Hugo de Zela, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, comentó en una entrevista con la emisora RPP que el análisis sobre el salvoconducto para Chávez “es un tema que recién estamos empezando a analizar”. Este análisis se inició tras recibir la solicitud el lunes por la tarde. De Zela subrayó que es necesario realizar los estudios jurídicos pertinentes antes de ofrecer una respuesta.

A pesar de que Chávez tiene una orden judicial que le prohíbe salir del país, De Zela aseguró que Perú actuará de acuerdo con lo que establece la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que fue firmada en Caracas. El canciller recordó que este tratado impone “obligaciones específicas” y que Perú aplicará lo que estipula este instrumento, que incluye la posibilidad de emitir salvoconductos.

Proceso de asilo político

De Zela explicó que existen dos etapas en el proceso de asilo. La primera corresponde al país que otorga el asilo, que debe determinar si se trata de un delito común o un delito político. En este caso, México ha tomado la decisión de conceder asilo político a Betssy Chávez, y este derecho no puede ser cuestionado.

La segunda etapa implica que el país que solicita el asilo, en este caso México, debe pedir al país que conceda el salvoconducto para que la persona asilada, Betssy Chávez, pueda salir del país. Es responsabilidad de Perú tomar una decisión sobre esta solicitud, y eso es lo que actualmente se está analizando, según el ministro peruano.

Posición política de México

No obstante, el canciller De Zela reiteró que “la posición que ha adoptado México tiene ya un tiempo, comienza en 2022, cuando hubo el intento de golpe en el Perú que todos conocemos”. Se refiere al fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, quien está detenido y enfrenta cargos por rebelión y conspiración junto a Chávez.

De Zela afirmó que desde ese momento, México ha mantenido una postura política que responde a consideraciones ideológicas. Según él, México no ha aceptado la realidad de Perú y ha creado una “realidad paralela”, sosteniendo que Pedro Castillo sigue siendo presidente y que está injustamente encarcelado. Desde la perspectiva de Perú, no hay persecución política contra ninguno de los dos.

Ruptura de relaciones diplomáticas

La decisión de México de otorgar asilo político a Chávez, después de haber hecho lo mismo con la esposa e hijos de Castillo, llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con México, según lo anunciado por el canciller el lunes. Desde la caída de Castillo y el apoyo del Gobierno mexicano hacia él, ambos países habían retirado a sus embajadores.

La reciente decisión implica la retirada de todo el personal diplomático, incluidos los agregados de negocios que aún se encontraban en el país. Mientras tanto, Betssy Chávez sigue en la embajada de México en Lima, esperando recibir el salvoconducto que le permita salir del país. En este contexto, uno de sus abogados, Luis Barranzuela, renunció a su defensa durante la audiencia judicial que se lleva a cabo en este día por el fallido intento de golpe de 2022.

Fuente: EFE

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Zela explicó que esta decisión se ha tomado “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”. Además, confirmó que el Ejecutivo peruano considera el asilo como una interferencia en sus asuntos internos. “Estamos a la espera de una comunicación formal de la Embajada de México sobre la situación de la señora Chávez”, declaró el ministro.

Relaciones consulares mantenidas

A pesar de la ruptura, la Cancillería peruana precisó que solo se mantendrán las relaciones consulares. Esto es para garantizar la atención y protección de los ciudadanos peruanos que residen en México. Betssy Chávez enfrenta actualmente un proceso judicial por el presunto delito de rebelión, relacionado con su participación en el fallido intento de disolución del Congreso que ocurrió el 7 de diciembre de 2022.

Chávez había logrado la libertad con restricciones tras un periodo de prisión preventiva en el penal de Chorrillos. Sin embargo, su decisión de solicitar asilo se produce en un momento de mayor presión judicial. Fuentes cercanas a su defensa indicaron que el pedido se debe al temor de que “el proceso sea utilizado con fines políticos”, especialmente después de que el Ministerio Público solicitara ampliar la acusación en su contra.

Conflicto diplomático prolongado

La ruptura con México no es un hecho aislado, sino que representa la culminación de un conflicto que se ha desarrollado desde la asunción de Dina Boluarte. El gobierno mexicano, liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha mantenido una postura crítica hacia la administración peruana, calificando la destitución de Castillo como un “golpe parlamentario”.

Este no es el primer conflicto diplomático entre ambos países. En 2023, Perú ya había declarado persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy, después de que se otorgara asilo a Lilia Paredes, esposa del expresidente Castillo, y a sus hijos. El caso de Chávez lleva el vínculo al punto más crítico, con consecuencias previsibles en ámbitos como el comercio y la cooperación.

Impacto en comercio y cooperación

La decisión de romper relaciones podría tener un impacto en diversos frentes, incluyendo el comercio bilateral, la cooperación técnica y los programas culturales. Esto es relevante dado que México es uno de los principales socios comerciales de Perú en América Latina. Políticamente, esta situación refuerza la tesis del Ejecutivo peruano sobre “interferencia externa” en sus procesos judiciales.

Situación del asilo de Chávez

Hasta ahora, la Embajada de México no ha emitido un comunicado oficial confirmando si otorgará el asilo a Betssy Chávez. De ser aceptado, Chávez quedaría bajo protección diplomática mientras se gestiona su eventual salida del país. Si se rechaza, podría enfrentar una nueva detención por parte de la justicia peruana. La Cancillería peruana está evaluando declarar persona non grata a diplomáticos mexicanos, dependiendo de la respuesta sobre el asilo.

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El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley fue el encargado de rechazar una solicitud de sobreseimiento presentada por Castillo y otros imputados en este caso. Esta información fue compartida por el Poder Judicial a través de la red social X.

Juicio Oral por Rebelión

Con esta resolución, se ha determinado que el exmandatario se someterá a un juicio oral por el fallido golpe de Estado. Este evento llevó a que el Congreso lo destituyera poco después de su intento, junto con sus exprimeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.

Al comunicar su decisión, el juez Checkley indicó que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de los imputados “deben ser contrastados en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación” del caso.

Continuación del Proceso Judicial

El Poder Judicial ha decidido continuar con el proceso que enfrenta Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión, así como otro en agravio del Estado. La resolución sobre el pedido de sobreseimiento se realizó en una audiencia virtual durante la etapa de control de acusación y no puede ser apelada.

Además, en este caso también serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, quien actualmente es un congresista. Asimismo, se incluyen a los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.

Solicitudes de la Fiscalía

Al presentar su solicitud de acusación en enero, la Fiscalía solicitó que el exmandatario sea condenado a 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. También pidió que Chávez, quien era primera ministra durante el fallido golpe y actualmente se encuentra en prisión preventiva, reciba una condena de 25 años de cárcel.

Por su parte, Torres, que había dejado el cargo de primer ministro pero seguía siendo asesor jurídico de Castillo, podría enfrentar 15 años de prisión. Actualmente, el juez Checkley está llevando a cabo la etapa de control de pruebas, donde se evalúan las evidencias presentadas por la Fiscalía y la pertinencia de los testigos que serán convocados a declarar.

Próximos Pasos en el Juicio

El proceso judicial aún debe esperar a que el magistrado concluya con la etapa de control de pruebas y emita un auto de enjuiciamiento. Este auto formalizará el inicio de un juicio oral que, debido al alto cargo que ocupó Castillo, deberá ser asumido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

Pedro Castillo fue destituido por el Congreso poco después de que, en un mensaje televisado el 7 de diciembre de 2022, anunciara su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.

En respuesta a esta acción, fue destituido por “permanente incapacidad moral” y posteriormente detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Desde entonces, permanece en prisión mientras enfrenta cargos por el delito de rebelión y otros casos de presunta corrupción.

Fuente: EFE

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