Estados Unidos alberga el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo. Aunque el consumo ha crecido significativamente en otras regiones como Europa Occidental, América del Sur y Oceanía, la magnitud del mercado estadounidense no tiene todavía parangón, tanto por cantidad de consumidores como por índices de prevalencia. Según estimaciones recientes, los estadounidenses gastan aproximadamente 150 mil millones de dólares al año en drogas ilícitas.

Si bien la mayoría de los consumidores de drogas ilícitas no desarrollan patrones de comportamiento problemático, Estados Unidos ha enfrentado al menos cuatro grandes epidemias en su historia reciente: la heroína a fines de los años sesenta, la cocaína en polvo a mediados de los setenta, el crack en los ochenta y las metanfetaminas durante los noventa y principios del nuevo siglo. Sin embargo, el desafío más letal ha surgido en los últimos años: el fentanilo.

La crisis del fentanilo: una epidemia sin precedentes

Las primeras sobredosis de fentanilo se registraron luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos lo aprobara como analgésico intravenoso en 1972. Aunque el consumo indebido e ilícito del opioide continuó provocando muertes durante las siguientes décadas, la cantidad de sobredosis letales creció de forma exponencial solo en los últimos años. En 2022, el país registró 111,029 casos. De la totalidad de las muertes, casi un 70% fueron provocadas por opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 150 personas mueren cada día por sobredosis de opioides sintéticos.

A pesar de que la crisis de salud estadounidense muestra por primera vez desde el inicio de la epidemia ciertos signos de estabilización, marcados por una caída del 3% en las muertes por sobredosis respecto al año anterior, el país aún afrontó un alarmante registro de 74.702 fallecimientos por consumo de opioides sintéticos en 2023. Según datos oficiales, la gran mayoría de estos casos estuvo vinculado directamente al uso de fentanilo ilícito.

La evidencia indica que los cárteles mexicanos no solo trafican hacia Estados Unidos fentanilo puro proveniente de países como China y la India, sino que también se han involucrado en la manufactura ilícita del opioide sintético. Si bien el gobierno mexicano ha evitado precisar la magnitud de la producción en su país e incluso ha negado públicamente este fenómeno, el papel protagónico de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación resulta innegable, especialmente luego de que China ampliara sus controles sobre esta sustancia en 2019.

Solo en 2023, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó cerca de 12.200 kilogramos de fentanilo, de los cuales un 94% corresponden a los cruces fronterizos de San Diego (California) y Tucson (Arizona). Estos puntos estratégicos limitan con los estados mexicanos de Baja California y Sonora, dos rutas claves del tráfico de drogas—fentanilo y cocaína fundamentalmente—controladas por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Trump, fentanilo y América Latina

Las drogas ilegales—especialmente el fentanilo—desempeñaron un papel sobresaliente en las elecciones presidenciales de 2024. La campaña electoral reavivó el debate sobre la crisis sanitaria y sus impactos devastadores en el país. Ante la tibia oposición demócrata, las propuestas de Donald Trump reforzaron su visión punitiva centrada en combatir la oferta de drogas ilícitas, plasmada en consignas grandilocuentes como “aniquilar a los narcotraficantes.”

En el primer día de su mandato, Trump reafirmó su postura al designar formalmente a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas—una medida pendiente de su gestión anterior. Su énfasis en la oferta se vio reflejado no solo en recortes presupuestarios, despidos de personal y reestructuraciones en áreas claves de salud mental y abuso de sustancias en Estados Unidos, sino también en su Declaración de Prioridades de Política de Drogas. En este documento, emitido por la Casa Blanca en abril, se destacan dos objetivos fundamentales: (1) reducir el tráfico global de drogas ilícitas y (2) limitar su disponibilidad en territorio estadounidense.

En este contexto, el desinterés de Trump por América Latina—una constante que ha marcado la relación con la región durante las últimas administraciones—puede experimentar un giro estratégico, aunque no necesariamente por buenos motivos. El peso de la migración irregular y el tráfico de drogas ilícitas en su agenda doméstica, sumado a la necesidad de contener el ascenso de China en el escenario internacional, probablemente contribuya a reposicionar la región.

A diferencia del pasado, la nueva “guerra contra las drogas” no ha generado beneficios económicos para América Latina. El gobierno de Trump no ha proyectado su política de drogas en la región a través de recursos y asistencia, tal como sucedió con programas emblemáticos como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, sino a través de coerción y presión diplomática. Al externalizar los costos del combate antidrogas, trasladándolos a los países latinoamericanos, instituciones fundamentales dedicadas al abordaje de factores estructurales detrás de la delincuencia organizada y la inmigración irregular, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), fueron desmanteladas.

Aunque la producción de cocaína se encuentra en niveles históricos y las sobredosis asociadas a esta sustancia han crecido en Estados Unidos, la atención de Trump se ha centrado naturalmente en México y el fentanilo. El presidente estadounidense ha presionado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que profundice su control sobre la migración irregular y combata con mayor rigor la manufactura y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Con estos objetivos, Trump no solo designó a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas, sino que también propuso desplegar sus fuerzas armadas en territorio mexicano, amenazando además con imponer aranceles comerciales en caso de inacción por parte del gobierno de Sheinbaum.

La presión estadounidense parece haber tenido cierto efecto. Aunque Sheinbaum descartó categóricamente la intervención militar estadounidense, sí avanzó en medidas concretas para luchar contra el fentanilo en su país: desplegó 10.000 soldados en la frontera norte y extraditó 29 líderes de organizaciones criminales, entre los cuales sobresalen Rafael Caro Quintero y Miguel y Omar Treviño Morales, ex líderes de los cárteles de Guadalajara y los Zetas, respectivamente.

Estos logros, sin embargo, serán difícilmente sostenibles. La obsesión por reducir la oferta de drogas ilícitas—como lo demuestra la experiencia histórica en la región—no solo pone en riesgo el descenso temporal de sobredosis en Estados Unidos al relegar políticas de prevención y reducción de daños, sino que también puede desencadenar efectos colaterales graves para América Latina: fragmentación del crimen organizado, reconfiguración de las rutas del narcotráfico y un incremento de la violencia. Además, esta política contra las drogas de “garrote sin zanahoria” podría facilitar aún más la expansión de la influencia china en la región.

Sebastian A. Cutrona es Senior Lecturer en Criminología en la Liverpool Hope University de Inglaterra. Es autor de Drug Policy Revolutions: Trajectories in Argentina, Portugal, and Uruguay (Bristol University Press, 2025).

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Llegó lo largamente anunciado en la tribuna política estadounidense. El Registro Federal de Estados Unidos designa a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras e, ipso facto, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro lo oficializan.

Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, Golfo, Abuelo y Unidos. Estamos hablando que, sumados, todos estos grupos del crimen organizado están en los 32 estados de la federación. Y la mayoría de ellos con conexiones internacionales.

O sea, la designación no es menor, sino de la mayor relevancia para las relaciones entre Estados Unidos y México. Así que resulta importante la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sostenido una línea de argumentación basada en la “soberanía y no injerencia extranjera”, en la apuesta discursiva de “colaboración y cooperación” entre las dos naciones.

Si bien existen los contactos institucionales y los acuerdos entre los responsables políticos de la seguridad en los dos países, los ejercicios estadounidenses están en los aviones, drones y navíos militares que cruzan tierra, aire y mar, lo que podría ir más allá de esas mesas de negociación; es más, ya va más allá, ya sea porque son parte de los acuerdos o por motu proprio estadounidense.

Ante todo, por las características de la estrategia de la administración de Estados Unidos, que parece operar en el mundo sin pedir permiso y sometiendo a las naciones a presiones militares y arancelarias que dejan poco margen de movimiento a los líderes políticos que responden no solo, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, a los principios de su proyecto político, sino a las fuerzas de la narcopolítica que se han construido a lo largo de décadas, como demuestran las investigaciones académicas del sociólogo Luis Astorga y decenas de investigaciones periodísticas.

Y que están, incluso, en su propio movimiento político. No basta que la presidenta diga que está en sintonía con el gobierno estadounidense en la lucha contra las ahora “organizaciones terroristas”, sino que hay que pasar a la acción cumpliendo la ley. Ante todo, porque el artículo 139 del Código Penal federal define y sanciona los actos de terrorismo. Esta disposición describe un retrato hablado del terrorismo en curso todos los días: “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación…”

Esta norma ha sido letra muerta durante muchos años, los años en los que el crimen organizado ha pasado de ser una actividad menor de un grupo de rancheros del Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua y Durango) a llegar a convertirse en organizaciones consolidadas y con conexiones internacionales.

Y en ese punto es donde estamos. Sheinbaum sabe que la narcopolítica, como la ha definido el propio Trump en varios discursos, es estructural, lo que llama a pasar del discurso arrebatado a un discurso sereno, racional, bueno para las dos naciones.

Porque proceder abruptamente sería desastroso para los equilibrios internos tanto políticos como económicos e, incluso, sociales. Y por eso hace falta una estrategia gradual para desmontar estructuras criminales que están causando cada año cientos de miles de víctimas en Estados Unidos y México.

Se habla en medios más o menos informados que podría caer el gobernador de Sinaloa, quien estaría detrás de la detención y traslado a territorio estadounidense del capo Ismael El Mayo Zambada, lo que ha provocado una guerra de siete meses entre las facciones del Cártel de Sinaloa que ha causado miles de muertes y desapariciones forzadas; también que los estados de Sinaloa, Durango y Tamaulipas podrían ser clasificados como narcoestados, lo que implicaría, además de una novedad en las escalas de clasificación institucional, una política pública específica, sin precedente en algún país con este tipo de problemas estructurales.

Y, todavía más, actuando en el ámbito de la “colaboración y cooperación”, está el ataque en la doble vertiente de los grupos generadores de violencia y los operadores financieros.

Bien administrado es una oportunidad, no sin riesgos, para un gobierno que está anclado al ideario e intereses del expresidente López Obrador, que para muchos mexicanos sigue siendo quien mueve la cuna en el mandato de Claudia Sheinbaum.

La pregunta que se hacen es si la presidenta querrá y podrá desprenderse de ese tutelaje o si la administración Trump terminará rebasándola con incursiones militares unilaterales, abiertas o clandestinas, como lo prevé la clasificación emitida y certificada por el Registro Federal y los Departamento de Estado y el Tesoro estadounidenses. El reloj exige definiciones prontas.

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Llegó lo largamente anunciado en la tribuna política estadounidense. El Registro Federal de Estados Unidos designa a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras e, ipso facto, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro lo oficializan.

Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, Golfo, Abuelo y Unidos. Estamos hablando que, sumados, todos estos grupos del crimen organizado están en los 32 estados de la federación. Y la mayoría de ellos con conexiones internacionales.

O sea, la designación no es menor, sino de la mayor relevancia para las relaciones entre Estados Unidos y México. Así que resulta importante la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sostenido una línea de argumentación basada en la “soberanía y no injerencia extranjera”, en la apuesta discursiva de “colaboración y cooperación” entre las dos naciones.

Si bien existen los contactos institucionales y los acuerdos entre los responsables políticos de la seguridad en los dos países, los ejercicios estadounidenses están en los aviones, drones y navíos militares que cruzan tierra, aire y mar, lo que podría ir más allá de esas mesas de negociación; es más, ya va más allá, ya sea porque son parte de los acuerdos o por motu proprio estadounidense.

Ante todo, por las características de la estrategia de la administración de Estados Unidos, que parece operar en el mundo sin pedir permiso y sometiendo a las naciones a presiones militares y arancelarias que dejan poco margen de movimiento a los líderes políticos que responden no solo, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, a los principios de su proyecto político, sino a las fuerzas de la narcopolítica que se han construido a lo largo de décadas, como demuestran las investigaciones académicas del sociólogo Luis Astorga y decenas de investigaciones periodísticas.

Y que están, incluso, en su propio movimiento político. No basta que la presidenta diga que está en sintonía con el gobierno estadounidense en la lucha contra las ahora “organizaciones terroristas”, sino que hay que pasar a la acción cumpliendo la ley. Ante todo, porque el artículo 139 del Código Penal federal define y sanciona los actos de terrorismo. Esta disposición describe un retrato hablado del terrorismo en curso todos los días: “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación…”

Esta norma ha sido letra muerta durante muchos años, los años en los que el crimen organizado ha pasado de ser una actividad menor de un grupo de rancheros del Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua y Durango) a llegar a convertirse en organizaciones consolidadas y con conexiones internacionales.

Y en ese punto es donde estamos. Sheinbaum sabe que la narcopolítica, como la ha definido el propio Trump en varios discursos, es estructural, lo que llama a pasar del discurso arrebatado a un discurso sereno, racional, bueno para las dos naciones.

Porque proceder abruptamente sería desastroso para los equilibrios internos tanto políticos como económicos e, incluso, sociales. Y por eso hace falta una estrategia gradual para desmontar estructuras criminales que están causando cada año cientos de miles de víctimas en Estados Unidos y México.

Se habla en medios más o menos informados que podría caer el gobernador de Sinaloa, quien estaría detrás de la detención y traslado a territorio estadounidense del capo Ismael El Mayo Zambada, lo que ha provocado una guerra de siete meses entre las facciones del Cártel de Sinaloa que ha causado miles de muertes y desapariciones forzadas; también que los estados de Sinaloa, Durango y Tamaulipas podrían ser clasificados como narcoestados, lo que implicaría, además de una novedad en las escalas de clasificación institucional, una política pública específica, sin precedente en algún país con este tipo de problemas estructurales.

Y, todavía más, actuando en el ámbito de la “colaboración y cooperación”, está el ataque en la doble vertiente de los grupos generadores de violencia y los operadores financieros.

Bien administrado es una oportunidad, no sin riesgos, para un gobierno que está anclado al ideario e intereses del expresidente López Obrador, que para muchos mexicanos sigue siendo quien mueve la cuna en el mandato de Claudia Sheinbaum.

La pregunta que se hacen es si la presidenta querrá y podrá desprenderse de ese tutelaje o si la administración Trump terminará rebasándola con incursiones militares unilaterales, abiertas o clandestinas, como lo prevé la clasificación emitida y certificada por el Registro Federal y los Departamento de Estado y el Tesoro estadounidenses. El reloj exige definiciones prontas.

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Desmentido de Ucrania

Tiji calificó estas afirmaciones como “una mentira” en su cuenta de X. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania explicó que “cada unidad de equipamiento militar que se entrega a Ucrania es monitorizada” mediante “mecanismos independientes”.

El portavoz también aseguró que “ninguna de las múltiples inspecciones de Estados Unidos ha revelado nunca ningún uso indebido” del armamento proporcionado.

Críticas de Tucker Carlson

Tucker Carlson ha sido un crítico constante de Ucrania y de su presidente, Volodímir Zelenski, desde que comenzó la invasión rusa hace casi tres años. El periodista viajó a Moscú el año pasado para entrevistar al presidente ruso, Vladímir Putin, y ha hecho acusaciones contra Ucrania sin presentar pruebas que las respalden.

Influencia de Carlson

Carlson es considerado uno de los líderes de opinión más influyentes dentro de la derecha en Estados Unidos. Ha logrado aglutinar el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump, lo que ha amplificado su voz en el debate sobre Ucrania y otros temas internacionales.

La entrada Ucrania desmiente acusaciones de venta de armas a carteles mexicanos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Desmentido de Ucrania

Tiji calificó estas afirmaciones como “una mentira” en su cuenta de X. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania explicó que “cada unidad de equipamiento militar que se entrega a Ucrania es monitorizada” mediante “mecanismos independientes”.

El portavoz también aseguró que “ninguna de las múltiples inspecciones de Estados Unidos ha revelado nunca ningún uso indebido” del armamento proporcionado.

Críticas de Tucker Carlson

Tucker Carlson ha sido un crítico constante de Ucrania y de su presidente, Volodímir Zelenski, desde que comenzó la invasión rusa hace casi tres años. El periodista viajó a Moscú el año pasado para entrevistar al presidente ruso, Vladímir Putin, y ha hecho acusaciones contra Ucrania sin presentar pruebas que las respalden.

Influencia de Carlson

Carlson es considerado uno de los líderes de opinión más influyentes dentro de la derecha en Estados Unidos. Ha logrado aglutinar el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump, lo que ha amplificado su voz en el debate sobre Ucrania y otros temas internacionales.

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“Legitimar” a la delincuencia

Un documento aparentemente distribuido por los “asesores” del senador Adán Augusto López levantó en México mucha polémica este fin de semana, luego que algunas versiones periodísticas y en redes sociales, señalaran que dicho mensaje es de la propia autoría del ex Presidente AMLO quien lo hizo llegar a los senadores de su partido utilizando como emisario al senador antes citado.

La misiva que es un documento de más de 7 páginas expresa a grandes rasgos la reafirmación para defender “la autonomía nacional” frente a las amenazas vertidas por el próximo mandatario norteamericano Donald Trump.

Se reitera que la realización de operativos en contra de las organizaciones criminales iría en contra de esa política de pacificación social que se impulsó desde el sexenio anterior.

También reprueba la intención de Trump de clasificar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, lo que pone en riesgo, dice el documento, la soberanía y política que se ha defendido en los dos últimos mandatos del país (Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum).

Este documento circula ya en redes sociales despertando muchas especulaciones y análisis de toda índole, donde se deja ver que la política ideológica morenista sigue y seguirá siendo la que impulsó el Presidente AMLO.

Resulta polémico leer este documento en momentos donde en México varias zonas se encuentran cooptadas por los enfrentamientos que se están librando entre las organizaciones criminales.

Si el documento es de la autoría de los asesores del senador Adán Augusto López, queda claro que es un mensaje para seguir manteniendo impunes a quienes hoy están provocado muertes en distintas zonas del país, es decir, es como tratar de legitimar la delincuencia organizada.

Resulta perturbador pensar que de manera velada se está llamando a mantener esa impunidad de los criminales que tanto siguen dañando al país y que, a la vez, se advierte que esa defensa de la soberanía de la que habla el documento, implica revueltas sociales que pueden estar alentadas por las organizaciones delictivas.

Más allá de todo lo anterior, el documento difundido va en sentido contrario a la estrategia de seguridad que lleva adelante Omar García Harfuch, quien a todas luces sigue teniendo a los enemigos en casa.

Tal parece que sólo se trata de una gran simulación la presencia del súper funcionario de la Presidenta Sheinbaum en Sinaloa, pues no habrá resultados mientras la línea patriarcal siga blindando a personajes claves como el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El discurso ideológico no de Morena, sino del ex Presidente AMLO expone la preocupación y temor reales frente a lo que en las siguientes semanas pueda ocurrir como primeras acciones del mandatario estadounidense en contra de las organizaciones delictivas mexicanas.

La gravedad para México es que un gobierno frene operativos y toda acción que violenta a los cárteles de la droga, en aras de una defensa disfrazada de pacificación que no es más que impulsar la legitimación de la delincuencia.

Ruby Soriano es consultora y Estratega en Comunicación Política, Gestión Gubernamental y Campañas Electorales. Mujer Influyente ComPol 2019. CEO de Mediatikos Consulting.

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