En una audiencia cautelar celebrada el jueves 12 de febrero de 2026, la justicia boliviana impuso medidas sustitutivas para el expresidente Luis Arce Catacora, quien enfrenta una acusación por el delito de abandono de mujer embarazada.

El juez a cargo del caso dictó el arraigo nacional y el pago de una fianza económica de Bs 10.000. Sin embargo, a pesar de esta resolución, Arce no recuperará su libertad, ya que actualmente se encuentra en detención preventiva en el penal de San Pedro debido a otro caso relacionado con el desfalco al Fondo Indígena.

Desarrollo del proceso judicial

La audiencia se realizó de manera virtual, conectando el juzgado con el recinto penitenciario. Según informes judiciales, las medidas (fianza y arraigo) solo entrarían en vigor si el exmandatario logra cesar su detención por la causa del Fondo Indígena.

Durante la investigación, se reveló que Arce se negó a someterse a una prueba de ADN, alegando que padece de esterilidad debido a una intervención quirúrgica renal anterior. Esta justificación fue rechazada por la parte querellante.

La denuncia de Brenda Lafuente

La denuncia provino de Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Ella sostiene que Arce la abandonó durante su embarazo, que comunicó en 2024. Lafuente afirmó haber enfrentado un “abandono absoluto” tanto moral como económico, lo que le causó complicaciones de salud y amenazas de aborto sin apoyo del exmandatario.

Consecuencias legales y posibles condenas

Estos hechos podrían constituir un agravante en el caso, ya que pusieron en riesgo la salud del menor. De acuerdo con el Código Penal boliviano, el abandono de una mujer embarazada puede acarrear penas de seis meses a tres años de reclusión. La fiscalía utiliza la declaración de Lafuente como base para la imputación mientras el proceso avanza hacia la etapa del juicio oral.

Situación actual de Luis Arce

Luis Arce cumple actualmente cinco meses de detención preventiva en La Paz. Su ingreso al penal San Pedro ocurrió en diciembre de 2025, tras ser vinculado a irregularidades financieras durante su gestión como ministro de Economía. Este nuevo proceso familiar añade una carga jurídica adicional al exmandatario, quien ha calificado ambas investigaciones como “persecución política”.

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Preocupaciones de la exfuncionaria

Lafuente expresó su preocupación porque el mandatario anunció que no asistirá a la ceremonia de transmisión de mando prevista para el 8 de noviembre. Asimismo, indicó que su negativa a presentarse a la prueba de ADN, programada para este jueves 30 de octubre, podría retrasar el desarrollo del proceso judicial y complicar el esclarecimiento de los hechos.

El denunciado rechazó la prueba argumentando que es estéril. Ante esta situación, la exfuncionaria pidió que se restrinja cualquier trámite de pasaporte o visado que posibilite la salida del país del Presidente saliente.

Solicitud de restricción migratoria

De esta manera, busca garantizar su permanencia en territorio nacional y asegurar que cumpla con las disposiciones de las autoridades mientras continúan las investigaciones. Lafuente sostiene que Luis Arce es el padre de su hijo y ha iniciado un proceso penal por abandono de mujer embarazada.

Asimismo, exige que el mandatario cumpla con sus obligaciones de asistencia familiar.

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La propuesta fue presentada ante el juzgado familiar 1 de Cochabamba y se espera que el tema se defina en una audiencia. Además, Lafuente lleva un proceso penal contra Arce por abandono de mujer embarazada.

Detalles de la propuesta

En su memorial, Arce explicó que gana Bs 23.353 y propuso pagar el 10% de ese monto mientras se define el tema de la paternidad. “Voluntariamente propongo proporcionar el diez por ciento (10%) de mi salario mensual actual como asistencia familiar provisional, es decir, Bs 2.635,30 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 30/100 BOLIVIANOS), a ser pagados de forma mensual en el modo que su Autoridad indique”, dice la presentación de Arce.

Reacción de Brenda Lafuente

Lafuente, mediante un contacto escueto con Erbol, consideró que con el ofrecimiento, Arce está admitiendo que es el padre del hijo. Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con el monto propuesto por el demandado.

La exfuncionaria explicó que este tema se definirá en una audiencia, donde se debe fijar el monto de la asistencia familiar. Lafuente demandó a Arce por un monto de 8.000 bolivianos, según reveló anteriormente su defensa legal, tomando en cuenta las necesidades del menor.

Proceso penal en curso

Paralelamente, Lafuente lleva un proceso penal contra Arce por el delito de abandono de mujer embarazada. Para este jueves estaba prevista la toma de muestras de ADN, aunque ya se conoce que el denunciado rechazó la pericia.

/KMMN

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El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, explicó este martes que la toma de muestras para la prueba de ADN es un acto que debe ser voluntario. Esto significa que los sujetos procesales pueden decidir si se someten o no a este procedimiento, según la información publicada por Erbol.

Tejerina comentó: “Tengo entendido que existiría una oposición al examen de ADN, a la toma de muestras. Es bueno entender que nosotros como Ministerio Público no podemos obligar a la realización de un acto investigativo. Eso es un acto meramente voluntario”.

Investigación en curso

Ante la negativa del Presidente, el Fiscal indicó que la institución buscará “elementos satélites para establecer la existencia de los derechos” del menor involucrado en este caso.

Brenda Lafuente, la exfuncionaria que ha presentado la denuncia, está llevando adelante un proceso penal contra Luis Arce por el delito de abandono de mujer embarazada. Además, ha interpuesto una demanda para el pago de asistencia familiar.

Preocupaciones de la denunciante

Lafuente había informado previamente que la prueba de ADN estaba programada para el jueves 30 de octubre. Sin embargo, el mandatario ha rechazado la realización de este estudio.

La denunciante también ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que el Presidente “fugue del país” una vez que deje el cargo. Por esta razón, ha solicitado formalmente a la Fiscalía que emita una alerta migratoria en su contra.

Requisitos para la alerta migratoria

El fiscal Tejerina indicó que la solicitud de alerta migratoria ha sido enviada a la comisión encargada del caso para su análisis. Sin embargo, recordó que existen requisitos legales que deben cumplirse para que se emita esta medida restrictiva.

Específicamente, debe haber una orden de aprehensión y una posibilidad concreta de que el sujeto activo del ilícito penal intente ausentarse de la investigación. Tejerina concluyó que estos elementos materiales deben ser evaluados por la comisión antes de tomar cualquier decisión sobre la restricción al derecho a la libertad de locomoción.

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Ante esta situación, Lafuente indicó que el juzgado procederá con una notificación por cédula, lo que implica la presencia de un testigo, tal como establece el procedimiento legal correspondiente.

Lafuente explicó que la notificación debía entregarse de manera personal al Mandatario para que comience a cumplir con las obligaciones económicas derivadas de la demanda. Sin embargo, afirmó que Arce “no autorizó que la oficial de diligencias suba a notificarlo”. Según la denunciante, el Presidente “se sigue escondiendo” y su conducta está retrasando el avance del proceso judicial.

Demanda de asistencia familiar

La exautoridad presentó la demanda de asistencia familiar el pasado 17 de septiembre ante el Juzgado Público de Familia N°1 de Cochabamba. En esta demanda, solicita un monto mensual de 8.000 bolivianos para la manutención de su hijo, a quien asegura haber tenido con el Presidente. Lafuente ha respaldado los gastos con facturas médicas y otros comprobantes que fueron presentados ante la juez a cargo del caso.

Prueba de ADN

Lafuente manifestó que Arce se ha negado a someterse a una prueba de ADN. Además, sostuvo que, de acuerdo con la legislación vigente, el reconocimiento de paternidad que aparece en el certificado de nacimiento prevalece mientras no exista una impugnación formal.

“El día viernes ha dejado en claro (el Presidente) que no se va a someter a ninguna prueba de ADN (…). Él no quiere hacerse la prueba de ADN porque él sabe que va a salir positivo”, afirmó Lafuente.

Interés público en el caso

Este caso ha despertado un amplio interés público debido a que involucra al Presidente en funciones. Además, la denunciante ya había presentado previamente una acusación por abandono de mujer embarazada.

En reiteradas ocasiones, Lafuente ha pedido a las autoridades judiciales que garanticen los derechos de su hijo y que el proceso se lleve a cabo sin privilegios por la condición del demandado.

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En declaraciones a los medios, Lafuente indicó que se le ha impedido que sus testigos declaren. Además, señaló que no se ha realizado una inspección ocular en el piso 24 de la Casa Grande del Pueblo, que es el lugar donde, según ella, sostenía encuentros con el Primer Mandatario.

“Ustedes juzguen, y quiero que la población juzgue a través de ustedes, el hecho de que no permita a la fiscal que declaren mis testigos… ¿es una obstaculización?”, afirmó Lafuente.

Obstáculos en el proceso

La denunciante agregó que tampoco ha recibido información solicitada sobre las líneas telefónicas del denunciado y de los testigos, lo que considera un impedimento para el desarrollo del proceso. Por esa razón, solicitó que el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, tome conocimiento de estos hechos y determine si constituyen una obstrucción.

Detalles del caso de asistencia familiar

Sobre el caso de asistencia familiar, Lafuente explicó que ya fue presentado hace 1 semana y que actualmente se realizan las diligencias para notificar al denunciado en la ciudad de La Paz. Además, indicó que el juzgado de familias correspondiente ya fue sorteado y los plazos legales se están cumpliendo según lo establecido.

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Según Cabezas, el Presidente Arce realizó la designación de Lafuente de manera ilegal, ya que ella no cumplía con los requisitos de experiencia profesional y especialidad en el área minera.

El diputado explicó que, de acuerdo con la ley minera, para asumir la dirección de la AJAM se requiere contar con 6 años de experiencia profesional y conocimientos en el tema minero. Sin embargo, Lafuente asumió el cargo con solo 4 años de ejercicio, según su credencial de abogada, y carecía de experiencia en el rubro.

Perfil de Brenda Lafuente

Lafuente asumió el cargo de directora de la AJAM en 2021, cuando tenía 27 años de edad. Cabezas indicó que la denuncia contra Arce incluye delitos como nombramientos ilegales, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución, además de incumplimiento de deberes.

Pruebas presentadas

El diputado aseguró que ha presentado pruebas, incluyendo la resolución de designación de Lafuente. Dijo que logró obtener el documento a pesar de la “resistencia” del Órgano Ejecutivo.

Procedimiento legal

Según el procedimiento, la Fiscalía General debe analizar la proposición acusatoria. Si se encuentran elementos suficientes, se emitirá un requerimiento acusatorio que será enviado a la Asamblea para autorizar un juicio de responsabilidades por dos tercios.

Actualmente, Brenda Lafuente enfrenta dos procesos legales contra el Presidente Arce: uno por abandono de mujer embarazada y otro por asistencia familiar para el hijo que, según ella, procrearon juntos.

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El abogado del denunciante, Frank Campero, explicó que “se ha remitido de manera específica al juez conciliador para que Luis Muñoz pueda sentarse en una mesa de conciliación cumpliendo con el procedimiento como corresponde y determinar que Brenda Lafuente pueda resarcir el daño que ha causado de manera voluntaria”.

El periodista Luis Muñoz está exigiendo a Lafuente un resarcimiento económico de 3.000.000 bolivianos. Este monto corresponde a los daños y perjuicios que Muñoz considera que sufrió tras ser despedido de la AJAM y enfrentarse a un proceso judicial que lo mantuvo en prisión.

Expectativas de la conciliación

Campero añadió que “la señora Lafuente se va a sentar con Luis Muñoz frente a frente y le dirá de resarcirle los daños correspondientes por la falsa denuncia, por la calumnia, la difamación y la injuria en contra del periodista al que llamó delincuente”.

Si Lafuente no se presenta al acto de conciliación, la Justicia tomará medidas y obligará a la exfuncionaria a compensar los daños que reclama el denunciante.

Próximos pasos legales

El abogado advirtió que “la próxima semana se señalará audiencia y se notificará a Cochabamba, donde vive la señora Lafuente; si no se presenta, el proceso civil de reparación del daño continuará”.

/KMMN

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La denuncia fue confirmada el 8 de septiembre por el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina. Lafuente ha ampliado la demanda con una segunda acción que está vinculada a la asistencia familiar.

El Ministerio Público ha determinado que no existen riesgos procesales que justifiquen la aplicación de medidas cautelares más restrictivas. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, explicó que, debido a la naturaleza del delito y a la pena que este conlleva, se decidió que el jefe de Estado “afronte el proceso en libertad”.

Detalles de la denuncia

La denuncia inicial incluye acusaciones de abandono de mujer embarazada y otros delitos. Días antes de que se confirmara el proceso, la denuncia se filtró a los medios de comunicación. En el documento, Lafuente acusa al mandatario de haber negado la paternidad del menor y de haberse rehusado a someterse a una prueba de ADN.

Además, Lafuente afirmó que intentó contactarlo en varias ocasiones para resolver el asunto de forma privada, pero no tuvo éxito.

Investigación en curso

Mariaca explicó que, al tratarse de un hecho tipificado como delito, la Unidad de Análisis abrió la investigación e informó al juez cautelar para su control jurisdiccional. También señaló que Arce, en calidad de investigado, se presentó de manera voluntaria para prestar su declaración.

Aunque la investigación se encuentra en etapa de reserva, el fiscal indicó que la denunciante habría solicitado el levantamiento del caso, lo cual deberá ser resuelto por el juez cautelar.

Diligencias preliminares

Se están llevando a cabo diligencias preliminares, como la citación de testigos y la realización de pericias solicitadas por las partes. El miércoles se conoció que Lafuente amplió el proceso legal contra Arce con una segunda demanda en el ámbito familiar.

Esta nueva acción corresponde a asistencia familiar y se suma a la denuncia previa por abandono de mujer embarazada, violencia intrafamiliar y violencia económica.

Lafuente llegó hasta las instalaciones judiciales con su bebé de diez meses en brazos, acompañada de su abogada, Camila Vargas.

/KMMN

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Esta es la segunda demanda que Lafuente interpone contra Arce, quien ya se enfrenta a un proceso por abandono de mujer embarazada.

Detalles de la demanda

La abogada de Lafuente explicó que la demanda busca que el Presidente “cumpla, como cualquier ciudadano, con su responsabilidad de padre”. Según la ley, los gastos de un menor deben ser cubiertos al 50% por ambos progenitores. En este caso, la solicitud pide una manutención mensual de 6.000 bolivianos y una compensación de 50.000 bolivianos por los gastos asumidos durante el embarazo y el nacimiento.

Reacciones del Presidente

La abogada también mencionó que el Presidente Arce fue citado por la Fiscalía el día anterior, pero se abstuvo de declarar. Ante esta situación, se espera que la Fiscalía emita una imputación formal en su contra. Además, advirtió que, si no cumple con nuevas citaciones, el Ministerio Público podría emitir una orden de aprehensión.

Presentación de la demanda

Brenda Lafuente presentó este miércoles, mediante la plataforma del Palacio de Justicia, la demanda de asistencia familiar contra el Presidente Luis Arce. En el momento de la presentación, Lafuente estaba acompañada por su abogada y cargaba en brazos a su bebé de 10 meses. Esta nueva acción civil se suma al proceso penal ya en curso por abandono de mujer embarazada, violencia intrafamiliar y violencia económica.

Justificación legal

La defensa explicó que no se interpuso una demanda de paternidad porque “se da por hecho que él es el padre del niño”. Además, precisó que la vía familiar busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas y el resguardo de los derechos del menor. “Lo que estamos reclamando es el abandono de mujer embarazada, que constituye un ilícito; la violencia económica, que es otro ilícito, y ahora la asistencia familiar, que corresponde dentro de la vía familiar”, señaló la abogada de Lafuente.

Objetivo de las acciones legales

Según la representación legal, el objetivo principal de estas acciones es garantizar la manutención y protección del niño. Por lo tanto, las medidas judiciales no se detendrán. Con la presentación de este recurso, el caso contra el mandatario entra en una nueva etapa que abre un frente adicional en la justicia ordinaria y promete más diligencias en los próximos pasos procesales.

La familia y su defensa insisten en que las actuaciones persiguen exclusivamente el interés superior del niño. Reclaman a la justicia que asegure respuestas efectivas frente a lo que califican como incumplimiento del padre.

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Sin embargo, Arce optó por no emitir declaración y se acogió a su derecho constitucional de abstenerse. Además, afirmó que no había sido notificado sobre la denuncia y que sus abogados se encargarían del asunto.

Detalles de la comparecencia

El abogado de la denunciante, Patricio Vargas, informó que el mandatario llegó a las oficinas del Ministerio Público a las 09:45 horas. Vargas indicó que Arce “decidió no emitir declaración” y se acogió a su derecho constitucional de abstenerse. “Nosotros desconocíamos la fecha de su citación; nos hemos enterado después de que ya había cumplido con este requisito formal”, señaló.

Vargas adelantó que en las próximas horas, o a más tardar mañana, se interpondrá una demanda por asistencia familiar. En caso de que Arce niegue la paternidad, la defensa solicitará que un juez ordene la toma de muestras biológicas para realizar una prueba de ADN.

Posibles acciones legales

“Si el Presidente se opone, el procedimiento en materia familiar prevé que un juez disponga la toma de muestras biológicas para determinar la filiación. Es un paso legal y necesario”, subrayó el abogado.

El abogado recordó que el delito de abandono de mujer embarazada, establecido en el artículo 250 del Código Penal, contempla una sanción de tres a seis años de prisión. La defensa de Brenda Lafuente aseguró que continuará informando a la opinión pública sobre los avances del caso, dada la repercusión que ha generado en el país.

La denuncia de Brenda Lafuente

La exdirectora de la AJAM denunció que tuvo una relación con el Jefe de Estado después de su salida de la institución estatal y que, como resultado de esa relación, quedó embarazada. Sin embargo, afirmó que Arce negó ser el padre de su hijo y la bloqueó en todas las redes sociales para evitar cualquier comunicación.

“Nos dejó en un abandono absoluto durante todo el embarazo. Le pedí que asuma su responsabilidad de padre, pero se negó a cumplir con sus obligaciones”, expresó Lafuente.

Confirmación del caso

La denuncia en contra del Presidente fue confirmada por el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, quien indicó que el caso se encontraba en reserva. Lafuente, al respecto, confirmó este lunes que solicitó levantar la reserva del caso, después de que la noticia se “filtrara” a los medios de comunicación.

Según los documentos difundidos y la relación de los hechos, Brenda L. quedó embarazada del Presidente Arce en 2024 y en noviembre dio a luz. Según su relato, tras esa fecha no pudo volver a contactarse con el Jefe de Estado.

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Según el testimonio de Lafuente, la última vez que se encontró con Arce fue en julio de 2024, cuando ella tenía cinco meses de embarazo. En sus palabras, el presidente le dijo: “Ese hijo no es mío”. Aseguró que se sintió abandonada, dejada a su suerte con el bebé en su vientre. En su relato, también mencionó que no tenía empleo y que tuvo que vender ropa por internet para poder mantenerse.

Complicaciones durante el embarazo

Durante la entrevista, Lafuente reveló que sufrió dos amenazas de aborto. Esta situación, según explicó, la llevó a tener una cesárea anticipada en el octavo mes de gestación. Actualmente, el niño tendría 10 meses de edad. “Es idéntico. Es él en bebé”, afirmó Lafuente, al referirse al parecido físico del menor con el presidente Arce.

Exigencia de justicia

Lafuente enfatizó que exige que Arce se presente ante la justicia como un ciudadano común y que se someta al análisis genético. “Este delito que cometió no reconoce fueros. Que venga y que se tome la muestra de ADN”, declaró. También advirtió que el estudio debe contar con un perito externo, ya que teme que los resultados puedan ser manipulados.

Desmentido de rumores

En otro momento de su declaración, Lafuente negó tener cualquier relación sentimental con uno de los hijos del presidente. Desmintió así versiones que habían circulado en redes sociales. Atribuyó esos rumores a una campaña de “guerra sucia”, que, según ella, se originó para desviar la atención del verdadero contenido de su denuncia.

Intentos de contacto

Lafuente también compartió que, en su intento por comunicarse con Arce, llegó a comprar hasta 8 chips de teléfono distintos. Esta situación, según indicó, refleja la desesperación que sintió al no obtener respuestas del mandatario. Su relato pone de manifiesto la angustia que ha vivido en medio de esta complicada situación.

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La acción judicial fue formalizada en La Paz. Según lo explicado por Campero, la demanda se fundamenta en la sentencia absolutoria que fue dictada a favor de su defendido. Luis Muñoz enfrentó dos años de proceso judicial y fue encarcelado preventivamente debido a una denuncia que, según su abogado, carecía de sustento. Campero también indicó que Lafuente nunca se presentó a las audiencias del juicio.

“El caso es similar al seguido por la Procuraduría General del Estado contra Arturo Murillo, por lo tanto, esperamos el mismo resultado. La Justicia no puede discriminar un procedimiento de otro”, afirmó el jurista.

Acusaciones contra el periodista

Luis Muñoz, quien trabajaba anteriormente en la AJAM y era responsable de las redes sociales de esa institución, fue acusado de haber producido un meme que contenía el rótulo de “falso”. Este meme supuestamente fue elaborado por encargo de Lafuente. Sin embargo, el material no habría sido del agrado de la exdirectora, lo que, según la defensa, provocó una denuncia “desproporcionada”.

Impacto en la vida de Muñoz

El periodista, visiblemente afectado, declaró: “El pedido no es por venganza, es para resarcir los daños irreversibles causados a mis hijos, a mi familia. Hubo gastos por abogados, psicólogos, un divorcio, garantes que se tuvieron que contratar. Fueron 2 años de estrados judiciales”.

Muñoz también recordó que, incluso mientras estaba detenido, solicitó a Lafuente que desistiera del proceso, advirtiéndole que detrás de él había una familia. “Hoy ella es madre. Esta situación no se la deseo. 2 años después, demostré mi inocencia”, enfatizó.

Exigencias de disculpas públicas

Además del resarcimiento económico, el periodista exigió disculpas públicas de parte de la exautoridad. Considera que la denuncia vulneró sus derechos y destruyó su entorno familiar. “Más que un resarcimiento económico, espero un acto de reconocimiento y reparación moral”, afirmó Muñoz.

Próximos pasos legales

La demanda ha sido presentada oficialmente ante las instancias judiciales correspondientes. Ahora, corresponde al sistema legal determinar la procedencia del resarcimiento económico solicitado por Muñoz.

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Lafuente puso su cargo a disposición la semana precedente, luego de que se le habría exigido su renuncia, desde el Ministerio de Minería se aceptó la dimisión el viernes anterior y el martes reciente salió la notificación de su desvinculación.

Según denunciaron varios funcionarios, la ahora exdirectora de la AJAM destituyó, sin ningún justificativo, a muchos funcionarios en la reciente semana para contratar con urgencia a nuevos elementos.

Sólo durante la mañana del martes se entregaron diez memorándums de despidos. Además, exigió a todo el personal extraños “aportes” porcentuales, muy diferentes a los que se entrega habitualmente al partido, en los recientes días, según reporte de la red Erbol.

En abril, Lafuente envió con celeridad a la cárcel a su comunicador institucional, de manera autoritaria y con presunto uso indebido de influencias que no respetaron el debido proceso, por supuesta violencia política a raíz de un meme que ella ordenó elaborar y difundir en las redes sociales.

Tras la condena generalizada, las autoridades retrocedieron y decidieron liberar al comunicador.

En 2021, el diputado de Comunidad Ciudadana, José Guillermo Benavides realizó una petición de informe al Ministro de Minería para que responda si Lafuente cumple con los requisitos mínimos que manda la normativa para asumir esa función.

Sin embargo, en respuesta, la exdirectora de la AJAM inició un proceso contra el hijo del legislador que ocasionalmente fue contratado como asesor legal.

La máxima autoridad de Minería nunca respondió a la petición de informe ni a los medios sobre el requisito mínimo de seis años de experiencia en temas mineros que debe cumplir la máxima autoridad de la AJAM.

Según fuentes que prefieren mantenerse en reserva, Lafuente no fue elegida por el Ministro de Minería para que ocupe el cargo de esa institución descentralizada, sino que fue impuesta “desde arriba”.

Brenda Lafuente nació el 21 de junio de 1993. El 2013 fue candidata a Miss Cochabamba. Desde el 2016 ejerce la profesión de abogada, según el Registro Público de la Abogacía.

Trabajó en la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, fue asesora legal del Ministerio de Justicia y también fue abogada patrocinante del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. En enero de 2021 fue posesionada como directora de la AJAM.

/MDCB

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El periodista está detenido en el penal de San Pedro por más de dos días, será liberado para cumplir una detención domiciliaria, luego que su defensa apeló a las medidas cautelares en una audiencia que se realizó el martes 5 de abril.

Según el abogado defensor, Marcelo Valdez, la directora de AJAM no se presentó a la audiencia de apelación a la detención preventiva de Muñoz, por lo que estaría asumiendo culpa; asimismo se establecen otros elementos y delitos como tráfico de influencias y nombramiento ilegales y una serie de situaciones.

Por su parte, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos acusó durante una entrevista en los medios nacionales, a la Directora de AJAM, por tener una actitud “delincuencial”, usar su poder para hacer meter a la cárcel al hijo de un diputado y a un comunicador de esa institución.

DATOS

En junio del 2021, Diego Benavides, fue aprehendido y luego detenido por una denuncia de corrupción de la AJAM, en ese momento su padre, el diputado José Guillermo Benavides manifestó que era una represalia por la petición de informe escrito que hizo a Brenda Lafuente para que explique sobre su designación, según informó la agencia de noticias ANF.

/ SVL

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Manifestó que en su gestión se desarrollaron 20 operativos contra la minería ilegal, del cual un 95% resultó exitoso. Cuatro de estas acciones se desarrollaron en áreas protegidas tres en el parque Madidi en la ciudad de Riberalta y uno en Apolobamba de La Paz.
Resaltó que se está elaborando un proyecto de Decreto Supremo para crear un consejo contra la minería ilegal con ayuda de la Policía, Fuerzas Armadas, Procuraduría y otros.

En el caso del Parque Madidi, expresó que se realizaron dos inspecciones, pero aclaró que no se puede realizar un operativo directo por el riesgo, debido a las personas con armamento que intervinieron en el lugar.

Es la razón por la que se presentó una denuncia al Ministerio Público para que bajo su dirección se realice una inspección al lugar, por la explotación ilegal de minerales y hasta el momento se tiene identificados a los denunciados.
Otro funcionario de la AJAM que acompañó a Lafuente, mencionó que recibió amenazas en sentido de que “correrá sangre si ingresa la AJAM y el Ejército”.

Mientras que la senadora Cecilia Requena, dijó que la minería ilegal esta fuera de control y que la AJAM se encuentra de manos atadas.

/ABH

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Asimismo, detalló que la entidad no otorgó ningún derecho para trabajar en explotación minera en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado del Madidi, porque esto depende de la emisión de un certificado de compatibilidad de uso que otorga el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

En días precedentes un guardabosque denunció que 100 personas escoltaron maquinaria hasta las riberas del río Tuichi en el Madidi; se les exigió explicaciones, pero amenazaron y obligaron a borrar las imágenes tomadas con el celular.

Lafuente explicó que cuando la AJAM tuvo conocimiento de la explotación ilegal de minerales en el Madidi, se asumieron acciones legales de forma inmediata y se coordinaron tareas con otras instituciones.

También explicó que se realizó una inspección ocular al lugar y se verificó la situación para determinar la cantidad de efectivos policiales que se necesitan para realizar un operativo. Sin embargo, Lafuente acusó a legisladores de oposición de “entorpecer” el trabajo.

“No se puede arriesgar la vida de los funcionarios, ni de los efectivos policiales o comunidades. El procedimiento a seguir toma varias etapas para lograr éxito en el plan que debe guardarse en reserva por el carácter estratégico de los operativos contra la minería ilegal. Se ha puesto sobreaviso a los autores”, puntualizó la autoridad.

La ejecutiva de la AJAM remarcó que de todas maneras se hizo la denuncia formal ante la Fiscalía con base en el informe de las inspecciones previas, según reportó el diario Página Siete.

También aclaró que la solicitud para entrar al área protegidas de parte de la Cooperativa Azariama Colorado quedó sin efecto porque el certificado de compatibilidad que le otorgó el Sernap durante el Gobierno de Jeanine Añez es ilegal.

“La AJAM ha rechazado 97 solicitudes nuevas de trámites que pretenden trabajar en áreas protegidas, debido a que el certificado de compatibilidad de uso refleja que es una zona incompatible con la actividad minera”, dijo.

La ejecutiva no informó cuál es la situación de otras ocho empresas y cooperativas que asedian esa reserva natural.

Lafuente sostuvo que existen derechos preconstituidos, pero se verificará si no vulneran la normativa ambiental. El ocho por ciento del Parque Madidi está comprometido a 140 empresas y cooperativas mineras, según reveló La Nube con datos de la AJAM.

/RXVCH/

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