Arrestos por incumplimiento de asistencia familiar en Bolivia

Un total de 47 personas fueron arrestadas en Bolivia en la jornada electoral del 22 de marzo por incumplimiento de asistencia familiar. Esta acción se realizó en aplicación de la normativa vigente que sanciona la falta de pago a favor de menores de edad.

Normativa y consecuencias legales

La abogada Paola Barriga explicó que esta obligación está establecida en la Ley 603, Código de las Familias, que exige a los progenitores garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de sus hijos. Las consecuencias legales son claras. Según detalló Barriga, el incumplimiento por tres meses consecutivos puede derivar en una orden de aprehensión, previa solicitud de la parte afectada.

Condiciones para la liberación

La jurista indicó que, una vez ejecutada la medida, el deudor puede recuperar su libertad si paga el monto total adeudado. El monto mínimo de asistencia familiar está fijado en el 20% del salario mínimo. “Estamos hablando de que con 660 bolivianos mensuales el progenitor podría cumplir y evitar este tipo de procesos”, sostuvo.

Legalidad de los arrestos durante las elecciones

Respecto a la legalidad de los arrestos en recintos electorales, Barriga fue enfática al señalar que no existe vulneración de derechos. Asimismo, reconoció que la normativa contempla situaciones excepcionales como enfermedad o falta de empleo, aunque estas deben ser debidamente justificadas ante la autoridad judicial.

Aprehensiones adicionales durante la jornada electoral

Durante la jornada electoral, además, se reportó la aprehensión de 149 personas en distintos puntos del país. Estas personas contaban con órdenes judiciales vigentes y fueron identificadas en los recintos electorales. Desde la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario informaron: “Han sido sorprendidos en el momento que sufragaban… el sistema arroja directamente los problemas judiciales que tienen”.

Responsabilidad parental y cumplimiento

La abogada Paola Barriga enfatizó: “El progenitor tiene que generar los recursos necesarios para el desarrollo normal de un menor de edad”. Además, precisó: “De no cancelar tres meses consecutivos, el juez procede a emitir la orden de aprehensión”. Finalmente, afirmó: “Si cancela la totalidad de la liquidación, es liberado de manera inmediata”.

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La propuesta fue presentada ante el juzgado familiar 1 de Cochabamba y se espera que el tema se defina en una audiencia. Además, Lafuente lleva un proceso penal contra Arce por abandono de mujer embarazada.

Detalles de la propuesta

En su memorial, Arce explicó que gana Bs 23.353 y propuso pagar el 10% de ese monto mientras se define el tema de la paternidad. “Voluntariamente propongo proporcionar el diez por ciento (10%) de mi salario mensual actual como asistencia familiar provisional, es decir, Bs 2.635,30 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 30/100 BOLIVIANOS), a ser pagados de forma mensual en el modo que su Autoridad indique”, dice la presentación de Arce.

Reacción de Brenda Lafuente

Lafuente, mediante un contacto escueto con Erbol, consideró que con el ofrecimiento, Arce está admitiendo que es el padre del hijo. Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con el monto propuesto por el demandado.

La exfuncionaria explicó que este tema se definirá en una audiencia, donde se debe fijar el monto de la asistencia familiar. Lafuente demandó a Arce por un monto de 8.000 bolivianos, según reveló anteriormente su defensa legal, tomando en cuenta las necesidades del menor.

Proceso penal en curso

Paralelamente, Lafuente lleva un proceso penal contra Arce por el delito de abandono de mujer embarazada. Para este jueves estaba prevista la toma de muestras de ADN, aunque ya se conoce que el denunciado rechazó la pericia.

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Según los datos, estas personas fueron arrestadas cuando se presentaron en sus recintos electorales para emitir su voto, tal como lo reportó Unitel. Limpias explicó que “221 nuevos privados de libertad, 172 más o menos privados de libertad por asistencia familiar, eso es lo que ha preponderado y obviamente más o menos alrededor de unos 40 privados de libertad que están por otros delitos menos relevantes”.

Detenciones por asistencia familiar

El representante de Régimen Penitenciario indicó que la mayoría de estas personas eran buscadas por temas de asistencia familiar. Por esta razón, se había establecido un acuerdo con el Órgano Electoral para llevar a cabo sus órdenes de aprehensión.

“Los han encontrado mientras estaban en el tema de las elecciones. Se ha podido ver que muchos de ellos ya habían sufragado en el lugar donde han sido detenidos”, manifestó Limpias. Tras su captura, estas personas fueron trasladadas a diferentes cárceles del país y se encuentran en reclusión preventiva.

Capturas de personas buscadas

Por otro lado, Vision 360 reportó que el director nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Juan Carlos Bazoalto, informó que durante la jornada de votación, la Policía capturó a 9 personas que eran buscadas y que tenían notificación roja.

De estas detenciones, 3 se llevaron a cabo en La Paz, otros 3 en Santa Cruz, 1 en Tarija, 1 en Potosí y otro en Chuquisaca. En la mayoría de los casos, las personas buscadas enfrentaban procesos por abuso sexual, agresión a menores, tráfico de sustancias controladas y estafa.

Proceso de extradición

Bazoalto declaró que “ya se han hecho las comunicaciones respectivas a los países mencionados y esperamos que en los próximos días ya se pueda tramitar la extradición respectiva”.

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En total, 221 ciudadanos quedaron privados de libertad durante la jornada electoral. De ellos, aproximadamente 172 fueron encarcelados debido a deudas relacionadas con la asistencia familiar. Las restantes 40 personas ingresaron a los recintos penitenciarios por otros delitos. Limpias destacó que estas cifras muestran un aumento en comparación con la primera vuelta, que tuvo lugar el 17 de agosto.

Detenciones durante los comicios

El director del Régimen Penitenciario explicó que las detenciones en el contexto de los comicios son algo habitual. Esto se debe a que las autoridades pueden identificar a los deudores cuando se presentan a votar, lo que les permite cumplir con las órdenes de captura que ya existen.

Limpias también mencionó que varios de los detenidos ya habían emitido su voto antes de ser llevados a los penales. Estas acciones forman parte de un control más estricto para asegurar que se cumpla la obligación de asistencia familiar en todo el país.

LDVY

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Esta es la segunda demanda que Lafuente interpone contra Arce, quien ya se enfrenta a un proceso por abandono de mujer embarazada.

Detalles de la demanda

La abogada de Lafuente explicó que la demanda busca que el Presidente “cumpla, como cualquier ciudadano, con su responsabilidad de padre”. Según la ley, los gastos de un menor deben ser cubiertos al 50% por ambos progenitores. En este caso, la solicitud pide una manutención mensual de 6.000 bolivianos y una compensación de 50.000 bolivianos por los gastos asumidos durante el embarazo y el nacimiento.

Reacciones del Presidente

La abogada también mencionó que el Presidente Arce fue citado por la Fiscalía el día anterior, pero se abstuvo de declarar. Ante esta situación, se espera que la Fiscalía emita una imputación formal en su contra. Además, advirtió que, si no cumple con nuevas citaciones, el Ministerio Público podría emitir una orden de aprehensión.

Presentación de la demanda

Brenda Lafuente presentó este miércoles, mediante la plataforma del Palacio de Justicia, la demanda de asistencia familiar contra el Presidente Luis Arce. En el momento de la presentación, Lafuente estaba acompañada por su abogada y cargaba en brazos a su bebé de 10 meses. Esta nueva acción civil se suma al proceso penal ya en curso por abandono de mujer embarazada, violencia intrafamiliar y violencia económica.

Justificación legal

La defensa explicó que no se interpuso una demanda de paternidad porque “se da por hecho que él es el padre del niño”. Además, precisó que la vía familiar busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas y el resguardo de los derechos del menor. “Lo que estamos reclamando es el abandono de mujer embarazada, que constituye un ilícito; la violencia económica, que es otro ilícito, y ahora la asistencia familiar, que corresponde dentro de la vía familiar”, señaló la abogada de Lafuente.

Objetivo de las acciones legales

Según la representación legal, el objetivo principal de estas acciones es garantizar la manutención y protección del niño. Por lo tanto, las medidas judiciales no se detendrán. Con la presentación de este recurso, el caso contra el mandatario entra en una nueva etapa que abre un frente adicional en la justicia ordinaria y promete más diligencias en los próximos pasos procesales.

La familia y su defensa insisten en que las actuaciones persiguen exclusivamente el interés superior del niño. Reclaman a la justicia que asegure respuestas efectivas frente a lo que califican como incumplimiento del padre.

/KMMN

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Detalles de las aprehensiones

Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, confirmó que “nos informan que tenemos 122 privados de libertad, puede que sigan incrementando”. Esta declaración se dio en el contexto de los operativos realizados en coordinación con las fuerzas del orden en diferentes recintos electorales del país.

Motivos de las detenciones

El 90% de las aprehensiones corresponde a personas que tienen procesos abiertos por incumplimiento de asistencia familiar. El resto de las detenciones se debe a otros tipos de causas judiciales. Las capturas se llevaron a cabo en el momento en que los ciudadanos acudían a emitir su voto.

Proceso posterior a las detenciones

Limpias también indicó que los aprehendidos serán presentados ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Posteriormente, serán enviados a diferentes centros penitenciarios del país.

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Según las declaraciones del ministro Del Castillo en su cuenta de TikTok, estos padres irresponsables se encuentran detenidos en los 49 centros penitenciarios de Bolivia debido a su falta de pago en asistencia familiar. Esta situación pone en evidencia el impacto social que tiene el incumplimiento de estas obligaciones en el país.

El Día del Padre en Bolivia y otras conmemoraciones

En Bolivia, el Día del Padre fue instituido por el Decreto Supremo del 24 de mayo de 1974, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Además de esta celebración, el 19 de marzo también se conmemora el Día del Carpintero, dedicado al padre de Jesús y carpintero de Galilea, así como el Día del Trabajador de Radio y Televisión.

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La diputada Gabriela Ferrer recordó que su proyecto de ley fue presentado el 25 de mayo de este año y posteriormente fue derivado a la Comisión de Justicia Plural. Además, fue socializado en diferentes instituciones y organizaciones relacionadas con el tema.

También informó que el 26 de junio solicitaron una reunión con el ministro de Justicia, Iván Lima, para tratar este tema, pero no recibieron respuesta alguna. Sin embargo, se sorprendieron al ver su propuesta ser presentada como una iniciativa propia del Ministerio de Justicia.

Priorizando los derechos de los niños y adolescentes

“Independientemente de quién haya presentado la propuesta, en este caso Comunidad Ciudadana, lo que queremos es priorizar los derechos de los niños y adolescentes que sufren violencia económica al no recibir asistencia familiar por parte de sus progenitores”, declaró Ferrer.

Lamentando el plagio gubernamental

Por otro lado, la diputada Samantha Nogales lamentó que el Gobierno haya plagiado esta propuesta originalmente perteneciente a CC y la haya presentado como propia recientemente. “Ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar el título del proyecto de ley. Estamos totalmente abiertos a recibir sugerencias porque es importante recalcar que nuestra propuesta deberá ser tratada según las normas reglamentarias”, manifestó Nogales.

Restricciones incluidas en el proyecto

El proyecto del CC incluía varias restricciones, como impedir la renovación del carnet de identidad para aquellos que deban más de tres meses en concepto de asistencia familiar, la prohibición de comprar bienes inmuebles, contraer matrimonio o realizar trámites en Derechos Reales.

Propuesta gubernamental y llamado a la acción

El pasado lunes, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, presentó el anteproyecto de Ley para Fortalecer el Cumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar como una propuesta gubernamental para crear un registro nacional de deudores. Asimismo, dio a conocer una serie de restricciones en caso que la normativa sea aprobada e instó a la Asamblea Legislativa a tratar esta propuesta lo antes posible en beneficio de los niños y adolescentes.

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El 1 de junio, Pamela M.R. presentó una denuncia al ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, acusando a Mamani de acoso sexual, embarazo y posterior despido. La víctima afirmó que Mamani la hostigaba por teléfono y la amenazaba con despedirla si no accedía a sus pretensiones. Alegó que él se aprovechó de su situación ya que necesitaba el trabajo.

El abogado de la víctima, Mauricio Chiri, informó sobre el acuerdo regulador firmado por Teodoro Mamani y Pamela M.R., ante un notario público donde reconocen los hechos mencionados anteriormente. Además, se comprometió a reconocer al bebé antes de su nacimiento y garantizarle todos sus derechos.

El acuerdo fue suscrito el 29 de junio ante el notario público N° 35. En él se reconoce que mantuvieron una relación sentimental durante siete meses desde noviembre del año pasado. Asimismo, se menciona que la mujer tiene seis meses de gestación.

En cuanto a la asistencia familiar y al seguro médico, el abogado indicó que hasta ahora no han sido cumplidos y esperan que Mamani cumpla con lo establecido en el documento legal.

El quinto punto del acuerdo establece que Mamani contratará a una mujer para cuidar al bebé durante 24 meses, dependiendo de su capacidad económica. Además, se compromete a cubrir los gastos médicos extraordinarios en caso de que el menor requiera atención médica.

El abogado Chiri solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que reubique a la víctima en otra institución para evitar que siga siendo objeto de agresiones físicas, verbales y psicológicas en el Sernap. Consideró que esta es la primera acción que debe tomar el Ministerio para proteger a la afectada.

La mujer denunció que después de ser recontratada por el director del Sernap, fue asignada a un escritorio abandonado sin funciones específicas. Además, afirmó que constantemente es agredida por personas cercanas a Mamani.

En respuesta a estas acusaciones, el Ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, ordenó este jueves 06 de julio la posesión de Omar Tejerina como nuevo director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en sustitución de Teodoro Mamani, quien ha sido denunciado por embarazar a una funcionaria y negociar puestos laborales con organizaciones sociales dentro de esa institución.

/NCC

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En la reunión se convocará a los ministerios, a las bancadas de las tres fuerzas políticas, a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, entre otros, para socializar esta iniciativa.

El objetivo principal es que el parlamento nacional apruebe este proyecto de ley en consenso, cuyo bien mayor es la garantía de los derechos fundamentales de los niñas, niños y adolescentes.

La legisladora aseguró tener información sobre parlamentarios que deben asistencia familiar; en ese sentido, pidió a los afectados hacer llegar la información para solicitar descuentos directos en los salarios correspondientes.

De acuerdo con datos proporcionados por Nogales, dos de cada diez familias homoparentales tienen padres que cumplen con el pago de pensiones mientras que las otras ocho quedan en total indefensión.

En ese sentido, aclaró que esta iniciativa no tiene ningún tinte político y están abiertos para llegar a consensos con todas las partes involucradas y lograr la protección adecuada e integral del infante mediante todo el aparato estatal.

Actualmente el proyecto tiene 11 restricciones, entre ellas, figura la prohibición del ejercicio público si es un caso moroso. La reunión servirá para pulir otros detalles necesarios.

/LMPT

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Sra. GABY CASTELLÓN LEDEZMA Vda. de BLANCAS

(Q. E. P. D.)

Andrés Blancas Zambrana (†) esposo; Julio Castellón Ledezma hijo; Patricia, Julio C. y Johnny Castellón Zambrana nietos; invitan familiares, Jubilados Rentistas del Sector Minero “San José” amistades y demás instituciones a las que en vida perteneció, se dignen a asistir a las honras fúnebres a realizarse en la Funeraria Virgen del Socavón Salón “ARCÁNGEL” ubicado en la Calle Vásquez, Nº 184 Sargento Flores y Sotomayor
La misa de cuerpo presente se realizará a Hrs. 14:30 y posterior traslado al Cementerio Jardín el día martes 03 de enero del presente.
Su asistencia a este acto de piedad cristiana comprometerá la gratitud de la familia doliente. El duelo se despide en la puerta del Cementerio.

Oruro, enero de 2023

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La trabajadora social y responsable de Mujeres en Busca de Justicia, Paola Gutiérrez, explicó que la mayor dificultad es encontrar al acusado para sus notificaciones personales.

“Ya lo hemos iniciado (el juicio), pero hemos tenido obstáculos, observaciones de parte del juzgado (…). Se ha iniciado una demanda familiar por el tema de asistencia en favor de los hijos, en lo que se está estancado el proceso es que no se lo puede hacer notificar personalmente el señalamiento del domicilio laboral”, expresó.

De acuerdo con la profesional, la demanda aún no fue aceptada porque se desconoce la ubicación exacta del domicilio del diputado suplente, por tal motivo, se dio como dirección laboral la Cámara de Diputados en La Paz, pero de igual manera fue rechazada.

El documento de identidad de Abelardo C., sigue mostrando una dirección de Potosí, lo cual significaría que no regularizó el cambio de domicilio a la ciudad paceña.

Gutiérrez relató que debido a otros obstáculos de índole familiar, además de deudas entre la pareja, no se logró acordar un monto de dinero para el pago de la asistencia familiar, pese a que el diputado se habría mostrado dispuesto a resolver el conflicto, según informaron medios nacionales.

La trabajadora social añadió que en caso de acordar un monto de pensión, y que posteriormente sea incumplido, podría trabajarse en un mandamiento de apremio para el diputado suplente.

“Si logramos hacerle notificar, si logramos que se lleve a cabo la audiencia, si se fija ya un monto de asistencia familiar y él no cumple, se puede llegar a un mandamiento de apremio”, afirmó Gutiérrez.

También indicó que la pareja no está formalmente separada; él, de acuerdo con la denunciante, abandonó su hogar hace dos años, en ese lapso de tiempo solo apareció en algunas ocasiones y le aseguró que la relación seguía.

“Ella dice ‘me ha abandonado, me hacía creer que seguía la relación, pero cuando ya él ha iniciado una relación aquí, no mandaba dinero, no venía a visitar a nuestros hijos, me ha dejado con las deudas’”, relató.

/ LMPT

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La madre de la hija de Albarracín señaló que la bebé nació de manera prematura y con problemas de salud, además que hace cinco meses y medio está en terapia intensiva en el hospital Materno Infantil, según ATB Digital.

Asimismo, lamentó que el monto aprobado de 500 bolivianos es muy bajo para la necesidad que su niña tiene.

“La defensa legal de Albarracín argumenta que su defendido no trabaja ni percibe ningún tipo de ingreso económico. Si no trabaja, ¿por qué ni siquiera viene a cuidar a su hija?”, expresó Alanoca, en puertas del Hospital Materno Infantil donde está internada su primogénita.

Indicó que seguirá adelante por la lucha de los derechos de su niña, y por el derecho superior de todo niño.

Sin embargo, el abogado que pertenece a los Servicios Integrales de Justicia, Omar Calcina, explicó que la juez Tarquino no tomó en cuenta las pruebas que presentó la parte demandante, más aún porque la niña requiere de atención médica especializada.

“Albarracín inicialmente no quiso reconocer como su hija a la menor e inició dos procesos de negación de paternidad. Hasta ahora, tampoco se presentó para someterse a una prueba de ADN”, manifestó Calcina.

/AAC/

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