“No le estamos pidiendo un favor, es obligación de ellos. Si se metieron a querer manejar un país y no han podido hacerlo, es por incapaces. Falta menos de un mes para que culmine su permanencia en el gobierno, por lo menos, por lo menos hagan medianamente bien su trabajo estos últimos días”, expresó Cochamanidis durante una conferencia de prensa.

Plazo para soluciones

El líder cívico también comentó que Luis Arce Catacora se mantendrá como Presidente hasta el 8 de noviembre de 2025. Esta fecha es clave para que se implementen soluciones efectivas para el país, además de garantizar que el suministro de combustible continúe sin interrupciones.

“Todos necesitamos el combustible para poder movernos y producir, sobre todo cuando hay dos fechas importantes: cosecha y siembra. Hay productores que están sembrando solamente el 30% de lo que sembraban en la anterior campaña, ¿por qué? Porque no hay combustible”, agregó.

Impacto en las provincias

Cochamanidis también transmitió el mensaje de un grupo de damas cívicas de la provincia, quienes señalaron que el precio del litro de gasolina en esa región puede alcanzar hasta Bs 20. Esto resalta que el problema no se limita a las ciudades, sino que también afecta a todas las provincias del país.

“Por lo tanto, el problema no es solo en la ciudad, sino también en todas las provincias”, concluyó Cochamanidis.

/KMMN

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“Ya lo hemos dicho varias veces, no existe persecución política. Estamos en un gobierno democrático en el que se respeta la independencia de los Órganos del Estado y el debido proceso de todos los bolivianos. Este caso lleva más de diez meses en curso”, declaró la autoridad.

Diputado del MAS defiende acciones legales

En ese sentido, manifestó que el Ejecutivo no puede pronunciarse sobre casos que aún estén abiertos y siendo tratados en los tribunales, por lo que evitó dar más declaraciones al respecto.

Ajpi justifica acciones legales contra cívicos cruceños

Sin embargo, el diputado renovador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, declaró que las acciones legales contra los cuatro cívicos están fundamentadas porque afectaron gravemente la economía de Santa Cruz e impidieron que los verdaderos empresarios de esa región sigan trabajando.

Niegan estrategia para inhabilitar candidatos futuros

Además, negó categóricamente que estas acciones legales sean una estrategia para inhabilitar a posibles candidatos para las elecciones del 2025, y aseguró que la única intención es hacer justicia por todo el perjuicio causado durante los 36 días de paro.

Legislador acusa violencia y daños

“Decir eso es victimizarse. Cuando uno comete barbaridades con violencia tiene que asumir las consecuencias. Ellos bloquearon violentamente, vulneraron derechos fundamentales de las personas, hubo agresiones a la Policía y dañaron propiedades públicas”, manifestó el legislador.

Imputación de delitos contra cívicos cruceños

Recientemente se conoció la imputación de la Fiscalía contra Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan por los delitos de terrorismo, racismo y discriminación, entre otros, por los hechos registrados durante el paro de 36 días en octubre y noviembre de 2022 para exigir que el censo se realice en 2023.

Coordinadora de la Democracia rechaza medida judicial

Ante este hecho, la Coordinadora de la Democracia consideró injusta la medida y anunció que tomará acciones en contra de esa decisión del Ministerio Público, a la que calificó como persecución política.

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Al igual que periodistas, cívicos cruceños expresaron que el proyecto de ley podría convertirse en un instrumento de persecución política y social.

“Esta iniciativa del Gobierno busca implementar delitos penales a efectos de hostigar, controlar y perseguir con objeto de eliminar a la oposición civil que tenemos en el país, utilizando discriminación y odio con redacciones confusas y ambiguas para dejar abiertas las interpretaciones absurdas”, se manifiesta en el pronunciamiento.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, indicó que la redacción del proyecto de ley para penalizar actos de odio o discriminación son ambiguas, muy similar a lo que ocurre con el delito de terrorismo y sedición.

“Todos corremos peligro, un ciudadano cualquiera que emita criterio de acuerdo a su libertad de expresión puede ser fácilmente juzgado por discriminación (…) o actos de odio”, declaró Larach.

Añadió que, al igual que el proyecto de ley 280, Legitimación de Ganancias Ilícitas, esta nueva propuesta legislativa busca cercar a todos los que piensan diferente, además de modificar el Código Penal.

PROYECTO DE LEY 305

El proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos plantea:

La incorporación de siete delitos: Crímenes de Guerra; Agresión Armada; Ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias; Actos de odio; Tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes y la Disposición común.

La modificación de 11 artículos: en el artículo 138, tres puntos del artículo 281, el 291, 292, dos puntos del artículo 308; el 312 y el artículo 321.

Además de la derogación de dos delitos del Código Penal Boliviano (CPB): estupro y agravantes.

/WBMC

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En su criterio, la redacción de lo que se busca probablemente no fue la más adecuada y que tampoco el enfoque lo fue para trabajarlo como lo plantea el mencionado Comité hasta septiembre del próximo año.

“Cuando uno habla revisar, inclusive la palabra revisar la relación de nuestro departamento con el país, pareciera ser que uno está buscando otras cosas que no sea profundizar la democracia, profundizar el aparato productivo”, cuestionó según reporte de la red Erbol.

Asimismo, consideró inclusive que se magnificó en el título y que en lugar de aquello, se debería haber planteado cómo fortalecer las autonomías departamentales.

“(En el Gobierno) han tratado siempre de buscar la forma de centralizar la decisiones, entonces, creo que por ahí no sé si se está magnificando un trabajo técnico – académico que se puede hacer, pero que obviamente por ahí el enfoque (de lo que plantean los cívicos) no ha sido el adecuado”, añadió la autoridad universitaria.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó en recientes horas que el trabajo demandará al menos nueve meses y se prevé que los resultados puedan ser presentados el 24 de septiembre de 2023, fecha que se recuerda la efeméride departamental.

Además, presentó en una conferencia de prensa cinco premisas que guiarán la labor de la comisión y de subcomisiones que trabajarán en el anonimato, para construir la ruta crítica que seguirá la comisión constitucional para definir el nuevo relacionamiento político, social y económico del departamento de Santa Cruz con el Estado boliviano.

El trabajo comenzará mediante un proceso de generación de propuestas de parte de la sociedad civil que serán canalizadas y luego procesadas por la Uagrm.

Cuellar afirmó que una comisión del ente cívico lo visitó para que puedan participar y luego de ese encuentro se quedó en trabajar técnica y académicamente.

Varias autoridades del Gobierno e incluso un jefe militar rechazaron lo que plantean los cívicos y advirtieron que tienen fines presuntamente separatistas.

/MDCB

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Al encuentro asistieron el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dirigentes cívicos y representantes de distintas entidades cruceñas, quienes escucharon el informe de la comisión que asistió al Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso en Cochabamba.

El presidente del comité, Vicente Cuéllar, afirmó que técnicamente sí es posible realizar el Censo el 18 de octubre del próximo año, y la entrega de resultados finales puede presentarse a los 180 días con aplicación inmediata de los resultados, según informó la red de noticias Erbol.

Además, también pidieron que la fecha específica sea determinada por una mesa técnica bajo la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en un plazo no mayor a 48 horas después de que entre en vigencia el nuevo decreto supremo.

Especificaron que esa mesa técnica debe trabajar en los ambientes de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” en la ciudad de Santa Cruz. Para tal efecto, los cívicos propusieron que el INE habilite tres técnicos, mientras que las alcaldías de La Paz, Tarija y la comisión interinstitucional tendrían otros tres técnicos cada uno.

Finalmente, Cuéllar aclaró que los alcaldes de La Paz y Tarija coincidieron con el planteamiento de Santa Cruz para que el Censo se haga el 2023, y que por ese motivo fueron incorporados a ese trabajo.

/ LMPT

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/HNF/

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GOBIERNO ALISTA PLAN DE DESBLOQUEO

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se reunió a primera hora este viernes con legisladores y concejales de Santa Cruz para aprobar el operativo que contará con el apoyo de maquinaria, además de personal de entidades públicas, según El Deber.

“Los hermanos senadores, diputados y concejales me han visitado para decirme que pueda colaborar a los vecinos de los barrios de Santa Cruz para que se haga la liberación de algunas rutas importantes para que se pueda circular de manera normal”, afirmó Montaño tras la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
 
Centenares de afiliados a las organizaciones sociales, funcionarios públicos y policías se trasladaron a Santa Cruz para participar en lo que llaman el “cabildo del pueblo”.
 
Por su parte, el secretario de relaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Omar Ramírez, explicó que la movilización de miles de personas es una respuesta a lo que el partido considera un “intento de golpe de Estado” que pretendería deponer al Presidente Luis Arce.

GOBERNADOR DE SANTA CRUZ

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseveró que el diálogo estará abierto hasta el último minuto, pero que cualquier conversación será sobre la base de las conclusiones del cabildo del 30 de septiembre, que exige la abrogación del decreto que fija el censo para 2024.
 
“Siempre va a haber predisposición para dialogar siempre que sea sobre la base del cabildo. Todo es por una fecha, y no hay voluntad política del Gobierno. El diálogo es sobre la base del cabildo, eso quiere decir primero la abrogación”, manifestó Camacho.
 
El vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que Camacho es quien obstaculiza el diálogo y aseveró que la mesa de conversaciones está abierta.

/NVY

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Según la convocatoria, el encuentro es este próximo 11 de octubre y fue trasladada de La Paz a la capital cruceña, con la participación de representes del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Prada señaló que el rechazo al diálogo refleja una actitud intransigente, debido a que cuando se emitió la convocatoria representantes cruceños confirmaron su participación, sin embargo, luego lo condicionaron al cambio del lugar y ahora que será en Santa Cruz nuevamente se descartó dicha reunión.

“Ahora que decimos que la reunión va a ser en Santa Cruz para que no exista ese tipo de pretexto, ni de excusa dicen: No, ya no basta que sea en Santa Cruz porque en realidad no tenemos la información”, indicó.

La autoridad instó a que dejen las posiciones políticas, haciendo alusión al rechazo al diálogo y la advertencia de un paro indefinido.

“La reunión es justamente para eso, si la propuesta ha sido complementada, enriquecida si hay realmente un equipo técnico especializado como dicen: ¿cuál es el miedo, ¿cuál es el temor, por qué no se quiere ir a la mesa (de diálogo)?”, cuestionó.

CÍVICOS CRUCEÑOS NO ASISTIRÁN A REUNIÓN TÉCNICA

El Comité Cívico pro Santa Cruz anticipó este domingo que no asistirá a la reunión técnica por el censo que convocó el Gobierno para el martes 11 de octubre.

“Queremos saber en realidad si es que hay la voluntad de la abrogación (…) Yo creo que no podemos ir a una reunión donde no hay la voluntad política, seria estéril, sería seguir buscando la forma retrasar las medidas que ha tomado Santa Cruz”, manifestó el presidente del ente cívico, Rómulo Calvo.

Asimismo, insistió que el encuentro será estéril si no incluye el tema de la abrogación del Decreto Supremo 4760 que posterga la encuesta hasta el 2024.

Consideró que cambiar el lugar de la cita no es suficiente si no se toman en cuenta los temas centrales.

Calvo aseguró que no tienen conocimiento del avance del trabajo que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el proceso censal, tampoco tiene información sobre los temas que se tratarán en la reunión del martes.

Reiteró que tienen el mandado de más de 1,5 millones de personas que asistieron al cabildo el pasado 30 de septiembre, donde se otorgó un plazo de 21 días al Gobierno para la anulación de la norma, caso contrario a partir del 22 del mes en curso iniciarán un paro cívico.

“Nosotros tenemos el mandato de más de un millón y medio de habitantes en un cabildo donde nos han indicado las medidas que debemos tomar. Si estas son medidas desesperadas por parte del gobierno para evitar el paro, entonces deberían flexibilizar su posición y comunicar la abrogación del Decreto Supremo”, indicó.

/NVY

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El líder cruceño además manifestó, durante una conferencia de prensa, que el Presidente del Estado, Luis Arce debería ”ordenar“ a sus ministros que trabajen por los bolivianos, por la salud y economía del país y dejar de lado ”el discurso de odio y revanchismo“.

Referente a las denuncias de racismo y discriminación que se plantearon en su contra, Calvo señaló que si se buscan actos enmarcados en estos delitos, el ministro Lima y su Gobierno son racistas, ellos como elegidos deberían honrar 37 nacionalidades y no solo representar a dos de ellas.

Calvo afirmó que dentro de los hechos ocurridos el 24 de septiembre en la Plaza Central, se le informó a Del Castillo que no se podía izar la Wiphala por ser un aniversario departamental y pese a ello, rompió el protocolo en un acto desafiante y ofensivo.

”David Choquehuanca procede a colocar en el mástil de la Bandera Boliviana la Wiphala que si bien es un símbolo nacional, no representa a los cruceños y a muchos bolivianos, esto por el uso político que se le dio a este símbolo empleado en avasallamientos, confrontación y violencia ejercida por el masismo“, finalizó el presidente del Comité Cívico cruceño.

Legisladores del MAS llegaron este lunes a la Fiscalía para denunciar a distintas autoridades cruceñas por los delitos de discriminación, racismo, ultraje a símbolos patrios, incitación a la violencia y atentado contra la integridad física del Presidente en ejercicio, David Choquehuanca.

/MDCB

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“Valientes reivindicaciones del Departamento y cívico de corazón. Dedicó su vida a buscar mejores días para las provincias cruceñas y ferviente defensor de la democracia, la justicia, las libertades y los derechos de la población”, describe parte de las condolencias publicadas este domingo.

Añez Pereyra fue presidente del Comités Cívicos Provinciales de Santa Cruz y fue viceministro de Desarrollo Rural durante el Gobierno de Jeanine Áñez.

/AAC

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“Está claro que los cívicos particularmente en Santa Cruz, ligados al Señor Camacho, han perdido la elección claramente. No hay dónde reclamar nada, además ellos son parte de la derrota de la oposición y tienen que asumir su responsabilidad, peor además si están reclamando con actas del año pasado, imagínese, no pues, eso no es ningún tipo de seriedad”, afirmó Revilla este viernes, a la red Erbol.

El líder político de Sol.bo señaló que de haber verdaderos indicios de fraude, tienen que ser presentados, pero hasta ahora no se ha visto aquello.

“Las propias entidades internacionales, así como el año pasado certificaron que hubo irregularidades, que hubo fraude, este año han certificado que esto no ha ocurrido”, apuntó el burgomaestre.

/ES/

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