El informe, titulado “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad”, revela que el 61,3% de los jóvenes internos encuestados admitió haber pagado “derecho de piso” al ingresar al penal. Estos montos varían entre 700 y 2.000 bolivianos, y son exigidos por otros reclusos como una forma de “garantizar seguridad”. Aquellos que no pueden cubrir esta cuota son relegados a zonas conocidas como “gallineros”, donde deben dormir de pie y en condiciones degradantes.

Extorsiones y violencia

El diagnóstico defensorial indica que casi la mitad (49,3%) de los jóvenes privados de libertad debe pagar periódicamente por el acceso a espacios de descanso, protección o servicios mínimos. Los testimonios recopilados relatan pagos mensuales de hasta 150 bolivianos para mantener una celda; de lo contrario, corren el riesgo de ser expulsados a patios o pasillos, incluso bajo la intemperie.

Además de los cobros, los internos denuncian que muchas de estas extorsiones se imponen mediante violencia física. A través de relatos recopilados por la Agencia de Noticias Fides (ANF), se documentaron casos de castigos, ahogos y otros tratos crueles hasta lograr que las víctimas paguen lo exigido.

Estructuras de poder informales

La Defensoría alerta sobre la existencia de estructuras de poder informales que han tomado control del interior de los recintos penitenciarios, debilitando por completo el rol del Estado. En lugar de fomentar la rehabilitación, los penales se han convertido, según el informe, en espacios donde se profundiza la exclusión social y se refuerzan las redes de abuso y corrupción.

Condiciones económicas precarias

La situación se agrava con la precariedad económica. Más del 50% de los jóvenes reclusos no cuenta con ningún ingreso, y el prediario, cuando es entregado, no cubre ni siquiera necesidades básicas. Esto obliga a los internos a depender aún más de sistemas ilegales de cobro para sobrevivir.

Postura de las autoridades

A pesar de que las autoridades penitenciarias han negado reiteradamente la existencia de estos cobros, la Dirección General de Régimen Penitenciario admitió que no son legales, pero minimizó el problema alegando que los montos “son bajos”. El informe defensorial contradice esta postura, al demostrar que se trata de un mecanismo generalizado que vulnera de forma estructural los derechos humanos.

Conclusiones del informe

El documento concluye que la permanencia de estas prácticas revela una profunda fragilidad institucional y cuestiona la capacidad del sistema penitenciario boliviano para cumplir su mandato de garantizar dignidad, rehabilitación y reinserción social.

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Además, el 65% de las reclusas se encuentra en detención preventiva sin sentencia firme, y más del 55% vive en condiciones de vulnerabilidad dentro de los centros penitenciarios.

Aumento significativo de la población femenina en las cárceles

El informe revela que entre diciembre de 2023 y junio de este año, la población femenina en las penitenciarías ha aumentado un 12,5%, pasando de 1.871 a 2.150 mujeres. Esto representa una preocupante tendencia dentro del sistema penitenciario boliviano, que cuenta con un total de 28.238 personas privadas de libertad.

Vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad

El estudio realizado por la Defensoría del Pueblo utilizó 17 criterios para identificar la vulnerabilidad de las mujeres en prisión. Se encontró que más del 55% vive en situaciones críticas debido a embarazos, tener hijos, ser adultos mayores o tener alguna discapacidad. Estas condiciones agravan aún más su situación dentro de los centros penitenciarios.

Concentración de mujeres detenidas en el eje central del país

Según el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, la mayoría de las mujeres detenidas se concentra en el eje central del país. Aproximadamente el 72% de ellas está recluida en penales ubicados en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Problema persistente relacionado con delitos por sustancias controladas

El estudio también destaca que el problema relacionado con delitos por sustancias controladas ha persistido durante más de una década. En 2012, el porcentaje de delitos cometidos por mujeres en este ámbito era del 56%. En 2018, este porcentaje había disminuido al 31,62%, pero para 2023 volvió a aumentar al 41,26%.

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Anuncio del Ministro de Gobierno en San Matías

La noticia fue anunciada por el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en San Matías, municipio fronterizo en Santa Cruz. Del Castillo acompañó la entrega de Igor Oliveira, uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC), a las autoridades brasileñas.

Acuerdo con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública

Según Del Castillo, semanas atrás se reunieron con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil y acordaron la necesidad de enviar un contingente policial para determinar la verdadera identidad de los presos brasileños detenidos o cumpliendo sentencia en Bolivia.

Tareas iniciales en departamento Pando y Beni

La delegación brasileña comenzará su trabajo en el departamento de Pando y luego se dirigirá al departamento de Beni para identificar a los sujetos más buscados por Brasil.

Igor Oliveira entregado a autoridades brasileñas

Las investigaciones revelan que el líder del PCC en Mato Grosso tenía planes para establecer una operación dentro del territorio boliviano. “Este sujeto, Igor, tenía múltiples identidades en Brasil. Hemos confirmado que se trata de la misma persona buscada en Brasil y lo hemos entregado lo más rápido posible”, explicó Del Castillo.

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