Su liberación se dio tras recibir decisiones judiciales favorables en los casos Golpe de Estado I y la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí. Gracias a estas resoluciones, ahora podrá defenderse desde su hogar bajo arresto domiciliario.

Recibimiento tras la liberación

Pumari fue recibido por su familia y un grupo de seguidores en las afueras del penal. Al pisar la calle, hizo un llamado a la ciudadanía para que vigile que los verdaderos criminales estén tras las rejas. “Debemos estar atentos toda la población boliviana. Esto todavía no termina. Otras personas con delitos que son demostrables hoy se esconden en el Chapare, mientras los inocentes están en las cárceles”, reclamó.

Decisiones judiciales a su favor

La salida del excívico se logró gracias a dos decisiones judiciales a su favor. Un tribunal de La Paz le otorgó la libertad en el caso Golpe de Estado I, mientras que en el caso del TED se le dictó detención domiciliaria. Una vez que se consolidaron estas decisiones, se procedió con el trámite necesario ante el penal de Cantumarca para llevar a cabo la liberación de Pumari.

Contexto de su aprehensión

El excívico potosino fue aprehendido en diciembre de 2021, en un operativo policial que fue cuestionado por presuntas violaciones al debido proceso. Se le acusa de haber liderado las movilizaciones de 2019, las cuales resultaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

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El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó que “los dos privados de libertad se encuentran acá esperando su audiencia como corresponde”. Esta mañana se activó un operativo policial para trasladar a Camacho desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, que se ubica en el municipio de Viacha. Por su parte, Pumari fue trasladado desde la cárcel de San Pedro, situada en el centro paceño.

Detalles del caso

El caso “Golpe de Estado I” se inició tras la denuncia presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, a finales de 2020. En este proceso se investigan delitos como terrorismo, conspiración, seducción de tropas y asociación delictuosa. Estos delitos están relacionados con los hechos de violencia que ocurrieron en 2019.

El juicio contra los excívicos estaba programado para horas de la mañana de este jueves. Ambos acusados han presentado incidentes argumentando “defectos procesales” con el fin de ser apartados del juicio. La reinstalación del juicio es un momento crucial en el contexto político boliviano y podría tener implicaciones significativas en el futuro legal y político de los acusados.

Implicaciones políticas

Este caso ha generado un amplio debate sobre las acciones políticas y judiciales en Bolivia desde 2019. Las acusaciones contra Camacho y Pumari reflejan las tensiones políticas persistentes en el país. La atención mediática y pública hacia este juicio resalta la importancia de los eventos políticos recientes y sus repercusiones en la sociedad boliviana.

/SHA

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Probabilidad de autoría en los delitos mencionados

En la audiencia de medidas cautelares se estableció la probabilidad de autoría por parte del procesado en los delitos mencionados. El abogado Víctor Nina informó que se le atribuye complicidad en terrorismo, uso indebido de bienes y servicios públicos, así como asociación delictuosa.

Cumplirá reclusión en Cantumarca

Inicialmente, la Fiscalía solicitó que Pumari cumpliera su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional decidió que cumpla su reclusión en Cantumarca debido a que ya se encuentra detenido allí desde diciembre de 2021 por la quema del Tribunal Electoral Departamental ocurrida en 2019.

Pedido al Ministerio Público para un juicio oral

“Pedimos al Ministerio Público que emita su requerimiento conclusivo para poder debatir todos los extremos en un juicio oral y contradictorio. Además, tenemos en cuenta que cuatro exjefes militares han asumido su culpabilidad y participación en los hechos ocurridos en 2019”, instó Nina.

Otros detenidos en el caso Golpe de Estado I

Dentro del caso Golpe de Estado I, también se encuentran detenidos preventivamente el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la expresidente Jeanine Áñez, dos exministros y varios exjefes militares.

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Según argumentó la Fiscalía, el caso es complejo y aún faltan realizar actos investigativos cruciales, por lo que consideran necesario que Añez continúe en prisión para no obstaculizar dichas tareas.

En esta solicitud también se incluye la ampliación por tres meses de la detención del exministro de Justicia Álvaro Coimbra, el exministro de Energía Rodrigo Guzmán y los exjefes militares Pastor Mendieta y Flavio Arce.

La comisión de fiscales destacó la complejidad del caso debido al número de personas implicadas, además señalaron que otras autoridades aún no han comparecido ante los tribunales para ser sometidas a procesos judiciales y otros actos como inspecciones y toma de declaraciones.

En este caso, tanto la expresidente como los exjefes militares, fueron imputados por delitos relacionados con terrorismo y otros hechos ocurridos en 2019, que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales y al ascenso ilegalmente calificado por los oficialistas como ilegal.

Añez fue arrestada en marzo de 2021 en Beni por este caso; desde entonces, tiene una sentencia pendiente a apelación por el caso “Golpe II” y enfrenta otros procesos iniciados en su contra, especialmente por las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba durante la crisis postelectoral.

A través de sus redes sociales, la exmandataria criticó este jueves que ella siga en prisión mientras Evo Morales aún goza de libertad, a pesar de que la comisión de fiscales afirmó en esta solicitud que el caso fue incorrectamente denominado como golpe de Estado.

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La misiva fue leída este jueves 23 de marzo por el hijo mayor del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho Parada.

“Agradezco y valoro la valentía de los miles y miles de bolivianos que se acercaron a firmar la petición para ser testigos en este proceso Injusto por el cual estoy aquí en Chonchocoro como preso político del masismo”, señala parte del escrito.

Asimismo, Camacho indicó que, el total de firmas significaba más que un apoyo a su condición, sino a todo un pueblo, reportó el periódico El Deber.

“Las 70.000 firmas de bolivianos que quieren dar su testimonio personal de que nunca hubo golpe, sino una resistencia social a un fraude es una muestra de lealtad, no a mí, sino a esa sagrada lucha del pueblo boliviano en la defensa de la democracia”, indica el documento.

Agradeció con palabras emotivas a todos los que continúan luchando a su lado y se despidió indicando que los hechos ocurridos en 2019 fueron parte de un fraude electoral.

“Mientras haya bolivianos que no se arrodillen, que no se callen, la democracia triunfará. La lucha de un pueblo no se mancha con mentiras, fue fraude, nunca hubo golpe, hay miles y miles de Voces que siempre gritarán esta verdad”, manifestó.

Antecedentes

El 28 de diciembre de 2022, Luis Fernando Camacho fue aprehendido por el caso denominado Golpe de Estado I. La Fiscalía y el Movimiento Al Socialismo (MAS) lo acusan de haber coordinado con la Policía y las Fuerzas Armadas un motín en contra de Evo Morales en 2019, es por eso que la Gobernación cruceña junto a la agrupación Creemos inició una campaña para la recolección de firmas.

En ese sentido, el viernes 10 de marzo, la defensa legal de Camacho presentó ante la Fiscalía de La Paz el apersonamiento de más de 70 mil personas, quienes de manera voluntaria se ofrecieron para testificar en el proceso contra el gobernador.

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Las firmas de las 70 mil personas, fueron presentadas de forma voluntaria ante la Fiscalía de La Paz este viernes.

“Hemos traído hasta la ciudad de La Paz más de 70 mil firmas correspondientes a ciudadanos que de manera voluntaria y espontánea se han apersonado para contar la verdad histórica de los hechos.
Recordemos que el Movimiento Al Socialismo quiere distorsionar la historia, quiere recrear en base a falsedades lo que pasó entre octubre y noviembre del 2019”, dijo la asambleísta departamental, Paola Aguirre.

Asimismo, las firmas se recolectaron en una campaña activada tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I, donde se lo acusa de coordinar con la Policía y las Fuerzas Armadas la destitución del expresidente Evo Morales en 2019.

Aguirre sostuvo que el 2019 hubo un auténtico movimiento ciudadano, que puso freno el intento de Evo Morales de cometer fraude electoral y perpetuarse en el poder.

La asambleísta está a la espera de que el Ministerio Público no deseche el apersonamiento realizado esta jornada, reportó la red Erbol.

Los documentos fueron entregados la tarde de este viernes en la Fiscalía de La Paz y el trámite se alargó, debido a la cantidad de registros que implicaba el mismo.

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“En este momento me considero ya un perseguido político y tengo todas las condiciones para pedir asilo (…) La pregunta es dónde: Brasil, Perú…”, declaró el abogado en el programa Asuntos Centrales.

Reveló que pretendía volver al país cuando su condición era como testigo, pero que las actuales circunstancias le hicieron pensar si esa decisión es inteligente o tonta, porque cree que si retorna lo procesarán en el caso golpe de Estado y está seguro que dictarán su detención.

Señaló que una vez que termine su tratamiento médico, tema por el que se ausentó de Bolivia, analizará a qué país se trasladará para solicitar asilo, pensando fundamentalmente dónde puede tener las mejores condiciones para trabajar y sustentar a su familia.

“Tengo que ver dónde me voy a ir y va a depender mucho de dónde puedo trabajar, tengo mi familia, tengo que pagar el crédito de la casa donde viven mis hijos, así como la universidad de ellos”, dijo.

Justiniano precisó que al menos necesita generar 6 o 7 mil dólares al mes, por lo tanto, manifestó que se irá donde encuentren las mejores condiciones para generar esos recursos económicos.

Manifestó que el país puede ser Chile, Paraguay, Argentina, incluso dijo que tuvo alguna oferta desde Estados Unidos.

El exministro fue convocado como testigo, sin embargo, a estas alturas está seguro que el objetivo de la Fiscalía es imputarlo y detenerlo por el caso golpe de Estado I.

Comentó que intentó presentar un memorial ante la Fiscalía, pero fue rechazado, asimismo, solicitó prestar una declaración virtual y también se lo negaron e insisten en que declare en La Paz.

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Aseveró que se enviaron varias solicitudes para que diferentes personas puedan estar presentes en el proceso y declaren en calidad de testigos.

“Hemos solicitado también que declaren miembros de la Iglesia porque no se puede negar que las reuniones del 9 y 10 se han dado en la Universidad Católica Boliviana (UCB) de La Paz”, dijo.

Afirmó que los obispos serán convocados en calidad de testigos, y no de sindicados, ni investigados.

“Aclaramos que están convocados como testigos, que su conciencia los haga culpables es su problema”, afirmó.

Respecto a una supuesta calidad de diplomáticos, Chávez afirmó que ninguno de los miembros de la Iglesia que participó en esas reuniones tiene inmunidad porque no son jefes de delegación ni fueron nombrados diplomáticos por El Vaticano.

“Vamos a volver a presentar una solicitud de declaración antes de que se cierre esta investigación”, indicó.

Varios opositores y diversos sectores rechazaron la convocatoria a los obispos por el caso golpe I y señalan que hay persecución.

“Si no tienen nada que ocultar porque no van a declarar o cual es el impedimento que nos niegue el Ministerio Público porque vamos a volver a presentar un memorial insistiendo que declaren estas personas porque es lo correcto antes que se cierre la investigación”, manifestó la autoridad.

Asimismo, señaló que la mejor manera para cerrar el caso es presentándose a testificar.

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Pese a que ambas partes presentaron diferentes argumentos para que sus apelaciones sean tomadas en cuenta, a las 15:00 horas de este jueves 19 de enero de 2023, la jueza Pabón, determinó improcedentes ambos pedidos.

“La Sala Penal Segunda determina la admisibilidad de los recursos de apelaciones, improcedentes las mismas, en el fondo confirma la resolución No. 473/2022 emitido por el juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de la Capital”, determinó Pabón.

Camacho cumple con su detención preventiva por cuatro en las celdas de la cárcel de Chonchocoro, desde el pasado 30 de diciembre de 2022, por las investigaciones por el caso Golpe de Estado I, esta determinación fue ratificada.

El gobernador cruceño es imputado por el delito de terrorismo, por hechos acaecidos en 2019, lo que llevó a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez.

La defensa de Camacho durante la audiencia, solicitando la cesación de la detención preventiva, denunció actos que vulneran el derecho del acusado a defenderse en libertad.

Por su lado, Camacho aseguró que no existe ninguna intención de fuga, así lo demostró al someterse al proceso desde un principio.

Asimismo, la parte acusatoria, aseguró que se debía ampliar el tiempo de detención preventiva, porque al tratarse de un caso complejo, se deben realizar muchos actos investigativos.

Ambos argumentos fueron rechazados y Camacho seguirá recluido en Chonchocoro, mientras se llevan a cabo las investigaciones.

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“Se concede la tutela requerida por Luis Fernando Camacho Vaca, en relación a la autoridad accionada, vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Rosmery Pabón, disponiendo que la misma señale día y hora de consideración de apelación incidental de medidas cautelares”, sentenció el juez.

El miércoles 11 de enero, se había suspendido la audiencia de apelación del gobernador cruceño, quien pedía su libertad por el caso Golpe de Estado I, por el que en un principio habían determinado su detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro. La suspensión se dio por la ausencia de la representación de la Procuraduría General del Estado.

Según el juez Salazar se verificó una vulneración del debido proceso, afectando los intereses de la autoridad cruceña, por lo que solicitó que se fije de manera “inmediata” la fecha y hora de la audiencia de apelación.

Desde el pasado 30 de diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz guarda detención preventiva en Chonchocoro, imputado por el supuesto delito de terrorismo, dentro del denominado cado Golpe de Estado I.

El abogado de la autoridad cruceña, Martín Camacho, tiene la esperanza que esta determinación sea el camino para lograr la liberación de Camacho.

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El trámite legal era para pedir el traslado de Camacho a un centro médico, donde reciba el tratamiento por la enfermedad de base que padece, pero no traslado permanente, informó el abogado Martín Camacho.

“El juez ha considerado ingresar al fondo de la petición porque consideró que el accionado debería ser el gobernador no el juez y el fiscal, sin embargo, como medida cautelar, ha ordenado que tanto el juez como el fiscal y el gobernador permitan la salida médica de Luis Fernando en el caso de una situación de emergencia durante la administración de su tratamiento médico”, dijo.

Tras el rechazo de la acción de libertad, el jurista lo consideró como un gran avance respecto a las anteriores peticiones donde se negaba por completo cualquier medida cautelar para Fernando Camacho.

“Nuestro mayor temor es que Luis Fernando (Camacho), durante la aplicación de su tratamiento, sufra alguna descompensación y ahora ya se ha ordenado que en esa circunstancia, sin ninguna otra orden, pueda ser trasladado a un centro médico”, agregó.

Desde el 30 de diciembre de 2022, Camacho guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el denominado caso Golpe de Estado I por el delito de terrorismo.

ABOGADO DE LIDIA PATTY

Por su parte, el abogado de la exdiputada Lidia Patty, Jorge Nina, informó que la autoridad jurisdiccional denegó la solicitud por la falta de elemento fundamental y falta de demostración que su vida esté en riesgo.

“Se confirma que Camacho tiene que quedarse en Chonchocoro”, indicó la exdiputada Lidia Patty.

La audiencia virtual de la Acción de Libertad se instaló a las 09:00 horas aproximadamente y se extendió por más de dos horas.

En la audiencia, participaron Camacho acompañado de sus abogados, además de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno.

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Asimismo, la autoridad jurisdiccional le recordó a la Policía boliviana y al Ministerio Público que no pueden realizar ninguna acción u omisión que resulte en lesiones o ponga en peligro la vida o salud de Fernando Camacho, según informó el portal de noticias Oxígeno.bo

Esta negativa es la segunda que recibe el gobernador en las últimas horas, previamente, un juzgado de la Sede de Gobierno también rechazó su acción de libertad; por ende, deberá permanecer en el penal de máxima seguridad por el lapso de cuatro meses que estableció la justicia.

Camacho fue aprehendido el miércoles en un operativo ampliamente cuestionado por distintas instancias, posteriormente fue trasladado a La Paz y en su audiencia se acogió a su derecho al silencio, en el caso que lo investiga por el supuesto delito de terrorismo.

Un día después, el jueves, se supo la determinación de la justicia, lo que desató una serie de medidas de presión y violentos enfrentamientos que marcaron especialmente la noche del viernes.

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Pacheco estableció que Camacho ocasionó una serie de hechos vandálicos en Santa Cruz y posteriormente en La Paz, que derivaron de las protestas y que ocasionaron el vacío de poder con renuncias de varias autoridades electas.
 
Una de las razones que alegó la justicia para dictar detención preventiva en su contra fue que, en su calidad de Gobernador de Santa Cruz, Camacho puede influir en los testigos y obstaculizar la investigación.
 
Además que el abogado de Lidia Patty, Jorge Nina, aseguró que la autoridad cruceña no tiene un domicilio en el que se le pueda encontrar y notificar, por lo que podría huir del país por las facilidades que tiene de viajar al exterior.
 
Sin embargo, la defensa de la autoridad cruceña aseguró que ninguna de las partes denunciantes comprobó los elementos de convicción que demuestren que su defendido cometió actos de terrorismo, principal delito por el que se lo acusó.

/ LMPT

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La autoridad cruceña es investigada en el caso Golpe de Estado I, por la presunta comisión del delito de terrorismo, durante los hechos registrados en 2019, cuando Evo Morales, renunció a la Presidencia.

“En mérito al memorial que antecede, se tiene presente lo expuesto por el impetrante, en tal merito se señala audiencia pública consideración de aplicación de medidas cautelares para fecha 29 de diciembre de 2022, a horas 17:00 (horas) a desarrollarse en la sala de audiencia virtual, ello en mérito al instructivo 12/2020-SP-TDJLP”, indica el documento judicial.

El juez Sergio Pacheco, cuya firma figura en el documento judicial, pide que todas las partes involucradas sean notificadas para la audiencia de medidas cautelares a desarrollarse vía internet y recomendó habilitar en todo momento las cámaras de los dispositivos.

Esta causa fue iniciada por denuncia de la exdiputada Lidia Patty, a finales del 2020, también involucra a la expresidente Jeanine Áñez, exjefes policiales y militares, exministros y otras figuras de la oposición política.

Camacho permanece desde anoche en dependencias de la Fuerza Anticrimen de la sede de Gobierno.

Se acogió a su derecho al silencio en su declaración informativa, aunque confesó sentirse orgulloso de haber participado en la lucha en defensa de la democracia.

“Quiero dejar en claro que soy orgulloso y llevo en alto, haber formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia y en defensa de nuestro voto que nos estaban robando”, recoge la declaración de la Fiscalía.

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El abogado calificó el hecho como un acto arbitrario, abusivo y completamente desproporcional. 

“Tenemos entendido que ha sido reducido, golpeado, han amenazado de disparar a sus familiares que se encontraban con él, esto es la muestra fehaciente del tipo de Estado en el que estamos viviendo”, señaló.

Camacho informó al matutino LA PATRIA que desconoce en cuál de los tantos procesos que tiene el Gobernador, se emitió esa resolución. Aunque, extraoficialmente se supo que fue por el Caso Golpe de Estado I, por el presunto delito de terrorismo en grado de autoría.

Indicó que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de manera informal, dio la información sobre el acto “vandálico”, en referencia a la aprehensión de su defendido.

“El Gobernador ahora está completamente desaparecido, no sabe su ubicación, fue una aprehensión completamente ilegal y seguramente su intención es traerlo a la ciudad de La Paz”, manifestó.

Asimismo, adelantó que tomará las acciones correspondientes pero primero debe tener conocimiento sobre la ubicación y estado del Gobernador.

Hizo un llamado a las autoridades para que reflexionen debido a que esta situación provocará una crisis estatal e informó que en Santa Cruz ya no hay salidas departamentales.

“Dejen de estropear a la población a las autoridades de oposición, porque esto es una claro acto criminal y abuso de autoridad”, expresó.

El abogado afirmó que desconoce la orden de aprehensión que se habrían emitido en contra de Luis Fernando Camacho, ya que el mismo tiene varios procesos en su contra.

“Esto es una muestra de lo que el estado puede hacer contra todas las personas”, finalizó Camacho.

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Desde la Procuraduría del Estado confirmaron que se iniciaron las acciones después de que el Presidente del país vecino, Jair Bolsonaro, reveló que ambas exautoridades estaban asiladas bajo jurisdicción brasilera.

“El Presidente Bolsonaro confirmó que el exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez y el excomandante de la Policía están refugiados en ese país. Nosotros estamos en proceso de extradición de ambos ciudadanos”, informó Chávez en radio Cepra.

López fue imputado formalmente por el denominado caso “Golpe de Estado I” y fue declarado en rebeldía por el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal después de que no se presentó a su audiencia de medidas cautelares, según informó la Agencia Boliviana de Información.

También es investigado por el supuesto sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos, mismo caso por el que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, está preso en territorio estadounidense.

Por su parte, Yuri Calderón fue acusado por pedir la renuncia del entonces Presidente, Evo Morales, durante los conflictos de 2019.

Chávez informó que los respectivos memoriales se están preparando, con la finalidad de solicitar la extradición de ambos ciudadanos.

/ LMPT

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El abogado Martín Camacho dijo que “es prácticamente inexistente” el riesgo procesal de fuga, porque su cliente es una autoridad pública muy conocida, además, puntualizó que los peligros de obstaculización deberían ser demostrados por el Ministerio Público.

Se espera que los fiscales de Santa Cruz sean los que interroguen a los Camacho, con base en un cuestionario enviado desde La Paz para que, en el marco de la cooperación, se desarrolle este acto que corresponde a una etapa preliminar del caso; no obstante, según explicó el jurista en declaraciones a la red Unitel.

Entre tanto, el Comité pro Santa Cruz convocó a la ciudadanía a respaldar al padre de la autoridad cruceña, quien se presentará este lunes a las 10:00 horas a declarar, a fin de responder por los supuestos delitos de conspiración, según informó la red de noticias Erbol.

Ambos miembros de la familia Camacho son parte de los opositores denunciados por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, misma causa por la que la expresidente Jeanine Áñez ya fue sentenciada con diez años de cárcel y dos efectivos militares se sometieron a procedimiento abreviado.

Luis Fernando fue el líder cívico que encabezó la protesta social en 2019, después de que un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) estipuló que hubo fraude en los comicios, perpetrado desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para favorecer al candidato presidencial Evo Morales, quien buscaba su cuarta reelección.

/ LMPT

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“Hay un cronograma de citaciones y entiendo que están programadas para la siguiente semana la prestación de las declaraciones del señor Camacho (…) Entiendo que ya está programado para la siguiente semana tanto del señor Camacho padre y del señor Camacho hijo”, manifestó el Fiscal General.

Luis Fernando Camacho es el principal denunciado en el caso “Golpe de Estado I”, sin embargo a casi dos años de la presentación de la querella, la Fiscalía no tomo su respectiva declaración.

Por su parte la Fiscalía había citado a Camacho en 2021 para declarar en La Paz, pero en octubre la comparecencia fue suspendida bajo el argumento que aún no había prestado su testimonio el padre del gobernador.

Por otro lado la denunciante del caso “Golpe I”, Lidia Patty, criticó en reiteradas oportunidades que la Fiscalía no tomó la declaración a Camacho, tomando en cuenta que la querella fue presentada ya en noviembre de 2020.

Por este caso, Jeanine Añez, dos exministros y exjefes militares cumplen detención preventiva.

El caso “Golpe I” se desarrolla por el delito de terrorismo, debido a los hechos que ocasionaron la renuncia del exmandatario Evo Morales y la asunción de Añez en 2019.

/ABH

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La Fiscalía citó en calidad de testigos a Ricardo Paz, vocero de Carlos Mesa, el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano y el empresario Samuel Doria Medina.

“El que debe ir a prestar su declaración es Luis Fernando Camacho, que tiene que informarle al país, al igual que su padre José Luis Camacho, cómo arreglaron la situación del país con militares y policías”, aseveró Lima.

Según el Ministro, la intención de Mesa y Camacho es crear un manto de impunidad y buscan volver al discurso que señala que en 2019 hubo un fraude electoral y no así un golpe de Estado, según informó Opinión.

“Quieren manipular en términos mediáticos y jurídicos, porque uno amenaza, increpa y señala que hay un fraude, tiene que presentar su denuncia y Mesa no lo ha hecho”, resaltó.

En el caso de Áñez, Lima señaló que no se cambiará la sentencia contra la expresidente Jeanine Áñez, a pesar de las declaraciones del relator de la Organización de Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

“Hay una sentencia, tal sentencia no se va a anular, solo por la interpretación el señor Mesa, o García-Sayán, haya emitido comunicados en sus redes sociales“, manifestó.

En tanto, la exmandataria fue condenada a diez años de cárcel en el caso ”Golpe de Estado II“.

/SVL

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En la reunión ampliada entre autoridades del órgano Ejecutivo y legisladores se encomendó a los ministros de Justicia, Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, procesar a los supuestos cómplices de la exmandataria: Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Larrea, Eduardo León, Waldo Albarracín, Luis Revilla, Luis Almagro y otros colaboradores.

“No contamos con ningún tipo de denuncia por lo menos en la Fiscalía Departamental de La Paz, en contra de algunos líderes políticos”, declaró Alave en el programa Que No Me Pierda de la red Uno.

La decisión fue anunciada después que este 10 de junio el Tribunal Primero de Sentencia condenó a Áñez a diez años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Asimismo, añadió que en el caso “golpe I” se tomaron declaraciones a algunos líderes de los que se ha respetado su derecho a la libertad.

“En ningún momento se ha imputado porque no existía argumento valedero”, añadió el fiscal, según la agencia de noticias Fides.

Mesa, Quiroga y Doria Medina fueron convocados por el caso “golpe de Estado” en el marco de la denuncia que interpuso la exdiputada del MAS Lidia Patty. Insistió que por el momento no hay denuncias, en contra de los políticos.

/SVL

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Tras conocerse la sentencia por el caso “Golpe II” contra la expresidente Añez de 10 años de prisión, Mesa afirmó que no teme a las amenazas en su contra y recordó que las mismas vienen de quien no respetó el 21F y la Constitución, en alusión al expresidente Evo Morales. Y convocó a los organismos internacionales a pronunciarse.

“Lo que entendemos y vemos en usted Carlos Mesa es nerviosismo y preocupación porque sabe que el próximo en ser investigado va a ser usted, ‘Tuto’ Quiroga, Samuel Doria Medina, Ricardo Paz, Camacho (Luis Fernando), Rómulo Calvo que han sido quienes llevaron al país a esta aventura que causó muerte y dolor”, señaló el diputado del MAS, Héctor Arce.

“Diez años es una sentencia (contra Jeanine Añez) insuficiente para el dolor y daño que se causó a la democracia, no es proporcional a los hechos. Está preocupado, nervioso y sabe que usted como ciudadano y actor político debe rendir cuentas al país. No puede quedar en la impunidad”, manifestó el asambleísta.

También, expresó que Mesa sin duda cometió varios “crímenes infames” contra la población durante sus gestiones en anteriores gobiernos de corte neoliberal al lado de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Le recordamos a Mesa que los crímenes más infames de la historia son los realizadas por usted. El más infame de la historia es la capitalización, donde ustedes, bajo pretextos oscuros, regalaron nuestras empresas y recursos naturales. Otro crimen es que usted cobró a Gonzalo Sánchez de Lozada para ser candidato a la (vice) presidencia, se vendió por unos cuantos billetes. Otro crimen más infame son las muertes de febrero de 2003, en la Guerra del Gas. Esos son los crímenes más infames de la historia que no vamos a olvidar. De usted, sus manos están manchadas de sangre. Usted deja llanto, dolor y luto en el país”, aseveró.

Por su lado, el diputado Céspedes del MAS, celebró la sentencia en contra de Añez y manifestó que tras ese precedente nadie en Bolivia osará a atentar contra la democracia.

“Con esta sentencia ha quedado claro que en Bolivia nunca existió un fraude electoral, sino un golpe de Estado que no solo fue la senadora que se autoproclamó Presidente. También hubo aliados políticos e intelectuales que se aprovecharon”, añadió.

“En ese sentido vienen otros procesos y tienen que ser citados a declarar todos quienes han sido parte de ese gobierno como Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina y Luis Fernando Camacho”, manifestó.

En criterio del legislador, ellos fueron parte del “golpe de Estado”, en especial Mesa quien fue uno de los que se opuso a la sucesión para que Adriana Salvatierra asuma la presidencia y “Tuto” Quiroga quien llamó a los militares para disponer quién entraba o salía del país de los aeropuertos.

/HNF/

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De acuerdo al documento emitido por el Ministerio Público, y difundido por el periodista Agustín Zambrana de Santa Cruz, el padre del gobernador cruceño fue diagnosticado con “hipertensión arterial sistémica con control y tratamiento por especialidad de manera continua”.

En las conclusiones, fue diagnosticado con una enfermedad de carácter crónico, oncológico, con tratamiento continuo por especialidad.

José Luis Camacho y Luis Fernando Camacho fueron convocados a declarar el 5 y 7 de octubre, respectivamente, en la Sede de Gobierno por el caso “golpe de Estado”, el cual fue denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Sin embargo, el exlíder cívico no acudió por motivos de salud que le impedían viajar a la urbe paceña. Por lo cual, se postergó su declaración y la del gobernador cruceño, reportó el diario Página Siete.

Las autoridades estaban a la espera de los resultados del IDIF para determinar en qué lugar prestará declaración José Luis Camacho.

/RMMP/

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Además, calificó de “improvisación” el anuncio realizado por quien encabeza el Ministerio Público, reportó el portal de noticias Brújula Digital.

Lanchipa señaló que la declaración de ambos procesados en el caso “golpe de Estado” iba a darse en el transcurso de esta semana.

“Me parece que es una improvisación lo que está haciendo el Fiscal General, él conoce el procedimiento y entiende que es el mismo fiscal de materia que ha pedido la homologación de la historia clínica del señor José Luis Camacho… imposible que sea esta semana, así se salten el tema de la certificación y la homologación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”, declaró.

La defensa de José Luis Camacho presentó un certificado médico para justificar su ausencia en la ciudad de La Paz para declarar. Indicó que su defendido se encontraba delicado de salud y no podía trasladarse.

Actualmente, el encargado de este caso, fiscal Omar Mejillones, todavía no logró aprobar ese certificado médico ante el IDIF, por lo que no se puede dar curso a la declaración, indicó el abogado de la familia Camacho.

“El requerimiento que debía hacerse al IDIF, de parte del doctor Mejillones, estaba plagado de errores que no han permitido que se haga la homologación. El señor José Luis ha presentado al IDIF y el IDIF no ha podido cumplir con el requerimiento del fiscal, por lo tanto, no hay una homologación, no hay por lo tanto una certeza del estado de salud del señor José Luis, pese a que es bastante delicado que permita se le tome las declaraciones en Santa Cruz”, sostuvo.

El abogado hizo notar que el Ministerio Público anticipó que primero debe declarar José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño, Fernando Camacho.

José Luis como Fernando Camacho, fueron acusados de cometer los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso “golpe de Estado”, por la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

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Justiniano detalló que Camacho Parada no puede viajar a la Sede de Gobierno por recomendación médica debido a problemas cardiacos y de presión que padece desde hace diez años.

“No es que él (José Luis Camacho Parada) no quiera declarar, rehusar a la citación, sino que él quiere cumplir esa citación, pero en la ciudad de Santa Cruz”, señaló el jurista en contacto con la red Erbol, confirmando que el 5 de octubre es su comparecencia.

Ante la situación, las posibilidades para cumplir con la citación del Ministerio Público son mediante la modalidad de cooperación directa o a través de la declaratoria en comisión de los fiscales que investigan en caso en La Paz para que acudan a la capital cruceña.

“Él (José Luis Camacho Parada) quiere declarar su verdad, que no ha participado en ninguno de esos hechos que le acusan, y en función de eso, él va a prestar esa declaración”, sostuvo Justiniano.

Camacho Parada es investigado por el caso del supuesto “golpe de Estado” junto a su hijo, Luis Fernando Camacho, la expresidente Jeanine Añez, exministros, además de exjefes policiales y militares.

Caso “golpe de Estado”

El caso del supuesto “golpe de Estado” se abrió en noviembre de 2020 a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty. En julio el caso fue dividido en dos procesos por tipos penales distintos.

En un proceso se investigan los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Por otro lado, los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, enmarcados en la ley anticorrupción.

En ambos procesos se investigan hechos previos a la asunción de la expresidente, Jeanine Añez a la Presidencia, además de los hechos posteriores como “Senkata y Sacaba”, los cuales ingresaron en la jurisdicción de juicio de responsabilidades.

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Camacho Parada fue retenido la pasada jornada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, a raíz de una alerta migratoria que se activó cuando se acercó a registrar su salida y un funcionario de Migración dio parte a la Policía Boliviana.

Al aeropuerto se acercaron agentes policiales para entregarle la citación correspondiente y no permitir su salida del país. Camacho dijo que su padre debió viajar a Estados Unidos para acompañar a su esposa por un tema de salud, de acuerdo al reporte de Bolivia Tv.

La primera respuesta del Gobierno hacia el gobernador cruceño es que su padre no puede viajar a Estados Unidos por la alerta migratoria.

La retención de José Luis Camacho se produce casi 24 horas después de una guerra de críticas del gobierno nacional hacia el Gobernador cruceño por presuntamente permitir el retiro de la Wiphala del mástil de la plaza de la ciudad de Santa Cruz.

Actualmente, Camacho fue criticado por autoridades nacionales y dirigentes políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que exigen investigar y sancionar un supuesto ultraje a la Wiphala.

Camacho Prada es investigado por un video

El padre es investigado a raíz de unas explicaciones que dio su hijo, durante un encuentro con sus seguidores en la ciudad de Santa Cruz, donde fue filmado y el video compartido en las redes sociales el 28 de diciembre de 2019.

En el diálogo supuestamente explica que su padre se encargó de cerrar con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, un acuerdo para otorgar un plazo de 48 horas al entonces presidente Evo Morales para que renuncie ante la crisis la convulsión crisis social que estalló tras las diversas irregularidades en las elecciones nacionales de ese año.

Señaló también que su padre intervino ante la Policía Boliviana para que no salga las calles a reprimir a los manifestantes, en el resto del país.

“Era ahí donde iba a pasar el problema, aquí (Santa Cruz) no iba a pasar nada, iba a mirar del balcón. Yo creo que ese fue el momento más duro que pasamos porque en el cabildo mi familia no sabía que yo iba ir a La Paz, solo sabía mi padre”, se escucha en una parte del video, reportó la red Erbol.

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El 12 de marzo de este año, Guzmán fue aprehendido en Trinidad-Beni por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso supuesto “golpe de Estado”.

Asimismo, el 14 de marzo se dictó su detención preventiva junto a otras exautoridades como ser: Jeanine Añez y Álvaro Coímbra, reportó la red Erbol.
Faltan dos semanas para que termine el plazo de detención preventiva por el caso supuesto “golpe”.

El 31 de agosto, el fiscal Manuel Saavedra presentó ante el Juzgado Quinto Anticorrupción una imputación contra Guzmán por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y delitos contra la salud pública.

El proceso se abrió por las presuntas irregularidades en la adquisición de insumos contra el Covid-19 en 2020 y la posterior cancelación del contrato.

La imputación señala que, de acuerdo a la investigación que se realizó en junio de 2020, el Ministerio de Energía, a cargo de Guzmán, presuntamente realizó un contrato millonario para la provisión de material de bioseguridad.

Sin embargo, ese material debía llegar el 1 de junio de 2020 desde China, pero se canceló su llegada de forma inexplicable. De acuerdo con el documento, incluso hubo un sobreprecio.

Esposa de Guzmán

La esposa de Guzmán, Dalia Lima, ratificó que la Justicia determinó los seis meses de detención preventiva del exministro, con lo cual se extenderá su encarcelamiento.

Lima consideró triste la situación de su cónyuge. Manifestó que las esperanzas son pocas, debido a que existe presión del Gobierno y la Justicia se pone del lado del Órgano Ejecutivo.

“Sabemos que todo lo maneja el Gobierno y lo que quieren es seguir manteniéndolos a los exministros y la expresidente detenidos, sea cual fuere el motivo”, lamentó.

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“Salvador Romero tiene más responsabilidad, porque fue el primer vocal nombrado por Jeanine Añez y después sucedieron los siguientes y tendrían responsabilidad. Ellos deberían haber pedido en su momento cuentas, deberían haber acreditado, y haber hecho el análisis y si es que no correspondía (a Jeanine Añez ser Presidente), indicar que al que le correspondía era a un asambleísta del MAS, el que debería ser Presidente”, afirmó Valdez.

De la misma manera, señaló que se debe aclarar por qué motivos el TSE no pidió que Añez acredite su “legitimación”.“Hasta una universidad cuando falsifican un título se vuelve en parte civil y es víctima; en ese caso el Órgano Electoral es víctima, porque esa instancia es la única que acredita a las autoridades nacionales, departamentales, municipales, regionales”, manifestó.

La pasada jornada, la delegada presidencial ante el TSE, Dina Chuquimia, señaló que el ente electoral otorga credenciales a las autoridades que fueron elegidas mediante voto popular y no así a quienes asumen el mando en una crisis como la de 2019.

“En el caso específico de doña Jeanine Añez se hizo la entrega de la credencial, pero como senadora por el departamento de Beni. En ningún caso hubo la entrega oficial de credencial de presidenta del Estado (…). Añez era senadora, ése era su cargo, y luego ya en la Asamblea Legislativa vieron la otra situación que se generó a raíz de una crisis política que vivimos los bolivianos en 2019”, señaló Chuquimia en contacto con el canal de televisión Btv.

El 25 de agosto la Fiscalía emitió un requerimiento para que TSE informe si Añez fue acreditada por ese órgano del Estado como Presidente, reportó el diario Página Siete.

Evo Morales, antes de su renuncia el 10 de noviembre de 2019, instruyó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombrar nuevos vocales para realizar una nueva elección. Ese mismo día la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra todos los vocales del TSE.

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La jornada pasada se conoció que la Fiscalía notificó a las exautoridades, pero aún no acudieron para comparecer.

Durante la audiencia de medidas cautelares que determinó la detención preventiva de los excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, y de la Armada Boliviana, Gonzalo Jarjuri, el abogado defensor brindó el dato de dicha citación del Ministerio Púlbico a las exautoridades.

Según Vera, Morales y García Linera fueron notificados para prestar sus declaraciones el 4 de enero del 2021.

El expresidente y exvicepresidente figuran en calidad de “víctimas” en el proceso que impulsa el Movimiento Al Socialismo (MAS) contra exautoridades por los hechos registrados en 2019, luego de la dimisión del dirigente cocalero en medio de fuertes protestas sociales que ocurrió en el país.

El representante legal de las exautoridades militares, mostró dos órdenes de citación que fueron emitidas por la comisión de fiscales, el exmandatario Morales debía presentarse el 18 de enero para declarar. El exvicepresidente también fue convocado para ese mismo día, a las 14:30 horas.

En el caso de García Linera, se mostró un acta de notificación firmada el 15 de enero por la esposa del exvicepresidente, Claudia Fernández. Sin embargo, no se conoce si ambas exautoridades comparecieron ante los fiscales porque no existe ningún registro en el cuaderno de investigaciones.

El secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, afirmó el 29 de junio que no tienen previsto convocar a Morales a declarar como testigo del caso en investigación, debido a que en la primera fase del proceso son convocadas las personas que participaron del hecho.

“Nosotros no vamos a convocar a nadie con quien no tengamos evidencia material e indicios de que tenga algún tipo de participación en lo que significa el caso golpe de Estado”, manifestó Quispe en esa ocasión.

MÁS REVELACIONES

El exvicepresidente Álvaro García Linera se comunicó el 11 de noviembre de 2019 con el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros, para amenazarlo y hacerle responsable de “una matanza y muerte de cientos de ciudadanos en la ciudad de La Paz” si no autorizaba el sobrevuelo de un avión mexicano, reveló el abogado del excomandante, Jorge Santisteban.

El dato fue presentado de igual manera en la audiencia de medidas cautelares, en la que la juez Noveno de Instrucción en lo Penal determinó la detención preventiva tanto de Terceros como del excomandante de la Armada Boliviana, almirante Gonzalo Jarjuri.

Santisteban resaltó que a las 16:30 horas de ese 11 de noviembre, después que Morales renunció a la Presidencia, García Linera llamó al general Terceros para amenazarlo en caso de que no autorice el sobrevuelo del avión mexicano que llegaba al país para trasladar a las renunciantes autoridades en condición de asilados a México.

Después de la dimisión de Morales y García Linera, se “desató” un episodio de inseguridad y violencia en el país protagonizada por sectores que rechazaban la renuncia del líder del MAS. Se quemaron unidades policiales en El Alto, al igual que los buses Pumakatari, entre otros actos.

El abogado de Terceros señaló que ni Morales ni García Linera estaban en indefensión (estado de la persona que está falta de la defensa), porque después de renunciar a sus cargos todavía se comunicaron para dar órdenes.

“A partir de las 06:30 horas de la mañana, el general Terceros recibió una llamada del propio Evo Morales ya habiendo renunciado y le pide y le solicita que autorice el sobrevuelo de una aeronave de México, precisamente para su evacuación, eso fue el 11 (de noviembre), o sea no estaba en indefensión”, declaró el jurista.

Santisteban también dijo que Morales no dio crédito o no obedeció a la sugerencia del Alto Mando Militar a la cabeza de Williams Kalimán, sino a sus movimientos sociales que le recomendaron renunciar.

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El abogado de Añez, Luis Guillén informó que la expresidente declaró la pasada jornada por el caso presunto “Gases Lacrimógenos” desde las 12:00 hasta las 14:30 horas del lunes 7 de junio en el Centro Penitenciario Femenino Miraflores, donde cumple una detención preventiva por el caso de supuesto “Golpe de Estado”.

El 2019 en la gestión del exministro de Gobierno, Arturo Murillo se realizó la compra de agentes químicos con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares, a través de una empresa intermediaria de Estados Unidos.

Por esa situación, Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez, además de otros tres extranjeros son investigados por los delitos de lavado de dinero y pago de sobornos en el país estadunidense y en Bolivia.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia dio a conocer que el Gobierno de Añez aprobó tres decretos supremos para esa compra irregular: el 4090, que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición de gases antidisturbios para la Policía Boliviana; el 4116, que abrogó el 4090 que autorizaba la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos y el 4168 que asignó recursos para la adquisición de agentes químicos.

“Los decretos supremos (aprobados en el Gobierno de Añez) cumplen lo establecido en la Ley Safco y en la Ley 400, que permite hacer estas adquisiciones de forma directa. Son legales, en ningún momento han sido emitidos fuera del marco normativo. Los tres decretos supremos cumplen lo establecido en la norma. La Ley 400 es la aprobada en la gestión de Evo Morales”, declaró Guillén.

OTRO CASO

El lunes 7 de junio a las 15:00 y las 18:00 horas, Añez declaró en el caso presunto “Golpe de Estado” que fue ampliado por otros delitos, sin embargo, la audiencia fue interrumpida por una descompensación de la exmandataria, a quien se le diagnosticó una crisis de presión arterial acompañada de taquicardia, informó Guillén.

El jurista denunció que su cliente no recibe un adecuado tratamiento médico a la enfermedad que aqueja, relacionada con la hipertensión.

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El jurista Luis Guillén, denunció la situación de las exautoridades, asimismo observó que no figura el requerimiento en el cuaderno de investigaciones.

“Sí, se han congelado sus cuentas, no entendemos porque no aparece en el cuaderno de investigación, no aparece en ningún lado, pero supuestamente, de este proceso, ha habido un requerimiento que no estaría a la vista del sistema”, señaló.

Por el momento se desconoce si la exmandataria se encuentra en la misma situación, aunque según su representante legal el requerimiento tendría también alcance para ella.

La exesposa de Guzmán, Dalia Lima comprobó el congelamiento de las cuentas bancarias luego de haber consultado sobre el estado en que el que se encuentran, reportó la red Erbol.

“En el banco me mostraron donde el juez solicita el congelamiento de cuentas así sean corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de crédito, todo respectivo a lo que uno puede tener en las entidades bancarias”, afirmó.

Los exministros se encuentran con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz desde el 15 de marzo, a causa de los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el Gobierno de Evo Morales.

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“Lo que vivimos hoy (sábado) es de terror, mis primos y yo fuimos aprehendidos a la fuerza torturados física y psicológicamente, a mi primo de 20 años le pegaron y lo asfixiaban con una bolsa negra en la cabeza para que hable”, escribió Melissa Áñez, desde su cuenta en Facebook.

De acuerdo con el testimonio de la sobrina de Añez, efectivos del orden aprehendieron a primos están presos y “serán llevados ante un juez”, reportó el portal Urgente.
“Necesitamos la ayuda del pueblo hoy somos nosotros y mañana puede ser cualquiera de ustedes”, expresa Melissa en la red social.

La expresidenta Áñez fue detenida la madrugada de este sábado y llevada a la ciudad de La Paz, donde se encuentra detenida en celdas policiales.

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El fiscal de materia, Omar Mejillones que es parte de la comisión que investiga el caso dijo que se hizo el pedido de la detención preventiva ya que existen riesgos de obstaculización del proceso.

La defensa legal del oficial anunció que se apelará esta determinación por considerar que el juez no valoró lo suficiente los argumentos presentados durante la audiencia de Flavio Arce.

El almirante Arce es parte de la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty que pidió al Ministerio Público investigar la crisis política sucedida entre octubre y noviembre de 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales.

Por este caso fueron aprehendidos este viernes los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, y durante la madrugada de este sábado la exmandataria Jeanine Áñez también fue aprehendida, se busca además a otras exautoridades, entre ellas el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.

/MVSG/

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De acuerdo con la imputación fiscal que circula en redes sociales, existen elementos suficientes de convicción respecto a la presunta participación de los sindicados en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, reportó la agencia de noticias ABI.

La orden de aprehensión establece el riesgo procesal de fuga debido a que los sindicados cuentan con un flujo migratorio activo, tal cual establece el certificado migratorio.

“(Existe riesgo de fuga) extremo que acredita la facilidad que tienen de abandonar el país, lo que hace concurrente este riesgo procesal”, indica parte de la resolución.

El documento indica que existe riesgo de obstaculización del proceso, puntualizando en que el Ministerio Publico no “acumuló” prueba documental del caso.

“Como son los registros que hubiesen firmado las órdenes del día en que se hubiese generado, (…), las personas que directa e indirectamente participaron en la reunión de fecha 10 de noviembre de 2019 cuando se pidió la renuncia del Presidente Evo Morales”, manifiesta la imputación.

Por su parte, el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra, manifestó que se trata de un “abuso” del Movimiento Al Socialismo (MAS), declaró que buscan crear una “cortina de humo para tapar el mal manejo de la pandemia y la derrota en las Elecciones Subnacionales”, reportó la red Erbol.

La expresidente, Jeanine Áñez mediante Twitter, denunció que “la persecución política ha comenzado”.

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El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el coronel Alberto Aguilar informó que se indagó en tres viviendas que eran referencia del domicilio de Calderón, pero no lo encontraron en ninguna de las residencia.

“La Fiscalía de Tarija, conjuntamente con la Felcc de ese departamento han procedido a dar cumplimento a esta orden de aprensión, dirigiéndose al domicilio del señor Yuri Calderón, no habiéndose encontrado en el mismo”, aseveró Aguilar, reportó el diario Página Siete.

ORDEN DE BÚSQUEDA
El viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, manifestó que se activó la orden de búsqueda y que Migración ya fue notificada para evitar su salida del país.

“La Policía tiene en sus manos una orden búsqueda de esta persona. Migración ha sido notificada con una alerta migratoria para que no salga del país”, aseveró Rodas.

La autoridad indicó que de manera oficial Yuri Calderón no salió del país y se tiene información sobre su paradero.

“Hay información acerca de su paradero, ojalá podamos aprehenderlo lo antes posible. Esperemos que la Policía dé resultados en los próximos días”, agregó el Viceministro.

PRESUNTOS DELITOS DE CONSPIRACIÓN
El excomandante es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, en el caso “golpe de Estado”, que promueve el Movimiento Al Socialismo (MAS).

/JDLF/

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