Rek recordó que Felipe Cáceres, quien fue el zar antidrogas durante el gobierno de Morales, en lugar de erradicar la producción de droga, la fomentó. “Ya no tiene credibilidad, es una barbaridad que diga eso; porque, finalmente, ¿con qué solvencia puede afirmar que su zar antidrogas y una de sus allegadas muy cercanas, como es la señora Elba Terán, quienes han estado con el movimiento cocalero desde el inicio, ahora están involucradas en el tráfico de drogas?”, cuestionó Rek.

El papel de Felipe Cáceres

La senadora, que representa a Santa Cruz, destacó que Felipe Cáceres ocupó el cargo de zar antidrogas durante 14 años. Según ella, su presencia en ese puesto no fue para erradicar la producción de droga en el Chapare, sino para promoverla.

“Lo que se hacía era todo lo contrario, no se buscaba erradicar el narcotráfico, sino favorecerse con el narcotráfico. Es el momento, creo, de que esto sea el punto de partida para investigar toda esta organización que se ha montado durante 14, 16 o 18 años en Bolivia”, sentenció la senadora.

Cuestionamientos a acciones pasadas

Rek enfatizó que aquellas personas que afirmaban trabajar para erradicar el narcotráfico eran en realidad quienes contribuían a la producción de droga en el país. La situación actual pone de manifiesto un contexto en el que las acciones del pasado están siendo puestas en tela de juicio y se busca aclarar las redes involucradas en el narcotráfico.

/KMMN

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Además, la senadora pidió claridad al senador y candidato presidencial Rodrigo Paz sobre su posición respecto a esta iniciativa. Según Rek, el proyecto podría trasladar los problemas económicos actuales al próximo gobierno.

Críticas al proyecto de ley

Rek ha criticado el proyecto, que fue presentado por el Ministerio de Hacienda con el argumento de aliviar la crisis económica. La senadora argumenta que “no soluciona la situación, sino que la prolonga”.

Señaló que el diferimiento generalizado de créditos podría tener un impacto negativo en el sistema bancario, perjudicando tanto a prestatarios como a ahorristas. Además, advirtió que dejaría problemas sin resolver que deberán enfrentar las autoridades que asuman el gobierno en el futuro.

Detalles de la ley propuesta

La legisladora explicó que la ley suspende temporalmente embargos y la ejecución de sentencias sobre créditos de vivienda social y créditos a micro y pequeñas empresas. Sin embargo, hizo hincapié en que esta medida no incluye condonaciones ni soluciones definitivas.

Por lo tanto, Rek considera que solo se está posponiendo la resolución de los problemas, lo que podría agravar la situación económica en los próximos meses. También señaló que esta forma de manejo es una “lavada de manos” del gobierno, que podría convertirse en un “boomerang” generando descontento social y riesgos de movilizaciones.

Propuestas para una solución efectiva

Rek insistió en que cada caso debe ser analizado de manera individual, buscando soluciones específicas para cada prestatario. Además, destacó la importancia de considerar la propuesta de la banca para manejar la situación de manera responsable.

Esto es esencial para evitar que la crisis se transfiera al nuevo gobierno, que asumirá funciones el 8 de noviembre de 2025.

Postura clara de los parlamentarios

Finalmente, la senadora pidió que Rodrigo Paz y los demás parlamentarios del Senado fijen una postura clara y coherente frente al proyecto. Subrayó que es fundamental impedir que decisiones apresuradas del gobierno actual comprometan la estabilidad económica.

Esto podría generar problemas de mayor magnitud para la próxima gestión que asumirá el mando en noviembre.

LDVY

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La senadora también ha solicitado la revisión de otros procesos judiciales que afectan a opositores políticos. Además, propuso la creación de una Comisión de la Verdad para abordar los hechos ocurridos durante más de 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Rek destacó que esta decisión judicial debe consolidarse como un giro hacia la independencia y la transparencia. No debe ser vista como una medida coyuntural motivada por intereses políticos.

Justicia y derechos humanos

La senadora señaló que “la justicia no puede seguir administrándose en función de intereses políticos” y debe servir al pueblo boliviano, resguardando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

El caso de Jeanine Áñez es considerado un símbolo de la utilización de la detención preventiva y procesos judiciales fabricados como instrumentos de persecución política.

Cambios en el sistema judicial

La senadora elogió a las autoridades judiciales por los cambios en el sistema, pero pidió que se revisen todos los procesos instaurados contra opositores para liberar a quienes permanecen encarcelados sin sustento jurídico.

Bolivia necesita recuperar un sistema judicial independiente y respetuoso de los derechos fundamentales. Por ello, la senadora promoverá una Comisión de la Verdad conformada por representantes nacionales e instituciones democráticas.

Objetivo de la Comisión

Esta comisión tendrá como objetivo revisar integralmente los hechos ocurridos durante más de 20 años del MAS en el poder y evitar narrativas falsas que persigan a opositores.

La senadora advirtió sobre el riesgo que enfrenta Bolivia con un Parlamento donde persisten cuotas del MAS y se aproxima una segunda vuelta electoral.

Responsabilidad ciudadana

En este contexto, enfatizó que “no podemos permitirnos posturas tibias ni complacientes” que prolonguen el populismo y las arbitrariedades.

Finalmente, hizo eco del llamado a erradicar problemas asociados al socialismo del siglo XXI en Bolivia, instando a los ciudadanos a votar con responsabilidad para garantizar un futuro democrático.

/KMMN

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Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en La Guardia, junto a directivos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y otras instituciones del sector agropecuario, Rek subrayó la necesidad de implementar sanciones más severas para combatir el abigeato. Este delito, que implica el robo de ganado, ha causado pérdidas significativas en el sector ganadero.

Urgencia en la legislación

La senadora recordó que la actual legislatura finalizará en noviembre de 2025, lo que brinda tiempo suficiente para acelerar la aprobación de esta normativa. “Si no es en esta legislatura, que sea en la próxima; en esta legislatura todavía tenemos tiempo, porque se sesiona hasta noviembre; no hay por qué postergarla”, afirmó.

Rek también destacó que debería existir presión por parte de las autoridades judiciales para contar con un marco legal que proteja al productor y permita aplicar sanciones adecuadas.

Denuncias de los ganaderos

La senadora por Santa Cruz participó esta mañana junto a representantes de Fegasacruz y otras instituciones agropecuarias que han sido afectadas por el abigeato. Estos denunciaron una serie de ilícitos perpetrados por bandas especializadas en este delito. Al ser consultada sobre cuál debería ser la sanción para el abigeato, Rek indicó que se debería imponer un castigo de 8 años, tal como han propuesto los ganaderos y autoridades del gobierno.

Las redes de abigeatistas han estado operando en Santa Cruz durante muchos años, amparadas en normas laxas, lo que ha ocasionado pérdidas millonarias a los ganaderos. “Estoy haciendo pedidos de informes escritos sobre este y otros casos, para entender cómo se trata el delito de abigeato y cómo los delincuentes y estos clanes quedan liberados sin ningún tipo de sentencia”, detalló Rek.

Responsabilidad de las autoridades

Además, solicitó respuestas a las autoridades pertinentes sobre las sanciones que se han impuesto hasta ahora, con el fin de establecer un precedente y exigir que se aborde adecuadamente la ley con sanciones más severas.

El impacto del abigeato ha sido significativo para los productores ganaderos, quienes observan con impotencia cómo son afectados por este delito. Las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de actuar ante esta situación para garantizar una respuesta efectiva frente a los delitos relacionados con el abigeato.

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Rek destacó que el país está atravesando un momento crucial tras 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por esta razón, considera que este periodo ha dejado consecuencias de empobrecimiento y un deterioro institucional que hace necesario modificar de manera estructural el rumbo del Estado.

Apoyo a la oposición clara

La senadora enfatizó que los bolivianos deben respaldar en las urnas a aquellos que han mantenido una oposición clara al oficialismo. Además, advirtió que las posturas mixtas, que combinan ideas de izquierda y derecha, podrían reproducir los mismos problemas que ya se han vivido en el pasado.

Corrupción y uso de recursos

“La gente que nos ha gobernado ya tiene un vicio, que es el vicio de la corrupción, es el vicio de usar todos los recursos del Estado para beneficio propio y para destrucción de lo que es patrimonio de los bolivianos”, expresó.

Ruta para refundar el país

Finalmente, Rek reiteró que la ruta para refundar el país debe estar basada en principios liberales y sin medias tintas. A su criterio, esa es la vía para alcanzar una nueva Bolivia y recuperar las instituciones del Estado.

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En una carta formal, la senadora envió su denuncia a entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), la OEA, la Unión Europea y Human Rights Watch. En esta misiva, acusa al Estado boliviano de utilizar al Órgano Judicial y al Ministerio Público como herramientas para silenciar disidencias y restringir la libertad de expresión.

Contenido legítimo y represión

Rek sostiene que los contenidos que Villafuerte ha difundido en plataformas digitales no contienen falsedades ni desinformación. Por el contrario, son interpretaciones legítimas de la situación económica del país, compartidas por numerosos ciudadanos y expertos. “Pretender que una persona particular desestabilice el sistema financiero por replicar o analizar esa realidad constituye un acto de represión incompatible con toda democracia constitucional”, advirtió la senadora.

Intervención de la ASFI

La senadora enfatizó que la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) contra Villafuerte carece de sustento técnico. Además, representa un uso arbitrario de figuras penales ambiguas. Citó el artículo 363 quater del Código Penal y el 491 de la Ley de Servicios Financieros, que se han utilizado para imputarlo, como instrumentos de criminalización improcedente de la opinión.

Villafuerte fue aprehendido sin orden judicial ni citación previa, por personas no identificadas en vehículos sin placas. Rek calificó esta acción como “una forma de secuestro estatal”. La denuncia también destaca que el intento de trasladar al tiktoker a la ciudad de La Paz viola principios constitucionales, como el juez natural y el arraigo territorial.

Patrón de persecución judicial

Según la legisladora, este caso se enmarca en un patrón más amplio de persecución judicial selectiva. Mientras se procesan con rapidez denuncias promovidas por el oficialismo, otras de mayor gravedad, como las que involucran al expresidente Evo Morales, permanecen impunes. “La justicia boliviana ha dejado de ser independiente y actúa como brazo del poder político”, sostiene la misiva enviada a la CIDH.

Situación de Villafuerte

Aunque Villafuerte fue liberado, el proceso penal en su contra sigue abierto. Para Rek, este hecho evidencia una normalización alarmante de la represión contra el pensamiento crítico. La senadora solicitó a los organismos internacionales una intervención directa para verificar la situación del Estado de Derecho en Bolivia. También pidió la apertura de una investigación independiente sobre el uso del sistema judicial con fines persecutorios.

Condena a la criminalización

Finalmente, la senadora pidió una condena pública contra la criminalización de la opinión en temas económicos. Alertó que el silencio de la comunidad internacional frente a estos hechos contribuiría a la profundización de la regresión autoritaria en el país.

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Rek expresó su sorpresa ante la intención del gobierno de Luis Arce de forzar la aprobación de dichos contratos, a pesar del rechazo general y las observaciones que se han presentado en torno a ellos.

Riesgos para el Estado

La legisladora indicó que los contratos para la explotación de litio implican riesgos significativos para el Estado boliviano. Según su análisis, “no son rentables y generarían pocos ingresos para el país”. Además, advirtió que estos contratos significarían costos elevados para YLB Bolivia, mientras que solo beneficiarían a la empresa china.

Inaceptables para el pueblo

Asimismo, Centa Rek consideró inaceptables esos contratos, afirmando que “los mismos chocarán con un dique de contención masivo que son la Asamblea Legislativa y todo el pueblo boliviano”.

Intereses particulares

La senadora agregó que este intento de aprobación sigue una hoja de ruta que busca beneficiar intereses particulares en lugar de los de toda la población boliviana. Por ello, destacó que estos contratos deben ser rechazados y no aprobados en el Legislativo.

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Rechazo al crédito

Rek ha argumentado que estas instituciones no han logrado garantizar la seguridad jurídica de la propiedad rural ni han protegido el medioambiente. “Adelanto mi rechazo a este crédito mientras no se concrete una reestructuración profunda de la ABT y del INRA. Aprobar la adquisición de nuevos créditos no servirá para ese propósito que dicen rimbombante de mejorar el bienestar de la agricultura familiar y la conservación de bosques en Bolivia”, sentenció la legisladora.

La senadora agregó que las instituciones responsables de gestionar dicho crédito, el INRA y la ABT, han contribuido al daño ambiental que sufre el país. Según ella, las políticas que han implementado han destruido la flora, la fauna y la producción agropecuaria.

Impacto ambiental negativo

Rek también ha señalado que estas políticas han facilitado desmontes ilegales y han llevado a una serie de atropellos contra la propiedad de la tierra, especialmente en lo que respecta a los pueblos indígenas originarios. En este contexto, la senadora considera que es necesario realizar una reestructuración profunda en ambas instituciones antes de considerar nuevos créditos.

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Solicitud de auditoría independiente

En su carta, Rek exige a la OACI que lleve a cabo una auditoría independiente, sin la intervención del gobierno boliviano. Esta auditoría tiene como objetivo exponer las fallas estructurales en la administración de BoA y su impacto en la seguridad de los pasajeros. La senadora menciona que “no solo se ha vulnerado la Constitución Política del Estado al impedir la libre competencia en el sector, sino que también se han cometido violaciones a la seguridad aérea, poniendo en riesgo la vida de miles de pasajeros”.

La misiva está dirigida a Salvatore Sciacchitano, presidente del Consejo de la OACI. En ella, Rek demanda que “se realice una auditoría de seguridad operacional bajo el Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (Usoap)”. La senadora pide especial énfasis en la supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y su capacidad para fiscalizar las operaciones de BoA.

Normas internacionales de seguridad

Además, Rek solicita a la OACI que “inste a Bolivia a cumplir con las normas y prácticas internacionales en materia de seguridad operacional y supervisión de la aviación civil”. Esto es fundamental para resguardar la seguridad de los pasajeros nacionales e internacionales en Bolivia.

Rek recordó que el ejercicio aeronáutico es una de las áreas más reguladas en el mundo. Esto no solo involucra la seguridad operacional, sino también a los constructores de aeronaves y otros organismos que supervisan este sector. La senadora advirtió que Bolivia podría perder sus certificaciones aéreas debido al mal servicio e incompetencia, no solo de BoA, sino también de otras instituciones dependientes del Ministerio de Obras Públicas.

Asimismo, destacó que “el monopolio forzado de BoA, la pésima calidad de sus servicios y la corrupción en la regulación aérea” han afectado gravemente a la aviación comercial en Bolivia. Afirmó que podrían ocurrir accidentes fatales si no se atienden estas denuncias.

Situación de otras aerolíneas

Respecto a AeroSur y Amaszonas, Rek mencionó que ambas líneas aéreas tuvieron que abandonar el país debido a maniobras del gobierno. Estas empresas enfrentaron trámites burocráticos e impositivos que dificultaron su desarrollo competitivo. Actualmente, BoA controla más del 82% del mercado aéreo nacional, lo que refleja una falta significativa de competencia real en el país.

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Pronunciamiento en redes sociales

Ambas legisladoras hicieron público su pronunciamiento a través de redes sociales, advirtiendo sobre las implicaciones que esta medida política podría tener en la transparencia judicial y en el ejercicio de los derechos constitucionales. En su declaración, se destaca que hay un consenso generalizado de que esta decisión afecta al TSE y representa un riesgo significativo para la institucionalidad democrática.

Se señala que la medida es de carácter político y no jurídico, ya que permite la prolongación ilegal de la permanencia de autoridades que no han sido electas. Esto compromete la transparencia judicial, la seguridad jurídica, el principio de preclusión y el principio de concentración, todos establecidos en la Constitución Política del Estado.

Apoyo a elecciones judiciales

En este contexto, la senadora Rek coincidió con el presidente del TSE, Óscar Hasentteufel, expresando su apoyo para llevar a cabo las elecciones judiciales. “Todo mi respaldo y apoyo al presidente del TSE Bolivia, Hasentteufel, para la realización de las elecciones judiciales. Estoy presentando una minuta de comunicación para que reciba el respaldo del pleno del Senado Bolivia”, escribió Rek en su cuenta de X.

La legisladora adelantó que este lunes presentará una minuta de comunicación para su aprobación por el Pleno del Senado. “La medida sienta un peligroso precedente que amenaza la integridad de las futuras elecciones de 2025 y la estabilidad del Estado de Derecho”, advierte el pronunciamiento. Esta situación también se menciona como un debilitamiento de la democracia, ya que perpetúa a autoridades en funciones sin el respaldo del voto popular.

Críticas a la dictadura judicial

Por su parte, la diputada Álvarez criticó lo que ella llama la “dictadura judicial” de los autoprorrogados, señalando que están al servicio del Movimiento al Socialismo (MAS). Álvarez responsabiliza a estos actores por las consecuencias de sus actos ilegales. “El país sabía los riesgos de mantener a los autoprorrogados; por eso se pidió aplicar la ley y quitarles ese poder usurpado”, resaltó Álvarez.

Acciones legales solicitadas

Finalmente, ambas parlamentarias hicieron un llamado al Fiscal General del Estado para que inicie acciones penales contra los responsables de la emisión de la apócrifa Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4. Esta sentencia también afecta a los departamentos de Beni y Pando en relación con el Tribunal Supremo de Justicia, así como a Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija en lo que respecta al Tribunal Constitucional Plurinacional.

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Patriarcado en el MAS

Rek destacó que “una de las principales características de este brutal ejercicio patriarcal es que todos los que buscan el primer plano del poder son líderes o caudillos varones”. Según su análisis, el MAS es un claro reflejo de ese patriarcado primitivo y abusivo que no duda en dañar a muchos, especialmente a las mujeres, con tal de mantenerse en el poder.

Instrumentalización de mujeres

La senadora manifestó que los recientes acontecimientos, resultado de la confrontación entre el ala “evistas” y “arcistas”, han demostrado que solo instrumentalizan la participación de las mujeres. Esta disputa se centra en definir al próximo candidato a la presidencia del MAS. No han escatimado en hacer una guerra sucia utilizando a mujeres del MAS de manera pública para alimentar sus objetivos políticos, aseguró.

Exposición de menores

Rek repudió el uso de “la figura de menores de edad, adolescentes y jóvenes que son expuestas públicamente en el marco de sus más bajos instintos de poder”. En este sentido, enfatizó que esta situación inicia “la desindustrialización de las mujeres” en el afán de causar el mayor daño posible.

Un camino por recorrer

En este Día de la Mujer Boliviana, Rek recordó que aún queda un largo camino por recorrer para seguir avanzando en la reivindicación de los derechos políticos, económicos y sociales. “Debemos estar juntas las mujeres hasta el final”, concluyó.

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El juicio contra Lizárraga ha sido señalado como irregular y se ha mencionado un ensañamiento por parte del gobierno actual. La senadora Rek ha expresado su solidaridad con las mujeres que están siendo perseguidas políticamente, destacando que el gobierno actual está tratando de silenciar las voces femeninas que participaron activamente en los eventos del año 2019. Además, ha hecho un llamado a defender el liderazgo de las mujeres y detener la persecución política que están enfrentando estas valientes figuras.

Persecución política hacia otras mujeres líderes

La senadora Rek ha mencionado casos específicos de mujeres líderes que están siendo perseguidas, como la expresidente Jeanine Añez, la excanciller Karen Longaric, y las exministras María Elva Pinckert y Eidy Roca. Ha destacado el ensañamiento contra estas figuras femeninas, que han sido acusadas y perseguidas sin fundamentos sólidos, generando una situación de injusticia y vulneración de derechos.

Importancia de la defensa y la inclusión en la política boliviana

La senadora también ha resaltado la importancia de que más voces femeninas se sumen a la defensa de estas mujeres perseguidas políticamente y ha abogado por una verdadera inclusión en la política boliviana. Rek ha reiterado su apoyo incondicional a todas las afectadas por esta persecución y ha enfatizado la necesidad de perseverar y mantenerse firmes ante las adversidades.

Persecución política y cargos infundados

Según la senadora Rek, exministras como María Elba Pinckert también están siendo perseguidas y se les han hecho cargos por temas administrativos. Además, se destaca el caso de Eidy Roca, quien enfrenta acusaciones mientras atraviesa una grave enfermedad terminal. La legisladora señala que estos casos evidencian una situación preocupante de persecución política hacia mujeres líderes en Bolivia.

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En una sesión del Senado, Rek instó a todas las fuerzas políticas a dialogar de manera razonable para resolver esta diferencia. La senadora afirmó que el Presidente Luis Arce Catacora ha incumplido acuerdos previos al proponer un referéndum inconstitucional que afectaría la independencia de poderes en el país. Además, considera que esta propuesta confundiría a la población y perjudicaría la elección judicial.

Rek exige coherencia en las decisiones del Gobierno

Rek argumentó que si se eliminan las primarias, el Gobierno debería retirar su propuesta de referéndum sobre subvención de combustibles y otros temas. La senadora criticó el cambio de postura del Presidente y cuestionó el valor del acuerdo realizado con el TSE. Considera que el Gobierno está imponiendo medidas inconstitucionales y que se requiere diálogo y consenso entre las fuerzas políticas en Bolivia.

Tensión política en Bolivia por controversia sobre elecciones

La controversia política generada por la propuesta de suspensión de las primarias y la realización de un referéndum ha aumentado la tensión en Bolivia. Centa Rek exige coherencia en las decisiones del Gobierno y plantea que si se suspenden las primarias, también se debe desistir del referéndum sobre subvención del combustible y otros temas. Mientras tanto, se espera una resolución definitiva sobre estos temas cruciales para la democracia boliviana.

/ APC

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En sus declaraciones, la senadora Rek ha expresado su preocupación por la posible realización de un referéndum con tres temas que requieren un mecanismo constitucionalizado para ser consultados. Cuestiona la legitimidad y las intenciones detrás de esta propuesta.

Los Caminos Constitucionales para una Iniciativa Popular

Según la senadora, existen dos caminos constitucionales para una iniciativa popular. Uno de ellos es presentarla con la firma de al menos el 20% del electorado a nivel nacional. El otro es presentarla por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley de Reforma Constitucional.

Críticas al Referéndum Propuesto

Rek ha manifestado que la aplicación de este referéndum no tiene buenas intenciones y no tiene como propósito solucionar los problemas del país. Al contrario, considera que seguirá colisionando las leyes y la Constitución Política del Estado, entrando en un proceso de mayor destrucción institucional que el actual.

El Presidente Arce y su Decisión de Convocar el Referéndum

La senadora ha señalado que el presidente Arce ha allanado el camino para convocar este referéndum mediante un decreto, evitando la participación prevista en la Constitución Política del Estado. Rek enfatiza que los bolivianos no deberían aceptar esta propuesta que va en contra de los principios democráticos y la integridad del país. Insta a luchar por mantener la democracia y evitar caer en arbitrariedades.

El Riesgo de Aceptar un Poder sin Procesos Establecidos

Rek advierte sobre el riesgo de aceptar un poder que pretende imponer decisiones sin tener en cuenta los procesos establecidos. Califica al presidente Arce como un “dictador” que busca hacer valer su voluntad sobre la del pueblo boliviano. La senadora hace un llamado a las instituciones vivas de la sociedad y a la ciudadanía en general para resistir esta situación y defender los valores democráticos del país.

El Tribunal Constitucional Plurinacional y su Rol

Según Rek, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha convertido en un instrumento utilizado ilegalmente para favorecer los intereses del Gobierno.

Llamado a la Acción

La senadora recomienda al Órgano Legislativo, a las instituciones vivas de la sociedad y a la ciudadanía en su conjunto luchar por el país. Asegura que el presidente Arce no quiere gobernar ni solucionar la crisis en la que se encuentra sumido el país. Hace un llamado a resistir esta situación y a defender los valores democráticos de Bolivia.

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La senadora Centa Rek ha expresado su preocupación por las amenazas públicas realizadas en el Parlamento venezolano contra los líderes opositores. Rek insta a los organismos internacionales a intervenir de manera inmediata y firme para respetar la decisión soberana del pueblo venezolano.

Urgencia de una respuesta coordinada de los organismos internacionales

Los legisladores de Creemos consideran urgente una respuesta coordinada de los organismos internacionales para detener la escalada de violencia en Venezuela. Destacan que la falta de transparencia electoral representa una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos en toda la región.

Situación en Venezuela no puede ser ignorada

La carta enviada por Creemos subraya la situación en Venezuela, marcada por el régimen de Maduro, y advierte sobre el riesgo de una crisis humanitaria mayor y un colapso del estado de derecho si no se actúa con prontitud.

Solicitud de condena y presión internacional

Los diputados y senadores de Creemos también solicitan a los organismos internacionales como la ONU y la OEA condenar públicamente las violaciones de derechos humanos en Venezuela y presionar para permitir la entrada de observadores internacionales que evalúen la situación sobre el terreno.

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Preocupación por falta de transparencia y cumplimiento de la Constitución

La senadora Rek también expresó su preocupación por la falta de transparencia del Gobierno y su incumplimiento de la Constitución al no proporcionar información completa y pública a los ciudadanos. Según Rek, el intercambio militar con Venezuela, que parece tener muchas cosas ocultas, podría estar destinado a instruir a los militares bolivianos en operaciones represivas.

Denuncia del diputado Manuel Ormachea

La semana pasada, el diputado de CC, Manuel Ormachea, denunció que 80 militares venezolanos aterrizaron en el aeropuerto de El Alto, vestidos de civiles pero escoltados por militares bolivianos. Posteriormente, aseguró que todos se trasladaron en autobuses de las Fuerzas Armadas bolivianas.

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La legisladora también ha enfatizado que el Gobierno intenta sobrevivir a través de créditos externos y explotando a los empresarios privados, quienes se ven obligados a tributar y cumplir con otras imposiciones que dificultan su sostenimiento. Esta estrategia se debe a la mala gestión económica que ha llevado al Gobierno a depender de fuentes externas de financiamiento.

Fiscalización de empresas estatales para demostrar el fracaso del modelo económico

Con el objetivo de evidenciar el fracaso del modelo económico actual, la senadora Rek ha anunciado un proceso de fiscalización a las numerosas empresas estatales. Según ella, estas empresas representan un gasto corriente excesivo en salarios y otros gastos de mantenimiento, generando pérdidas en lugar de beneficios. Como ejemplo, menciona el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que está creando 20 nuevos proyectos con fondos estatales.

El crecimiento insostenible de las empresas estatales

Rek destaca que durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se crearon numerosas empresas estatales que forman parte de un modelo económico insostenible. Los recursos destinados a su mantenimiento se han agotado y despilfarrado, lo que evidencia la falta de viabilidad de estas empresas en el largo plazo.

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La senadora Rek argumentó que el derecho a la propiedad privada debe ser protegido y, por ende, se declaró la emergencia. Asimismo, afirmó que se tomarán todas las medidas necesarias en el país para lograr la abrogación del mencionado decreto, el cual considera “irregular, inconstitucional e ilegítimo”. Además, se plantea la necesidad de establecer una ley que salvaguarde la propiedad de todos los bolivianos.

Acusaciones contra el Gobierno de Luis Arce

La legisladora de Creemos acusó al Gobierno del Presidente Luis Arce de estar eliminando los Órganos del Estado. En particular, señaló que el Órgano Judicial se encuentra totalmente subordinado y sometido al Ejecutivo a través de los autoprorrogados, con el objetivo de instaurar una dictadura de corte comunista en el país.

Uso de decretos en lugar de leyes

Rek también criticó el hecho de que el Ejecutivo haya aprobado un Decreto Supremo en lugar de una ley, lo cual, según ella, implica la eliminación del Legislativo. Afirmó que esta acción fue intencional, ya que el gobierno busca gobernar y legislar sobre Derechos Reales mediante decretos para cometer arbitrariedades que no podrían llevar a cabo a través del debate de una ley.

Declaratoria de emergencia y medidas de protesta

En la reunión interinstitucional del lunes en la Brigada Parlamentaria cruceña, se determinó la declaratoria de emergencia y se acordó llevar a cabo medidas de protesta pacíficas a nivel nacional para rechazar las pretensiones del gobierno de administrar el país mediante decretos, como es el caso del DS N° 5143, el cual busca centralizar el control de bienes muebles, inmuebles, propiedades urbanas y rurales, vehículos, camiones, tractores y todo tipo de bienes sujetos a registro.

Advertencia sobre el derecho a la propiedad privada

Por último, la senadora Rek advirtió que el derecho a la propiedad privada es fundamental, ya que constituye la base de la libertad de un pueblo. Si no se defiende, existe el riesgo de que el país termine como Venezuela, Cuba o Nicaragua, naciones donde el comunismo ha destruido el derecho de las personas sobre su propiedad, limitando cualquier posibilidad de producción en la sociedad.

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Rek ha destacado que el Estado boliviano ha firmado convenios internacionales que protegen la vida y las condiciones laborales de sus ciudadanos bolivianos, por lo que no pueden deslindar responsabilidades cuando estas son claras. En este sentido, ha instado a las autoridades a tomar conciencia de las condiciones en las que se encuentran los conductores en Paraguay.

Parlamentarios de Creemos denuncian condiciones inhumanas y vulneración de derechos laborales

Los parlamentarios de Creemos han puesto en conocimiento de organismos internacionales las condiciones inhumanas y la vulneración de los derechos humanos y laborales que sufren los conductores bolivianos de transporte de carga de combustibles que trabajan para YPFB. Además, han decidido enviar una nota a los organismos internacionales para proteger a estas personas y a sus familias.

Según la senadora Rek, los camioneros han permanecido aproximadamente 30 días en Paraguay en condiciones infrahumanas debido a la falta de pago del combustible por parte de YPFB. En este sentido, ha insistido en que tanto el Gobierno como YPFB tienen responsabilidad en esta grave situación.

Vulnerabilidad y amedrentamiento de los camioneros afectados

Los testimonios de los camioneros afectados revelan una doble situación de violencia, ya que han sido amedrentados tras denunciar los hechos ocurridos. Esto pone de manifiesto la vulnerabilidad de estas personas, quienes enfrentan dificultades económicas y laborales significativas.

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Rek, quien representa al partido Creemos, ha solicitado al gobierno respuestas sobre contratos de tercerización en importación de hidrocarburos, condiciones laborales de los choferes y transparencia en licitaciones. La senadora ha expresado su preocupación por las condiciones infrahumanas y la corrupción en empresas vinculadas al gobierno.

Fiscalización a YPFB y ministros relacionados con el transporte de combustible

Además, la senadora Rek ha adelantado un proceso de fiscalización a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a los ministros relacionados con el transporte de combustible. Asimismo, ha informado sobre la existencia de 500 cisternas varadas en Paraguay. La legisladora ha señalado la crítica situación del país y la necesidad de transparencia en la subvención de combustibles.

Crisis estructural en la importación de combustibles

En relación a la importación de combustibles, Rek ha destacado la crisis estructural debido a la falta de divisas y el escepticismo sobre el futuro. Ha mencionado la negativa de crédito a Bolivia por parte de los países proveedores. La senadora ha abogado por exigir transparencia ante una supuesta subvención que hipoteca el futuro económico del país.

Carta al Presidente Luis Arce y llamado a buscar soluciones

Rek ha enviado una carta al Presidente Luis Arce solicitando explicaciones sobre el modelo económico aplicado. Ha alertado sobre los graves impactos sociales y económicos derivados de esta situación. La senadora ha llamado a despertar las instituciones y buscar soluciones medulares para reactivar el país.

Dificultades de los productores para obtener diésel

La senadora también ha mencionado las dificultades que enfrentan los productores para obtener diésel y mantener sus niveles mínimos de producción debido a las implicaciones económicas actuales.

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En sus intervenciones, Rek y Álvarez resaltaron la importancia de las denuncias documentadas presentadas por Creemos, haciendo énfasis en la sumisión del Órgano Judicial al Ejecutivo y el uso abusivo de detenciones preventivas. Asimismo, señalaron que estas prácticas afectan la separación de poderes y constituyen un grave daño a la democracia.

Recomendaciones de la CIDH al Gobierno boliviano

La senadora Rek subrayó que la CIDH recomienda al gobierno boliviano ajustarse a estándares internacionales en los juicios penales, lo cual implica cambios en los procesos judiciales locales. Además, hizo hincapié en que el informe refleja la persecución contra líderes cívicos y políticos en Bolivia, situándolo entre países con situaciones persecutorias reconocidas internacionalmente.

Derogación de la ley 1385 sobre lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo

En relación a la ley 1385 sobre lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, Rek mencionó que su derogación se basó en evidencias presentadas por Creemos a la CIDH. La senadora expresó que esta normativa era perjudicial para la sociedad civil al ser utilizada como instrumento persecutorio.

Recomendaciones para mejorar el sistema judicial boliviano

El informe también destaca recomendaciones para mejorar el sistema judicial boliviano y garantizar un proceso legal acorde a estándares internacionales. Asimismo, se hace referencia a la necesidad de implementar medidas para fortalecer la separación de poderes y evitar abusos de autoridad en el país.

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Cent Rek y otros parlamentarios han presentado una carta a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, exponiendo que han pasado más de 14 meses desde el “secuestro político” y detención ilegal del gobernador en La Paz. Destacan la ineficacia de las leyes bolivianas para proteger los derechos humanos y políticos en Bolivia.

Calificación de crímenes internacionales

En la carta, se enfatiza que los actos contra Camacho podrían considerarse crímenes internacionales de lesa humanidad. Se solicita un llamado urgente al gobierno para el cumplimiento de las determinaciones judiciales, recordando una resolución del Tribunal de Justicia de Santa Cruz que ordenó el traslado del gobernador a Santa Cruz para una audiencia programada.

Interferencia del Gobierno boliviano

Se menciona que a pesar de la orden judicial, el gobierno boliviano ha interferido para evitar el traslado de Camacho a Santa Cruz. Argumentan que su seguridad y la tranquilidad del departamento estarían en riesgo, pero se refuta este argumento señalando que la ausencia del juez o partes en la audiencia anula el procedimiento.

Vulneración de derechos fundamentales

La carta destaca que el gobierno ha obstaculizado el cumplimiento de las determinaciones judiciales y continúa vulnerando los derechos fundamentales del gobernador Camacho. Se espera que la CIDH pueda contribuir a evitar futuras violaciones de derechos en perjuicio de ciudadanos bolivianos.

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La denuncia contra los funcionarios Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz fue interpuesta por el operador minero Ramiro Cuevas y el proceso penal se desarrolla en la población de Apolo, sin que las instituciones del Estado se hayan manifestado al respecto. Ese fue el motivo principal para que la legisladora solicitara la información mediante PIE.

Solicitud de información sobre nueva audiencia en Apolo

Rek precisó que el objetivo específico es conocer por qué la juez Janet Gladys Espinoza Colque, como exfuncionaria del Ministerio de Minería y de la AJAM, determinó una nueva audiencia para el jueves 29 de febrero en Apolo, conociendo los riesgos que ello implica para los denunciados ya que toda la provincia Franz Tamayo de La Paz estaría controlada por mineros ilegales.

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Llamado a acciones a favor de guardaparques

“El objetivo también es conocer si los Ministerios de Minería y Medio Ambiente están tomando acciones a favor de ellos, si los están defendiendo por haber protegido esa área protegida de un daño mayúsculo. Lamentablemente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se ha mantenido al margen en la defensa; por lo tanto, queremos saber si existe algún grado de connivencia”, informó Rek.

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Injusticias contra guardaparques en Bolivia

Previamente se denunció ante organismos internacionales que los guardaparques en Bolivia están en total estado de indefensión y deben atravesar procesos irregulares por defender el patrimonio natural. Según la legisladora esto es para que abandonen sus cargos y las áreas protegidas queden desprotegidas.

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Amedrentamiento injusto hacia guardaparques

Uzquiano y Santa Cruz estarían siendo perseguidos injustamente solo por cumplir con su trabajo. Esto fue calificado como un trabajo coordinado entre avasalladores, mineros e instituciones estatales.

Dos peticiones solicitan conocer si la actual juez figura en registros desde 2017 hasta 2022 tanto en AJAM como Ministerio. Se requiere documentación sobre sus tareas en ambas instituciones estatales.

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Rek ha instado a Choquehuanca a acelerar el proceso que considera está siendo manipulado. Además, ha señalado que el momento político actual es crítico. En una nota periodística se le exige al señor Choquehuanca, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, que cumpla estrictamente con el procedimiento legislativo en lugar de intentar evadirlo.

Demandan adherirse a la Constitución

También se le insta a adherirse a la Constitución Política del Estado para tratar los proyectos de Ley 075 para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 iii, 194 iii y 200 de la Constitución Política del Estado” y 073/2023-2024 C.S. “Ley de suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Incumplimiento del procedimiento legislativo

En su misiva dirigida a Choquehuanca, Rek menciona que en cumplimiento del procedimiento legislativo, los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Senadores fueron remitidos a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional. Posteriormente, Presidencia de la Cámara de Diputados envió ambos Proyectos de Ley a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral para que emita el informe correspondiente.

Informes rechazan iniciativas legislativas

“Sin embargo, esta Comisión, presidida por el Diputado Juan José Jáuregui, ha emitido informes de rechazo a ambas iniciativas legislativas en un claro desconocimiento de la Constitución Política del Estado y con el único objetivo de favorecer a los magistrados auto prorrogados. Este criterio no tiene cabida en el procedimiento legislativo”, añade la misiva de Rek.

Atribuciones limitadas en cámara revisora

En este sentido, la legisladora recuerda a Choquehuanca que la Cámara de Diputados, como cámara revisora de estos dos proyectos de ley aprobados en la Cámara de Senadores, solo puede aprobarlos, enmendarlos o modificarlos. No tiene facultad para rechazarlos según lo establecido en el artículo 167 numerales 5 y 6 de la Constitución Política del Estado.

Exigen mantener atribuciones del Órgano Legislativo

Por lo tanto, Rek exige que Choquehuanca no modifique la Constitución Política del Estado para permitir manipulaciones y que el Órgano Legislativo mantenga sus atribuciones. El Órgano Legislativo tiene la capacidad de conducir nuestro país hacia una solución. Si estos proyectos de ley no son tratados, la Cámara de Senadores tiene todo el derecho de solicitar la convocatoria a un Congreso (Asamblea) para poder debatir sobre el tema.

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Según el ministro de Justicia, Iván Lima, el expresidente Evo Morales es responsable de la crisis de 2019 y además insistió en ir en contra del referéndum que le negó la posibilidad de reelegirse como candidato a la presidencia.

Confesión del ministro cambiará las cosas según Rek

Ante estas declaraciones, Rek asegura que la confesión del ministro Lima cambiará las cosas y él tendrá que ser un testigo clave sin poder evadir sus responsabilidades ni contradecir sus propias palabras.

Necesario citar al ministro Lima en juicio por supuesto golpe

Además, considera necesario citar al ministro Lima en el juicio por el supuesto golpe de Estado contra la expresidenta Jeanine Añez, ya que lo ve como un testigo clave para aclarar esta situación y darle un giro a estas acusaciones.

La senadora señaló que Lima está acusando al expresidente Evo Morales y a sus exministros de haber ocasionado estos hechos y haber generado estas muertes en Bolivia.

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“El Ejecutivo tergiversó el comunicado y sugirió que legalizaba la prórroga, además de otras aseveraciones que no tienen nada que ver con el espíritu del comunicado, que es expresar preocupación por lo que está sucediendo en Bolivia”, declaró la legisladora.

Postura del ministro Iván Lima

Según el ministro de Justicia, Iván Lima, la Relatora reconoció que existe una sentencia constitucional que excepcional y temporalmente extendió el plazo del mandato de las nuevas autoridades. Por lo tanto, exhortó a salir de esta situación anormal.

Negación por parte de Rek

Según Rek, en ningún momento Satterthwaite avaló la autoextensión de los magistrados; al contrario, expresó su preocupación por el hecho de que las máximas autoridades judiciales se hayan prorrogado indefinidamente. Demandando así elecciones judiciales lo más pronto posible.

Distorsión gubernamental y acciones futuras

Aseguró también que esta distorsión realizada por el Gobierno será puesta en conocimiento de Satterthwaite; además de la interferencia constante del Órgano Ejecutivo en el Legislativo para boicotear el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales.

En un video difundido por redes sociales, Rek detalló cómo la Relatora Especial puntualizó las razones por las que no se realizaron las elecciones judiciales en los plazos previstos, lo cual afectó la independencia del Órgano Judicial.

Saludable para la democracia

Lima aseguró también que Satterthwaite llegaría a Bolivia para verificar personalmente la situación de la prórroga de los magistrados. En cuanto a esto, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Magali Gómez, manifestó que es saludable para la democracia que autoridades internacionales lleguen en cualquier momento, siempre y cuando sea para realizar su trabajo y resguardar los derechos de las personas.

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En diciembre pasado, Rek hizo una representación ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados. Su objetivo era denunciar el abuso en el empleo de algunos recursos judiciales por parte del Gobierno. Entre ellos se encuentran procesos penales dilatados y detenciones preventivas demasiado extensas, lo cual obligaba a los afectados a declararse culpables para evitar más transgresiones en su contra.

CIDH no otorga medidas cautelares

Tras conocerse el caso de Apaza, Rek denunció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no quiso otorgar medidas cautelares a los perseguidos y presos políticos. La senadora calificó esto como complicidad del aparente régimen dictatorial que se vive en Bolivia. Según ella, esta omisión le da al Gobierno la posibilidad de consolidarse como una dictadura cavernícola y una de las peores dictaduras de Latinoamérica.

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La legisladora señaló que de los cinco funcionarios del Segip, tres están en Buenos Aires, uno en Mendoza y el último en una brigada móvil.

Números detallados sobre las cédulas entregadas

Según el documento, en 2021 se otorgaron 24.368 cédulas de identidad: 20.764 en Buenos Aires y 3.874 en Mendoza. En 2022 se entregaron 23.817 CI, de los cuales 22.102 corresponden a Buenos Aires y 1.715 a Mendoza; finalmente, el año pasado se emitieron 15.388 CI, 14.335 en Buenos Aires y 1.053 en Mendoza, haciendo un total general de 63.843 cédulas de identidad entregadas en los últimos tres años; lo que significa un promedio mensual de dos mil cédulas durante los últimos 36 meses.

Inquietudes sobre nivel salarial y cantidad entregada

Para la legisladora de Creemos, esta cifra ya es curiosa; sin embargo, otro dato que llama la atención es el nivel salarial que tienen estos cinco técnicos operadores en Argentina, donde trabajan con una escala salarial correspondiente al Técnico III con un salario de 4.170 bolivianos.

Legisladora cuestiona situación y pide auditoría

“Es necesario preguntarse por qué técnicos de esta institución están trabajando con ese nivel y escala salarial en un país azotado por una fuerte inflación, donde los precios en los últimos tres años han sufrido un incremento muy importante; esta respuesta abre una serie de interrogantes, como el hecho concreto de que cinco funcionarios con ese nivel salarial, en dos oficinas y en un país tan grande como Argentina, hayan entregado semejante cantidad de cédulas de identidad”, cuestionó la legisladora.

Pedido de cooperación para auditar emisión de documentos

Para finalizar, Rek indicó que es imprescindible hacer un seguimiento y auditar la emisión de documentos de identidad bolivianos tanto en la República Argentina como en otros países, donde actualmente vive una gran cantidad de bolivianos. Para eso, anunció que enviará una carta a la Vicepresidencia y Cancillería argentinas para pedir cooperación.

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A tiempo de reiterar que es imperativa la renovación total del Órgano Judicial según manda la Constitución, Rek añadió que la extensión de mandato debe ser sometida a juicios de responsabilidades. Por lo tanto, es preciso preparar los mecanismos necesarios para que estas autoridades asuman las consecuencias de sus actos fuera del marco de la ley.

Fallos constitucionales y paralización legislativa

Además, la senadora de Creemos realizó una correlación entre fallos constitucionales que, según su criterio, tienen el claro objetivo de paralizar el Órgano Legislativo y así consolidar una dictadura a favor del gobierno de Luis Arce.

“Es el mismo TCP que dio curso a la bochornosa determinación del 2023 que restringe las interpelaciones a ministros, tomó la decisión de paralizar las elecciones judiciales y establecer la autoprórroga de su mandato. También definió tardíamente su posición sobre la reelección indefinida y admitió rápidamente un recurso de nulidad sobre la convocatoria a sesiones en la Cámara de Senadores”, manifestó.

Contubernio político y poder interpretativo

En ese sentido, aseguró que es evidente que todos los fallos antes mencionados del TCP son fruto de un contubernio político con el Órgano Ejecutivo, lo que hace pensar que el destino del país depende de siete personas que creen tener el poder de interpretar la Constitución a su antojo.

Incertidumbres jurídicas en 2024

“Lo cierto es que estamos iniciando este nuevo año 2024 con más incertidumbres que certezas jurídicas, y todo este lamentable escenario propiciado desde el mismo TCP atendiendo a sus intereses personales y políticos por encima de velar por el respeto a la CPE”, finalizó Rek.

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Julio César Apaza Tintaya, líder cocalero en los Yungas de La Paz, se encuentra actualmente detenido en un centro penitenciario. Según Rek, Apaza tiene 15 denuncias que han sido ignoradas por organismos internacionales. A pesar de esto, la alianza política a la que pertenece Rek insiste en su demanda para que se activen mecanismos internacionales de protección y se conceda tutela para preservar su vida.

Falta respuesta favorable por parte del organismo internacional

El pasado 21 de febrero del año 2023, Centa Lothy Rek López solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del señor Apaza. Aunque cumplió con todos los requisitos necesarios para su otorgamiento y remitió más de 18 notas con información adicional, hasta el día hoy no ha obtenido respuesta favorable por parte del organismo internacional.

Daños irreparables a nivel físico y mental

Rek describió la situación actual del señor Apaza como alarmante. Cuando ingresó al centro penitenciario estaba fuerte y saludable, pero las reiteradas torturas a las que ha sido sometido le han causado daños irreparables tanto físicos como mentales. La senadora también acusó a la justicia boliviana de ser cómplice de los malos tratos hacia Apaza, ya que depende del poder político.

Llamado a la comunidad internacional

La denuncia fue dirigida a varios organismos internacionales, incluyendo la OEA, la CIDH, la UE y Human Rights Watch (HRW). Rek concluyó su declaración con un llamado a la comunidad internacional para que activen sus mecanismos de protección y exijan al Gobierno boliviano que cese las violaciones graves en perjuicio del líder cocalero.

Desafío constante para los defensores de derechos humanos

Esta situación pone en evidencia el desafío constante que enfrentan los defensores de derechos humanos en Bolivia y otros países donde el estado de derecho es frágil. Además, resalta la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de los organismos internacionales encargados de garantizar el respeto a los derechos humanos.

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Cooperativas mineras y su impacto ambiental

Según Rek, estas cooperativas generan un costo de 500 millones de dólares y continúan explotando y dañando el medio ambiente mediante el uso indiscriminado de mercurio y la amenaza constante de ingresar a áreas protegidas, perjudicando así a los pueblos indígenas.

Necesidad de revisar la subvención

En una carta dirigida al presidente Luis Arce, la legisladora opositora enfatiza la necesidad de analizar y revisar esta subvención debido a que las grandes cooperativas mineras están asociadas con empresas extranjeras, especialmente chinas, rusas, colombianas y chilenas. Estas empresas no muestran preocupación por el enorme daño ambiental que causan en el país.

Violaciones a la Ley de Cooperativas

Rek también denuncia la presencia de empresas privadas extranjeras en violación a la Ley de Cooperativas, que prohíbe asociarse con empresas privadas para aumentar su producción. Sin embargo, las grandes cooperativas están todas asociadas con empresas privadas extranjeras que explotan masivamente el oro sin considerar las consecuencias ambientales.

Efectos en la salud y el medio ambiente

La senadora por Santa Cruz también menciona los daños ocasionados en la salud de los pueblos indígenas y poblaciones costeras debido a la minería del oro en ríos donde se utiliza mercurio para extraer este mineral.

Estudio revela impacto de minería ilegal

Además, hace referencia a un estudio realizado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) en colaboración con Cedib. Este estudio reveló los efectos ambientales, sociales y económicos de la minería ilegal en los territorios indígenas de los pueblos Ese Ejja, Tacana y Kabineño. Según los resultados, a lo largo de 172 kilómetros de la cuenca del Madre de Dios operan 180 embarcaciones dedicadas a la extracción de oro, las cuales han liberado al menos 259 kilogramos de mercurio al aire y al agua.

Solicitud retirada para cambio económico

Finalmente, la senadora de Creemos retira su solicitud a Arce para que realice un cambio en el modelo económico. Esto podría ayudar a enfrentar la crisis económica que atraviesa el país y que tiende a empeorar.

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“Siempre tuvimos una posición de rechazo a las disposiciones adicionales, siete puntos que intentan introducir temas que no tienen nada que ver con el presupuesto. Son altamente perjudiciales para la ciudadanía y atentatorios contra los derechos de las personas. No vamos a aceptarlos bajo ninguna circunstancia”, reiteró la senadora.

Critica al presidente nato

Según su criterio, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, debió convocar a una reunión de jefes de bancada para generar un consenso previo a la sesión, donde se reconsideraría el proyecto y se espera realizar los cambios necesarios, especialmente en el marco de la séptima disposición adicional.

Intenciones perjudiciales

En ese sentido, Rek aseguró que Choquehuanca sigue teniendo intenciones de incorporar esas disposiciones sin importar que no tengan relación con el PGE y que representen un gran perjuicio para municipios, gobernaciones y universidades que están esperando estos recursos económicos.

Criticas a las movilizaciones

No obstante, también criticó la presión ejercida sobre los parlamentarios mediante movilizaciones y vigilias por parte de grupos de personas, quienes llegaron hasta el Parlamento exigiendo que se apruebe inmediatamente el PGE.

Llamado a la transparencia

Faltando muy poco para la sesión programada para hoy, la legisladora opositora llamó a los legisladores a ser transparentes y hacer público su voto de esta tarde, ya que es posible que se intente comprar votos para aprobar también las disposiciones adicionales.

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Explicó que, como el Senado ahora no tiene una directiva afín a los renovadores, los “evistas” fungen como oposición en algunos aspectos. Esa pelea interna entre ambas facciones del oficialismo es lo que produjo el retraso en la aprobación de las modificaciones al PGE.

Riesgo de aprobar normativas irregulares

Sin embargo, con las nuevas directivas a punto de ser elegidas, Reck aseguró que si todas las instancias son manejadas por los renovadores tendrán vía libre para aprobar las normativas, aunque tengan aspectos irregulares como se observó en varias ocasiones.

Gobierno reintroduce artículos rechazados en anteriores gestiones

Según su criterio, llama la atención que una vez más el gobierno pretenda introducir artículos de otros proyectos de ley que ya fueron rechazados en anteriores gestiones. A principios de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el PGE reformulado con siete disposiciones adicionales, las que luego fueron eliminadas en la Cámara de Senadores porque no tenían relación con una ley financiera.

“La posibilidad de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ahora pueda requerir absoluta información sobre todos los cuentacorrentistas ¿Qué significa? Que si se observa que alguien mueve su cuenta y tiene fluidez, es considerado sospechoso y puede ser denunciado bajo absoluta confidencialidad. Esto convertiría a las entidades bancarias en informantes para generar toda clase de persecuciones”, manifestó la legisladora.

Intento de reintegrar artículos rechazados en Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas

En esa línea, añadió que el gobierno también intenta reponer artículos que ya fueron rechazados en la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, la cual ocasionó un paro de nueve días por parte de diversos sectores sociales en noviembre de 2021 hasta que fue derogada por el Ejecutivo.

PGE reformulado será tratado en sesión próxima

Después de que el pasado lunes la Cámara de Diputados rechazara las modificaciones realizadas en el Senado al PGE reformulado, con la eliminación de las siete disposiciones transitorias, este pasará a ser tratado en sesión de Asamblea, la cual deberá ser convocada en los próximos días por el vicepresidente David Choquehuanca.

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Rivas, quien lleva cuatro días en huelga de hambre, exige su liberación al considerar que ya no existen motivos jurídicos ni procedimentales para su detención.

Petitorio a la CIDH y al Estado boliviano

En la solicitud, Rek pide a la CIDH que asegure los derechos a la vida, salud e integridad física y a la libertad personal de Rivas. Además, solicita al Estado boliviano que ordene la libertad irrestricta de Rivas, conforme al artículo 232 del Código Procesal Penal, y que se adopten las medidas necesarias para garantizar su condición de salud.

Riesgo inminente para Marcel Rivas

“Se solicita a la CIDH que se aseguren los derechos a la vida, salud e integridad física y a la libertad personal del propuesto beneficiario, conforme al artículo 25 del Reglamento de la CIDH”, señala el petitorio enviado a dicha comisión.

Denuncia contra el Gobierno y acusaciones

La senadora Rek denunció que la vida de Rivas está en riesgo inminente debido a su delicado estado de salud y acusó al Gobierno de Luis Arce de persecución política, detenciones indebidas y abusos.

Detención y absolución de Marcel Rivas

Marcel Rivas, exdirector de Migraciones del gobierno de Jeanine Añez, fue aprehendido el 19 de noviembre de 2020, 11 días después del inicio del mandato presidencial Luis Alberto Arce. Su detención se enmarcó en el proceso relacionado con la salida del país de los exministros Arturo Murillo y Fernando López, del cual fue posteriormente absuelto.

Condena por emisión irregular de alertas migratorias

Asimismo, el pasado martes 20 de junio de este año, el juzgado primero de sentencia anticorrupción de La Paz determinó una condena de tres años de privación de libertad contra el exdirector de Migración en el proceso por la emisión presuntamente irregular de alertas migratorias.

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Rivas, quien se encuentra actualmente detenido, pidió anteriormente el beneficio de la detención domiciliaria alegando ser enfermo renal, sin embargo, no concedieron su petición. La situación llevó a Rivas a declararse en huelga de hambre sin agua ni alimentos.

Preocupación por salud del detenido

En este contexto, la senadora expresó su profunda preocupación por la salud del detenido. Argumentando que su enfermedad renal hace que no pueda aguantar ni sostener una huelga prolongada. Además, Rek responsabilizó a Limpias por cualquier consecuencia que pueda afectar la salud de Marcel Rivas.

Lamentan sanciones contra Rivas

Asimismo, la parlamentaria lamentó el anuncio de aplicarle sanciones a Rivas por utilizar un dispositivo celular para denunciar abusos políticos y judiciales desde la cárcel. Considerando a Rivas como un “preso político”.

Solicitud de medida cautelar ante la CIDH

En respuesta a la detención del exdirector de Migraciones y la situación en general, la senadora anunció que en las próximas horas activará una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Agregó que espera que esta solicitud sea positivamente atendida ya que considera que la vida de Marcel Rivas está en peligro debido a su delicada condición de salud.

Rivas cumple condena excarcelable pero no es liberado

“Estoy exigiendo a la CIDH que realmente deje de ser cómplice, está peligrando la vida de Marcel Rivas, se va a morir. Él dice que se puede morir, lógicamente, porque él sabe qué enfermedad padece”, declaró. Rivas fue sentenciado a tres años de cárcel y, según el Código Penal, este es un delito excarcelable. Sin embargo, Rivas cumplió dos años y 11 meses de prisión y además fue absuelto en otro caso, lo que según Rek debería permitir su liberación.

Denuncian manipulaciones y excesos judiciales

Aun así, el Régimen Penitenciario no permitió su salida, lo que según la senadora se debe a una serie de manipulaciones y excesos judiciales.

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Esta semana, el Gobierno anunció que el Tribunal Agroambiental determinó anular las resoluciones supremas que otorgaban 33.000 hectáreas de tierras a la familia de Branko Marinkovic. Se trata de dos predios: uno denominado Laguna Corazón y otro llamado Tierras Bajas del Norte.

Marinkovic denuncia acoso político y persecución

En relación a esto, Marinkovic inició acciones legales denunciando acoso político y persecución. “El Viceministro de Tierras usa el mes de Santa Cruz para acosar el modelo productivo cruceño. Al populismo le molesta el éxito que Santa Cruz ha logrado. Odia los millones de empleos que Santa Cruz brinda a los bolivianos. Frente a esa miopía: firmeza y trabajo. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva la libertad!”, publicó en sus redes sociales.

Marinkovic: exdirigente cívico y acusado por caso terrorismo

Rek recordó que Marinkovic es un exdirigente cívico que cumplió un papel importante en las gestas por la autonomía, fue sindicado por el caso terrorismo y fue ministro de Economía en el gobierno transitorio de Jeanine Añez. En ese sentido, remarcó lo curioso que resulta cómo ahora lo vuelven a atacar después de manifestar sus intenciones de retomar su actividad política regional.

Ataque al modelo de desarrollo cruceño: construcción de carretera en reserva natural

La senadora añadió también que este ataque contra el modelo de desarrollo cruceño se concreta con otras acciones en la región, como la intención de construir una carretera que atraviesa los acuíferos de la reserva natural Güendá-Urubó.

Persecución política: citación a declarar por supuesto Golpe de Estado

Además, mencionó la persecución permanente contra sus ciudadanos, como el diputado de Creemos, Carlos Arrien, y la prima del gobernador Luis Fernando Camacho, quienes fueron citados a declarar en La Paz por el supuesto Golpe de Estado.

Santa Cruz enfrenta múltiples desafíos

“Santa Cruz celebra sus 213 años de grito libertario. Para que ustedes como bolivianos comprendan el momento que está pasando nuestro hermoso departamento de Santa Cruz; actualmente nos encontramos atacados con muchos flagelos”, lamentó la legisladora.

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La legisladora explicó que no es necesario realizar nuevas interpretaciones, ya que la reelección indefinida no es considerada un derecho humano, tal como lo estableció la Sentencia Constitucional (SC) 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Reelección indefinida como un derecho humano” no está protegida por Convención Americana de Derechos

Además, señaló que la figura de “reelección indefinida como un derecho humano” no está protegida por la Convención Americana de Derechos y, por lo tanto, no es aplicable para todos los países firmantes del Pacto de San José, al cual Bolivia pertenece.

Determinaciones de Corte-IDH son obligatorias y definitivas

“Las determinaciones de la Corte Interamericana son obligatorias y definitivas. Tienen autoridad de cosa juzgada formal y material, y tienen efectos inmediatos entre las partes y para todas las naciones signatarias del Pacto de San José en Costa Rica”, aseguró Rek.

Inquietud ante aberración constitucional y jurídica

Por otro lado, expresó su preocupación por lo que considera una aberración constitucional y jurídica cometida por el Tribunal Constitucional boliviano con respecto a la SC 084/2017. Comparó esta situación con casos similares ocurridos durante dictaduras en Nicaragua y Honduras.

Peligro de dar continuidad a sentencias contrarias a la Constitución

En este contexto, recordó que el entonces presidente colombiano Iván Duque elevó una consulta ante la Corte-IDH mientras en Bolivia se cuestionaba las terceras y cuartas repostulaciones de Evo Morales. Rek destacó su inquietud ante la posibilidad de que las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional busquen dar continuidad y validez a sentencias constitucionales que claramente van en contra de la Constitución, todo esto para “satisfacer los intereses personales de aquellos que ostentan el poder”.

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Rek calificó la suspensión de las interpelaciones como un acto grotesco y una muestra de los ataques contra el Legislativo y sus atribuciones fiscalizadoras. En este sentido, enfatizó en que el proyecto de ley busca salvaguardar la potestad de la Asamblea para indagar al Ejecutivo cuando sea necesario.

Gobierno cerrando el Parlamento

“El Gobierno está tratando de cerrar el Parlamento al recortarnos las interpelaciones, dejando al pueblo boliviano sin un elemento importante para poder incidir en las políticas públicas”, señaló Rek sobre los motivos que impulsaron este proyecto de ley

Destitución inmediata tras voto negativo

La iniciativa presentada por Creemos tiene como objetivo principal concretar la destitución inmediata de los ministros censurados, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas después del voto negativo recibido en la Asamblea.

Acciones para recuperar derecho a interpelación

Ante la controversia, el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, manifestó que aunque las interpelaciones están suspendidas por el momento, los legisladores aún pueden fiscalizar mediante peticiones de informes escritos y orales. Sin embargo, adelantó que seguramente analizarán acciones para recuperar su derecho a la interpelación, ya que es una de sus funciones más importantes establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).

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Sistema electoral manipulable desde equipos externos según legisladora.

Según Rek, el sistema del Padrón Electoral a cargo del Tribunal Supremo Electoral es manipulable desde equipos externos y esto demuestra que se ha vulnerado en las elecciones del 2019.

Subtítulo: Pruebas de fraude electoral en 2019 respaldan solicitud de auditoría.

“El software biométrico utilizado en el sistema electoral es el mismo que se utiliza en el Sereci. Estamos hablando del mismo tema, ya que una vulneración en un software produce una vulneración en el otro. Por lo tanto, es necesario realizar una auditoría inmediata al Padrón Electoral. Tenemos pruebas de que se cometió un fraude electoral en 2019”, aseguró la legisladora.

Despido y procesamiento penal tras alteraciones en datos electorales.

Rek añadió que las revelaciones realizadas por la Sala Plena del TSE, donde se afirma que los datos del Sereci fueron alterados desde computadoras externas al Órgano Electoral, han llevado al despido de 20 funcionarios y a su procesamiento penal.

Investigar a director nacional de Biometría por presunta implicación pasada.

En ese sentido, la senadora pidió investigar a David Esaú Dávila Chapana, Director Nacional de Biometría del Sereci. Anteriormente ocupó el cargo de director de Biometría del Segip y presuntamente estuvo involucrado en establecer cortinas de humo y mayor hermetismo burocrático en la base de datos del Sereci cuando surgió el escándalo del supuesto hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata.

Rek reitera manipulación del Padrón Electoral respaldada por auditoría.

Basándose en estos antecedentes, Rek reiteró que el Padrón Electoral a cargo del TSE es manipulable desde equipos externos, tal como lo señaló la auditoría electoral realizada por la OEA a las elecciones generales de 2019. Esta auditoría afirmaba que hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas.

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El 3 de agosto, Hernández presentó su renuncia al cargo ante el organismo internacional para asumir como nuevo subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería de México, según se dio a conocer en un boletín de prensa de la CIDH.

Gravedad del daño causado

“El daño que ha hecho Joel Hernández es muy grave. Él fue el autor de haber denegado medidas protectoras tanto para Jeanine como para Luis Fernando Camacho; lo hizo con toda intencionalidad y demuestra que en el seno de la CIDH están cometiendo una serie de atropellos”, denunció la legisladora opositora.

Cierre del trámite MC 1044-22

El 28 de julio, el organismo de derechos humanos informó a los legisladores de Creemos sobre el cierre del trámite MC 1044-22, relacionado con la solicitud de medida cautelar en favor del gobernador de Santa Cruz, quien actualmente cumple detención preventiva en el penal Chonchocoro en La Paz.

Vinculación política y pedido de juzgamiento

Con respecto al anuncio sobre la nueva designación de Hernández, Rek aseguró que se demostró su vinculación política con el Gobierno mexicano, al cual se refirió como los padrinos del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce. Asimismo, recordó que Creemos pidió que este funcionario fuera juzgado por la Comisión de Ética de la OEA por supuestos daños a la democracia boliviana.

Exigencia de reapertura de casos

Por tanto, la legisladora adelantó que la alianza política exigirá que la CIDH reabra los casos para otorgar medidas sustitutivas a Añez y Camacho, debido a la omisión culposa de Hernández al negar deliberadamente esos beneficios.

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La legisladora recordó que la aerolínea estatal es constantemente señalada por graves deficiencias, mal servicio y serias fallas técnicas en sus aviones, poniendo en peligro la vida de los pasajeros. Además, criticó el trabajo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que ha reiterado la prohibición de volar las aeronaves involucradas en un conflicto de arrendamiento, a pesar del amparo constitucional otorgado a favor de Amaszonas sobre el uso de dichos aviones.

Críticas a la aerolínea estatal y a la DGAC

Por lo tanto, instó a los bolivianos a no permitir que el Gobierno imponga un monopolio en el sector aeronáutico, especialmente porque se niegan a cumplir una medida cautelar favorable para Amaszonas con el supuesto objetivo de perjudicar sus operaciones hasta llevarla a la quiebra.

“Me he quejado muchas veces y he presentado pedidos escritos sin recibir respuestas adecuadas. Si BoA no tiene competencia, este monopolio obligará a los bolivianos a aceptar cualquier cosa; es una situación perversa”, declaró Rek.

Respuesta del viceministro y desmentido sobre intento de perjudicar

Sin embargo, ante la controversia generada por esta situación, el viceministro Wilfredo Gutiérrez explicó que los propietarios de las aeronaves solicitaron la cancelación de la matrícula debido a una ruptura en el contrato de arrendamiento.

También aclara que Amaszonas todavía tiene permiso para volar, pero con otras aeronaves. Finalmente, pidió que se deje de especular sobre un supuesto intento de perjudicar a la aerolínea, ya que su verdadero deseo es que vuelva a operar lo antes posible para cumplir con sus clientes.

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Según Daniela Cáceres, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia en Bolivia por Razón de Género, desde el 1 de enero hasta el 10 de abril del presente año, se registraron 14.267 casos de violencia por razón género, siendo 3.342 delitos cometidos contra niños y adolescentes; mientras que 1605 son delitos sexuales.

El fin de semana pasado, el mandatario convocó a una reunión nacional para definir acciones a tomar en los colegios, tras una supuesta violación a una menor ocurrida en un colegio particular ubicado en Santa Cruz.

“Presidente Arce, usted ha convocado una reunión de gabinete en el área de Educación para abordar el tema de la violencia; para ayudarlo voy a hacerle una memoria auxiliar para que no olvide ninguno de los temas pendientes: formación y prevención tanto sobre violencia hacia mujeres como hacia niños y adolescentes”

La senadora de Creemos, Centa Rek

En ese sentido, Rek indicó que es urgente abordar la malla curricular educativa incluyendo temas preventivos sobre violencia escolar. También señaló que las cifras sobre delitos cometidos contra menores son alarmantes y que hasta ahora no se han tomado medidas efectivas por parte del Gobierno para contrarrestar el problema incluso habiendo ocurrido muertes a causa de estas agresiones.

Uno de los casos más recientes fue el secuestro y violación de un menor de nueve años en el municipio de Santa Fe, Santa Cruz. Antes de que Rudy Yáñez, autor del delito, fuera sentenciado a 30 años de cárcel, se supo que tenía dos denuncias por agresiones sexuales a menores y que ya había estado detenido preventivamente; sin embargo, la justicia lo dejó en libertad.

“La violencia se genera porque sus jueces y fiscales son puestos por su partido a dedo, y están sometidos por su poder. Tienen consorcios con abogados que los liberan; liberan a feminicidas, infanticidas y violadores por dinero. Esa es la realidad de nuestro país”, criticó Rek.

Además del abordaje integral y cambio en el sistema educativo, la legisladora manifestó la urgencia de cambiar el Órgano Judicial para evitar la proliferación de la violencia de todo tipo.

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La denuncia fue presentada por Creemos y se basa en que el artículo 158 parágrafo primero, numeral 22 de la Constitución Política del Estado boliviano (CPE) establece que: “Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: Autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranjeras, determinando el motivo y el tiempo de permanencia”.

Rek señaló en conferencia de prensa que, es preocupante permitir el ingreso al país de tropas militares conocidas internacionalmente por sus feroces formas represivas y persecutorias.

Además, denunció que el Gobierno permite constantemente la denigración y recorte de funciones de la ALP.

Creemos cuestionó mediante una denuncia dirigida al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Leonardo Almagro Lemes, que no es la primera vez que tropas militares ingresan a territorio boliviano; ya que en enero pasado también ingresaron tropas cubanas y venezolanas.

Además, denunciaron persecución política y violación sistemática a los derechos humanos.

En su carta dirigida a Almagro Lemes, rechazaron las justificaciones dadas por el ministro de Defensa Edmundo Novillo, quien el 5 de junio dijo que los militares venezolanos estaban en Bolivia por motivos académicos.

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La legisladora lamentó que la población viera de nuevo un episodio de violencia en la Asamblea y aseguró que fue premeditado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), con sincronización de acciones y la presencia de funcionarios del Ministerio de Gobierno que tenían como objetivo agredir a parlamentarios opositores.

Rek explicó que sus colegas no iniciaron la trifulca y tuvieron mucha paciencia para soportar las declaraciones del Ministro por más de dos horas. Fue cuando decidieron acercarse con pancartas cuando comenzaron las agresiones. Además, aclaró que son las afectadas quienes decidirán cómo proceder tras este episodio.

Por su parte, el diputado Walthy Egüez también criticó al ministro Del Castillo y afirmó que son las parlamentarias afectadas quienes tendrán que iniciar las acciones necesarias contra estas parlamentarias; aunque algunas se defendieron, fueron las palabras del Ministro y las parlamentarias del MAS quienes generaron violencia en el hemiciclo.

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Para la senadora este proyecto de Ley tiene el objetivo de dejar de lado a los tribunales de imprenta, para ser suplantados por tribunales ordinarios de carácter penal, en supuestos casos de difusión e incitación al racismo o la discriminación.

“El parágrafo III. va directamente para la prensa como una ley mordaza, y dice: Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Definitivamente con esto, podemos llamar a esta ley, entre otras cosas, una ley mordaza”, advirtió la legisladora.

Asimismo, añadió que este proyecto de ley atenta contra la liberta de prensa y pretende amordazarla como también a la sociedad en su conjunto, eliminando la vigencia de la ley de imprenta.

“Aquí tenemos una ley totalmente persecutoria, candado, la podemos llamar mordaza; por lo tanto, alertamos a los medios de comunicación a la ciudadanía en su conjunto de la gravedad que reviste este proyecto de ley que pretende silenciar a la sociedad boliviana”, concluyó.

Rek se refirió al parágrafo II. del citado artículo 281, como un concepto para acallar a parlamentarios, asambleístas y otros servidores públicos cualquiera sea su rango o jerarquía.

Para finalizar, Rek reiteró que continuará revisando y denunciando cada uno de los artículos de este proyecto, que según ella busca todo lo contrario a lo que señala.

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Señaló que se tenía el código PL 218, y hoy figura con el número PL 280 en la Cámara de Diputados bajo el nombre de Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Reveló que se mantiene el carácter persecutorio y de corte dictatorial para la sociedad boliviana y no toma en cuenta el reclamo de sectores empresariales, populares y sociales de la economía boliviana.

La legisladora manifestó que dicho proyecto conserva el peligro para el ejercicio democrático, las libertades ciudadanas y la convivencia dentro del país ante los cuales la ciudadanía protestó para no permitir que en Bolivia se instale una dictadura.

Rek sostuvo que, bajo el título de perseguir ganancias ilícitas o supuesto financiamiento ilícito al terrorismo o proliferación de armas de destrucción, el Gobierno vuelve a reponer el tipo penal de terrorismo, sin tipificarlo claramente.

Incluso el contrabando u otros delitos similares son incorporados en la definición de ganancias ilícitas del terrorismo y cualquier ciudadano boliviano puede ser tipificado y denunciado dentro de esta característica, reportó la red Erbol.

“Todas las protestas ciudadanas, todas las protestas gremiales, todas las protestas de sectores entran a ser tipificadas dentro del marco de este proyecto de ley, ya sea como ganancias ilícitas y como financiamiento del terrorismo”, afirmó.

/NVY

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“Desde el momento en que Facebook, detectó estas cuentas y las ha cerrado, necesitamos que se sepa de qué manera se actuaba y la forma ilegal en que estos fondos se han manejado y lógicamente tiene que haber personas responsables, porque son desvíos de fondos del erario público”, señaló la senadora de Creemos, Centa Rek a LA PATRIA.

Asimismo, mediante una Petición de Informe Escrito (PIE) solicitaron al Ministerio de Obras Públicas que el Viceministerio de Comunicación, brinde información exhaustiva sobre contrataciones expedidas desde esta entidad para la difusión de propaganda estatal por medios de comunicación y redes sociales.

“No se veía el efecto en las redes sociales, no era visible, no teníamos propaganda, por ejemplo, para evitar la violencia contra las mujeres (…) No existía propaganda estatal que nosotros podamos constatar. Por lo tanto, sí estuvo destinado a los guerreros digitales”, observó.

Respecto al informe de Meta, sobre el presupuesto de más de un millón de bolivianos, que presuntamente destinó el Viceministerio de Comunicación hacia las cuentas de los “guerreros digitales”, Rek aseguró que el monto de dinero es excedido, en comparación con el presupuesto de la justicia en el país.

En tanto, afirmó que esperan la auditoría anunciada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, con respaldos de las expediciones de efectivo y de las contrataciones con medios de comunicación.

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“He procedido a hacer pedidos de informe escrito a toda las empresas estatales, que necesariamente vamos a tener que fiscalizar, y en lo sucesivo ver la forma en que podemos generar normas mucho más sanas para poder sanear nuestras prácticas en la economía y de alguna manera poder proteger la economía de los bolivianos para que esté dinero, (…) estén al servicio del ciudadano”, informó la legisladora de Creemos según una nota de prensa de la alianza.

La bancada de Creemos en la cámara de Diputados también envió PIE a las mismas empresas e instituciones estatales en el afán de cruzar datos con la información solicitada por su homóloga del Senado, según informó Los Tiempos.

“El abuso del sindicalismo en las instituciones estatales como YPFB, COMIBOL y las vinculadas al sector productivo se han convertido en instrumentos de corrosión de aparato estatal, urge revisar la función que cumple el sindicalismo en esta coyuntura política que apunta a un nocivo totalitarismo”, dijo sobre el tema la diputada María Renee Álvarez.

Se conoció una lista de los dirigentes sindicales ligados al área hidrocarburos, quienes por años perciben elevados salarios por su declaratoria en comisión para cumplir labores sindicales, situación que le significa una erogación cercana a Bs 1 millón al mes.

“Hay que restituir el verdadero valor del sindicalismo y generar otro tipo de prácticas que no generen estos grupos de choque, son grupos parasindicales, son grupos paraestatales que simplemente están sangrando las arcas del Estado y nuestro erario nacional”, añadió Rek.

El Gobierno denominó como empresas estratégicas del Estado a una cantidad de empresas, donde resaltan YPFB, YLB, Entel, ENDE, BOA, ENFE, Comibol, que son las principales por su aporte al erario nacional, constituyendo el principal sostén de las finanzas públicas y de la renta dignidad.

Los dirigentes de estas empresas están declarados en comisión, en algunos casos desde hace décadas, percibiendo elevados salarios con fuero sindical.

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), tiene bajo su tutela a las empresas Mineras Huanuni y Colquiri; empresas metalúrgicas Corocoro, Vinto y Karachipampa y la fundición de Bismuto de Quechisla que no sólo tienen a decenas de dirigentes sindicales en comisión sino son quienes conducen los destinos de la Central Obrera Boliviana (COB).

Rek señaló que es importante generar un cambio en este tipo de prácticas porque las empresas llamadas estratégicas del Estado boliviano no pueden dar cobijo a este tipo de situaciones que simplemente está “enmascarada” con ciertos visos de legalidad.

“En este caso lo que se hace es cooptar a todas las personas que están en los mandos de estos sindicatos para que sean grupos afines al Gobierno”, dijo la legisladora.

/NVY

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Al respecto, la legisladora prepara un recurso de inconstitucionalidad abstracta para presentar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el fin de frenar el efecto de estas.

Además, advirtió que el Gobierno utiliza algunos artículos atentatorios de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, promulgada en 2021 y abrogada por la presión social, estas nuevas normas “para instrumentalizar las figuras persecutorias”.

Según la legisladora, cuando se promulgó la norma que postergó el Censo para 2024, también hubo un “paquetazo” de dos decretos más, uno de ellos, aprueba la estrategia de la supuesta lucha contra la corrupción, pero centraliza la figura del colaborador eficaz en el Ministerio de Justicia.

“(Con este decreto) el Ministro de Justicia tiene tuición para pasar por encima del fiscal, del Ministerio Público, de los jueces y es el único encargado de hacer conciliaciones con esta figura del colaborador eficaz”, expresó Rek.

Asimismo, añadió que: “Eso está fuera de la Constitución no habrá derecho a la debida defensa y la gente será sindicada por delitos que ni siquiera ha cometido. En resumen, es persecución política en manos del Ministerio de Justicia. Es muy grave, atentatorio contra cualquier ciudadano”.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Williams Bascopé en una publicación de Los Tiempos, advirtió sobre el Decreto Supremo 4757 porque viola a la Constitución y a la libertad. Manifestó que a título de luchar contra la corrupción, el feminicidio y los infanticidios, se pretende violar derechos y garantías de todo ciudadano.

“Este nefasto decreto tiene 23 artículos, la mayoría son inconstitucionales y para maquillarlo se apoyan en la Ley 1443 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infantes. (El decreto) implementaría la figura de colaborador eficaz, que en realidad será un delator o un obligado a implicar a otras personas, y mejor si son opositores políticos, que solo lo conocerá el fiscal, el Ministro de Justicia, el Defensor, la víctima y el juez”, señaló Bascopé.

“COLABORADOR EFICAZ”

Anteriormente, el Gobierno ya intentó incluir la figura del “colaborador eficaz” en dos normativas: en la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, pero la misma fue abrogada por el Presidente Luis Arce el 14 de noviembre de 2021, tras nueve días de paro cívico.

Sin embargo, la misma figura permanece en la Ley 1390 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción, que en su artículo 5 incluye la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004 del 31 de marzo de 2010), es decir, el artículo 35 de “Colaboración eficaz”.

“El fiscal podrá solicitar al juez que se prescinda de la acción penal a alguna de las personas imputadas cuando ésta colabore eficazmente con la investigación y brinde información esencial para evitar la consumación del hecho o la perpetración de otros, desactivar organizaciones criminales, ayude a esclarecer el hecho investigado o brinde información útil para probar la participación de otras personas, cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del colaborador”, señala una parte de la Ley 1390.

En el parágrafo III establece: “La información que proporcione el colaborador debe evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución.

Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse…

/ABH

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“Estamos haciendo una representación como diputados planteando que en Bolivia no ha habido un golpe de Estado, sino hay persecución política y se están implicando de manera falsa a líderes que participaron de la pacificación”, explicó a EFE la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek.

La senadora y otros parlamentarios de Creemos enviaron cartas al embajador de la UE en Bolivia, Michael Dóczy, y a las Naciones Unidas en las que aseguran que los procesos judiciales conocidos como “Golpe de Estado I y II” fueron creados “para acallar a la oposición y encarcelar a exautoridades, cívicos, militares de forma injusta y arbitraria”.

“Se ha empezado a perseguir a líderes políticos de oposición citándolos a la toma de declaraciones. El Movimiento Al Socialismo (MAS) persevera en este sometimiento que está haciendo la Justicia generando acciones que no tienen una base legal”, afirmó Rek.

Además, recordó que entre los citados a declarar por el caso “golpe de Estado I” están el expresidente, Jorge Quiroga, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exmandatario y líder de la también fuerza política opositora, Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Para Camacho, la suspensión de su audiencia por el caso “golpe de Estado I” es una “chicanería”. Los fiscales suspendieron la audiencia prevista para el martes reciente denunciando que recibieron amenazas de muerte.

Mediante su cuenta en Twitter, Camacho afirmó que “es el típico recurso de la justicia masista: La dilación, la chicanería y el jugar al desgaste”.

/HNF/

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Añez dejará la habitación en la se encuentra y cumplirá labores como las demás reclusas, reportó el diario El Deber.

La senadora de Creemos, Centa Rek, remitió dos Peticiones de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Gobierno para que presente información documentada sobre las presuntas agresiones físicas y psicológicas contra Añez.

Por su parte, ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció sobre su traslado a otro sector de la cárcel de Miraflores en las próximas horas y tendrá que “comenzar a cumplir con las obligaciones como cualquier persona privada de libertad” en ese recinto.

“Buscaremos un nuevo espacio para que la señora (Añez) pueda pernoctar y tener todas las condiciones materiales y se cumplan sus derechos constitucionales y humanos, porque necesitamos recuperar ese espacio de sanidad, que servía para atención psicológica y física de las privadas de libertad”, indicó la autoridad estatal.

Agresiones hacia Añez

El 15 de diciembre, Añez denunció que una teniente la insultó y pateó una estufa en su habitación. La agresión fue descartada por el Gobierno en distintas voces.

Asimismo, la pasada jornada, mediante una nueva carta, la expresidente relató que fue “visitada” por la directora del penal de Miraflores, teniente coronel Maribel Barrenechea, quien le manifestó su molestia por lo ocurrido con su ayudante.

“Implícitamente me llamó mentirosa de lo sucedido, haciéndome sentir amenazada y amedrentada, faltando el respeto, callando a mi hijo que se encontraba acompañándome e indicándome que eran las consecuencias de lo que había dicho mi hija Carolina Ribera”, señaló.

Hija de la exmandataria expresa su preocupación

La hija de la exmandataria, Carolina Ribera, denunció las supuestas agresiones contra su madre y la pasada jornada calificó de “maleante” y “mentiroso” a Del Castillo, quien negó las agresiones.

Ribera expresó preocupación por la situación de su madre, pues también afirmó que con el conflicto su presión subió a 160/100, por lo que tuvo que ser estabilizada con medicamentos endovenosos.

Asimismo, afirmó que el “amedrentamiento” contra su madre, su hermano y ella, se agravó desde que Barrenechea es la directora del penal.

“Esta oficial hace la vida imposible a mi madre y definitivamente está atentando, no solamente contra su tranquilidad, sino contra su vida”, acusó en contacto con el diario El Deber.

/JDLF/

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La senadora de Creemos, Centa Rek, señaló que desde el MAS, se ha hecho coerción sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que se dicte una resolución sin asidero y además contraria a la que emitió en el año 2019 que avaló la Presidencia de la entonces mandataria.

“Es un elemento más tratando de crear un caso de supuesto terrorismo, golpe de Estado, buscando aspectos y factores para inculpar a todas las personas que son líderes actuales, para buscar la forma de sentar un caso terrorismo y proseguir con las persecuciones”, denunció la legisladora en una rueda de prensa.

Asimismo, calificó como acciones “mañosas” que vienen del socialismo del siglo XXI con operadores internacionales intentando reproducir lo sucedido en Venezuela, es decir, tomar el poder total.

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar indicó que un claro ejemplo de persecución en el país es el “caso del Hotel Las Américas”, que se cerró después de diez años.

“Mostrándose que esto simplemente venía a tratarse de una tramoya y de una gigantesca mentira para amedrentar y hostigar a la oposición. Como este ejemplo (Hotel Las Américas) podemos dar cientos de casos más”, declaró en un contacto con ANF.

Para el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, mientras en el país no exista una verdadera reforma judicial, sencillamente el país va directo al comunismo, a la dictadura y a la arbitrariedad permanente.

“Solamente un referéndum podría arreglar esta situación, pero nunca más vamos a permitir que se vuelva a violar la decisión de los bolivianos”, apuntó Gutiérrez.

/GFS/

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Parada debe prestar su declaración informativa por el caso del presunto préstamo de 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Además, este señor (José Luis Parada) es una persona enferma. Ha mostrado que tiene su salud deteriorada y quieren llevarlo a La Paz a declarar y las condiciones de la altura, eso es un atentado contra su vida, como lo están haciendo con todos los orientales: Nos quieren matar”, aseveró Rek en conferencia de prensa.

Orden de aprehensión contra Parada

La orden de aprehensión contra Parada se dio luego de que no se presentó a declarar el 28 de agosto por el caso del préstamo del FMI.

La legisladora agregó que esta orden es muestra de que en el país existe “persecución política” y que el proceso “no tiene sentido”, porque el crédito que fue devuelto por el Gobierno al FMI, fue solicitado nuevamente.

“Esto es otra estrategia de persecución, que no tiene ningún sentido, porque ese mismo crédito, en dos meses, lo ha vuelto a adquirir el Gobierno bajo las mismas condiciones, las mismas circunstancias, pero esta vez les parece legal, y ¿cómo es esto?, cuando el Gobierno lo adquiere es legal, pero cuando lo adquirió otro gobierno, éste está siendo penalizado”, sostuvo Rek.

Estado de Salud de Parada

La legisladora señaló que el exministro Parada se encuentra delicado de salud y pese a ello pretenden llevarlo a La Paz para que declare ante el Ministerio Público.

Recordó que “fue similar” lo que le hicieron al expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), ahora ABC, José María Bakovic.

“Eso hicieron con el ingeniero Bakovic, lo mataron. Ese es un muerto del régimen, porque presentó su certificado médico y aun así lo llevaron y le dio un derrame cerebral”, concluyó la legisladora.

/JDLF/

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En la nota, Añez pidió que la visita se realice el miércoles 18 de agosto a las 15:30 horas para que verifiquen su estado de salud.

“El motivo de la presente es para solicitar el ingreso al penal en calidad de visita el día miércoles 18 a las 15:30 horas de la senadora Centa Rek López y de la señora representante de los DDHH en Bolivia Amparo Carvajal B. para de esta forma poder conversar con ellas respecto a mi situación de salud”, indica la carta de la exmandataria.

La misiva tiene sello de recibido de la cárcel de Miraflores en fecha 16 de agosto, según reportó Erbol.

De parte de la Apdhb, se pidió que la expresidente transitoria del país Jeanine Añez se defienda en libertad en los numerosos procesos iniciados en su contra por el oficialismo, al igual que otros detenidos que “sufren persecución política” actualmente.

Este pedido se encuentra en una carta enviada por la presidente de la APDHB, Amparo Carvajal, al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y que fue difundida en las redes sociales de la exmandataria interina.

/GFS/

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La senadora de Creemos, Centa Rek leyó el comunicado acerca del viaje a Estados Unidos, en el que se expone los cinco puntos que lleva la comitiva como tarea principal.

Se tiene previsto reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instituciones de resguardo democrático.

En primea instancia, denunciarán la ejecución de acciones ilegales y arbitrarias de persecución política a líderes opositores, policías, militares y otras personas de sociedad civil, por el Gobierno de Luis Arce, que vulnera los derechos humanos fundamentales y que derivaron en detenciones preventivas.

Actos que vulneran normas de derecho internacional y garantías internacionales, con el debido proceso, presunción de inocencia y otros.

El segundo punto indica que denunciarán la influencia del partido político gobernante en el Órgano Judicial, su falta de independencia, transparencia institucional y corrupción del mismo.

La tercera determinación está vinculada a la vulneración del orden democrático en Bolivia.

En el cuarto punto, denunciarán la creación de una falsa narrativa de un supuesto golpe de Estado.

Finalmente, denunciarán el cambio arbitrario del reglamento en ambas Cámaras, de dos tercios a mayoría simple, vulnerando el precepto de participación democrática por las diversas formas de pensamiento representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El diputado Erwin Bazan, anunció que presentarán abundante documentación para respaldar las denuncias de vulnerabilidad a los derechos humanos que están sucediendo en Bolivia.

“Ésta bancada lleva la fuerza de la palabra y con abundante material de las violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y la ruptura del orden democrático. Lo vamos a entregar en las principales reuniones que sostendremos con autoridades internacionales, para mostrar al mundo lo que está sucediendo en Bolivia“, remarcó.

En ese contexto, el diputado de CC Marcelo Pedrazas quien forma parte de la delegación, adelantó que la misión de oposición sostendrá una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.

Añadió también que no sólo se hará referencia a los últimos hechos de persecución políticas a los líderes de la oposición, sino que también se insistirá con anteriores casos emblemáticos durante el mandato de Evo Morales, entre ellos “La Calancha” y el “Hotel las Américas”.

La delegación de la bancada de Creemos está compuesta por cinco diputados y los dos senadores de Santa Cruz, aún no se conoce si viajarán junto a sus colegas de oposición o lo harán por separado.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) consideraron que el objetivo del viaje es ”coordinar“ con los organismos internacionales, la desestabilización de la administración del Presidente del Estado Luis Arce.

Lista de parlamentarios que viajaron a EE.UU.
Entre los parlamentarios que son parte de la comisión, están Centa Rek, Richard Ribera, Henry Montero, Erwin Bazán, Luisa Nayar, Marcelo Pedrazas, Enrique Urquidi, Walthy Egüez, Ericka Chavez, Maria Rene Álvarez y Mariel Marin.

/MDCB

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“Son aparentemente varios sectores encontrados, está el de Evo Morales con algunos más progresistas dentro del MAS y Arce Catacora está en medio de esto y no sabe para dónde va agarrar”, señaló Rek a radio Fides.

La senadora espera que al igual que lo sucedido con el caso de Characayo, el Gobierno aclare otros, como las denuncias establecidas contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

“Hay un descontento antievismo pero al mismo tiempo está actuando de manera fuerte en Bolivia”, dijo Rek.

/RXVCH/

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Asimismo, Rek afirmó que se están generando juicios “sin ningún motivo”, además indicó que los temas administrativos favorecen al Gobierno para continuar con una “cacería de opositores”.

“Estuve viendo las querellas que le han entablado a la exsenadora Pinckert, uno es un tema administrativo y otro es que habría visitado Montero en la inauguración del hospital de tercer nivel y según el Gobierno no le correspondía”, señaló Rek.

La senadora cuestionó al Gobierno y el uso del poder judicial contra opositores, trabajando a través de su “brazo operativo”, el Órgano Judicial.

“Tenemos que hacer un cambio en el poder judicial, el poder judicial no puede seguir siendo el brazo operador del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, añadió Rek.

Por su parte, el fiscal Ramiro Prieto manifestó que la orden tiene la finalidad de que Pinckert declare ante el Ministerio Público.

/JDLF/

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