Comunidades piden garantizar agua en conversatorio sobre litio

El debate sobre el litio en Bolivia sumó nuevas voces desde los territorios afectados. Este miércoles, un conversatorio impulsado por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) buscó recoger la voz de los protagonistas. En este espacio, representantes de comunidades originarias y organizaciones sociales coincidieron en una demanda central: la construcción de una ley que respete sus derechos y garantice la sostenibilidad ambiental.

Propuestas normativas sobre el litio

El encuentro se realizó en la carrera de Antropología y reunió a actores de las comunidades aledañas al salar. Se planteó como un espacio para recoger propuestas hacia un proyecto normativo sobre el litio, en un contexto marcado por cuestionamientos a la falta de consulta previa y a los posibles impactos sobre los ecosistemas de los salares.

Una de las intervenciones fue la de la expresidenta de la Brigada Parlamentaria, Mery Choque, quien socializó la propuesta que presentó durante su gestión para una ley del litio en Bolivia. Iván Calcina Copa, dirigente de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), advirtió que las poblaciones que habitan en torno al salar, unas 3.000 personas, enfrentan ya efectos derivados de la actividad extractiva.

Derechos ambientales y acceso al agua

Calcina señaló: “Se está extrayendo agua de tierras comunitarias y no tenemos información clara sobre la cantidad ni el impacto a futuro”. Además, denunció que, pese a tratarse de territorios titulados como Tierras Comunitarias de Origen (TCO), no se ha cumplido con el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en la normativa nacional. “No estamos en contra de la explotación, pero debe hacerse con responsabilidad y respetando nuestros derechos colectivos”, remarcó.

Impactos económicos y sostenibilidad

Las preocupaciones no se limitan al acceso al agua. Calcina cuestionó también la falta de beneficios directos para las comunidades: “No recibimos regalías, no sabemos cuánto se produce ni qué impacto tendrá en diez años. Esa incertidumbre es lo que nos preocupa”, añadió.

Desde otra perspectiva, Emiliano Aguilar, representante de la autonomía indígena de Salinas, planteó la necesidad de repensar el modelo de desarrollo en torno a los salares. A su juicio, la apuesta exclusiva por el litio reproduce una lógica extractiva que podría generar consecuencias irreversibles. “Se prioriza el ingreso económico inmediato, pero no se evalúan los efectos a largo plazo sobre el territorio y las comunidades”, afirmó.

Alternativas sostenibles para el desarrollo

Aguilar sugirió que alternativas como el turismo sostenible podrían ofrecer beneficios más duraderos: “El salar no está explotado en todo su potencial turístico. Bien gestionado, podría generar ingresos permanentes sin destruir el entorno”, sostuvo.

Fragmentación institucional y normativa integral

Ambos representantes coincidieron en que el elemento más crítico es el agua. La extracción de recursos evaporíticos depende de grandes volúmenes hídricos en regiones ya afectadas por sequías. “Si se afecta el agua subterránea, el daño puede ser irreversible”, alertaron.

El conversatorio también evidenció la fragmentación institucional y la ausencia de una normativa integral. Mientras avanzan proyectos y contratos, las comunidades reclaman una ley construida de forma participativa y con enfoque territorial.

Cumbre del litio en Bolivia

En ese marco, los organizadores del CEPA anticiparon que estos espacios de diálogo derivarán en una propuesta que será elevada a nivel nacional. Esto se realiza con miras a una futura cumbre del litio en Bolivia, que integre a todos los sectores involucrados. Se recordó además que los afectados tuvieron una cumbre en Colcha K a principios del mes para hacer una propuesta normativa conjunta, misma que aún está en socialización y se pretende entregar en mayo.

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