Rechazo a la nacionalización

“En un ampliado, nuestro servicio interprovincial y urbano ha determinado rechazar contundentemente la nacionalización de autos indocumentados. Estamos hablando de más de 1.200.000 vehículos que se han internado al territorio nacional. Eso va a generar caos, sobreacumulación de movilidades, especialmente en centros urbanos como La Paz”, declaró Tancara mediante El Deber.

El dirigente del transporte considera “ilógico” que se intente legalizar vehículos que no cuentan con registro, mientras el Estado destina entre 70 y 83 millones de dólares semanales a la subvención de combustibles. “Si se nacionalizan más autos, ¿a cuánto va a subir la subvención?”, cuestionó Tancara.

Historial de propuestas similares

Tancara recordó que propuestas similares ya habían sido planteadas en años anteriores en la Asamblea Legislativa, pero fueron rechazadas por el transporte organizado. “Hace tres años lo hizo el señor Freddy Mamani cuando era presidente de Diputados. El transporte se opuso y lo seguirá haciendo”, enfatizó.

Exhortación a las autoridades

El representante del sector ha instado a las nuevas autoridades electas, incluyendo al Presidente y al vicepresidente, a desistir de promover una medida que podría perjudicar a los transportistas formales y distorsionar aún más el mercado automotor. “Orgánicamente hemos pedido que desistan de esa posición. No es conveniente manejar aquella situación”, sostuvo Tancara.

Advertencias de otros sectores

La postura del Transporte Libre se suma a las advertencias de otros sectores que consideran que una eventual nacionalización podría incentivar el contrabando y representar una amenaza para la seguridad vial, el medio ambiente y la economía formal.

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Durante la campaña electoral, Rodrigo Paz presentó una iniciativa para legalizar los autos indocumentados. Sin embargo, tras el rechazo de esta propuesta en Chile, Paz aclaró que los vehículos que tengan un reporte de robo serán devueltos a su país de origen, según lo reportado por Unitel.

Críticas a la propuesta

El diputado chileno Sebastián Huerta ha manifestado su preocupación, argumentando que la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) implica la legalización de autos que son robados en Chile. Huerta ha expresado su desacuerdo y ha tomado acciones para que se revise esta situación.

“Es por eso que estamos en la Contraloría General de la República, para que la Contralora Doroti Pérez revise el acuerdo de visado Mercosur que tenemos con dicho país (Bolivia)”, declaró Huerta en relación a su postura sobre el tema.

Defensa de la legalización

Este martes 21 de octubre de 2025, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, salió en defensa de la propuesta de su partido. Rada argumentó que la legalización de los autos indocumentados permitirá identificar de manera más efectiva los vehículos que han sido robados.

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Esta iniciativa tiene como objetivo regularizar el parque automotor y reducir la evasión fiscal. Además, está dirigida a las zonas rurales, donde estos vehículos facilitan el transporte de productos y personas, asegurando movilidad y acceso a servicios básicos.

Contexto de los autos indocumentados

Roca explicó que Bolivia cuenta con cerca de 500.000 vehículos indocumentados que ingresan legalmente hasta Iquique, Chile, y luego son introducidos al país debido a políticas fiscales que encarecen los trámites hasta “el doble o el triple que el propio auto”. Esto genera que muchos propietarios opten por el contrabando para mantener la movilidad de sus vehículos.

Exclusión de autos robados

El diputado aclaró que la legalización propuesta no abarca autos robados, los cuales seguirán siendo perseguidos y castigados como un delito penal. Esta distinción permite separar claramente el problema de la evasión fiscal de la criminalidad, evitando confusiones sobre la finalidad de la ley.

Propuestas de la ley

El anteproyecto propone eliminar la prohibición de importar autos usados, reducir los impuestos asociados y establecer una tasa municipal de registro que oscilaría entre 0 y 30%, con un promedio del 15%. De esta manera, los propietarios pagarían en su municipio en lugar de en la aduana, lo que facilita la legalización de los vehículos y simplifica el proceso administrativo.

Además, se plantea reemplazar el impuesto anual al vehículo por una tasa de rodaje. Esta medida incentivaría la renovación del parque automotor y otorgaría beneficios a los autos eléctricos durante los primeros años. De esta manera, se promueve un cambio gradual en la matriz energética y se fomenta la sostenibilidad.

Diferenciación de vehículos

Roca explicó también cómo se diferenciarán los autos indocumentados de los robados mediante la verificación del número de chasis y la colaboración entre las policías de Bolivia y Chile. Con esta se busca que los autos robados no se mezclen con los legales, evitando confusiones y reduciendo riesgos de criminalidad, al tiempo que garantiza seguridad jurídica para los propietarios.

Un cambio tributario necesario

El diputado subrayó que la medida no es un “perdonazo” ni un tratamiento de excepción: “Este no es el que entró ilegal, ahora lo legalizamos y le damos un beneficio y todo sigue igual. ¡No! Es un cambio del régimen tributario para el sector automotriz”.

Según Roca, la legalización permitirá resolver un problema estructural que afecta a miles de bolivianos, especialmente en las áreas rurales, donde los propietarios de autos indocumentados enfrentan extorsiones y altos costos por combustible.

Invitación al diálogo político

Finalmente, el diputado invitó a otros actores políticos a discutir la propuesta para avanzar en su implementación. “Yo invito a don Tuto Quiroga y a Rodrigo Paz a que discutamos este anteproyecto de ley para que la legislatura entrante tenga ya algo muy avanzado, muy racional para solucionar un problema grave que tienen cientos de miles de bolivianos, sobre todo en nuestras áreas rurales”, finalizó.

LDVY

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