Flores explicó que esta norma fue impulsada por él debido a la falta de una legislación específica que permita a las autoridades llevar a cabo acciones de control y clausura. “Había temas judiciales que se aprovechaban del vacío legal. Hoy ese vacío ya no existe”, afirmó el concejal.

El concejal también destacó que la ley ya ha sido aprobada y promulgada, lo que significa que ahora corresponde al Órgano Ejecutivo municipal tomar las acciones administrativas necesarias para su implementación. Esto incluye la emisión de resoluciones y el cierre de los cine videos que aún están operando. “Creemos haber cumplido con la población, no de manera demagógica, sino con la obligación que tenemos frente a un tema tan delicado”, sostuvo.

Fundamentos de la ley

Según los detalles proporcionados, la ley se basa en un conjunto de disposiciones nacionales e internacionales. Entre ellas se encuentran la Ley del Cine y Arte Audiovisual Boliviano (Ley 1134), la Ley de Derechos de Autor (Ley 1322), la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 264), el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548) y la Ley 1636 de Protección Integral Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales.

Además, la norma hace referencia al Convenio de Berna, que regula la protección de los derechos de autor a nivel internacional, lo que refuerza el carácter legal de la prohibición de estos espacios.

Publicación en Gaceta Municipal

No obstante, se aclaró que, a pesar de lo mencionado por el concejal, la ley aún no ha sido publicada en la Gaceta Municipal. Este paso es necesario para que la norma tenga plena vigencia y pueda ser ejecutada formalmente.

Modificación sobre fiestas no autorizadas

En otro tema, Flores informó que se está trabajando en la modificación de una norma municipal para prohibir ciertas fiestas. Esta iniciativa surge tras los incidentes ocurridos en eventos recientes, como el denominado Saracho Fest.

El concejal indicó que esta propuesta también fue presentada por él y que en los próximos días se dará a conocer más información sobre esta iniciativa.

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Normativa en debate

La normativa busca frenar la reproducción pública de contenidos cinematográficos sin la debida autorización. Si el alcalde decide no firmarla, los concejales tienen la opción de promulgarla directamente.

Críticas al Ejecutivo Municipal

El concejal José Flores, quien es el promotor de la ley, criticó con dureza las observaciones que hizo la parte jurídica del Ejecutivo. Las calificó de “sin sentido” y sugirió que hay una intención de proteger intereses internos. Según Flores, la devolución del documento no tiene argumentos legales sólidos que justifiquen la negativa.

En esa ocasión, Flores mencionó que algunos funcionarios de la Dirección Tributaria y asesores jurídicos habrían actuado en defensa de los establecimientos cuestionados. Esto sucedió incluso durante el reciente proceso constitucional que permitió la reapertura temporal de los cine videos.

Complicidad en el proceso

“Nos han hecho una observación propia de una falta de criterio. No hay artículos vulnerados, no hay sustento legal. Lo que vemos es complicidad de algunos jurídicos del Ejecutivo con la Dirección Tributaria, que se han querido dar oxígeno”, exclamó el concejal.

Flores lamentó que los mismos funcionarios que otorgaron permisos a los cine videos sean los que defendieron el amparo que favoreció a estos negocios. “¿Cómo se van a pisar la cola entre ellos? Por eso el amparo ha salido positivo. Pero no tenemos una ley en Oruro… ahora ya la tenemos”, remarcó.

Posibles acciones del Concejo

Flores aseguró que si el alcalde Adhemar Wilcarani vuelve a “negarse” a promulgar la ley, será el Concejo quien lo haga, amparándose en la normativa vigente. “Si no quiere promulgar, lo vamos a hacer nosotros. El alcalde se estaría ganando un proceso por incumplimiento de deberes”, advirtió.

En este sentido, el concejal afirmó que la ley será reenviada al Ejecutivo en los próximos días. “No hay fundamento técnico-legal para ir en contra. Estos permisos fomentaban la piratería”, enfatizó.

Fundamentos de la normativa

La normativa aprobada se basa en diversas disposiciones nacionales e internacionales. Entre ellas se encuentran la Ley del Cine y Arte Audiovisual Boliviano (1134), la Ley de Derechos de Autor (1322), la Ley de Seguridad Ciudadana (264), el Código Niña, Niño y Adolescente (548) y la Ley 1636 de protección a menores en entornos digitales. Además, respalda sus alcances en el Convenio de Berna sobre derechos de autor.

“Están lucrando con trabajo ajeno. ¿Dónde quedan los derechos de autor y el usufructo del producto cinematográfico? Estas producciones son para consumo doméstico; no hay necesidad de que se proyecten en locales”, sostuvo Flores.

Tensión entre sectores

Mientras el trámite avanza entre el Concejo y el Ejecutivo Municipal, los cine videos continúan funcionando gracias a un amparo constitucional. Esto ha generado un clima de tensión entre quienes defienden estos espacios como opciones de entretenimiento y las autoridades que sostienen que su operación viola derechos de autor y representa un riesgo para menores de edad.

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Desde el Concejo Municipal de Oruro (CMO), se espera la promulgación de una ley que fue aprobada la semana pasada. Esta ley prohíbe este tipo de establecimientos, alegando que vulneran derechos y fomentan actividades irregulares.

Clausura de cine videos

El jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor, capitán Darwin Flores, informó que inicialmente se ordenó el cierre de casi la totalidad de los 23 cine videos que se identificaron en la ciudad. “Se ha hecho la clausura de aproximadamente 18 o 19 cine videos en conjunto con la Unidad de Fiscalización”, explicó.

Sin embargo, tras la presentación de un recurso judicial, los propietarios lograron obtener la tutela que les permite reanudar sus actividades mientras se espera una nueva normativa municipal. “El amparo ha otorgado la tutela correspondiente a estos establecimientos, por lo que nuevamente pueden realizar su funcionamiento de manera normal”, señaló Flores.

Controles y sanciones

A pesar de esta situación, se están llevando a cabo controles a aquellos locales que no cuentan con un padrón municipal y a los que incumplen las prohibiciones establecidas. Entre las infracciones más comunes, se mencionan el expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los locales, así como la presencia de menores de edad en horarios nocturnos, lo que se considera una falta grave.

En un operativo reciente, funcionarios municipales y efectivos policiales encontraron a 4 menores consumiendo alcohol y marihuana. Este hecho resultó en la clausura temporal del establecimiento por 10 días y una multa de 10,000 UFV.

“Estos hechos son preocupantes. En el caso de la marihuana, se dio parte a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que procedieron con la aprehensión del administrador. El local fue precintado y sancionado conforme a la normativa vigente”, añadió Flores.

Normativa vigente y futura

Flores recordó que la resolución técnica administrativa 008, que aún está en vigor, prohíbe el funcionamiento de los cine videos. Sin embargo, las autoridades municipales están obligadas a acatar el fallo judicial mientras se tramita una ley municipal específica que regule o determine su cierre definitivo.

“Estamos a la espera de la promulgación de una ley que establezca mayores requisitos, controles y prohibiciones. Solo con una norma clara podremos actuar con mayor rigor y evitar estos vacíos legales”, remarcó.

Aprobación de la ley

En relación a este tema, el concejal José Flores afirmó que “los días de los cine videos están contados”, tras la aprobación de una ley que prohíbe de forma expresa su funcionamiento en toda la jurisdicción municipal. Esto incluye los llamados api videos, café videos y locales similares.

Consecuencias de la falta de control

El concejal recordó que incluso se registró la muerte de una persona en uno de estos locales. Además, varios operativos municipales evidenciaron que muchos cine videos no contaban con pantallas ni equipamiento adecuado, sino que operaban como espacios cerrados sin control ni fiscalización, vulnerando la seguridad ciudadana y los derechos de los niños y adolescentes.

“Esto es grave. En algunos locales se hallaron colchones, bebidas alcohólicas y presencia de menores. Por eso aprobamos una ley que prohíbe completamente estos establecimientos”, enfatizó.

Fundamentos de la nueva ley

La norma, que ya fue enviada al Ejecutivo municipal para su promulgación, se basa en varias disposiciones nacionales e internacionales. Estas incluyen la Ley del Cine y Arte Audiovisual Boliviano (1134), la Ley de Derechos de Autor (1322), la Ley de Seguridad Ciudadana (264), el Código Niña, Niño y Adolescente (548) y la Ley 1636 de Protección Integral Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, además del Convenio de Berna sobre derechos de autor.

“El derecho al trabajo se garantiza mientras no afecte otros derechos. No podemos confundir el trabajo con la piratería ni con actividades que pongan en riesgo a la juventud. El municipio no puede legalizar algo que vulnera derechos fundamentales”, agregó Flores, quien también pidió la destitución del funcionario municipal que habría permitido la creación de estos registros.

Operativos de control

Por su parte, la directora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Karina Gutiérrez, señaló que, a pesar de la reapertura de los cine videos por orden judicial, la DIO mantiene su presencia en los operativos junto a la Policía y la Unidad de Defensa al Consumidor. Se verifica especialmente la presencia de menores, el horario de funcionamiento y el consumo de bebidas alcohólicas.

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Durante una de las primeras intervenciones, se identificó a menores de edad en “situaciones complicadas”, lo que resalta la urgencia de implementar acciones que protejan a este grupo vulnerable.

Declaraciones del GAMO

Álvaro Gómez, quien es el responsable de la Unidad de Actividades Económicas del GAMO, afirmó que la presencia de menores de edad en estos lugares es inaceptable. Esto justifica la clausura definitiva de las actividades de cine videos.

La resolución establece que se debe cerrar de manera definitiva las actividades de cine videos, sin importar si cuentan o no con el permiso correspondiente. Gómez enfatizó que la clausura es irreversible y que se debe cumplir con la resolución, incluso si los establecimientos están en proceso de obtener su licencia.

Derecho al trabajo

“No buscamos vulnerar el derecho al trabajo. Lo que corresponde es cumplir la normativa que ya prohíbe y dispone el cierre total de estos establecimientos. Este proceso será integral y escalonado para construir un municipio más seguro”, comentó Gómez.

Colaboración de unidades del GAMO

La Unidad de Defensa al Consumidor, la Unidad de Fiscalización Coactiva y Tributaria, junto con la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), están colaborando para fortalecer este proceso y asegurar que se cumplan las normas establecidas. La clausura definitiva de las actividades de cine videos es una medida que busca proteger a la niñez y la adolescencia.

Motivos de la clausura

Esta acción responde a situaciones preocupantes que se han encontrado en algunos establecimientos, donde se vulneran los derechos del grupo vulnerable mencionado. El GAMO subraya que este proceso será integral y escalonado, con el fin de construir un municipio más seguro para todos sus habitantes.

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Resolución técnica cuestionada

Flores señala que la resolución técnica 008, emitida el 25 de agosto de 2025 por la Dirección Tributaria y Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), clasifica a las salas de video como empresas unipersonales. Esta categorización no exige que se implementen medidas de seguridad adecuadas.

Además, el concejal argumenta que esta normativa contraviene la Ley 1134 del Cine y Arte Audiovisual, promulgada en 2018, que establece una cuota de pantalla y un pago del 3% sobre la facturación por la reproducción de contenido con fines comerciales. “El municipio se estaría convirtiendo en legitimador de la piratería”, advirtió Flores, quien considera que este es un problema serio que debe ser atendido de inmediato.

Preocupaciones sobre seguridad

Flores también ha expresado su inquietud por la falta de protección hacia la juventud y la seguridad en estas salas de video. En estos lugares se han reportado incidentes de violencia, abuso y consumo de bebidas alcohólicas.

“En estos cines videos no se habla de carnet de identidad, no se habla de protección a la juventud, no se exige mayor seguridad. Es decir, entrar a una sala de video ya ha habido violaciones y abusos, donde ha habido consumo de bebidas. Es más fácil que irse a una cantina. Estás viendo el video y encima te metes un trago y te metes a una pareja. Es más barato que ir a un hotel”, comentó Flores.

Iniciativa legislativa

Ante esta situación, el concejal ha presentado un proyecto de ley al Concejo Municipal de Oruro (CMO) con el objetivo de anular las resoluciones que permiten el funcionamiento de estas salas de cine video en la ciudad. También ha advertido que las patentes y licencias otorgadas a estas salas son ilegales y deberían ser revocadas.

La situación en Oruro es alarmante, ya que estas salas de video están ganando popularidad entre los jóvenes, pero se están convirtiendo en un problema de seguridad pública.

Un llamado a la acción

La denuncia del concejal Flores busca generar conciencia sobre este tema y promover una solución que proteja a la ciudadanía y garantice el cumplimiento de la ley.

“Es necesario que se tomen medidas para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley”, afirmó, añadiendo que es fundamental respetar los derechos de autor y asegurar la seguridad y protección de la juventud.

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