestrar los proyectos de ley, los guardan debajo del escritorio y no permiten que lleguen al pleno porque saben que en el pleno somos más los diputados institucionalistas y quienes queremos recuperar obviamente el orden constitucional. Lo que no saben es que este martes tenemos sesión”, afirmó Arizaga.

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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, manifestó que todos los miembros de esta comisión, no conformes con truncar la primera ley de elecciones judiciales, también frustraron los tres proyectos de ley aprobados en el Senado respecto a la prórroga de mandato de los magistrados.

“Este señor Jáuregui es culpable por enviar consulta tras consulta primero, durante todo el año fue un obstáculo. No sé a quién responde, si a una persona o a sus intereses personales creyéndose jurisconsulto, cuando en realidad no lo es. Es una pena y una ofensa para el pueblo boliviano”, criticó Ajpi.

Piden alternativas concretas a Jáuregui

De igual forma pidió a Jáuregui que, si tiene tanto conocimiento en derecho, presente sus propias alternativas para solucionar el problema de las elecciones judiciales, en lugar de mentir diciendo que desde el Senado solo envían propuestas inconstitucionales.

Jáuregui cuestionado por acusaciones

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, manifestó que el diputado Jáuregui ni siquiera debería estar al frente de la comisión que preside debido a las acusaciones en su contra por delitos sexuales y extorsión.

“Yo creo firmemente que él está devolviendo favores a los jueces y fiscales, que trabajan junto con los magistrados actuales, para evitar una investigación en su contra”, aseguró la parlamentaria de oposición.

Jáuregui, Mercado y Huaytari señalados por retrasar sesiones

Al igual que Ajpi, afirmó que la persona claramente responsable del fracaso de las elecciones es Juan José Jáuregui, junto con el expresidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado y el actual presidente, Israel Huaytari, por retrasar al máximo las sesiones camarales.

/LPT

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Este jueves 21 de septiembre, según el orden del día, el pleno de la Cámara de Diputados tenía contemplado iniciar el debate sobre esta norma y los acuerdos realizados por las tres fuerzas políticas debían ser aprobados por el pleno.

Cinco propuestas rechazadas por falta de votos suficientes

Durante la sesión de comisión se debatieron seis proyectos de ley que estaban contemplados. Uno remitido por el presidente del Estado está en consulta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no se puso en discusión. Las otras cinco propuestas fueron rechazadas debido a que no contaron con los votos suficientes para entrar a discusión.

El presidente de la Comisión, Juan José Jauregui, explicó que realizaron un análisis jurídico tomando en cuenta una sentencia constitucional pendiente. Además, señaló que el informe presentado por la comisión es solo una sugerencia ya que será el pleno quien defina si inician o no el tratamiento de la ley.

“El Gobierno de Luis Arce está ejecutando un plan para anular las potestades fiscalizadoras y legislativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy no han cumplido con el compromiso del proyecto de ley 504 sobre la censura, que tenía la firma de los tres jefes de bancada y era el acuerdo básico para ser tratado en la comisión”, expresó Carlos Alarcón, asambleísta de Comunidad Ciudadana (CC).

Objetivo del gobierno: anular las potestades fiscalizadoras según Alarcón

Alarcón afirmó que el objetivo del gobierno es anular las potestades fiscalizadoras que tienen los legisladores, ya que hasta ahora no pueden realizar interpelaciones a autoridades del Órgano Ejecutivo.

Culpan al presidente de la Comisión por retraso en informe

El diputado del bloque radical del MAS, Patricio Mendoza, culpó al presidente de la Comisión de Constitución por manipular y no tener listo el informe necesario para llevarlo al pleno como una de las leyes principales a debatir.

Prioridad dada a ley sobre interpelaciones y elecciones judiciales

La semana pasada, los tres jefes de bancada junto con el presidente de la Cámara Baja consensuaron dar prioridad a la ley sobre interpelaciones y elecciones judiciales.

Próximo cierre del periodo legislativo

Además, el periodo legislativo 2022/2023 culmina en octubre. Durante este tiempo se elegirán o ratificarán a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, así como a las jefaturas de comisiones.

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Arispe también mencionó que el presidente de la Cámara de Diputados no muestra voluntad absoluta para llevar a cabo las elecciones, ya que hasta ahora no ha convocado a la comisión encargada de tratar el proyecto de ley.

“Cuando el Senado lo aprobó la semana pasada, dijimos que inmediatamente Jerges Mercado debía enviarlo a la comisión correspondiente para hacer este trabajo como corresponde en esta cámara revisora. Pero vemos que su actitud es obstaculizar, al igual que lo hicieron en su momento los vocales del tribunal constitucional y algunos colegas en esta cámara”, afirmó.

Pedido de cambio en presidencia de Comisión de Constitución

Además, indicó que el diputado Juan José Jáuregui debe apartarse de la presidencia de la conducción de la Comisión de Constitución y quien debe asumir ese cargo según el organigrama en la cámara de diputados es José Luis Flores Colquillo, secretario del Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación.

Propuesta de ley para regular aspectos relacionados con la censura

Por su parte, Mercado señaló que el martes pasado se presentó una propuesta de ley diferente a los cuatro proyectos existentes, con el objetivo de regular y mejorar aspectos relacionados con la censura y las interpelaciones.

“Hemos presentado una ley donde se deben mejorar todos estos aspectos de seguridad para los ministros, para que no sean maltratados como ha ocurrido en varias ocasiones. También para los diputados, quienes deben comportarse a la altura cuando los ministros realizan los informes, para que ambos sepamos a qué atenernos y cuáles pueden ser las consecuencias de una censura”, afirmó.

Trabajo conjunto para mejorar regulación y resolver elecciones de magistrados

Mercado aseguró que esta propuesta de ley está siendo trabajada por el equipo técnico con las tres fuerzas políticas, puliendo detalles para mejorar la regulación y resolver el tema de las elecciones de los magistrados.

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El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ingvar Ellefsen, enfatizó que ningún ciudadano es culpable hasta que se le haya dictado una sentencia. Sin embargo, considera que Jáuregui debería renunciar al menos a la presidencia de la mencionada comisión para garantizar una investigación transparente.

“¿Qué juez estaría dispuesto a procesar a alguien que está encargado de seleccionar a las nuevas autoridades judiciales? Se debe llevar a cabo una investigación, pero él debería renunciar y otro diputado debería asumir esta comisión para evitar cualquier intromisión política en el sistema judicial”, declaró un legislador opositor.

Aclaró además que no se puede afirmar su culpabilidad o inocencia respecto a las denuncias presentadas, pero éticamente sería apropiado que diera un paso al costado hoy mismo para no perjudicar aún más la imagen del sistema judicial en el país.

Diputada también insta a renuncia y cuestiona ética del diputado

La diputada Elena Pachacute, también perteneciente al partido CC, coincidió con su colega y manifestó que una persona con este tipo de acusaciones no puede estar encargada de elegir a las nuevas autoridades judiciales. Por tanto, también le instó a renunciar a sus cargos tanto en la Comisión de Constitución como en la Comisión Mixta.

“Nuestro país necesita que aquellos que ejercen como representantes y protectores de la patria sean éticos. El presidente de la Cámara de Diputados también debe esclarecer este hecho, ya que no podemos permitir atrocidades contra mujeres y niños”, declaró la legisladora.

Llamado a reflexionar sobre quienes deciden el futuro del sistema judicial

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para reflexionar sobre qué tipo de personas están decidiendo el futuro del sistema judicial en este momento. Asimismo, solicitó que sean más conscientes al emitir su voto.

Cabe mencionar que Jáuregui fue denunciado previamente por supuestamente extorsionar a mujeres con puestos públicos a cambio de relaciones sexuales. Sin embargo, durante esta jornada se dieron a conocer audios en los que aparentemente también solicita servicios sexuales de menores de edad.

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La presidente de la comisión, Patricia Arce, explicó que durante una sesión del pasado miércoles en la Cámara Alta se pidió la dispensación del documento para su distribución y análisis por parte de los asambleístas. El debate se llevaría a cabo en el pleno.

Nuevo proyecto basado en propuestas anteriores con amplia participación

Asimismo, Silvia Salame, parlamentaria de Comunidad Ciudadana (CC), mencionó que el nuevo proyecto de ley está basado tanto en una propuesta anterior realizada por ella misma como en otra propuesta presentada por el senador Hilarión Mamani. Además, se aceptó contar con un grupo de asesores, participación universitaria y control ciudadano.

Cuarto intermedio para buscar consensos entre fuerzas políticas

La Cámara de Senadores decidió declarar otro cuarto intermedio hasta el 8 de agosto con el objetivo que las tres fuerzas políticas continúen en diálogo y logren llegar a consensos sobre la normativa.

Miguel Pérez, jefe de bancada del MAS en el Senado, comunicó que envió una carta al segundo mandatario, David Choquehuanca, para convocar a los jefes de bancadas de opción y oficialismo y así dialogar y debatir la propuesta de normativa.

Necesidad de despolitizar proceso de preselección judicial

Henry Montero, jefe de bancada de Creemos, ratificó la disposición para construir consensos con el MAS y mencionó la importancia de despolitizar el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial.

Espera por aprobación afecta tiempo para iniciar etapas de preselección

Luis Adolfo Flores, presidente de la comisión de Justicia Plural en el Senado, afirmó que están a la espera de la aprobación de la ley para poder iniciar las etapas correspondientes a la preselección. Además, señaló que el cuarto intermedio perjudica el tiempo disponible para llevar a cabo dicho proceso.

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La Comisión Mixta de Constitución, presidida por la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, remitió al Senado un proyecto de ley para viabilizar las elecciones judiciales.

El pasado 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional la convocatoria a preselección judicial y estableció que debe ser mediante una ley, aprobada por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Presentación del proyecto de ley que regula preselección y habilitación de postulantes

En respuesta, la Comisión Mixta presentó un proyecto de ley que regula la preselección y habilitación de postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

La senadora Silvia Salame explicó que el proyecto es similar a uno presentado anteriormente por senadores del CC. Detalló que incluye las elecciones judiciales con la participación de organizaciones sociales, instituciones y universidades.

Esperanza en llegar a un consenso

La senadora Arce señaló que ahora la decisión está en manos de la Asamblea en general y espera que las tres fuerzas políticas lleguen a un consenso.

El Jefe de Bancada de Creemos en el Senado, Henry Montero, expresó su apoyo y predisposición para realizar un consenso conjunto entre las tres alianzas y llevar a cabo las elecciones judiciales de manera transparente.

Acciones ante falta de respuesta

El excandidato al Consejo de la Magistratura, Leopoldo Miguel Escobar Ramos, declaró que realizará acciones correspondientes ante la Comisión Mixta de Constitución debido a la falta de respuesta a una nota presentada anteriormente.

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Jáuregui explicó que la Comisión de Constitución trabajó rápidamente para remitir un informe favorable sobre el proyecto. Posteriormente, este fue aprobado en general por unanimidad. Durante la etapa de revisión detallada, se presentaron propuestas que debieron someterse a votación, pero aun así el trabajo fue remitido a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados surgió una solicitud de aplazamiento del tratamiento por parte de un legislador del MAS perteneciente al bloque radical. Esto se debió a que llegaron sugerencias adicionales a la Comisión de Constitución fuera del plazo establecido.

Según explicó Jáuregui, el proyecto regresó a la comisión y tienen previsto revisar todas las nuevas incorporaciones hasta el lunes. Una vez concluido este proceso, se convocará inmediatamente a una sesión para anunciar el informe correspondiente.

En relación con uno de los puntos más debatidos del proyecto, la Comisión de la Verdad, Jáuregui explicó que su función es hacer seguimiento y trabajar conjuntamente con otras comisiones; sin embargo, no tiene jurisdicción para iniciar procesos que resulten en sanciones penales.

“El proyecto de ley 372 no solo aborda la imprescriptibilidad sino también los delitos de violación, encubrimiento, las circunstancias agravantes y el incremento de las sanciones penales. Es una norma importante, por eso esperamos tener éxito en su tratamiento legislativo”, declaró el diputado del MAS.

Cabe destacar que esta iniciativa surgió desde el Gobierno después de que se revelaran una serie de abusos sexuales a menores perpetrados por religiosos. Uno de los casos más impactantes fue el del sacerdote Alfonso Pedrajas, quien confesó en su diario haber violado al menos a 85 niños en centros educativos.

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En el pleno de Senadores, la oposición solicitó que la Ley sea debatida con dispensación de trámite para agilizar su aprobación.

La comisión de Constitución del Senado está compuesta por tres legisladores, dos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y una de Comunidad Ciudadana (CC), siendo su presidente la senadora Patricia Arce, quien reveló que aún no llega la Ley a su comisión, reportó el diario El Deber.

“El mecanismo es que pase a Presidencia (del Senado) y Presidencia luego pase a las comisiones”, manifestó.

Por su parte, la legisladora de CC, Silvia Salame, confirmó que la iniciativa no llegó a la comisión de Constitución; sin embargo, aseguró que buscarán agilizar su aprobación para que luego sea promulgada.

Ante la situación, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, desestimó los pedidos de sesión de emergencia y dispensación de trámite, señalando que seguirá el conducto regular.

Proyecto de Ley del Censo

El proyecto de ley del Censo fue aprobado la madrugada del 26 de noviembre en la Cámara de Diputados con más de dos tercios de los votos.

La norma estipula que la entrega de resultados censales debe darse a partir de septiembre de 2024, con el propósito de permitir la redistribución de recursos a los departamentos y la reasignación de escaños parlamentarios antes de las Elecciones Generales de 2025.

/JDLF/

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Debido a esa falta de predisposición de los opositores, el diputado del partido en función de Gobierno afirmó que la sesión tuvo que ser suspendida, sin fecha ni hora establecida para su reanudación hasta que Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) den garantías y pidan disculpas por lo acontecido hoy.

“En este momento queda absolutamente corroborado que la representación de Creemos y Comunidad Ciudadana no están interesados en llagar a una solución para este conflicto”, reclamó el legislador según reporte de LA PATRIA Radio en la Sede de Gobierno.

Según Jáuregui, la intención era terminar hasta hoy en la noche el trabajo de la comisión con la emisión de un informe, para que mañana se instale la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley; no obstante, debido a este nuevo panorama consideró muy difícil que se logre ese objetivo.

Además, acusó a los bloques opositores de mantener el conflicto en el país no para conseguir mejores asignaciones presupuestarias, sino para preparar un golpe de Estado.

/ LMPT

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Asimismo, Quispe aseguró que si no tuvieran compañeros disidentes el Movimiento Al Socialismo (MAS), serían mayoría y llamó a la reflexión.

“No podemos seguir ahondando este conflicto, porque ese tema del Censo debía cerrarse con el Decreto Supremo 4824 que se emitió en el Ejecutivo y no seguir dando rienda suelta, lamentamos que estos colegas se hayan prestado para seguir arrastrando todo este problema hasta la Asamblea Legislativa”, añadió la política oficialista.

Además, calificó como una pérdida de tiempo el debate que se realiza en la Comisión de Constitución.

“Estimamos que desde la presidencia de la Comisión de Constitución conjuntamente con todos los que integran esa comisión rechacen todo esto porque no pueden entrar al juego de la derecha, de la oposición, lamentablemente la finalidad de ellos no es el Censo ni escaños, es la desestabilización del país”, aseveró la diputada, según reporte de nuestra unidad móvil en la Sede de Gobierno.

Respecto a la sesión de la Comisión de Constitución, la diputada de Creemos, Tatiana Añez señaló que aún no están en la etapa de debate, ya que luego de no reanudarse la reunión desde la jornada anterior, solamente se leyó la correspondencia y se analiza la pertinencia de las leyes, si corresponde o no.

“Esa es la etapa en la que estamos que no está considerada dentro del reglamento, ni siquiera en el debate de análisis para un proyecto en grande para entrar en detalle. La intención que tiene el MAS, es dilatar el proceso porque ellos no quieren aprobar una ley que garantice el Censo, ni el 2023 ni el 2024 ni el 2025, alertamos a la ciudadanía la intención que tiene el MAS”, manifestó la diputada opositora.

También mencionó, la propuesta presentada por Creemos trata de realizarse el Censo en 2023, además de recalcar que el partido en función de Gobierno no está de acuerdo con una ley que garantice la actividad censal.

/MDCB

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Según las listas oficiales que publicaron en la página del Senado: Andrea Tórrez Limachi, Mónica Romero, Jesús Vera, Virginia Ugarte Condori, Hernán Dávalos Rengel, Claudia Piccirelli Jallasa, Lydia Apaza Quispe, David Ticona Balboa, Jacky Huarachi Quispe, José León Magne, ya postularon en la pasada convocatoria.

Al igual que, Edwin Claros Zurita, Manuel Morales Álvarez, Rubén Veizaga Paricollo, Édgar Mora Pahuasi, Rafael Quinteros Montaño, Guillermo Vilela, María Melgar Rodríguez, Cyborg Kanashiro Bronnkss e Iván Cuevas Paucara. Ninguna de ellas llegó a la votación en la Asamblea.

“FIGURAS”

En otra nómina se encuentran “figuras” que son conocidas en el ámbito político, se trata de: Édgar Mora Pahuasi, fue el primer dirigente del denominado Comité Cívico Popular que impulsó el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2008 cuando se produjo el conflicto con las regiones y fue la respuesta del Gobierno de Evo Morales al Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Manuel Morales Álvarez, es un activista conocido y actualmente es uno de los portavoces del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

La actual Defensora interina Nadia Alejandra Cruz Tarifa, abogada, tomó el cargo tras la renuncia de David Tezanos en 2019. Ella dice estar habilitada perfectamente para ser titular.

Entre otras figuras políticas, todos los departamentos, excepto Pando tienen representantes en las listas. La Paz es el departamento con más candidatos. Algunos postulantes hicieron llegar sus documentos por courrier.

/ SVL

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Asimismo, anunció que, cuando la presidencia del Senado, remita la nota del Órgano Ejecutivo a esta comisión con la solicitud de retiro del proyecto de Ley 218 contra ganancias ilícitas, esa instancia responderá la misma de manera formal al Ejecutivo devolviendo el proyecto de norma.

“El procedimiento legislativo es el siguiente, nosotros en la comisión todavía no hemos tratado esa nota. Seguramente (el Ejecutivo) ha mandado a Presidencia de Cámara de Senadores esa nota (pidiendo el retiro del proyecto de Ley 218), y con eso el proyecto de ley se devuelve al Órgano Ejecutivo”, señaló.

Velasco expresó que no se pueden utilizar los términos de “rechazo” o “archivo” del proyecto de ley, señalando que la comisión no trató la misma y según procedimiento legislativo, estaba en proceso de socialización.

Rechazo de sectores al proyecto de Ley

Respecto al anuncio de movilizaciones de algunos sectores en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, la legisladora sostuvo que fue aprobada por unanimidad dentro la Comisión de Constitución conformada por dos senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y uno de Comunidad Ciudadana (CC), para luego ser sancionada por el pleno del Senado y promulgada por el Ejecutivo como corresponde.

“En la Comisión el (senador) de CC aprobó por unanimidad y han apoyado en el pleno (del Senado), y no pueden decir ahora que está mal la ley, es absurdo. Esta ley trabaja con políticas públicas”, subrayó.

Recordó también que la aplicación de la Ley 1386 no es para los sectores que anuncian movilizaciones y que, la oposición supuestamente “está confundiendo al país”, ya que la norma “específicamente trabaja en las políticas públicas, en las estrategias de diferentes instituciones con temas de contrabando, terrorismo, trata y tráfico de personas, de órganos, entre los grandes millonarios, como los que están involucrados en papeles de Panamá y Pandora”, añadió.

/JDLF/

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“Esta ley versa sobre derechos humanos y la salud es un derecho humano, entonces la comisión es la adecuada”, explicó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

El exlíder cocalero reprochó a sectores en salud que cuestionan los criterios del proyecto, mismo que ya fue aprobado por los Diputados.

“Queremos dejar en claro, los médicos vestidos de políticos no pueden estar en la toma de decisiones, si quieren dedicarse a la política, si quieren ser candidatos, que renuncien a ser médicos y se dediquen a la política y no tergiversen y no mal informen a la población”, declaró Rodríguez.

El proyecto de ley fue observado en primera instancia por el sector salud, debido a que existen artículos que impiden la realización de huelgas, paros, marchas y otro tipo de reuniones, durante la emergencia sanitaria.

Otra de las observaciones, es la referente a la contratación de personal extranjero y la definición estatal de los precios que deben cobrar las clínicas privada.

/MDCB

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La sesión se instaló cerca de las 15:00 horas; laComisión de Constitución presentó su informe de la selección de los 58candidatos, que inmediatamente generó bastantes interrogantes de losasambleístas de oposición, quienes manifestaron que el documento no se lesentregó con el tiempo correspondiente para su análisis.

Después de un debate que se extendió por más de una hora,se sometió a votación, pero ante las observaciones, los integrantes del ComitéCívico Ad-Hoc encabezado por Rosario Sandalio, empezaron con gritos de protestaque dificultaba la realización de la sesión, pese a ello, después de unavotación nominal, se aprobó el informe con 23 votos, logrando los dos terciosnecesarios.

Ante la presión generada por esta aprobación, en medio degritos la directiva de la ALDO tuvo que llamar a un cuarto intermedio hasta las17:15 horas, pero al tratar de retomar la sesión la protesta se hizo másbulliciosa, por lo que se tuvo que llamar a un nuevo cuarto intermedio, paraconversar entre bancadas.

El presidente de la ALDO, Edson Oczachoque se reunió conlos manifestantes, explicándoles que la comisión se basó en la convocatoria,pero del otro lado aseguraban que personas con mucha capacidad fueroncalificados con bajos puntajes y que existían postulantes con clara inclinaciónpolítica.

Se determinó trabajar en bancadas, espacio que el ComitéCívico Ad Hoc aprovechó para analizar la convocatoria encontrando bastantesirregularidades, pero éstas no pudieron ser expuestas, porque a las 21:30 horasse retomó la sesión y sorpresivamente los asambleístas del Movimiento AlSocialismo (MAS), que habían aprobado al principio el informe, pidieron lareconsideración del mismo.

Después de someter a la reconsideración, fueron 26 asambleístas quienes aprobaron la postura, para posteriormente rechazar el informe de la Comisión de Constitución por 27 votos, anunciando que se presentaría una nueva convocatoria en el menor tiempo posible.

/JRR/

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