Pumari expresó: “Vamos a retomar ese aspecto. Tengo reuniones pendientes con organizaciones. Estos días tengo una reunión pendiente con los dirigentes del comité cívico.” Su regreso está dirigido a reactivar la lucha por las demandas históricas de Potosí.

Defensa del Cerro Rico

El exdirigente, que en 2019 lideró las protestas cívicas que llevaron a la renuncia de Evo Morales, destacó que su prioridad inmediata es la situación crítica del Cerro Rico. Este monumento nacional ha sufrido daños visibles debido a la actividad minera.

“No se puede ver desde el balcón lo que está sucediendo con este monumento nacional. La esencia del potosino radica en el Cerro de Potosí. Entonces eso es lo principal en este momento,” afirmó Pumari.

Litio y negociaciones pasadas

Pumari también mencionó que retomará la defensa del litio. Recordó que durante su gestión al frente de Comcipo en 2019, se logró frenar un acuerdo entre el gobierno de Morales y una empresa transnacional sobre el Salar de Uyuni, al que calificó como un “negociado.”

Posible participación política

En cuanto a su posible participación en la política, Pumari no descartó esta opción. Aseguró que es fundamental tener representación para defender los intereses del departamento. “Más allá del tema administrativo, nuestra lucha siempre va a ser el tema de anular las desigualdades con otros departamentos,” expresó.

Situación legal actual

En la actualidad, Marco Pumari se encuentra bajo detención domiciliaria debido al caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Además, enfrenta medidas sustitutivas en el denominado caso Golpe I.

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Hinojosa afirmó que no hay razones para las movilizaciones, ya que la comisión cumplió con todos los pasos normativos requeridos. Además, mencionó que en la norma aprobada, la comisión realizó recomendaciones al Gobierno para que se socialice el contrato con la población.

Detalles del proceso legislativo

El legislador explicó que la instancia legislativa solo emitió un dictamen que ahora debe ser tratado en el pleno de la Cámara de Diputados, donde participan 130 legisladores. “Aquí no se ha vulnerado absolutamente nada, hemos cumplido todos los procedimientos legales”, sostuvo Hinojosa.

La comisión aprobó el contrato el 12 de agosto en una sesión que estuvo marcada por la tensión, restricciones de acceso y denuncias de irregularidades. En la votación en grande, 9 diputados se pronunciaron a favor, 2 en contra y 4 emitieron votos nulos. En la votación en detalle, se registraron 8 votos a favor, 3 en contra y 4 nulos.

Reacciones y críticas

El legislador reiteró que la aprobación se realizó en apego al reglamento. Si hay observaciones, estas deben ser canalizadas por las vías correspondientes. Además, indicó que los sectores que se oponen al contrato tienen el derecho de presentar impugnaciones, pero recalcó que el proceso legislativo continuará su curso.

Sus declaraciones se producen en medio de críticas de sectores cívicos y sociales de Potosí. El fin de semana, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declaró en estado de emergencia y convocó a una movilización a las 14:00 horas de este martes 19 de agosto, en rechazo al acuerdo y para exigir una mayor participación en las decisiones sobre el litio.

Demandas de Comcipo

Los principales reclamos de Comcipo se centran en la falta de consulta previa a las comunidades, la exigencia de elevar las regalías del 3% a un rango entre 10% y 20%, las preocupaciones ambientales por el uso del agua en el Salar de Uyuni y las denuncias de falta de transparencia en la aprobación del contrato.

El contrato con Uranium One Group aún debe ser debatido en el pleno de la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado, será remitido al Senado para su tratamiento.

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Motivos de la movilización

La marcha se organiza en respuesta a la reciente aprobación de uno de los contratos para la explotación del litio. En un instructivo emitido por los organizadores, se indica: “En cumplimiento a las resoluciones del Consejo Consultivo de Emergencia, se resolvió convocar y participar en la marcha en defensa del litio potosino-boliviano y la preservación del Cerro Rico de Potosí, para el 19 de agosto de 2025 a las 14:00 horas”.

Los organizadores de la movilización argumentan que esta acción es una protesta contra el “negociado” que busca consolidar el gobierno de Luis Arce. La semana anterior, Alberto Pérez, presidente del Comcipo, anunció la realización de un Consejo Consultivo de Emergencia, que está programado para el 21 de agosto de 2025 a las 19:30 horas.

Consejo Consultivo de Emergencia

Este consejo se centrará en la discusión sobre la aprobación del contrato de litio con la empresa rusa, el cual fue concretado en sus dos estaciones en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados. Pérez ha expresado su descontento y “rabia” por la forma en que se aprobó esta norma, asegurando que algunos parlamentarios actuaron de manera “mañosa” e “ilegal”.

La aprobación del contrato ha generado un aumento en los conflictos dentro del Legislativo y ha activado alertas en Potosí. La movilización que se avecina refleja un creciente malestar social ante decisiones gubernamentales que afectan los recursos naturales de la región.

Preocupaciones de la comunidad

La comunidad potosina está cada vez más preocupada por el impacto ambiental y económico que podría acarrear esta explotación sobre su territorio. La situación actual ha llevado a un aumento en la tensión social, lo que hace que la marcha del 19 de agosto sea un evento significativo en la defensa de los intereses locales.

/KMMN

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La convocatoria a la marcha se emitió después de un consejo consultivo. La mencionada comisión legislativa, presidida por Hernán Hinojosa, aprobó tanto en grande como en detalle el proyecto de ley que busca poner en marcha una planta de extracción directa de litio en el Salar de Uyuni. Además, se incluyó una propuesta para la exploración y explotación de hidrocarburos. Tras su aprobación, el documento fue enviado al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración posterior.

Medidas de organizaciones potosinas

Entre las acciones que planean las organizaciones potosinas se encuentra la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y un proceso penal ordinario por falsedad material. Esto se debe a que en la comisión legislativa se mostraron documentos que indican que hubo consulta previa, aunque los originarios afirman que nunca se les consultó, según reportó Brújula Digital.

Las instituciones potosinas también han declarado estado de alerta roja. Esta medida busca evitar que se lleve a cabo la ejecución del contrato con la empresa rusa y otro con una firma china.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por la aprobación del contrato de litio con la empresa Uranium One Group en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados. Según la institución, es fundamental respetar los derechos colectivos de la Madre Tierra.

Para salvaguardar estos derechos, la Defensoría anunció que ha interpuesto una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud busca proteger el derecho a la tierra y el medio ambiente.

Solicitudes de la Defensoría

La institución ha pedido la suspensión del tratamiento de proyectos de ley relacionados con estos contratos hasta que se cuente con estudios ambientales integrales. Estos estudios deben abordar la disponibilidad hídrica y estar respaldados por investigaciones hidrogeológicas.

Además, se requiere garantizar procesos efectivos de consulta previa, libre e informada antes de la aprobación de cualquier contrato. También se solicita el establecimiento de normas que exijan evaluaciones estratégicas ambientales previas al tratamiento de contratos relacionados con el litio. Por último, se pide la validación de los informes técnicos que respaldan los contratos por instancias especializadas, competentes y representativas.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Juan José Torrez, confirmó que este miércoles 9 de julio se tratará la agenda en la mencionada comisión, a pesar del rechazo de las instituciones potosinas y de los comunarios de la provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí.

Detalles de la sesión

Este asunto será el séptimo punto del orden del día que se discutirá en la sesión ordinaria de este miércoles, en el mini hemiciclo de la Comisión Económica Plural, Producción e Industria. Torrez entregó el documento oficial de la sesión, que establece el tratamiento del proyecto de Ley 170/2024-2025. Este proyecto busca la “aprobación del contrato de asociación accidental para el desarrollo de una planta de extracción directa del litio (EDL) y carbonatación del litio en el Salar de Uyuni”.

Denuncias de sobornos

El diputado por Potosí ha denunciado que estarían circulando “bolsas blancas” en el Parlamento, sugiriendo que existen presuntos sobornos para asegurar la aprobación de contratos con empresas extranjeras.

En rechazo a estos contratos sobre litio, un Consejo Consultivo de emergencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) los ha declarado ilegales e inconstitucionales. Además, anunciaron un voto castigo al Movimiento Al Socialismo (MAS) y han perfilado protestas en La Paz.

Acciones del Comité Cívico

Durante el encuentro, se aprobó el pedido para que la Brigada Parlamentaria Potosina de las cámaras de Diputados y el Senado envíen un documento a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este documento debe dar a conocer “de forma taxativa” las observaciones a los proyectos de ley cuestionados.

Los contratos fueron firmados con las empresas internacionales rusa Uranium One Group y la china CBC; sin embargo, se encuentran estancados y hasta el momento no han sido aprobados en el Legislativo.

Rechazo a los contratos

“Los contratos son ilegales e inconstitucionales, no deben tener el más mínimo tratamiento, por tanto, esto se rechaza enfáticamente”, señala el tercer punto aprobado por Comcipo en el Consejo Consultivo.

En la reunión, se decidió dar un voto castigo al MAS, que impulsa la candidatura a la presidencia de Eduardo Del Castillo, e incluso se mencionó una medida similar contra Andrónico Rodríguez, de la alianza Fuerza Popular.

Convocatoria a la vigilia

Además, se declaró “enemigos de Potosí” al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra; a la senadora del MAS, Ana María Castillo; y al presidente Luis Arce, quien fue considerado como “traidor del Estado boliviano”.

Para este miércoles 9 de julio, a las 17:00 horas, Comcipo ha convocado a una vigilia de la potosinidad en la plaza 10 de Noviembre. En esta actividad, la población deberá portar su bandera departamental para rechazar los contratos con las empresas rusa y china.

/KMMN

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La advertencia de Arce se produce en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre los contratos firmados con empresas extranjeras para la explotación del litio. El presidente enfatizó que “el tiempo del litio se nos puede escapar de las manos si se retrasa la industrialización de ese recurso”.

Riesgos tecnológicos

El mandatario también mencionó los riesgos asociados al avance tecnológico. En particular, se refirió a la aparición de nuevas tecnologías, como las baterías de hidrógeno y sodio, que podrían reemplazar al litio como fuente de electricidad.

Arce lamentó que haya sectores, principalmente en Potosí, que se opongan a la industrialización del litio. Exhortó a no dejarse guiar por “información falsa”. En un intento por “transparentar” los contratos para la industrialización del litio, el Gobierno inició la socialización de su contenido en Potosí. Sin embargo, el acto tuvo que ser suspendido debido a reclamos de dirigentes locales.

Demandas de sectores potosinos

Los sectores potosinos, liderados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), exigen al Gobierno la implementación de una ley que defina “las reglas del juego”. Comcipo advirtió que, de no ser atendida su demanda, se llevarán a cabo protestas escalonadas a nivel nacional. El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, afirmó: “Para nosotros, ya no hay diálogo ni socialización… primero tiene que aprobarse una ley del litio”.

El descontento en Potosí ha llevado al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, a anunciar que ese órgano paralizará el debate sobre los contratos del litio. Esto se mantendrá hasta que finalice el proceso de socialización en Potosí. Arce sostuvo: “Queremos avanzar… Lamentablemente, no se está pudiendo avanzar en este tema”.

Intereses extranjeros

El mandatario también indicó que existen “intereses extranjeros” que buscan evitar la industrialización del litio boliviano. Resaltó: “Este Gobierno es el primero que va a defender nuestros recursos naturales”. Tanto actores políticos del bloque opositor como del Movimiento Al Socialismo (MAS) han sumado sus voces a los reclamos sobre los contratos.

El Gobierno asegura que Bolivia cuenta con una de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en 23 millones de toneladas. Estas reservas están mayormente ubicadas en Uyuni y también en Pastos Grandes y Coipasa. En 2023, se firmaron acuerdos para implementar tecnología EDL con compañías chinas y en 2024 con una empresa rusa para construir plantas de carbonato de litio.

Dudas sobre los proyectos

Instituciones civiles y líderes ciudadanos han expresado dudas sobre los proyectos, considerando posibles pérdidas millonarias e impactos medioambientales. La Cámara de Diputados decidió suspender el tratamiento de los contratos hasta finalizar el proceso de socialización en Potosí.

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La advertencia de Arce se produce en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre los contratos firmados con empresas extranjeras para la explotación del litio. El presidente enfatizó que “el tiempo del litio se nos puede escapar de las manos si se retrasa la industrialización de ese recurso”.

Riesgos tecnológicos

El mandatario también mencionó los riesgos asociados al avance tecnológico. En particular, se refirió a la aparición de nuevas tecnologías, como las baterías de hidrógeno y sodio, que podrían reemplazar al litio como fuente de electricidad.

Arce lamentó que haya sectores, principalmente en Potosí, que se opongan a la industrialización del litio. Exhortó a no dejarse guiar por “información falsa”. En un intento por “transparentar” los contratos para la industrialización del litio, el Gobierno inició la socialización de su contenido en Potosí. Sin embargo, el acto tuvo que ser suspendido debido a reclamos de dirigentes locales.

Demandas de sectores potosinos

Los sectores potosinos, liderados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), exigen al Gobierno la implementación de una ley que defina “las reglas del juego”. Comcipo advirtió que, de no ser atendida su demanda, se llevarán a cabo protestas escalonadas a nivel nacional. El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, afirmó: “Para nosotros, ya no hay diálogo ni socialización… primero tiene que aprobarse una ley del litio”.

El descontento en Potosí ha llevado al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, a anunciar que ese órgano paralizará el debate sobre los contratos del litio. Esto se mantendrá hasta que finalice el proceso de socialización en Potosí. Arce sostuvo: “Queremos avanzar… Lamentablemente, no se está pudiendo avanzar en este tema”.

Intereses extranjeros

El mandatario también indicó que existen “intereses extranjeros” que buscan evitar la industrialización del litio boliviano. Resaltó: “Este Gobierno es el primero que va a defender nuestros recursos naturales”. Tanto actores políticos del bloque opositor como del Movimiento Al Socialismo (MAS) han sumado sus voces a los reclamos sobre los contratos.

El Gobierno asegura que Bolivia cuenta con una de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en 23 millones de toneladas. Estas reservas están mayormente ubicadas en Uyuni y también en Pastos Grandes y Coipasa. En 2023, se firmaron acuerdos para implementar tecnología EDL con compañías chinas y en 2024 con una empresa rusa para construir plantas de carbonato de litio.

Dudas sobre los proyectos

Instituciones civiles y líderes ciudadanos han expresado dudas sobre los proyectos, considerando posibles pérdidas millonarias e impactos medioambientales. La Cámara de Diputados decidió suspender el tratamiento de los contratos hasta finalizar el proceso de socialización en Potosí.

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