Corrupción en el pago de bonos sociales

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó sobre la detección de una red de corrupción en el cobro de bonos sociales. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados el miércoles 22 de julio, reveló que algunos padres de familia aparecían como tutores de hasta 67 hijos en edad escolar para acceder a diversos beneficios económicos proporcionados por el Gobierno.

Irregularidades en la entrega de bonos

Espinoza explicó que se identificaron varias irregularidades en la entrega de bonos, incluyendo el Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy. “En ese sistema de protección social que dizque se había creado en el pasado, lo que había era mucho espacio a la corrupción”, declaró Espinoza al pleno de la Cámara.

El ministro añadió: “Bonos que se pagan en efectivo porque llegaban a población que no existía. Hemos ido identificando en estos últimos meses una gran cantidad de registros de poblaciones que recibían uno u otro bono, que en realidad no existían o cobros dobles”.

Propuesta para un nuevo sistema

En este contexto, Espinoza explicó que el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 500 millones se destinará, en parte, a crear un sistema de registro social para hogares más vulnerables. Este sistema permitirá a los gobiernos identificar quiénes son los más necesitados y realizar pagos focalizados.

Aclaró que este registro no implica la eliminación de ningún bono social, sino una actualización y digitalización de los datos para evitar hechos de corrupción.

Aprobación del crédito del BID

El miércoles, tras la explicación del ministro Espinoza, la Cámara de Diputados aprobó el crédito del BID por $us 500 millones y lo remitió al Senado para su análisis.

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Préstamo del BID para Bolivia

La Cámara de Diputados aprobó a casi medianoche del miércoles el proyecto de ley que autoriza un contrato de préstamo bid bolivia por hasta 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este financiamiento tiene como objetivo principal el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I. La norma será remitida al Senado para su revisión detalló Erbol.

Detalles del contrato

El proyecto aprueba el contrato de préstamo N.º 6131/OC-BO, suscrito el 12 de marzo de 2026 entre el Estado boliviano y el BID. Del monto total, 290 millones de dólares corresponden a un nuevo financiamiento, mientras que el resto proviene de recursos no ejecutados de dos programas financiados previamente por el organismo internacional.

Obligaciones y fiscalización

La iniciativa autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a asumir el pago de las obligaciones derivadas del crédito una vez que la ley entre en vigencia. Además, establece que el Órgano Ejecutivo, mediante los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía, deberá presentar informes semestrales sobre el uso, destino y ejecución de los recursos.

Uso del financiamiento

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, asistió al pleno para explicar los alcances del proyecto. Aseguró que el préstamo no se destinará a gastos corrientes, sino al financiamiento de bonos sociales. Durante la sesión, defendió la creación del Registro Social de Hogares para transparentar la entrega de estos beneficios.

Impacto en la estabilidad fiscal

El Estado boliviano ha recurrido a endeudamiento externo a 40 años para financiar gastos corrientes por solo 11 meses, comprometiendo la estabilidad fiscal futura. Esta medida refleja una severa falta de liquidez que podría trasladar el peso financiero a próximas administraciones.

Desglose del financiamiento

El financiamiento está dirigido al Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I. Según el desglose brindado por el ministro Espinoza:

• Renta Dignidad: 485 millones de dólares para asegurar la continuidad del pago.
• Registro Social de Hogares: 12,5 millones para identificar familias vulnerables.
• Auditorías y evaluaciones: 2,5 millones para cumplir con exigencias internacionales.

Condiciones del crédito

El préstamo posee un plazo de amortización entre 18 y 40 años y un periodo de gracia entre 8 y 10 años. Esto implica que el Estado comenzará a pagar el capital durante las próximas administraciones. Los recursos se desembolsarán a lo largo de las próximas cuatro gestiones.

Sostenibilidad y críticas

A partir de 2027, los bonos deberán ser absorbidos directamente por el Presupuesto General del Estado. Los 485 millones asignados a la Renta Dignidad sustentan operativamente el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Sin embargo, diversos diputados cuestionaron la sostenibilidad del modelo financiero, criticando la deuda externa para pagar bonos asistenciales.

Aprobación legislativa

El proyecto fue aprobado tras un debate prolongado con un total de 78 votos a favor. La primera vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera, declaró: “Queda aprobado por mayoría el artículo único del presente proyecto”. Para más detalles, consulte la información oficial del Ministerio de Economía.

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En horas de la madrugada de este sábado 4 de julio, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N°425/2025-2026 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) – Gestión 2026. Tras esta instancia, el proyecto fue remitido al Senado para continuar con el tratamiento legislativo.

Detalles del proyecto de ley

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, afirmó: “Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”.

La normativa plantea varios aspectos importantes, como:

• Anticipos financieros para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).
• Saldos de caja y bancos del sistema único de salud universal y gratuito.
• Obligaciones de las ETA con Impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH).
• Inscripción de recursos específicos.
• Régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas deficitarias.
• Cierre de fideicomisos públicos.
• Conversión de obligaciones del fondo para la revolución industrial productiva.

Fundamentos técnicos del PGE reformulado

Durante el debate legislativo, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, expuso ante el pleno los fundamentos técnicos del PGE reformulado. Él destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de ajustar las proyecciones fiscales y transparentar la situación financiera heredada de la anterior gestión. Este proceso se llevó a cabo tras una revisión del presupuesto vigente.

“Los presupuestos del Estado se construyen en un proceso de agregación de abajo hacia arriba”, explicó el ministro. Este proceso normalmente se inicia entre junio y julio desde las instituciones a nivel territorial, departamental y municipal.

Cuestionamientos y respuestas

A pesar de la exposición del ministro, la sesión estuvo marcada por cuestionamientos y reclamos por parte de los legisladores. Muchos expresaron su disconformidad con algunos aspectos, especialmente sobre los meses de retraso en la presentación de la propuesta. Sin embargo, Espinoza respondió a cada una de las intervenciones realizadas por los legisladores.

Reducción del déficit fiscal

Uno de los puntos fuertes del PGE reformulado es la reducción del déficit fiscal. Espinoza precisó que este presupuesto marca un déficit fiscal del 9,2%, partiendo de una base del 16% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el 11% que planteaba el presupuesto del anterior gobierno.

Ajustes en sueldos y jornales

Otro aspecto relevante que recalcó el ministro fue que el presupuesto para servicios personales del nivel central contemplaba un incremento de 821 millones de bolivianos en sueldos y jornales para 2026. Sin embargo, con el reformulado se aplica una reducción significativa de 976 millones de bolivianos.

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La sesión ordinaria 145 de la Cámara de Diputados se extiende por más de seis horas, marcando un intenso debate sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado. A pesar de que la reunión continuó pasadas las 23:00 horas, los cuestionamientos al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y las observaciones al proyecto de ley fueron constantes.

Detalles del presupuesto presentado

Durante su intervención, el ministro Espinoza explicó los pormenores de la propuesta normativa. Destacó que el presupuesto para servicios personales del nivel central incluía un incremento de 821 millones de bolivianos en sueldos y jornales para 2026. Sin embargo, con el reformulado se aplicó una reducción de 976 millones de bolivianos.

El ministro también abordó el retraso en la presentación del presupuesto modificado a la Asamblea Legislativa. Aclaró que la elaboración de un presupuesto requiere al menos cuatro meses. Sin embargo, al asumir su gestión en noviembre, las autoridades municipales y departamentales ya estaban finalizando su periodo, lo que complicó la entrega oportuna de datos solicitados por el Ejecutivo.

Cuestionamientos al proyecto

Tras la exposición del ministro, los legisladores formularon diversas preguntas y expresaron sus inquietudes. La diputada Lissa Claros criticó que la propuesta del Ejecutivo mantuviera un enfoque centralista en el presupuesto, señalando que los recursos destinados a gobernaciones eran insuficientes.

El diputado Édgar Zegarra también expresó su preocupación, afirmando que, a pesar de las cifras presentadas, no existían certezas reales para quienes buscan alternativas para reactivar la economía. Además, cuestionó la omisión de la propuesta del 50/50 en Bolivia, una promesa clave del gobierno actual.

Por su parte, el diputado Rafael López consideró que el retraso en la presentación del reformulado evidenciaba un fracaso en la gestión económica del gobierno. Criticó que la educación no fuera prioritaria en la distribución de recursos estatales y señaló que la Justicia debería recibir al menos un 3% del Presupuesto General del Estado, conforme a lo estipulado por la Constitución.

Urgencia y necesidad de aprobación

A pesar de las críticas, algunos legisladores como José Luis Porcel argumentaron que era necesario aprobar el presupuesto aunque contara con errores, dado que gobernaciones y otras instancias lo requerían con urgencia. En contraste, Jhobana Ricaldi abogó por cambios en el presupuesto para asegurar que la repartición de riquezas beneficie a los departamentos que sostienen la economía nacional, como Potosí.

Perspectivas futuras

A medida que avanzaba el debate, el ministro Espinoza dedicó tiempo a responder las preguntas y cuestionamientos planteados por los legisladores. Hasta pasadas las 23:00 horas, no había indicios claros sobre cuándo se iniciaría la votación del proyecto de ley en grande.

A pesar de las críticas y observaciones realizadas durante la sesión, muchos diputados manifestaron su intención de votar a favor del Presupuesto General del Estado reformulado, siempre y cuando se logren las modificaciones necesarias para mejorar su contenido.

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Créditos internacionales para la agricultura sostenible

La Cámara de Diputados, en su vigésima sesión ordinaria, aprobó tres proyectos de ley que autorizan el acceso a créditos internacionales por un monto superior a los 546 millones de dólares. Estos recursos económicos tienen el propósito estratégico de impulsar la agricultura sostenible, robustecer la cadena de producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria en el país.

Impacto social de la aprobación

El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, diputado Raúl Párraga Meléndez, destacó el impacto social de la votación al manifestar que: “Estas decisiones no son solo números o trámites legislativos; son oportunidades para generar desarrollo, empleo, producción y mejores condiciones de vida para nuestra gente”.

Estructura del financiamiento

De acuerdo con el informe oficial de la Cámara Baja, el paquete de financiamiento externo se estructura en tres asignaciones específicas:

• Préstamo N.º 5865/OC-BO, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 40 millones de dólares, destinado a la ejecución del Programa de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable.
• Crédito de hasta 24,6 millones de dólares del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para el Programa de Agricultura Sostenible y Resiliente (Agro Sustentar).
• Partida de hasta 500 millones de dólares orientada al Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia.

Defensa del alcance productivo

La sesión parlamentaria contó con la participación técnica del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien defendió el alcance productivo de los proyectos estatales. Al concluir la aprobación por la comisión, la autoridad del Órgano Ejecutivo aclaró los pasos técnicos subsecuentes y “recordó que la ejecución de los créditos requiere el cumplimiento de procedimientos administrativos previos para la puesta en marcha de las obras”, según detalló el reporte oficial de la Cámara de Diputados.

Próximos pasos legislativos

Con esta validación, los tres proyectos normativos fueron derivados al pleno de la instancia legislativa para su correspondiente debate, votación y posterior remisión a la Cámara de Senadores.

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La Cámara de Diputados aprueba minuta sobre el caso Zapatero

En su 139.ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación dirigida al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca. Esta minuta recomienda solicitar formalmente a las autoridades de España los documentos e informes de la investigación policial que involucra al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Objetivo de la iniciativa legislativa

La iniciativa busca esclarecer las presuntas gestiones e influencias ilícitas que el político europeo habría realizado en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). Este conglomerado se encuentra en un litigio por competencia desleal contra la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).

Aprobación y remisión inmediata

El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro Salazar, dio por aprobado el instrumento e instruyó su remisión inmediata al Órgano Ejecutivo. El requerimiento parlamentario fue planteado por los diputados Santiago Ticona, Efracy Cielo Berrios y Liliana Echenique.

Denuncia penal y acusaciones contra Zapatero

Esta solicitud coincide con una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General por el abogado Cristian Mina. La denuncia incluye a diez personas, entre ellas el propio Zapatero, el expresidente Luis Arce Catacora y varios exministros. La acusación se fundamenta en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de España y la Audiencia Nacional.

Investigación sobre tráfico de influencias

Las entidades españolas indagan a Zapatero como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias ilícitas. Según las pesquisas, el exmandatario cobró 200.000 euros mediante un contrato de asesoría simulado firmado en mayo de 2024 con la firma Focus Social Research. Este contrato operó como pantalla para encubrir pagos provenientes del Grupo Gloria.

Antecedentes del litigio entre Soboce y Fancesa

Desde 2011, Fancesa sostenía una demanda debido a que la filial del Grupo Gloria utilizó indebidamente acciones de la cementera pública chuquisaqueña para financiar su expansión empresarial. Este litigio culminó en un Auto Supremo ratificado en febrero de 2025 que obligaba a Soboce a pagar 107 millones de dólares (744 millones de bolivianos).

Acciones solicitadas por los diputados

Según la UDEF y la denuncia en Bolivia, las gestiones de Zapatero ante las altas esferas gubernamentales lograron revertir un fallo judicial adverso contra Soboce. Por ello, la minuta aprobada insta al Ministerio Público a coordinar acciones directas con la Cancillería y la Procuraduría General del Estado para activar mecanismos de cooperación jurídica internacional.

Cargos tipificados en Bolivia

El abogado Cristian Mina precisó que la causa penal en Bolivia está tipificada provisionalmente bajo siete delitos de corrupción, incluyendo tráfico de influencias, cohecho activo internacional, consorcio y resoluciones contrarias a la Constitución. Urgió a la Fiscalía General a demandar la transferencia total de las evidencias generadas en los tribunales de Madrid para resguardar los recursos del Estado.

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La Cámara de Diputados de Bolivia rechaza injerencia externa

La directiva de la Cámara de Diputados expresó este jueves “su firme preocupación por las recientes declaraciones y acciones de determinados actores políticos, legisladores y activistas extranjeros que han asumido posiciones respecto” al conflicto político en Bolivia que atraviesa el país desde hace 49 días.

Pronunciamiento oficial

Este pronunciamiento oficial fue leído por el presidente de Diputados, Roberto Castro, quien recordó que Bolivia es un estado soberano, independiente y democrático. En este sentido, destacó que el país puede “entender y resolver” sus diferencias y conflictos internos en el marco del estado de derecho, la institucionalidad democrática y el respeto a la Constitución.

Rechazo a la injerencia externa

“En ese contexto, la directiva de la Cámara de Diputados rechaza cualquier intento de injerencia externa en asuntos que corresponden exclusivamente al ámbito interno del Estado boliviano. Esto es particularmente relevante cuando tales actuaciones pueden contribuir a la desinformación, la polarización o la alteración de la paz social”, afirmó Castro.

Situación actual en Bolivia

Desde hace más de un mes, parte del país se encuentra bloqueado por sectores que exigieron, durante varias semanas, solo la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Estos sectores no aceptaron ningún llamado al diálogo; sin embargo, en los últimos días cambiaron de postura y finalmente se abrieron a un proceso de negociación sin levantar sus protestas.

Presencia extranjera en el conflicto

En medio de esta crítica situación, se observó la presencia activa de algunos extranjeros. El pasado lunes 15 de junio, un grupo de argentinos, que se autodenominó como una “misión de derechos humanos”, intentó ingresar al país. Sin embargo, este grupo, constituido por algunos legisladores y activistas del vecino país, fue expulsado después de llegar hasta el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto.

Aclaraciones sobre invitaciones

“Manifestamos nuestra preocupación por la presencia y participación de legisladores y activistas extranjeros que habrían arribado al país en virtud de invitaciones cursadas por determinados diputados y senadores, miembros de esta Asamblea Legislativa. Al respecto corresponde aclarar de manera categórica que la Cámara de Diputados no ha emitido ninguna invitación oficial, resolución camaral, declaración institucional ni mandato alguno que respalde o autorice tales invitaciones”, agregó Castro.

Acciones institucionales

Además, anunció que la directiva de la Cámara de Diputados dispuso que se empiece con “la recopilación de antecedentes y la realización de las acciones institucionales correspondientes”. Se busca “determinar las circunstancias en que dichas cartas e invitaciones fueron efectuadas con el objetivo de identificar las responsabilidades que pudieran corresponder y establecer si las mismas fueron realizadas a título estrictamente personal o en representación indebida de la institución legislativa”, sostuvo Castro.

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Cámara de Diputados convoca a ministro Espinoza este martes

La Cámara de Diputados convocó este martes 16 de junio al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza. El objetivo principal es que participe en la sesión extraordinaria programada para esta tarde y brinde una explicación sobre el proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.

Detalles de la sesión extraordinaria

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas sesionará desde las 15:00 horas. La reunión se desarrollará tanto de manera presencial como virtual, permitiendo así la participación de los legisladores que no puedan trasladarse debido a los bloqueos de carreteras que persisten en el país.

Orden del día

Según el orden del día de la 19ª sesión ordinaria, se prevé:

• Control de asistencia.
• Consideración del orden del día.
• Lectura de correspondencia.
• Tratamiento del Proyecto de Ley N.º 425/2025-2026, referido a las modificaciones al Presupuesto General del Estado para la gestión 2026.
• Tratamiento de asuntos varios.

Objetivos de la reforma presupuestaria

El Gobierno impulsó una reformulación del PGE 2026 con el objetivo de corregir irregularidades identificadas en el presupuesto aprobado, reducir el déficit fiscal y priorizar la inversión social. Según las autoridades, los cambios planteados permitirán una planificación más realista y sostenible de los recursos públicos, además de fortalecer la transparencia en la administración del presupuesto estatal.

Expectativas sobre la participación del ministro

La participación del ministro Espinoza buscará despejar las dudas de los legisladores respecto a los alcances de la norma y los ajustes planteados por el Ejecutivo. Esta sesión representa un momento crucial para abordar temas relevantes sobre el futuro económico del país.

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Un largo debate marca la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados este sábado 6 de junio. Durante esta jornada, los legisladores analizan y exponen sus posturas sobre la reglamentación de estados de excepción en el país. Después de más de ocho horas de alocuciones, aún falta la votación en grande y en detalle de los 27 artículos del proyecto de ley.

Aprobación inicial y observaciones

En primera instancia, la comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral aprobó la propuesta enviada desde el Senado. Sin embargo, el presidente de esta instancia, Juan del Granado, explicó que existen observaciones relacionadas con “la legalidad o no de la presunción sobre las actuaciones operativas”. A pesar de esto, se aprobó por mayoría en esta situación de emergencia.

Posturas encontradas en el debate

El debate en el pleno comenzó aproximadamente a las 18:30 horas tras leerse toda la correspondencia y el proyecto de ley remitido desde la Comisión de Constitución. Durante las intervenciones, diputados como Claudia Herbas y Juan Poma expresaron su oposición a la ley, afirmando que representa una “carta blanca para matar” y que no se debe combatir la violencia con más violencia.

No obstante, otros legisladores como Édgar Zegarra y Manolo Rojas responsabilizaron directamente a Evo Morales como instigador de la crisis actual. Acusaron a Morales de movilizar a las personas para evitar responder ante la justicia.

Argumentos a favor y críticas

Los legisladores que apoyaron la ley regulatoria, como Lissa Claros, argumentaron que los derechos de los bloqueadores no pueden estar por encima del resto de la población. Se criticó que los bloqueos han causado muertes por falta de acceso a atención médica y han generado escasez de alimentos no solo en La Paz, sino también en otras ciudades del país.

Próximos pasos en el proceso legislativo

Hasta las 22:30 horas, la primera vicepresidente de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, comunicó que aún quedaban 26 parlamentarios por hacer uso de la palabra. Por ello, pidió que las intervenciones sean breves y se centren únicamente en el debate del proyecto de ley para regular los estados de excepción.

Sin embargo, se mantuvo la tendencia de alocuciones mayores a los diez minutos con pocas referencias al proyecto de ley y mayormente referidas a la coyuntura del país y los responsables de ella.

Una vez que todos los diputados hayan hablado, el pleno deberá votar primero para aprobar o no el proyecto en grande. Si se aprueba por dos tercios, se procederá a votar artículo por artículo los 27 del proyecto.

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Comisión de Diputados aprueba ley de Estados de excepción

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este sábado, por mayoría, el proyecto de ley que regula los Estados de excepción. Esta normativa, impulsada por el Órgano Ejecutivo, busca establecer las condiciones, formas y plazos para aplicar medidas especiales ante situaciones de emergencia.

Remisión al pleno y observaciones

Tras la votación, el documento fue remitido al pleno de la Cámara Baja para su tratamiento final. El presidente de la Comisión, el diputado Juan del Granado, informó que el proyecto fue enviado sin cambios en su redacción principal. Sin embargo, el informe técnico incluye una observación específica sobre el artículo 26, que se refiere a la legalidad de la presunción sobre las actuaciones operativas que realicen las autoridades durante la vigencia de la medida.

Debate en sesión plenaria

Este punto será objeto de debate en la sesión plenaria convocada para las 14:00 horas de hoy. El diputado Del Granado explicó que la Comisión decidió aprobar el proyecto por mayoría para evitar que el texto retornara a la cámara de origen, lo cual habría retrasado el proceso legislativo en un momento calificado como de emergencia nacional.

Detalles del proyecto

La norma, que consta de más de 20 artículos y una disposición final, cuenta previamente con la aprobación de la Cámara de Senadores bajo un enfoque de acción humanitaria. La sesión del pleno de la Cámara de Diputados, programada para esta tarde, definirá la aprobación definitiva de la ley. La discusión se centrará principalmente en aclarar los alcances y la aplicación del artículo observado, buscando equilibrar el marco legal que regirá las actuaciones del Estado ante crisis nacionales.

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La Comisión de Constitución debatirá ley de Estados de Excepción

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se convocó para sesionar el sábado 6 de junio a las 08:45 horas. En el orden del día se encuentra el tratamiento del proyecto de ley 161/2025-2026, que regula los Estados de Excepción y que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores. Además, el documento al que accedió UNITEL indica que esta sesión será virtual mediante tecnologías de información.

Convocatoria a la Cámara de Diputados

En caso de avanzar con la norma, se estima que el pleno de la Cámara de Diputados será convocado para tratar el proyecto el mismo sábado por la tarde. Esta convocatoria surge tras la aprobación del Senado sobre esta ley, medida solicitada por diversos sectores que ven la necesidad de aplicarla para evitar que los bloqueos continúen asfixiando a las regiones que desde hace 36 días tienen sus principales vías cortadas.

Declaraciones del senador José Ormachea

El senador José Ormachea, del partido Libre, explicó que aunque el proyecto fue aprobado en el Senado, aún debe ser tratado en Diputados. Además, enfatizó que, incluso si esto ocurre y el presidente Rodrigo Paz firma el decreto, debe contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. En este sentido, Ormachea indicó que tras la emisión de un eventual decreto por parte del Ejecutivo nacional, “en 72 horas la Asamblea Legislativa confirma o rechaza ese Estado de excepción”.

Reunión con el ministro de la Presidencia

Los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, presidida por el diputado Juan Del Granado, se reunieron el viernes con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. El objetivo fue coordinar acciones que contribuyan a solucionar el conflicto social que atraviesa el país. Tras este encuentro, Del Granado expresó la preocupación de la comisión por las dificultades enfrentadas.

Compromiso con el diálogo

Finalmente, cabe destacar que “la Comisión de Constitución ha reiterado su mejor disposición para contribuir al diálogo. Sin embargo, se nos informó que este proceso ya se encuentra en curso”, señaló un legislador. Por lo tanto, realizarán un seguimiento al desarrollo del diálogo con la expectativa de obtener resultados satisfactorios en las próximas horas.

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Debate sobre la Ley de Estados de Excepción en Bolivia

La Cámara de Diputados de Bolivia se dispone a debatir el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción. Esta norma, que podría ser sancionada este fin de semana, establece las reglas para la aplicación de medidas extraordinarias en situaciones de crisis. La iniciativa fue aprobada por el Senado la noche del jueves y ahora deberá ser revisada por los diputados.

Objetivos del Proyecto

Desde el oficialismo aseguran que la norma busca desarrollar los alcances previstos en la Constitución Política del Estado. Las regulaciones que dispone el proyecto en debate incluyen:

• Situaciones para declarar un estado de excepción:
  • Amenaza a la seguridad del Estado.
  • Agresión o amenaza externa.
  • Conmoción interna.
  • Desastres naturales o emergencias de gran magnitud.
• Duración del estado de excepción:
  • Plazo máximo: 90 días calendario.
  • Caducará automáticamente al concluir ese periodo.
  • No podrá declararse otro basado en los mismos hechos durante la misma gestión, salvo circunstancias nuevas o autorización expresa de la Asamblea Legislativa.
• Facultades del Gobierno durante el estado:
  • Restringir temporalmente derechos como la libertad de circulación y reuniones en espacios públicos.
  • Reforzar la protección de instalaciones estratégicas, hospitales, aeropuertos y rutas esenciales.
• Intervención de las Fuerzas Armadas:
  • Solo podrán intervenir cuando la Policía haya sido superada y no exista otro medio eficaz para restablecer el orden público.
  • Su participación deberá ser autorizada por el Presidente y estará orientada a proteger infraestructura crítica y garantizar corredores humanitarios.
• Derechos intangibles:

• Derecho a la vida.
• Integridad personal.
• Igualdad ante la ley.
• Libertad de conciencia y religión.
• Derechos políticos.
• Acceso a la información.
• Debido proceso.
• Garantías judiciales.
• Derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Derechos de las personas privadas de libertad.

Además, se prohíbe expresamente la tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso indiscriminado de la fuerza. Una observación clave durante el tratamiento legislativo fue evitar que la declaratoria dependa exclusivamente del Ejecutivo. Por ello, el proyecto obliga al Presidente a comunicar la medida a la Asamblea Legislativa dentro de las primeras 24 horas. Posteriormente, diputados y senadores tendrán hasta 72 horas para aprobarla o rechazarla. El Gobierno también deberá presentar informes periódicos sobre su aplicación y una rendición final una vez concluida la medida.

Crisis Política en Bolivia

La discusión ocurre en medio de una crisis marcada por bloqueos nacionales, desabastecimiento extremo y presión por la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Los eventos previos clave incluyen:

• Sectores movilizados mantienen al país con carreteras cerradas por más de 35 días, afectando comercio y distribución interna.
• Escasez crítica de combustible ha generado peleas ciudadanas en las filas y dificultades extremas para abastecer ciudades como La Paz.
• Manifestantes exigen la dimisión del mandatario, escalando tensiones políticas a niveles críticos.
• El Senado convocó comisiones emergentes para aprobar rápidamente esta norma antes del debate en Diputados.

Finalmente, esta nueva ley quita al Ejecutivo el control absoluto sobre las crisis y prohíbe taxativamente la suspensión de derechos fundamentales. A partir de su aprobación, cualquier despliegue militar quedará bajo estricto control legislativo.

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Cámara de Diputados aprueba anulación de la Ley 1341

La Cámara de Diputados aprobó este martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Esta decisión ocurrió en medio de las protestas y bloqueos de carreteras por sectores que exigen la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

Detalles sobre la nueva norma

La norma, que anuló la ley 1341 vigente desde octubre de 2020, recibió previamente la aprobación del Senado. Ahora, esta ley pasó al Ejecutivo para que el mandatario la firme, aunque esto no implica que se dicte automáticamente el “estado de excepción”. La sesión, que duró más de cinco horas, se realizó de manera virtual debido a que varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, por las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.

Opiniones sobre la anulación

El impulsor de la anulación, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, calificó a la ley 1341 como “criminal”. Según Alarcón, esta norma tenía el objetivo de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” durante las protestas sociales. Afirmó que dicha norma protegía a los “grupos violentos” que se atribuyen la representación del pueblo. Por lo tanto, su abrogación otorga mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.

Por otro lado, el diputado Edwin Valda, perteneciente a una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), expresó su preocupación. Consideró que la anulación generará “mayor violencia” y dejará las reivindicaciones sociales “desprotegidas”.

Contexto actual en Bolivia

Bolivia enfrenta una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas. Estos movimientos son impulsados por sindicatos campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del Presidente Paz, quien lleva poco más de seis meses en el Gobierno.

La ley 1341 regulaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción. Establecía que se podría disponer de las Fuerzas Armadas para controlar disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”. Además, limitaba a 60 días la duración de esta medida.

Reacciones del Gobierno y consecuencias

La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna. Este mecanismo no puede suspender las garantías ni los derechos fundamentales y su vigencia está sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas. El Gobierno ha asegurado que recurrirá al estado de excepción solo como “última opción” si el diálogo no prospera.

Las protestas se concentran en La Paz y en la ciudad vecina de El Alto. Algunas manifestaciones recientes derivaron en disturbios y saqueos de oficinas públicas y privadas, así como agresiones a periodistas y personas críticas hacia las protestas. Los bloqueos se han extendido a regiones como Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, provocando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

Investigaciones por incidentes violentos

La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo durante un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal. Las autoridades también denunciaron que los cortes han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, quienes no pudieron recibir atención médica oportuna.

Con información de EFE.

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Cámara de Diputados debate abrogación de la Ley 1341

Este martes 26 de mayo, la Cámara de Diputados de Bolivia inició una sesión virtual para tratar el proyecto de ley que plantea la abrogación de la Ley 1341. Esta norma regula los estados de excepción en el país y se discute en plena crisis por los bloqueos que afectan a Bolivia desde hace 26 días.

Desarrollo del debate legislativo

Tras confirmar el quórum, a las 12:25 horas, más de 120 legisladores presentes, de un total de 130, aprobaron la dispensación del trámite para tratar el documento este martes. Sin embargo, algunos legisladores enfrentan problemas con el uso de la plataforma.

Contexto de las protestas

El debate cobra fuerza en medio de los pedidos de sectores como los cívicos y productores. Estos grupos exigen al Gobierno de Rodrigo Paz aplicar esta medida de manera sectorizada para aplacar las protestas que cercan a ciudades como La Paz y El Alto. Las movilizaciones también se han extendido a otras regiones como Cochabamba y Potosí.

Aprobación previa en el Senado

El proyecto que abroga la Ley 1341 ya fue aprobado por el Senado el fin de semana, en una sorpresiva sesión virtual. El artículo único del documento señala: “se abroga la ley número 1341 del 23 de julio del 2020 del estado de Estados de excepción”.

Sitio actual del conflicto social

Este martes se cumplen 26 días de movilización. Los sectores que protestan inicialmente plantearon demandas sectoriales; sin embargo, posteriormente exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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El debate por la abrogación ley 1341 en la Cámara de Diputados genera posturas opuestas a poco de instalarse la sesión. Este martes 26 de mayo, algunos diputados expresaron su respaldo a eliminar esta normativa que regula los estados de excepción. Sin embargo, otros consideran que esta medida podría agravar el conflicto que vive el país.

Posturas encontradas entre los diputados

La diputada Claudia Bilbao argumentó que la eliminación de esta normativa no solo debe pensarse para el momento actual. Como ejemplo, expuso que si Bolivia atravesara un desastre natural o un fenómeno similar, el gobierno no tendría la capacidad de recurrir a este recurso con la celeridad necesaria.

Bilbao aseguró que Eva Copa violó la Constitución al aprobar esta ley cuando estaba a la cabeza del Senado, ya que exige que el decreto de estado de excepción sea aprobado por dos tercios de la mayoría absoluta de los miembros del parlamento. Diversos asambleístas enfatizaron que esta forma de votación no existe y que lo correcto es solo tomar en cuenta a los miembros presentes en la sesión.

Control legislativo y diálogo necesario

La diputada manifestó que el Legislativo no controla si un estado de excepción funcionará durante este conflicto, pues su única potestad es quitarle el “candado” para que pueda implementarse. En ese sentido, enfatizó que todo está en manos del Ejecutivo. “Hoy queremos escuchar al boliviano, a la necesidad de los bolivianos, pero no podemos tampoco dialogar con quien no lo quiere hacer y solo quiere enfrentamientos”, declaró.

Rechazo a la abrogación y búsqueda de soluciones

No obstante, el diputado Constancio Gutiérrez anticipó su rechazo a la abrogación para evitar confrontaciones entre bolivianos. Según su criterio, un estado de excepción no es la solución que requiere el conflicto actual del país.

Por su parte, el diputado Daniel Fernández criticó la rapidez con la que se planea debatir la abrogación cuando ni siquiera estaba en el orden del día de la sesión. Sin embargo, coincidió en que abrogar la ley o decretar un estado de excepción no solucionará el problema.

“Ahora la gente está tensa, no se están escuchando sus derechos. Por lo tanto, quieren un poco de tranquilidad, quieren dialogar y no se está haciendo una invitación formal. El Presidente debería invitar a todas las organizaciones”, declaró el legislador.

Detalles sobre la sesión

La sesión de la Cámara de Diputados estaba programada para hoy a las 11:00 horas en modalidad virtual, debido a las dificultades que atraviesa La Paz por falta de combustible. Tras ser abrogada en el Senado, la Ley 1341 puede ser debatida hoy.

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Cámara de Diputados discutirá abrogación de Ley 1341

La Cámara de Diputados convocó para este martes 26 de mayo a las 11:00 horas a su 118ª Sesión Ordinaria, donde se prevé tratar el proyecto de abrogación de la Ley 1341. Esta normativa regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia. La sesión se desarrollará de manera virtual, en medio de la tensión social y los bloqueos que afectan principalmente al departamento de La Paz.

Contexto y justificación

El diputado Carlos Alarcón, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló que el tratamiento responde a la coyuntura crítica que atraviesa el país. La Ley 1341, promulgada en julio de 2020, establece procedimientos, límites y controles legislativos para la declaratoria de estados de excepción. Entre sus disposiciones se incluyen:

• El Ejecutivo debe comunicar la medida a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 24 horas.
• La medida debe ser ratificada por mayoría absoluta.
• Limita la duración máxima de estas medidas a 60 días.
• Prohíbe la suspensión de derechos fundamentales como la vida, la integridad física, los derechos políticos y las garantías judiciales.

Impacto social y operativo

La propuesta de abrogación fue impulsada tras la aprobación del Senado y surge en un contexto marcado por bloqueos carreteros, desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de operativos estatales para restablecer la transitabilidad. Según sus impulsores, eliminar esta norma permitiría al Gobierno contar con mayores herramientas operativas y menos restricciones administrativas para responder a escenarios de conmoción interna.

Declaraciones del legislador

“Mañana a las 11 se tratará este tema dada la situación crítica que vive Bolivia”, afirmó el legislador Alarcón.

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La Cámara de Diputados sanciona la abrogación de la Ley 1720

La Cámara de Diputados sancionó este miércoles 13 de mayo de 2026 la abrogación de la Ley 1720, que se refiere a la conversión de la pequeña propiedad agraria. Tras aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores, el Legislativo remitió la norma al Órgano Ejecutivo para su inmediata promulgación y puesta en vigencia.

Disposiciones transitorias clave

El documento final incorpora dos disposiciones transitorias clave aprobadas previamente por el Senado. Estas otorgan un plazo no mayor a 60 días para que ambas cámaras del Legislativo concerten un nuevo marco normativo. El objetivo es definir con precisión los procedimientos para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios y posibles conversiones bajo un consenso técnico y social.

Proceso legislativo

El proceso, que culminó este miércoles, inició la madrugada del sábado con la aprobación inicial en Diputados. Tras los cambios realizados por el Senado el martes por la noche, el texto retornó a la Cámara de origen para su sanción definitiva.

Declaraciones finales

El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, oficializó la determinación tras un debate que priorizó la “pacificación nacional” frente a un mes de bloqueos y movilizaciones que mantenían en vilo al país. “Queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, señaló Castro al cierre de la sesión, citando a Erbol.

Al respecto, el diputado José Maldonado (Libre) enfatizó la necesidad de evitar mayores dilaciones: “Estamos en una etapa de votación y esto debe ir directamente al Ejecutivo para que entre en vigencia. No necesitamos más debate, sino hacer las cosas bien para el país”.

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Diputados rechazan tratar la Ley 1720

La tarde de este viernes 8 de mayo de 2026, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó el tratamiento del proyecto de abrogación de la Ley 1720 sin pasar por la comisión respectiva. Esta ley permite la reconversión de la pequeña a mediana propiedad. El reglamento establece que no se alcanzaron los dos tercios necesarios para tratar la norma. Tras la votación, se determinó un cuarto intermedio de una hora.

Devolución del proyecto a la Comisión

En horas de la mañana, el pleno decidió devolver el proyecto de abrogación de la ley a la Comisión Amazónica y de Tierras. Esta comisión debió trabajar “por tiempo y materia” para subsanar las observaciones al documento. Posteriormente, se remitió al pleno el proyecto de ley para la abrogación tras corregir las observaciones realizadas durante la sesión legislativa del jueves.

Reacciones de sectores involucrados

Sectores indígenas, campesinos y sindicales expresaron su rechazo a la Ley 1720, argumentando que afecta a la pequeña propiedad. En contraste, el sector agropecuario defendió la norma y advirtió sobre medidas de presión progresivas en rechazo a su abrogación.

Votación en el pleno

El tratamiento de esta norma quedó en suspenso después de que el pleno decidiera devolver el proyecto a la Comisión para corregir presuntas irregularidades observadas en el informe y en el procedimiento legislativo seguido para su aprobación inicial. De un total de 98 diputados, 64 legisladores votaron por la dispensación de trámite y 34 votaron en contra.

Declaraciones de legisladores

La diputada Helen Patricia Patiño (PDC) sostuvo: “Esperemos que hoy celebremos una abrogación, que luego construya, mediante unas mesas técnicas o poniendo el nombre que quieran, donde estén los actores principales y los bolivianos de acuerdo”. Patiño afirmó que el proyecto mantiene “el mismo espíritu” y señaló que el objetivo es dar una respuesta a los sectores movilizados. Además, se refirió a las demandas de los productores y a la necesidad de avanzar en acuerdos técnicos.

Cámara Agropecuaria del Oriente se pronuncia

Entre tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se pronunció en defensa de la Ley 1720 y contra el Decreto 5613. Este decreto dispone lineamientos para la titulación de tierra en Beni y Pando, promulgado en un acuerdo entre el Gobierno y parte de los marchistas.

Movilizaciones indígenas campesinas

Los marchistas indígenas campesinos permanecen en vigilia frente a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, esperando que se trate la abrogación de esta ley. Bloques de campesinos e indígenas han cuestionado dicha norma, advirtiendo sobre un posible riesgo para las tierras comunitarias. Sin embargo, esta versión fue descartada por el Gobierno, que firmó un acuerdo para tramitar su anulación.

Sectores productivos en emergencia

Sectores productivos del país se han declarado en emergencia por esta intención y anunciaron encuentros para asumir medidas en defensa de la norma. El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, argumentó que se tomará en cuenta en una nueva norma las dos visiones planteadas sobre este tema.

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La Cámara de Diputados devuelve informe sobre Ley 1720

La mañana de este viernes 8 de mayo, la Cámara de Diputados decidió devolver a la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente su informe del proyecto para la abrogación de la Ley 1720. El objetivo es que subsane una serie de observaciones.

Instrucciones a la Comisión

La Cámara instruyó a la comisión trabajar por tiempo y materia con el apoyo de técnicos para elaborar un nuevo informe sin observaciones. Esto permitirá avanzar con el tratamiento del nuevo proyecto de ley que busca la abrogación de la Ley 1720, que generó un nuevo conflicto en el país.

Desarrollo de la sesión legislativa

Minutos antes de las 10:00 horas, la sesión fue instalada y aproximadamente a las 11:40 horas entró en cuarto intermedio. Cabrera declaró el cuarto intermedio hasta las 15:00 horas, mientras la comisión trabaja para corregir sus errores.

Declaraciones sobre el conflicto

La presidenta en ejercicio de la Cámara Baja aseguró que el nuevo proyecto será tratado en esta misma sesión debido a que el país se encuentra en una situación de conflicto. También se planteó la conformación de una comisión de diálogo para buscar un acercamiento con los sectores movilizados.

Controversia legislativa

En la apertura de la cita legislativa, el diputado Pablo Ávila pidió retirar el documento porque supuestamente no cumplió el procedimiento legislativo en la Comisión Amazónica y de Tierras. Apuntó a su colega Patricia Patiño, presidenta de esa comisión. La norma había sido propuesta por Helen Patiño, quien rechazó las versiones de su colega.

Resolución y próximos pasos

Cabrera pidió al equipo técnico hacer un proyecto de resolución para conformar una comisión multipartidaria para dialogar. “Queda aprobada por mayoría de votos la devolución del presente informe”, dijo Daniela Cabrera. “El reglamento es claro; no podemos tratar un proyecto sin un informe que no tenga vicios”. Además, explicó que “la comisión tiene que presentar hoy el informe corregido” para evitar errores en el próximo debate.

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Proyecto para abrogar la Ley 1720 se analiza este viernes

La Cámara de Diputados ha programado para hoy, viernes 8 de mayo, una sesión en la que se prevé analizar el proyecto para la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, informó el jueves que la Comisión Amazónica y de Tierras aprobó este proyecto de ley.

Controversia sobre la Ley 1720

Bloques de campesinos e indígenas han cuestionado la norma y advirtieron sobre un posible riesgo para las tierras comunitarias. Sin embargo, el Gobierno descartó esta versión y firmó un acuerdo para tramitar su anulación. Sectores productivos del país se han declarado en emergencia por la intención de abrogar la norma y anunciaron encuentros para asumir medidas en defensa de ella.

Posturas del Gobierno y sectores productivos

El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, argumentó que el plan es tomar en cuenta en una nueva norma las dos visiones que se plantean sobre este tema. La posible abrogación ha fracturado la relación entre el Gobierno y el sector productivo boliviano, enfrentando presión de movimientos sociales contra un colapso en la inversión agraria.

Alerte por parte de la Cámara Agropecuaria del Oriente

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alerta que anular la norma eliminaría la seguridad jurídica, restringiendo el acceso a créditos y poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos y la estabilidad económica.

Procedimiento legislativo y votación

La presidenta interina de Diputados recordó la necesidad de seguir el procedimiento establecido para mantener el orden durante la sesión. En ese sentido, la diputada Helen Patiño solicitó que el proyecto se trate en esta sesión. La comisión correspondiente elaboró un informe que fue distribuido a los diputados tanto físicamente como digitalmente para su consideración.

De acuerdo con el reglamento general, incluir este proyecto en la sesión requería alterar el orden del día y someterlo a votación, conforme al artículo 76 del reglamento general. Se necesitaba el respaldo de dos tercios de los presentes; sin embargo, la moción para alterar el orden del día fue rechazada.

Reunión de emergencia convocada por empresarios

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Carlos Krutzfeldt, contempló este jueves convocar a una reunión de emergencia con las instituciones cruceñas ante los anuncios sobre la abrogación. “Los diputados quedan convocados a las 09:00 horas, se levanta la presente sesión, muchas gracias por su asistencia”, indicó Daniela Cabreraen, presidenta interina durante el cierre de la 104ª sesión ordinaria.

“Lo que se aprobó es una abrogación por ser inconstitucional… Nosotros no vamos a estar de acuerdo con algo que viola y vulnera la Constitución”, declaró otra legisladora. “Estamos coordinando con todas las instituciones… estamos atentos a cómo va avanzando este tema”, agregó Krutzfeldt.

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Dayler Andrade renuncia a la Cámara de Diputados en Sucre

El diputado nacional Dayler Andrade Duchén presentó este lunes su renuncia oficial ante la Cámara de Diputados, argumentando “motivos estrictamente personales”. Este anuncio coincide con su actual labor como jefe del equipo de transición de la alcaldesa electa de Sucre, Fátima Tardío.

Confirmación de la renuncia

Andrade confirmó a Correo Del Sur que remitió la carta de dimisión al presidente de la instancia legislativa, Roberto Castro. “En cuanto sea aceptada mi renuncia, lo haré público formalmente”, señaló el ahora exlegislador, quien enfatizó que su salida se da en un marco de transparencia.

Desmentido sobre vínculos políticos

Más allá de su alejamiento del cargo, Andrade aprovechó la oportunidad para desmentir categóricamente las versiones que lo vinculan con el partido Unidad Nacional (UN) y su líder, Samuel Doria Medina. Aclaró que su llegada a la Asamblea Legislativa Plurinacional se produjo a través de la agrupación Cambio 25.

“No he sido ni soy diputado de Unidad Nacional. Eso debe quedar muy claro. En una intención electoral sucia, en esa guerra que sigue por la segunda vuelta de la gobernación, quieren hacer entender que yo pertenezco a ese partido para ligar a la nueva alcaldesa con Doria Medina”, aseveró.

Aclaraciones sobre su elección

El legislador saliente sostuvo que estas afirmaciones buscan confundir al electorado en medio del balotaje departamental. Según Andrade, es de conocimiento público que Samuel Doria Medina mantiene un acuerdo formal con la agrupación Patria Nueva, apoyando la candidatura de Franz García.

“Nos quieren ligar a Unidad Nacional cuando yo he sido claramente electo mediante un acuerdo con la agrupación Cambio 25”, insistió, reafirmando su independencia de la estructura política del empresario paceño.

Enfoque en la transición municipal

Actualmente, Andrade concentra sus esfuerzos en liderar el proceso de cambio de gestión en el municipio de Sucre. Como cabeza del equipo de transición de la alcaldesa electa, Fátima Tardío, es el encargado de coordinar la recepción de la documentación y el estado financiero de la comuna antes de la toma de posesión oficial.

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Cámara de Diputados aprueba Comisión de Ética

La noche del martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la Resolución Camaral 56 para la presente Legislatura. Esta resolución establece la conformación de la Comisión de Ética, con el propósito de garantizar el cumplimiento del reglamento, la Constitución Política del Estado (CPE) y el respeto a la ley.

Conformación de la Comisión de Ética

Los legisladores titulares que conforman la comisión son:

• Óscar Alejandro García Hoyos (PDC)
• Nataly Chuquimia Rivas (PDC)
• Luis Fernando Laredo Arellano (Unidad)
• Reinaldo Sea Pimentel (Libre)
• Susana Campos Elio (Libre)
• Freddy Camacho Callisaya (APB- Súmate)

Los diputados suplentes son:

• Ximena Arispe Bernabé (PDC)
• Rubén Horacio Calizaya Gutiérrez (PDC)
• María Elena Vildozo Eyzaguirre (Unidad)
• Edgar José Zegarra Bernal (Libre)
• Lucero Celeste Justiniano Oropeza (Libre)

Funciones de la Comisión de Ética

La Comisión de Ética tiene la función de conocer, investigar, dictaminar, procesar y elaborar informes sobre las faltas cometidas por las diputadas y los diputados en el ejercicio de sus funciones. Además, es la instancia dentro de la Cámara encargada de sustanciar las denuncias presentadas contra los legisladores, asegurando el cumplimiento de los principios éticos y normativos que rigen su accionar.

“Queda conformada la Comisión de Ética. Pónganse en conocimiento de las instancias correspondientes”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, luego de la votación de los legisladores.

Aprobación conforme a la normativa vigente

La norma fue aprobada en conformidad al numeral 1 del artículo 159 de la Constitución Política del Estado (CPE), el artículo 30 del Reglamento General de la Cámara de Diputados y los artículos 13 y 14 del Reglamento de Ética. Esta información fue proporcionada por esa instancia.

Posteriormente, los elegidos fueron posesionados en el Hemiciclo correspondiente.

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La Cámara de Diputados aprueba ley de cooperación financiera

En una jornada clave para la política energética del país, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por mayoría absoluta, el Proyecto de Ley C.S. N° 242/2025-2026. Esta norma ratifica el “Convenio de Cooperación Financiera 2019” entre los gobiernos de Bolivia y la República Federal de Alemania, abriendo la puerta a una inversión estratégica en tecnologías limpias.

Aprobación y envío al Senado

La sesión, dirigida por la presidenta en ejercicio de la instancia legislativa, Daniela Cabrera, concluyó con la aprobación del documento tanto en sus estaciones en grande como en detalle. Tras el voto favorable, el proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para su respectiva revisión constitucional.

Detalles del convenio

El acuerdo establece que el Estado Plurinacional podrá gestionar, a través del banco de desarrollo alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), un préstamo de hasta 34.000.000 euros. Estos recursos están destinados exclusivamente a la ejecución de proyectos de generación de energía renovable, un sector que Bolivia busca potenciar para reducir su dependencia de los hidrocarburos, según ABI.

Importancia del KfW

El KfW es uno de los bancos de desarrollo más importantes del mundo. En Bolivia, su cooperación se ha centrado históricamente en áreas críticas como el medio ambiente, el agua y la energía, bajo un modelo de préstamos con condiciones favorables para proyectos de alto impacto social y ecológico.

Próximos pasos tras la sanción

Una vez que el Senado sancione la ley y esta sea promulgada, el Órgano Ejecutivo asumirá la responsabilidad de comunicar formalmente al Gobierno alemán el cumplimiento de los requisitos legales. Este paso es fundamental para la entrada en vigor del convenio y el posterior desembolso de los fondos.

Alemania y su apoyo a Bolivia

Alemania es uno de los principales socios de Bolivia en temas de sostenibilidad. Solo entre 2021 y 2023, la cooperación técnica y financiera alemana en el país superó los 100 millones de euros en diversos sectores.

Objetivos energéticos para 2030

Actualmente, Bolivia busca que para el año 2030, las energías renovables (solar, eólica, biomasa e hidroeléctrica) tengan una participación significativa en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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La Cámara de Diputados posterga elección de vocales en La Paz

La incertidumbre electoral se apodera del departamento de La Paz. En una sesión marcada por la tensión y denuncias de irregularidades, la Cámara de Diputados decidió postergar sin fecha fija la designación de los nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED).

Razones detrás de la postergación

Esta medida responde a la notificación de un amparo constitucional que ordena dejar sin efecto todo lo actuado hasta el momento. Este argumento señala que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (Aldlp) no respetó los puntajes ni la capacidad técnica de los aspirantes.

Recurso judicial y su impacto

El freno administrativo se produjo luego de que un postulante con alta calificación presentara un recurso judicial. Este alegó haber sido excluido arbitrariamente de las ternas finales. Según el texto del amparo leído en el pleno legislativo, el fallo constitucional determina que “existe ilegalidad en todo lo actuado”. Esto deja sin efecto la resolución de impugnación y la remisión de la nota final de elección de vocales.

Cuestionamientos a la meritocracia

El documento es enfático al señalar que en el proceso de preselección “no existe meritocracia ni igualdad”. Se habría desplazado a los profesionales con las notas más altas para favorecer a perfiles con afinidades políticas, vulnerando el derecho de acceso a la función pública en igualdad de condiciones.

Advertencias del Tribunal Supremo Electoral

La noticia cayó como un balde de agua fría en el Órgano Electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, compareció ante los medios para lanzar una advertencia urgente: sin vocales departamentales, la logística de las elecciones subnacionales del 22 de marzo está en peligro.

“En representación de la Sala Plena, solicito a la Asamblea Legislativa Plurinacional que designe a las autoridades en el menor tiempo posible”, manifestó Ávila. El titular del TSE explicó que, legalmente, los vocales departamentales son responsables de llevar adelante el cómputo oficial de votos en su jurisdicción. Su ausencia no solo complica la organización previa, sino que podría generar un vacío legal y operativo al momento de procesar los resultados de las urnas.

Crisis política y acusaciones

Durante el debate parlamentario, la oposición lanzó duras críticas contra la Asamblea Departamental de La Paz, encargada de filtrar a los candidatos. La diputada María Góngora, de la agrupación Súmate, denunció abiertamente que las listas remitidas están “amañadas” y que existen pruebas de postulantes coordinando directamente con autoridades del Ejecutivo.

A estas acusaciones se sumó la diputada Sandra Hinojosa (Alianza Social), quien aseguró que algunas ternas presentadas por los asambleístas paceños incluyen a personas con “antecedentes penales”. Esto pondría en duda la transparencia y la probidad del órgano que debe custodiar el voto ciudadano en la región.

Aplazamiento y futuro incierto

Ante el caos jurídico, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, optó por aplazar el tratamiento del tema hasta la próxima sesión. Castro aclaró que el amparo fue devuelto a la Asamblea Departamental de La Paz para que los asambleístas procedan a “subsanar las observaciones” y elaboren nuevas listas basadas estrictamente en la meritocracia.

No obstante, el tiempo es el principal enemigo. Con menos de dos semanas para la jornada electoral, la ALP debe esperar que la asamblea regional corrija los vicios legales, remita nuevas ternas y la Cámara Baja logre un consenso político para la votación final. Este escenario parece difícil de concretar antes del cierre de las campañas.

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Cámara de Diputados rechaza tratamiento de ley para legalizar billetes serie B

La Cámara de Diputados de Bolivia determinó este jueves remitir a comisión el proyecto de ley que busca otorgar curso legal a los billetes serie B. La propuesta, presentada por la bancada de Unidad, no logró el apoyo necesario para su tratamiento mediante dispensación de trámite, lo que postergó una definición legislativa sobre la crisis monetaria que afecta al país.

Debate y postergación del proyecto

El debate se impuso al inicio de la sesión ordinaria, desplazando temporalmente la agenda principal que consistía en la elección de vocales para el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz. El diputado proyectista, Carlos Alarcón (Unidad), defendió la urgencia de la norma, calificándola como “la problemática más importante del país”, según información publicada por Unitel.

Crisis monetaria y económica

“La circulación de los billetes no solo genera una crisis monetaria, sino también una crisis económica que afecta a los grupos vulnerables”, afirmó Alarcón. El legislador sostuvo que, ante la inacción de otras autoridades, la Asamblea Legislativa debe actuar como el primer poder del Estado para dar respuesta a la ciudadanía.

Rechazo desde la bancada de Libre

Desde la bancada de Libre, la respuesta fue de rechazo categórico al procedimiento. Los legisladores oficialistas argumentaron que intentar legalizar billetes a través de una ley ordinaria constituiría un acto fuera de la norma vigente. La diputada Lissa Claros manifestó que se debe buscar una “solución responsable” y criticó la falta de información técnica sobre la propuesta.

Propuesta alternativa y exhorto al Gobierno

“Han mandado a quemar los billetes y las consecuencias las está padeciendo la población boliviana. Desde nuestra instancia, trabajaremos de manera responsable, pero desconocemos el contenido del proyecto de ley”, declaró Claros durante su intervención. Tras la votación que envió el documento a revisión en comisión, un sector de los legisladores propuso una vía alterna para agilizar la resolución del conflicto.

Se planteó la elaboración de una minuta de comunicación dirigida específicamente al Órgano Ejecutivo. Esta herramienta legislativa tiene como objetivo exhortar formalmente al Gobierno central para que, a través de sus instancias correspondientes (como el Banco Central de Bolivia), busque una solución inmediata y técnica a la problemática de los billetes serie B, evitando que la resolución dependa únicamente de los tiempos del debate parlamentario.

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Posesionan a la primera diputada con discapacidad visual

Ayer jueves, la Cámara de Diputados de Bolivia vivió un hito histórico con la posesión de una mujer con discapacidad visual. Aida Luz Tuchani Lurici asumió como legisladora suplente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por el departamento de Pando.

Ceremonia de posesión

La ceremonia fue presidida por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, quien afirmó: “Queda posesionada como diputada suplente por el departamento de Pando. Muchísimas felicidades”.

Trayectoria de Aida Luz Tuchani

Aida Luz Tuchani nació en Riberalta, Beni, en 1987 y se trasladó a Pando desde niña. Es madre y estudió derecho, lo que refleja su fortaleza y compromiso social. Inicialmente, fue candidata a segunda diputada titular plurinominal por el departamento de Pando y actualmente está habilitada como primera diputada suplente.

Compromiso con la inclusión

Una vez posesionada, Tuchani se comprometió a trabajar con empeño en la defensa de la inclusión, especialmente para las familias de su región y los sectores más vulnerables del país. Su presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional representa un paso significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de las personas con discapacidad.

Apertura de espacios para todos

Además, busca abrir espacios para que todos los bolivianos sean escuchados y puedan participar en decisiones nacionales importantes. Esta información fue proporcionada por la Cámara Baja.

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La Cámara de Diputados tomó juramento a Aida Luz Tuchani Lurici, quien se posesionó como diputada suplente por el departamento de Pando. Tuchani, respaldada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), se convierte en la primera legisladora con discapacidad visual en ejercer este cargo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Trayectoria y compromiso

Originaria de Riberalta, Beni, nacida en 1987, pero pandina de corazón debido a su residencia en el departamento desde su infancia, Tuchani es madre de familia y abogada de profesión. Su formación como abogada refleja su comprometido espíritu y su afán de superación, cualidades que la motivan a alcanzar el más alto nivel en el principal escenario político del país.

Juramento y objetivos parlamentarios

La formalización del juramento estuvo a cargo de la presidente en ejercicio de la Cámara Baja, Daniela Cabrera, quien subrayó la importancia del acto. “Queda posesionada como diputada suplente por el departamento de Pando. Muchísimas felicidades”, expresó la autoridad durante el acto protocolar.

Una vez finalizado su juramento, la nueva legisladora compartió su hoja de ruta parlamentaria: “trabajar con ahínco en la defensa de la inclusión y los derechos de los sectores más vulnerables”.

Tuchani afirmó: “Yo me debo a las familias de mi región y a todas aquellas que deseen ser escuchadas en el momento de tomar decisiones de interés nacional”. Este compromiso resalta su dedicación hacia las necesidades de su comunidad.

Un avance hacia la inclusión

La Cámara de Diputados destacó que la llegada de Tuchani representa un avance significativo hacia el reconocimiento de las personas con discapacidad en el ámbito del Poder. Pasó de ser candidata a diputada plurinominal titular a convertirse hoy en primera suplente, generando un espacio sin equivalentes para la participación política de este sector del país.

Mensaje institucional

La llegada de Tuchani no solo simboliza un logro personal, sino también un mensaje de apertura institucional hacia una Asamblea que busca incluir la pluralidad de la sociedad boliviana.

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La Cámara de Diputados ha generado sorpresa en el escenario político al incluir en su agenda semanal el tratamiento de modificaciones a la Ley de Permanencia Obligatoria (Ley 1352), la cual establece un arraigo administrativo para autoridades salientes.

Esta acción ocurre apenas 14 días después de que el mismo Legislativo sancionara la norma de manera extraordinaria para evitar la salida del país de exfuncionarios del gobierno anterior.

Detalles de la agenda oficial

El punto 3 de la agenda oficial confirma que el pleno entrará nuevamente en debate sobre el alcance y las incorporaciones de esta normativa. La ley en cuestión, recientemente ajustada como Ley 1709, fue diseñada para obligar a las autoridades del nivel central y entidades territoriales autónomas a permanecer en Bolivia durante los seis meses posteriores a la culminación de sus funciones.

Bajo el marco vigente, todos los exfuncionarios que acompañaron la gestión de Luis Arce se encuentran actualmente bajo esta restricción, la cual les prohíbe abandonar el territorio nacional hasta el 7 de junio de 2026. Esta medida también impactará a gobernadores, alcaldes y concejales que dejen sus cargos en mayo próximo, extendiendo su arraigo hasta noviembre de este año.

Origen y contexto legislativo

El origen de esta reforma se remonta a una carrera contra el tiempo que culminó el pasado 7 de febrero. Los legisladores del PDC impulsaron la ampliación del plazo de arraigo de tres a seis meses, pero enfrentaban una fecha límite crítica: si la ley no se promulgaba antes de ese sábado, las autoridades salientes habrían quedado libres de cualquier restricción de viaje.

Aprobación acelerada y sospechas legales

Esto derivó en un procedimiento legislativo inusual, donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto un jueves y el Senado tuvo que sesionar de emergencia vía Zoom un sábado por la tarde para sancionar el documento casi por unanimidad. La celeridad fue tal que el Órgano Ejecutivo, bajo la administración del Presidente Rodrigo Paz, procedió a la promulgación de la norma casi a la medianoche del mismo sábado 7 de febrero.

Desconfianza entre las bancadas

No obstante, la actual intención de modificarla ha levantado sospechas sobre posibles vacíos legales o errores de redacción cometidos durante esa aprobación “en tiempo récord”.

Por norma de procedimiento, cualquier ajuste a una ley vigente debería pasar primero por una comisión técnica que emita un informe pormenorizado. Sin embargo, según los registros actuales, la directiva de la Cámara de Diputados parece haber omitido este paso al colocar el tema directamente en la agenda del pleno.

Reformas y sus implicaciones políticas

La desconfianza entre las bancadas radica en qué puntos específicos se pretenden reformar ahora. Originalmente, la ley de 2020 establecía solo 90 días de permanencia obligatoria, una cifra que fue duplicada en esta nueva versión para garantizar que las exautoridades respondan ante cualquier proceso de fiscalización o auditoría.

El retorno del documento a la mesa de debate, sin un trabajo de comisión previo conocido, sugiere una urgencia política que podría alterar los plazos actuales o las prerrogativas de las autoridades subnacionales que aún están por cesar en sus cargos.

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por unanimidad y en sus dos estaciones, el proyecto de ley que abroga el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Esta norma, que deja sin efecto la Ley 3446 vigente desde 2006, fue remitida de inmediato a la Cámara de Senadores para su revisión y posterior debate.

La eliminación de este tributo busca, según los legisladores, dejar de asfixiar al sector emprendedor y restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema bancario nacional. Diputados de diferentes bancadas coincidieron en que esta medida enviará una señal positiva a los inversores y ayudará a dinamizar la economía tras años de presión impositiva.

Comentarios sobre la decisión unánime

El presidente de la Comisión de Planificación, Raúl Párraga, destacó que la abrogación fue una decisión asumida de forma unánime en las instancias previas. Por su parte, el diputado Ricardo Rada (PDC) subrayó que este cambio normativo representa una ruptura con las políticas tributarias anteriores, orientándose a devolver “la esperanza a la ciudadanía” y facilitar las operaciones financieras de los pequeños y grandes ahorristas.

Situación del Impuesto a las Grandes Fortunas

A pesar del avance con el ITF, el tratamiento para la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas no corrió la misma suerte. Esta propuesta quedó en statu quo debido a la falta de consenso entre las bancadas, por lo que su debate ha sido postergado sin una fecha definida por la Comisión de Planificación.

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Detalles de la modificación

Con esta nueva ley, se duplica el tiempo de arraigo que anteriormente era de 3 meses, un plazo que estaba vigente desde el año 2020. Ahora, los exfuncionarios deberán estar localizables en territorio nacional durante un periodo de medio año. Además, el texto aprobado especifica que también estarán sujetos a esta restricción los concejales municipales. La ley incluye a los directivos de empresas públicas o instituciones privadas que manejen dinero del Estado, asegurando que nadie que haya administrado recursos fiscales pueda salir del país sin antes rendir cuentas.

Argumentos a favor de la ley

El argumento principal detrás de esta ampliación es la transparencia y la lucha contra la impunidad. Durante la sesión, legisladores como Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), señalaron que en transiciones pasadas se detectó que las autoridades salientes “ocultaron información” o entregaron informes técnicos incompletos justo antes de dejar el poder. Al ampliar el plazo de permanencia a 6 meses, se busca otorgar al nuevo gobierno y a las entidades de control el tiempo suficiente para realizar auditorías profundas y detectar posibles irregularidades que antes quedaban ocultas por la brevedad del tiempo.

Postura en el debate

El debate en el pleno reflejó una postura de firmeza por parte de la mayoría parlamentaria, alcanzando más de 2/3 de los votos. Aunque algunos sectores propusieron medidas incluso más severas, la mayoría coincidió en que 6 meses es un plazo equilibrado para garantizar la presencia de los exservidores públicos ante cualquier requerimiento judicial o administrativo. Con esta media sanción, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores.

Próximos pasos legislativos

En la Cámara de Senadores se definirá si esta nueva regla de permanencia obligatoria se convierte finalmente en ley para todo el territorio nacional. La aprobación de esta ley podría marcar un cambio significativo en la forma en que se manejan los recursos públicos en Bolivia, buscando mayor transparencia y responsabilidad por parte de quienes han ocupado cargos públicos.

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Resultados de la votación

Sandra Judith Lema Fernández, Ronald Rollano Veramendi, Rosse Mary Choque Rasguido y Celina Fernández Tejerina fueron los postulantes que obtuvieron la mayor cantidad de votos y, por lo tanto, asumirán las suplencias de las vocalías en el TED.

Estos candidatos llegaron a la segunda votación tras no conseguir los dos tercios requeridos en la elección de los vocales titulares.

Vocales titulares elegidos

En la primera votación, los más votados fueron Favio Chacolla Huanca, Jenny Ivana Miranda Valverde, Sergio Miranda Hayes y Etny Judyth Sivila Cortez, quienes fueron nombrados como vocales titulares del TED.

Proceso de votación

La votación tanto para los vocales titulares como para los suplentes se realizó después de que la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca subsanara las observaciones a las ternas que habían sido enviadas inicialmente.

Suspensión de la votación en La Paz

Posteriormente, la Cámara de Diputados tenía previsto llevar a cabo la votación para la designación de vocales del TED de La Paz. Sin embargo, esta votación fue suspendida debido a un recurso constitucional que se presentó.

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La norma modifica la Ley 1352 de 2020 y se aplica tanto al Estado central como a las entidades autónomas.

Detalles de la norma

El presidente de la Comisión, Manolo Rojas, del partido PDC, explicó que esta restricción se aplica al binomio presidencial, así como a ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Además, incluye a los máximos ejecutivos de empresas públicas o mixtas que gestionen recursos fiscales.

Fundamentos de la propuesta

La propuesta fue inicialmente presentada por la legisladora Claudia Bilbao. Rojas argumentó que la extensión del plazo permitirá a la Contraloría General elaborar informes técnicos de responsabilidad.

Asimismo, aseguró que este nuevo periodo garantiza un debido proceso y proporciona herramientas de defensa a aquellos que se enfrenten a investigaciones administrativas.

Próximos pasos en la agenda

El presidente de la Comisión anunció que solicitará que se incluya esta norma en la agenda de la sesión ordinaria programada para hoy, 5 de febrero de 2026, ante la Cámara de Diputados.

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Solicitud de investigación

La solicitud para formar esta comisión fue presentada el jueves 29 de enero de 2026 en la Cámara de Diputados por la legisladora de Alianza Libre, Sofía Rocha. Ella mencionó que buscará la participación de otros legisladores y fuerzas políticas, además de solicitar la dispensación de trámite para que la comisión pueda conformarse de manera inmediata.

“Estamos enviando un proyecto de resolución camaral para crear una comisión de investigación por el caso maletas. Vamos a pedir que hoy se puedan sumar otros legisladores y fuerzas políticas y se solicitará dispensación de trámite para que la comisión se cree hoy mismo”, afirmó Rocha, según lo citado por Urgente.

Apoyo a la iniciativa

La diputada de la Alianza Popular, Claudia Herbas, mostró su respaldo a esta iniciativa y explicó que la investigación no se limitaría únicamente al caso de las maletas. También se incluirían otros hechos relevantes, como la muerte de Mauricio Aramayo en Tarija.

“Es por eso que estamos pidiendo una comisión mixta de investigación inmediata, no solo para conocer el caso narcomaletas, sino también otros como el caso del amigo del presidente (Mauricio Aramayo quien falleció en Tarija con disparos)”, puntualizó Herbas.

Detenciones relacionadas

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas de manera preventiva en relación con este caso, entre ellas se encuentra la exdiputada Laura Rojas. Las investigaciones se centran en el contenido de las maletas, que según algunas versiones, transportaban sustancias controladas, mientras que otras versiones indican que contenían dólares. Sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el contenido ni el paradero de las maletas.

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Los titulares designados son Oscar Paulino Condori Chambi, Anel Boldi Mendoza Alcalá, Hernán Chaly Quispe Rodríguez y Eve Carmen Mamani Roldán.

Vocales suplentes elegidos

Además, la Cámara Baja definió a los vocales suplentes, que serán Rubén Juan Huayllani Huarachi, Valeria Viviana Vallejos Vargas, Janeth Betsaida Paco Colque y José Eriberto León Magne.

Procedimientos de elección

La elección se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos para la designación de autoridades electorales departamentales.

Continuación de la votación

Durante la sesión, los diputados también anunciaron que continuarán con la votación de las ternas correspondientes a los departamentos de Potosí y La Paz.

Importancia de la elección

La elección de vocales departamentales es parte del proceso de renovación de autoridades electorales. Esto es fundamental para garantizar la organización y supervisión de los comicios en cada departamento en el marco de las elecciones subnacionales.

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La convocatoria fue emitida por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro. En el orden del día se incluye, además de la correspondencia habitual, el tratamiento de un proyecto de ley que tiene como objetivo declarar feria productiva comunitaria a la feria de la naranja, que se realiza en el municipio de San Pablo de Huacareta, ubicado en el departamento de Chuquisaca.

Designación de vocales electorales

Después de tratar este proyecto de ley, la sesión se centrará en la designación de los vocales de los tribunales electorales departamentales de Oruro, Potosí y La Paz. Actualmente, estas instancias no cuentan con autoridades titulares que hayan sido designadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En diciembre de 2025, durante las sesiones ordinarias 24 y 25, la Cámara de Diputados ya había designado y posesionado a los vocales electorales departamentales de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni.

Funciones del Tribunal Supremo Electoral

En los departamentos donde no se ha completado este proceso de designación, el Tribunal Supremo Electoral ha asumido de manera transitoria las funciones necesarias para garantizar la organización de los comicios subnacionales, que están previstos para el 22 de marzo de 2026.

Proceso de elección de vocales

El procedimiento para la elección de los vocales departamentales comienza en las asambleas legislativas departamentales. Estas asambleas deben conformar cuatro ternas de postulantes y enviarlas a la ALP. Es importante que la designación cumpla con criterios de paridad de género, así como con la inclusión de representantes de pueblos indígenas.

Vocales restantes por elegir

Según el Órgano Electoral, con la elección de los vocales en estos tres departamentos, aún queda pendiente la elección de los vocales electorales del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca.

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La selección de los vocales se realizó después de una fase de preselección que comenzó el 5 de diciembre en las asambleas legislativas de cada departamento. Durante un período de 14 días, se llevaron a cabo 12 etapas de evaluación, lo que resultó en la conformación de 4 ternas por departamento. Estas ternas fueron enviadas a la instancia nacional, donde los diputados debieron elegir a un postulante de cada una, siguiendo criterios de paridad de género y plurinacionalidad.

Fórmula de selección equitativa

Para garantizar una representación justa, la Cámara de Diputados aplicó una fórmula de selección específica. Para los titulares, se eligieron 2 mujeres, 1 varón y 1 varón indígena. En el caso de los suplentes, la selección fue de 2 varones, 1 mujer y 1 mujer indígena. Este proceso en los departamentos complementa la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos nuevos vocales fueron posesionados la misma noche por el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara.

Compromiso de los nuevos vocales

Edmand Lara subrayó que los vocales electos tienen un compromiso significativo: continuar con el proceso de las elecciones subnacionales. Durante la ceremonia de juramento, recordó que la urgencia de estas designaciones es que este lunes debe comenzar formalmente la inscripción de candidatos.

Lara también lanzó un desafío a las nuevas autoridades: mantener la eficiencia de la gestión saliente, que logró entregar resultados precisos en tiempos récord. “Tienen el compromiso de entregar los datos a la población hasta las 20:00 horas (el día de la elección). Eso es transparencia y ese es su desafío”, afirmó.

Calendario electoral sin demoras

Con la conformación de los Tribunales Electorales Departamentales este domingo, el órgano electoral estará completamente constituido para enfrentar un calendario electoral que no permite más demoras. Este es un paso crucial para asegurar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera ordenada y eficiente.

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No obstante, el pleno de la Cámara realizó modificaciones al proyecto de ley, incorporando un mecanismo de fiscalización cuatrimestral. Esta modificación exige al Órgano Ejecutivo que rinda cuentas, tanto de forma oral como escrita, sobre el “uso, destino y ejecución” de cada dólar del crédito. Esta decisión responde a la creciente demanda legislativa por mayor transparencia.

Debate sobre el proyecto de ley

El proyecto de ley 069/2025-2026 fue objeto de un intenso debate, ya que varios legisladores expresaron sus preocupaciones sobre la política de endeudamiento del Gobierno. La mayoría de los diputados no rechazó el crédito en sí, sino que exigió un control más riguroso sobre la gestión de los recursos públicos.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Helen Patiño, fue la responsable de proponer un parágrafo adicional que establece estos mecanismos de rendición de cuentas. “No nos estamos oponiendo a las carreteras y a los créditos, sino que queremos informes, conocer el destino del dinero. Vamos a solicitar informes, transparencia”, afirmó la parlamentaria, reflejando el sentir general del debate.

Respaldo a la iniciativa de control

La iniciativa de control recibió un amplio respaldo, lo que permitió que el proyecto de ley fuera finalmente aprobado en sus estaciones grande y detalle por más de dos tercios de los diputados presentes. Esto ocurrió a pesar de que un intento inicial por aprobarlo sin modificaciones fracasó debido a la falta de votos.

El parágrafo incorporado se convierte en un mandato directo para el Órgano Ejecutivo. Este establece que los Ministerios de Obras Públicas, Planificación del Desarrollo y Economía deben informar a la Asamblea Legislativa cada cuatro meses sobre la implementación del Contrato de Préstamo N°5833/BO. Este informe debe presentarse tanto de forma oral como escrita, incluyendo la documentación de respaldo que certifique el uso adecuado de los 30 millones de dólares estadounidenses.

Detalles del crédito del BID

El crédito del BID está destinado a financiar una obra de integración urbana significativa entre las ciudades de La Paz y El Alto. El Parque Lineal Metropolitano contempla una ambiciosa infraestructura que incluye una ciclovía principal de 18,24 kilómetros, que conecta directamente ambas ciudades. Además, se crearán 10 nuevos parques urbanos, se implementarán 21 miradores a lo largo del recorrido y se instalarán luminarias LED para mejorar la seguridad y el tránsito nocturno.

Una vez que la Cámara Baja aprobó el proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, anunció que el documento ha sido oficialmente enviado a la Cámara de Senadores para cumplir con los fines constitucionales de revisión y posterior promulgación.

Otros financiamientos recientes

Este no es el único financiamiento que ha pasado recientemente por la Cámara Baja. La semana anterior, los diputados también aprobaron otro crédito externo: un préstamo de 15,000 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 95,9 millones de dólares estadounidenses, de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Este crédito, que originalmente estaba previsto para la emergencia de covid-19, se utilizará para reponer gastos ejecutados por el Estado durante las gestiones 2021 y 2022.

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Este financiamiento fue aprobado con una votación ajustada, a pesar de las objeciones y el rechazo por parte de las bancadas de oposición. La aprobación se logró con 61 votos a favor y 51 en contra, de un total de 112 votos emitidos.

Después del proceso de votación, la vicepresidente de Diputados, Daniela Cabrera, confirmó que la ley ha sido aprobada y ahora se enviará a la Cámara de Senadores para su tratamiento.

Reacciones en el pleno

Durante la sesión, diputados de las bancadas de Libre y Unidad expresaron sus observaciones y rechazo al préstamo millonario. Sin embargo, legisladores como Juan José Torres del Partido Demócrata Cristiano (PDC) defendieron la aprobación, argumentando que es esencial para brindar “tranquilidad” al país de cara al 2026.

Torres hizo un llamado a “no colocar trancas” y a que el Gobierno “sepa manejar el crédito”.

Próximos pasos legislativos

Con la luz verde al financiamiento de JICA, el tratamiento de otros dos préstamos internacionales ha sido aplazado para una próxima sesión, que está programada para el lunes 15 de diciembre de 2025.

Los créditos restantes que están pendientes de aprobación incluyen un préstamo de 30 millones de dólares estadounidenses del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de Parque Lineal en La Paz y El Alto. Además, se encuentra un crédito de 550 millones de dólares estadounidenses gestionado por el presidente Paz con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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De los créditos que se considerarán, dos fueron gestionados durante el anterior Gobierno y uno fue tramitado por la administración de Rodrigo Paz.

Detalles de los créditos

El primer crédito que se abordará es de la cooperación japonesa JICA, por un monto de 100 millones de dólares. Este financiamiento tiene como objetivo reponer los gastos relacionados con la lucha contra la pandemia. El segundo crédito es de 30 millones de dólares, proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está destinado al proyecto de Parque Lineal para La Paz y El Alto.

El tercer crédito, que fue gestionado por el Gobierno actual, asciende a 550 millones de dólares y proviene del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este préstamo tiene como finalidad apoyar la liquidez de la gestión económica. Además, se discutirá el proyecto de Presupuesto 2026, el cual incluye una cláusula que permitirá al Gobierno reformularlo hasta febrero.

Compromisos del ministro

El ministro Gabriel Espinoza ha asegurado que para ese momento se realizarán cambios en el PGE con el objetivo de reducir el déficit fiscal en un 10%.

Advertencias del vicepresidente

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara ha advertido que no se aprobarán los créditos que no cuenten con justificaciones adecuadas a través de informes. En particular, ha expresado su rechazo al último préstamo de más de 500 millones de dólares, argumentando que se trataría de dinero de libre disponibilidad, según lo informado por Erbol.

Postura de la bancada de Libre

La bancada de Libre también ha manifestado su oposición a la aprobación de créditos que provienen de la gestión de Luis Arce. Asimismo, han anunciado que objetarán el PGE, argumentando que este replicaría el gasto del anterior Gobierno.

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El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, tomó la decisión de suspender la sesión debido a que la Comisión de Constitución aún no ha presentado el informe necesario sobre los proyectos de ley que han sido ingresados.

El diputado Santiago Ticona, quien es secretario del Comité de Democracia y Sistema Electoral, comentó que la convocatoria para la sesión era prematura. “Ojalá sea un malentendido o un mal asesoramiento porque hay errores”, afirmó, argumentando que la Comisión debe debatir los tres proyectos de ley que han sido presentados: dos por la bancada Libre y uno por Unidad, antes de que el pleno pueda llevar a cabo su sesión.

“Una vez que se tenga el informe, recién se puede instalar el pleno de la Cámara de Diputados”, insistió Ticona.

Preocupación por el calendario

La inquietud se centra en el ajustado calendario legislativo. El segundo secretario de la Cámara de Diputados, José Maldonado, quien pertenece a la bancada Libre, advirtió sobre la inminente fecha límite: el 19 de diciembre de 2025.

“El 19 de diciembre es la fecha de vencimiento en la que los vocales deben dejar su cargo sí o sí, tanto a nivel nacional como departamental. Desde hoy hasta el 19, ¿cuántos días nos faltan?”, urgió Maldonado.

Designación de vocales del TSE

El Legislativo no solo tiene la responsabilidad de designar a los 6 vocales del TSE, sino que también debe aprobar el marco normativo que permitirá a las Asambleas Legislativas Departamentales elegir las ternas que serán utilizadas para la posterior designación de los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales.

Las propuestas de ley presentadas por la bancada Libre sugieren un plazo de entre 21 y 22 días para concluir la elección de los vocales del TSE. Este periodo se vuelve cada vez más estrecho con cada día que pasa sin que la Comisión de Constitución avance en su trabajo.

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“Estando ahí los autoprorrogados se corre el riesgo serio de que empiecen a llover los amparos constitucionales”, afirmó Ticona.

El legislador recordó que “los autoprorrogados en las elecciones presidenciales han actuado a través de terceras personas; no eran ellos los que planteaban los amparos, sino ciudadanos de a pie, y esto puede reiterarse”.

Ticona también indicó que hasta el último momento insistieron en que se debía brindar la ley de las elecciones subnacionales por un tema central.

Trabajo arduo en la Cámara

Por otro lado, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, explicó que el trabajo fue arduo para lograr consensos entre las bancadas durante los últimos 2 días para aprobar la ley de las elecciones subnacionales.

“Para darle certidumbre al pueblo boliviano, que es lo que estaban pidiendo, que no haya más prorrogados en nuestro país de ningún tipo, menos gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales”, apuntó Cabrera.

Posibles amparos constitucionales

Ante la posibilidad de que se presenten amparos constitucionales que frenen la ley, la diputada aclaró que no corresponde ya que no se está vulnerando ningún tipo de derecho.

Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que respeta todos los requerimientos constitucionales establecidos en la normativa vigente.

“Da la certeza, el camino a recuperar la institucionalidad democrática, garantizando que los procesos fundamentales de nuestro país se desarrollen en el marco de institucionalidad, legalidad y participación ciudadana”, manifestó Ávila.

Convocatoria oficial inminente

La convocatoria oficial será emitida en las próximas horas, cumpliendo con el plazo límite fijado por el propio Órgano Electoral. Las elecciones subnacionales están previstas para el 22 de marzo de 2026.

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Aprobación con modificaciones

Entre las modificaciones realizadas, se incluyó un cambio fundamental que busca garantizar la viabilidad del proceso electoral. El diputado Santiago Ticona explicó que la rapidez en la aprobación se debió a un acuerdo sobre un punto crítico: “Se ha modificado la disposición final en su artículo primero. Esto significa que se permite la participación de los actores políticos sin contar el plazo establecido, hubo el consenso necesario”, detalló Ticona. Esta información fue reportada por Unitel.

Proceso rápido y eficiente

Ticona también enfatizó la celeridad del proceso legislativo: “En 10 minutos hemos logrado aprobar el mismo y ahora estamos haciendo el informe y en minutos más lo vamos a remitir a la Comisión de Constitución”. Con esto, aseguró que la ley ya está en camino hacia la siguiente instancia del proceso legislativo.

Próximos pasos en el proceso

Con la aprobación en el comité, ahora la presión se traslada a la presidencia de la Comisión de Constitución y Sistema Electoral de Diputados. Se espera que esta instancia convoque a sesión de manera inmediata para tratar la ley de las subnacionales.

Una vez que la Comisión trate y apruebe el proyecto de ley, deberá elaborar un informe formal y remitirlo, junto con la norma, al pleno de la Cámara Baja. Este pleno ya se encuentra en espera para reinstalar la sesión y proceder con la consideración y aprobación final de la ley que regirá los próximos comicios subnacionales.

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Durante la tercera sesión ordinaria, los parlamentarios no lograron alcanzar los dos tercios de votos necesarios para la dispensación de trámite del proyecto de ley, que está destinado a las elecciones subnacionales. Durante el debate, se produjo un intercambio de palabras entre los legisladores del Partido Demócrata Cristino (PDC) y la Alianza Libre.

Desde el inicio del tratamiento del orden del día, la parlamentaria de la Alianza Libre, Lissa Claros, solicitó una reunión de jefes de bancada. Su intención era incorporar un artículo que permitiera la participación de los partidos políticos recién conformados en las próximas elecciones. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por varios legisladores.

Conflictos en el debate

Además, se negó la solicitud de modificar el orden del día para tratar la norma con prioridad. Esto llevó a riñas y discusiones entre los parlamentarios, quienes rechazaron la insistencia de la legisladora Claros. En última instancia, los asambleístas que pidieron la dispensación de trámite solo lograron obtener 74 votos a favor y 41 en contra.

Para que los diputados pudieran tratar la norma, necesitaban alcanzar los dos tercios de votos, algo que no lograron. Por esta razón, el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, se reunió brevemente con el presidente de la Comisión de Constitución, Juan Del Granado, para que convoque a una sesión de comisión. Esto permitirá que la ley continúe su proceso regular y que, posteriormente, el pleno realice nuevamente el debate tras recibir el informe de la comisión.

Convocatoria a sesión

Del Granado convocó a tratar la norma el 19 de noviembre a las 09:00 horas. Castro determinó que el cuarto intermedio declarado será reanudado a las 12:00 horas, con el objetivo de iniciar nuevamente el debate y tratar “con urgencia” la norma que envió el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Objetivo del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como objetivo “establecer un régimen excepcional y transitorio para la realización de las Elecciones Subnacionales 2026”. Esto implica establecer criterios de aplicación tanto para departamentos que cuenten como para aquellos que no cuenten con un estatuto autonómico, así como para autonomías indígena, originaria y campesina.

Este proyecto fue tratado y aprobado en la Cámara de Senadores el 11 de noviembre, con algunas modificaciones que incluyen la no participación de partidos políticos que no tengan su personería jurídica antes de la llegada de los comicios, de acuerdo con la norma establecida.

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Fernando Arteaga, secretario del TSE, indicó que si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto en la versión que fue enviada por el Senado, el órgano electoral podrá convocar a los comicios con el tiempo mínimo requerido. Esto es fundamental para cumplir con los plazos establecidos.

Arteaga también explicó que el plazo límite para lanzar la convocatoria vence el 22 de noviembre de 2025. Además, advirtió que cualquier modificación sustancial al proyecto obligaría a devolverlo al Senado, lo que afectaría el calendario electoral.

Participación de nuevas organizaciones

El secretario del TSE recordó que las nuevas organizaciones políticas no podrán participar en estas elecciones, ya que el plazo legal venció 90 días antes de la convocatoria. Sin embargo, el TSE sugirió incluir una disposición excepcional para ampliar la participación, propuesta que no fue incorporada por el Senado.

Rodrigo Antonio, diputado de la alianza Libre, confirmó que su bancada impulsará el tratamiento inmediato de la norma, incluso con dispensación de trámite, para evitar retrasos en el proceso. Antonio indicó que buscarán ampliar las posibilidades de participación política y analizar las observaciones enviadas por el TSE.

Propuestas de la bancada Libre

Según el parlamentario, se debe permitir que nuevas organizaciones o aquellas en proceso de registro puedan postular candidaturas en los comicios subnacionales. Glenda Aguilera, diputada de Libre, afirmó que su bancada propondrá tratar el proyecto por tiempo y materia para asegurar su aprobación el mismo día.

Aguilera señaló que revisarán las modificaciones realizadas por el Senado, pero enfatizó que la prioridad es garantizar que el país cuente con nuevas autoridades dentro del plazo legal establecido.

Apoyo y críticas al proyecto

Alejandro Medinaceli, diputado del Partido Demócrata Cristiano, manifestó que su partido respaldará la aprobación de la norma para asegurar la estabilidad institucional. Medinaceli indicó que la Cámara debe adecuar el proyecto a los tiempos fijados por el TSE y evitar que se repitan retrasos como los ocurridos en las elecciones judiciales.

En contraste, Lissa Claros, diputada de Libre, cuestionó el proyecto y advirtió que la convocatoria propuesta restringe la participación de nuevas agrupaciones ciudadanas. Claros sostuvo que la falta de apertura puede generar demandas de inconstitucionalidad.

Revisión de la disposición transitoria

La diputada pidió a la Cámara que revise la disposición transitoria que limita la postulación de organizaciones recientemente registradas. Consideró que, si existe voluntad política, el ajuste puede hacerse sin afectar los plazos establecidos.

El proyecto fue aprobado en el Senado con modificaciones el jueves y debe ser sancionado por la Asamblea Legislativa esta semana. Esto permitirá que el TSE convoque a las elecciones subnacionales, que están fijadas para el 22 de marzo de 2026.

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Algunos legisladores, como el diputado de Libre, José Luis Pórcel, han propuesto el rechazo y la devolución inmediata del proyecto al nuevo Ejecutivo de Rodrigo Paz. La intención es que este nuevo gobierno lo reformule según sus necesidades y prioridades. Por otro lado, el Gobierno ha abierto la posibilidad de que el PGE sea “ajustado y repuesto” dentro del mismo Legislativo.

Retrasos en el proceso

Raúl Párraga, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados, ha señalado que la reciente conformación de comisiones ha retrasado el conocimiento del proyecto. Además, ha mencionado que se coordinará una reunión con el Ministerio de Economía para definir los pasos a seguir en este proceso.

Agenda legislativa prioritaria

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, ha indicado que el PGE aún no figura en la agenda prioritaria del Legislativo. En las próximas 48 horas, el enfoque estará en temas urgentes, como las elecciones subnacionales. Santamaría también confirmó que se convocará a los presidentes de ambas cámaras para establecer la agenda mínima hasta diciembre, donde se incluiría el Presupuesto.

Detalles del PGE 2026

El PGE 2026, que fue presentado por Arce, asciende a un total de Bs 298.332 millones. De esta cantidad, el 64% está destinado a gastos corrientes, que incluyen sueldos y bienes. Esto se da en un contexto de crisis económica y decrecimiento del PIB, lo que genera preocupación sobre la viabilidad del presupuesto.

Fuentes de financiamiento

En paralelo, se ha destacado que el nuevo Gobierno cuenta con una potencial fuente de financiamiento. Se trata de $us 3.515 millones que aún están por desembolsar de créditos externos aprobados por la anterior legislatura. Estos incluyen préstamos de organismos multilaterales y de otros países. Estos recursos podrían ser utilizados para cubrir compromisos y para impulsar la inversión pública en el marco del PGE 2026.

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Esta información fue confirmada el miércoles 12 de noviembre de 2025 por la primera vicepresidente de la Cámara Baja, Daniela Cabrera. La legisladora adelantó que, si se comprueba la denuncia, se tomarán las acciones necesarias ante las instancias competentes.

Solicitud de informe

“Se pedirá un informe sobre este tema, porque si se confirma que algunos equipos no fueron devueltos, corresponde iniciar los procesos respectivos ante la Contraloría General del Estado”, explicó Cabrera.

La legisladora también indicó que esta solicitud es parte de las medidas administrativas que acompañan el inicio de la nueva legislatura. El objetivo es garantizar la transparencia y el control en el uso de los bienes públicos.

Revelaciones sobre exlegisladores

Recientemente, se dio a conocer que exlegisladores de Bolivia acordaron, en una sesión reservada, no devolver los celulares y tablets que les fueron asignados como herramientas de trabajo. Ellos consideran que estos dispositivos son de su propiedad.

La controversia se intensificó semanas atrás, cuando la exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC) por Tarija, María Elena Ortega, solicitó en sesión que se entregaran nuevos equipos a los legisladores salientes antes de que concluyeran su mandato. Ortega argumentó que no deberían irse “con las manos vacías”.

Declaraciones de María Elena Ortega

El martes 11 de noviembre, Ortega aseguró a medios locales que los parlamentarios salientes decidieron quedarse con los equipos ya entregados. Estos dispositivos son considerados activos fijos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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El nombramiento se llevó a cabo tras una votación que fue calificada como “histórica” y que contó con un amplio consenso entre los legisladores.

De los 121 diputados presentes, 120 emitieron un voto afirmativo a favor de la plancha, registrándose solo un rechazo. El presidente ad hoc, José Maldonado, destacó que esta aprobación se realizó en pro de la “unidad, estabilidad y gobernabilidad” del país.

“Ha sido una votación histórica, quiero felicitarlos porque es la forma correcta de votar, transparente y de cara a Bolivia,” resaltó Maldonado.

Apoyo de diversas bancadas

El chuquisaqueño Castro obtuvo el respaldo de las bancadas de la Alianza Libre, la Alianza Unidad, la Alianza Popular y del bloque indígena, logrando así el apoyo de más de dos tercios de la Cámara Baja.

La conformación de la directiva fue necesaria para garantizar la toma de posesión del nuevo Presidente y Vicepresidente del Estado, que se llevará a cabo este sábado.

Conformación de la directiva

La conformación final de la directiva, tras la aprobación de las nóminas de mayoría y minoría, es la siguiente:

Presidente: Roberto Julio Castro Salazar (PDC). Primera Vicepresidenta: Daniela Cabrera Guillén (Alianza Unidad). Segundo Vicepresidente: Rodrigo Antonio Loma (Alianza Libre). Primer Secretario: Mario Lima Paz (PDC). Segunda Secretaria: María Moreno Cárdenas (Alianza Unidad). Tercer Secretario: José Maldonado Genio (Alianza Libre). Cuarta Secretaria: Glenda Aguilera Padilla (Alianza Libre).

Cuarto intermedio

Los nuevos legisladores habían declarado un cuarto intermedio el día martes, ante la falta de consenso, lo que hacía urgente definir la cabeza de la Cámara Baja.

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Esta decisión representa el regreso de los símbolos religiosos a la ceremonia protocolar, los cuales habían sido retirados en gestiones anteriores.

Decisión en sesión preparatoria

La determinación fue tomada durante la sesión preparatoria, donde se observó un amplio apoyo por parte de los parlamentarios que intervinieron. Muchos de ellos expresaron su deseo de retomar esta simbología religiosa en el acto solemne.

El presidente ad hoc de la Cámara, José Maldonado, dirigió la sesión y aclaró que esta medida no limita la libertad de fe de los parlamentarios. “En el juramento, cada uno va a jurar de acuerdo a su creencia religiosa”, afirmó Maldonado, asegurando que se respeta la diversidad de fe de los legisladores.

Colocación de símbolos religiosos

Tras la aprobación, se procedió a colocar la imagen del crucifijo y la Biblia en la mesa de la Directiva. En esta mesa también se encontraban la bandera tricolor, la Wiphala y la Constitución Política del Estado (CPE).

A pesar de que la CPE establece que Bolivia es un Estado Laico, el pleno consideró esta medida como una forma de reafirmar los valores tradicionales presentes en los actos oficiales del Legislativo, al mismo tiempo que se respeta la pluralidad.

Juramento de los nuevos diputados

Al momento de asumir el cargo, la mayoría de los diputados optó por hacer la señal de la cruz con la mano. Sin embargo, todos tuvieron la opción de realizar la enseña de su creencia para jurar al cargo.

Con esta decisión, los nuevos parlamentarios juraron en un acto que, aunque incorporó los símbolos religiosos, mantuvo abierta la posibilidad de que cada legislador asumiera su compromiso conforme a su fe personal.

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La propuesta fue elaborada por las diputadas Betty Yañíquez, Pamela Alurralde y Alexsandra Zenteno. Estas legisladoras contaron con el apoyo de colectivos que forman parte de la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio. Este grupo ha estado promoviendo durante años la creación de políticas públicas que permitan ofrecer protección y acompañamiento a las víctimas indirectas de la violencia machista.

Atención integral garantizada

El documento establece que el Estado deberá proporcionar atención integral, que incluirá acompañamiento psicológico y asesoría legal gratuita. Además, se asegurará el acceso preferente al Sistema Único de Salud (SUS) con cobertura total. También se dispone la entrega periódica de paquetes alimentarios y se garantiza la continuidad educativa de los hijos e hijas afectados, con el fin de evitar su abandono escolar.

Prioridad en programas de vivienda

Asimismo, el proyecto otorga prioridad a los tutores o familiares a cargo en los programas de vivienda social. Esto tiene como propósito fortalecer la estabilidad de los hogares donde viven los beneficiarios. Esta medida se complementa con otras acciones que buscan cubrir necesidades básicas y promover el bienestar integral de los menores.

Bono mensual para familias

Entre los beneficios más destacados se encuentra la creación de un bono mensual que no será menor al 20 % del salario mínimo nacional. Este apoyo económico se entregará a las familias responsables del cuidado de los huérfanos y se mantendrá hasta que los beneficiarios cumplan 18 años. Sin embargo, este beneficio podrá extenderse hasta los 25 años, siempre que los jóvenes continúen cursando estudios superiores.

Próximos pasos en el proceso

Después de recibir el voto mayoritario en la Cámara Baja, el proyecto fue enviado al Senado para su revisión. En esta instancia se prevé su tratamiento final antes de la aprobación definitiva y posterior promulgación como ley.

LDVY

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El proyecto de Ley CS N° 142/2023-2024 fue aprobado en septiembre de 2024 por la Cámara de Senadores. La norma define al trabajador social como un profesional que cuenta con formación académica y un enfoque metódico, cuyo objetivo es promover el desarrollo y la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.

Funciones de los trabajadores sociales

Además, la ley resalta la participación de los trabajadores sociales en la formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales. También se menciona su papel en la promoción de derechos y deberes ciudadanos, según lo informado por la agencia de noticias ABI.

El objetivo principal de esta norma es garantizar que el ejercicio profesional de los trabajadores sociales se realice bajo criterios de calidad, ética y transparencia. Para lograr esto, se establece que todos los trabajadores sociales deben estar debidamente registrados y matriculados en el Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia.

Detalles de la normativa

La ley incluye disposiciones sobre titulación, registro, matriculación y control del ejercicio profesional. En total, está compuesta por 21 artículos y dos disposiciones finales que regulan estos aspectos.

Declaración de patrimonio cultural

En la misma sesión, el pleno de Diputados también aprobó un proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural, Arquitectónico, Histórico y Artístico del Estado Plurinacional de Bolivia a la iglesia colonial de Parcomarka Copacabana. Este templo se encuentra en el Ayllu Parcomarka, en la provincia Sur Carangas, departamento de Oruro.

La norma, que fue enviada al Senado, reconoce el alto valor histórico, cultural y arquitectónico de esta iglesia. Se destaca que el templo está ubicado en uno de los ayllus más antiguos de la región. El nombre del lugar tiene raíces aymaras, donde “Parko” significa bastón de mando y “Marka” se traduce como pueblo, según un reporte de la Cámara de Diputados.

/KMMN

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Desde Congabol, se han mostrado satisfechos con este avance normativo, que busca imponer castigos más severos a quienes se dedican al robo y faena de ganado, abarcando tanto animales menores como reses de alta genética. El diputado Gutiérrez ha indicado que se trabajará para incluir este proyecto en la agenda del pleno de la Cámara Baja, según reporta el Canal Rural Bolivia.

Demandas del sector ganadero

Walter Ruiz, presidente de Congabol, comentó que el sector ha estado solicitando durante más de cuatro años una modificación y ampliación de las penas para quienes cometen abigeato. “Esta primera etapa en la Comisión se ha logrado y agradecemos a los diputados que han tenido esa hidalguía de dar una respuesta al sector”, añadió Ruiz.

El diputado Gutiérrez destacó que las pérdidas causadas por el abigeato superan los 5 millones de dólares anuales, con más de 7.000 denuncias registradas cada año. Resaltó que es fundamental incluir este tema en la agenda legislativa de los próximos días.

“Estamos hablando de una afectación a aquel que produce y lo peor es que ganado de alto valor genético está siendo vendido solo por carne”, explicó Gutiérrez. Recordó el caso de una vaca premiada en una feria, que tenía un valor de 40,000 dólares y que fue faenada por delincuentes.

Próximos pasos legislativos

Ruiz también mencionó que, aunque la aprobación en la Comisión es un avance significativo, aún queda el proceso en el pleno y la Cámara de Senadores. Además, anticipó que hay otras nueve leyes en camino que buscan garantizar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones laborales en el campo, concluyó el Canal Rural Bolivia.

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Según explicó Burgos, la decisión de convocar a la sesión recae exclusivamente en el presidente de la Cámara. “Tenemos una agenda amplia por tratar, pero la convocatoria aún no ha salido. Eso depende estrictamente del presidente de la Cámara. Estamos esperando que sea emitida esta tarde o mañana”, señaló.

Burgos aclaró que no existe una disposición reglamentaria que obligue a realizar dos sesiones por semana, aunque esta ha sido la práctica en las últimas jornadas legislativas. Esto significa que la frecuencia de las sesiones puede variar según la decisión del presidente.

Proyectos de ley en revisión

En cuanto al tratamiento de proyectos de ley, el diputado indicó que las iniciativas que llegan del Senado deben pasar nuevamente por comisiones antes de ser consideradas en el pleno. Confirmó que el proyecto de ley sobre las escuelas ya fue recibido, pero aún no está habilitado para su tratamiento.

Normativa electoral y elecciones

Consultado sobre el posible tratamiento de la normativa electoral para las elecciones subnacionales, Burgos mencionó que todos los esfuerzos institucionales, incluidos los de la Policía, están enfocados en los comicios presidenciales que están previstos para dentro de 2 semanas.

Licencias para legisladores

Respecto a la asistencia de los legisladores, Burgos explicó que el reglamento permite otorgar hasta 4 licencias por mes a diputados que reciban invitaciones formales de autoridades o entidades sociales de su jurisdicción. Cada sesión comienza con un informe que detalla qué parlamentarios cuentan con licencia, cumpliendo así con el reglamento de manera estricta.

Selección de vocales del Tribunal Electoral

El legislador también se refirió a la revisión de un proyecto de ley que llegó del Senado sobre la selección de vocales del Tribunal Electoral. Según indicó, este proyecto podría tener observaciones de tipo legal, ya que no alcanzó los 2 tercios necesarios para su aprobación. “Los asesores están revisando si se puede hacer una salvedad. Una vez tengamos el informe, se definirá si se continúa el tratamiento o se devuelve el proyecto”, sostuvo.

Burgos concluyó afirmando que, en el marco constitucional, las autoridades electas solo pueden ser reemplazadas por otras elegidas mediante voto popular. En varios departamentos no se realizó la elección correspondiente, lo que ha impedido el relevo en algunas instancias judiciales.

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“Que nos den nuevos celulares para irnos tranquilos a nuestras casas”, reclamó Ortega. Cuestionó la obligación de devolver los equipos que el Estado asigna para su labor parlamentaria. Argumentó que estos bienes, como tabletas y celulares, son de uso fungible y que su vida útil ya estaría cumplida.

Salarios y compensaciones

Cada diputado titular recibe un salario mensual de 22,633 bolivianos, lo que suma más de 1.3 millones de bolivianos durante los 5 años de gestión. A pesar de esto, Ortega justificó su solicitud afirmando que al concluir su mandato no recibirán finiquito ni compensación económica. “No tenemos ni un peso, nos vamos con lo que recibimos y adiós”, sostuvo la diputada, quien no regresará a la próxima legislatura.

Cuestionamientos a la política de devolución

Ortega también criticó la política de devolución de activos estatales al finalizar sus funciones. “¿Para qué nos piden, para guardar en un almacén? Nosotros hemos trabajado en esas máquinas”, expresó. Afirmó que es injusto exigir la restitución de herramientas de trabajo, como celulares y tabletas.

Beneficios adicionales para legisladores

Además de su salario, los legisladores disfrutan de beneficios adicionales como líneas corporativas, transporte, viáticos para viajes y alimentación durante sesiones prolongadas. Según datos oficiales, el Estado destina al menos 5.2 millones de bolivianos mensuales solo en sueldos de senadores, diputados y parlamentarios supraestatales. En viajes nacionales, los viáticos varían entre 222 y 553 bolivianos; para viajes internacionales, oscilan entre 207 y 360 dólares, dependiendo del destino.

Defensa de su planteamiento

La diputada defendió su planteamiento asegurando que su salario no garantiza una jubilación adecuada. Rechazó las críticas sobre los ingresos que perciben. “Este sueldo no nos sirve para la jubilación; falso que nos vamos a jubilar bien”, afirmó, a pesar de que su remuneración supera ampliamente el salario mínimo nacional, que actualmente está fijado en 2,750 bolivianos.

Reacciones en redes sociales

La gestión parlamentaria concluirá en 5 semanas, y los funcionarios deberán entregar los bienes estatales que les fueron asignados. El reclamo de Ortega generó reacciones inmediatas en redes sociales y abrió un nuevo debate sobre los privilegios y obligaciones de los servidores públicos al cierre de su mandato.

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De acuerdo con la convocatoria publicada este miércoles 1 de octubre, la sesión plenaria comenzará a las 10:00 horas. En la agenda se incluyen varias iniciativas legislativas que abordan temas como transferencias, acuerdos internacionales, infraestructura vial y desarrollo productivo. Como último punto del orden del día, se abordará el “Proyecto de Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral”.

Urgencia de la aprobación

Olivia Guachalla Yupanqui, presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, informó que el reglamento elaborado por su comisión ya está listo para ser debatido. Guachalla enfatizó que la aprobación de esta norma es urgente, ya que el mandato de los actuales vocales finalizará el 18 de diciembre de 2025.

Además, Guachalla denunció que algunos sectores parlamentarios estarían intentando obstaculizar el tratamiento de esta norma con fines políticos.

Confirmación del debate

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Huanca, confirmó la citación para la sesión de este jueves. Huanca explicó que el proyecto será debatido dentro de los plazos establecidos y destacó la importancia de garantizar un proceso ordenado.

Estado del proyecto en el Senado

El Senado ya aprobó la norma en su estación en grande y ha comenzado a tratarla en detalle. En este contexto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, cuestionó el procedimiento legislativo y anunció que solicitará formalmente que el proyecto sea devuelto al Senado. Alarcón argumentó que no fue aprobado con la mayoría calificada necesaria.

Objetivos del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como propósito establecer los criterios y procedimientos para la selección y designación de los vocales del TSE. Esto busca asegurar la transparencia, la meritocracia y la continuidad institucional en el proceso electoral.

El tratamiento de esta ley se produce en medio de la controversia generada por una propuesta presentada en septiembre de 2025 por el senador Pedro Benjamín Vargas. Esta propuesta planteaba suspender a los vocales actuales y prorrogar el mandato presidencial y legislativo, iniciativa que fue ampliamente rechazada y posteriormente retirada.

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Este martes 30 de septiembre de 2025, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, confirmó esta información. La legisladora aclaró que esta medida no significa que se detendrá el trabajo parlamentario ni que habrá un cierre anticipado de funciones, como se había interpretado de manera errónea inicialmente.

Instructivo de la Oficialía Mayor

El lunes 29 de septiembre, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados emitió un instructivo, OF.MA. N° 032/2024-2025, que establecía el 10 de octubre como fecha límite para la entrega de oficinas y activos. Este comunicado generó críticas y confusión entre los asambleístas, quienes lo consideraron como un intento de cerrar las funciones antes de tiempo.

Sin embargo, poco después, el documento fue corregido para aclarar que el proceso de devolución comenzará en esa fecha y se llevará a cabo de manera progresiva hasta el final de la legislatura.

Responsabilidad institucional

“Todos nos hemos sorprendido con ese comunicado, pero se ha aclarado que no se dejará de trabajar ni se cerrarán las oficinas antes de tiempo. A partir del 10 de octubre se iniciará la recepción de bienes, mobiliario, equipos, vehículos y otros ítems estatales. Esto se hace con el objetivo de dejar todo en orden y evitar retrasos a último momento”, declaró Choque, quien forma parte de la directiva en Diputados.

La diputada enfatizó que la entrega anticipada responde a un criterio de responsabilidad institucional. La Asamblea debe asegurarse de que todo el material y mobiliario entregados al inicio de la legislatura sean devueltos en las mismas condiciones técnicas y físicas. “No podemos esperar nosotros a querer trabajar después del 7 de noviembre para ver si está todo completo. Tenemos que iniciar y creo que es parte de la responsabilidad”, añadió.

Actividades legislativas

Choque reiteró que las actividades legislativas continuarán hasta la última sesión, que está programada para el 7 de noviembre. Esta sesión será presidida por el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

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“Contamos con 34 proyectos de ley que están listos para ingresar al pleno. Esta semana avanzaremos y la próxima, si Dios quiere, prácticamente culminaremos con todos los informes viables que tenemos. Nuestro objetivo es dejar a la Asamblea sin ningún pendiente”, expresó la diputada Choque.

La legisladora también mencionó que todas las normas que llegan al pleno son de gran importancia. Estas incluyen leyes sobre la transferencia de terrenos, delimitación territorial, aprobación de créditos internacionales, ejecución de obras viales y programas sociales. “Este miércoles se discutirán siete proyectos, y el jueves seguramente abordaremos otros puntos para seguir avanzando”, añadió.

Ingreso de nuevos créditos

Además de los 34 proyectos listos para su discusión, se anticipa que al menos 3 créditos adicionales podrían ser considerados en la sesión del jueves. Esto refleja un esfuerzo por parte de la Asamblea para avanzar en su agenda legislativa.

Retorno a la normalidad legislativa

Choque destacó que, tras las elecciones del 17 de agosto, el trabajo legislativo ha retomado su curso sin la carga política que había caracterizado los últimos años de la actual gestión. “Una vez que concluyeron las elecciones, se nota la ausencia de politización en la Asamblea, y por eso hoy estamos aprobando normas”, subrayó.

Impacto de las disputas políticas

La diputada también cuestionó que, durante gran parte de la gestión, el tratamiento de leyes y créditos estuvo paralizado debido a disputas políticas. Esto, según ella, retrasó el inicio de obras y afectó la ejecución de proyectos estratégicos.

Fin de la gestión legislativa

Es importante mencionar que la gestión legislativa concluirá oficialmente el 7 de noviembre de 2025. Esta fecha marcará la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo la actual administración, lo que añade urgencia a los trabajos pendientes.

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De acuerdo con la convocatoria publicada el martes 30 de septiembre, la sesión plenaria comenzará a las 09:00 horas. Uno de los temas principales será el análisis de dos proyectos de ley que buscan declarar como prioridad nacional la incorporación de nuevos tramos carreteros a la Red Vial Fundamental.

Proyectos de infraestructura vial

El primer proyecto propone la inclusión del tramo Cruce Padcoyo–San Lucas, que conecta los departamentos de Chuquisaca y Potosí. Además, se considerarán los trayectos Qhalapaya–Suchina–Cruce Turuchipa. El segundo proyecto tiene como objetivo priorizar la vinculación vial entre La Palca, Lintaca, Cotagaita, Atocha, Cruce Julaca y Colcha “K”, uniendo nuevamente los departamentos mencionados.

Iniciativas culturales y patrimoniales

Además de los proyectos relacionados con la infraestructura vial, el pleno también analizará iniciativas que buscan proteger y promover el patrimonio cultural. Entre estas se encuentra la propuesta para declarar el “Día Nacional de la Danza La Kullawada”. También se discutirá la declaratoria como patrimonio cultural material e histórico de las locomotoras y vagones del Cementerio de Trenes de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí.

Otro tema que se evaluará es el proyecto que reconoce a la música y danza del “Huayño Salineño”, del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas, en Oruro, como patrimonio inmaterial del Estado.

Derechos humanos y protección tecnológica

En el orden del día también se incluye el análisis del proyecto de ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, cometidos durante rupturas del orden constitucional. Además, se presentará una propuesta para otorgar protección estatal a las edificaciones tecnológicas y a la investigación nuclear desarrollada por la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, considerándolas patrimonio científico-tecnológico del Estado.

La sesión concluirá con la revisión de asuntos en mesa. Sandro Ramírez, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), confirmó la convocatoria. “Tenemos para mañana una sesión y esperemos que, como las semanas pasadas, hemos tenido sesiones de dos días, concluyan. Hay varios proyectos de ley que se deben concluir y se debe dar la satisfacción a la población boliviana”, expresó Ramírez.

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Promoción del Tannat

La ley también incluye la promoción y producción del Tannat a través de actividades conmemorativas que serán organizadas por entidades tanto públicas como privadas. En el marco de esta celebración, se rendirán homenajes a los departamentos de Pando y Santa Cruz, que celebran sus aniversarios el 24 de septiembre de 2025.

Contenido de la ley

La norma que establece el “Día Nacional del Tannat Boliviano” está compuesta por cinco artículos. La propuesta permite que entidades públicas, privadas y gobiernos subnacionales organicen actividades conmemorativas. Además, el Ejecutivo, en colaboración con los sectores vitivinícolas, turísticos y culturales, coordinará acciones para impulsar la producción y promoción del Tannat boliviano.

Historia del Tannat en Bolivia

La cepa Tannat fue introducida en Bolivia en 1999 por la bodega Aranjuez, en colaboración con el enólogo Iván Bluske. Desde su llegada, el Tannat ha ganado reconocimiento por su calidad y se ha posicionado como una variedad destacada en el país.

Incentivos para bodegas

La nueva norma también alienta a las bodegas, asociaciones vitivinícolas y al sector privado a desarrollar actividades de promoción. Se ofrecerán incentivos para la comercialización y exportación del vino elaborado con esta variedad de uva, contribuyendo así al crecimiento de la industria vitivinícola en Bolivia.

/KMMN

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Legisladores y expertos han señalado que esta problemática se debe a la falta de liderazgo en las comisiones, a una burocracia excesiva y a conflictos internos entre los partidos políticos. Esto ocurre a menos de dos meses de que finalice el mandato actual, que concluye el 7 de noviembre de 2025.

Producción legislativa en números

En la gestión 2020-2021, se ingresaron 368 proyectos de ley, de los cuales solo 50 fueron aprobados y 19 llegaron a sanción. Esto dejó 299 proyectos pendientes, lo que equivale al 81%. En el año siguiente, 2021-2022, la situación fue similar: de 461 proyectos, apenas 61 fueron aprobados y 29 sancionados, resultando en 371 pendientes, es decir, el 80%.

La situación se agravó en 2022-2023, cuando se presentaron 583 proyectos y 510 quedaron sin tratamiento, lo que elevó el rezago al 87%. En la legislatura 2023-2024, se registraron 676 proyectos, de los cuales 582 no avanzaron, lo que representa un 86% de rezago.

Opiniones de los legisladores

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, ha afirmado que la baja producción legislativa se debe a la falta de liderazgo en las comisiones, lo que dificulta la definición de la agenda para el tratamiento de proyectos de ley. “Este tema de las consultas también es otra de las causas por las cuales los proyectos de ley no pueden ser analizados”, explicó Urquidi.

El legislador considera que muchas de las normas propuestas por los opositores han sido dilatadas mediante este mecanismo, lo que ha llevado a que “indirectamente los han rechazado”, remarcó.

Comisiones y su desempeño

La mayoría de los proyectos ingresados a la Cámara fueron enviados a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, que recibió 250 iniciativas, de las cuales solo 37 fueron resueltas. Le sigue la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, que recibió 131 proyectos, pero solo 15 tuvieron respuesta.

En otras comisiones, como la de Economía Plural, se derivaron 79 iniciativas y solo se resolvieron cinco. En las comisiones de Educación y Salud, recibieron 41 iniciativas y apenas resolvieron una.

La ineficiencia del Parlamento

El politólogo Franco Gamboa ha señalado que el Parlamento boliviano enfrenta una “ineficiencia estructural”. Según Gamboa, solo un 5% de los proyectos ingresados ha sido tratado en el pleno. “El hecho de que casi un 95% no avance más allá de comisiones muestra un Parlamento con una capacidad legislativa mínima”, subrayó.

Gamboa también destacó que el Parlamento se ha caracterizado por tener mayorías sin eficacia, lo que agrava aún más la situación.

El proceso legislativo

La ruta de una iniciativa legislativa comienza en una de las cámaras, ya sea Diputados o Senadores, desde donde se deriva a la comisión correspondiente. Esta comisión envía el proyecto a un comité encargado de debatir su aprobación o rechazo. Si se aprueba, pasa al pleno camaral.

En caso de recibir el visto bueno en votación, el proyecto es remitido a la cámara revisora, donde sigue el mismo procedimiento antes de ser sancionado o rechazado.

En este contexto, se ha observado una tendencia creciente del rezago legislativo en todas las comisiones involucradas durante estas cuatro gestiones.

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El diputado José Maldonado, de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que el informe sobre el caso Botrading debe incluir a todos los involucrados. Además, advirtió que la falta de denuncia por parte del presidente podría interpretarse como complicidad. En este sentido, Maldonado señaló que el informe será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría para que determinen responsabilidades.

Preocupaciones sobre la empresa

En relación a Botrading, el diputado indicó que “esa empresa solamente compone 3 personas, 3 personas que no tienen ni oficina propia”, lo cual genera preocupación sobre la situación de corrupción. Esta afirmación resalta la fragilidad de la estructura de la empresa y su capacidad para operar de manera transparente.

Próximos pasos del informe

En cuanto al futuro del informe, se espera que pase primero por la Contraloría antes de llegar a la Fiscalía. “La Contraloría tiene que dar su punto de vista”, afirmó Maldonado. La entrega oficial del documento se realizará a las instancias correspondientes para determinar si se recomienda algún tipo de arraigo para las autoridades involucradas.

Esperando recomendaciones

Finalmente, el diputado subrayó que están esperando recomendaciones sobre cómo proceder con los implicados. La investigación ha concluido y ahora corresponde a las instancias pertinentes tomar decisiones basadas en las evidencias presentadas en el informe.

Denuncias iniciales

La investigación se abrió ante denuncias que indicaban que la subsidiaria estaría siendo beneficiada por YPFB con contratos para la importación de combustibles. Botrading, una empresa constituida en Paraguay cuya matriz era YPFB Refinación, intermedió en la compra de combustibles, con un millonario sobreprecio, según una denuncia del diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), realizada en abril.

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La medida fue aprobada en sus dos etapas, en grande y en detalle, según lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. Este proyecto ahora será enviado a la Cámara Alta para su tratamiento constitucional.

Impulsada por el oficialismo, la norma establece un mecanismo temporal que suspende embargos y permite el diferimiento de créditos hipotecarios y productivos para micro y pequeñas empresas durante un periodo de 6 meses. El objetivo, según la Cámara Baja, es permitir a los deudores reorganizar sus finanzas sin el riesgo de perder sus viviendas o cerrar sus emprendimientos.

Respaldo del Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha respaldado esta iniciativa, asegurando que se trata de una medida temporal que no compromete la estabilidad del sistema financiero.

Críticas de la Asociación de Bancos

No obstante, la propuesta ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que expresó su “profunda preocupación” ante el proyecto. Según esta entidad, la norma podría tener efectos negativos sobre la liquidez y restringir el acceso a nuevos créditos, especialmente entre los sectores más vulnerables.

En su pronunciamiento oficial, Asoban señala: “Asoban expresa su profunda preocupación ante el Proyecto de Ley N° 547/2024-2025 que plantea un nuevo diferimiento”. Además, advirtió que esta medida no resolverá los problemas económicos actuales y podría frenar la colocación de nuevos préstamos.

Aclaraciones sobre el diferimiento

Por su parte, la Cámara de Diputados aclaró que el diferimiento no implica una condonación, sino una reprogramación temporal de las obligaciones financieras. Esto significa que las cuotas no se eliminan, sino que se trasladan hacia adelante en el calendario de pagos, manteniendo vigente la deuda contraída.

Consecuencias de la norma

La norma también busca evitar un aumento en las ejecuciones judiciales, que, según sus impulsores, podría agravar aún más el escenario económico actual. Sin embargo, especialistas advierten que las consecuencias podrían ser contraproducentes.

El economista Joshua Bellott afirmó que el proyecto compromete la liquidez del sistema y que decisiones de esta magnitud deberían ser evaluadas por las próximas autoridades electas. Recordó que en 2020 se aplicó un diferimiento similar que afectó 3.500 millones de dólares y que aún hay unos 800 millones de dólares pendientes de pago.

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Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) defendieron esta iniciativa, mientras que la oposición, representada por Comunidad Ciudadana (CC), expresó su rechazo. Argumentaron que la norma busca legalizar situaciones irregulares.

El debate sobre el proyecto se extendió por varias horas. El diputado arcista del MAS, Andrés Flores, informó que los gobiernos municipales serán los encargados de regular la enajenación y transferencia de bienes en sus jurisdicciones.

“Es un proyecto de ley que tiene un alcance nacional que va a beneficiar a todos los que no tienen derecho propietario. A nivel nacional, más de 2 millones no han legalizado sus propiedades”, explicó el legislador.

Además, la diputada arcista del MAS, Deisy Choque, pidió a sus colegas del partido que apoyen y voten a favor del proyecto de ley. Argumentó que beneficiará a sectores vulnerables que aún enfrentan problemas con la legalidad de sus propiedades. “Es un proyecto tan importante, por el cual muchos compañeros han ido peregrinando. Son leyes nacionales que le sirven a todo el pueblo boliviano”, manifestó Choque.

Cuestionamientos de la oposición

No obstante, la propuesta fue cuestionada por la diputada de CC, Luisa Nayar, quien aseguró que la norma busca “legalizar lo ilegal”. “Creo que no nos pueden vender gato por liebre. Es blanquear los loteamientos. Mi posición es de rechazo. No podemos seguir legalizando lo ilegal. El masismo no nos puede imponer esta ley”, afirmó.

Impacto esperado

La aprobación del proyecto tiene como finalidad regular el derecho propietario y se espera que impacte directamente en más de 2 millones de personas a nivel nacional que aún no han legalizado sus propiedades.

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El gobierno de Luis Arce envió el anteproyecto en junio de 2025. Sin embargo, el sector bancario ha manifestado su oposición a esta iniciativa.

Detalles del proyecto de ley

El proyecto se denomina “Ley excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña”. Este es el punto 4 de la agenda de la sesión.

La propuesta busca demorar los pagos por un período de 6 meses y reprogramar el total de los pagos sin que se generen costos adicionales para los prestatarios.

Contenido del artículo 2

El artículo 2 del proyecto establece que, por un plazo de seis meses, contados a partir de la publicación de la ley, quedarán suspendidas en todo el territorio nacional las órdenes judiciales de embargo. También se suspenderá la ejecución de sentencias, remates, desapoderamientos y otras medidas judiciales que puedan afectar o recaer sobre los bienes que son objeto de garantía o de titularidad de los demandados o ejecutados.

Reacción del sector bancario

El 4 de septiembre de 2025, los banqueros publicaron un comunicado en el que alertaron sobre esta decisión del Legislativo. En su mensaje, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) hizo un llamado a los asambleístas y a las autoridades del Gobierno para que eviten tomar medidas que puedan comprometer la estabilidad financiera del país.

Además, reafirmaron su compromiso con los prestatarios que están siendo afectados por la actual situación económica.

Posición de los diputados

Los diputados han optado por no referirse al tema, evitando expresar apoyo o rechazo a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. La Cámara de Diputados es la cámara de origen; si se aprueba en esta instancia, el proyecto deberá pasar por la revisión del Senado antes de convertirse en ley del Estado y entrar en vigencia.

/KMMN

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García lamentó que muchos legisladores hayan optado por el ausentismo o por realizar viajes al exterior, en lugar de participar en el debate y la aprobación de más de 1.800 millones de dólares en créditos que están destinados a proyectos de inversión pública. Afirmó que los municipios del país, especialmente en el departamento de Cochabamba, dependen de esos recursos, que actualmente están estancados en el pleno de la Asamblea.

Críticas a los viajes de candidatos

La diputada cuestionó de manera contundente los viajes de algunos candidatos a Estados Unidos, calificándolos como “una vergüenza” en un contexto donde el país enfrenta necesidades urgentes de financiamiento. “Quieren irse a pasear mientras aquí tenemos los créditos esperando aprobación. Eso no es responsabilidad”, afirmó García.

Convocatoria para vocales electorales

En relación a la convocatoria para la elección de vocales del Órgano Electoral, recordó que esta fue aprobada el 26 de agosto en el Senado y posteriormente por unanimidad en la Comisión de Constitución. Solo falta que la Cámara de Diputados la agende y la apruebe. En respuesta a las observaciones sobre la legalidad del procedimiento, explicó que la discusión sobre si debía aprobarse por dos tercios o por mayoría simple no debe ser utilizada con fines políticos. “Cuando les conviene, exigen normativas. Cuando no, hacen las observaciones que quieren”, criticó.

Advertencia sobre autos indocumentados

Consultada sobre la propuesta de nacionalización de autos indocumentados, conocidos como chutos, lanzada por un candidato presidencial, García advirtió que esto podría fomentar el ingreso ilegal de vehículos robados. Rechazó que países vecinos, como Chile, responsabilicen únicamente a Bolivia, cuando también deberían reforzar sus controles.

Clima electoral y guerra sucia

La diputada también abordó el clima electoral en el país, señalando que la guerra sucia ha cobrado protagonismo en las campañas. García considera que es difícil lograr un cambio en este escenario, incluso tras el encuentro de candidatos programado en Santa Cruz.

Rechazo a propuestas del Comité Cívico

En otro tema, rechazó la propuesta del Comité Cívico de Tarija que plantea el retorno al Estado republicano, desechando el carácter plurinacional de Bolivia. Consideró que se trata de una intención de la “extrema derecha” para eliminar los avances logrados en el reconocimiento cultural e identidad nacional. “Volveríamos a un retroceso muy complicado para el país”, afirmó, recordando que la Constitución reconoce 36 nacionalidades y que eso debe ser respetado.

Leyes sociales pendientes

Finalmente, García informó que aún quedan leyes sociales pendientes por tratar en esta gestión e instó al presidente de la Cámara de Diputados a convocar a sesión esta semana, posiblemente el miércoles o jueves. Sin embargo, expresó dudas sobre la voluntad política de sus colegas, especialmente ante la negativa persistente de tratar los créditos. “Es una contradicción vergonzosa que salgan a buscar créditos fuera del país mientras aquí tenemos recursos listos para ser aprobados”, concluyó.

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La parlamentaria, quien es afín a Evo Pueblo, advirtió que existe el riesgo de que los actuales vocales busquen mantenerse en sus cargos más allá de lo establecido. “Tenemos denuncias de que posiblemente, al igual que los autoprorrogados, nos salgan con una sorpresa antes de las elecciones o después, con la intención de autoprorrogarse. (…) De ninguna manera desde la Asamblea vamos a permitirlo”, afirmó.

Normativa aprobada en el Senado

Quispe señaló que el Senado ya aprobó la normativa correspondiente y que ahora el tratamiento está pendiente en Diputados. Consideró que las nuevas autoridades deben elegirse en base al mérito y garantizar la independencia del órgano electoral frente al poder político.

Importancia de la renovación

Según Quispe, la renovación de los vocales es fundamental para recuperar la institucionalidad, la confianza y el respeto ciudadano en el sistema electoral del país.

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Después de varias horas de debate, la propuesta fue desestimada con 58 votos en contra, 36 a favor, 3 abstenciones y 1 voto en blanco. “Hemos concluido, señor presidente, y ha ganado el rechazo al proyecto”, declaró el primer secretario, Delfor Burgos, al finalizar la sesión.

Argumentos en contra del proyecto

Los legisladores que votaron en contra argumentaron que este tipo de compromisos financieros deberían ser evaluados y definidos por la próxima gestión legislativa, que asumirá funciones en 2 meses. También cuestionaron el endeudamiento acumulado por el actual Gobierno, al que acusan de sobrecargar las finanzas públicas con nuevos préstamos.

Además, algunos diputados criticaron el carácter “centralista” del programa que se buscaba financiar con el crédito, lo que contribuyó a su desaprobación.

Defensores del préstamo

Por otro lado, algunos asambleístas defendieron la aprobación del préstamo. Consideran que, a pesar del corto tiempo que queda de gestión, el Legislativo debe avanzar en los proyectos pendientes. Según su postura, estas medidas beneficiarían a la población.

Detalles del contrato de préstamo

El contrato de préstamo con Fonplata fue suscrito el 10 de mayo de 2024, pero no se había tratado hasta ahora en la Cámara de Diputados. Durante la sesión de debate, estuvo presente el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, quien no llegó a exponer los alcances del proyecto.

Proyectos de financiamiento pendientes

Según se informó, los diputados prevén analizar esta semana otros 8 proyectos de financiamiento externo. La vicepresidente de la Cámara, Deisy Choque, había adelantado semanas atrás que se buscaría sesionar 2 veces por semana para abordar los proyectos pendientes antes del cierre de la actual legislatura en noviembre.

Actualmente, existen más de 780 millones de dólares estadounidenses en proyectos de crédito pendientes de aprobación. Esto anticipa que la mayor parte de estos será tratada por la nueva Asamblea Legislativa. En la sesión ordinaria del jueves no se precisó la fecha para la próxima convocatoria.

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“El proyecto tiene que estar aprobado antes del cambio de legislatura. Restando 45 días que establece la norma, no alcanzará el tiempo si no se actúa de inmediato”, advirtió Santa María. Explicó que el proceso será compartido entre las dos legislaturas: una encargada de elaborar el marco legal y otra de ejecutar la fase de selección y evaluación.

Aclaró que el Senado ya ha cumplido con su parte y ahora corresponde a Diputados hacer lo propio. “Nosotros no vamos a intervenir en la etapa de calificación ni de recepción de sobres, pero sí debemos aprobar cualquier complementación que los diputados consideren pertinente”, puntualizó.

Cuestionamientos a la Cámara Baja

Santa María también cuestionó la falta de voluntad política en algunos sectores de la Cámara Baja. Señaló que las comisiones y la presidencia están bajo control de ciertos actores que deben demostrar ahora su compromiso democrático. “Va a depender de que el señor (Luis) Arce les instruya. Veremos hasta dónde llega su voluntad democrática”, afirmó.

Frente a los señalamientos del entorno del expresidente Jorge Tuto Quiroga, la senadora fue crítica y tajante: “Es irresponsable decir que este proceso debe postergarse. Si Diputados no impulsa esto, se someterá a un proceso por incumplimiento de deberes”.

Retorno de Arturo Murillo

Respecto al retorno de Arturo Murillo al país, previsto para el 4 de septiembre tras ser deportado de Estados Unidos, Santa María pidió que el procedimiento se enmarque en la legalidad y el debido proceso. “Esperamos que se actúe correctamente, para que Bolivia no repita procesos de vulneración de derechos”, indicó.

Consultada sobre su opinión en torno a la responsabilidad de Murillo por los hechos violentos de 2019, la senadora sostuvo que será la justicia la que debe establecerlo. “Lo único que puedo decir como ciudadana es que también hubo irresponsabilidad de ciertos líderes al movilizar a masas hacia zonas de riesgo, como lugares con hidrocarburos. Hay que evaluar todo, de ambos lados”, señaló.

Uso de la fuerza en 2019

Si bien reconoció que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que hubo uso excesivo de fuerza y de armas de fuego, la legisladora subrayó que el sistema judicial debe considerar todos los antecedentes, sin parcializarse. “Este país a veces toma en cuenta los informes internacionales y a veces no, como ocurrió con el informe sobre el fraude electoral. Por eso necesitamos una justicia independiente, institucionalizada y con mayor presupuesto”, sostuvo.

Posible aprehensión de Murillo

En cuanto a si Murillo debe ser aprehendido a su llegada, Santa María fue clara: “Lógicamente, si está siendo traído con una acusación vigente, debe ser arrestado”.

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El diputado Delfort Burgos comentó que hay temas urgentes que necesitan ser tratados. Entre estos se encuentra el proyecto de ley relacionado con la designación de vocales del Órgano Electoral. Este proyecto ya fue aprobado en el Senado y actualmente está en revisión en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Burgos espera recibir el informe correspondiente de la Cámara Alta en los próximos días, lo que permitiría que este asunto sea considerado en el pleno de Diputados. “Con seguridad, la próxima semana habrá sesión, porque hay varios temas urgentes”, añadió.

Licencias y ausencias

El diputado también explicó que no se han llevado a cabo sesiones en la Cámara Baja debido a la gran cantidad de licencias que han solicitado los parlamentarios. Según él, esto se debe a que los diputados son invitados a participar en actividades en municipios u organizaciones sociales.

Críticas a la falta de convocatoria

Por otro lado, el diputado “evista” Fredy Mamani criticó la falta de convocatoria a las sesiones, afirmando que la Cámara Baja no ha estado a la altura de las necesidades de la población. “La Cámara de Diputados nos hemos aplazado, no hemos estado a la altura de la necesidad y de la expectativa del pueblo boliviano, y no porque nosotros queramos”, declaró.

Mamani atribuyó esta situación a irregularidades en el cumplimiento del reglamento y a la falta de capacidad de la actual presidencia de la Cámara de Diputados.

Demandas de acción

El diputado también señaló que la presidencia actual carece de autoridad y capacidad. Hasta el momento, hay muchos proyectos de ley que están en la mesa esperando ser agendados y tratados, pero no se están convocando a sesiones.

“No tiene autoridad, no tiene capacidad y hasta este momento tantos proyectos de ley que están en la mesa para poder ser agendados y tratados, y no están convocando”, protestó Mamani.

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Trabajo hasta el último día

El diputado afirmó que se continuará trabajando “hasta el último día” del mandato legislativo en el tratamiento de proyectos de ley pendientes, por lo que instó a sus colegas a participar en las sesiones.

“Si bien estamos, prácticamente, a dos meses de concluir la gestión, tenemos que seguir trabajando hasta el último día. Hay más de 30 proyectos de ley en agenda y vamos a impulsarlos para que se traten y resuelvan”, afirmó.

Proyectos destacados en agenda

Entre los temas pendientes están la transferencia a título gratuito de un inmueble a la Federación de Constructores de Chuquisaca, propuesta que se espera sea aprobada en la primera semana de septiembre de 2025. Además, figuran en la agenda semanal una treintena de iniciativas.

En el listado también aparecen más de 12 créditos por más de 1.787 millones de dólares que están relegados desde la gestión 2023. Al respecto, el diputado José Luis Flores Colquillo (MAS) resaltó la urgencia de aprobar los créditos fundamentales para la economía del país y destacó la importancia de dar luz verde a los contratos para la industrialización del litio.

Instan a la colaboración

Por ello, instó a sus colegas a trabajar hasta noviembre para aprobar proyectos pendientes en beneficio del desarrollo y la estabilidad económica del país. Respecto al proyecto de ley que impulsa el Senado para la selección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo mandato concluye en diciembre de 2025, Vega ratificó que desde la Cámara se dará curso a este proceso para dejar encaminada la preselección antes del inicio de la nueva legislatura.

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La controversia se presenta en medio de los esfuerzos del Legislativo por esclarecer las supuestas irregularidades en las operaciones de la empresa Botrading S.A. Esta firma está vinculada a decisiones que, según se afirma, han causado un daño económico considerable al Estado boliviano.

La comisión fue creada con el objetivo de investigar la constitución de la empresa en Paraguay y los contratos que tiene con YPFB. Después de 90 días de trabajo, entregó un informe exhaustivo que se apoya en documentación, testimonios y análisis técnico-financieros.

Demoras en el tratamiento del informe

A pesar de la entrega del informe, su discusión en plenaria ha sido postergada en varias ocasiones. Esto ocurre a pesar de la urgencia que rodea el caso, el cual ha cobrado notoriedad tras la investigación del Ministerio Público que vincula al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, con este escándalo.

Yujra enfatizó que, a pesar de que el informe está disponible, todavía no ha sido aprobado por el pleno. Esto se debe a la falta de mayoría en la presencia de los miembros de la comisión en las sesiones convocadas. La Cámara de Diputados ha realizado diversas convocatorias, incluyendo las sesiones número 134, 139 y 144, para tratar este asunto, pero hasta ahora, el documento no ha sido incluido en la agenda.

Importancia del informe

En su pronunciamiento, el presidente de la Cámara recordó que el informe ha sido distribuido entre todos los diputados con anticipación, cumpliendo así con el reglamento interno. Además, fue solicitado con carácter de urgencia en varias notas por los legisladores, dada la gravedad del caso y la necesidad de transparencia.

Asimismo, Yujra destacó que el tratamiento del informe es fundamental para garantizar la transparencia, combatir la corrupción y fortalecer la credibilidad de la institución legislativa.

Reacciones y acusaciones

La demora en el tratamiento del informe, según aclaró, no solo obstaculiza la investigación, sino que también representa un obstáculo para la justicia en un proceso que ha generado gran expectativa en la opinión pública. La oposición ha denunciado un presunto ocultamiento de información y una dilación deliberada por parte del oficialismo.

Yujra ha rechazado estas acusaciones y las atribuye a la necesidad de contar con las mayorías presentes para aprobar el documento en el pleno. En este contexto, reiteró la disposición de la Cámara de Diputados para avanzar en el tratamiento del informe, que se encuentra en el “punto 7” del orden del día en sesiones recientes.

Sin embargo, su aprobación depende de la concurrencia de la mayoría de los integrantes de la comisión.

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La jornada legislativa comenzó con una derrota parcial para el oficialismo. A las 15:59 horas, la oposición logró revertir el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Esta ley prevé un aumento de pensiones y la indexación automática de prestaciones profesionales. Se estima que el costo de esta norma oscila entre 0,22% y 0,42% del PBI. Ahora, este proyecto será enviado al Senado para su posible ratificación.

Sin embargo, el tema central del debate se centró en la discusión sobre el sistema previsional. El Gobierno advirtió que aprobar el aumento de jubilaciones podría poner en riesgo el equilibrio fiscal del país.

Cuestionamientos del oficialismo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó la maniobra de la oposición al señalar que los proyectos “carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes”. Según su explicación, aprobar estas medidas equivaldría a forzar al Ejecutivo a recurrir nuevamente a la emisión monetaria.

En el recinto, la defensa del oficialismo estuvo a cargo del diputado libertario Álvaro Martínez, quien es originario de Mendoza. Martínez cerró el debate recordando que “no existe ninguna fuente de financiamiento propuesta” para cubrir el nuevo gasto que implicaría el aumento.

Detalles sobre el financiamiento

Martínez detalló que la ley solo contemplaba el 4% del financiamiento total requerido. “Nuestra legislación exige que cuando se propone un gasto se indique de dónde saldrá el 100% de la erogación”, enfatizó. En contraste, la oposición intentó minimizar el impacto fiscal, argumentando que una mejor administración de recursos podría ser suficiente para cubrir el aumento.

Entre los críticos más destacados del Gobierno se encontraba el diputado Miguel Ángel Pichetto, del partido Encuentro Federal. Pichetto acusó al Gobierno de haber realizado “el ajuste sobre los jubilados” y afirmó que la estrategia del oficialismo carece de diálogo institucional.

Reclamos de la oposición

Pichetto descartó la posibilidad de que el Gobierno utilice la vía judicial para frenar las leyes que están en trámite parlamentario y volvió a exigir consensos. “La agresión permanente hacia el Congreso no conduce a ningún camino razonable. El Presidente tendrá que aceptar la decisión del Congreso”, afirmó.

La medida implicaba un gasto adicional del 0,7% del PBI, pero no se especificó de dónde se obtendrían los fondos necesarios. La oposición argumentó que una mejor gestión de los recursos podría cubrir este aumento en las jubilaciones y pensiones. La discusión también incluyó críticas sobre cómo las decisiones del Gobierno afectan las inversiones en Argentina.

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Flores hizo un llamado a asegurar que se dé tratamiento a los proyectos de ley que están pendientes. “Aunque nos quedan dos meses de gestión, no podemos dejar plantados a los bolivianos. Hasta el último día de nuestro mandato debemos seguir trabajando y aprobando créditos que permitan dar continuidad a los proyectos que beneficiarán al país”, expresó.

Detalles de los créditos

En la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas se encuentran en revisión dos créditos. Uno de ellos es de aproximadamente 330 millones de dólares estadounidenses, destinado al desarrollo de la planta de zinc, mientras que el otro es de 65 millones de dólares estadounidenses, que se destinará a la construcción de la carretera en Chuquisaca.

Este crédito ha sido asignado por el EximBank de China y equivale a 2.420 millones de Yuanes Renminbi, lo que se traduce en cerca de 329 millones de dólares estadounidenses.

Proyecto de planta de zinc

En octubre de 2023, el Consorcio ENFI-CRIG ganó la adjudicación para llevar a cabo el “Proyecto Desarrollo, Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha de la Planta Refinadora de Zinc en Oruro”. Esta nueva planta se ubicará en terrenos de la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) y tendrá una capacidad anual de tratamiento de 150 mil toneladas métricas netas secas de concentrados de zinc.

Avances en la gestión

Flores recordó que en la Comisión de Planificación se han aprobado más de 12 créditos, pero solo 4 de ellos han sido aprobados en el pleno de la Cámara de Diputados. El resto de los créditos aún está en proceso de tratamiento. “Mientras dure nuestra gestión, continuaremos apoyando todos los proyectos de ley que favorezcan el desarrollo del país y mejoren las condiciones de vida de los bolivianos”, enfatizó.

Impacto de la nueva industria

La nueva industria se encargará de fundir y refinar el zinc, que será destinado a la venta en el mercado internacional. Este desarrollo representa una oportunidad significativa para el crecimiento económico y la generación de empleo en la región.

/KMMN

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En la sesión, estuvieron presentes el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnéz, y el director interino de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Pablo Nina. Ambos funcionarios expusieron los detalles técnicos y los alcances de los contratos relacionados con la explotación de litio.

La sesión tuvo que trasladarse al hemiciclo tras dos jornadas de violencia en los espacios de la Comisión. Durante estas protestas, opositores y cívicos de Potosí manifestaron su rechazo al contrato con Uranium One.

Reacciones de la oposición

La diputada Lissa Claros expresó su descontento, afirmando: “El pueblo potosino no se los va a perdonar lo que están haciendo, esto es una traición a la patria, eso es una traición al pueblo potosino. Lo que está haciendo la Policía también es bajo, es ruin, se están prestando a los intereses de este gobierno”.

Los representantes de Potosí exigen que la discusión sobre los contratos de litio se posponga hasta el próximo gobierno. Cuestionan la rapidez con la que se está tratando este tema, especialmente considerando que las elecciones generales se llevarán a cabo el 17 de agosto.

Contratos previos y preocupaciones

La misma Comisión de Diputados ya había aprobado en febrero un contrato por el litio con la empresa china CBC. Ahora, busca hacer lo mismo con el contrato de la empresa rusa. La oposición y los cívicos han planteado preocupaciones sobre los impactos ambientales y demandan mayores beneficios para su región.

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Durante este evento, realizado el viernes 1 de agosto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó que sin el esfuerzo de los escoltas, las actividades que se llevan a cabo en el Gobierno no podrían desarrollarse de manera efectiva. Agradeció al sector por su dedicación y compromiso en su labor diaria.

El valor del trabajo silencioso

La diputada Mariel Peñaloza, quien es miembro del Comité de Lucha contra el Narcotráfico, comentó que en muchas ocasiones el trabajo del sector es silencioso. Sin embargo, resaltó el profesionalismo y la protección que ofrecen al orden constitucional y a la soberanía del Estado.

Peñaloza también expresó que este reconocimiento debe ser un tributo a su labor, así como a todos los policías que están trabajando en los 9 departamentos del país. Concluyó su intervención afirmando: “honor y gloria a ustedes”.

Brindis de honor

El teniente Erwin Fidel Tapia llevó a cabo el brindis de honor, resaltando la labor que realizan diariamente para garantizar la seguridad de las primeras autoridades del país.

Compromiso institucional

El capitán André Bernal Calderón, al agradecer el reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados, mencionó que este acto representa una muestra de confianza institucional en el trabajo que realizan los policías encargados de la seguridad del presidente Luis Arce.

Bernal destacó que cada día llevan a cabo operativos sin margen de error o desgravaciones. Además, enfatizó que ser policía implica sacrificio, responsabilidad y vigilancia constante.

Reiteró el compromiso con el Estado, la sociedad y las autoridades protegidas para llevar a cabo sus funciones con los estándares oficiales requeridos.

Reconocimiento a los canes

Entre los reconocimientos también se encontraban los canes Iron, un perro de 8 años experto en explosivos, y Ludor, otro can explosivista. Ambos canes realizan operativos junto a los uniformados del verde olivo y de la seguridad presidencial.

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Las iniciativas legislativas que fueron vetadas habían logrado la aprobación del Senado durante una sesión del kirchnerismo a principios de julio. La Casa Rosada ahora busca sostener este veto en la Cámara de Diputados, con el objetivo de evitar que se reúnan los dos tercios necesarios para rechazarlo en al menos una de las dos cámaras legislativas.

Aumento en jubilaciones

El proyecto que fue aprobado por el Congreso preveía un incremento real del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, excluyendo los regímenes especiales. Además, contemplaba un aumento del bono previsional, que pasaría de 70.000 a 110.000 pesos, con una cláusula de actualización por inflación. También se restablecía por dos años la moratoria previsional, lo que permitiría que quienes no habían aportado lo que les correspondía pudieran jubilarse igualmente.

Declaraciones de Milei

“Vamos a vetar. Aún si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había advertido Milei durante una presentación en la Bolsa de Comercio semanas atrás.

Resultados en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, el proyecto logró 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones, con 28 legisladores ausentes durante la votación. Esta medida ha generado preocupación sobre su impacto en el superávit fiscal y la estabilidad económica del país.

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Sesiones desde noviembre de 2024

Desde el 8 de noviembre de 2024 hasta el 10 de julio de 2025, el pleno se reunió en 8 ocasiones para tratar proyectos de ley y aprobar créditos externos. Sin embargo, dos de estas sesiones terminaron en actos bochornosos, según reportó la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Choquehuanca explicó: “A último momento nos han comunicado que los secretarios de la Cámara de Diputados no se encuentran en La Paz y ante la ausencia o falta de quórum de la directiva no vamos a poder reinstalar esta octava sesión”. Estas declaraciones se dieron antes de que concluyera la sesión.

Cuestionamientos al trabajo legislativo

Los parlamentarios se encuentran a menos de 4 meses de finalizar su mandato. Su trabajo ha sido objeto de críticas debido a los constantes conflictos y a la dificultad para aprobar proyectos de ley. Muchos coinciden en que esta situación no justifica el salario que reciben mensualmente.

Falta de coordinación

Además, se ha observado una falta de capacidad para coordinar una agenda legislativa con la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esta situación ha contribuido a la percepción negativa sobre el desempeño de los legisladores en el actual periodo.

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La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados decidió suspender una sesión que tenía como objetivo discutir el contrato con la empresa rusa Uranium One Group. Esta suspensión se produce en medio de cuestionamientos sobre los beneficios y el impacto ambiental de los convenios que han sido firmados.

Críticas de la diputada Claros

La diputada Lissa Claros, quien se opone a la aprobación de las normas, ha manifestado que existe una “desesperación por parte del gobierno de Luis Arce para forzar e imponer el tratamiento y aprobación de los contratos de litio”. Además, se ha preguntado: “¿Qué está detrás de estos contratos? ¿Por qué la insistencia y desesperación por aprobar contratos que son lesivos al Estado? ¿Por qué no se avanza en una ley de litio?”

Convenio con Uranium One Group

El Gobierno ha firmado un convenio con Uranium One Group para establecer una planta que producirá 14,000 toneladas (t) de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni. Esta planta utilizará tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL) y requerirá una inversión superior a 970 millones de dólares estadounidenses.

La semana pasada, una sesión del pleno de la Cámara de Diputados fue suspendida debido a protestas de legisladores opositores y evistas cuando se discutía el contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited.

Compromisos del consorcio chino

Este consorcio se ha comprometido a construir dos plantas industriales utilizando tecnología EDL, con una inversión total de 1,030 millones de dólares para producir 10,000 y 25,000 toneladas anuales, respectivamente. Arce ha señalado que en 2021 su Gobierno asumió “con gran responsabilidad el desafío de la industrialización del litio boliviano”, convocando a más de 21 compañías internacionales.

Convenios firmados entre 2023 y 2024

Entre 2023 y 2024, se lograron firmar 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos. Estos convenios han establecido las bases para la firma de dos contratos favorables para Bolivia en 2024, garantizando soberanía sobre este recurso natural estratégico y participación mayoritaria en toda la cadena productiva y de comercialización.

Presentación de contratos a la Asamblea

Arce también ha precisado que “como manda la ley”, en 2024 estos contratos fueron presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. Sin embargo, este tratamiento fue aplazado hasta febrero de 2025 para llevar a cabo su respectiva socialización.

Legisladores opositores y evistas se oponen al debate, argumentando que los contratos no dejan beneficios para el país. Además, han cuestionado las regalías mineras que quedarán para Potosí, así como el impacto ambiental que podría asociarse a estos proyectos.

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Durante la sesión, se lanzaron acusaciones contra Marcelo Arce, hijo del Presidente Luis Arce, por su supuesta participación en las negociaciones con empresas extranjeras. Alcón recordó que el proyecto para la explotación del mineral en el Salar de Uyuni ha estado en la agenda del gobierno desde 2021, cuando se realizó una convocatoria internacional y se dialogó con 12 empresas. Tras estas conversaciones, se llegó a un acuerdo con 2 empresas y se enviaron los proyectos a finales de 2024. El Gobierno esperó hasta este mes para avanzar en el proceso.

“Aprobamos o lo rechazamos, eso le corresponde a la Asamblea. Lo que sí pedimos es que piensen en la gente y en la importancia de este recurso, porque hay tiempos, hay tiempos para el litio”, expresó Alcón. En este contexto, también recordó que el Presidente había mencionado en alguna ocasión que “cuidado se nos pase el tren” en relación a la industrialización del recurso.

Agenda de la sesión

El jueves, la Cámara de Diputados convocó a sesión para tratar una agenda de 8 puntos, siendo el primero la aprobación del contrato de explotación de litio a cargo de Hong Kong CBC Investment Limited. La sesión comenzó en la mañana y concluyó abruptamente durante la madrugada del viernes. Este encuentro estuvo marcado por incidentes y agresiones entre diputados de diferentes partidos políticos.

Los diputados de la oposición señalaron a Arce por haber orquestado esta agenda, resaltando su premura en la aprobación de los contratos. Acusaron a Marcelo Arce de haber llegado a acuerdos con las empresas extranjeras para la aprobación del contrato, sugiriendo que podrían estar involucradas coimas. Los diputados que apoyan al gobierno pidieron pruebas que respalden estas acusaciones.

Denuncia y falta de pruebas

El diputado evista Héctor Arce presentó una grabación de 2021 relacionada con la aprobación de contratos de litio. Sin embargo, esa denuncia fue rechazada por la fiscalía debido a la falta de pruebas. La situación en la Cámara de Diputados refleja la tensión y la controversia que rodea el tema de la explotación de litio en Bolivia.

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La confrontación se dio en un ambiente de tensiones y acusaciones sobre la posible venta de votos para aprobar el contrato, el cual ha sido rechazado por legisladores de Potosí. Durante su intervención, la diputada Salazar expresó su preocupación por la situación, afirmando que algunos legisladores estarían “cobrando” para apoyar la aprobación del contrato del litio.

Salazar enfatizó: “No puede ser que esto se convierta en un mercado donde cada uno le pone un precio a su voto”. En ese preciso momento, Aguilera se acercó por detrás y le tapó la boca para que no pudiera continuar hablando.

Agresión física en plena sesión

Las dos legisladoras se agredieron físicamente ante la mirada de otros legisladores y medios de comunicación que estaban presentes en la sesión. Las imágenes que se han difundido en redes sociales muestran el instante exacto en que Aguilera tapa la boca de Salazar.

Rechazo al contrato de litio

El rechazo al contrato ha generado un ambiente tenso entre los legisladores, especialmente entre aquellos que representan a regiones afectadas por decisiones relacionadas con el litio. Esta situación refleja una creciente preocupación sobre la transparencia en los procesos legislativos y las posibles implicaciones económicas para el país.

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Olivia Guachalla, presidenta de la Comisión, explicó que los legisladores optaron por postergar el tratamiento hasta que se realice una modificación al nombre del proyecto de ley. Esto se debe a que el documento actual contempla la abrogación del artículo N° 11 de la Ley del Órgano Electoral, en lugar de una modificación como se había planteado inicialmente.

Iniciativa legislativa

El 28 de enero de 2025, el parlamentario de oposición Marce Pedraza presentó un proyecto de ley que propone derogar el parágrafo III del Artículo 11 de la Ley N° 018. Este proyecto establece que Sucre se convierta en la nueva sede del Tribunal Supremo Electoral, tal como se menciona en el artículo uno del documento.

Aclaración del TSE

No obstante, el 17 de enero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) utilizó sus redes sociales para aclarar que la propuesta de trasladar la sede del Órgano Electoral a Chuquisaca aún no ha sido debatida formalmente por los vocales de la sala plena.

Propuesta del presidente del TSE

Según el comunicado emitido por el TSE, esta iniciativa proviene del presidente del organismo, Oscar Hassenteufel. Además, se señala que, en caso de que la propuesta sea considerada viable, deberá llevarse a cabo mediante una modificación de la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional.

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El juicio oral se llevó a cabo el 17 de junio de 2025, casi un año después de que el acusado fuera aprehendido en flagrancia mientras contaba el dinero proveniente de la coima.

El condenado ha sido identificado como Álvaro J.S.P. El abogado que presentó la acusación, Abel Loma, confirmó el 19 de junio que la pena deberá cumplirse en el penal de San Pedro, según lo reportado por Erbol.

Contexto del caso

Este caso se remonta al 11 de julio de 2024, cuando el exfuncionario fue sorprendido por las autoridades en un restaurante ubicado en el centro de La Paz. En ese momento, había concertado una reunión con un empresario al que exigió un pago de 74.000 bolivianos.

A cambio de este monto, el detenido ofreció la ratificación de un contrato de servicios en la Cámara de Diputados. Fue aprehendido de inmediato tras la denuncia.

Proceso judicial

Después de su detención, el acusado fue enviado a prisión preventiva. Sin embargo, a principios de 2025, logró obtener el beneficio de la detención domiciliaria.

Durante el proceso judicial, la exautoridad intentó someterse a un juicio abreviado, pero esta propuesta fue rechazada tanto por el Ministerio Público como por la parte acusadora.

Posibilidad de apelación

A pesar de la condena, la sentencia aún puede ser apelada ante una instancia judicial superior, lo que podría cambiar el rumbo del caso en el futuro.

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El proyecto de ley Nº 268/2024-2025 recibió 77 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Este resultado refleja un sólido respaldo a una iniciativa que busca crear espacios adecuados para la actividad física y recreativa de los estudiantes en diversas regiones del país.

Financiamiento del programa

El financiamiento proviene del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y corresponde al contrato de préstamo BOL-39/2024. Este acuerdo fue firmado el 29 de agosto de 2024 entre el Estado boliviano y la entidad mencionada. Los recursos se destinarán al Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos en Unidades Educativas.

Objetivos del programa

Este programa incluye la construcción, ampliación y equipamiento de canchas, coliseos y áreas recreativas. Además, se pone especial atención en las zonas donde la infraestructura escolar es deficiente. La finalidad del proyecto es fortalecer el desarrollo integral de la comunidad educativa mediante la creación de entornos físicos adecuados y seguros.

Próximos pasos en el proceso

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto será enviado al Senado, que deberá considerar su tratamiento en los próximos días.

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Los proyectos incluyen un préstamo de 50 millones de dólares del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Además, se contempla otro préstamo de 110 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento. Estos fondos están destinados a infraestructuras deportivas y a un programa nacional de puentes, respectivamente.

Falta de consenso en el Senado

Sin embargo, el senador Erik Morón ha advertido sobre la falta de consenso en la Cámara de Senadores para la aprobación de estos créditos. Morón ha señalado que “no existe ningún consenso en la Cámara de Senadores sobre la aprobación de los créditos hasta el día de hoy”.

El senador también ha cuestionado la capacidad fiscalizadora del Senado, indicando que “a través de una acción y un amparo constitucional cercenaron la fiscalización de los parlamentarios”. Además, enfatizó que “los próximos parlamentarios que vengan, sean del partido que sean, no van a tener la facultad legislativa cercenada por un amparo constitucional”.

Devolución de facultades legislativas

Morón argumentó que es crucial devolver las facultades legislativas a los parlamentarios actuales y futuros para poder realizar un seguimiento adecuado a los créditos. “Nosotros necesitamos fiscalizar y para fiscalizar primero devuélvanos nuestra facultad legislativa”, indicó el senador.

Asimismo, mencionó que hay una acción constitucional vigente que impide a los nuevos parlamentarios interpelar o censurar a ministros, lo que limita su capacidad de acción.

Problemas económicos y combustible

Por su parte, Renán Cabezas, diputado del Movimiento Al Socialismo, abordó problemas económicos relacionados con el costo de la canasta familiar. Cabezas señaló que “no se está resolviendo en nada la llegada de diésel y gasolina”. También mencionó que hay ofertas por parte de empresarios bolivianos para vender combustible a menor costo.

El diputado afirmó que “compramos diésel y gasolina con sobreprecio, más del doble que el que realmente cuesta”. Esta situación ha generado preocupación entre los legisladores.

Dudas sobre la aprobación de créditos

Los diputados han expresado sus dudas sobre la necesidad inmediata de aprobar estos créditos. Se destacó que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, había indicado anteriormente que no era necesario aprobar ahora, ya que los fondos no llegarían en este tiempo.

La percepción general entre algunos legisladores es que esta situación podría ser utilizada como una estrategia política para desviar la atención pública hacia otros temas.

Créditos extemporáneos

Finalmente, se ha planteado que los créditos son extemporáneos debido a los trámites necesarios para su desembolso. El ministro de Economía y Finanzas también señaló que si se aprueban ahora, no serán desembolsados en el tiempo esperado.

Esto ha llevado a muchos a considerar estas acciones como una falsa expectativa para el pueblo boliviano.

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“Esto lo vamos a presentar ante la Cámara de Diputados. Como les digo, va a ser nuevamente un parteaguas para ver quiénes están con Evo Morales y quiénes están definitivamente en contra de Evo Morales Ayma. Llallagua ya lo ha declarado, no solo persona no grata, sino enemigo de Llallagua”, expresó Ormachea.

Riesgo para la democracia

El diputado argumentó que Morales representa un riesgo para la democracia, la paz social y los derechos humanos en Bolivia. En este contexto, exhortó al Ministerio Público y a las fuerzas del orden a ejecutar sin dilación las órdenes de aprehensión que han sido emitidas contra el exmandatario.

Investigaciones urgentes

Además, Ormachea solicitó a las entidades estatales competentes que aceleren las investigaciones relacionadas con las muertes, lesiones y daños que se han registrado durante los bloqueos promovidos por el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Propuesta a organismos internacionales

El legislador también planteó que la resolución sea enviada a organismos internacionales, foros multilaterales y gobiernos democráticos del mundo. Esto con la advertencia de que no se debe otorgar asilo, refugio o protección a Morales. Según Ormachea, esta acción evitará cualquier forma de impunidad o posible reincidencia en actos de desestabilización.

Conflicto social en Llallagua

La propuesta surge tras el conflicto social en Llallagua, Norte de Potosí, donde entre el 10 y el 13 de junio de 2025 se registraron violentos enfrentamientos. Estos enfrentamientos involucraron a vecinos, transportistas, efectivos del orden y sectores movilizados que respaldan a Morales. Al menos 5 personas fallecieron, varios resultaron heridos, hubo vehículos incendiados y un desabastecimiento generalizado.

Ormachea señaló que esta situación requiere una postura institucional clara por parte de la Cámara Baja. Afirmó que mientras el Senado, presidido por Andrónico Rodríguez, apoya a Morales, es responsabilidad de los diputados marcar un límite frente a los actos de violencia y desestabilización que han sido impulsados por el exmandatario.

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Yujra comentó que “hemos enviado varias notas” para pedir a la Comisión de Constitución que acelere el tratamiento de los 6 proyectos de ley que están pendientes. A diferencia del Senado, donde se puede discutir un proyecto sin un informe previo, en la Cámara de Diputados es obligatorio contar con dicho informe para que se pueda llevar a cabo la discusión en plenaria. Esta necesidad está establecida en el artículo 121.

En marzo, se aprobaron 3 proyectos que fueron enviados el 21 de marzo a la Cámara de Senadores. Sin embargo, Yujra subrayó que no debería haber excusas por parte del Senado para tratar estos proyectos. Mencionó que “si hay voluntad en la Cámara de Senadores, deberían aprobar estos como lo solicita el Tribunal Electoral”.

Impacto político en la economía

El presidente de la Cámara Baja también hizo hincapié en el efecto político que esto tiene en las elecciones nacionales, señalando que hay actores políticos que no desean que se realicen. En relación con la situación económica, Yujra afirmó que “la situación política está exacerbando de forma negativa la parte económica”. Aunque los bonos soberanos han aumentado sus precios desde abril, este aspecto positivo se ve contrarrestado por la incertidumbre generada por el contexto político actual.

Compromiso con la legislación

Finalmente, Yujra reafirmó su compromiso con el tratamiento continuo de los proyectos legislativos. También mencionó que muchos legisladores están más enfocados en sus candidaturas políticas que en su labor legislativa. Esta situación ha generado preocupación sobre cómo estas prioridades pueden afectar el funcionamiento efectivo del gobierno y las necesidades urgentes del país.

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El proyecto de Ley 428/2024-2025 se titula “De modificación a las leyes N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, de 16 de junio de 2010, y N° 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010”. Su objetivo principal es garantizar el principio de preclusión en los procesos electorales. En este contexto, el artículo 2 modifica el artículo 2 y su inciso k) de la Ley 026 del Régimen Electoral. Este inciso establece que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán, por ninguna autoridad pública…”

Además, el artículo 3 modifica el artículo 2 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que establece que “el Órgano Electoral Plurinacional es un órgano del poder público del Estado Plurinacional y tiene igual jerarquía constitucional a la de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial…”.

Respaldo al Tribunal Supremo Electoral

Para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el parágrafo II del artículo 3 modifica el parágrafo II del artículo 11 de la Ley 018. Este cambio establece que “las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, en materia electoral, son de cumplimiento obligatorio, inapelables e irrevisables…”. Este documento ha sido enviado a la Cámara de Senadores para su revisión.

La norma fue aprobada por mayoría, luego de que el diputado Gustavo Vega del Movimiento Al Socialismo (MAS) mencionara que hubo suficiente discusión, ya que el tratamiento del proyecto superó las cinco horas. Sin embargo, algunos legisladores expresaron su desacuerdo con esta afirmación. La directiva, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, defendió la decisión, argumentando que se cumplió con el reglamento y se obtuvo el respaldo necesario para aprobar la ley. “Habiéndose aprobado el proyecto de Ley 428/2024-2025, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, solicitó Yujra ante la oposición.

Aplazamiento del debate sobre binomios

Los diputados Quintín Villazón y Pablo Arizaga manifestaron su rechazo al segundo proyecto que comenzó a ser discutido: el 269/2024-2025, que busca modificar la Ley 1096. Esta propuesta tiene como objetivo garantizar la participación femenina en los binomios presidenciales mediante una modificación del artículo 28. Debido al rechazo mayoritario de los legisladores varones, Omar Yujra decidió “aplazar el tratamiento” del proyecto por las “divergencias en cuanto al contenido”.

Yujra recordó que esta norma forma parte de las iniciativas enviadas por el TSE tras el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia. “No se refiere a ningún acuerdo ni elemento de reunión secreta”, afirmó ante las acusaciones del legislador Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana (CC). Alarcón advirtió que esta ley podría inviabilizar binomios no conformados por un hombre y una mujer.

Iniciativas del TSE y elecciones

Yujra insistió en que la aprobación fue acordada en dicho encuentro organizado por el TSE y respaldada por “todos los representantes” para llevar a cabo las elecciones nacionales en agosto. En marzo, ya se habían aprobado leyes sobre la transmisión y publicación preliminar de resultados electorales, con miras a las elecciones generales. Sin embargo, hasta el momento, estas leyes no han sido tratadas en el Senado.

/ KMMN

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En la agenda se encuentra el Proyecto de Ley N° 428/2024-2025, que propone modificar las leyes del Órgano Electoral Plurinacional y del Régimen Electoral. Esta modificación busca actualizar disposiciones que han estado vigentes desde 2010. También se presentará el Proyecto de Ley N° 269/2024-2025, que tiene como objetivo modificar la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas.

Ambos proyectos fueron propuestos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y forman parte de un paquete de leyes que se acordó en reuniones multipartidarias con la Asamblea Legislativa.

Confirmación de la vicepresidenta

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, confirmó este miércoles 14 de mayo que los proyectos están listos para ser tratados en el pleno. Choque indicó que, aunque algunas normas, como la paridad de género, no se puedan aplicar de inmediato, el objetivo es establecer un precedente legislativo.

Además, explicó que la ley de preclusión busca prevenir retrocesos en las etapas del proceso electoral, como lo que ocurrió en las elecciones judiciales que no se llevaron a cabo.

Opiniones de los diputados

El diputado Zacarías Laura, del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo, manifestó que su bancada está comprometida con la aprobación del paquete electoral. También hizo un llamado al Senado para que avance con las normas que ya han sido aprobadas en la Cámara Baja.

Por otro lado, la diputada Toribia Lero, de Comunidad Ciudadana, criticó que el tratamiento de estas leyes llegue en un momento tardío, justo cuando ya comenzó el periodo de inscripción de candidaturas. Lero advirtió que, aunque las leyes sean aprobadas en Diputados, aún deben ser consideradas por el Senado, lo que podría retrasar su entrada en vigencia.

Asimismo, responsabilizó al oficialismo por la falta de acción en las sesiones. “Porque no dice eso el Presidente Luis Arce Catacora que sus diputados son inoperantes. Mañana vamos a tratar cuando hoy día empieza las inscripciones para las elecciones generales”, enfatizó.

Otras leyes en la agenda

Aparte de los proyectos de ley electorales, la agenda de la Cámara Baja incluye el tratamiento de normas viales. El primer proyecto, presentado por el Senado (CS N° 137/2024-2025), declara de prioridad nacional la construcción de la ruta “Transversal Juana Azurduy de Padilla”, que atraviesa varios municipios de Chuquisaca.

Otro proyecto (Ley N° 194/2024-2025) busca incorporar el tramo carretero Patacamaya – Corocoro – Nazacara a la red vial fundamental.

Detalles de la sesión

En el orden del día también se incluye el juramento y posesión del ciudadano Guiver Aymuro Valda como diputado suplente por el departamento de Chuquisaca. Además, se presentará una ley que declara el 10 de agosto como el Día del Estudiante Boliviano con Talento Extraordinario.

La sesión está programada para las 9:00 horas de este jueves 15 de mayo de 2025.

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La legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) mencionó que ambas iniciativas ya han sido aprobadas en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.

Proyectos de ley en discusión

“Entre los proyectos pendientes está la ley de paridad y alternancia en las candidaturas, que busca garantizar la equidad de género en la representación política; además de la normativa para consolidar el principio de preclusión”, señaló la diputada, según citó ABI.

La propuesta de paridad y alternancia tiene como objetivo fortalecer la representación política equitativa entre hombres y mujeres. Por otro lado, el proyecto relacionado con la preclusión plantea modificaciones a las leyes Nº 018 del Órgano Electoral y Nº 026 del Régimen Electoral. Esto se hace con el fin de asegurar la seguridad jurídica y la estabilidad en las etapas del proceso electoral.

Convocatoria a la colaboración

Choque instó a las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y al “evismo” a unir esfuerzos para facilitar la aprobación de estas normas, especialmente con miras a las elecciones generales del 17 de agosto.

La diputada destacó que, aunque la aplicación de la paridad y alternancia no será obligatoria para el próximo proceso electoral, la aprobación de la ley sentará las bases para su implementación en futuras contiendas.

Propuesta de binomio presidencial

En línea con este enfoque, la diputada anunció que el MAS-IPSP tiene la intención de presentar un binomio presidencial compuesto por un hombre y una mujer, promoviendo así la equidad de género en los cargos de más alta jerarquía del país.

En marzo, la Cámara de Diputados aprobó la ley del debate obligatorio y ajustes al sistema de difusión de resultados preliminares, que actualmente están a la espera de tratamiento en el Senado.

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El diputado de CC, Enrique Urquidi, calificó como “un abuso inaceptable” el elevado número de solicitudes de licencia. Urquidi señaló que la primera secretaría debe explicar por qué se aprueban “a diestra y siniestra” sin un análisis riguroso.

“Estas licencias no son inocentes, bloquean la posibilidad de continuar el trabajo y de sesionar. Es inaceptable que, a título de licencias, la Asamblea esté en esta situación de bloqueo y sin cumplir sus funciones”, declaró Urquidi.

Propuestas de sanciones económicas

Por su parte, la diputada de la misma bancada, Lissa Claros, pidió que se sancione económicamente a los legisladores que están ausentes. “Necesitamos que los parlamentarios trabajen y, si no trabajan, que no les paguen (…). No podemos ser cómplices de aquellos parlamentarios zánganos que piden licencia para hacer campaña proselitista, mayoritariamente del Movimiento Al Socialismo”, afirmó.

Claros indicó que Comunidad Ciudadana ya solicitó formalmente a Yujra que publique las listas de los diputados que pidieron permiso. “La línea de CC es clara: tolerancia cero a los flojos. Nosotros no vamos a socapar absolutamente a nadie. Aquel que no trabaja, que no cobre, y esa debería ser la dinámica”, enfatizó.

Acusaciones al oficialismo

La diputada también acusó al oficialismo de utilizar cargos públicos para actividades proselitistas. “Los parlamentarios hacen lo mismo, piden licencia y dejan de lado sus funciones. Señor Omar Yujra, publique la lista de aquellos parlamentarios que piden licencia. Si no quieren trabajar, que renuncien. No se puede seguir manteniendo a estos zánganos del Estado”, concluyó.

Permisos registrados en la Cámara

El martes, el jefe de bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, José Luis Flores Colquillo, indicó que fueron cerca de 40 los permisos registrados en la Cámara Baja. Esta situación podría impedir alcanzar quórum.

Respuesta del oficialismo

Al respecto, la diputada del MAS y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, señaló que, de acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados, la directiva tiene prohibido negar permisos a los parlamentarios.

“El Reglamento General de la Cámara de Diputados no establece un máximo o un mínimo de licencias. El primer secretario, que es el encargado de dar o no dar licencia, no tiene una norma de la cual se pueda valer para no otorgar una licencia. Entonces ahí tenemos una dificultad de poder controlar”, dijo.

Choque señaló que la directiva ya está viabilizando hablar con cada diputado para conocer su situación. “Lo único que podemos hacer es apelar a su conciencia, porque todos tenemos un sueldo, todos nos pagan por algo”, agregó.

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Hinojosa manifestó su preocupación por esta situación y cuestionó la actitud de sus colegas. “Es una pena que nosotros, legisladores, elegidos por el pueblo para legislar, estemos priorizando licencias que impiden llevar adelante las sesiones. No estoy de acuerdo con que haya esa cantidad de permisos”, afirmó.

El diputado también reconoció que los motivos para solicitar licencias pueden ser variados, abarcando desde problemas de salud hasta asuntos personales. Sin embargo, lamentó que, en un año electoral, muchos parlamentarios estén ausentes, posiblemente dedicados a campañas políticas o buscando otras candidaturas.

Cumplimiento del mandato

“Tenemos un mandato que hay que cumplir. Hay harto que trabajar, créditos y proyectos de ley que ameritan atención. Deben reflexionar los diputados y deben dejar de presentar licencias, si es que están presentando solamente para asistir a reuniones políticas, si el tema de salud es considerable”, agregó Hinojosa.

Permisos y quórum

El martes, el jefe de bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, José Luis Flores Colquillo, indicó que ya son cerca de 40 los permisos registrados, lo que podría dificultar alcanzar el quórum necesario para las sesiones.

Flores enfatizó que, aunque los diputados tienen derecho a solicitar licencias, es fundamental buscar un consenso para evitar que el trabajo legislativo se vea estancado. “Tengo entendido que ya pasan casi los 40 permisos, entonces si vamos a convocar va a continuar con ello y tal vez no vamos a llegar a quórum, pero lo importante es sesionar”, señaló Flores.

Además, planteó que la directiva evalúe la posibilidad de establecer una normativa que regule los permisos y garantice el funcionamiento de la Cámara Baja.

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Ausencia prolongada de Huaytari

Según Ellefsen, la ausencia prolongada de casi 6 meses de Huaytari constituye una razón válida para que se evalúe su posible alejamiento del cargo por incumplimiento de funciones. Esta situación ha generado preocupación entre sus colegas legisladores.

Justificaciones de inasistencia

El legislador explicó que Huaytari ha presentado bajas médicas y licencias para justificar su inasistencia. Sin embargo, aclaró que en la normativa parlamentaria no existe la figura de una licencia indefinida. A pesar de no presentarse a su trabajo, el diputado continúa recibiendo su salario mensual.

Acciones judiciales de Huaytari

Ellefsen cuestionó que, mientras se ausenta de sus obligaciones legislativas, Huaytari sí aparece para presentar recursos judiciales como amparos. Estos recursos tienen como objetivo retrasar las elecciones, lo que, a juicio de Ellefsen, evidencia un intento por prorrogarse en el cargo sin cumplir con sus funciones.

Solicitud de informe

Ante esta situación, Ellefsen anunció que solicitará un informe a la Primera Secretaría. Este informe tiene como finalidad establecer formalmente las faltas de Huaytari y sustentar su solicitud ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Posibles responsabilidades penales

Además, Ellefsen advirtió que este caso compromete a otras instancias de la Cámara de Diputados, como la Oficialía Mayor, la Primera y Segunda Secretaría, así como la propia Directiva. Estas instancias permitieron el pago de sueldos sin el debido control.

El parlamentario alertó que este posible encubrimiento institucional podría derivar en responsabilidades penales para las autoridades legislativas involucradas. Por lo tanto, insistirá en que se analice la desvinculación del legislador ausente.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, destacó que las bandas de precios establecidas habían tenido un impacto negativo en los productores e industriales. Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Cámara, Deisy Choque, expresó su lamento por la decisión y criticó a los diputados que votaron en contra del proyecto.

Reacciones del gobierno

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, advirtió sobre las consecuencias negativas que esta decisión podría tener para la producción nacional y la seguridad alimentaria del país. La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, del Movimiento Al Socialismo, lamentó que en la reciente sesión plenaria se rechazara el Proyecto de Ley Nº 470/2024-2025.

Este proyecto buscaba modificar la Ley Nº 204, que creó el Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo – Pro Leche. Choque cuestionó a algunos diputados que dicen representar a regiones productivas, afirmando que su rechazo demuestra una falta de compromiso con la ciudadanía.

Objetivos del proyecto

La propuesta tenía como objetivo ampliar y fortalecer el apoyo a los pequeños y medianos productores de leche en todo el país. Esto garantizaría una mayor sostenibilidad para el sector y contribuiría a la seguridad alimentaria nacional.

El ministro Mamani criticó la decisión, señalando que el rechazo afecta directamente a la base productiva nacional y a miles de familias del área rural. “Lo que han hecho algunos diputados es bloquear la productividad del sector lechero. No están perjudicando al Gobierno, están perjudicando a la producción nacional y a nuestra seguridad alimentaria”, afirmó.

Consecuencias para los productores

El presidente de la Federación de Productores de Leche de La Paz (Fedelpaz), Aurelio Clares, advirtió que esta decisión tendrá consecuencias negativas sobre la producción y en el sustento de muchas familias beneficiadas con el programa Proleche. “Este rechazo nos afecta directamente, no solo a los productores, sino a toda la cadena lechera y a quienes consumen nuestros productos”, expresó Clares.

El parlamentario Reyes indicó que las bandas de precios habían establecido precios por debajo del costo de producción. “Hoy tendrán que dialogar y convocar tanto a productores como industriales para garantizar el abastecimiento”, agregó. Además, mencionó que los fondos recaudados no llegaban efectivamente a los productores, lo que ha llevado a muchos al borde de la quiebra.

Necesidad de diálogo

La situación actual exige un diálogo entre la industria, los productores y el gobierno para establecer un precio justo para la leche. Esto es fundamental para evitar una crisis mayor en el sector lechero.

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La sesión está programada para las 11:30 horas y contará con seis puntos en su agenda. Entre los temas a tratar se incluyen correspondencia, el Proyecto de Ley CS No. 091/2020-2021, que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Sikuriada, con su música y danza. También se discutirá el Proyecto de Ley CS No. 014/2022-2023, que establece el 10 de agosto de cada año como el Día del Estudiante Boliviano con Talento Extraordinario.

Además, se abordará el proyecto de Ley No. 035/2024-2025, que tiene como finalidad fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, junto con otros asuntos que se presenten en la mesa.

Objetivos del proyecto de ley

El proyecto de Ley 470/2024-2025 busca garantizar una política pública sostenible que promueva el desarrollo del sector lácteo. Esto incluye la promoción de la seguridad alimentaria y la dinamización de la economía en las regiones productoras.

La iniciativa fue remitida tras un trabajo coordinado con los productores lecheros desde el año 2024. Además de ampliar la vigencia del fondo hasta 2040, también se enfoca en mejorar todos los eslabones de la cadena productiva. Esto se logrará mediante apoyo directo a los lecheros del sector primario, que incluirá forraje y mejoramiento genético.

Expectativas de producción y consumo

Con esta propuesta, se espera acopiar 1.248 millones de litros de leche para el año 2040. Este cálculo considera que la provisión de leche aumentó de 241 millones de litros en 2012 a 342 millones en 2024. Asimismo, se pretende elevar el consumo per cápita de leche a 100 litros para 2040, teniendo en cuenta que era de 49 litros en 2012 y alcanzó los 68 litros en 2024. Esto representa un incremento cercano al 40% en el consumo.

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Según la denuncia, Elizabeth C. G. recibió su ítem de trabajo y, desde ese momento, el legislador intentó tocarla y le hizo insinuaciones. Posteriormente, se alega que la acosó. Actualmente, el caso está abierto ante el Ministerio Público, donde se investigan los delitos de abuso sexual y acoso sexual. Además, la denuncia incluye testimonios de otras cuatro exfuncionarias que han reportado experiencias similares.

Acciones legales y administrativas

El jurista Jhuliano Palomino ha declarado que la denuncia fue presentada ante la Unidad de Transparencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta información fue comunicada a la Vicepresidencia y posteriormente enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

Debate sobre el acoso laboral

La situación ha generado un intenso debate sobre el comportamiento en los espacios laborales dentro del ámbito político. También se discute sobre las medidas que se deben implementar para proteger a las víctimas y garantizar un entorno seguro para todos los trabajadores.

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Denuncia del diputado Cuéllar

La alerta sobre esta situación fue emitida por el diputado Rolando Cuéllar. Él acusó a una supuesta proxeneta vinculada al evismo de contactar a asambleístas del partido de gobierno. Según Cuéllar, la intención de esta persona sería grabar a los legisladores y difundir el material con el objetivo de perjudicarlos públicamente.

Reacción de Omar Yujra

Omar Yujra afirmó que no tenía conocimiento sobre este tema hasta que la denuncia fue hecha pública. Por esta razón, ordenó que se inicien las investigaciones pertinentes. Además, pidió a los efectivos policiales encargados de la seguridad del edificio que identifiquen a las personas implicadas en este caso.

Yujra también solicitó que se determine quién permite el acceso de estas personas al recinto legislativo. Esto es fundamental para esclarecer quiénes son los involucrados en esta situación.

Contexto de la denuncia

La denuncia de Cuéllar se produjo en el marco de referirse al caso de su colega Juan José Jáuregui. Este legislador enfrenta dos acusaciones previas por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. La gravedad de estas acusaciones añade un contexto más complejo a la situación actual en la Cámara de Diputados.

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Esta comisión estará integrada por seis diputados titulares y seis suplentes, representando a las tres fuerzas políticas del país. Su labor se desarrollará durante un período de 60 días, tiempo en el cual se llevará a cabo la indagación correspondiente.

Objetivos de la investigación

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC) y miembro de la comisión investigadora, comentó: “El objetivo es, en 60 días, hacer una investigación sobre todos los suministros que le ha proporcionado la empresa Botrading a YPFB, la relación societaria y comercial que tiene Botrading con Yacimientos, cuáles son las vinculaciones que tiene con el Gobierno y todos los elementos de juicio que se tienen”.

Alarcón también destacó que la principal tarea de la comisión es identificar si han existido “ilegalidades e irregularidades” en los contratos firmados entre YPFB y su subsidiaria. “Esta comisión tiene que ver si estas situaciones se adecuan a tipos penales y, en función a los hallazgos, tendrán que intervenir otras instancias competentes del Estado”, agregó el diputado.

Comentarios de otros diputados

Por su parte, el diputado opositor Erwin Bazán, de Creemos, manifestó que la comisión será clave para determinar si hubo o no irregularidades en los contratos. “En este momento, el pueblo boliviano está haciendo cola en los surtidores y resulta que había una empresa que resultó ser una empresa estatal; primero lo negaron y luego, por declaraciones de los mismos ejecutivos de YPFB, dijeron que es una empresa subsidiaria de YPFB”, afirmó Bazán.

Motivación de la creación

La creación de esta comisión surge a raíz de denuncias sobre posibles irregularidades en la gestión de contratos entre YPFB y Botrading. La investigación busca esclarecer la situación y garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos.

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Detalles de la aprobación

Antes de la aprobación final, los jefes de bancada se reunieron para realizar ajustes al contenido del proyecto. Durante estas reuniones, se incorporaron nuevas sanciones para aquellos candidatos que no asistan a los debates electorales.

Sanciones por incumplimiento

Según lo establecido en el proyecto de ley, los candidatos que no cumplan con la obligación de participar en los debates serán considerados como infractores de la normativa electoral. La sanción por esta falta será una multa económica que será impuesta por un juez electoral. Esta multa equivaldrá al costo total de la transmisión del debate electoral.

Además de la multa, se ha decidido que los candidatos que no asistan a los debates también enfrentarán el retiro inmediato de su pauta publicitaria, incluyendo cuñas, spots y otros anuncios en medios de comunicación y difusión masiva.

Fechas y modalidades de los debates

El proyecto de ley especifica que los debates deberán llevarse a cabo de manera presencial. Estos eventos se realizarán hasta 15 días antes de la fecha de la elección y hasta 5 días previos a la jornada electoral. En caso de que se requiera una segunda vuelta, los candidatos habilitados deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.

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“Hay el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados de conformar esta semana la Comisión Especial de Investigación que le he pedido la semana anterior, el día lunes, para el caso Botrading – YPFB, porque cada vez que sale el presidente de Yacimientos Petrolíferos dice una mentira, ya le crece como Pinocho la nariz y en lugar de aclarar las cosas las embarra más”, declaró Alarcón.

El legislador mencionó que esta comisión revisará los contratos de adjudicación de combustibles y solicitará explicaciones al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, sobre la relación entre la estatal y Botrading.

Antecedentes del caso

Alarcón recordó que en 2023 solicitó información a YPFB sobre la existencia de intermediarias en la importación de combustibles. En ese momento, la estatal negó cualquier vínculo con empresas subsidiarias. Sin embargo, se ha confirmado recientemente que Botrading es una empresa pública que depende de YPFB Refinación y YPFB Logística.

Este caso ha cobrado relevancia tras una investigación periodística que reveló que en septiembre de 2024, YPFB anuló un contrato para la compra de combustible que había sido previamente adjudicado a Petroperú. Este contrato ofrecía un precio menor, pero fue reasignado a Botrading con un sobrecosto del 32%.

Denuncias de legisladores

Legisladores de oposición han denunciado que esta decisión causó un perjuicio económico para el Estado y han exigido explicaciones sobre el proceso de adjudicación.

El domingo, Dorgathen defendió la existencia de Botrading, asegurando que la empresa ha permitido generar competencia en el mercado de combustibles, logrando supuestos ahorros para YPFB. También justificó la anulación del contrato con Petroperú, argumentando que esta empresa no presentó los documentos requeridos en el plazo estipulado.

Facultades de la comisión

Según el parlamentario de CC, la futura comisión especial tendrá la facultad de convocar a autoridades y solicitar documentación para esclarecer el caso. Además, se podrá incluir una comisión de fiscales en la investigación, conforme al artículo 48 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Contexto de crisis energética

El caso Botrading se desarrolla en un contexto de crisis energética en Bolivia, caracterizado por la escasez de combustibles y largas filas en las estaciones de servicio.

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El diputado Delfort Burgos resaltó que la aprobación del proyecto se logró con mayoría absoluta. Además, se destinará financiamiento estatal para la implementación del nuevo sistema. Sin embargo, el debate sobre otro proyecto relacionado fue suspendido debido a diferencias entre los legisladores.

Proyectos de ley en discusión

Los diputados estaban programados para discutir dos proyectos de ley que están relacionados con las elecciones de agosto. Uno de ellos es el del TREP y el otro se refiere al debate obligatorio. No obstante, el segundo proyecto fue suspendido por desacuerdos entre los propios legisladores sobre las sanciones a los candidatos.

La directiva de la Cámara decidió suspender la sesión sin fijar una nueva fecha. Burgos comentó que “el tema de los debates no tenía una cláusula específica fuerte y clara para los que asistan al debate”. Por esta razón, las bancadas nacionales acordaron trabajar durante el fin de semana para que la próxima semana se pueda aprobar este proyecto.

Unificación de proyectos

Los temas del TREP y la suspensión del financiamiento a los partidos políticos habían sido presentados como dos proyectos separados. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó que ambos documentos se unificaran. De esta manera, la suspensión del financiamiento a los partidos fue incluida como la tercera disposición adicional en el primer proyecto.

/KMMN

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Montenegro afirmó que ha cumplido con sus responsabilidades al remitir información sobre la contratación del muelle flotante en Puerto Busch a la Contraloría General del Estado. Rechazó las imputaciones en su contra, asegurando que no está involucrado en actos corruptos.

Funciones del ministerio

Montenegro explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas actúa como una entidad tutora que coordina con otras entidades sus reglamentos en relación a los sistemas de administración, normas generales y el control posterior. La Constitución establece que cada Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable por el uso y la asignación de los recursos.

El diputado Héctor Arce reconoció haber cometido un error al dirigir sus preguntas al ministro, cuando debió hacerlo a la entidad correspondiente.

Información remitida a la Contraloría

El 10 de septiembre de 2024, se enviaron a la Contraloría General del Estado 11 carpetas con información sobre la contratación del muelle flotante en Puerto Busch. Montenegro destacó que es en esta instancia donde se llevará a cabo el control de lo adquirido e invertido.

Afirmó que pronunciarse sobre el tema podría considerarse usurpación de funciones y anularía los actos de control posterior.

Derecho a la defensa

Montenegro también mencionó su derecho a defenderse ante las acusaciones del diputado Arce, quien lo llamó corrupto. “No se puede mellar la dignidad de las personas”, expresó. Reiteró que no está involucrado en ningún acto de corrupción y subrayó que su presencia ante la cámara demuestra su compromiso con la transparencia.

Contexto de tensión política

El ministro recordó que hace 3 semanas, Arce solicitó una dispensa para no llevar adelante este tema. “Nos hemos presentado aquí porque no somos corruptos y siempre vamos a dar la cara”, afirmó.

En cuanto a posibles sanciones para quienes incurran en corrupción, indicó que esa decisión corresponde al Presidente Luis Arce y debe ser evaluada cuidadosamente para no afectar al pueblo boliviano.

La situación actual refleja un contexto tenso entre el gobierno y algunos sectores opositores, donde las acusaciones pueden tener repercusiones significativas en la percepción pública sobre la gestión gubernamental y su capacidad para manejar recursos públicos.

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