Argentina y Bolivia se miran hoy en un espejo incómodo. Tras trayectorias distintas, ambos países han terminado convergiendo en una misma respuesta ante la crisis económica: ajuste drástico por decreto e ideología liberal como nueva ortodoxia. Javier Milei y Rodrigo Paz encarnan, con estilos propios, pero lógica similar, el cierre de los ciclos progresistas y la apertura de una etapa de reformas de shock, concentración del poder y tensión constante entre promesas electorales y práctica gubernamental.

Ambos llegaron al poder en contextos de agotamiento económico. Inflación elevada, déficits fiscales persistentes, escasez de divisas y una profunda desconfianza social hacia el Estado definían el escenario. La respuesta fue inmediata y similar: recortar el gasto público, reducir subsidios, desregular mercados y redefinir el rol estatal. Milei eliminó ministerios, ajustó transferencias a las provincias y liberalizó precios estratégicos; Paz recortó programas sociales, frenó proyectos de inversión pública y avanzó en la reducción de subsidios energéticos. En ambos casos, la consigna fue “responsabilidad fiscal” y el mercado como regulador principal de la economía.

El método también revela un patrón común: el decreto ejecutivo fue el instrumento central. Las reformas estructurales no se construyeron mediante consensos parlamentarios, sino a través de decisiones concentradas en el Ejecutivo, justificadas por la urgencia de la crisis. El Congreso quedó relegado a un rol secundario, más reactivo que deliberativo. Este hiperpresidencialismo debilitó los contrapesos institucionales y convirtió el ajuste en una decisión técnica antes que política.

A este esquema se suma otro rasgo revelador: los conflictos con sus vicepresidentes. Milei marginó rápidamente a Victoria Villarruel; Paz hizo lo propio con Edman Lara. No son simples tensiones personales, sino un patrón de liderazgo personalista con escasa tolerancia a los contrapesos internos. La coalición se vuelve decorativa y el gobierno adquiere carácter casi unipersonal.

Sin embargo, el elemento más significativo no está tanto en lo que hicieron, sino en lo que dijeron antes de hacerlo. Las contradicciones entre discurso y práctica son el núcleo político de esta nueva derecha sudamericana. Milei prometió dolarizar, cerrar el Banco Central y terminar con el endeudamiento externo. No cumplió ninguna de esas promesas. No solo no dolarizó, sino que mantuvo el peso como ancla del ajuste, conservó el Banco Central y volvió a recurrir al crédito internacional para sostener la transición fiscal. El “antiestatismo” retórico terminó administrando un Estado más fuerte en sus funciones recaudatorias.

Rodrigo Paz recorrió un camino similar. Prometió no endeudarse más, aplicar ajustes graduales y priorizar medidas de alivio popular, como la regularización de los autos “chutos”. En la práctica, optó por políticas de shock: recortes abruptos, congelamiento de proyectos públicos, búsqueda de financiamiento externo y postergación de promesas sociales. El discurso era de prudencia; la política real fue de terapia intensiva. La estabilización macroeconómica se impuso sobre cualquier gradualismo, incluso a costa de su propio capital político.

Ambos representan, además, un giro ideológico profundo. Son el cierre simbólico de dos largos ciclos: el kirchnerismo en Argentina y el MAS en Bolivia. En su lugar emerge un relato pro-mercado, anti-Estado, que redefine al sector público como problema estructural y al capital privado como solución casi moral. El lenguaje de derechos, inclusión y redistribución es reemplazado por el de eficiencia, competencia y equilibrio fiscal. No es solo un cambio de políticas, sino de sentido común: el Estado deja de ser garante y pasa a ser sospechoso.

La afinidad entre Milei y Paz no es casual. Comparten una sintonía ideológica expresada en gestos diplomáticos y narrativa común: ambos se presentan como parte de un nuevo eje liberal sudamericano, enfrentado al populismo y la herencia de la izquierda. No buscan integrarse a bloques regionales tradicionales, sino construir una identidad política basada en austeridad, mercado y ruptura con el pasado. El liberalismo se ha convertido en bandera identitaria, no en mera opción de política económica.

Sin embargo, la pregunta central no es ideológica sino prospectiva: ¿qué espera a Bolivia si sigue el camino argentino? El gobierno de Milei funciona como laboratorio regional. En Argentina, el ajuste redujo inflación, pero al costo de recesión, caída del consumo, desempleo y deterioro social. El equilibrio fiscal se alcanzó, pero con sacrificio económico y político considerable que erosiona la legitimidad del proyecto día a día.

Si Bolivia replica ese modelo, entre 2026 y 2027 es probable una recesión con conflictos sociales, protestas sectoriales y desgaste acelerado del gobierno. La reducción del gasto estabilizará precios, pero también contraerá la demanda interna y frenará la inversión pública, motor central de la economía boliviana. La inflación podría bajar, pero el costo social será alto y políticamente explosivo.

A partir de 2028 podría haber recuperación si las reformas atraen inversión privada y restablecen confianza macroeconómica. Pero Bolivia enfrenta un problema estructural que Argentina no tiene: la ausencia de un nuevo boom de recursos naturales. El gas, que financió el modelo estatal durante dos décadas, ya no cumple ese rol. Sin reservas suficientes y con un aparato productivo frágil y dependiente, el margen de maniobra es mínimo.

En ese sentido, el ajuste boliviano es más riesgoso. Sin gas, sin ahorros fiscales previos y sin base industrial sólida, el shock puede estabilizar, pero también agotar rápidamente el capital político sin generar un nuevo modelo de desarrollo. La paradoja es reveladora: Milei y Paz llegaron prometiendo romper con la vieja política, pero reproducen una fórmula clásica latinoamericana: crisis, ajuste, concentración de poder y fe en el mercado como solución mágica.

El verdadero desafío no es aplicar el shock, sino sobrevivir políticamente a sus consecuencias. Como suele ocurrir en la región, el costo real no se mide en cifras fiscales sino en paciencia social. Bolivia está a punto de descubrirlo.

Investigador y analista socioeconómico

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Bolivia es un país que solo logra consensos cuando el dolor es compartido. En 1985, la hiperinflación no solo vació los bolsillos, disciplinó a la sociedad. El Decreto Supremo 21060 fue rechazado por los sindicatos, pero aceptado a regañadientes por una población que había entendido que no había alternativa. El ajuste no fue popular, fue inevitable. El trauma colectivo fue tan profundo que generó un pacto implícito entre actores históricamente enfrentados, desde la COB hasta sectores obreros y campesinos. Cuarenta años después, Bolivia atraviesa una crisis económica evidente, pero no terminal. Y esa diferencia lo cambia todo: sin colapso no hay cohesión, sin miedo no hay acuerdo, sin abismo no hay decisión.

La coyuntura actual se parece a una lección inconclusa. No hay hiperinflación galopante, pero sí desabastecimiento crónico de combustibles, reservas internacionales exiguas y un déficit fiscal que estrangula al Estado. A ello se suman factores externos que el país no controla: la caída sostenida de los precios del gas, la lenta y conflictiva explotación del litio, la creciente dependencia comercial de China y los efectos del cambio climático sobre la agricultura, especialmente en el altiplano y los valles. La economía se deteriora lentamente, lo suficiente para incomodar, pero no para forzar consensos. Bolivia sigue atrapada en esa zona gris donde la crisis es estructural, pero aún no pedagógica.

Las elecciones generales de 2025 evidenciaron la ambigüedad política de Bolivia. La victoria de Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara no representó un proyecto económico claro, sino la consagración de la indefinición. Ganaron con un discurso de centro, complementado con guiños populistas que calmaron al área rural y a los barrios periurbanos, donde el legado neo estatista del MAS sigue presente, aunque con matices. No todos los sectores rurales son homogéneos: conviven campesinos empobrecidos, comunidades indígenas con demandas históricas y cooperativistas mineros con intereses propios, a veces contradictorios. La población votó más por la continuidad emocional de un modelo que prometía protección estatal que por reformas o ajustes financieros.

Esa indefinición se tradujo rápidamente en la práctica gubernamental. Una vez en el poder, el presidente Paz giró hacia políticas de ajuste que, en términos técnicos, podrían calificarse sin dificultad como de derecha: contención fiscal, eliminación progresiva de subvenciones a los hidrocarburos y un intento de reordenar las bases del modelo económico. Sin embargo, ese giro no estuvo acompañado de un relato político honesto. El gobierno ajustó sin decir que ajustaba, aplicó correcciones sin asumir su costo simbólico y evitó confrontar de frente el mito fundacional del modelo heredado del MAS.

El conflicto de enero, con bloqueos y presión sindical en decenas de puntos del país, fue una prueba de esa fragilidad. En el corto plazo, el gobierno ganó: desinfló una crisis que amenazaba su imagen y su gobernabilidad, y evitó que la conflictividad contaminara las elecciones subnacionales. Pero en el mediano y largo plazo quedó expuesta una verdad incómoda: el poder del Ejecutivo no es tan sólido como parecía y los movimientos sindicales, campesinos y cooperativistas no solo no están debilitados, sino que están fragmentados, con disputas internas, tensiones étnicas y agendas sectoriales que dificultan cualquier acuerdo nacional duradero. Bolivia no tiene un gobierno fuerte; tiene un gobierno que resiste, negocia y retrocede.

Desde el ángulo económico, el balance es igual de ambiguo. El Ejecutivo logró preservar la esencia de su plan de estabilización, particularmente en la reducción de subvenciones, una medida imprescindible, aunque políticamente tóxica. Pero no pudo avanzar en los pilares estructurales del nuevo modelo que intentó inaugurar mediante el DS 5503. El blindaje a la inversión privada extranjera por 15 años, el fortalecimiento del Banco Central de Bolivia y el régimen de inversiones fast track naufragaron frente a la resistencia social y política.

El artículo 10 del DS 5503, que abría la puerta a la participación de transnacionales mineras, encendió alarmas inmediatas entre cooperativistas y trabajadores del sector estatal. Poco importó que la minería boliviana carezca de capital, tecnología y escala para sostenerse por sí sola. El reflejo histórico de desconfianza hacia el capital extranjero volvió a imponerse, reforzado por una memoria colectiva de expoliación y desigualdad. En Bolivia, la necesidad de dólares convive con el rechazo visceral a quienes podrían traerlos.

En el ámbito laboral, el error fue aún más profundo. La declaratoria de emergencia económica otorgaba al Órgano Ejecutivo facultades extraordinarias para adoptar medidas excepcionales, incluyendo procesos de optimización de personal y congelamiento salarial. En un país marcado por abusos históricos bajo estados de excepción, la palabra emergencia genera más temor que la inflación. El retroceso hacia el DS 5516 fue una corrección política necesaria, pero también una admisión de debilidad.

El problema de fondo es más profundo que un decreto abrogado. El modelo económico del MAS está agotado financieramente, pero sigue vivo culturalmente en algunos sectores y zonas del país. No solo por inercia, sino porque durante más de una década redujo la pobreza, amplió el acceso al consumo y otorgó reconocimiento simbólico a sectores históricamente excluidos, especialmente a los pueblos indígenas. Esa combinación de redistribución material y dignidad política explica por qué el modelo persiste como fe, incluso cuando ya no puede sostenerse.

Bolivia se encuentra en una situación complicada, con un choque claro entre lo que es real y lo que la gente espera. Ajusta sin consenso, gobierna sin hegemonía y discute un modelo que ya no puede financiarse, pero que sigue siendo emocionalmente dominante en algunos sectores principalmente rurales. No está viviendo su 1985 porque aún no ha tocado fondo. Y mientras ese fondo no llegue, el país seguirá atrapado en la ambigüedad: demasiado deteriorado para sostener el pasado, pero no lo suficientemente golpeado como para aceptar el futuro.

Investigador y analista socioeconómico.

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En sus 24 días de vigencia y tras su derogación, el DS 5503 dejó como resultado la eliminación de la subvención a los carburantes, el aumento del 20% al salario mínimo, seis días de bloqueos que afectaron a siete departamentos, 600 millones de dólares perdidos, rearticulación de las dirigencias radicales, el despertar de un país dividido, la primera derrota política del gobierno y el retorno de la incertidumbre económica.

Pese a algunas deficiencias internas, el Decreto fue coherente e intentó diseñar una ruta viable e integral para detener los efectos de la crisis. Sin demagogia, pretendió responder al colapso fiscal, monetario y productivo que ya no admite maquillaje ni dilaciones, y que precisa transformaciones profundas y significativas en el ámbito económico, normativo e institucional.

Desde su promulgación resultaba evidente que requería respaldo político, apoyo internacional y, sobre todo, un consenso social mínimo para ser sostenible. Además, estaba claro que enfrentaría una oposición feroz, principalmente de los resabios del viejo régimen y de las castas sindicales que estaban perdiendo privilegios, poder e impunidad, y para reposicionarse necesitaban escenarios de radicalidad y violencia.

En el fondo, el eje del conflicto no eran los artículos ni la jerarquía jurídica; sino la colisión inevitable entre dos visiones opuestas del país: el pasado populista y estatista que se resiste a morir y un futuro liberal y democrático que aún no puede nacer.

Sería un error atribuir el fracaso únicamente a estos actores políticos. Sectores amplios de la población están sufriendo con mayor rigor los efectos de un ajuste que inevitablemente produce inflación, caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y contracción de la demanda. Tras 20 años de despilfarro, corrupción, estabilidad precaria y falso crecimiento, el sinceramiento de la economía revela el peso de una crisis real que se siente en todas las familias del país.

En lo político, lo sucedido el pasado domingo acabó con la celebración de la victoria electoral de octubre e inició la etapa más compleja y decisiva cuyo objetivo es desmontar del modelo económico. Aún están en carpeta otras fases no menos complejas como la institucionalidad y el ajuste de los poderes públicos, la reforma de la justicia, y la batalla cultural. Estas tareas van a requerir esfuerzos aún mayores.

La caída del DS 5503 es ante todo el fracaso estratégico de un gobierno que optó por una política de “fast track”, pretendiendo acelerar el proceso de transición mediante la superposición de fases, sin haber consolidado su estructura interna de poder. Pero, además, le faltó perspicacia para entender que la debacle del MAS no arrastraba consigo a las organizaciones sociales, y que estos movimientos siguen vigentes y empoderados tras 20 años de control y organización.

La visión únicamente economicista, la ausencia de voceros políticos en el área rural, el silencio de los parlamentarios, y la falta de una política de comunicación eficiente, develaron la debilidad de un gobierno que no tenía la capacidad para enfrentar por si sola una empresa que lo superaba en capacidad, recursos y aliados.

Las desinteligencias y el desorden interno no solo quedaron demostrados en el debate sobre el Decreto, sino en la incomprensible inclusión –en la agenda pública durante el conflicto– de temas controversiales como el medio ambiente, los recursos de las alcaldías o el rol del vicepresidente, que lejos de distraer, aportaron a la legitimación de la narrativa opositora.

Sin embargo, no podemos quedarnos solo en los errores y la autoflagelación. Este tropiezo debiera ser una oportunidad para que la administración del presidente Paz asuma que ya no es tiempo de campaña electoral ni de controversias mediáticas: es tiempo de gobernar. Sobre todo, de entender que los cambios requieren algo más que normas y discursos: necesitan un gobierno claro en sus objetivos, eficiente en su estrategia, seguro en sus determinaciones, lúcido en sus diagnósticos, honesto en su propuesta y transparente en su actuación. Se requiere un liderazgo comprometido, sólido, generoso e inclusivo, pero firme al momento de tomar decisiones.

La situación es extremadamente grave. No hay margen para la improvisación, el ensayo o el cálculo. No hay dos oportunidades, no hay dos diagnósticos y, sobre todo, no tenemos dos países. O se acierta ahora, o el costo del error será inmediato y devastador.

En 1985 no fue un Decreto que salvó a Bolivia, sino un gobierno con liderazgo, coherencia y convicción, y una mayoría ciudadana que confió. Las crisis no se superan solo con medidas técnicamente adecuadas, sino con claridad estratégica, conducción política y respaldo social. El desafío no es solo corregir errores, sino reconstruir confianza en un momento límite. Gobernar hoy implica asumir costos, incluso cuando duele, ordenar prioridades y planificar con inteligencia y realismo. Porque las transiciones reales no se anuncian: se conducen.

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Bolivia enfrenta una crisis económica multidimensional caracterizada por un elevado déficit fiscal, escasez de divisas, inflación elevada y caída de la producción. Las causas principales se encuentran en el freno a la aplicación del modelo de desarrollo público privado implementado en los años 80 y 90, y su reemplazo por un estatismo radical que desplazó a la inversión privada, se concentró en la exportación de gas y minerales, e impuso una supremacía de decisiones políticas sobre las leyes del mercado, generando un vector de distorsión que se acrecentó en los últimos 20 años, debido a las crecientes subvenciones de carburantes y alimentos.

Al disminuir los ingresos por exportación de gas y frente a la crisis generada por la pandemia y la inflación en los mercados externos, el modelo económico sucumbió aceleradamente, enrumbando al país hacia una de sus peores crisis del último siglo. El problema generado es tan grave, que requiere un equilibrio entre rectificaciones inmediatas y reformas estructurales, respaldado por consenso político y cooperación internacional.

De manera urgente, es necesario realizar un ajuste fiscal que reduzca el gasto corriente en un porcentaje no menor al 20%, recortando el subsidio a los carburantes, disminuyendo la burocracia estatal y cerrando o transfiriendo la propiedad de las empresas estatales deficitarias al sector privado. Asimismo, es necesaria una reforma impositiva que incluya a los sectores de la economía informal como las cooperativas y los productores de coca, en el pago igualitario de impuestos para aumentar la recaudación interna.

Un segundo bloque de medidas debe incluir la devaluación del Boliviano para alinear el tipo de cambio oficial con el mercado paralelo, seguida de un ajuste gradual para evitar efectos negativos sobre la población más desprotegida. Estas medidas deben acompañarse de la eliminación de todas las restricciones a la compra venta de dólares, y de garantizar la autonomía del Banco Central para administrar la política monetaria sin interferencias partidarias.

La inflación es uno de los temas más complejos de enfrentar porque requiere una combinación de medidas económicas y sociales que, por un lado, eviten la pérdida abrupta del valor adquisitivo de los ingresos y, por otro, disminuyan el riesgo de una debacle del aparato productivo. Por ello es necesario mantener controles temporales de precios, solo en productos básicos de la canasta familiar, mientras se eliminan progresivamente en otros sectores, y autorizar la libre importación sin restricciones.

Estas medidas deben acompañarse de una política radical para reactivar el sector exportador, con incentivos fiscales y reducción de las trabas burocráticas para la agroindustria, manufactura y minería. Es imperativo eliminar los límites al comercio exterior y prohibir cualquier suspensión de permisos como los que se aplican actualmente a la soya y la carne.

El ingreso de dólares a la economía es una urgencia ineludible, por ello se deben aprobar todos los créditos pendientes en la Asamblea Legislativa, además de amplificar y reglamentar de manera más precisa las transacciones digitales y el uso de criptomonedas, consolidar el uso de swaps en el comercio bilateral y, devolver al sistema financiero los 3.000 millones de $us del Fondo de Garantías.

El sinceramiento de las cuentas nacionales y de las finanzas públicas, y la transparencia en las cifras económicas son condiciones imprescindibles para mejorar la confianza en los mercados, atraer inversión extranjera y, sobre todo, para gestionar un paquete de créditos de los organismos internacionales, que deben ser adquiridos con el mecanismo de Facilidad Extendida, y administrados bajo estricta vigilancia de un control social efectivo y despolitizado.

El papel del sector privado es fundamental en este proceso, por ello es necesario modernizar el sistema financiero, generar incentivos fiscales para la inversión y la reinversión de utilidades, ajustar las regulaciones laborales, garantizar la seguridad jurídica, involucrar al sector privado en la planificación, facilitar el acceso a crédito a las mypes, y eliminar las preferencias y el monopolio otorgado a empresas públicas como BOA, YPFB, la Gestora, Banco Unión, ENTEL, UNIVIDA y otras.

La crisis económica que nos aqueja requiere decisiones políticamente complejas pero necesarias para recuperar la estabilidad y el crecimiento. Si bien a corto plazo se busca aliviar la actual situación, las reformas estructurales a mediano plazo son esenciales para evitar futuras crisis y construir una economía más diversificada y sostenible. La clave está en una combinación de disciplina fiscal, apertura económica y fortalecimiento institucional. Curiosamente, el riesgo principal sigue siendo la polarización política, que podría impedir cualquier reforma o ajuste.

Ronald Nostas Ardaya es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial y ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que impulse “los procedimientos de enajenación de los inmuebles”. Sin embargo, el decreto excluye ciertas propiedades en Argentina y aquellas que están ubicadas fuera del territorio nacional.

Aunque la resolución incluye un anexo que detalla unas 300 propiedades a vender, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, aclaró en una rueda de prensa que el total de inmuebles a enajenar asciende a 1.200.

Subastas y ventas

Adorni informó que se subastarán más de 400 inmuebles y que se pondrán a la venta otras 800 propiedades. El objetivo de estas acciones es reducir los gastos innecesarios del Estado. Se estima que el valor total de estos inmuebles es de 800 millones de dólares.

Entre los bienes que el Estado planea vender se encuentran propiedades en diferentes puntos del país, incluyendo casas, edificios y terrenos sin construcciones. Uno de los inmuebles destacados es la sede central en Buenos Aires del Ministerio de las Mujeres, que fue disuelto por Milei, y tiene un valor de 12,5 millones de dólares.

Inmuebles decomisados

Además de las 400 propiedades que se subastarán, también se contempla la venta de inmuebles que han sido decomisados en causas relacionadas con corrupción y narcotráfico. Las primeras subastas de edificios públicos están programadas para realizarse antes de que finalice este año.

Políticas de ajuste

Esta medida forma parte de las políticas de ajuste severo que el Gobierno de Javier Milei está implementando para reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas. En el decreto, se argumenta que, para lograr una mayor eficiencia, “se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”.

Según el Gobierno, “mantener ociosos” los inmuebles que se consideran “innecesarios para la gestión” del Estado genera costos y gastos que deben evitarse. Por lo tanto, corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación.

Privatización de empresas estatales

Como parte de su política para reducir el peso del Estado, el Ejecutivo de Milei también está promoviendo la privatización de varias empresas que son estatales o están controladas por el Estado nacional.

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Adorni explicó que la cifra de 70.000 contratos analizados aún no es definitiva y atribuyó el cambio a una confusión y malinterpretación de las palabras del presidente Milei en el International Economic Forum of the Americas (IEFA) Latam Forum en Buenos Aires.

15.000 contratos serán dados de baja

Adorni aclaró que, de los contratos analizados, 15.000 serán dados de baja el 31 de marzo. Sin embargo, esta cifra no incluye los contratos finiquitados en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y en las empresas públicas de Argentina. El resto de los contratos serán renovados por otros seis meses y se continuará analizando cada uno de ellos.

Objetivo de justicia en las contrataciones públicas

El portavoz reafirmó que el objetivo del gobierno no es causar daño, sino ser justos en términos de contrataciones públicas. El plan de ajuste de Milei busca recuperar el superávit fiscal y ha implicado la cancelación de miles de contratos de trabajadores que se habían incorporado a la Administración pública durante el gobierno anterior.

Cierre de ministerios y despidos

Además de la cancelación de contratos, el gobierno ha avanzado con el cierre de ministerios, secretarías, organismos y empresas estatales, lo que ha resultado en un número considerable de despidos.

Cifras de personal estatal en Argentina

Según los últimos datos oficiales disponibles, en enero pasado la dotación de personal estatal en Argentina era de 333.853 trabajadores, de los cuales 224.072 estaban en la Administración pública nacional y 109.781 en empresas y sociedades del Estado.

Fuente: EFE

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El flamante presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se reunió con representantes de la banca local para explicar los alcances de los anuncios hechos este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ajuste fiscal para lograr el equilibrio de las cuentas públicas

El plan de “shock” supone un fuerte ajuste fiscal con el objetivo de lograr el equilibrio de las cuentas públicas en 2024. Para ello, habrá recortes múltiples en el gasto público, incluyendo la reducción de subsidios estatales a los servicios públicos y al transporte a partir de enero.

Medidas inevitables para evitar una catástrofe hiperinflacionaria

El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, dijo este miércoles en una rueda de prensa que estas medidas eran inevitables para lograr el déficit cero y evitar así una catástrofe hiperinflacionaria.

Pérdida del poder adquisitivo frente a la elevada inflación

El paquete incluye recortes en la dotación de personal de la Administración pública y se teme que salarios estatales, jubilaciones y ayudas a sectores vulnerables pierdan poder adquisitivo frente a la elevada inflación. Según informó este miércoles el ente oficial de estadísticas, esta última saltó un 12.8% mensual (160.9% interanual) en noviembre, con proyecciones mensuales entre el 20% y 40% hasta febrero.

Críticas de la Confederación General del Trabajo (CGT)

En una reunión convocada tras conocer ayer las medidas del Ejecutivo, la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical de Argentina, criticó el severo ajuste por considerar que “lo paga el pueblo y no la casta”.

Inflación acelerada y precios “reprimidos”

Aunque prometen evitar una hiperinflación del 15.000% anual, las nuevas autoridades argentinas buscan “sincerar los precios de la economía” que consideran están “reprimidos”. Este proceso ya comenzó con alzas del 30% en los combustibles y fuertes subidas en los supermercados después de la fuerte depreciación ocurrida este miércoles.

Devaluación del peso argentino

En materia monetaria, el precio del dólar en bancos y casas de cambio saltó a 820 pesos por dólar desde 400.50 pesos por unidad como había anticipado Caputo. Esto implica una depreciación del 50% para la moneda argentina.

Diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Además, la autoridad monetaria confirmó en un comunicado que ha iniciado un diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual Argentina adeuda 46.000 millones de dólares y al cual solicitará una dispensa (“waiver”) por incumplimiento de las metas del acuerdo firmado en 2022.

Fuente: EFE

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“Aunque los precios más altos de los recursos naturales de Bolivia, las exportaciones de gas, han brindado cierto apoyo fiscal, este efecto ha sido contrarrestado por una disminución en la producción de gas natural y los gastos de subsidios adicionales necesarios para mantener precios fijos de combustible al por menor”, señala parte del informe y publicado por la ANF.

El FMI además, alerta que más de un tercio del déficit fiscal ha sido financiado por el banco central, presionando el stock de reservas internacionales de Bolivia, que se redujo de US$5.280 millones a fines de 2020 a US$4.300 millones a fines de julio de 2022, alerta el FMI.

Entre las medidas que el país debería asumir, según el ente internacional, están restringir el incremento de funcionarios públicos, eliminar el aguinaldo de los servidores públicos, limitar la inversión en el sector público, reducir los subsidios, ampliar la base de los contribuyentes tributarios formalizando los comercios y actividades informales, fortalecer los controles aduaneros para disminuir el ingreso de productos de contrabando, aumentar los impuestos sobre la renta en hogares de mayores ingresos, aumentar iniciativas contra el lavado de dinero, entre otras.

“Se requerirá un ajuste fiscal significativo para restaurar la sostenibilidad de la deuda, eliminar el financiamiento monetario y reconstruir las reservas internacionales. Si Bolivia opta por mantener su tipo de cambio fijo, la restauración de la sostenibilidad macro requerirá reducir el déficit primario a alrededor del 1,5 por ciento del PIB mediante un plan creíble a mediano plazo”, dice el documento.

Asimismo el informe sugiere cambios a las leyes de hidrocarburos y minería que busquen fomentar la inversión extranjera privada para nuevas exploraciones de gas e impulsar la industria del litio. Además de apostar por la generación de energías renovables y destino para la inversión verde.

El FMI proyecta para fines de este año una inflación del 4,2 por ciento interanual y se proyecta que el costo de mantener los subsidios a los combustibles, estimado en 3,7% del PIB, incrementará el déficit fiscal de 8,5%.

/HNF/

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