La condena de diez años de cárcel impuesta a Añez fue dictada por un tribunal de sentencia y posteriormente confirmada por una Sala Penal de La Paz. En el recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinará si modifica o no dicha sentencia.

Último recurso dentro del sistema legal interno

“Este es el último recurso que tenemos dentro de nuestro sistema legal interno. Se trata de un recurso extraordinario que resulta pertinente interponer en el caso de la exmandataria debido a las múltiples violaciones y agravios”, afirmó el abogado Luis Guillén.

Defensa busca anular sentencia y agotará instancias nacionales e internacionales

Los abogados defensores señalaron que con este recurso buscan anular la sentencia en contra de su representada. En caso de obtener un resultado negativo, anunciaron que agotarán todas las instancias nacionales y recurrirán al sistema interamericano de derechos humanos para presentar una demanda.

Sentencia inicial y ratificación de condena

La sentencia inicial fue emitida en 2022, condenando a Añez a diez años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La acusación se basa en la supuesta asunción irregular a la presidencia por parte de la exmandataria en 2019.

Defensa argumenta juicio de responsabilidades y vacío de poder

La defensa de Añez sostiene que su representada debió ser procesada en un juicio de responsabilidades. Además, niegan que la asunción de la exmandataria en 2019 haya sido ilegal, argumentando que existía un vacío de poder debido a las renuncias previas de las autoridades en la línea sucesoria presidencial.

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La entrevista de los comisionados con Añez se realizó en la cárcel de Miraflores, donde la exmandataria está detenida preventivamente desde marzo de 2021 por el caso denominado Golpe de Estado I.

“Cumplo una condena anticipada, una condena prescrita con mi linchamiento desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría del Estado, el jefe del Movimiento Al Socialismo Juan Evo Morales Ayma y el Presidente Luis Arce Catacora”, dice parte de la carta de Añez.

La expresidente señaló que se han vulnerado sus derechos a la vida, a la integridad, al juez natural, al juicio de responsabilidades, siendo ultrajada. Además, denunció la “incomunicación” de recibir visitas fuera de su familia, como también se incumplió su derecho a la salud poniendo en riesgo su vida, los primeros meses de la detención que sufría “tortura física, psicológica y emocional”.

Asimismo reprochó a la CIDH, porque el organismo acudió a Perú para atender a Pedro Castillo cuando éste fue acusado de “golpe de Estado”, pero en su caso, tardaron más de dos años y exigió conocer ciertos informes calificando de “falsos y maliciosos” al Gobierno, por desconocer sus derechos y negarle las medidas cautelares solicitadas.

Recordó también en su gobierno otorgó un salvoconducto a Luis Arce en 2019, para que el pudiera ser atendido de cáncer en el exterior, “y ahora él actúa con total indiferencia ante la situación de la salud”.

La exmandataria igualmente denunció, en su carta, que está encarcelada por “una imputación absurda por terrorismo, sedición y conspiración” que es insustentable. Acotó que se le ha ampliado seis veces la prisión preventiva y que debería ser juzgada en juicio de responsabilidades previa aprobación del legislativo.

Denunció que el Gobierno incumplió las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como también los de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, que se le negó estar presente en su propio juicio, para recibir una “condena vergonzosa” que está en apelación.

“Son dos años y dos semanas que sigo presa, sin delito, sin debido proceso, sin acusación y sin sentencia y con la ilegalidad del proceso ordinario en mi contra. Para que “ustedes” tomen en cuenta en honor a la verdad y mi injusta y vergonzosa detención e indefensión”, indica el texto suscrito por Añez.

La CIDH fue cuestionada con las siguientes preguntas que hizo Añez: “¿Qué hará la Comisión Interamericana Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos para que en Bolivia se respeten mis derechos y los de todos los presos políticos? ¿Qué harán para que el Gobierno boliviano del MAS no continúe esta persecución política totalitaria, como en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y se cumpla la Constitución, Ley 044/2010 y se instaure el Juicio de Responsabilidades?”

Además pidió a la CIDH que actúe en su caso con la misma celeridad y justicia de otros detenidos

/RAC/

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A través de una carta manuscrita y divulgada por sus redes sociales aseguro que fue secuestrada. “Este es mi testimonio a dos años de encarcelamiento por la infamia y crueldad del MAS y su sicariato” escribió Añez. También denunció que jueces sin jurisdicción la obligaron a asistir en audiencias inquisidoras, donde los fiscales piden aumentar su detención, sin fundamento, sin ninguna declaración de testigos.

“El MAS y sus casi 2/3 de cobardes no tuvo ni tiene los pantalones para cumplir la Constitución y aprobar un juicio de responsabilidades porque saben que investigar a la luz pública los hechos de 2019 sentaría en el banquillo de los acusados a su jefazo huido y a su cúpula que organizó su escape del país y desprotegió a todos los bolivianos llamando a la confrontación con sus grupos de choque armados”, añadió.

“El delito de terrorismo ha sido el arma vil donde se escudan para mancillar mi integridad, mi dignidad mi vida y mi libertad, como no soy terrorista, los fiscales y los jueces mandados por el traficante de la justicia Ivan Lima, montaron otro proceso en base a otros delitos también inconstitucionales por su definición dispersa y que vulnera las garantías de los derechos humanos, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes” lamentó.

Sostuvo que en Bolivia no hay un sistema judicial porque este ha sido suplantado por el sicariato masista.

Por ultimo recalcó su compromiso con el país de trabajar desde donde se encuentre, para que en las elecciones del 2025 en unidad se derrote desde la oposición a los gobernantes, a quienes calificó como criminales.

/ NMCC

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“(Realizar un) seguimiento e informe sobre la vulneración de derechos humanos, que autoridades del Gobierno de Bolivia y agentes afín a su agrupación política (MAS), están perpetrando hacia los ciudadanos del departamento de Santa Cruz, mediante un cerco”, estable parte del escrito.

Asimismo, resaltó que Santa Cruz cumple su treceavo día de paro indefinido, exigiendo la realización del censo para 2023, cuestionando la decisión del Gobierno de suspenderlo hasta 2024.

“Queda claro para mí que el fondo de esa decisión fue y es política, ya que el censo habría motivado ineludiblemente e elaborar un nuevo padrón electoral y una reasignación de escaños parlamentarios, algo que simplemente el MAS no desea que ocurra, para seguir gobernando eternamente”, manifiesta la exautoridad.

Según su criterio, el cerco busca producir inanición contra la población cruceña, con la prohibición de ingreso de alimentos; siendo un aspecto condenable por atentar con diferentes derechos.

“Urge por tanto una acción inmediata y decidida, que impida la consumación de los hechos y que configuren mañana delitos de lesa humanidad y genocidio”, finaliza el escrito.

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/JDLF/

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El abogado de Áñez, Luís Guillen, declaró a El Deber que según el juez no se restringieron las visitas de Carlos Mesa el jueves, de Carolina Rivera el viernes o de los abogados el sábado, “según las autoridades, las visitas no estuvieron restringidas”, dijo el jurista.

Durante la audiencia, la defensa de la exmandataria expuso los casos del representante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal; en ambas ocasiones la restricción del ingreso se justificó diciendo que las personas mayores de 55 años no pueden ingresar al penal.

La defensa también mencionó que entre el jueves y el sábado se le negó la entrada en reiteradas oportunidades a Carolina Rivera, hija de la expresidente, y a sus abogados.

En contraposición, los abogados del Gobierno presentaron como prueba el informe de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia) cuya delegada dijo que visitó a Áñez el sábado.

Pese a todos los antecedentes expuestos, la justicia determinó que no se restringen las visitas a la exmandataria, por lo que el pedido de acción de libertad fue rechazado.

/ LMPT

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Añez mencionó en su carta que Del Castillo la reconoció como mandataria y, mientras era senadora, tenía un trato preferencial con ella.

Del Castillo calificó las misivas de Añez como “apócrifas”, instándole a “prepararse” para responder sobre la relación que tuvo con el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Carta de Añez

En horas precedentes, en una misiva difundida en las redes sociales, Añez cuestionó la “doble moral” Del Castillo.

“Asumo que soy una de las pocas personas que puede entender su doble moral, ya que cuando yo era presidenta constitucional, él me escribió y me reconoció como primera mandataria, y mientras era senadora él tenía un trato cercano y preferencial, conmigo”, señala parte de la misiva.

Asimismo, manifestó que la autoridad de Gobierno “cambió por poder” hasta llegar a participar del operativo para concretar su aprehensión, el 13 de marzo de 2021 en Trinidad, Beni.

Polémica con Bolsonaro

La advertencia del titular de la cartera de Estado, surgió tras la polémica generada cuando Bolsonaro señaló que se reunió con Añez.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que la posible reunión no oficial con el Presidente de Brasil, puede corroborar que el Gobierno brasileño fue parte de la supuesta ruptura constitucional en Bolivia en 2019.

“Están apareciendo versiones de que, si hubo reuniones con ministros, con el Presidente de Brasil; entonces, son situaciones (en las) que se debe verificar la información. En caso de que sea cierto, cuáles han sido los fines de esta reunión y, evidentemente, corroboraría de que Brasil también ha sido parte de la ruptura del orden constitucional”, sostuvo en contacto con la agencia de noticias ABI.

/JDLF/

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Mediante una carta pública, la exmandataria relató que la pasada jornada en horas de la noche fue “visitada” por la directora del penal, teniente coronel Maribel Barrenechea, quién le manifestó su molestia por lo ocurrido con su ayudante, la teniente Durán y su denuncia al respecto.

“Implícitamente me llamó mentirosa de lo sucedido, haciéndome sentir amenazada y amedrentada, faltando también el respeto, callando a mi hijo que se encontraba acompañándome e indicándome que eran las consecuencias de lo que me había dicho mi hija Carolina Ribera”, manifestó Añez.

“Tortura” psicológica

Señaló que Barrenechea instruyó verificar su cuarto en horas de la noche, sin importar las explicaciones que le daba, puesto que toma tres píldoras para dormir.

Asimismo, calificó la actitud de la directora como “una clara acción de tortura psicológica”, por lo que sostuvo que el hecho como un “amedrentamiento”, el cual provocó que su presión suba nuevamente.

“Con estos desagradables acontecimientos me siento asustada amenazada y amedrentada por mí y por mis hijos y si algo nos pasarán es estricta responsabilidad del Régimen Penitenciario y la Dirección del Penal”, concluyó Añez.

Denuncia contra la teniente

La pasada jornada, Añez denunció por escrito que la teniente de apellido Durán la insultó y pateó contra una estufa en su habitación. Su hija, Carolina Ribera, acusó a la oficial del haber golpeado a su madre, lo cual fue negado por Régimen Penitenciario.

La Defensoría del Pueblo verificó, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que Añez supuestamente no sufrió agresión física.

“El médico legal y una abogada del Mecanismo se entrevistaron con la señora Añez, quién manifestó haber tenido un altercado con una teniente a causa de la recepción de una queja que ella había presentado y que, al momento de salir de su celda, la uniformada pateó la estufa y el borde de la cama; aclaró que no recibió ningún golpe de parte de personal policial”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Sin embargo, se evidenció un procedimiento inadecuado en la entrega de respuestas a quejas presentadas por las personas privadas de libertad, por lo que se recomendó a Régimen Penitenciario examinar sus procedimientos internos para garantizar que las quejas sean tramitadas en los plazos señalados por ley y notificadas en secretaría de la Dirección del penal, y no en las celdas.

Director del Régimen Penitenciario

En horas precedentes, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, calificó el hecho como una “pequeña situación que se quiso exagerar”.

“Ha sido una pequeña situación que se ha dado entre la policía y la privada libertad Jeanine Añez que no ha ameritado que salgan ese tipo declaraciones, creo que ha sido al contrario, que la policía ha recibido la agresión verbal de parte de la señora Añez”, sostuvo.

/JDLF/

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Respecto a la exmandataria, la acusación sostiene que supuestamente se ejecutó una “ilegal sucesión a la presidencia del Estado”, con la “cooperación” de los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía”.

Los presuntos delitos que se investigan son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, reportó la red Erbol.

Imputados en el caso

Están acusados el excomandante de las FFAA, Williams Kaliman, además de los integrantes de su Comando, Flavio Arce San Martín, Jorge Terceros, Gonzalo Jarjury, Pastor Mendieta, Jorge Fernández, Carlos Orellana, quien fue comandante después de Kalimán. También está acusado el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.

En las acusaciones a los excomandantes, la Fiscalía señala que dispusieron seguridad y traslado para Añez desde su llegada a La Paz el 11 de noviembre de 2019, para su asunción que fue el día siguiente.

Según la acusación, los excomandantes coordinaron el traslado de Añez ese 11 de noviembre hasta el Colegio Militar, luego al Hotel Casa Grande y la Asamblea Legislativa, donde dio una conferencia de prensa.

Asimismo, afirman que Añez tenía personal de seguridad supuestamente como si fuese mandataria, antes de la asunción, y tenía escoltas de la Academia Nacional de Policías y pernoctó en el domicilio de una oficial. Añez fue trasladada de nuevo el 12 de noviembre de 2019 a la Asamblea, donde asumió la presidencia.

Hechos que maneja la Fiscalía

Según la Fiscalía, antes de tomar una determinación, se debieron tratar las renuncias de autoridades en el Legislativo, pero Añez el 12 de noviembre asumió primero la presidencia del Senado, tras la renuncia de Adriana Salvatierra, sin embargo, señalan que ese hecho supuestamente no se formalizó.

Luego Añez se proclamó Presidente del Estado, según la instancia judicial “sin que las renuncias de Evo Morales y Álvaro García hayan sido aceptadas por la Asamblea”.

“Añez ejecutó una sucesión presidencial a su favor sin estar legítimamente llamada a suceder”, concluyó la acusación.

Para el Ministerio Público, Añez no logró su cometido sin la cooperación de los excomandantes.

Situación actual de los acusados

La expresidente fue detenida en marzo de este año acusada en el caso “golpe I” por los supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Posteriormente, fue imputada en el caso “golpe II”. En ambos casos tiene detención preventiva.

El caso del supuesto “golpe de Estado” fue abierto a denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, posteriormente fue desdoblado dos procesos con acusaciones penales distintas.

No se conoce el paradero de los excomandantes, Kaliman, Orellana, Calderón y Fernández, mientras que Terceros, Jarjury, Mendieta y Flavio Arce cumplen detención preventiva.

/JDLF/

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“Este ataque nos brinda la oportunidad de demostrar ante la justicia la verdad de las masacres que sufrió nuestro pueblo”, sostuvo Lima, de acuerdo a un boletín institucional.

Asimismo, señaló que la publicación de Añez respecto a la querella “adolece de serias deficiencias de procedencia”, indicando que presuntamente en caso de admitirse la denuncia demostrará mediante la “excepción de verdad” su calidad de supuesta “autora” del fallecimiento bolivianos.

“El tiempo en el que la libertad de pensamiento y expresión eran objeto de persecución penal ha terminado”, manifestó el titular de la cartera de Justicia.

Querella contra Lima

En horas precedentes, la exmandataria difundió mediante sus redes sociales la querella presentada contra el Ministro de Justicia, por los presuntos delitos de “difamación y calumnia”.

En el documento de la denuncia, Añez subrayó que Lima la “insulta”, constantemente, resaltando que los calificativos que usa en su contra “rebasaron los límites del derecho a la Libertad de Expresión e ingresaron al escenario de la intimidación, hostigamiento y falsas acusaciones que las hace públicas”.

/JDLF/

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Zeballos dispuso que ambas partes tienen la posibilidad de que dos juristas intervengan, debido a que los denunciantes son más en número, informó el abogado Jorge Valda.

Asimismo, Valda manifestó que la disposición del juez muestra su “parcialidad con la parte acusadora”, en tanto Zeballos negó las acusaciones de la defensa de la exmandataria.

La defensa de Añez presentó 260 documentos que sustentan su pedido del cese de la detención preventiva y también para demostrar que no existió el supuesto “golpe de Estado” en 2019, reportó el diario Página Siete.

RECUSACIÓN

Dentro del derecho procesal, la recusación es una forma de apartamiento de un juez de un proceso, cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda.

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El pasado martes, Añez declaró ante la Fiscalía por nuevas acusaciones en su contra, muy aparte de los dos casos “Golpe de Estado” y “Gases Lacrimógenos”, reportó el diario Los Tiempos.

Actualmente la expresidente se encuentra en celdas del Centro penitenciario Femenino de Miraflores en La Paz, por el caso de supuesto “Golpe de Estado”.

“Ayer, la expresidente constitucional de Bolivia prestó su declaración informativa de manera amplia sobre las imaginarias y fantasiosas nuevas acusaciones del gobierno del MAS a través del Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado y el Presidente del Senado, con la finalidad de ampliar el tiempo de su detención preventiva (que) pretenden atribuirle inexistentes delitos”, indicó la exmandataria a través de su cuenta de Twitter.

Añez es acusada por los supuestos delitos de anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, incumplimiento de deberes, entre otras.

/RMMP/

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Limpias informó que el ambiente donde Añez cumplirá los 15 días de aislamiento tiene todo lo básico, ducha, baño, una cama y su vez tendrá derecho a la comunicación con sus abogados, derecho a recibir visitas, entre otras aspectos.

Una vez que Añez cumpla el periodo de aislamiento, se le sorteará uno de los 13 dormitorios comunes que comparten las más de 200 internas y a su a vez se le destinará a una de las nueve secciones del centro.

“Va a estar en uno de estos dormitorios comunes como establece el reglamento interno del Centro Penitenciario”, dijo.

“Ningún privado de libertad tiene privilegios en este centro penitenciario”, declaró a la prensa.

La autoridad recalcó que el Centro Penitenciario garantiza los derechos de las internas, garantiza su participación en las audiencias, y todo lo que viene a ser los derechos humanos.

Finalmente, el director Limpias añadió que tanto Añez, Guzmán y Coímbra tienen un estado estable de salud, pero que el personal médico penitenciario los revisará constantemente como se hace con todas las personas que ingresan a dicho lugar.

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El pronunciamiento surge tras las aprehensiones de la expresidente Jeanine Áñez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán por el caso de presunto “golpe de Estado”, sindicados por los tipos penales de terrorismo, sedición y conspiración.

“Las salvaguardas del debido proceso, lo que implica asegurar que toda persona cuente con una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial; en el que se garantice la publicidad del proceso y no se empleen tipos penales ambiguos o desproporcionados”, observó La Misión de la OEA.

La Misión señaló que de esa posición ya se realizó un informe sobre la situación de los derechos humanos tras las elecciones de 2019, en el que se formularon recomendaciones que promueven cambios estructurales para atender las causas profundas de las violaciones de derechos humanos y asegurar su no repetición, reporto el diario Los Tiempos.

El hecho de que se acuse a Áñez y sus ministros por el tipo penal de terrorismo ya fue observado por el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, porque considera que la definición de ese delito es ambigua.

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“La comisión ha visto infundadas todas las observaciones que hizo la Presidenta en transición, porque para nosotros los diputados y senadores –en su mayoría– es muy importante este bono contra el hambre, porque la población y las familias bolivianas necesitan este apoyo económico porque muchos fueron despedidos de sus fuentes de trabajo, por eso hay necesidad de que se pague este bono contra el hambre”, declaró al concluir la sesión la presidenta de esa instancia de la ALP, Sonia Chiri.

Según la senadora, la mandataria mediante una carta argumentaba que los recursos fijados para el pago del Bono Contra el Hambre no pueden ser utilizados con esa finalidad ya que se tiene contemplado otros usos, como es la reposición de los anteriores bonos cancelados.

“Es raro que se usen créditos internacionales para el pago de bonos cuando antes los bonos como el Juancito Pinto, Juana Azurduy o Renta Dignidad se pagaban con recursos propios” afirmó Chiri.

El informe de la Comisión Mixta será debatido en el pleno de la ALP y si se aprueba el mismo, la presidenta del Senado, Eva Copa, deberá proceder a la promulgación de la Ley, caso contrario se deberán incluir las modificaciones necesarias para incluir las observaciones hechas desde el Ejecutivo.

El 12 de agosto, el Senado aprobó la Ley de creación del bono que otorga Bs 1.000 a todos los bolivianos y bolivianas mayores de 18 años que no perciben ningún tipo de salario y al día siguiente la norma fue sancionada por la Cámara de Diputados.

El 27 de agosto, Áñez hizo conocer sus observaciones mismas que fueron derivada a la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas del Órgano Legislativo.

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“En virtud a que el objetivo de la reunión que convoca la Presidenta, está siendo abordado por otros Órganos del Estado, cumplo en comunicarle que los candidatos de la Alianza Comunidad Ciudadana a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado, no asistirán a la mencionada invitación”, señala una misa enviada por el Coordinador Nacional de CC, Ricardo Paz Ballivián, al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Por su parte Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia por la alianza Creemos, hizo conocer una carta en relación a la convocatoria de diálogo a través del Twitter de la alianza política en la que indica lo siguiente.

“¿Cómo se le puede ocurrir llamar a un diálogo nacional con el MAS incluido, para pedirle que deje pasar el oxígeno a la gente? La violencia de los bloqueos masistas es un crimen contra las personas, sancionada por las leyes y la Constitución. Y al criminal se le aplica la ley, no se lo llama un diálogo. Usted Presidenta, debería instruir el levantamiento urgente del bloqueo y el abastecimiento del oxígeno de todos los hospitales de La Paz. De no hacerlo, estaría cometiendo una gravísima falta a su deber constitucional como Presidenta”, sostiene la carta de Camacho a Áñez.

Asimismo, Chi Hyun Chung candidato a la presidencia por la organización política Frente Para la Victoria (FPV) anunció, a través de la cadena de televisión Unitel, pasado el mediodía que asistirá al encuentro convocado por Añez. “Voy a ir (a La Paz) si consigo pasaje (aéreo)”.

/ES/

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DONACIÓN

El 12 de junio reciente, la presidente Añez donó sangre como una forma de incentivar esa práctica y en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemora el 14 de junio de cada año. En esa ocasión, exhortó a que los recuperados de COVID-19 puedan donar plasma sanguíneo.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario dijo que en esa acción de la Presidente hay un delito de lesa humanidad y que si no le enjuicia el Ministerio de Salud, “tendremos que ser los parlamentarios” los que lo hagan.

“Nos hizo conocer que estaba donando sangre, ¿qué tipo de sangre estaba dando?, ¿contaminada, o era un show político para ganar votos?, su sangre no valía nada porque no era inmune, recién ayer se conoció que tenía Coronavirus”, señaló Montaño.

En ese marco, consideró un delito grave a la salud engañar al Ministerio de Salud, al pueblo en general y a los paceños en particular.

CONTAGIO

La tarde del jueves precedente la Presidente Áñez señaló haber dado positivo a coronavirus mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, aspecto que desató diversas reacciones, principalmente políticas.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) presiona para que Áñez deje la Presidencia y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se haga cargo del manejo del país, hasta la realización de las Elecciones Generales, programadas para el 6 de septiembre próximo.

INCUBACIÓN

El periodo medio de incubación del nuevo coronavirus es de cinco días, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aspecto corroborado mediante la principal conclusión de la investigación publicada en “Annals of Internal” Medicine, que añade que los síntomas pueden prolongarse dentro de los 12 días siguientes. 

/DEA/

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