Durante la sesión, algunas personas lo criticaban con gritos, mientras otras mostraban su apoyo, lo que provocó discusiones y enfrentamientos verbales. Videos difundidos en redes sociales muestran que los insultos lo calificaban de “traidor”, “judas” y “corrupto”, evidenciando el fuerte rechazo de ciertos sectores.

Aguilera y su mandato

Aguilera asumió la conducción del Ejecutivo departamental mientras Camacho estuvo detenido. Tras la liberación del exgobernador, Aguilera reconoció que mantiene diferencias políticas con él. Sin embargo, descartó renunciar a la vicegobernación y afirmó que continuará cumpliendo su mandato hasta el final, cumpliendo con las responsabilidades que le fueron otorgadas.

Negaciones de acuerdos

Además, el vicegobernador negó que durante su gestión temporal haya existido algún acuerdo con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Señaló que esas acusaciones surgieron desde que asumió el cargo y carecen de fundamento. También explicó que su gestión se enfocó en mantener la institucionalidad del departamento y garantizar el funcionamiento de la Gobernación.

Desacuerdos con Camacho

Las tensiones entre ambos políticos también se relacionaron con el despido de personal contratado por Aguilera, medida que Camacho revirtió al regresar al cargo. Según Aguilera, esta situación afectó más a la institucionalidad del departamento que a su propia imagen, ya que las funciones de los trabajadores fueron ignoradas.

Resultados electorales y distanciamiento

Asimismo, el vicegobernador mencionó que parte del distanciamiento con Camacho está vinculado a los resultados de las últimas elecciones generales. En ese proceso, Samuel Doria Medina, aliado del exgobernador, no logró un respaldo significativo en Santa Cruz, lo que generó discrepancias dentro del equipo político.

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La convocatoria fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz. En esta ocasión, se revisará la solicitud para modificar las restricciones legales impuestas a Camacho. Además, el proceso está avanzando hacia la fase inicial de juicio oral, lo que le otorga mayor relevancia a esta audiencia.

Para asegurar la participación del gobernador, se ha dispuesto que el director del penal de Chonchocoro, ubicado en La Paz, donde Camacho se encuentra en detención preventiva, sea notificado oficialmente. Esto garantiza que el gobernador pueda asistir a la audiencia, independientemente de la modalidad que haya establecido el Tribunal.

Origen del caso “Decretazo”

El caso tiene su origen en el Decreto Departamental 373, que fue promulgado en marzo de 2022. A través de este decreto, Camacho decidió transferir temporalmente sus atribuciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en lugar de hacerlo con el entonces vicegobernador Mario Aguilera. Esta decisión generó críticas, ya que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece que la suplencia debe recaer en el vicegobernador.

Contexto actual del gobernador

La audiencia se lleva a cabo en un contexto particular, ya que recientemente el gobernador ha obtenido resoluciones favorables en otros procesos judiciales. Entre estos se encuentran los casos relacionados con los hechos de 2019 y el paro cívico que duró 36 días, donde la Justicia determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva.

LDVY

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Contexto del juicio

Esta situación se da en el marco de una orden judicial relacionada con el caso del Decreto 373, conocido como el caso “decretazo”, el cual está programado para este viernes.

Freddy Jiménez, presidente de la APDH, afirmó que es una obligación de las autoridades nacionales asegurar ese traslado. Además, advirtió que no cumplir con esta orden judicial sería una falta grave por parte de los funcionarios encargados del proceso.

Detención de Camacho

Actualmente, Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro. Según su defensa, debe ser trasladado a Palmasola para participar en el juicio. La orden judicial que respalda esta solicitud se basa en una sentencia constitucional, la cual fue emitida tras una acción de libertad presentada por su equipo legal.

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha advertido sobre una supuesta “distorsión” de la resolución judicial por parte de la defensa del gobernador cruceño. Ríos sostiene que la orden judicial solo instruye iniciar los trámites y no ejecutar el traslado de inmediato.

Condiciones de seguridad

El ministro explicó que el director del penal de Chonchocoro debe solicitar informes al Comando General de la Policía y al Comando Departamental de Santa Cruz antes de decidir si existen las condiciones de seguridad necesarias para el traslado.

“No podemos anticiparnos a señalar que no corresponde el traslado. Esto dependerá de los distintos informes de Inteligencia”, puntualizó Ríos, quien también aclaró que la responsabilidad del procedimiento recae en la administración penitenciaria, que está bajo el control del Gobierno central.

Vulneraciones a derechos

Jiménez alertó sobre las vulneraciones a los derechos de los privados de libertad, señalando que esto no solo afecta a Camacho, sino también a otras figuras de la oposición. Mencionó a Marco Pumari, exlíder cívico potosino, y a la expresidente interina Jeanine Añez, quienes también enfrentan limitaciones en sus oportunidades de defensa.

Detalles del caso “decretazo”

El caso “decretazo” se refiere a la emisión del Decreto Departamental 373, que fue suscrito en 2022 por Camacho. Este decreto le permitió delegar temporalmente sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Según la normativa autonómica y la Constitución Política del Estado, esta función debió ser asumida por el vicegobernador Mario Aguilera.

Por esta acción, el gobernador electo enfrenta cargos por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El juicio oral estaba programado para iniciar a principios de 2024, pero ha sido suspendido en varias ocasiones debido a la inasistencia del acusado, quien ha permanecido recluido en Chonchocoro desde finales de 2022.

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Esta no es la primera vez que la audiencia por el caso Decretazo se suspende. Inicialmente estaba prevista para el 11 de marzo, pero se postergó para el 11 de abril, luego para el 27 de mayo y posteriormente para el 16 de julio. La esposa de Camacho, Fátima Jordán, considera que esta situación vulnera los derechos de su esposo y acusa al Gobierno de evitar su traslado.

Por su parte, el padre de Camacho, José Luis Camacho, exige que el director de Chonchocoro, Roger Sánchez, sea procesado por no permitir el traslado de su hijo. Alega que no se está respetando la justicia y que el incumplimiento de una resolución del tribunal constituye un delito. En mayo pasado, el abogado de Camacho presentó una denuncia contra el entonces director de Chonchocoro, Marco Gonzáles, por impedir el traslado del gobernador. Ahora, se prepara una nueva denuncia contra Sánchez por los mismos motivos.

El caso Decretazo y las acusaciones contra Camacho

El caso Decretazo investiga la aprobación del Decreto Departamental 373 en 2022, en el cual se acusa al gobernador de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al delegar sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en lugar del vicegobernador Mario Aguilera, antes de un viaje a Brasil en marzo de 2022. Camacho también enfrenta acusaciones en el caso Golpe I, que investiga los hechos ocurridos en 2019, y por otros delitos.

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El Tribunal de Sentencia 8vo de Santa Cruz había dispuesto que Camacho asistiera de forma presencial a este juicio oral, pero Régimen Penitenciario se negó a cumplir la orden judicial argumentando falta de garantías. El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, adelantó que no se autorizará el traslado hasta que el juzgado de Santa Cruz emita un informe técnico respaldando las condiciones de seguridad.

Tercera vez que se posterga la audiencia

Esta situación se repite por tercera vez. La primera audiencia estaba programada para el pasado 11 de marzo, posteriormente fue suspendida para abril y finalmente fue programada para este 27 de mayo. En todas las ocasiones, Régimen Penitenciario explicó que no fue notificado a tiempo para el traslado.

El Ministerio de Gobierno argumentó que no existen las condiciones para el traslado del gobernador cruceño debido a que generaría un riesgo de convulsión en Santa Cruz. Además, los privados de libertad de Palmasola emitieron una resolución en la que rechazan el traslado de Camacho.

El caso “decretazo” y las acusaciones contra Camacho

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es investigado por la emisión del Decreto 373 en marzo de 2022, cuando se encontraba en Brasil. Este decreto alegó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al vicegobernador Mario Aguilera, y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

En octubre de 2023, la Fiscalía presentó su acusación formal en contra de Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Actualmente, el gobernador electo se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el denominado caso “Golpe de Estado I”, proceso que investiga los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019.

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La notificación escrita establece que el traslado debe realizarse un día antes, es decir, el 26 de mayo. La orden también indica que el director del centro penitenciario debe tomar las medidas necesarias para asegurar la presencia de Camacho en la audiencia de apertura de juicio oral, que se llevará a cabo el lunes 27 de mayo a las 08:15 horas.

Camacho enfrenta acusaciones por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, debe participar en la apertura del juicio oral por el caso decreto 373. En este caso, se le acusa de cometer el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Cabe mencionar que la audiencia fue suspendida previamente el 11 de marzo debido a la ausencia de Camacho. Inicialmente, el proceso judicial estaba programado para abril, pero se reprogramó debido a la falta de notificación a tiempo para el traslado, según lo señalado por el Régimen Penitenciario.

El Tribunal de Justicia enfatiza la necesidad de la presencia de Camacho

El Tribunal de Sentencia 8vo ha enfatizado que la audiencia debe ser presencial. En dos ocasiones anteriores, el tribunal había dispuesto el traslado de Camacho desde la cárcel de Chonchocoro en La Paz hacia la capital cruceña, pero esto no se llevó a cabo.

Con la nueva orden de traslado, se espera que Camacho esté presente en la audiencia de apertura de juicio oral el 27 de mayo, para que el proceso judicial pueda avanzar.

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Camacho debía asistir a su juicio en Santa Cruz por el caso “decretazo”, pero su traslado fue suspendido por falta de condiciones y deficiencias procesales, según la Dirección General de Régimen Penitenciario y el gobierno.

Acusaciones de Camacho

El gobernador calificó la situación como un abuso y responsabilizó al gobierno, tildando la situación de dictatorial y llamando a la reconstrucción democrática en Bolivia.

Esperanza de familiares y simpatizantes

Los familiares y seguidores de Camacho aguardaron en los juzgados su posible llegada, expresando su deseo de verlo y respaldando su lucha contra lo que consideran una dictadura del modelo masista.

Suspensión de audiencia y requerimientos

El Juzgado Octavo de Sentencia de Santa Cruz pospuso la audiencia de Camacho para el 11 de abril, solicitando a la Dirección del penal de Chonchocorro un informe que justifique el incumplimiento del traslado.

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Para llevar a cabo la audiencia de juicio oral, se ha ordenado el traslado de Camacho desde el penal de Chonchocoro, donde ha estado recluido durante más de un año, a Santa Cruz de la Sierra. El abogado defensor Martín Camacho aseguró que esta orden es “inapelable” y requiere que su cliente sea trasladado al penal de Palmasola, donde deberá permanecer durante todo el proceso para preservar los principios de “oralidad y mediación”.

Reasunción inmediata del poder

Efraín Suárez, exasesor principal de Camacho en la Gobernación, afirmó que una vez que pise territorio cruceño, la autoridad reasumirá inmediatamente su poder. Según Suárez, el fallo inconstitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) justificó el golpe dado a la Gobernación debido a la ausencia del gobernador fuera del departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, al estar presente en dicho departamento, debe asumir automáticamente su cargo.

Duración incierta del juicio

Tanto el abogado defensor como Suárez no pueden predecir cuánto tiempo durará este juicio. Suárez explicó que la presencia del gobernador será necesaria mientras se lleve a cabo en Santa Cruz y destacó las numerosas acciones que deben realizarse durante las audiencias. Martín Camacho remarcó que el juicio oral no puede interrumpirse.

Detención preventiva en Chonchocoro

El gobernador Camacho fue detenido preventivamente en Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, por el caso Golpe I. En octubre de 2023, la Fiscalía lo acusó formalmente por intentar delegar su cargo de forma interina a un secretario en lugar del vicegobernador Mario Aguilera. El caso conocido como “Decretazo” se refiere a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y el Ministerio Público solicitó una pena de seis años de prisión.

Suplencia ejercida por Aguilera

Durante más de un año, Camacho gobernó desde Chonchocoro, pero una resolución del TCP ordenó que Aguilera ejerza el cargo en suplencia hasta que salga de prisión. Esta decisión se materializó el 26 de enero en medio de una grave ruptura institucional interna en la Gobernación cruceña.

Cumbre para resolver tensiones

Fernando Larach, presidente del Comité pro Santa Cruz, afirmó que siempre han pedido el cumplimiento de la norma y si corresponde que el Gobernador electo asuma sus funciones o esté presente para su juicio oral en Santa Cruz, así debe ser. Larach también ratificó ayer el plan de llevar a cabo una “cumbre de la unidad” en marzo para resolver las tensiones surgidas debido al conflicto entre Aguilera y Camacho dentro de la Gobernación.

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En una audiencia desarrollada esta mañana de manera virtual, la juez técnica declaró fundado el recurso de cesación a la detención preventiva y dispuso medidas sustitutivas, entre ellas: presentarse cada 15 días al Ministerio Público de Santa Cruz; cumplir con detención domiciliaria; pagar una fianza de Bs 20 mil; y no comunicarse con testigos.

Camacho recibe cesación a la detención preventiva

“El Tribunal de Sentencia, en una resolución acorde a estándares internacionales, otorgó la cesación a la detención preventiva al gobernador Luis Fernando Camacho V. en el caso `decretazo`”, compartió en un tuit la defensa del autoridad cruceña, Martín Camacho.

Reacciones tras conocerse el fallo

“Este es un primer paso después de un año desde su secuestro”, manifestó por su parte la diputada de Creemos, María René Álvarez, tras conocerse el fallo.

De acuerdo con los antecedentes, el caso denominado “decretazo” surgió a raíz de una denuncia contra la resolución emitida por Camacho que establece delegar, en su ausencia, el cargo de gobernador interino a un secretario de la Gobernación y no al vicegobernador Mario Aguilera.

Camacho enfrenta múltiples procesos penales

Cabe mencionar que este caso es uno de los seis procesos penales que enfrenta el gobernador cruceño desde su reclusión hace un año en el penal Chonchocorro, La Paz. Aún falta conocer la decisión de la Justicia por las acusaciones formales en los casos denominados “Golpe I”, en el que Camacho está imputado por el delito de terrorismo, y “Carro bombero”; además del proceso conocido como “Paro de 36 días”.

/WBMC

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