Denuncia penal contra exautoridades del BCB

El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública presentó formalmente una denuncia penal ante el Ministerio Público contra exautoridades del Banco Central de Bolivia (BCB). Esta acción legal responde a un presunto daño económico superior a 4,5 millones de bolivianos vinculado a la adquisición de billetes conmemorativos del Bicentenario.

De acuerdo con los datos brindados por la institución estatal, la denuncia interpuesta este martes 1 de septiembre de 2026 apunta a la posible comisión de delitos como conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Implicados en la denuncia

Según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI), la denuncia recae directamente sobre el expresidente interino del BCB, Roger Edwin Rojas, además de exintegrantes del directorio y exfuncionarios de las áreas de Tesorería, Análisis y Programación que participaron en el proceso.

Antecedentes de la operación

Los antecedentes del caso señalan que la operación fue autorizada el 18 de abril de 2024, durante la gestión del entonces presidente Luis Arce. El objetivo era adquirir un lote superior a un millón de piezas de billetes conmemorativos fabricados en material polímero.

Cada unidad, ofertada al público a un valor inicial de 50 bolivianos, contenía imágenes de figuras históricas como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Túpac Katari y Bartolina Sisa, acompañadas de paisajes y símbolos representativos del país.

Auditoría revela fracaso en ventas

No obstante, según detalló el viceministro del área, Yamil García Delfín, una auditoría especial reveló que la comercialización de este material numismático fracasó al haberse colocado una proporción inferior al 4% del total adquirido. El informe gubernamental advirtió que el ritmo de ventas promediaba unas 270 piezas mensuales, lo que habría significado un plazo superior a dos siglos para lograr la distribución total del tiraje impreso.

Investigación y recuperación de recursos

Asimismo, la investigación preliminar expuesta por ABI indicó que la millonaria adquisición se ejecutó sin la existencia previa de estudios técnicos, legales o de mercado que sustentaran su viabilidad financiera. Ante esta situación, el Viceministerio adelantó que, además de la prosecución de la causa penal, se solicitará la anotación de bienes de los implicados con el propósito de buscar la recuperación de los recursos públicos afectados.

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