Flores informó que médicos y conductores han sido chicoteados y obligados a refugiarse dentro de sus vehículos, mientras las ambulancias eran golpeadas. En algunos casos, se les exigió descender junto con los pacientes que ya habían sido evacuados, en un ambiente de hostilidad y amenazas. La ministra advirtió que se han registrado varios episodios que han impedido evacuaciones oportunas y la entrega de insumos esenciales.

Incidente del 9 de enero

Un ejemplo de esta situación ocurrió el 9 de enero, alrededor de las 15:00 horas, cuando se movilizaron 2 ambulancias con 2 médicos para rescatar a pacientes atrapados en los bloqueos en la zona de Senkata. Al llegar, el personal descendió para explicar su misión, pero se enfrentó a desconfianza y revisiones forzadas de los vehículos.

Resistencia de comunarios

En otro lugar, algunos comunarios se opusieron al traslado de los pacientes, argumentando que estaban en buenas condiciones. Sin embargo, había personas con patologías crónicas y una mujer embarazada que enfrentaba una amenaza de aborto.

Maltrato y amenazas

“Hubo mucho maltrato al personal de salud, incluso se hicieron amenazas con palabras muy soeces, indicando que las doctoras podrían sufrir una agresión sexual”, afirmó Flores. Describió que las ambulancias fueron golpeadas y se exigió que médicos, conductores y pacientes descendieran de los vehículos.

Exigencias de los bloqueadores

Según la ministra, los bloqueadores, algunos de ellos en estado de ebriedad, exigieron gasolina, dinero y hojas de coca para permitir el paso de las ambulancias. En otras situaciones, se tuvo que solicitar apoyo policial ante las emergencias que se presentaron.

Defensa del tránsito de ambulancias

Flores enfatizó que el tránsito de las ambulancias no debe ser interrumpido y que estas no pueden ser agredidas. Además, indicó que se activó el Sistema Único de Salud (SUS) y los centros coordinadores de emergencia, y que se presentarán denuncias respaldadas por imágenes de los incidentes.

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A través de un boletín institucional, Colque informó que la Asuss ha establecido contacto con la ANH para identificar las estaciones de servicio donde las ambulancias puedan cargar combustible sin demoras. En este contexto, enfatizó la importancia de asegurar la movilidad de estos vehículos, ya que los pacientes necesitan atención continua.

Supervisión en estaciones de servicio

Durante la supervisión, uno de los lugares visitados fue la estación “Volcán”, situada en la ciudad de La Paz. En este sitio se detectaron retrasos en la atención, lo que llevó a redirigir las ambulancias a otros surtidores donde el servicio era más eficiente.

El director explicó que este desvío permitió que las ambulancias se abastecieran más rápidamente y estuvieran disponibles para atender emergencias en diferentes puntos de bloqueo. En este sentido, aclaró que esta acción es una medida preventiva ante posibles eventualidades.

Acciones en todos los departamentos

Finalmente, Colque aseguró que la coordinación con la ANH es constante. También mencionó que estas acciones no se limitan a La Paz, sino que se están replicando en todos los departamentos para garantizar el abastecimiento regular de gasolina en los vehículos de emergencia.

LDVY

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Con el respaldo de fotografías y videos, la ministra mostró cómo los bloqueadores utilizan piedras, troncos, clavos e incluso dinamita para bloquear el paso de los vehículos sanitarios.

Diálogo fallido con los bloqueadores

“Hemos intentado dialogar con los bloqueadores, pero no nos permiten el paso de ambulancias, personal médico ni medicamentos”, afirmó Castro.

Problemas con la ayuda humanitaria

La ministra también informó que no se permite la entrada de ayuda humanitaria ni de alimentos para los pasajeros y transportistas que llevan 11 días parados en las carreteras de Cochabamba, donde se están registrando los bloqueos más intensos. Castro expresó su preocupación, señalando que en el pasado se respetaba el paso de ambulancias durante los bloqueos, pero que la situación actual es completamente diferente.

Motivos de los bloqueos

Las organizaciones sociales, que se identifican como “evistas”, comenzaron los bloqueos en rechazo a la posible aprehensión de Evo Morales por un caso de estupro y trata de personas, además de protestar contra el Gobierno.

Consecuencias para la población

Finalmente, la ministra instó a que se depongan estas actitudes, subrayando que están perjudicando gravemente a la población que necesita atención médica.

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“El viernes fui notificado, no en mi domicilio, sino en la puerta de la Comisión de Minería, en la Asamblea Departamental, por un proceso que se me abrió por el delito de difamación, bajo el argumento que mi persona habría difamado al señor gobernador, por la investigación de las 41 ambulancias y la fiscalización de los viajes que realizó estando con detención domiciliaria”, señaló Flores.

En diciembre de la pasa gestión, el juez potosino Raúl Raya determinó levantar las últimas restricciones que tenía el gobernador potosino y lo liberó de su detención domiciliaria y la obligatoriedad de firmar el arraigo.

Según Flores, la querella fue presentada el 6 de febrero, sin que él conociera del caso. Ahora la primera audiencia de conciliación se realizará el 15 de febrero.

“Pero yo no tengo nada que conciliar, ¿qué puedo conciliar con ese señor?”, cuestionó el asambleísta.

De acuerdo con la querella presentada por Mamani, él viajó los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022 a La Paz, a una reunión de autoridades departamentales por los preparativos del Censo 2024 y también habría estado en Cochabamba el último día, pero desmiente que hubiera participado del festejo de cumpleaños de Evo Morales en esa ciudad.

“Lo raro de esto es que ofrece a 33 testigos de cargo, dentro los 33 están asambleístas del MAS y oposición y ofrece a Evo Morales como testigo, no sé cuál es la intencionalidad, yo creo que tiene la intención de acallar y desatar esta persecución política y judicial de parte de este señor que pertenece al MAS”, indicó Flores.

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Debido a que dos de los imputados alegaron que tenían Covid-19 y la ausencia del cuaderno de investigaciones, el jurado cautelar segundo en lo penal de la Villa Imperial tuvo que aplazar el proceso, informó El Deber.

“Hemos salido de la audiencia, se ha suspendido porque están utilizando chicanas, no había el cuaderno procesal y uno de los coimputados adjuntó un certificado médico, alegando que tiene Covid-19”, señaló la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros.

Tras la suspensión, el gobernador Mamani, afirmó que desde un principio se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales.

“No nos vamos a excusar. Vamos a acudir a todos los escenarios que seamos convocados, soy el más interesado en que este caso se pueda aclarar”, aseguró la autoridad.

Mamani descartó prestar atención a las declaraciones de legisladores departamentales y nacionales que consideran que en este proceso se comenzó a utilizar chicanas (artimañas).

CASO AMBULANCIAS

Las investigaciones dan cuenta que la Gobernación de Potosí dispuso la adquisición de 41 ambulancias para ese departamento.

En ese marco, los vehículos llegaron hasta el puerto de Iquique, Chile, donde se constató que eran reacondicionados. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, aunque en primera instancia el gobernador Mamani deslindó toda responsabilidad.

Asimismo, se conoció que en diciembre de 2021 se pretendía pagar Bs 20,5 millones por este lote, pero ante las denuncias, el contrato fue anulado.

En marzo de este año, un informe de la Procuraduría General del Estado estableció que existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

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En horas precedentes se conoció que el proceso de compra de las ambulancias se completó, pues se emitieron los cheques para el pago. Pero, desde el oficialismo aseguran que “no existe daño económico” en este caso debido a que los cheques fueron anulados.

“No hay daño económico”, manifestó el presidente de la ALD de Potosí, Marcial Ayali, durante la sesión, la jornada precedente, en la cual se aprobó el informe e incluso se intentó, sin éxito, que esa afirmación sea introducida en el documento.

Por la tarde del viernes, la afirmación fue publicada en la cuenta oficial de Facebook de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí.

“El presidente de la Comisión Especial de fiscalización, Grover Yelma, con documentos en mano, explica que no existió daño económico alguno; sin embargo, aclara también que se debe investigar el grado de responsabilidad de quienes se ven involucrados en este hecho”, señala el texto de dicha institución.

Asimismo, como el escándalo sigue creciendo, tratan de explicar que la ALD no liberó de culpa al gobernador puesto que el informe dice que se debe investigar. Sin embargo, el informe sí encuentra responsabilidades y hasta recomienda desvincular a funcionarios subalternos.

CHEQUES

La afirmación de que “no hubo daño económico” no ha sido probada. Lo que se demostró, hasta ahora, es que los cheques fueron anulados, pero no se sabe con certeza si es que los montos fueron cobrados ya que los cheques tienen fecha del 31 de diciembre de 2021.

El gobernador potosino anunció la anulación de los contratos con la adjudicataria del contrato de las ambulancias, Stefals Logistics, recién el 23 de enero. Aún se investiga si el representante de dicha empresa, Luis Humberto Huanca Torrez, cobró o no en ese periodo.

Finalmente, el informe, y la deducción de que “no hubo daño económico”, se refieren solo al caso de las 41 ambulancias. Aún continúan pendientes los otros contratos que fueron firmados con Stefals Logistics y uno relacionado a la presunta compra con sobreprecio de una ambulancia “Tipo III” para el centro Covid Sevilla.

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En el informe validado por el ente deliberante del departamento de Potosí también se establece que no existió daño económico y se recomienda investigar a subalternos por la adquisición de los motorizados.

En el debate sobre la investigación de la comisión conformada íntegramente por asambleístas del MAS, se rechazó la licencia de Mamani planteada por el bloque minoritario de oposición.

También fue descartado un voto de confianza que planteó el presidente de la Asamblea potosina, Marcial Ayali Vilca. Sus colegas del MAS observaron su propuesta, al indicar que la sesión no había sido convocada con esta finalidad.

La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí está conformada por 32 asambleístas, de los cuales 24 pertenecen al MAS, según reportó Correo del Sur.

Antecedentes

La Gobernación potosina solicitó, en octubre de 2021, modificar el presupuesto de la región para incorporar 20.5 millones de bolivianos para adquirir las ambulancias en los términos de un proyecto “de fortalecimiento de las redes municipales de salud”.

La idea era dotar una ambulancia a cada municipio potosino. El acta de entrega fue firmada a las 17:00 horas del 31 de diciembre del 2021. No hubo un acto público y los vehículos están en Dubái, a la espera de ser despachados a Chile. Sin embargo, la Gobernación de Potosí decidió anular el proceso de contratación.

El monto del contrato para las 41 ambulancias fue de 20.5 millones de bolivianos y se firmó el 26 de noviembre del 2021 con un plazo de entrega de 40 días.

El tiempo límite venció el 31 de diciembre del 2021. Según esta operación, el costo de cada motorizado ascendió a 500 mil bolivianos, un monto menor al capital inicial que declaró la “importadora” en Fundempresa.

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“En atención a la denuncia interpuesta por Lissa Amanda Claros Lora en su condición de diputada nacional del Estado Plurinacional de Bolivia en contra de Jhonny Mamani, Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino, David Favio Pozo Medrano y Luis René Loayza Caballero por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, previstos y sancionados en los Arts. 153, 146, 147, 154, 221 y 224 del Código Penal”, se lee en parte de la determinación número 35/2022.

La información la corroboró la diputada Claros en un contacto con Brújula Digital y añadió que “la denuncia fue admitida y están dando curso a todos los petitorios que realizamos”.

“Ahora estamos en una instancia de hacer las diligencias entre ellas está que se pueda citar al gobernador y a los demás sindicados para que puedan rendir su declaración”, agregó la diputada potosina.

Tras conocerse la noticia de la admisión, Claros mencionó que solicitará el allanamiento de las oficinas de la Gobernación de Potosí, en las que se encuentra documentación del proceso de adquisición por las 41 ambulancias, reportó el diario El Potosí.

Asimismo, el abogado de la empresa Zegarra Motors, Richard Alejo, dijo que pedirán la ampliación de la denuncia penal contra el gobernador potosino, porque su cliente estaría sufriendo amedrentamientos.

“Vamos a ampliar la denuncia penal en contra del gobernador de Potosí (Jhonny Mamani), porque en este hecho tiene mucha responsabilidad esa autoridad por haber suscrito un contrato que no solamente tenía irregularidades administrativas, sino que también tenía irregularidades penales”, anunció Alejo.

En enero de este año se conoció que la Gobernación de Potosí adquirió 41 ambulancias a una empresa unipersonal, que no llegaron, pero existe un acta de recepción de las mismas. El hecho se conoció por un reporte del diario El Deber del14 de enero.

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Mediante un comunicado, Mamani expresó su interés de “transparentar” los actos administrativos, ante denuncias públicas de “actos irregulares” en la contratación de las 41 ambulancias.

Entre las denuncias resalta que la Gobernación potosina otorgó un contrato de 20.5 millones de bolivianos a la empresa Estefals Logistic, de reciente contratación. Además de la firma de un acta de recepción cuando los vehículos aún no llegaron a Potosí.

Al respecto, la Gobernación potosina anunció que pondrá a disposición plena de las entidades que ejercen control de las acciones del Estado, toda la documentación inherente a los procesos de contratación de las ambulancias.

Por otro lado, para la reparación del presunto daño ocasionado a la Gobernación potosina realizarán la ejecución de boletas de garantía.

“(Se determinó) la Resolución del Contrato y consecuente ejecución de boletas de garantías, así como el inicio de acciones legales en contra de la empresa en el marco de la ley”, indicó Mamani.

Según el contrato, la garantía es de un monto de Bs1.435.000, que equivale al siete por ciento del valor total de la compra, reportó la red Erbol.

Dueño de la empresa Estefals

Por su parte, el dueño de Estefals, Luis Humberto Huanca, anunció que buscará recuperar el dinero de la boleta de garantía, resaltando que firmó una adenda al contrato y que aún está en plazo para entregar las ambulancias.

Asimismo, el empresario resaltó que no hubo ningún desembolso de dinero por parte de la Gobernación.

“Todo lo que se ha invertido es propio de la empresa, en realidad tengo una pérdida económica por esta decisión”, indicó.

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La Defensoría señaló que existe un plazo de entrega de las ambulancias, el cual ya feneció, resaltando también la existencia de un acta de recepción firmado sin la entrega correspondiente de los vehículos, reportó la red Erbol.

“Estamos pidiendo la intervención del Contralor tras conocer que existirían irregularidades en la compra de estas ambulancias, pues llama la atención que, según se hizo público, que exista un acta de recepción de las 41 ambulancias de parte Gobierno Departamental de Potosí, cuando estos vehículos aún no fueron entregados por la empresa Estefals Logistics, cuyo plazo de entrega ya habría fenecido”, aseveró.

Empresa de reciente creación

Por otro lado, la Defensoría observó que la empresa adjudicada fue registrada en Fundempresa el 9 de septiembre de 2021, “poco antes de recibir la invitación de la Gobernación” de Potosí, subrayando que la compañía figuraría con un capital inferior al monto del valor de una ambulancia.

También observó que el precio pactado para la adquisición de estos bienes asciende a 20.5 millones de bolivianos, monto superior a otras cotizaciones registradas en el proceso de contratación que oscilan entre 18.5 y 17.5 millones de bolivianos.

Explicación del gobernador

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, confirmó que su administración contrató a la empresa Estefals Logistics para la provisión de 41 ambulancias.

Detalló que el “acta de recepción” de esos bienes es provisional y que se firmará uno definitivo cuando esos vehículos lleguen a su departamento.
“Queremos descartar que el gobernador ha recibido ambulancias, que el gobernador está realizando malversación de recursos económicos o que el gobernador estuviera comprando 41 ambulancias fantasmas”, expresó la autoridad.

Según la cláusula décima de la Minuta de Contrato 215/2021 que el gobernador firmó el 26 de noviembre de 2021, la empresa debía entregar el equipamiento en un plazo de 40 días calendario que venció el 6 de enero, de acuerdo al reporte del diario El Deber.

Asimismo, recalcó que no pagó “ni un centavo”, pero la adquisición está como “ejecutada” en el Sistema De Contrataciones (Sicoes).

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Existe una diferencia de 1.600.000 bolivianos entre la oferta que realizó la empresa unipersonal Humberto Huanca Torrez y la empresa Toyosa SRL.

La empresa unipersonal presentó una oferta de 20.500.000 bolivianos frente a la oferta de Toyosa por 18.903.056 bolivianos por las mismas 41 ambulancias tipo I Land Cruiser.

A las observaciones realizadas a la empresa recientemente creada y que fue elegida por la Gobernación de Potosí para la firma de este “jugoso contrato”, se suma una otra irregularidad, el 31 de diciembre quienes forman la comisión de recepción firmaron el acta de conformidad de las ambulancias como si ya hubiesen sido entregadas, sin embargo, los vehículos nunca fueron entregados y ni siquiera llegaron al país.

La empresa unipersonal que responde al nombre de Luis Humberto Huanca Torres fue creada el 9 de septiembre del 2021 y no tiene antigüedad ni la experiencia en venta de vehículos.

Esta empresa presentó la propuesta más alta entre las cinco compañías que ofrecieron los vehículos a la Gobernación de Potosí y fue con la que se firmó el contrato de las 41 ambulancias.

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“Grupos movilizados apostados en las carreteras están causando daño a la salud de los bolivianos impidiendo el paso de ambulancias con medicamentos, varias cisternas de oxígeno para suministro urgente a pacientes graves y trasporte de donación internacional de equipamiento e insumos médicos para los establecimientos de salud”, manifestó el Ministerio de Salud mediante un comunicado.

Asimismo, la cartera de Estado, exhortó a los sectores movilizados a deponer las medidas de presión, que los exponen a un contagio masivo del Covid-19, debido a las aglomeraciones y el incumplimiento de las medidas preventivas y de bioseguridad.

Este lunes, grupos afines al MAS, realizaron bloqueos en las salidas y accesos a las ciudades capitales del eje troncal, principalmente en El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, en rechazo a la nueva fecha de la Elecciones Generales, prevista para el 18 de octubre.

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La ministra de Salud, Eidy Roca, fue la que despidió al personal sanitario que acompaña a estas ambulancias, se tiene el dato de que 10 médicos también se dirigen hasta ese departamento para reforzar el sistema de salud.

“Es muy importante este despliegue, y se está dando una respuesta al pedido que la Presidente, Jeanine Áñez ha hecho de que podamos hacer todo lo que sea necesario para contener esta pandemia”, mencionó la ministra.

Al respecto, la Presidente Jeanine Áñez, anunció que las ambulancias de momento se encontrarán en la ciudad de Trinidad, por la emergencia que atraviesa, sin embargo, luego serán trasladadas a otras provincias del Beni.

“En el plan de contingencia que la ministra nos ha explicado, la idea es que las ambulancias, estén trasladándose a los barrios, para ahí poder detectar a la gente que va a estar dentro de la primera fase, contagiada con el virus y de esa manera poder trasladarlos hasta otro lugar que ya está armado para que puedan ser atendidos en la primera y segunda fase y no deban pasar a la segunda fase”, comentó Áñez a la prensa.

Trinidad ingresará en encapsulamiento desde el 1 de junio, para evitar la propagación del coronavirus, ya que se ha declarado desastre departamental en el Beni, por el repentino incremento de casos positivos.

Hasta ayer se registraron en el Beni, 1.335 pacientes con el virus y 80 decesos en total.

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“Tenemos servicio de hemodiálisispara pacientes de insuficiencia renal, hay horarios, trabajamos en tres turnos,es gente a veces con escasos recursos y tropezamos a veces con las directricesnacionales que se han emitido respecto a la cuarentena. En ese sentido elhospital ha tomado su precaución y ha programado (el traslado) con laspacientes y con el jefe de servicio de diálisis, el doctor Cáceres”, dijo eldirector.

Los horarios para trasportar lospacientes cerca de sus hogares, son a las 17:00 horas y el otro a las 22:30.

“Aproximadamente se atiende deocho a diez personas por sesión distribuidos en diferentes horarios, y estosvienen por sus medios, pero como son horarios incompatibles con lasdisposiciones que hay entonces de aquí se les lleva por unas calles troncalescerca a sus domicilios”, dijo Sejas.

En cuanto al material médico, elmédico dijo que cuentan con lo mínimo y necesario, en el caso de insumos deprotección existen carencias, pero asegura que se les está dando la mismaatención que antes de las medidas.

En cuanto al tema del coronavirus,el doctor dice que más bien en Oruro no se tiene un estado clínico crítico yque se encuentran preparados para cualquier emergencia.

“El tercer nivel es el Hospital General, para paciente críticos, felizmente en nuestra ciudad no están llegando a ese estado clínico los y las pacientes, están siendo tratados por el Sistema de Epidemiología del Sedes con tratamiento que ustedes ya deben conocer, cuando haya fallas multiorgánicas, van a llegar aquí tenemos ya los ambientes preparados para esa eventualidad”, aseguró.

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