El diputado Carlos Alarcón espera que el proyecto para abrogar la Ley 1341 y establecer un estado de excepción sea tratado en la Asamblea Legislativa esta semana. La intención es que se promulgue antes del próximo fin de semana, con el objetivo de poner fin a la crisis social en Bolivia.

Alarcón explicó que la Ley 1341 fue aprobada por Eva Copa durante su presidencia en el Senado, en el contexto del gobierno de transición en 2020. Esta ley buscó evitar que la expresidente Jeanine Añez pudiera declarar un estado de excepción ante la conmoción social tras la renuncia de Evo Morales, escenario similar al que se vive ahora.

Restricciones impuestas por la Ley 1341

La normativa establece que cualquier presidente debe obtener la aprobación de la mayoría absoluta del Parlamento para declarar un estado de excepción. Sin embargo, esta figura no está contemplada en la Constitución Política del Estado (CPE), lo que genera confusión sobre su aplicación.

Impacto de la Ley 1341

Además, Alarcón destacó que esta ley otorga al Legislativo la potestad de modificar el decreto del estado de excepción. Por ejemplo, puede regular qué derechos serán restringidos y cómo se usará la fuerza pública. Sin embargo, con la ley vigente, el número de efectivos movilizados podría ser reducido.

El legislador criticó que la Ley 1341 impide afectar el núcleo del derecho a la libertad, incluso si los movilizados incurren en actos violentos o sediciosos. Por lo tanto, dictar un estado de excepción bajo estas condiciones sería ineficaz y enfrentaría muchas trabas.

Propuesta legislativa

El proyecto presentado por Alarcón permitiría al gobierno declarar un estado de excepción sin vulnerar la Ley 1341, evitando así responsabilidades penales y civiles. El diputado presentó su propuesta el jueves y afirmó contar con el respaldo de varias bancadas.

“Que se dispense todo trámite y se haga voto de urgencia, que se altere y se incluya en el orden del día de la próxima semana, que se lo trate por tiempo y materia porque es un artículo de dos líneas. Yo estimo que se puede aprobar en Diputados y Senadores esta semana, y el Presidente podría estar promulgando esto el fin de semana”, declaró el legislador.

Aumento en los pedidos de estado de excepción

Durante esta semana, crecieron los pedidos para declarar un estado de excepción, ante los bloqueos en el país, las dificultades para trasladar alimentos y medicamentos, así como las pérdidas económicas y episodios de violencia. Desde el Gobierno, sin embargo, descartaron recurrir a esta medida y afirmaron que continuarán apostando por el diálogo.

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La Cámara de Diputados sanciona la abrogación de la Ley 1720

La Cámara de Diputados sancionó este miércoles 13 de mayo de 2026 la abrogación de la Ley 1720, que se refiere a la conversión de la pequeña propiedad agraria. Tras aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores, el Legislativo remitió la norma al Órgano Ejecutivo para su inmediata promulgación y puesta en vigencia.

Disposiciones transitorias clave

El documento final incorpora dos disposiciones transitorias clave aprobadas previamente por el Senado. Estas otorgan un plazo no mayor a 60 días para que ambas cámaras del Legislativo concerten un nuevo marco normativo. El objetivo es definir con precisión los procedimientos para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios y posibles conversiones bajo un consenso técnico y social.

Proceso legislativo

El proceso, que culminó este miércoles, inició la madrugada del sábado con la aprobación inicial en Diputados. Tras los cambios realizados por el Senado el martes por la noche, el texto retornó a la Cámara de origen para su sanción definitiva.

Declaraciones finales

El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, oficializó la determinación tras un debate que priorizó la “pacificación nacional” frente a un mes de bloqueos y movilizaciones que mantenían en vilo al país. “Queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, señaló Castro al cierre de la sesión, citando a Erbol.

Al respecto, el diputado José Maldonado (Libre) enfatizó la necesidad de evitar mayores dilaciones: “Estamos en una etapa de votación y esto debe ir directamente al Ejecutivo para que entre en vigencia. No necesitamos más debate, sino hacer las cosas bien para el país”.

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Proyecto de ley para validar billetes de la Serie B

La situación de incertidumbre sobre la validez de los billetes de la Serie B llevó al diputado Carlos Alarcón, del bloque Unidad, a presentar un proyecto de ley este viernes. Este proyecto busca dar validez oficial a todos los billetes de dicha serie, incluyendo aquellos involucrados en el accidente aéreo.

Argumentos del diputado Alarcón

Alarcón argumenta que esta medida evitará problemas a la población, que actualmente debe revisar los cortes de los billetes para confirmar su validez. La iniciativa surge tras las declaraciones del titular del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, quien indicó que la entidad no legalizará los billetes extraídos tras el siniestro. Sin embargo, mencionó que esta posibilidad podría corresponder al Poder Legislativo.

Cuestiones sobre la postura del BCB

Alarcón cuestionó la postura del BCB, señalando que no puede “desentenderse” de la situación. Aseguró que como legislador asume la responsabilidad de buscar una solución. El proyecto consta de tres artículos. En primer lugar, propone declarar válidos todos los billetes bolivianos de la Serie B, sin excepciones en sus cortes emitidos por el BCB.

Detalles del proyecto

• Incluye los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos transportados en el avión que sufrió el accidente el viernes 27 de febrero de 2026.
• El tercer artículo aclara que esta disposición no legaliza los actos de hurto o robo de los billetes de la Serie B en el lugar del siniestro.
• No exime de responsabilidades penales y civiles a quienes cometieron estos delitos ni a aquellos que incurrieron en omisión de socorro.

Urgencia en el tratamiento del proyecto

Alarcón solicitó que el proyecto sea tratado con dispensación de trámites y voto de urgencia, argumentando que se trata de una “situación de calamidad”. Espera que se convoque a una sesión el próximo lunes para analizar la norma.

Impacto en la población

El diputado enfatizó que la restricción actual a los billetes del accidente complica la vida diaria de todos los ciudadanos, especialmente para los sectores más vulnerables: niños, adultos mayores y personas que residen en zonas rurales, quienes quizás no cuenten con acceso inmediato a aplicaciones para verificar su validez.

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Denuncia de importación de petróleo crudo

El periodista del programa de noticias Detrás de la Verdad (DTV), Junior Arias, se ratificó en la denuncia de importación de petróleo con sobreprecio y afirmó que el gobierno prepara represalias por la investigación del caso.

“La denuncia es pública y ahí está documentada, sostengo lo que dije en DTV y eso es todo”, afirmó en respuesta a una consulta de la Unidad de Monitoreo de los periódicos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Arias fue aludido por el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, quien anunció una citación para que el periodista ofrezca su testimonio ante una comisión legislativa como denunciante sobre la adquisición de petróleo importado.

“DTV cumplió, hizo conocer denuncia de sobreprecio en compra de petróleo; deja investigación en manos de Fiscalía y Legislativo”, se lee en la página de Facebook del periodista Junior Arias Paravicini.

“Hemos hecho la denuncia, hemos advertido que hay una mano; no es la mano negra de la gasolina, pero hay algunos intereses y algunos maquinadores que están tratando de armar algo en nuestra contra”, señala el mensaje publicado ayer.

Citación al Ministro y a YPFB

El martes 10 de febrero, el diputado Alarcón presentó una petición de informe al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y al presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, para informar sobre la compra de petróleo de la empresa Trafigura.

El Presidente de YPFB rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la compra de petróleo crudo.

“No hemos hecho nada malo”, expresó y aseguró que la denuncia no refleja cómo se desarrolló el proceso de contratación.

Trafigura es una empresa multinacional que se presenta como “proveedor líder de materias primas”, fundada en 1993, y señala que su función es conectar a productores y consumidores de materias primas.

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La iniciativa surge en un contexto de posibles medidas de presión por parte de sectores sociales que rechazan la propuesta legal. El legislador señaló que el debate debe apuntar a modificar una práctica que se consolidó por más de 20 años, en la que el bloqueo es asumido como un derecho.

Consulta ciudadana necesaria

Alarcón explicó que la consulta ciudadana debería realizarse una vez que la ley sea aprobada en el Legislativo y antes de que el presidente del Estado proceda a su promulgación.

Indicó que el objetivo es conocer la posición del soberano respecto a una normativa que busca regular las medidas de presión que afectan la libre circulación.

Propuesta de referéndum

“Aprobaremos la ley en la Asamblea Legislativa y, antes de que el presidente la promulgue, hagamos un referéndum para ver si el soberano está de acuerdo o no con la ley aprobada”, dijo a Erbol.

Proyectos en análisis

Actualmente, la Asamblea Legislativa analiza 4 proyectos de ley relacionados con la normativa antibloqueos, uno de los cuales fue presentado por Alarcón.

Apoyo del Gobierno

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, manifestó que el Gobierno respalda la ley antibloqueos y reiteró que la propuesta no desconoce el derecho a la protesta, sino que busca equilibrarlo con el derecho de la población a la libre circulación.

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La propuesta tiene como objetivo habilitar mecanismos de revisión judicial para estos casos, excluyendo aquellos que están relacionados con violaciones a los derechos humanos. La ley abarca la revisión de todos los procesos penales donde existan detenidos o presos políticos, así como perseguidos y refugiados políticos.

Se establecen dos mecanismos para la revisión: una excepción extraordinaria que permite a los interesados solicitar un pronunciamiento previo y especial ante cualquier juez o tribunal que esté conociendo de esos procesos. En caso de que la resolución sea negativa, se podrá apelar a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Condiciones de la ley

En el caso de condenas que ya han sido ejecutoriadas, se añade al actual recurso de revisión la causal de persecución política. Sin embargo, es importante destacar que esta ley no se aplica a los procesos penales que involucren violaciones a los derechos humanos. Todos los procesos documentados por violaciones a derechos humanos en informes nacionales o internacionales quedan fuera de esta ley.

El Tribunal Supremo de Justicia ha indicado que, en el caso de la expresidente Jeanine Áñez Chávez, su juicio deberá realizarse mediante un juicio de responsabilidades.

Impacto en la sociedad

Alarcón ha señalado que “son centenares” las personas que se verían afectadas por esta situación, y que esto se determinará en función de las peticiones específicas que cada interesado pueda presentar. El diputado enfatizó que no se puede permitir que la sociedad se quede de brazos cruzados ante “procesos ínicos”, fraudulentos y utilizados como herramientas de terrorismo judicial por parte de gobiernos autoritarios.

Es importante aclarar que esta ley no anula los procesos, sino que habilita mecanismos para su revisión. Si se aprueba esta ley, será el Tribunal Supremo de Justicia el encargado de determinar en qué casos corresponde la anulación y extinción por vicio de persecución política.

Compromisos electorales

Alarcón también mencionó que esta iniciativa forma parte del cumplimiento de compromisos adquiridos durante la campaña electoral. Además, el diputado abordó otros temas relacionados con la situación económica del país y criticó al vicepresidente por su postura frente a las medidas necesarias para salir del estado crítico heredado por gestiones anteriores.

Según Alarcón, “si no le damos al actual gobierno estas medidas de emergencia para que pueda salir inmediatamente y sacar al país del pozo en el que está”, se estaría justificando el desastre económico dejado por administraciones pasadas.

/LA PATRIA

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Alarcón enfatizó que los bloqueos afectan gravemente la economía, la seguridad y los derechos fundamentales de los bolivianos. Estos derechos incluyen el derecho al trabajo y a la actividad comercial, así como el derecho a la salud, especialmente en situaciones donde es crucial contar con un tránsito libre para emergencias médicas.

Además, el proyecto busca proteger a los efectivos policiales y militares, quienes a menudo se encuentran en situaciones difíciles sin las condiciones adecuadas para intervenir de manera efectiva.

Operaciones conjuntas

El proyecto establece que en las zonas donde se tenga conocimiento del uso de dinamita o armas de fuego, las operaciones deben ser realizadas de manera conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas. Asimismo, se estipula que cuando la fuerza del Estado se utilice de forma proporcional y siguiendo los protocolos legales, los efectivos no enfrentarán responsabilidad penal, civil, administrativa ni disciplinaria.

Abrogación de la ley 1341

Una de las medidas más importantes de esta iniciativa es la abrogación de la Ley 1341 de 2020. Esta ley fue considerada ineficaz frente a bloqueos violentos, ya que imponía requisitos que dificultaban la intervención militar en situaciones donde la policía era superada por la violencia. Con esta reforma, se busca que el Gobierno elimine la “cultura del bloqueo” que amenaza el funcionamiento normal del país.

Sanciones propuestas

En cuanto a las sanciones, el proyecto de ley propone lo siguiente: para bloqueos sin violencia, se contemplan penas de 3 a 6 años de cárcel; para promotores, organizadores, instigadores o financiadores, de 5 a 8 años; y para bloqueos con violencia contra personas o bienes, como la quema de vehículos, se prevén penas de 10 a 20 años, acumulables con otras penas por delitos concurrentes.

Expectativas del diputado

El diputado Alarcón expresó su esperanza de que el proyecto sea apoyado y aprobado pronto, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar situaciones que afecten la vida y tranquilidad de todos los bolivianos.

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Alarcón ha exigido al canciller que active mecanismos diplomáticos para lograr la expulsión de Dorgathen, quien violó la ley de arraigo al salir de Bolivia tras su renuncia como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Además, el diputado propuso tres medidas urgentes para combatir la corrupción en el país. Estas incluyen la creación de una ley de acceso a la información y penas más severas para delitos graves relacionados con la corrupción.

Críticas a la inacción fiscal

El legislador destacó que si los fiscales hubieran detenido a Dorgathen el 23 de septiembre de 2025, “en este momento hubiera estado preso en San Pedro y no hubiera estado fugado en Brasil”. También cuestionó por qué no se actuó con la misma rapidez que con Félix Cruz, exgerente de YPFB logística, quien sí fue objeto de prisión preventiva. Alarcón mencionó que “Félix Cruz ha tenido una intervención mucho menor, comparada con la de Armin Dorgathen”.

Propuestas para la captura

Alarcón enfatizó la necesidad de activar un sello rojo de Interpol para facilitar la captura del exfuncionario. Aclaró que no se ha solicitado extradición debido a las demoras que implica este proceso y sugirió que lo más adecuado sería pedir su expulsión. “Él ha burlado y violado la ley de Arraigo 1352”, afirmó Alarcón, refiriéndose a la normativa que obligaba a Dorgathen a permanecer en Bolivia hasta tres meses después de su renuncia.

Reformas necesarias

En cuanto a las reformas necesarias, Alarcón propuso una transformación integral del Ministerio Público y del sistema judicial. Mencionó que “tanto la sociedad civil como ustedes, estamos convencidos de que estamos hartos de tanta corrupción”. En este sentido, planteó tres medidas concretas: ley de acceso a la información, 30 años de cárcel sin derecho a indulto por casos graves de corrupción e inhabilitación perpetua.

Alarcón argumentó que “casos gravísimos” deberían ser castigados con 30 años sin derecho a indulto y decomiso total del patrimonio del funcionario involucrado en corrupción. Resaltó que es fundamental establecer un marco legal más riguroso para enfrentar estos problemas estructurales en Bolivia.

Medidas urgentes contra la corrupción

Finalmente, reiteró que estas son medidas urgentes necesarias para contrarrestar hechos corruptos que ya son comunes en el país.

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Alarcón argumentó que si los fiscales hubieran ordenado la aprehensión y detención preventiva de Dorgathen el 23 de septiembre, este no habría podido escapar. En su opinión, “era obvio que se corría el riesgo de obstaculizar el proceso, contaminar y manipular las pruebas”.

El diputado destacó que la participación de Dorgathen en el caso es más relevante que la de otros implicados, como Félix Cruz, exgerente de YPFB Logística, quien fue cambiado a arresto domiciliario.

Solicitudes al fiscal general

Alarcón también mencionó que ha enviado notas oficiales al fiscal departamental de La Paz desde el 15 de septiembre. En estas notas, solicitó medidas cautelares sobre los bienes y personas mencionadas en el informe del caso Botrading. Sin embargo, consideró que los avances en este asunto han sido “insignificantes” y acusó a los fiscales de actuar con lentitud.

El diputado pidió al fiscal general que colabore con la cancillería para gestionar la rápida expulsión de Dorgathen desde Brasil. Además, solicitó activar un sello rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en caso de que Dorgathen intente salir del país.

Diputado Alarcón envía notas a fiscal general y al canciller para que Dorgathen sea traído a Bolivia/ RR.SS

Impacto en la credibilidad del Estado

Según Alarcón, “este caso compromete toda la credibilidad del Estado boliviano en la lucha contra la corrupción”. También hizo referencia a la Ley 1352, que establece sanciones por violar las prohibiciones de salida del país tras concluir funciones.

Alarcón argumentó que Dorgathen debería haber permanecido 3 meses en Bolivia bajo sanción penal y que su salida ilegal justifica su expulsión inmediata.

Responsabilidades en el caso

Finalmente, Alarcón instó a las autoridades del nuevo gobierno de YPFB y al Procurador General del Estado a impulsar el proceso penal. Afirmó que hasta ahora, los fiscales han actuado como “facilitadores y promotores de la impunidad” respecto a las anteriores autoridades de YPFB.

En relación con las responsabilidades por omisión en el manejo del caso Botrading, Alarcón planteará preguntas específicas sobre dónde fallaron las alertas migratorias y quiénes son los responsables dentro de las instituciones involucradas.

/LA PATRIA

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Según el informe del Ministerio de Economía, el presupuesto consolidado alcanza un total de 298.332 millones de bolivianos. De esta cantidad, 190.799 millones se asignan a gasto corriente, 40.284 millones a gasto de capital y 67.249 millones a uso de fondos. Este monto representa un incremento del 9,5% en comparación con la gestión anterior, un aumento que se debe principalmente a los mayores costos en la importación de combustibles.

Críticas al gasto corriente

Alarcón ha manifestado que el nuevo Legislativo debe dar señales de cambio y no repetir un presupuesto que considera “caduco y decadente”. “Este presupuesto rige para 2026, y sería importante enviar una señal nueva al país, con un presupuesto que sirva realmente a los bolivianos”, afirmó.

Opiniones de los legisladores

Por su parte, López ha calificado como “absurdo” el nivel de gasto corriente y ha indicado que la comisión económica será la encargada de evaluar y sugerir modificaciones al presupuesto. “Vemos que es excesivo el gasto corriente. Ojalá se pueda reducir. Las comisiones correspondientes deberán hacer la evaluación, los análisis y los ajustes que sean necesarios”, expresó.

Desglose del gasto corriente

El gasto corriente del PGE 2026 incluye 53.702 millones de bolivianos destinados al pago de sueldos, 22.525 millones a la amortización de la deuda pública y 78.439 millones a la adquisición de bienes y servicios, según los datos proporcionados en el documento presupuestario.

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Propuesta de tratamiento directo

Alarcón explicó que la propuesta busca responder a los plazos electorales y dar una señal de compromiso institucional con la democracia. “Estamos pidiendo la reposición de ese proyecto para que entre directamente a la Cámara de Diputados y que se lo trate en el Pleno después del punto 2 del orden del día, que es la designación de comisiones y comités”, indicó.

Según el legislador, el reglamento permite un tratamiento directo sobre tablas, sin modificar el contenido del proyecto. “No hay necesidad de demorar enviándolo a la Comisión de Constitución. Este proyecto ya fue elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, una instancia que cuenta con credibilidad y confianza ciudadana”, sostuvo.

Objetivo de la propuesta

La propuesta plantea aprobar la norma en una sola sesión para luego remitirla al Senado. Alarcón señaló que su bancada espera el respaldo de las demás fuerzas políticas por la urgencia del tema. “Es iniciativa por la urgencia de los tiempos, pero en el tema de tratar mañana, asumo que todas las bancadas van a estar de acuerdo”, afirmó.

Otros temas nacionales

El diputado también se refirió a otros temas nacionales, como la necesidad de elaborar un nuevo presupuesto para 2026 y la investigación sobre el caso Boutrading, aunque destacó que la prioridad inmediata es asegurar el tratamiento del proyecto electoral.

Próxima sesión de la Cámara

Este jueves 13 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados sesionará desde las 8:00 hasta las 12:00 horas. De acuerdo con la convocatoria publicada en la página oficial de la dependencia, el orden del día incluye la lectura de correspondencia, la conformación de las comisiones y comités, y el tratamiento de asuntos en mesa.

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Alarcón informó que este lunes 10 de noviembre presentó dos notas oficiales dirigidas a la contralora interina, Nora Herminia Mamani, y al director de Migración, Luis Fernando Torrez Ledezma. En estas notas, solicita que cumplan con la Ley 1352, que establece restricciones de salida del país por 3 meses para el presidente, vicepresidente, ministros, parlamentarios y máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas una vez que concluyan su mandato.

“Hasta el sábado 8 de noviembre debieron remitirse las listas con nombre, apellido y cargo de todas las autoridades salientes, incluyendo al presidente Luis Arce Catacora. Esa información debía ser enviada por la Contraloría a Migración, para activar de inmediato las alertas preventivas que impidan su salida del país”, señaló el legislador.

Consecuencias del incumplimiento

El diputado subrayó que el incumplimiento de esta obligación podría derivar en responsabilidades administrativas y penales para las autoridades interinas de ambas instituciones. Recordó que la Ley 1352 sigue vigente y fue aplicada en el periodo posterior al gobierno de Jeanine Áñez, por lo que debe regir también en el actual cambio de gestión.

“Si la Contraloría y Migración no han cumplido con esta disposición, serán responsables de cualquier salida irregular del país. La norma establece que es delito ausentarse durante los 3 meses posteriores al cese de funciones”, advirtió Alarcón.

Transparencia y rendición de cuentas

El parlamentario también insistió en que la publicación de la lista debe realizarse en las páginas oficiales de ambas instituciones, como una medida de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Añadió que él mismo, como exasambleísta, está sujeto al arraigo dispuesto por ley.

Nuevo proceso en la Asamblea Legislativa

Alarcón adelantó que la Asamblea Legislativa iniciará un nuevo proceso para designar al titular de la Contraloría General del Estado, luego de que el procedimiento anterior fue observado por presunta manipulación política.

Señaló que el objetivo es garantizar la elección de una autoridad con méritos y trayectoria que asegure la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública.

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El legislador calificó la situación como un sabotaje contra el pueblo boliviano. Acusó a exautoridades de aprovecharse de YPFB para desviar dinero del Estado a través de contratos irregulares con empresas extranjeras. “Estos señores, en lugar de garantizar abastecimientos regulares y a buen precio, se dedicaron a hacer sociedades ficticias en el exterior, generando daño económico al país”, afirmó Alarcón.

Urgencia en las investigaciones

Alarcón enfatizó que las pruebas del caso son evidentes y que los fiscales deben profundizar las investigaciones sin demoras. “Si no se dan respuestas claras y contundentes de los fiscales, los jueces y del próximo gobierno, podemos entrar a la vuelta de la esquina en un Nepal 2, porque ya realmente el ciudadano boliviano está totalmente hastiado, embroncado, por estos niveles escandalosos de corrupción”, declaró.

Detalles del caso Botrading

El caso Botrading involucra contratos por más de 776 millones de dólares, que fueron adjudicados sin licitación pública a una empresa paraguaya. Esta empresa fue presuntamente creada para beneficiar a funcionarios de YPFB. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados encontró indicios de conducta antieconómica, sobreprecios y falsedad ideológica. Por ello, se remitió un informe a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público.

Investigación del presidente de YPFB

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, es uno de los principales investigados en este caso. La Fiscalía lo incluyó entre los sospechosos de delitos como incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias. Además, Dorgathen enfrenta otro proceso penal por presunto contrabando agravado de combustibles.

Consecuencias de la mala gestión

Alarcón recordó que la falta de combustible en el país en los últimos meses es un reflejo de una mala gestión institucional. “Es una vergüenza que la empresa más importante del Estado no pueda garantizar el suministro de diésel y gasolina. Eso es un delito tipificado en el artículo 214 del Código Penal”, señaló el diputado.

Finalmente, Alarcón reiteró su llamado al Ministerio Público para que actúe con celeridad. También exhortó a las nuevas autoridades del próximo gobierno a priorizar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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Basándose en información oficial proporcionada por YPFB a la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Legislativa, Alarcón explicó que, entre 2023 y 2024, cuatro empresas internacionales —Corporación Primax (Perú), Atem Distribuidora de Petróleo (Brasil), Pan American Energy (Argentina) y Pan American Sur (Argentina)— fueron proveedoras de diésel, gasolina y petróleo crudo por un total de 776.563.000 dólares. De esa cantidad, 658.368.000 dólares, que equivale al 84,77%, fueron adjudicados únicamente a Primax, una empresa intermediaria.

“Primax no es un proveedor directo ni refinador. Es un intermediario. Por lo tanto, es falso que se hayan eliminado los intermediarios, como aseguró el presidente de YPFB. Se mantuvieron y, además, se sumó uno más: Botrading”, señaló Alarcón. Además, Atem, otra empresa intermediaria, recibió 37.395.000 dólares, representando el 4,81% del total, lo que significa que más del 89% del dinero fue pagado a solo dos intermediarios.

Incremento del contrato de Botrading

El legislador también cuestionó el aumento del contrato de Botrading a través de adendas. Inicialmente fijado en 31.663.800 dólares, el contrato fue ampliado hasta alcanzar los 274.586.000 dólares, lo que representa un incremento del 767%. “Eso se hizo a través de adendas ilegales. ¿Por qué? Porque beneficiaban directamente a Primax, la principal intermediaria”, dijo.

Alarcón desmintió otra afirmación del presidente de YPFB, quien sostuvo que Botrading permitió realizar pagos sin depender de las asignaciones del Ministerio de Economía. “Botrading no tenía un solo dólar operativo para comprar siquiera un litro de combustible. Fue YPFB quien cubrió el 100% de los pagos. Usaron a Botrading como pantalla para encubrir negociaciones sin licitaciones competitivas ni transparentes”, aseguró.

Contratos sin competencia

El diputado detalló que los contratos fueron asignados directamente a estas cuatro proveedoras internacionales sin convocar a otros oferentes. Esto, en su criterio, impidió al Estado acceder a mejores precios o calidad. Además, enfatizó que los pagos incluyeron ganancias duplicadas tanto para las empresas extranjeras como para Botrading. “El daño económico al Estado es evidente y está probado en documentos oficiales”, apuntó.

Uno de los hechos más graves, según Alarcón, es que el contrato con Botrading no solo fue incrementado mediante adendas sin sustento, sino que incluso se pagaron 5.000.000 dólares por encima del precio ofrecido por otra empresa competidora, Export King. “Eso es sobreprecio, eso es corrupción”, enfatizó.

Solicitud de acción judicial

Finalmente, informó que, según el reporte oficial de YPFB, el 15% del combustible consumido en Bolivia fue adquirido mediante este esquema, al que calificó como una “maniobra fraudulenta, opaca y dañina”. Solicitó que el Ministerio Público actúe con celeridad y proceda con imputaciones basadas en los hallazgos de la Comisión Especial.

“La Fiscalía ya tiene todo en sus manos. Si después de todo esto no ven daño económico al Estado, entonces que alguien defina qué es daño económico al Estado”, concluyó Alarcón.

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Desde la sede legislativa, los diputados Urquidi y Alarcón pidieron una reunión inmediata con la Fiscalía Departamental de La Paz. En esta reunión, desean exponer los resultados de la investigación que fue realizada por una comisión especial sobre el caso Botrading. Este informe, que fue elaborado durante 60 días, detalla presuntas irregularidades en la compra de combustibles por parte del Estado y fue aprobado por mayoría absoluta en el pleno de la Cámara Baja.

Denuncias sobre irregularidades

El diputado Carlos Alarcón denunció que en una de las contrataciones investigadas se adjudicó la provisión de combustibles a la empresa Botrading con un sobreprecio de 5 millones de dólares. Esto ocurrió a pesar de que existían ofertas más económicas de otras firmas, como XTalk e Import Export. La autorización de esta contratación lleva la firma de una exgerente de YPFB, quien hasta el momento no enfrenta medidas similares a otros implicados que tienen montos significativamente menores.

“No puede ser que se disponga detención preventiva por un daño de 117.000 dólares y que, en este caso, con un sobreprecio de 5 millones de dólares claramente documentado, no se aplique la misma rigurosidad. Eso demuestra un doble rasero y una falta total de proporcionalidad en la actuación del Ministerio Público”, cuestionó Alarcón.

Preocupaciones sobre la empresa Botrading

El legislador también expresó su preocupación por la continuidad de las operaciones entre YPFB y la empresa Botrading, a pesar de las evidencias de daño económico. Exigió la inmediata disolución de la sociedad en Paraguay, la destitución de los responsables y la suspensión de cualquier contrato vigente con la firma. “El propio presidente de YPFB debería ser removido por su inacción. Callar frente a este escándalo lo vincula con la red de encubrimiento”, afirmó.

Responsabilidad del Ministerio Público

En la misma línea, el diputado Urquidi reiteró que el informe legislativo fue aprobado con el mandato de ser remitido tanto a la Contraloría como a la Fiscalía. Sin embargo, subrayó que la responsabilidad penal recae exclusivamente en esta última. Denunció que sectores oficialistas intentaron bloquear el envío del informe al Ministerio Público para frenar las investigaciones.

“El informe está respaldado por documentación sólida. No se puede permitir que el oficialismo siga protegiendo a los verdaderos responsables. La Fiscalía debe actuar con independencia, sin presiones políticas, y llevar este caso hasta las últimas consecuencias”, afirmó Urquidi.

Un patrón estructural de corrupción

Ambos diputados señalaron que la gravedad del caso no se limita a un hecho puntual de corrupción, sino que refleja un patrón estructural que ha afectado directamente al pueblo boliviano. Esto se manifiesta en la escasez de combustibles, sobreprecios y el deterioro de la economía nacional. “Estamos ante una megacorrupción que ha dejado al país sin gasolina, sin gas y sin respuestas. El pueblo está cansado y exige justicia”, subrayó Alarcón.

Llamado al nuevo gobierno

Finalmente, ambos legisladores hicieron un llamado al nuevo gobierno —al que consideran inminente— para que impulse auditorías profundas sobre los últimos 20 años de gestión estatal. “El próximo gobierno tendrá la dura tarea de escarbar entre las ruinas que deja esta corrupción desbordada y ofrecer justicia real a los bolivianos”, concluyó Urquidi.

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Alarcón explicó que desde el 9 de febrero de 2023, YPFB otorgó contratos millonarios para el suministro de diésel, gasolina y petróleo crudo a Botrading. Esta sociedad comercial estaba registrada en Paraguay y, al momento de la adjudicación, no contaba con ni un solo dólar para cumplir con las compras. Las operaciones involucraron a cuatro proveedores: Panamerican Energy y Panamerica Sur en Argentina, Corporación Primax en Perú y Atemps en Brasil.

YPFB como comprador real

El diputado aclaró que Botrading no actuó como una entidad independiente, sino como un “disfraz” o “cascarón vacío” de YPFB para llevar a cabo negocios directos sin necesidad de licitación. “La realidad es que el comprador real no era Botrading, sino YPFB. Los pagos fueron realizados por el Banco Central de Bolivia a cuentas en Nueva York y Brasil”, afirmó.

Falta de transparencia en licitaciones

Alarcón cuestionó por qué YPFB evitó realizar licitaciones abiertas que podrían haber convocado a más de 400 proveedores. En cambio, canalizó las contrataciones a través de Botrading. “¿Por qué no se invitó a estas cuatro empresas a competir si se suponía que los procesos eran transparentes?”, se preguntó.

Ganancias ocultas y sobreprecios

El legislador denunció que YPFB omitió deliberadamente reportar las ganancias obtenidas por estas empresas internacionales a partir de los contratos. Solo se presentó el margen de utilidad de Botrading, que fue calculado en 56 millones de dólares. “YPFB pagó doble: ganancias a Botrading y a las empresas proveedoras, pero solo reportó una”, afirmó.

Además, explicó que de las 12 contrataciones oficiales, que en realidad serían 13 según documentos en poder de la Comisión, Botrading se benefició de manera sistemática. En algunos casos, fue el único postor, a pesar de que YPFB afirmaba haber invitado a cientos de empresas.

Pagos ilegales y distorsiones

Alarcón reveló que incluso existen pagos que no fueron realizados por YPFB Corporación, sino por YPFB Refinación, que es accionista de Botrading. Esto lo calificó como “otra ilegalidad más” y “una distorsión institucional inadmisible”. Entre los documentos analizados, se identificaron casos en los que Botrading recibió pagos por contratos anulados, justificando estos pagos con otros acuerdos vigentes.

Un ejemplo de esto fue una adjudicación de diésel por 133 millones de dólares que terminó pagándose parcialmente a través de un contrato de petróleo crudo.

Esquema de corrupción estructurada

El diputado acusó a YPFB de haber montado un esquema que no solo incurrió en sobreprecios, sino que también fue una estrategia deliberada para evadir controles y beneficiar a intereses particulares. “Aquí ha habido una organización criminal estructurada desde YPFB. Usaron una empresa sin capacidad financiera, técnica ni operativa para administrar contratos que superan los 776 millones de dólares. Eso, en sí mismo, ya es un delito”, sostuvo.

Críticas al gobierno y a YPFB

Alarcón criticó duramente al Gobierno, al Ministerio de Hidrocarburos, al presidente de YPFB y a los gerentes involucrados, asegurando que hasta la fecha no se han tomado medidas para frenar el esquema. “Le siguen dando contratos a Botrading. Y lo más grave: el señor Dorgathen tiene la osadía de amenazar al próximo gobierno diciendo que sin Botrading no habrá diez heligasolinas en el país”, denunció.

También apuntó al presidente Luis Arce Catacora por haber nombrado a Omar Alarcón Saigua, quien estuvo vinculado con Botrading, como presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) al día siguiente de su salida de la empresa. “Todo esto sugiere una protección política a los responsables del caso”, añadió.

Urgencia en la investigación penal

El legislador sostuvo que el Ministerio Público debe actuar con urgencia en la investigación penal, preservar los bienes de los involucrados y detener la continuidad de contratos con Botrading. También recordó que, según la resolución de la Cámara de Diputados, el informe fue remitido al Ministerio Público, a la Contraloría General del Estado y a la Presidencia.

Conflicto de intereses evidente

Al ser consultado sobre la legalidad del autocontrato de servicios legales a cargo de Sandra Otazú, prestanombre paraguaya y accionista formal de Botrading, Alarcón fue contundente: “Es totalmente ilegal. Hay un conflicto de intereses evidente. Constituir una sociedad sin capacidad financiera ni operativa para manejar estos montos ya es un delito, en Bolivia y en cualquier parte del mundo”.

Modelo de corrupción estructural

Finalmente, subrayó que la responsabilidad no solo recae en ejecutivos de YPFB, sino también en autoridades de gobierno y funcionarios que continúan encubriendo la operación. “Lo que hay aquí es un modelo de corrupción estructural. Y el uso de una empresa fantasma como Botrading no solo fue el vehículo, sino la evidencia misma del delito”, concluyó.

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Según la documentación citada por ANH y Unitel, Otazú figura como presidente de Botrading. En el momento de contratar servicios legales para la compañía, firmó una adenda al “Contrato de Servicios de Gestión Corporativa, Servicios Contables y Fiscales, Asesoría Laboral”, el cual fue suscrito el 29 de febrero de 2024.

En este documento, Otazú actúa como representante de Botrading, pero también aparece con la misma firma como representante legal de la firma ALC S.A., que fue contratada para prestar dichos servicios.

Denuncias de corrupción

Alarcón afirmó el viernes 26 de septiembre de 2025 que “YPFB constituyó una sociedad ficticia y disimulada en Paraguay, un delito de corrupción. En las contrataciones ocultaron en 2024 la existencia de Botrading y su relación con YPFB”.

Este hecho se suma a las investigaciones que enfrenta la subsidiaria por presuntamente beneficiarse con contratos para la importación de combustibles a un precio superior al normal. Botrading, que fue constituida en Paraguay y está vinculada a YPFB Refinación, aparentemente intermedió en compras que causaron un perjuicio millonario al Estado boliviano.

Convocatorias a declarar

Por este caso, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú, han sido convocados a declarar. Además, el exgerente de Logística de la estatal petrolera, Félix Abraham Cruz, se encuentra cumpliendo detención preventiva.

Informe de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el 12 de septiembre de 2025 el informe final de la comisión especial que investigó el caso. Este informe fue remitido al Presidente Luis Arce y al Ministerio Público para que se actúe conforme a la ley.

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Según Alarcón, el préstamo fue concedido por YPFB Refinación en febrero de 2023, en el momento en que la estatal petrolera otorgó a Botrading sus primeros contratos de suministro de crudo y diésel, por 17 millones y 133 millones de dólares respectivamente. El parlamentario indicó que la empresa beneficiaria carecía de capital para asumir estos compromisos y que el financiamiento se garantizó utilizando como respaldo los contratos futuros adjudicados por la propia YPFB.

“El propio vendedor había sido creado por YPFB. Le dan un préstamo de 80 millones porque no tenía ni para cubrir los intereses. Y lo garantizan con contratos futuros asegurados. Es decir, se revende a sí mismo el combustible”, afirmó Alarcón. Añadió que la tasa de interés del crédito fue del 1% a un plazo de 10 años, con un periodo de gracia, lo que a su criterio representa un trato privilegiado e irregular.

Esquema de corrupción

El legislador sostuvo que estas operaciones fueron parte de un “esquema perfecto de corrupción” al interior de YPFB, en el que Botrading habría servido como intermediario innecesario, generando un daño económico al Estado estimado en 355 millones de dólares. Detalló que en varios contratos la empresa ofreció precios más altos que sus competidoras, recibió pagos sin respaldo contractual y en al menos un caso se detectó un “contrato fantasma”.

Informe retenido

Alarcón criticó también que el informe aprobado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados —que identificó cinco posibles delitos: falsedad ideológica, creación y uso de sociedades ficticias, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes— no haya sido enviado aún al Ministerio Público, pese a haber sido aprobado el viernes pasado por mayoría. “El informe está retenido por el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. Cinco minutos toma firmarlo y otros cinco llevarlo a la Fiscalía que está a seis cuadras”, dijo.

Ganancias de Botrading

Consultado sobre las supuestas ganancias que Botrading habría generado para el Estado, Alarcón rechazó esta afirmación y aseguró que los 56 millones de dólares reportados como utilidades provienen de sobreprecios injustificados. “Son pagos inflados por el propio YPFB. Si hubiera sido una empresa real que vende a terceros, sería distinto. Pero esto es una autoventa que solo encubre daño económico”, manifestó.

Cuestionamientos al presidente

El diputado también cuestionó el rol del presidente Luis Arce en la designación de Omar Alarcón Saigua —exgerente general de YPFB Refinación y expresidente de Botrading— como titular de Yacimientos de Litio Bolivianos, y pidió que se investigue su relación con el caso. Del mismo modo, indicó que el hijo del mandatario, Luis Marcelo Arce Mosqueira, habría viajado en vuelos contratados por YPFB junto a ejecutivos involucrados en la investigación.

Medidas solicitadas

Por otro lado, confirmó que ha solicitado medidas como arraigo, alerta migratoria, anotación de bienes y secuestro de documentación contra los presuntos implicados. También criticó la decisión de iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Arce por separado del caso penal, advirtiendo que eso podría entorpecer las acciones contra los funcionarios directamente involucrados.

Legitimidad del informe

Finalmente, reiteró que el informe de la comisión fue aprobado por unanimidad y con participación de parlamentarios de las tres fuerzas políticas, incluidas facciones del Movimiento al Socialismo. A su juicio, esto le otorga legitimidad y obliga a una acción inmediata del Ministerio Público.

“Esperamos que hoy mismo se remita el informe. Si no, tomaremos acciones más contundentes contra el presidente de Diputados. No se puede seguir encubriendo una estructura tan descarada de corrupción”, concluyó.

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Esta petición del diputado se produce tras la conclusión del proceso de requisa por parte de la Comisión Especial de Investigación en la Asamblea, que está encargada del caso Botrading. El pasado viernes 12 de septiembre, la comisión presentó su informe final ante el Ministerio Público, la Contraloría y la Presidencia.

Con base en las conclusiones de esta comisión especial, Alarcón envió una nota de requerimiento al fiscal departamental de La Paz, en la que fundamenta su solicitud. El diputado explicó que la implementación de estas medidas tiene como objetivo garantizar que los acusados permanezcan en el país y que el Estado pueda recuperar los daños económicos ocasionados. “Lo que pedimos es que la investigación no se dilate ni se corra el riesgo de fuga de los responsables”, afirmó.

Detalles del caso Botrading

El caso Botrading investiga presuntas irregularidades en la creación y operación de la empresa que fue establecida en Paraguay en 2022 como intermediaria en la importación de combustibles para Bolivia. Anteriormente, la Fiscalía había abierto una causa por 9 delitos, que incluyen conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, sociedades ficticias y uso indebido de influencias.

Según el informe legislativo, el daño económico ocasionado asciende a 355 millones de dólares. Entre los investigados se encuentran ex y actuales directivos de YPFB, así como representantes legales de Botrading en Paraguay. La Fiscalía no descarta la posibilidad de ampliar las citaciones a otros funcionarios ni convocar a familiares del Presidente Luis Arce.

Importancia del informe legislativo

Alarcón destacó que el Ministerio Público debe considerar el informe aprobado por la Cámara de Diputados como un insumo clave para avanzar en la investigación y evitar que los involucrados eludan la justicia. Además, solicitó que se cite a declarar al hijo de Arce, ya que la comisión especial no pudo llamarlo debido a la falta de mayoría de votos.

El parlamentario argumentó que existen indicios de que el hijo del presidente podría estar presuntamente implicado en el caso. Esta situación añade un nivel adicional de complejidad a un caso que ya está generando gran atención en el ámbito político y judicial del país.

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Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, hizo pública una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. En esta carta, exige que el proyecto de ley aprobado por el Senado sea devuelto a dicha instancia para su revisión. Esto se debe a la falta del consenso calificado requerido por la Sentencia Constitucional 0060/2023. Según Alarcón, la grabación oficial de la sesión plenaria del Senado confirma que la votación se realizó con mayoría absoluta, contraviniendo la norma constitucional.

El legislador acusó al MAS, junto a tránsfugas de la oposición, de estar orquestando un plan para asegurarse los dos tercios necesarios que les permita designar vocales afines al oficialismo. A su juicio, este intento de control sobre el TSE pondría en riesgo los procesos electorales subnacionales, un eventual referéndum constitucional y las elecciones presidenciales de 2030.

Cuestionamientos al procedimiento

Requena, también de Comunidad Ciudadana, respaldó la denuncia de su colega y cuestionó duramente el procedimiento legislativo aplicado para el tratamiento del proyecto de ley. Señaló que fue introducido de forma irregular, con dispensación de reglamento y sin estar en la agenda, impulsado por senadoras de oposición que actuaron en coordinación con el MAS.

Según Requena, la forma acelerada en la que se tramitó la ley revela una intención deliberada de tomar control del TSE antes del cambio de legislatura. “No hemos luchado 20 años por la democracia para entregarle al MAS el control de las elecciones”, advirtió, cuestionando además que el contenido del proyecto no garantiza la idoneidad ni la probidad de los futuros vocales.

Preocupaciones sobre selección

La senadora también expresó su preocupación por los criterios de selección propuestos, al considerar que favorecen a perfiles técnicos, como abogados e informáticos, en detrimento de personas con reconocida trayectoria democrática. Requena afirmó que el procedimiento ahuyenta a figuras notables, comparando el modelo actual con el fallido proceso de elección judicial reciente.

Ambos legisladores coincidieron en que la actual Asamblea Legislativa carece de legitimidad para nombrar nuevas autoridades electorales. Recordaron que el MAS sufrió una derrota política y electoral en la consulta del 17 de agosto de 2025. Denunciaron que el calendario previsto para el tratamiento y aprobación de la ley —de apenas 48 días— es otra muestra del apuro oficialista por imponer a los nuevos vocales antes de que asuma la nueva legislatura.

Convocatoria a parlamentarios

Carlos Alarcón convocó a los parlamentarios electos a pronunciarse de forma categórica en rechazo a lo que calificó como una “maniobra política” del MAS. También exigió que el proyecto de ley retorne al Senado para su tratamiento conforme a la normativa vigente.

En paralelo, el diputado hizo referencia a una carta adicional presentada este lunes, en la que exige el tratamiento de su proyecto de ley para establecer arraigo obligatorio a exautoridades por un año tras concluir su mandato, como mecanismo de lucha contra la corrupción. Aseguró que este proyecto fue frenado por maniobras del oficialismo y permanece sin tratamiento desde marzo de 2025.

Necesidad de abrogación

En otro eje temático, Requena reiteró la necesidad de abrogar el paquete de leyes medioambientales que favorecen prácticas agrícolas altamente riesgosas en contextos de sequía y crisis climática. Aclaró que, si bien su tratamiento ha sido postergado, la actual legislatura aún puede abordarlo, y advirtió que dejar este tema pendiente sería irresponsable.

Avance de organizaciones criminales

Finalmente, los legisladores denunciaron un “preocupante avance” de organizaciones criminales extranjeras en Bolivia. Exigieron que se categorice su accionar como terrorismo. Plantearon además que se investigue la supuesta inacción del gobierno actual y anterior en relación con estas organizaciones, así como la reciente denuncia contra el presidente por abandono de menores, que según Requena debe ser investigada con la seriedad que corresponde.

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Además, Alarcón ha cuestionado la inacción de la Policía. Sugiere que podría haber un cálculo electoral detrás de la decisión de no arrestar al expresidente Evo Morales, quien ha sido señalado por presuntos fraudes y violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

Presencia del Estado

El diputado enfatiza que el Estado debe estar presente en todo el país. Resalta la importancia de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales. También ha cuestionado los beneficios que tiene este sector, lo que podría explicar por qué hasta
ahora no se ha realizado ninguna acción policial en el Chapare.

Alarcón menciona que esta situación “puede ser un cálculo electoral” por parte del Presidente Luis Arce. Según él, el presidente podría estar considerando una detención del expresidente como parte de su campaña.

Consecuencias de la toma

El diputado ha advertido que permitir la toma de aeropuertos en el Chapare podría abrir la puerta a situaciones similares en otras regiones. Menciona lugares como Viru Viru, El Alto o Cochabamba como posibles escenarios de conflicto. Afirmó que “el Estado tiene que dar las garantías al pueblo de Bolivia” para contrarrestar estos excesos y delitos.

Alarcón enfatiza que se debe utilizar “el uso necesario y proporcional de la fuerza pública” para mantener el orden en estas situaciones. Su postura es clara: el Estado debe actuar para asegurar la paz y la legalidad.

Respeto a la Constitución

Finalmente, Alarcón concluye que nadie está planteando violaciones a los derechos humanos. En cambio, se busca el respeto mínimo del cumplimiento de la Constitución y de la ley. La intervención del Estado es vista como una necesidad para salvaguardar el orden y la justicia en el país.

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Según Alarcón, tras recibir la documentación solicitada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la comisión realizó una primera revisión general. En esta revisión se detectaron “indicios relevantes” que sugieren que lo revelado hasta ahora es solo “la punta del iceberg”.

Demoras en la investigación

El diputado denunció que, a pesar de tener los documentos disponibles, la comisión no ha sesionado hasta la fecha. Atribuyó esta demora a una estrategia de encubrimiento por parte del presidente de la comisión y de diputados del Movimiento Al Socialismo.

“El día de ayer (lunes) ya deberíamos haber sesionado para seguir evaluando y analizando la documentación, pero el presidente de la Comisión y los diputados oficialistas han postergado para el miércoles. Entonces, claramente están en una estrategia de postergación, de sabotaje, de encubrimiento porque no quieren que se revise a fondo esos documentos. (…) El 26 de mayo de 2025 fenece el tiempo de funciones de la Comisión”, reclamó el parlamentario.

Irregularidades en la empresa

Entre los elementos que levantaron sospechas está la constitución de la empresa YPFB Internacional en Paraguay, en octubre de 2019. Esta empresa fue creada con un capital social de apenas 37 mil dólares y tiene una abogada extranjera como accionista minoritaria y presidenta de la sociedad.

Para Alarcón, esta situación constituye una anomalía, especialmente porque la sociedad fue creada sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Esto es relevante ya que sus objetivos incluían actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual contraviene el artículo 362 de la Constitución.

Reactivación y cambios de nombre

El diputado también cuestionó que esta sociedad fue creada en los últimos días del gobierno de Evo Morales y fue reactivada en 2022 por la administración de Luis Arce sin subsanar las irregularidades legales. Posteriormente, en 2023, la empresa cambió su nombre a Botrading y continuó operando como intermediaria en la compra de combustibles.

Alarcón consideró esta situación innecesaria y sospechosa, ya que YPFB podría realizar estas adquisiciones de manera directa. Otro de los hallazgos que genera preocupación es el aparente conflicto de intereses del actual presidente de Yacimientos de Litio Boliviano, Álvaro Arnez Saigua, quien fue gerente de YPFB Refinación y a la vez presidente de Botrading.

Manipulación en licitaciones

Alarcón cuestionó esta situación, considerando que Arnez, con ambas funciones, estuvo en posición de “comprarse y venderse a sí mismo” combustible entre ambas entidades. Asimismo, denunció que en una licitación realizada en 2024, Botrading presentó el precio más alto mientras que Petroperú ofreció el precio más bajo.

A pesar de esto, la adjudicación a la empresa peruana fue anulada por un supuesto error en las especificaciones técnicas del pliego. Esto, para Alarcón, evidencia una manipulación del proceso para favorecer a la subsidiaria boliviana.

Red de corrupción

El parlamentario remarcó que las irregularidades detectadas en una revisión preliminar ya muestran una posible red de corrupción mucho mayor. Pidió a los medios de comunicación hacer seguimiento al trabajo de la comisión para garantizar transparencia y advirtió que el plazo para emitir el informe vence el 26 de mayo de 2025.

El caso Botrading ha sido objeto de críticas por presuntos sobreprecios, posibles vínculos con lavado de dinero y un modelo de negocio poco transparente. Anteriormente, YPFB defendió a Botrading, afirmando que es una empresa boliviana que provee combustibles al país y mantiene relaciones comerciales con empresas internacionales como Petrobras y Pluspetro.

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La propuesta incluye una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto, así como inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. También se contempla el decomiso de bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita o que hayan sido transferidos a terceros para ocultar actos de corrupción.

Delitos relacionados con corrupción

El proyecto normativo establece que la figura de corrupción agravada se aplicará a delitos como la malversación de fondos, sobornos, coimas en contratos públicos y otros actos que afecten gravemente los recursos del Estado y los servicios esenciales para la población.

Argumentos del diputado

Alarcón argumentó que estas prácticas han contribuido al deterioro económico del país. Por ello, considera necesario imponer sanciones más severas para desincentivar la corrupción en todos los niveles del Gobierno.

Medidas para altos funcionarios

La propuesta también plantea el arraigo inmediato de altas autoridades del Ejecutivo, gobernaciones y alcaldías durante el último año de su gestión. Esto se aplicaría en caso de que exista una denuncia formal, querella o proposición acusatoria en su contra. Esta medida busca asegurar que los funcionarios investigados no puedan abandonar el país antes de rendir cuentas ante la justicia.

Diferenciación en el marco legal

Alarcón explicó que el actual marco legal no diferencia adecuadamente entre los distintos niveles de corrupción. Esto permite que delitos de menor gravedad sean tratados de la misma forma que aquellos que afectan gravemente la estabilidad del Estado.

Niveles alarmantes de corrupción

Según el diputado de CC, la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes y requiere medidas drásticas para frenar su avance. Este criterio se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, donde Bolivia logró su puntuación más baja en los últimos 12 años. En detalle, el país registró 28 puntos, uno menos que el año anterior, y está por debajo del promedio regional, que es de 42 sobre 100.

Objetivo del proyecto de ley

En este contexto, el legislador señaló que el objetivo del proyecto es enviar una señal clara a todas las futuras gestiones de Gobierno. Se busca establecer un castigo ejemplar para quienes abusen de los recursos públicos.

Fortalecimiento del sistema judicial

Alarcón también destacó la necesidad de fortalecer el sistema judicial y el Ministerio Público. Esto es fundamental para garantizar que estas sanciones se apliquen de manera efectiva y sin interferencias políticas.

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La denuncia se produce en un contexto de crisis de abastecimiento de diésel y gasolina en Bolivia, donde los ciudadanos enfrentan largas filas en las estaciones de servicio. Alarcón ha cuestionado la necesidad de contar con intermediarios para la importación de combustible y ha señalado posibles conflictos de interés en la gestión actual.

Pagos excesivos en operaciones

El 12 de julio de 2023, Brújula Digital informó que en dos operaciones, YPFB pagó 6,47 millones de dólares de más por utilizar los servicios de Botrading. En una de estas operaciones, se compró crudo en Argentina a un precio promedio de 66,42 dólares y se vendió a YPFB a 80,52 dólares. En otra operación relacionada con el diésel para Beni y Pando, el precio promedio fue de 434 dólares y terminó vendiéndose a 477 dólares.

El 14 de julio, Alarcón solicitó al Ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, que explicara la necesidad de tener una subsidiaria para importar combustibles. Sin embargo, el 31 de enero de 2024, el ministro respondió que YPFB no utiliza ninguna subsidiaria ni intermediaria para importar combustible y que no tiene relación con Botrading S.A.

Contradicciones en la información

No obstante, el presidente de YPFB emitió un comunicado que contradice esta afirmación, indicando que YPFB Refinación y YPFB Logística son las únicas accionistas de Botrading, que provee alrededor del 15% del suministro total de combustibles en Bolivia. Alarcón ha cuestionado cómo es posible que el presidente de YPFB haya proporcionado información incorrecta en un informe escrito.

Esto sugiere un posible ocultamiento deliberado relacionado con negociados del gobierno. Además, plantea interrogantes sobre la razón detrás de la existencia de Botrading como subsidiaria privada constituida en Paraguay.

Vínculos y posibles implicaciones

Se menciona también que el gerente general de YPFB tenía vínculos previos con Botrading antes de asumir su cargo actual. Según informes, hay indicios sobre posibles implicaciones del hijo del Presidente y un empresario boliviano llamado Valdivia en este asunto.

Alarcón ha solicitado la conformación inmediata de una comisión especial para investigar estos hechos y determinar si existen delitos relacionados con la constitución y operación de Botrading. Esta comisión deberá analizar por qué YPFB no puede adquirir combustible directamente sin pasar por esta subsidiaria y por qué los precios ofrecidos eran mayores a los del mercado.

Preocupación ciudadana y respuesta oficial

La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos debido a la escasez crítica de combustibles. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que Botrading tiene capacidad logística para importar combustible rápidamente. La investigación busca esclarecer las razones detrás del uso de intermediarios y los costos asociados a estas operaciones.

Además, se espera que la comisión determine si hay fundamentos penales relacionados con las acciones llevadas a cabo por los funcionarios involucrados. La falta de transparencia en este proceso ha llevado a cuestionamientos sobre la gestión actual y sus implicaciones para el bienestar económico del país.

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Olivia Guachalla, presidenta de la Comisión de Constitución, anunció que después del feriado de Carnaval se comenzará a discutir las normativas que tienen como objetivo evitar cualquier obstáculo en el proceso electoral.

Entre las propuestas que se están considerando para proteger las elecciones generales se encuentra la Ley de Preclusión. Esta ley impediría que se presenten acciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que puedan detener los comicios. También se propone la Paridad y Alternancia en binomios presidenciales, que modifica la Ley 1096 de Organizaciones Políticas para asegurar la equidad de género en las candidaturas presidenciales.

Debate electoral obligatorio

Además, se plantea la creación de un debate electoral obligatorio, que establecería la necesidad de que los candidatos a la presidencia participen en un debate. También se propone modificar la Ley 044, que estipula que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sean juzgados mediante juicio de responsabilidades y no por la justicia ordinaria.

Guachalla explicó que estos cambios son fundamentales para garantizar la estabilidad del proceso electoral y evitar presiones sobre los vocales del TSE. Recordó que en 2019, varios de estos vocales fueron aprehendidos en el contexto de la crisis política que se vivió ese año. “Nuestros vocales del TSE han solicitado ser incorporados en el juzgamiento de altas autoridades del Estado Plurinacional”, afirmó la legisladora.

Críticas por la demora

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, criticó que, en lugar de priorizar estas leyes esenciales para el desarrollo de las elecciones, el Legislativo haya decidido agendar normas como la declaración del “Día Nacional de la Fiesta de Comadres” y un homenaje a la danza de los caporales.

“Para el Presidente Luis Arce y para el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, es más importante la agenda carnavalera que garantizar elecciones limpias y transparentes”, cuestionó Alarcón.

Riesgo en la transparencia electoral

Además, el parlamentario advirtió que la demora en el tratamiento de estas normativas pone en riesgo la transparencia del proceso electoral. “Si yo fuera presidente de la Comisión de Constitución, estas leyes se aprobarían en un día. No son complejas, son de pocos artículos, pero llevan meses sin ser tratadas”, sostuvo.

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Alarcón ha criticado la falta de progreso en la aprobación de leyes electorales urgentes en la Cámara de Diputados. Cuestionó el compromiso del gobierno para asegurar elecciones limpias y transparentes, las cuales están programadas para el 17 de agosto.

Sabotaje a la elección general

El diputado afirmó que “todo ese sabotaje a la elección general ha sido el camino, la cabecera de playa para preparar la candidatura del candidato presidente”. Además, destacó que no hay interés por parte del gobierno en cumplir con los compromisos establecidos en la cumbre del Tribunal Supremo Electoral.

Exigencias al Tribunal Supremo Electoral

Alarcón también mencionó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería presentar un documento para su firma. Advertió que “si no, esa sería otra prueba más de que no les interesa para nada garantizar elecciones presidenciales transparentes”. Criticó que se priorizan temas como “la agenda carnavalera” sobre las leyes electorales.

Leyes pendientes en la Comisión

Asimismo, se refirió a 4 leyes que han estado en la Comisión de Constitución durante meses y que deberían haber sido enviadas por el TSE. Alarcón expresó su frustración al señalar que “no les da la gana de tratar ninguna de estas leyes”.

Cuestionamientos a Luis Arce

Finalmente, cuestionó qué pretende hacer Luis Arce al “hacer creer que él va a garantizar lo que no le da la gana de garantizar”. Alarcón concluyó indicando que si estuviera al frente de esa Comisión, podría aprobar esas leyes en un día.

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La iniciativa fue presentada el 16 de enero de 2025 y busca atender las críticas que han surgido desde diversos sectores del aparato productivo nacional. El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, ha señalado que la decisión final sobre este proyecto recae en la Asamblea Legislativa.

Detalles de la disposición

La disposición en cuestión establece que las entidades competentes tienen la facultad de activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos. Esto se aplica a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan y/o intenten encarecer los precios de estos productos.

Además, la norma indica que todos los actores de la cadena productiva de alimentos esenciales deben declarar información relacionada con la producción, transformación y comercialización. Esta declaración debe hacerse de acuerdo con la reglamentación que ha sido aprobada por una Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, así como de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Justificación del proyecto

El artículo único del proyecto de ley presentado por Alarcón establece que “se deroga la disposición adicional séptima de la Ley 1613 de fecha 1 de enero de 2025 del Presupuesto General del Estado – Gestión 2025”. Este documento cuenta con el sello de “Recibido” con fecha 16 de enero y ha sido enviado al despacho de Omar Yujra, presidente de la Cámara Baja.

En su justificación, Alarcón ha advertido que esta disposición configura lo que él denomina “terrorismo de Estado contra industriales, comerciantes y gremialistas de alimentos”. Según su perspectiva, esta medida amenaza con la confiscación y el decomiso por parte de autoridades administrativas, basándose únicamente en la sospecha de que estos actores económicos podrían tener la intención de aumentar los precios en sus ventas.

Reacciones del sector productivo

La propuesta legislativa surge en un contexto donde se ha manifestado un fuerte rechazo por parte de diversas esferas del aparato productivo nacional hacia esta disposición. Alarcón ha instado al Gobierno a instruir a sus diputados para que aprueben la iniciativa con dispensación de trámite.

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Alarcón recordó que en agosto de 2023 se solicitó al Presidente Luis Arce que presente los acuerdos sobre el litio firmados con empresas rusas y chinas, con el objetivo de permitir una fiscalización adecuada. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno reveló el nombre de estas empresas y la inversión de 280 millones de dólares para las plantas industriales de carbonato de litio, hubo una versión previa contradictoria por parte de una autoridad.

El diputado exige claridad en los convenios

En respuesta a estas contradicciones, el diputado Alarcón ha vuelto a solicitar al Presidente que envíe los convenios al Parlamento. Explicó que, aunque el Gobierno afirmó que la inversión era para las plantas, el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, declaró que el dinero se destinaría al diseño final de los proyectos de industrialización.

El legislador argumenta que esto implica que el Gobierno está engañando al país, ya que es poco probable que una empresa privada invierta 280 millones de dólares únicamente en el diseño de proyectos. Alarcón señala que estos convenios deben tener un compromiso mayor con las empresas para garantizar un retorno y una ganancia razonable.

El Gobierno se niega a compartir información sobre los convenios

A pesar de las solicitudes, el Gobierno se niega a compartir esta información, argumentando que se trata de convenios y no de contratos. Sin embargo, aseguran que una vez que se firmen los contratos, estos sí serán enviados a la Asamblea Legislativa para su análisis, tal como lo establece la normativa.

El diputado de CC afirma que se está utilizando la figura de convenio para ocultar los contratos ya firmados. Sostiene que estos documentos ya existen y es muy probable que establezcan las obligaciones del Estado y los derechos que tendrán estas empresas sobre el litio boliviano.

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El diputado Carlos Alarcón, representante de Comunidad Ciudadana (CC), asegura que el gobierno tiene la intención de tener autoridades de facto en el Órgano Judicial. Sin embargo, enfatiza que cualquier decisión tomada por estas autoridades será impugnable y estará sujeta a múltiples cuestionamientos debido a su prórroga irregular.

Incertidumbre jurídica en el país

Alarcón señala que a partir del 2 de enero, estos magistrados no podrán ejercer válidamente un cargo al cual ellos mismos se invistieron. Esto solo se ve en casos de dictadores y emperadores. Además, manifiesta que ningún funcionario público tiene un nombramiento que emane de su propia voluntad. Asegura que esto generará una gran incertidumbre jurídica en el país.

Necesidad de revisar fallos emitidos

El diputado opositor adelanta que cuando se logre la reforma judicial, uno de los puntos más importantes será revisar todos los fallos emitidos por estos magistrados con respecto a vulneraciones a los derechos humanos. Es necesario tomar medidas legales contra los magistrados y revisar la Ley de Juicio de Responsabilidades para evitar que sea únicamente un proceso administrativo para dejar el cargo. En cambio, se deben llevar adelante acciones penales para lograr sanciones punitivas.

Irresponsabilidad en la prórroga de mandato

El senador Félix Ajpi del Movimiento Al Socialismo (MAS) considera muy irresponsable aceptar la prórroga de mandato de los magistrados. Afirmó que la Asamblea debe trabajar arduamente para darle una respuesta al país sobre las elecciones judiciales y evitar que la ciudadanía quede en indefensión jurídica. Advierte que todos demandarán inconstitucionalidad y eso provocará un caos jurídico, algo indeseado por todos.

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Alarcón recordó que el Presidente Luis Arce presentó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, pero advirtió que se incorporó un artículo contraproducente. Este artículo aprueba relaciones sexuales consentidas entre menores de edad a partir de los 12 años, siempre y cuando no haya una diferencia de edad mayor a tres años.

Retroactividad y Comisión de la Verdad

Como segunda observación, Alarcón explicó que la Constitución establece que las normativas no pueden ser retroactivas, salvo en casos especiales. Sin embargo, se pretende que la ley de imprescriptibilidad tenga esa característica utilizando la Comisión de la Verdad. Este es el tercer aspecto criticado por Alarcón, quien aseguró que ninguna persona prevista para esa instancia tiene la moral para investigar estos casos.

“Entonces dijimos: retiren estas tres aberraciones legales para el 5 de noviembre con la nueva legislatura, y sobre esa base podemos llegar a un consenso cuyo objetivo principal sea proteger verdaderamente a los niños contra estos delitos. Pero no aceptaremos ningún tipo de amedrentamiento”, declaró el legislador.

Criticando al ministro de Justicia

Alarcón criticó al ministro de Justicia Iván Lima, quien publicó en sus redes sociales los nombres de todos los legisladores que rechazaron el proyecto de imprescriptibilidad. A pesar del voto nominal y del conocimiento público de esa información.

Doble moral y conflicto de intereses

Alarcón también lamentó la doble moral del ministro, ya que no hizo nada contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui, quien fue acusado de delitos sexuales. Consideraron que mínimamente debería excusarse en el tratamiento del proyecto de ley debido a un conflicto de intereses.

Pedido para dejar las atribuciones judiciales

Finalmente, le pidió al ministro Lima que dejara de amenazar las atribuciones de la Asamblea con actos judiciales cuestionables, y le aseguró que el proyecto de ley será aprobado sin problemas una vez que se anulen esos tres puntos específicos.

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La iniciativa fue presentada el 6 de junio de este año con la intención de aplicar una serie de medidas en todos los comicios a partir del año 2025.

Contraste entre bases de datos para sanear padrón electoral

Como medida principal, se estableció contrastar los registros entre las tres bases de datos vigentes: el Servicio de Registro Civil (Sereci), el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el registro electoral biométrico. Esto permitiría identificar divergencias y sanear el actual padrón electoral.

Solicitud para restauración del sistema TREP y auditorías postelectorales

Además, se solicitó la restauración del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) como una garantía fundamental para asegurar la transparencia electoral. También se pidió que se entreguen actas oficiales a los partidos políticos participantes en las elecciones y que se realicen auditorías postelectorales.

Solicitan reunión urgente con presidente y vocales del TSE

“Estoy solicitando una reunión urgente con el presidente y los vocales del TSE para explicarles los alcances de esta propuesta legislativa, pero sobre todo para señalarles que no pueden quedarse cruzados de brazos y deben impulsar estas medidas a tiempo”, manifestó Alarcón.

Prevenir incidentes electorales como los ocurridos en 2019

En ese sentido, resaltó la importancia vital de que el TSE atienda esta solicitud y analice todos estos aspectos, para evitar que en 2025 se repitan los incidentes ocurridos en 2019, los cuales desencadenaron en conflictos sociales debido a acusaciones de fraude electoral.

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En dicha nota, solicitaron al mandatario que envíe todos los contratos relacionados con el litio, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE).

Contratos millonarios con empresas rusas y chinas sin hacer públicos

Según Alarcón, se ha conocido a través de los medios de comunicación que estos contratos ascienden a 1.400 millones de dólares y existen acuerdos con empresas rusas y chinas para llevar a cabo trabajos en los salares de Pastos Grandes y Uyuni. Sin embargo, no se cuenta con información precisa debido a que estos acuerdos no han sido hechos públicos.

Legislador destaca atribuciones constitucionales sobre recursos naturales

El legislador explicó que el artículo 158 de la Constitución establece que la Asamblea tiene la atribución de aprobar los contratos relacionados con recursos naturales considerados de interés público. Además, señaló que el artículo 348 establece como recursos estratégicos a los minerales en todas sus formas.

Aprobación legislativa como mecanismo para garantizar transparencia

En este sentido, Alarcón destacó que el proceso de aprobación legislativa de estos contratos no es un mero trámite formal, sino un mecanismo para garantizar que la población tenga conocimiento sobre su contenido, alcance y compromisos por parte de todas las partes involucradas en relación al aprovechamiento y uso adecuado del recurso.

Protección del patrimonio nacional y consecuencias económicas

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de esta aprobación para proteger el patrimonio más valioso del país en este momento. Cualquier negociación poco transparente podría tener graves consecuencias para el futuro económico de Bolivia.

Diputados solicitan información al Gobierno

Los diputados Enrique Urquidi, Alberto Astorga, Gustavo Aliaga y Alarcón firmaron una Petición de Informe Escrito (PIE) para solicitar al Gobierno que designe al ministro competente para responder a las preguntas planteadas. Además, solicitaron directamente el envío de la documentación necesaria para cumplir con los procedimientos correspondientes.

Confianza en el Presidente pero esperan explicaciones

Alarcón expresó su confianza en que el Presidente cumplirá con lo solicitado y aseguró que no tienen prevista ninguna medida en caso de que los contratos no sean remitidos. Sin embargo, señaló que dicha documentación debió haber sido enviada previamente incluso para su revisión, pero esperarán las explicaciones por parte del Ejecutivo.

Contratos siguen sin ser hechos públicos

El 29 de junio, el Gobierno boliviano firmó los contratos con las empresas Uranium One Group, de Rusia, y Corporación Citic Guoan, de China, con quienes se trabajará en la industrialización del litio. Desde entonces se ha pedido que el contenido de estos documentos sea hecho público, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta.

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El jefe de Bancada de Creemos en el Senado, Henry Montero, denunció que el oficialismo no mostró seriedad en las reuniones y que su principal objetivo es evitar que se realicen las elecciones judiciales, dilatando todas las acciones para luego culpar a la oposición y acusarlos de oponerse a todas las propuestas.

“La división del MAS entre ‘arcistas’ y ‘evistas’ hace que continuemos en esta situación y que no exista diálogo. El objetivo era llegar a un consenso entre todos para aprobar esto lo antes posible, pero no estaba presente el ala ‘evista’ del Senado”.

Jefe de Bancada de Creemos en el Senado, Henry Montero

Rechazo por razones técnicas y legales

Según precisó, el plan del masismo es aprobar hoy por dispensación de trámites una ley que ya tenía el visto bueno de la comisión correspondiente; sin embargo, anticipó que Creemos la rechazará no por pensamientos ideológicos sino por razones técnicas y legales.

Propuesta normativa perjudicial

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, precisó que la propuesta normativa del MAS estipula 90 días para la preselección de candidatos, lo que es sumamente perjudicial porque hay otros proyectos diseñados para realizar esa tarea en 25 días.

“Siempre asistimos al diálogo, pero resulta que el MAS sacó su as bajo la manga y cuando ya estábamos llegando a un acuerdo con Creemos, los senadores oficialistas desaparecen como por arte de magia porque ya estaban pensando en su ley esperpento”.

Diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón

Reunión pendiente con el Tribunal Electoral

No obstante, el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, recalcó que no es correcto decir que el diálogo fracasó porque ya se fijó una reunión para conocer la determinación del Tribunal Electoral, respecto a los tiempos y seguir trabajando en base a eso.

“Nada de lo que se pretende construir en el pensamiento colectivo es un escenario calamitoso o apocalíptico; si no alcanzamos las fechas o tuviéramos que posponerlas, no cambiaría nada en lo que sucede ahora con la administración de justicia”.

Diputado del MAS, Juan José Jáuregui,

Finalmente, aclaró que aceptar la supuesta ruptura del diálogo sería reconocer que los legisladores ya no tienen la capacidad de llevar adelante su labor o están desconociendo su mandato constitucional, lo cual no es el caso. Enfatizó que simplemente están en una pausa.

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Urquidi ha instado al presidente de la ALP, David Choquehuanca, y a los presidentes de las Cámaras Alta y Baja, Andronico Rodríguez y Jerges Mercado respectivamente, a dejar de lado la incertidumbre que rodea el tema de las elecciones judiciales.

“El mensaje es claro para el presidente nato (de la ALP) y los presidentes de las Cámaras, vamos al consenso, vamos al acuerdo, los combinamos y los convocamos a que de una vez por todas nos sentemos en una mesa y que la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin cuartos intermedios y sin mayores espacios totalmente irresponsables, comience a tratar a debatir y a considerar esta propuesta que desde Comunidad Ciudadana estamos ofreciendo al país”, dijo Urquidi.

Detalles del proyecto de ley transitoria para elecciones judiciales

Por su parte, el diputado Carlos Alarcón explicó que la propuesta de ley transitoria “de Candidaturas Oficiales Abiertas, Iguales y Competitivas” consta de once artículos y debe ser aprobada antes del 11 de agosto. Esto permitiría iniciar la difusión de la convocatoria el 12 del mismo mes.

Según Alarcón, se establece un calendario con fechas específicas: presentación de postulantes del 14 al 23 de agosto; verificación de requisitos del 24 al 28 de agosto; publicación de listas de habilitados el 29 de agosto; presentación de impugnaciones del 30 al 31 de agosto; resolución de impugnaciones, que podría ser publicada el 1 de septiembre; y debate en el plenario de la ALP para emitir las listas al Órgano Electoral a partir del 3 de septiembre.

Participación y veedores internacionales en las elecciones judiciales

Alarcón destacó que los méritos de los postulantes se basarán en lo establecido por las leyes y la Constitución Política del Estado. Además, se permitirá la participación como veedores a Universidades Públicas, Colegios de Abogados y Auditores, entre otros. También se contempla la presencia de veedores internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.

Búsqueda consensos para incluir cuotas regionales

El senador Rodrigo Paz, representante de CC, señaló que el proyecto busca llegar a consensos entre las tres fuerzas políticas y podría incluir cuotas para los legisladores según las regiones que representan.

Diputado del MAS dice que norma debe ser debatida

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo Froilan Mamani indicó que la propuesta presentada por CC debe ser debatida en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja debido a su ajuste a los plazos establecidos para llevar adelante las elecciones judiciales.

/DCF

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Según Fernando Vargas, vicepresidente del TSE, el propósito de este encuentro es analizar, desde sus competencias en organización y administración de resultados, la situación actual de estas inciertas elecciones.

Por otro lado, Carlos Alarcón, diputado, expresó su descontento diciendo: “Con los plazos actuales ya no es posible realizar las elecciones este año y eso es lo que buscaba el MAS al culpar a la oposición como si esta tuviera control sobre el tribunal electoral o constitucional”.

De esta manera descartó la posibilidad del evento.

Sin embargo, Andrés Flores, diputado y jefe de bancada del MAS, aún espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emita la convocatoria para la preselección de candidatos.

A pesar de que los plazos establecidos en la Ley Corta dificultan la agenda parlamentaria.

Flores aseguró que una vez finalizado el receso legislativo programado del 17 al 31 de julio, la Comisión Mixta trabajará en la elaboración del documento.

“Pensábamos obtener una respuesta esta semana, pero hay alguien irresponsable en el Tribunal Constitucional que quiere obstaculizar a la Asamblea con la elección judicial”, acusó Flores.

Y enfatizó que no hay otra alternativa para llevar a cabo el proceso electoral y aún tiene esperanzas de que la reglamentación de preselección se emita en agosto.

Ante la espera del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, Alarcón sentenció: “Esto demuestra que el principal obstáculo ha sido el Gobierno; el Presidente quiere seguir teniendo interinos bajo su control para que sean los verdugos de los derechos humanos”.

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El proyecto surge después de que el Presidente Arce posesionara a Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno, a pesar de haber sido censurado anteriormente por la ALP en ese mismo cargo.

“La censura y destitución de ministros de Estado como consecuencia de una interpelación establecida en el artículo 158 párrafo 1 numeral 18 de la CPE implica que el Presidente del Estado está prohibido de volver a designar al mismo ministro censurado y destituido durante todo el resto del período constitucional”, indica el proyecto presentado por Alarcón.

El legislador espera que todos los parlamentarios apoyen esta sanción y aplicación normativa.

Según Alarcón, al volver a nombrar a un ministro censurado, el Presidente se convierte en juez y parte en las interpelaciones, rompiendo así los principios establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) respecto a la independencia, separación y equilibrio de poderes. Además, ejerce una autoridad dictatorial.

El martes 27 de junio, Eduardo del Castillo fue censurado por la ALP después de someterse a una interpelación sobre el tráfico de vehículos robados en Chile y su comercialización ilegal en Bolivia.

Dos días después, el Presidente del Estado lo volvió a nombrar en el mismo cargo, argumentando que se había cumplido con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) para destituirlo, pero Del Castillo apeló al enunciado 172 de la Carta Magna para ser restituido. El Presidente manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por el Legislativo.

Tras este nombramiento, los asambleístas de CC rechazaron esta acción y además advirtieron que el Presidente envió a la ALP un proyecto de ley el pasado 19 de abril, donde propone que cualquier ministro censurado y destituido no pueda ser restituido en su mismo cargo dentro del período constitucional gubernamental.

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Alarcón explicó que hizo esta petición después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, suspendiera su propia interpelación argumentando la necesidad de adecuar la Ley 1350 a la Sentencia Constitucional 020 sobre las especificaciones de la censura.

Según declaraciones del legislador desde la sede del Gobierno, consideró “insólito e irregular” que el Ministro de Justicia decida posponer su propia interpelación y que el vicepresidente actúe como intermediario para evitar cumplir con sus deberes constitucionales como presidente nato de la Asamblea.

Alarcón señaló que esta propuesta del mandatario cumple plenamente con los lineamientos constitucionales y normativos vigentes, por lo tanto es probable que sea aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, hasta que esta situación se resuelva lamentó que las censuras no tendrán efecto y ninguna interpelación programada a los ministros se llevará a cabo debido a una solicitud del ministro Lima.

/LPT

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Según Alarcón, el proyecto de Ley 358 de Dispositivos Electrónicos acaba de pasar la Comisión de Constitución y aún no ha sido tratado en las Cámaras de Senadores y Diputados.

En días previos, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que ya se tenían disponibles los 500 dispositivos por un costo cercano a los 326.000 dólares.

Alarcón manifestó que esa compra resultaría en un grave daño al Estado en caso de que la normativa se rechace.

“Este es un tema que nos sorprende demasiado y lo cuestionaremos en el pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana”, declaró Alarcón a LA PATRIA en La Paz.

De igual forma criticó nuevamente la aplicación del uso exclusivo para reemplazar la detención preventiva con estas tobilleras porque no aplicará a todos los delitos relacionados con corrupción establecidos en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En respuesta, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) añadieron al proyecto una cláusula donde se estipula que los funcionarios públicos que causen daño económico al Estado no podrían beneficiarse con las tobilleras; sin embargo, el diputado Alarcón aseguró que eso no es suficiente.

“Por ejemplo, cuando hay cohecho o soborno puede ser que una empresa pague dinero a un funcionario para ganar una licitación; ahí ya se consuma un delito de corrupción sin haber causado ningún daño al Estado todavía”, explicó.

En ese sentido, el diputado opositor precisó que el único colega oficialista que estuvo a favor de incluir todos los delitos de corrupción fue Froilán Mamani, pero el resto de sus pares “arcistas” no apoyaron su postura.

El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, informó hace dos días que el proyecto de Ley 358 fue aprobado en esa instancia. Por su parte, Castillo aseguró que con la socialización adecuada esta iniciativa recibirá la aprobación de las tres fuerzas políticas.

/LMPT

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Según Alarcón, esta normativa está diseñada específicamente para perjudicar a la expresidente Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho.

El proyecto especifica que los dispositivos no se aplicarán a aquellos sindicados por terrorismo; sin embargo, aquellos con procesos por corrupción sí serán beneficiados con esta medida, exceptuando a los acusados por legitimación de ganancias ilícitas.

Alarcón calificó esta iniciativa como un claro fomento a los otros 33 delitos de corrupción estipulados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Están diciendo: miren no se preocupen, hagan la corrupción que quieran porque solo tendrán una tobillera y con eso está arreglado el asunto; no van a ir a la cárcel con detención preventiva”, declaró a LA PATRIA en La Paz.

En caso de aprobarse el proyecto de ley, uno de los beneficiados sería el exministro Juan Santos Cruz, quien cumple detención preventiva acusado de recibir al menos 19 millones de bolivianos en coimas.

El Gobierno sugirió la implementación de estos dispositivos electrónicos para sustituir la detención preventiva y reducir el hacinamiento en las cárceles donde la mayoría de los reos no tiene una sentencia condenatoria.

Estos aparatos incluirán una alarma para advertir actividades irregulares del sindicado y la incorporación de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), lo que permitirá saber si está incumpliendo la delimitación geográfica determinada.

/LMPT

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Entre las medidas propuestas por los legisladores está la verificación entre el certificado de nacimiento, carnet de identidad e inscripción al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de todos los votantes para asegurar su correcta habilitación.

Además, se pidió garantizar la transmisión rápida y eficiente de resultados electorales preliminares, para evitar interrupciones durante el proceso electoral como las ocurridas en 2019 o inhabilitaciones previas a los comicios como en 2020.

Otra medida importante establece la nulidad del proceso electoral por fraude electoral si se detectan falsificaciones u otras irregularidades.

En caso de evidenciarse dichas situaciones, deben realizarse nuevas elecciones.

Por último, solicitaron que cada comprobante de sufragio especifique claramente el número correspondiente a la mesa donde se emitió dicho voto para permitir un control electoral más efectivo.

“Este es un primer paso para garantizar el derecho al voto ciudadano. Si no prestamos atención y dejamos que las cosas sigan avanzando sin cambios significativos, llegaremos al año 2025 con unas elecciones generales catastróficas”, declaró Alarcón según informó LA PATRIA desde La Paz.

Con esta iniciativa, se busca mejorar la transparencia y confiabilidad del sistema electoral boliviano ante futuros procesos electorales.

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La solicitud se debe a la falta de dólares en el país, pese a que la Ley del Oro se aprobó hace 20 días. Además, se pedirá un detalle de las operaciones que realizó el BCB con las reservas de este mineral desde la implementación de esta normativa y dónde se destinaron esos recursos.

También se solicitará información sobre el monto exacto de las reservas del BCB en oro, dólares y derechos especiales de giro; así como explicar por qué esta entidad no publica reportes periódicos y actualizados sobre las Reservas Internacionales.

El legislador declaró: “¿Qué es lo que está esperando el Gobierno nacional para solucionar el problema de la escasez de dólares?, hace 20 días que se promulgó y publicó la Ley del Oro, ya deberíamos tener alguna respuesta”.

La Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) alertó sobre un posible incremento en la inflación debido a las dificultades que tienen para exportar los insumos para producción.

Según lo establecido en el artículo 137 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, la respuesta al PIE debe llegar en máximo diez días hábiles.

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/LMPT

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De acuerdo con el proyecto, la Asamblea Legislativa define la descentralización de la preselección de candidatos a juristas.

“La obligación de la ALP de tomar en cuenta a calificación de méritos efectuada por estos comités independientes”, explicó Alarcón.

Recordó que el Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó un proyecto de ley para modificar plazos respecto a la elección judicial, para lo que Comunidad Ciudadana insiste en introducir la iniciativa de jurados departamentales para calificar a los postulantes.

Insistió en aplicar la ley de garantías que presentó en un inicio el líder de CC, Carlos Mesa, y lamentó que parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), ignoren sus propuestas y solo realicen modificaciones para que ganen postulantes afines al Gobierno.

“Les hemos dicho, esta ley transitoria que tiene cinco artículos, le agregaremos del seis al 13, es decir, que tenga estos otros artículos más, que incluyan estas garantías presentadas por escrito y que tienen que ser tratadas en la sesión den comisión para que podamos tener una sesión creíble y transparente”, indicó.

Anticipó que el MAS rechazará su propuesta, debido a que el Gobierno intenta tener a verdugos disfrazados de jueces, encubridores de la corrupción.

LEY DE GARANTÍAS

El también expresidente, Carlos Mesa presentó un proyecto de Ley de Garantías para las elecciones judiciales que da a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) facultades para delegar la preselección de los candidatos y candidatas a una instancia denominada Tribunales de Méritos para la elección de los candidatos a los cargos judiciales.

Por otra parte, define la descentralización de la elección de candidatos a juristas con la Constitución de nueve jurados departamentales de mérito quienes luego de la preselección entregan la puntuación a la ALP, asimismo, propuso una modificación a la Ley Electoral, explicó el exmandatario.

“La preselección estará a cargo de universidades públicas, colegios de abogados y auditores asambleas legislativas departamentales, grupo de juristas independientes, asociaciones departamentales de periodistas y organizaciones de la jurisdicción indígena originaria campesina”, detalló Mesa en esa oportunidad.

/NVY

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Alarcón consideró innecesaria la postergación de la sesión de la pasada jornada, e informó que su bancada presentó por escrito su posición de cómo se debería cumplir el fallo al que calificó como “amparazo”.

Indicó que la única forma de salvar el proceso de reforma judicial, es haciendo un giro de 180 grados, para que se recupere una credibilidad en la sociedad boliviana y aseguró que insistirá para ser escuchado.

“No estamos para discutir el reglamento del MAS, estamos de parte de Comunidad Ciudadana para dar un giro de 180 grados y que se logre dar las garantías mínimas y suficientes para recuperar la credibilidad de este proceso electoral que esta por los suelos”, sostuvo el legislador.

Señaló que las determinaciones de legisladores oficialistas son muy contradictorias y que intentan ocultar lo evidente, según informó LA PATRIA.

Reveló que el pasado sábado, solo se registraron seis postulantes oficiales, mientras que en las elecciones de la Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) tendría 30 candidatos.

“Osea hay más candidatos para las elecciones del Cotel que para las judiciales (…). Y ahora insisten en hacer cambios en su propio reglamento que ha sido aprobado sin consenso con la oposición”, lamentó.

Alarcón informó que junto al líder de su alianza, Carlos Mesa, plantearon una ley de garantías, con cuatro preceptos sustanciales para recuperar la credibilidad, después de dos fracasos de elecciones judiciales anteriores, sin embargo, el oficialismo no quiso ponerlo en consideración.

DIPUTADA TATIANA AÑEZ

A su turno, la diputada de Creemos, Tatiana Añez, recordó que su partido político presentó, la pasada jornada, una nota al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, donde solicitaron una reunión de alto nivel, en el que participen las tres fuerzas políticas .

“Entendemos que de no darse esta reunión, este proceso eleccionario de candidatos para autoridades judiciales, va significar un nuevo fracaso como en el 2011 y el 2017 donde la ciudadanía, por falta de confiabilidad no acudió a las urnas”, manifestó a LA PATRIA.

Acusó al MAS de estar trabajando de la misma forma que en años de fracaso, al realizar el proceso eleccionario.

Mencionó que el partido azul no puede ponerse de acuerdo, puesto que hubo tres propuestas por diferentes por parte del exmandatario Evo Morales, del Presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

DIPUTADO JUAN JOSÉ JÁUREGUI

Por su parte, el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, descartó que este proceso se constituya en un fracaso, y se mostró convencido de culminar el debate de este proceso, antes de que culmine el día, pero no descartó la posibilidad de un cuarto intermedio.

“Existe un documento concluido, esperamos que en el debate podamos subsanar los elementos sueltos, estimo que si se va a dictar un cuarto intermedio pero no va ser por más de media hora”, señaló.

Indicó que tras concluir la sesión se remitirá el informe correspondiente a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración.

/NVY

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El diputado de CC, Carlos Alarcón, dijo que presentan esta ley a causa de los proyectos de ley 304: Que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y el 305: Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, actualmente en tratamiento por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Explicó que ambos proyectos de ley atentan contra el derecho a la libre expresión, libre información y libre comunicación de la ciudadanía en general y periodistas de medios de comunicación.

El parágrafo dos del artículo 281 Septies, difusión e incitación al racismo o a la discriminación del Código Penal que CC exige derogar menciona: Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.

La autoridad expresó que intentan implementar, el presente parágrafo, en el proyecto de ley 305, lo que atentaría contra la Ley de Imprenta de 1925, actualmente vigente.

“Debemos desactivar esta bomba de tiempo que está vigente (el parágrafo dos del articulo 281 Septies del código penal), porque cuando entren en vigencia las otras dos leyes (proyecto de ley 304 y 305) el ámbito de punibilidad de los periodistas se va a volver ilimitado”, advirtió Alarcón a LA PATRIA.

“Este proyecto en especial es el más nefasto para el sistema democrático y el estado de derechos del país”, añadió el diputado refiriéndose al proyecto de ley 304.

/WBMC

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El legislador invitó la pasada jornada a toda la ciudadanía para que presencie la sesión llevada de marera pública.

Calificó de tramposa el proyecto de Ley 280 de ganancias ilícitas y señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS), no solo estafó a la población el 2019, sino que lo hace también en las leyes que promulga.

Acusó al oficialismo de intentar penalizar las protestas sociales disfrazándolas de falso terrorismo.

“Una marcha de protesta, que un sector afín al MAS se sienta intimidado y además restringido en sus vías de locomoción a las calles y que le exija algo al Gobierno, eso ya está amenazado con 20 a 25 años y le ha agravado la pena al terrorismo en la Ley 218”, manifestó Alarcón a LA PATRIA.

Indicó que no solo se rescató la parte punitiva de la Ley 218, que ya fue rechazada el 2021, sino que le agravaron la pena al terrorismo.

Dijo que su bancada comparte el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la protesta como un derecho constitucional pacífica y sin violencia.

“Ahora tenemos que volver a protestar, porque no vamos a permitir que en Bolivia se viva una dictadura (…). Estos señores van a querer meter a todos a la cárcel para qué tapar la situación económica de Bolivia y para seguir haciendo su corrupción”, añadió.

DIPUTADO PATRICIO MENDOZA

Asimismo, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza, señaló que le corresponde al Ejecutivo, realizar una concientización sobre esta ley a la población en general y evitar las movilizaciones de sectores como se vivió en 2021.

“Ahora no vamos a hacer lo mismo, no vamos a caer en la misma trampa, eso hay que socializar más a profundidad con el encargado”, dijo a LA PATRIA.

Sobre la supuesta penalización a protestas sociales, mencionó que la norma aún no se aprobó, y que socializarán y analizarán a detalle las vulneraciones.

DIPUTADA MAGALI GÓMEZ

En ese marco, la diputada del MAS, Magaly Lourdes Gómez, ratificó que este proyecto de ley, ingresó en un análisis y no pudo remitir criterios anticipados.

Sin embargo, sobre el incremento de penas, la legisladora indicó que se podría contemplarlo siempre y cuando no vulnere los derechos.

Asimismo, se espera la respuesta del Comité encargado de socializar, analizar cada párrafo de esta polémica norma.

/NVY

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“Como es una sesión pública, invitamos a todos los representantes de los sectores mineros, gremiales, empresariales, profesionales, a participar de esta sesión de la Comisión, mañana a las 10:30 (horas), porque va haber un debate muy importante jurídico y técnico, sobre los alcances de esta ley maldita 280”, dijo a LA PATRIA.

Por su parte, el ministro de Justicia Iván Lima, aseveró el domingo reciente, que este proyecto de ley está bien elaborado y que pretende combatir el crimen, y no sanciona la protesta social, tampoco afecta al sector gremial.

Sin embargo, la oposición asegura que esta norma se elaboró para reemplazar la Ley 218, que fue rechazada con protestas en el 2021, y hoy figura con el número PL 280 en la Cámara de Diputados bajo el nombre de Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que en esencia es el mismo que el anterior.

“Claramente criminaliza la protesta social, con la figura del falso terrorismo y criminaliza la vida económica, con la figura de falsa legitimación de ganancias ilícitas”, sostuvo el diputado.

Señaló que este proyecto pretende implantar la dictadura en Bolivia, y reiteró la invitación a la ciudadanía para presenciar el debate político y técnico.

DIPUTADO FREDDY LÓPEZ

Asimismo, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy López, ratificó que la ley de ganancias ilícitas, debería haberse presentado con una socialización previa de su bancada.

“Yo lamento mucho de que el actual presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, no tenga una agenda legislativa”, manifestó a tiempo de mencionar que no se tiene proyectos de ley a menudo.

Reveló que había recomendado que el proyecto de ley sea específico y no general, pues causa susceptibilidad en los mineros, transportistas y gremiales.

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Calificó de burla el reglamento para las elecciones judiciales que se aprobó la pasada jornada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según informó LA PATRIA.

“Aquí tengo la prueba de cómo una vez más el oficialismo se hace la burla del país para estas elecciones judiciales”, manifestó.

Alarcón procedió a leer el Artículo 21, que estipula la verificación de requisitos específicos, donde la Comisión Mixta solo comprobará que el postulante cumpla con los ocho años de experiencia profesional y tenga al menos un curso de formación especializado en el área de su postulación.

“Ni siquiera habla de maestrías o doctorados, un curso que puede ser de un diplomado hasta virtual”, cuestionó.

Asimismo, lamentó que de todos los requisitos específicos detallados en el reglamento, sólo se controlarán dos como causales de inhabilitación.

“Es una burla al país poner hasta quince requisitos específicos y solamente calificar dos, y lo dicen con el tamaño del cinismo y la sinvergüenzura en el Artículo 21 parágrafo 2 y 3 del reglamento”, sostuvo.

Alarcón acusó al vicepresidente, David Choquehuanca, de cortar el debate abruptamente y de intentar esconder que el reglamento es beneficioso solo para postulantes afines al oficialismo.

“Esto les demuestra a ustedes que todo está totalmente cocinado, amañado para beneficiar postulantes que sean afines al Gobierno”, añadió.

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En 2021, fue aprobada la Ley 218 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, que desató una ola de protestas en las calles del país.

Fue dada de baja por el Gobierno y calificada como “ley maldita” por gremialistas y comerciantes, que alertaron de los riesgos dado a que apunta a controlar los bienes de las personas, bajo el argumento de que no deben tener orígenes dudosos.

“Se acordarán de la ley que fracasó hace un año atrás, porque hubo una movilización ciudadana, de diferentes sectores de la economía boliviana que con justa razón protestaron ante esa ley que la llamaban ley maldita”, recordó Alarcón.

Informó que, nuevamente el Presidente Luis Arce y el Gobierno intentan revivir dicha normativa, reemplazándola por la Ley 280, que además ya fue convocada para tratarla esta jornada.

“Ha sido convocado para tratarlo en la Comisión de Constitución para el día de hoy, se la trasladará porque se cruzó con la Ley del Oro”, indicó a LA PATRIA.

El legislador de CC señaló que, son cuatro las figuras penales que el oficialismo intenta imponer en el país; la figura del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes.

Según Alarcón, esta normativa criminaliza la protesta social y que si se aprueba, cualquier grupo de personas que expresen sus desacuerdos, como la situación del magisterio, serán juzgados por fiscales.

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El legislador manifestó que el oficialismo busca la manera de usar las elecciones judiciales, para tener a las autoridades de justicia a su disposición, sin importarles que se usen mecanismos en contra de la constitucionalidad del Estado.

“El Movimiento Al Socialismo (MAS) destruyó la institucionalidad democrática de garantías, especialmente la del sistema de justicia. Nuevamente quiere tener a los jueces y fiscales a sus pies para generar un Estado autoritario represivo en contra de la oposición y la disidencia ciudadana del país”, declaró el diputado a LA PATRIA en la sede de Gobierno.

Para evitar este escenario, Alarcón confirmó que seguirán impulsando la Ley de Garantías, a fin de exigir los votos nulos y blancos, a diferencia de los últimos dos comicios para elegir autoridades judiciales.

Además, también se estipulará que la Asamblea Legislativa no sea la única instancia que valore los méritos, la trayectoria, y la excelencia profesional de los que se postulen a estos cargos.

Por su parte el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, manifestó que cualquier norma debe ser objeto de análisis, sin embargo, si la Ley de Garantías no responde a los lineamentos constitucionales pertinentes, no será objeto de una consideración seria.

“Creo que la propuesta, si es legislativa y de esta naturaleza de garantías, sería extemporánea su presentación y no tendría otra motivación que ser un elemento dilatorio en torno al trabajo que se viene realizando”, declaró el diputado a este medio de comunicación.

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El legislador informó que el Gobierno insiste en el tratamiento de esta ley, la cual ya se aprobó en la Comisión de Planificación.

“Con esta ley del oro el Gobierno pretende un cheque en blanco para dilapidar las reservas físicas del oro boliviano”, manifestó.

Aseguró que dicha norma estaría violando el Artículo 158, parágrafo 1, numeral 13 de la Constitución Política del Estado, que instruye primero una aprobación de la Asamblea Legislativa antes de la venta de un bien público, reportó LA PATRIA.

Según Alarcón, cuando se trata de vender las reservas físicas de oro en mercados del exterior, se está comprometiendo no solamente el ahorro de las generaciones pasadas, presentes y futuras de los bolivianos, sino también está en juego la estabilidad de la moneda boliviana y del sistema económico del país.

Señaló que en cada operación de ventas, es importante que se presente ante la ALP, las garantías del contrato, las condiciones y una serie de datos relevantes para analizar la conveniencia.

“El principal objetivo es el de vender nuestras reservas físicas de oro en el exterior sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo refiriéndose al Gobierno.

Al diputado de CC, le llamó la atención que en el año 2011, en un Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), las políticas de las reservas de oro era inversa a la que propone esta ley también del MAS.

“Vamos hacer una batalla democrática dentro la ALP para que esta ley así como está establecida, no pueda pasar por que sería un atentado contra la patria y contra los intereses de los bolivianos”, añadió.

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El legislador mencionó que se unirán a la ciudadanía para protestar en defensa de los Derechos Humanos de los presos políticos y en contra de los golpes de Estado que afectan a autoridades subnacionales, como pasó en la Gobernación de Santa Cruz.

Según su criterio, todas las acciones que se realizan contra el gobernador Luis Fernando Camacho, son un claro golpe de Estado la Gobernación cruceña y al voto de los ciudadanos, quienes eligieron a la autoridad que actualmente, según su criterio, está siendo juzgada por un caso inventado.

Vicegobernador de Santa Cruz

Respecto a la gobernabilidad de Santa Cruz y si el vicegobernador, Mario Aguilera, debería asumir sus funciones, Alarcón enfatizó que esa es una decisión autónoma del departamento; en ese sentido, criticó al ministro de Justicia, Iván Lima, por pretender que el Gobierno Central intervenga en esa situación.

“Lo que queda claro es que un gobernador elegido por el voto solo puede perder su mandato cuando hay condena penal ejecutoriada”, declaró el diputado a LA PATRIA en La Paz.

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Indicó que el único tipo penal que queda en ese proceso es el supuesto terrorismo, explicando que es un delito que implica ser parte de una organización armada o colaborar con una organización armada para atentar contra las personas, mencionando como ejemplos al Sendero Luminoso de Perú y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Asimismo, consideró que además de que el proceso penal es montado, volvieron a Chonchocoro como un nuevo campo de concentración de la oposición.

“A una persona del Oriente la traes con ese proceso y delito inventado a 3.927 metros de altura, lo pones con los delincuentes más peligrosos”, añadió.

Aseveró que Camacho tiene presunción de inocencia como cualquier ciudadano; además se ser elegido por voto, por lo que consideró que su situación es vejación.

“Todo este contexto, todos estos elementos hacen ver que estamos en una situación de tratos crueles inhumanos y degradantes”, subrayó.

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El legislador manifestó su respaldo a la idea de un cabildo nacional, con la finalidad de rechazar el golpe de Estado que se dio a la Gobernación y al voto cruceño, con la aprehensión y encarcelamiento de su máxima autoridad departamental, Luis Fernando Camacho.

“Hoy es el gobernador Camacho, mañana va a ser un alcalde de oposición y pasado mañana va a ser un Presidente de Bolivia que no sea del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, declaró Alarcón a LA PATRIA en la Sede de Gobierno.

Además, enfatizó que el cabildo nacional debe hacerse en Santa Cruz, para exigir que Camacho retorne inmediatamente a ejercer como gobernador, que los presos políticos se defiendan en libertad, y que se cambie desde la raíz el sistema judicial del país.

Finalmente, Alarcón explicó que las plataformas ciudadanas ya deben trabajar en fijar una fecha para el cabildo nacional para unificar la lucha de toda la ciudadanía movilizada o, en todo caso, que se realicen nueve cabildos departamentales.

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El caso ya fue tratado en el Comité del Ministerio Público, en el cual la mayoría del MAS aprobó un informe que desestima la denuncia contra los exmagistrados, sin embargo, el diputado de CC, Carlos Alarcón, está presentando otro informe para poner a consideración y que se impute a lo extribunos, reportó Erbol.

“Los legisladores del MAS quieren darle este sello de impunidad, para que los próximos autócratas, como el expresidente Evo Morales, vuelvan a intentar violar la soberanía del pueblo, violar la Constitución Política del Estado, para quedarse de manera indefinida en el poder”, afirmó Alarcón.

Seis exmagistrados del TCP fueron los que firmaron la sentencia 084/2017, con la cual se suspendió la vigencia de los artículos de la Constitución que impedían la reelección por más de una vez consecutiva, bajo el argumento de que esa limitación estaba en contra la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó posteriormente, que la reelección indefinida no es un derecho humano y que limitar la reelección es permitido.

El diputado Alarcón lamentó que los actuales magistrados no anulen la sentencia 084/2017, a pesar de que ya existe el pronunciamiento de la Corte IDH. Además considera que se quiere mantener la lógica de impunidad y que “entre bomberos no se pisan la manguera”.

Si la Comisión de Justicia Plural aprueba la imputación contra los exmagistrados se abrirá la etapa preparatoria de juicio de responsabilidades, pero si se aprueba el rechazo, se archivará el proceso.

Alarcón estimó este lunes que, entre mañana o pasado mañana la Comisión de Justicia Plural tratará el tema.

Asimismo, insistió en que se debe imputar a los exmagistrados, porque de lo contrario sería un precedente nefasto en contra del voto de la población en el referendo del 2016, cuando se negó la posibilidad de modificar la Constitución para habilitar la reelección indefinida.

/HNF/

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Alarcón indicó que el primer deber que tiene una alta autoridad de la Magistratura es el de la independencia, la imparcialidad, probidad e imparcialidad.

“En el contenido del audio, que él mismo ha reconocido como verídico, aunque dice que la información fue tergiversada, se menciona en la primera parte, una repartija de cargos oficiales en beneficio al Movimiento Al Socialismo (MAS)”, manifestó el diputado.

Asimismo, indicó que en la segunda parte de dicho audio se refieren a que Molina actúa como un operador del Gobierno nacional para sabotear las elecciones del 2023, según reporte de nuestra unidad móvil en la Sede de Gobierno.

“Claramente señala en este audio, de que se tiene que lograr que en esas elecciones judiciales no den como resultado verdaderos altos magistrados en beneficio de la administración de justicia para todos los bolivianos, sino que den como resultado magistrados que estén totalmente bajo los pies del Gobierno del MAS”, añadió el político afín a CC.

Además, señaló que esas revelaciones ameritan investigaciones y abrir un proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes en relación al presidente del Consejo de la Magistratura.

Respecto al diputado Antonio Colque, quien recomendaba a una persona para que sea designada como juez conciliador en Oruro, Alarcón afirmó que lo correspondiente es una investigación por delito penal, denominado como uso indebido de influencias.

Finalmente, aseveró que por la importancia y trascendencia que tiene el caso, debe ser la máxima autoridad del Ministerio Público la que intervenga.

“Sabemos que el Fiscal General es parte y producto esencial de esta corrupción que hizo el MAS del sistema judicial, pero de todas maneras lo tenemos que poner contra la pared al propio fiscal para demostrar sus propias contradicciones en la medida en que no haga una investigación diligente oportuna y transparente de este tema que requiere una definición urgente”, declaró el parlamentario de CC.

/MDCB

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En dicho informe señala que el exmandatario habría instruido el operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, en el 2009, donde tres extranjeros murieron por ser presuntamente parte de una célula terrorista.

Al inicio de la conferencia el Jefe de Bancada de CC, recordó un video de ese año en que Evo Morales admitió que había instruido la realización del operativo, el cual derivó en una balacera.

Con el documento de la CIDH y la confesión de Morales, se impulsará desde CC un juicio de responsabilidades contra el exmandatario, el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el Comandante de la Policía que estaba en funciones en 2009.

“Comunidad Ciudadana va a utilizar todos los mecanismos para impulsar y promover un juicio de responsabilidades en contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el exministro de Gobierno Alfredo Rada, el excomandante de la Policía de ese momento, por los delitos de asesinato agravado, instigación, lesiones gravísimas, vejaciones y torturas”, manifestó el diputado Alarcón.

El juicio será por el delito de asesinato que tiene 30 años de cárcel, aunque bajo la figura de instigador, asimismo, el legislador de CC informó que dejarán esta labor al diputado de La Paz, José Manuel Ormachea para agilizar un grupo de trabajo en el juicio.

También el juicio será por los delitos de lesiones gravísimas, además de vejaciones y torturas, señaló Alarcón.

SOBRE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

“Con el informe del CIDH nos damos cuenta que hubo un complot en la designación del Defensor del Pueblo para el expresidente Evo Morales, complot de protección y contra la democracia del Estado”, dijo el diputado opositor.

Manifestó que el nuevo Defensor del Pueblo posicionado en esta jornada, no solamente surge de una manera de contrabando en una sesión ilegal e ilegítima, sino con el objetivo específico de ser el defensor de Evo Morales en el informe de la CIDH y de ser el defensor del Gobierno de Luis Arce Catacora.

“Entonces este va ser el Defensor de la criminalización política manejado por el Gobierno del MAS, especialmente el defensor del expresidente Evo Morales en el informe de la CIDH”, indicó finalizando la conferencia.

INFORME DEL CIDH

El pasado fin de semana se filtró un informe de la CIDH en el que atribuye al Estado la responsabilidad sobre la muerte de Michael Dywer, Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi durante el operativo llevado a cabo en 2009 en el Hotel Las Américas, Santa Cruz.

El expresidente Evo Morales, argumentó que ordenó el operativo policial porque se había conformado y detectado una célula terrorista.

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“Alcaldes que podrían haber representado de manera sólida este clamor ciudadano de sus regiones de hacer el Censo el 2023, y en ese mismo año hacer la redistribución de los recursos económicos, tienen nuevos procesos penales con el nuevo zar de la justica Iván Lima, es el que maneja el sistema judicial y los tienen amedrentados y están en estado de vulnerabilidad cuando van a estas reuniones con el Gobierno”, afirmó Alarcón.

Los alcaldes de las nueve capitales del país, más El Alto, se reunieron en horas precedentes con el Presidente del Estado, Luis Arce, para tratar el tema del Censo, pero no llegaron a concretar que el empadronamiento se ejecute el 2023, sino que acordaron en realizar mesas técnicas encabezadas por el Instituto Nacional de Estadística.

Para el legislador de CC, los alcaldes no pudieron plantear sus propuestas porque varias autoridades locales enfrentan procesos penales como Manfred Reyes Villa, Iván Arias y otros.

“Es como cuando te invitaban al circo romano y te bajaba el dedo si no le hacías caso y te subía el dedo si le hacías caso”, manifestó Alarcón.

DECRETO SUPREMO

El Decreto Supremo 4757 pone al Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Lima, junto a jueces, fiscales y el Órgano Judicial, como una de las entidades competentes para recibir, evaluar y determinar el alcance de la información que pueda otorgar el “colaborador eficaz”, que es una persona involucrada en delitos de corrupción que delata a sus cómplices.

ANALISTA POLÍTICO

Para el abogado constitucionalista y analista político boliviano, William Bascopé, esa norma pone a Lima como parte del sistema judicial, lo cual conlleva a una mayor injerencia del Ejecutivo sobre la justicia, con fines políticos. Además, alertó que Lima se convierte en un ministro “todopoderoso”, que hará de policía, fiscal y juez y más con el “colaborador” se puede perseguir a quien el Gobierno considere opositor.

/HNF/

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Ante la pregunta de los medios de comunicación si la propuesta es que se realicen movilizaciones y cabildos para que el Censo se ejecute lo más antes posible, Alarcón respondió:

“Es el camino obviamente, porque si el Gobierno no quiere dar claridad ni siquiera en cuanto al año y dice que este tema no es político, es un tema que los definan técnicos. Entonces, en qué queda la necesidad política de los ciudadanos de tener recursos en las regiones para mejorar su calidad y su nivel de vida”.

Asimismo, el jefe de bancada explicó que la Constitución garantiza a la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta, a la reivindicación, a través de mecanismos pacíficos de expresión como cabildos, marchas y movilizaciones.

En la jornada anterior, los alcaldes de las nueve capitales del país, más la ciudad de El Alto, se reunieron con el Presidente del Estado, Luis Arce, para hablar sobre el Censo de Población y Vivienda y ver la posibilidad que el mismo pueda ejecutarse el 2023.

Por otro lado, Alarcón aseguró que la reprogramación del empadronamiento pasa por un tema político, pero el Gobierno hizo creer a los alcaldes del país que la verdadera razón tiene que ver con cuestiones técnicas.

“Les hicieron creer a los alcaldes que es un tema técnico, que son los técnicos los que van a decidir. Estos temas son primero una decisión política fundamental trascendental (…), ahora nos dicen que es un tema técnico y no político, por favor, a quién quieren vender ese cuento”, manifestó el legislador de oposición.

/ABH

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El viernes precedente, Lima anticipó que el Ejecutivo podría designar por “decretos supremos” los cargos de Contralor General del Estado, Defensor del Pueblo y magistraturas del Órgano Judicial.

“Los sofismas jurídicos del ministro Lima se multiplican cada día que tiene una nueva ocurrencia para justificar el abuso de poder o el poder absoluto”, escribió Alarcóneste domingo en su cuenta de Facebook.

El legislador recordó que el ministro también planteó que “había que suprimirle todas las garantías a la expresidente Jeanine Áñez al negarle juicio de responsabilidades porque no estaba regulada la apelación, en lugar de proponer un cambio a la Ley 044 para incorporar esta garantía”.

Asimismo, Alarcón refirió que Lima para justificar los “decretazos de designaciones de Arce, investido en este rol inconstitucional por un fallo espurio de los jueces azules en contubernio con el gobierno nacional, señaló que antes lo hicieron también Carlos Mesa y Evo Morales y no mencionó premeditadamente que la Constitución anterior tenía una norma expresa que lo permitía, a diferencia de la actual que lo prohíbe”.

/ABH

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Fue Carlos Alarcón, el jefe de la bancada opositora, quien denunció que el partido en función de Gobierno a través de este recurso que será resuelto el jueves, busca forzar la elección del Defensor por sobre los requisitos establecidos para la designación.

“Creemos que esta es una nueva y grosera manipulación de la justicia que está instrumentalizando el MAS para que en lugar de buscar un consenso en la Asamblea que nos permita con dos tercios de voto tener un defensor verdadero, quieren manipular como siempre lo hacen al sistema judicial para que a través de un fallo se usurpen las funciones de la asamblea”, manifestó el político opositor.

Asimismo CC, manifestó que su bancada está abierta a establecer consensos para la elección siempre y cuando no asuma el cargo un profesional afín a los intereses del MAS y del Gobierno.

/MDCB

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Alarcón fue el último en ser notificado para que comparezca este martes 5 de julio, Doria Medina y Quiroga deben presentarse un día después; existe la advertencia de la aprehensión en caso de que no asistan a la cita.

“La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el ejercicio funcional de las investigaciones del caso investigado Golpe I, (…) manda al funcionario policial cite formalmente a Carlos Silvestre Alarcón a que presente su declaración informativa en calidad de testigo”, indica la orden de citación.

Este proceso fue iniciado a denuncia de Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. La defensa de la exparlamentaria presentó en días precedentes una solicitud de ampliación contra los líderes de oposición ya mencionados.

Con relación a Justiniano, el exministro fue citado para el pasado viernes, pero este presentó un memorial solicitando que se postergue porque tenía audiencias programadas para ese día. Además, solicitó que la declaración se la tome en la ciudad de Santa Cruz y no en La Paz. Por lo tanto, aún no se definió una fecha exacta para su comparecencia, informó Erbol.

Tras conocer la citación, Doria Medina pidió declarar de forma virtual porque está en Estados Unidos donde recibe un tratamiento médico contra el cáncer. A través de sus redes sociales, el empresario confirmó que asistirá a la cita.

En la misma línea, Quiroga también pidió una audiencia virtual, antes calificó el proceso como “Tramoya I” y lamentó que el MAS desconozca la sucesión que apoyó en presencia de tres instancias internacionales y la iglesia católica.

Este proceso se activó después que la expresidente Jeanine Áñez fuera sentenciada en el proceso a diez años de cárcel por el caso “golpe de Estado II”, donde fue acusada por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

/SVL

La entrada Cuatro líderes de opositores declararán esta semana por el caso “golpe de Estado I” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas en el ejercicio funcional de las investigaciones por el caso “golpe I”, manda al funcionario policial “cite formalmente a Carlos Silvestre Alarcón” para que comparezca a prestar su “declaración informativa en calidad de testigo”, se lee en la citación.

Alarcón debe asistir ante el representante del Ministerio Público de la ciudad de La Paz el martes 5 de julio de 2022 a horas 10:00. El llamado es bajo conminatoria, ya que de no asistir se advierte con emitir una “orden de aprehensión”.

El caso denominado “golpe I” es investigado por la Fiscalía a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty. La pasada semana se presentó una solicitud de ampliación contra líderes opositores como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, entre otros.

La denuncia de la exdiputada del MAS es por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, el caso se activó después que la expresidente Jeanine Áñez fue sentenciada en el proceso “golpe II” a diez años de cárcel.

En días precedentes, la Fiscalía también convocó al asesor de Carlos Mesa, Ricardo Paz, en este mismo caso, el político participó de la reunión en la Universidad Católica Boliviana a pedido de la Iglesia y la Unión Europea cuando el país atravesaba por una crisis.

La solicitud de ampliación de denuncia y de tipos penales contra la expresidente Jeanine Áñez y los líderes políticos Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga, Waldo Albarracín, Luis Fernando Camacho, Israel Alanoca y Samuel Doria Medina, planteada por la exdiputada del MAS Lidia Patty, es un paso más en la estrategia del MAS de perseguir y acallar las voces críticas al Gobierno y afianzar su versión de que en 2019 hubo un “golpe de Estado” y no un fraude electoral, según analistas y asambleístas opositores.

Áñez y las autoridades que la acompañaron en su administración entre 2019 y 2020, deben enfrentar ahora el caso “golpe de Estado I” por los delitos de terrorismo y conspiración.

/HNF/

La entrada Caso “golpe I”: Fiscalía cita al jefe de bancada de CC a declarar se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.