El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que la detención tuvo lugar en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este operativo fue llevado a cabo por las Fiscalías estatal y General de la República (FGR), así como por las Secretarías de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional.

En el transcurso de estas acciones, los elementos de seguridad lograron detener a 12 personas que afirmaron pertenecer al CJNG. Además, se aseguraron armas largas y cortas, vehículos utilizados para actividades delictivas y equipo táctico, según lo señalado por García Harfuch.

Impacto en la seguridad

El funcionario destacó que gracias a estas acciones se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del pueblo de Chiapas. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crimen organizado en la región.

El CJNG y su clasificación

El CJNG está en la lista terrorista del Gobierno de Estados Unidos, siendo considerado uno de los carteles más poderosos del mundo. Este grupo criminal ha sido comparado con el Cartel de Sinaloa en términos de influencia y poder.

Operación Frontera Norte

Desde el 5 de febrero de 2025, cuando comenzó la `Operación Frontera Norte`, acordada con el presidente de Estados Unidos, se busca frenar la invasión de migrantes y de drogas. Esta operación también tiene como objetivo evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos nacionales.

Desde el inicio de esta operación, México ha detenido a 9,735 personas y ha asegurado 7,258 armas de fuego. Estas cifras reflejan el compromiso del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y la violencia en el país.

EFE

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El padre Marcelo, conocido por su labor en defensa de los pueblos originarios y perteneciente a la etnia tzotzil, fue atacado en más de una ocasión mientras se encontraba en su vehículo, en el barrio de Cuxtitali, específicamente en la calle Las Peras, al oriente de la ciudad turística.

Alrededor de las 8:00 horas (14:00 GMT), los habitantes de la zona reportaron escuchar constantes disparos de arma de fuego y algunos incluso fueron testigos del ataque.

Los testigos relataron que el sacerdote fue interceptado por individuos armados, quienes dispararon a la altura de la ventanilla del lado del conductor.

Contexto del ataque

El padre Marcelo salía de la parroquia de Cuxtitali después de oficiar misa y se dirigía a la iglesia de Guadalupe. En ese momento, dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa.

Los vecinos, alarmados por la situación, solicitaron ayuda a las autoridades de seguridad; sin embargo, no fue posible salvar al padre, ya que las heridas que sufrió fueron mortales.

Investigación en curso

Tras este trágico suceso, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Distrito Altos, ha comenzado las investigaciones para identificar a los responsables del homicidio del padre Marcelo `N`, según informó la dependencia.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Distrito Altos, así como personal de Servicios Periciales, quienes implementaron un protocolo de actuación. Sin embargo, la situación en la zona es hermética.

Reacción de la iglesia católica

Hasta el momento, la iglesia católica no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez.

Trayectoria del padre Marcelo

El padre Marcelo pertenecía a la etnia maya tzotzil de San Andrés Larraínzar. Estudió para el sacerdocio en Tuxtla Gutiérrez y dedicó más de 20 años de su vida al servicio, apoyando la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Fue párroco durante 10 años en Chenalhó, 10 años en Simojovel y 2 años y medio en la parroquia de Guadalupe, en San Cristóbal de Las Casas.

Participación en la marcha por la paz

El 13 de septiembre, el padre Marcelo participó en la `Marcha por La Paz` en Tuxtla Gutiérrez, donde más de 20,000 personas exigieron un alto a la violencia en el estado.

Violencia contra defensores de derechos humanos

En 2023, México se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica con más defensores de derechos humanos asesinados, con un total de 30 casos, seguido de Colombia, que reporta 142, según la organización `Front Line Defenders`.

Durante el gobierno anterior del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron al menos 92 asesinatos de defensores en todo el país, de acuerdo con el último informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos `Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes` (Red TDT), publicado en mayo.

Fuente: EFE

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“Están identificadas la mayoría de las víctimas, están en contacto en Relaciones Exteriores con las embajadas. La propia Secretaría de la Defensa Nacional presentó denuncias contra los elementos que dispararon y se están haciendo las investigaciones”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Detalles del incidente

La gobernante mexicana respondió a preguntas sobre el ataque que ocurrió el martes, el primer día de su mandato. En este evento, 33 migrantes que viajaban en dos camionetas, supuestamente junto a criminales, fueron atacados. Este ataque resultó en 6 fallecidos y 12 lesionados.

A pesar de que inicialmente se mencionó que los soldados confundieron a los migrantes con criminales, Sheinbaum evitó aclarar por qué se realizaron los disparos. “Se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República”, indicó.

Contexto de la situación

Estos hechos se producen en un contexto donde, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas asumieron un papel cada vez más prominente en tareas de seguridad en el país. Hasta septiembre, 36,000 elementos estaban asignados a labores migratorias.

El miércoles, la Cancillería de Perú confirmó que uno de los fallecidos en el incidente era de ese país y condenó “enérgicamente” lo sucedido. Sheinbaum prometió que revelaría las identidades de las víctimas, siempre que las investigaciones lo permitan. “No tengo la certeza de si se pueden dar a conocer”, argumentó.

Fuente: EFE

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Reclamos y demandas de las organizaciones

Las asociaciones exigieron al Estado mexicano que reconozca oficialmente la gravedad de la desaparición forzada y tome medidas urgentes al respecto. Además, solicitaron que se ponga fin a la estigmatización de quienes denuncian estos casos y se promuevan campañas de sensibilización sobre la prevención y denuncia de desapariciones.

Preocupación por el aumento de desapariciones

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Serapaz, Voces Mesoamericanas, Redias, Melel Xojobal, el colectivo Colembij y el comité Junax ko`tantik expresaron su preocupación por el incremento de desapariciones en México y, en particular, en Chiapas. La región se ha convertido en un escenario de disputa entre grupos criminales por el control del tráfico de drogas y migrantes.

Mario Ortega, activista, señaló que las cifras oficiales subestiman la magnitud del problema. Según el registro nacional, se han contabilizado más de 1.000 casos de desapariciones en Chiapas desde 2018, pero Ortega afirma que la cifra real es mucho mayor y que el fenómeno se ha triplicado en los últimos años.

Desapariciones en el año 2024

En lo que va del año 2024, se han registrado más de 600 personas desaparecidas en Chiapas. Los manifestantes atribuyen este aumento a la “narcoviolencia” que afecta especialmente a la región de Sierra Fronteriza de Chiapas.

Preocupación por la seguridad de menores de edad

La Red por los Derechos de las Infancias y adolescencias en Chiapas (Redias) hizo hincapié en la urgencia de garantizar la seguridad de los menores de edad y sus familias. Según sus registros, entre 2020 y 2024 se han reportado aproximadamente 2.300 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en Chiapas. En lo que va de 2024, se han contabilizado 234 casos, principalmente en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.

Crisis de desaparecidos en México

México enfrenta una crisis de desaparecidos, con más de 110.000 personas no localizadas y más de 50.000 cuerpos sin identificar en el sistema forense, según las cifras oficiales.

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Las autoridades informaron que los cuerpos de 14 hombres fueron encontrados dentro de un camión de carga, mientras que otros dos fueron hallados en la cabina, dos más a un costado y uno a aproximadamente 100 metros de distancia. Inicialmente se había reportado un total de 20 fallecidos en el enfrentamiento.

Disputa entre cárteles por el control delincuencial en la zona fronteriza

Según las investigaciones, este trágico suceso fue resultado de una confrontación entre el cártel de Sinaloa y otro grupo criminal conocido como “cártel de Chiapas y Guatemala”. Ambas organizaciones se disputan el control delincuencial en esta zona fronteriza, que es de vital importancia para el tráfico de drogas, armas y migrantes hacia Estados Unidos.

Las autoridades también revelaron que al menos cuatro de las personas fallecidas portaban identificaciones emitidas por el gobierno guatemalteco, lo que evidencia la conexión entre los cárteles y la participación de individuos de diferentes nacionalidades en estas actividades ilegales.

Importancia estratégica de la zona para actividades ilícitas

De acuerdo con el centro de análisis Insight Crime, esta disputa entre cárteles se intensifica debido a la importancia estratégica de la zona fronteriza de Chiapas para llevar a cabo actividades ilícitas. El tráfico de drogas, armas y migrantes es una fuente de ingresos significativa para estos grupos criminales, lo que ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional por las implicaciones en materia de seguridad y tráfico ilegal.

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Según un comunicado de la Fiscalía del Estado de Chiapas, los sujetos interceptaron un vehículo en el que se trasladaba la papelería electoral a la localidad de Guadalupe. Retuvieron a los policías que la custodiaban y los amenazaron antes de quemarla. La dependencia anunció una investigación contra quienes resulten responsables, aunque no reporta lesionados ni ha identificado a algún sospechoso.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) lamenta los hechos ocurridos en un municipio pacífico en vísperas de las elecciones del 2 de junio, ya que esto no contribuye a un ambiente de paz y civilidad.

Violencia en Chicomuselo y sus consecuencias

El incidente, que ocurrió inicialmente en Chicomuselo, ha desatado la incertidumbre de las autoridades. Dicho municipio padece una pugna entre grupos delictivos, como refleja la masacre ocurrida el pasado 12 de mayo en la comunidad Nuevo Morelia, donde 11 personas murieron acribilladas en sus domicilios, incluyendo a una familia completa, por no unirse al crimen organizado. Además, incendiaron sus viviendas.

El INE reconoció el jueves la imposibilidad de instalar más de 60 centros de votación en Chiapas debido a la violencia y los conflictos sociales.

Elecciones mexicanas marcadas por la violencia

Las elecciones ya son las más violentas en México, según organizaciones ciudadanas. Por ejemplo, la organización Data Cívica reportó este viernes 31 candidatos asesinados, mientras que la consultora Integralia documentó 34. Esta cifra se eleva a 231 si también se considera a funcionarios, políticos y familiares.

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En su conferencia matutina, el mandatario afirmó que se ha buscado la forma de llegar a acuerdos con estos grupos, pero también exhortó a que no lleven a cabo actos ilícitos. López Obrador enfatizó en la importancia de cuidar a la población civil y no dejarse intimidar por nadie. Además, destacó que no se puede enfrentar la violencia con más violencia.

La situación en Chiapas y el diálogo con grupos criminales

En respuesta a preguntas de la prensa, López Obrador habló sobre la situación en Chiapas, estado de la frontera sur donde los pueblos indígenas han denunciado un ambiente de “guerra civil” debido al crimen organizado que los ha desplazado de sus comunidades. El presidente aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) está tomando medidas para dialogar con estos grupos y buscar un cese al crimen.

Además de buscar acuerdos, el mandatario mexicano informó que ha desplegado a la Guardia Nacional para proteger a la población civil. Asimismo, rechazó cualquier complicidad con las bandas criminales y afirmó que no se deja presionar por los criminales.

Polémica por el crimen organizado en el sur de México

La polémica por el crimen organizado en el sur de México ha aumentado después de que se difundieran imágenes en las que un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, en carreteras de Chiapas. Este incidente ha generado preocupación y ha puesto en evidencia la necesidad de abordar el problema de la violencia en la región.

En respuesta a este incidente, un grupo de enmascarados, presuntos pertenecientes a autodefensas civiles, negaron en un video que fueran parte de un “montaje” de la oposición, como denunció López Obrador. Sin embargo, el presidente cuestionó su participación en organizaciones criminales y reiteró que no se puede enfrentar la violencia con más violencia.

Rechazo a las acusaciones sobre influencia del crimen en las elecciones

Por otro lado, López Obrador rechazó las acusaciones de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, quien afirmó que el crimen influye en las elecciones. El presidente señaló que las autoridades electorales están haciendo su trabajo y que el tema de la violencia o el miedo siempre se utiliza en época electoral.

En conclusión, el Gobierno de México está buscando acuerdos con grupos criminales en la frontera Sur para poner fin a la ola de violencia que ha afectado a la región. El presidente López Obrador ha enfatizado en la importancia de proteger a la población civil y no dejarse intimidar por los criminales. Además, ha desplegado a la Guardia Nacional para garantizar la seguridad. Sin embargo, la polémica y la preocupación persisten, y se espera que se tomen medidas adicionales para abordar el problema del crimen organizado en el sur del país.

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