De acuerdo con la imputación fiscal que circula en redes sociales, existen elementos suficientes de convicción respecto a la presunta participación de los sindicados en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, reportó la agencia de noticias ABI.

La orden de aprehensión establece el riesgo procesal de fuga debido a que los sindicados cuentan con un flujo migratorio activo, tal cual establece el certificado migratorio.

“(Existe riesgo de fuga) extremo que acredita la facilidad que tienen de abandonar el país, lo que hace concurrente este riesgo procesal”, indica parte de la resolución.

El documento indica que existe riesgo de obstaculización del proceso, puntualizando en que el Ministerio Publico no “acumuló” prueba documental del caso.

“Como son los registros que hubiesen firmado las órdenes del día en que se hubiese generado, (…), las personas que directa e indirectamente participaron en la reunión de fecha 10 de noviembre de 2019 cuando se pidió la renuncia del Presidente Evo Morales”, manifiesta la imputación.

Por su parte, el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra, manifestó que se trata de un “abuso” del Movimiento Al Socialismo (MAS), declaró que buscan crear una “cortina de humo para tapar el mal manejo de la pandemia y la derrota en las Elecciones Subnacionales”, reportó la red Erbol.

La expresidente, Jeanine Áñez mediante Twitter, denunció que “la persecución política ha comenzado”.

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Vilela indicó que los tres funcionarios fueron designados durante la gestión de Arturo Murillo, bajo conocimiento del exdirector de Migración, Marcel Rivas, quien ya tiene una orden de detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de San Pedro de La Paz.

Los funcionarios que fueron aprehendidos en las poblaciones fronterizas de Puerto Suárez y Puerto Quijarro y trasladados a la ciudad de Santa Cruz, prestaron declaraciones informativas ante los investigadores, acusados por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

La autoridad anunció que pedirán que los detenidos se presenten a la audiencia de medidas cautelares virtual y solicitarán al Juez del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.

Murilo y López salieron del país pese a que sobre ambas exautoridades, pesaba una alerta migratoria para evitar viajes al exterior, por un proceso relacionado a la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio.

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“Sobre el señor (Luis Fernando) López, comunicarle que este no es su gobierno, aquí no perseguimos por pensar diferente, aquí vamos a garantizar el debido proceso, este no es el gobierno de (Jeanine) Áñez, este es el gobierno del pueblo”, afirmó Del Castillo la noche del jueves en conferencia de prensa.

El exministro López presuntamente estaría en Brasil, mientras tiene en su contra una orden de aprehensión por el caso gases lacrimógenos.

Con relación a la aprehensión del exdirector de Migración, Marcel Rivas, Del Castillo aseveró que el Ministerio de Gobierno no tiene ningún proceso iniciado en contra suya, aunque sí conoce que el mismo brindó su declaración ante la justicia.

Rivas fue aprehendido y trasladado a instalaciones del Ministerio Público en La Paz el jueves al mediodía, investigado por supuestamente haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por la salida del país, presuntamente irregular, de los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

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