Es indudable que el éxito político y electoral de Nayib Bukele se explica por su política de seguridad. Durante décadas, las pandillas organizadas habían convertido a El Salvador en el país más violento de Centroamérica. Bukele decidió enfrentar el problema con medidas contundentes: 92.000 encarcelados, una fuerte presencia policial y militar en las calles, y el régimen penal más severo del continente. Aunque sus métodos fueron cuestionados por presuntas violaciones de derechos humanos, sus resultados son incuestionables: según datos oficiales, en 2025 los homicidios cayeron 97% respecto de 2019 y las pandillas fueron neutralizadas.

La radicalidad de Bukele contra la delincuencia no solo lo ha convertido en uno de los presidentes más populares de América, sino que ha inspirado a más de diez países de la región a aplicar algunas de sus estrategias. Sobre todo, ha puesto en cuestión los enfoques de seguridad interna aplicados en la región, especialmente con relación a la política criminal y penitenciaria.

Aunque la situación en Bolivia es muy diferente de la que vivió El Salvador, la presencia del crimen organizado ligado a redes de narcotráfico, la infiltración de las instituciones encargadas de combatirlo, y la pérdida de control estatal en zonas dominadas por el delito han colocado a la seguridad como una de las preocupaciones más relevantes en los últimos años.

Según un reporte de la Fundación MILENIO, en 2025 existían al menos 17 clanes ligados al narcotráfico en Bolivia, además de grupos criminales relacionados con el contrabando y la explotación aurífera, que operan sobre todo en las fronteras. En lo que va de 2026, los medios reportaron más de 50 asesinatos bajo la modalidad de sicariato y ajustes de cuentas.

Es evidente que el problema tiene muchas causas: la debilidad estatal, la permisividad con el delito en los últimos 20 años, la informalidad y la corrupción. Pero también se debe a que nuestra legislación no reconoce la cadena perpetua ni la acumulación de penas; y al colapso del sistema judicial que ha perdido capacidad sancionatoria y eficacia disuasiva, que es implacable con los débiles y servil con los poderosos, y que ha subordinado la protección de la sociedad a intereses y objetivos personales de muchos de sus operadores.

La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, promulgada en 2001, es parte del conflicto. Esta norma tiene como uno de sus objetivos lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado y, sobre este principio reconoce a los privados de libertad más derechos que obligaciones. Una de sus mayores distorsiones es la administración y gobernanza de los penales. Los presos tienen el control de la disciplina interna, forman parte de Consejos Penitenciarios junto a las autoridades policiales, eligen delegados, pueden convivir con sus hijos menores de seis años, ser tramitadores de sus compañeros, acceder a un régimen de trabajo o estudio externos, entre otros beneficios. Lo que la ley concibió como participación se convirtió, en la práctica, en autogobierno.

Las cifras del fracaso son elocuentes. Según datos de la Defensoría del Pueblo, nuestro país cuenta con 46 centros penitenciarios que albergan a 33.000 privados de libertad; cerca del 54% son detenidos sin sentencia. El hacinamiento total supera el 109%, aunque en algunos centros es mayor al 400%. Los servicios básicos han colapsado, y la violencia y la corrupción son parte de la vida cotidiana: entre enero y septiembre de 2026, 17 presos fueron asesinados dentro de las cárceles y, de acuerdo con una investigación publicada por ANF, entre 2019 y 2024 se registraron más de 500 muertes bajo custodia.

La rehabilitación y la reinserción son meramente declarativas: según datos oficiales más del 70% de los detenidos es reincidente en la comisión de delitos. Muchas cárceles han sido tomadas por organizaciones delictivas y en ellas el crimen puede operar impunemente, a través de mecanismos de extorsión, violencia y chantaje, en complicidad con un sistema judicial oprobioso y un Estado permisivo que sigue debatiendo soluciones parciales como amnistías e indultos, dispositivos electrónicos de vigilancia y pago de prediarios.

Bolivia necesita una nueva política criminal y penitenciaria. Eso significa poner fin al autogobierno de los penales y devolver al Estado el control de la disciplina interna; separar a los internos según su peligrosidad; construir recintos de máxima seguridad; reducir la detención preventiva; priorizar el cumplimiento efectivo de las sentencias, la protección de las víctimas y la reparación del daño y; abrir el debate sobre los límites de las penas para los delitos más graves, aunque exija reformar la Constitución.

No se trata de cambiar el Estado de derecho por la arbitrariedad ni de importar modelos ajenos, sino de recuperar algo más elemental: que la ley se cumpla dentro y fuera de las cárceles. Un Estado que no controla sus prisiones ya ha empezado a perder el control del país.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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