Detención preventiva de mujer de 75 años

Un juez de instrucción penal ordenó la detención preventiva por 20 días en el penal de Palmasola para una mujer de 75 años, identificada como capitana guaraní. Esta decisión se tomó tras su imputación por el delito de homicidio en grado de complicidad. La resolución fue emitida el miércoles 1 de julio de 2026 por el juez Wilson Espada, quien consideró los riesgos procesales y la gravedad del hecho que resultó en el fallecimiento de un adolescente de 15 años.

Detalles del caso

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, liderada por las fiscales Yolanda Aguilera y Rose María Barrientos, sustentó la imputación presentando como prueba imágenes de cámaras de seguridad. En estas imágenes se observa a la mujer “agarrando un palo alentando a la turba enardecida que confundió a la víctima con un ladrón”. El incidente ocurrió la noche del jueves 25 de junio de 2026 en el barrio Villa Paraíso, zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz.

Según el reporte del comandante de la Estación Policial Integral (EPI) 3, coronel Miguel Burgoa, el menor fue retenido por un grupo de vecinos bajo diversas acusaciones. El coronel Burgoa manifestó: “Hubo un hecho lamentable donde supuestamente la persona de sexo masculino ingresó a un domicilio. Estamos en proceso de investigación para determinar cuáles han sido las circunstancias por las que ingresó al inmueble, puesto que existen varias versiones”.

Hipótesis sobre el menor

Entre las hipótesis manejadas, se señaló que el joven supuestamente “pretendía cometer un robo” o “habría intentado agredir sexualmente a una menor de edad”. Sin embargo, la autoridad policial precisó que “ninguna persona acudió hasta dependencias policiales para formalizar la denuncia contra el sindicado”. La víctima del linchamiento, fue trasladado de emergencia con múltiples contusiones al Hospital Municipal Los Pocitos y, debido a su estado crítico, fue derivado posteriormente al Hospital Japonés, donde falleció el 26 de junio tras permanecer en terapia intensiva.

Investigaciones y reacciones

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) establecieron que el menor y otros jóvenes supuestamente fueron contratados para realizar un desalojo en el inmueble. Esto provocó que los vecinos lo capturaran, ataran con sogas y propinaran un “duro castigo”. Crispín M. Ch., padre del fallecido y estibador, relató que su hijo “estudiaba en tercero de secundaria en el colegio Rancho Nuevo” y que salió ese día con el objetivo de reunir dinero para “comprarle un regalo” por su cumpleaños.

Defensa y decisiones judiciales

Durante la audiencia cautelar, la defensa de la capitana guaraní argumentó que, debido a su condición de “guaraní, originaria campesina”, no correspondía la detención preventiva al gozar presuntamente de “privilegios que le concede la ley”. No obstante, el juez Espada desestimó esta solicitud tras evaluar los alegatos y considerar la naturaleza del delito. Anteriormente, otro implicado, señalado como el padre de la dueña de casa donde ocurrieron los hechos, recibió arresto domiciliario y una fianza de 30.000 bolivianos. Esta medida generó indignación en la familia de la víctima.

Indignación familiar y búsqueda de justicia

Sobre esta decisión judicial, el padre del adolescente expresó: “Mi hijo no vale esos Bs 30 mil; pido se le aplique al autor de su muerte una condena de 30 años de cárcel”. Para proceder con la declaración de la imputada, la Fiscalía debió contar con un traductor guaraní a fin de cumplir con el debido proceso. Actualmente, el Ministerio Público mantiene las investigaciones abiertas y ha identificado a otros dos implicados en el crimen, quienes son buscados activamente para ser puestos a disposición de la justicia.

Este caso ha puesto en evidencia la falta de denuncias formales previas contra el menor. Las autoridades catalogaron este evento como una forma de “justicia por mano propia”, lo cual vulneró la dignidad y el derecho a la presunción de inocencia del joven.

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