Las elecciones judiciales estaban programadas para el año pasado, pero debido a diversos obstáculos, especialmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), han quedado paralizadas hasta ahora.

La convocatoria de las actuales autoridades judiciales finalizó el 31 de diciembre y se ha prorrogado hasta la fecha para evitar un “vacío de poder”. Sin embargo, los recursos presentados ante diferentes salas constitucionales, dependientes del TCP, han sido los principales obstáculos para el avance del proceso.

Renuncia de los postulantes

Ante las dificultades que enfrentan, los postulantes a las elecciones judiciales han decidido dar un paso al costado debido a la complejidad del proceso y la falta de credibilidad. A pesar de todo, el proceso deberá ser sometido a la Asamblea Legislativa, lo que genera incertidumbre y desconfianza en los candidatos.

Agotamiento del modelo judicial

El presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Juan Pablo Cervantes, ha expresado su convicción de que el modelo del Órgano Judicial está totalmente agotado. Sugiere que es necesario replantear todo el procedimiento de una manera diferente para mejorar el sistema judicial.

Incertidumbre y cuestionamientos

La falta de avance en las elecciones judiciales ha generado incertidumbre tanto entre los postulantes como en la ciudadanía en general. La paralización del proceso electoral ha llevado a cuestionamientos sobre la legitimidad y eficacia del sistema judicial boliviano.

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“Es una decisión política más que jurídica que va destinada a evitar el agio y la especulación. Más allá de que signifique delito, es un tema de carácter político que las autoridades encargadas de las finanzas tratan de sentar un precedente, como diciendo el cambista que venda dólares más alto de lo permitido por el Banco Central se va a la cárcel, y eso no es correcto, no es legal, no es constitucional”, dijo el jurista.

El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva indicó la semana pasada, que recibió 100 denuncias contra casas de cambio y librecambistas que venden el dólar estadounidense por encima de Bs. 7,04 más que el tipo de cambio oficial de Bs. 6,96.

La instancia estatal añadió que, se activarán operativos de control y acciones penales por agio y especulación.

ANTECEDENTES

Una librecambista fue arrestada, el 17 de marzo, por el delito de agio por vender el dólar a Bs. 7,04 cuando el tipo de cambio oficial era de Bs 6,96.

La semana pasada, se determinó detención preventiva, para la mujer, en la cárcel de Obrajes, en La Paz.

“No va a ser la primera persona que va a ser procesada; si encontramos a otra librecambista que esté vendiendo por encima del precio oficial, se va iniciar el mismo proceso. Éste es el primer caso, pero ya tenemos varios puntos identificados no solo en la Paz, sino en el resto del país”, advirtió Silva.

Tras llegar a un acuerdo entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión para la compra de dólares a un tipo de cambio competitivo de Bs 6,95 a los exportadores del país, se generó una demanda por la divisa estadounidense.

El BCB determinó vender dólares de manera directa a la población, al tipo de cambio oficial de Bs. 6,96, lo que generó filas diarias en sus instalaciones, en la calle Ayacucho de La Paz.

El presidente del Colegio de Abogados, señaló que la detención preventiva, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, es una medida cautelar o precautoria que se aplica excepcionalmente, es decir, solo en delitos que ameriten gravedad.

“La ley establece que excepcionalmente se puede ordenar la detención preventiva, pero en Bolivia actualmente esta excepción se ha convertido en regla general y prioritaria, es decir los jueces hoy en día no toman en cuenta los principios constitucionales de la presunción de inocencia, los derechos fundamentales como el derecho a la libertad”, lamentó según informó ANF.

/NVY

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“Estos actos únicamente denigran a una persona que es el profesional abogado, habrá que ver qué dicen nuestras autoridades que son las llamadas a poner orden, sancionar si es necesario”, expresó Dunia Arandia, presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba.

El juzgado de Sentencia No. 2 de Quillacollo, concedió la detención domiciliaria a Torrico, quien fue aprehendido el 2019 por diversos antecedentes.

Salió de la cárcel en junio pasado para cumplir detención domiciliaria, luego de haber recibido una sentencia de seis años y seis meses acusado de secuestro y lesiones a un mecánico a quien torturó, secuestró y amenazó para hacerle firmar documentos por la devolución de un dinero.

Arandia, afirmó que el permiso al trabajo otorgado a Torrico por las autoridades judiciales fue analizado, por lo que esperan que se haya tenido todos los requerimientos para asumir esta determinación.

“El hecho de llegar ya en una limusina en circunstancias como en las que él se encuentra son degradables”, agregó.

Un video muestra el momento en que llega la limusina, de la cual baja Torrico e ingresa al Juzgado para participar de un juicio oral.

El jurista sentenciado, continúa ejerciendo su profesión. Actualmente es abogado de un hombre acusado de asesinar a una pareja de la tercera edad en Sacaba.

/SVL

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El presidente del ente colegiado, Saúl Fuentes, aseguró que enviarán una carta al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para hacer conocer su desacuerdo y la determinación de que se elija a la nueva autoridad departamental, con un debido proceso.

“Exigimos que se proceda a un adecuado proceso de institucionalización,donde los profesionales abogados puedan presentarse y a través de una elección previade ternas se pueda designar a una autoridad que conozca nuestra realidadjurídica social, nosotros declamamos que sea un profesional orureño, idóneo,que tenga el consenso, la legalidad y la legitimidad del pueblo de Oruro”,aseveró Fuentes.

A su vez, hizo un llamado a todas las instituciones orureñas para haceruna lucha común y lograr una nueva designación del fiscal departamental.

“Es indispensable que todas las instituciones ahondemos un esfuerzocomún para que nuestros profesionales orureños sean respetados, no podemos dejarnosimponer una vez más autoridades foráneas que no conocen nuestra realidad, novamos a descansar hasta lograr el objetivo”, manifestó.

Asimismo, informó que en las próximas horas se enviará una carta a laFiscalía General del Estado, pidiendo que se realice un adecuado proceso deinstitucionalización.

“El lunes veremos si tenemos respuesta de esa autoridad, de no ser así,vamos a ser firmes en este petitorio, sin descartar las acciones legalescorrespondientes ni las medidas sociales que tomará nuestro departamento”,señaló Fuentes.

Al respecto, representantes del Comité Cívico Ad hoc también expresaronsu rechazo a la nueva autoridad.

“No vamos a permitir semejante manipulación, en Oruro existen profesionales y abogados idóneos. No podemos permitir que un paceño nuevamente este presente si en Oruro hay abogados capaces. Tenemos que hacer respetar nuestro departamento”, expresó una representante del comité.

/KSL/MFA/

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“Se repudia el uso de dinamita, principalmente por que nopodemos pelear entre bolivianos de esa forma”, señaló Fuentes.

Asimismo, mencionó que los Colegios de Abogados a nivelnacional, se encuentran de emergencia, aportando de varias formas al respetodel voto y la institucionalidad democrática.

Entre otras cosas las instituciones movilizadas por el respeto al voto, han cercado el juzgado, negando el ingreso a varias personas que trataban de llevar adelante sus procesos y audiencias; se tuvo algunos conflictos en la puerta, que culminaron con las gasificaciones registradas por los enfrentamientos en inmediaciones de la Universidad Técnica de Oruro, entre quienes bloqueaban y grupos afines al MAS.

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