Campesinos del norte cruceño exigen abrogación del Decreto 5676

Organizaciones campesinas y productivas del norte del departamento de Santa Cruz exigen la abrogación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para determinados consumidores. Dieron un plazo de 48 horas al Gobierno nacional para atender su demanda.

La decisión se tomó en un ampliado de emergencia que incluyó a representantes de centrales, subcentrales, sindicatos agrarios y asociaciones productivas. El Decreto fue promulgado el 16 de agosto de 2026. El precio de Bs 18 se aplica a usuarios directos, clientes directos y grandes consumidores que adquieren volúmenes específicos del combustible.

Impacto en la agricultura

Los productores consideran que este nuevo precio impactará directamente en los costos de producción agrícola. Los sectores movilizados sostienen que el incremento afectará diversas etapas de la actividad agrícola, tales como:

• Preparación de terrenos
• Siembra
• Fumigación
• Cosecha
• Traslado de productos hacia los centros de comercialización

Además, expresan su preocupación por el posible efecto en la estructura de costos de producción y, en consecuencia, en el precio de los alimentos.

Protestas y movilizaciones

En los últimos días, productores de varios municipios del norte cruceño han protagonizado movilizaciones contra el Decreto 5676. En Montero, se registraron protestas y un bloqueo momentáneo en las inmediaciones del Puente de la Amistad, sobre la carretera Santa Cruz-Cochabamba, detalla Unitel. También hubo rechazo organizado en Minero, Yapacaní y San Julián. En este último municipio, los productores advirtieron con iniciar bloqueos de carreteras si el Gobierno no responde a sus demandas dentro del plazo establecido.

La principal demanda es que el Ejecutivo deje sin efecto el Decreto Supremo 5676. Los sectores campesinos argumentan que la aplicación de un precio diferenciado perjudica al aparato productivo y puede generar un incremento en los costos de los alimentos.

Reacciones del Gobierno y otros sectores

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz también rechazó la norma y, mediante un pronunciamiento emitido el 19 de agosto, otorgó un plazo de 72 horas al Gobierno para su abrogación. Esta organización declaró a sus bases en estado de emergencia y alerta permanente.

Por su parte, el Gobierno nacional defiende el Decreto Supremo 5676, afirmando que no representa un incremento generalizado del precio del diésel. Según la explicación oficial, los consumidores particulares y transportistas que cargan combustible directamente en estaciones de servicio mantienen el precio regulado de Bs 9,80 por litro.

Detalles sobre el nuevo precio referencial

El nuevo precio referencial se aplica a:

• Usuarios directos: quienes adquieren entre 120 y 5.000 litros mensuales para consumo propio.
• Clientes directos: quienes compran entre 5.000 y 19.999 litros mensuales desde plantas de almacenaje.
• Grandes consumidores (GRACOS): quienes adquieren 20.000 litros o más al mes directamente desde plantas de almacenamiento.

YPFB explicó que esta medida busca reducir la brecha entre el precio interno y el costo internacional del carburante, así como combatir el desvío hacia mercados de especulación, reventa y contrabando. Además, el Gobierno anunció que el precio referencial se actualizará semanalmente mediante una metodología que considere los costos de importación e impuestos.

Cámara Agropecuaria y otros sectores se pronuncian

El rechazo al Decreto 5676 no se limita al movimiento campesino; la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) lo calificó como discriminatorio. Advirtió que el incremento podría afectar la continuidad de algunas actividades productivas y generar presiones sobre el precio de los alimentos. También se pronunciaron sectores mineros; cooperativas auríferas de La Paz se declararon en emergencia por el impacto del nuevo precio sobre sus costos operativos.

La situación genera preocupación debido al papel crucial que desempeña Santa Cruz en la producción agropecuaria nacional. Si el Gobierno no atiende las demandas, los productores podrían asumir nuevas medidas de presión, incluyendo bloqueos de carreteras.

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