Detalles de la emboscada

El Comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Edson Claure, explicó que el personal que venía como apoyo de Santa Cruz fue emboscado. Dos policías fueron retenidos durante varias horas y sufrieron agresiones psicológicas y físicas, algunas de ellas denigrantes. Tras ser recuperados, los uniformados fueron trasladados a centros médicos en Santa Cruz.

Uno de los policías presenta problemas en la columna como resultado de los golpes y pedradas que recibió, por lo que el personal médico aún está evaluando su estado de salud. La autoridad anunció que se tomarán acciones penales contra los agresores. Claure precisó que, hasta el momento, hay dos policías internados; el tercer oficial fue dado de alta y se someterá a exámenes médicos para determinar el nivel y gravedad de las lesiones.

Identificación de los agresores

Los agresores aún no han sido identificados, pero el Comandante aseguró que pertenecen al grupo de bloqueadores que responde a Evo Morales. Este grupo demanda que Morales sea reconocido como candidato a las elecciones presidenciales y la anulación de los procesos penales abiertos en su contra.

Lesiones adicionales en la intervención

Más tarde, otro oficial de la Policía que participó en la intervención tuvo que ser evacuado debido a lesiones de consideración por el ataque de los bloqueadores. Este incidente ocurrió en el sector de Epizana, en Pojo.

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La senadora Lindaura Rasguido expresó su indignación por los hechos y aseguró que los efectivos policiales ultrajaron a mujeres, ancianos e incluso niños. Según su criterio, ni siquiera durante la época de dictaduras se vieron agresiones como las vistas ayer en Caracollo.

“Este Gobierno está atentando contra todos los puntos. Ellos están haciendo su bloqueo tranquilamente sin provocar a nadie, pero lo que recibimos de la Policía es gasificación, maltrato y ultrajes a las mujeres de pollera”, declaró la legisladora.

Rasguido lamentó que cualquier acción legal presentada por este hecho será desestimada porque la justicia responde al Gobierno. Sin embargo, confirmó que iniciarán procesos por las agresiones y que incluso acudirán a instancias internacionales.

Múltiples heridos tras intervención policial

Aseguró que dos mujeres fueron agredidas, pero varias otras resultaron heridas tras la intervención policial. La Defensoría del Pueblo confirmó que una de ellas perdió dos dientes, por lo cual rechazaron el uso excesivo de la fuerza en Caracollo.

Por su parte, el senador radical Leonardo Loza también manifestó su indignación por la cantidad de violencia registrada en la localidad de Oruro; sin embargo, aseguró que esa no es la única acción del Gobierno para tratar de disuadir los bloqueos.

Según denunció, más de 20 personas fueron detenidas injustamente, incluyendo a un ayudante de flota en Cochabamba al que supuestamente le sembraron dinamita para acusarlo de ser un minero bloqueador. También desmintió que una persona haya fallecido debido a los bloqueos.

En ese sentido, manifestó su deseo de que se logre de una vez por todas el acuerdo para las elecciones judiciales y que se aparte a los magistrados que siguen ocupando sus cargos.

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Las agresiones de ambos funcionarios y la sangre derramada alertó a los vecinos del lugar quienes denunciaron el hecho a las autoridades.

A través de una entrevista con LA PATRIA Radio, un vecino de la zona declaró que vio a los policías totalmente heridos e incluso que uno de ellos no llevaba puesto sus zapatos.

“Esta mañana a las (08:00 horas) vi un joven policía totalmente maltratado, puro sangre parado aquí en mi puertita”, afirmó un vecino.

Dijo que los efectivos estaban en estado de ebriedad, puesto que llegaron patrulleros al lugar e intentaron calmar a uno de ellos para ingresarlo al vehículo pero este se negó con gritos.

“Ni siquiera tenía respeto borracho es borracho, que vamos a hacer (…) Sin zapato se lo están llevando ahora dentro su retén esta como un matadero de llama, lleno sangre”, añadió.

Indicó que el otro implicado estaba con su motorizado circulando varias veces por la zona, hasta que la presencia de la prensa hizo que se marchara.

Según el vecino, no es la primera vez que ocurre este tipo de anomalías puesto que en pasadas ocasiones vio a los efectivos en presunto estado etílico.

/NVY

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Entre los casos suscitados en este tiempo mencionaron las agresiones a la movilización encabezada por la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, en favor de los presos políticos, suscitado el 10 de febrero, cuando un grupo de personas los agredió.

También la detención policial a tres activistas feministas en la ciudad de El Alto, por pegar carteles que exigían justicia para las víctimas de feminicidio y la violencia de género el 4 de marzo.

Agresiones de grupos afines al MAS

En el informe recuerdan la agresión de grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la vigilia que realizaba Carolina Ribera, hija de la expresidente, Jeanine Añez, en el penal de Miraflores el 18 de febrero.

Asimismo, la provocación y agresión de grupos afines al MAS a miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, plataformas ciudadanas y activistas en los actos por el 21F en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz el 21 de febrero.

Del total de vulneraciones al derecho a la protesta, 15 son casos de heridos en manifestaciones, tres de impedimento de una protesta, dos de criminalización o judicialización de una protesta y se detuvo a 11 personas.

Criminalización de una protesta

Los dos casos de criminalización de una protesta se refiere a las imputaciones en contra del presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, y el ejecutivo del autotransporte de Tarija, Gabriel Pérez; a los que se acusa por de los supuestos delitos de instigación pública a delinquir y separatismo.

Ambos ciudadanos son procesados por la convocatoria al paro multisectorial de noviembre de 2021 en rechazo a la posteriormente abrogada Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

Caso de los maestros

Como resultado de diez días de movilización protagonizado por maestros urbanos, se reportaron 15 heridos y ocho aprehendidos.

Los manifestantes llegaron a la ciudad de La Paz para demandar al Ministerio de Educación, la creación de 10 mil ítems para el sector y el incremento del presupuesto en educación.

La movilización se desarrolló a nivel nacional, con marchas y bloqueos en diferentes departamentos del país; sin embargo, la protesta en La Paz se caracterizó por marchas que recorrieron calles y avenidas del centro paceño y concentraciones alrededor del Ministerio de Educación e inmediaciones de la plaza Murillo.

En su segundo día de protestas en La Paz, los maestros intentaron ingresar a plaza Murillo, pero se encontraron con la Policía que resguardaba las calles aledañas y con el uso de agentes químicos, los dispersaron, dejando el saldo de cinco heridos y cuatro aprehendidos. El sector aseveró que fueron heridos con balines, de acuerdo al reporte del diario El Deber.

El 16 de marzo, los educadores llegaron hasta inmediaciones del Ministerio de Educación, donde instalaron un bloqueo, a lo que fueron reprimidos por la Policía con agentes químicos. El hecho dejó 10 heridos y cuatro aprehendidos.

El 18 de marzo, se instaló la mesa de diálogo en la que se logró llegar a un acuerdo; el Gobierno y los maestros convinieron la creación de 800 nuevos ítems que se suman a los 2.500 que el Ejecutivo entregó en febrero.

Según Unitas, las demandas de los maestros fueron respondidas de manera inadecuada por el Gobierno.

Omisión del Estado

El observatorio señaló que la extensión del conflicto y el número de personas reprimidas, heridas o detenidas, pone en evidencia la omisión del Estado respecto al respeto y garantía del derecho a la protesta.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la protesta como un instrumento esencial a través del cual las personas y los grupos pueden dar a conocer sus opiniones a quienes los gobiernan, a fin de conformar las políticas públicas y las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto.

Unitas recomienda que para evitar incurrir en vulneraciones, las intervenciones contra protestas deben cumplir con tres parámetros: Legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Por su parte, el relator especial sobre libertad de expresión de la CIDH recalcó la importancia de las protestas por encima de otros derechos, al ser uno de los “cimientos de la democracia”.

Respecto al caso de los maestros, resaltaron que el Gobierno atentó contra la integridad y los derechos del sector, omitiendo los deberes estatales respecto al derecho a la protesta.

Finalmente, según estadísticas del Observatorio, el Gobierno adoptó una tendencia represiva contra las protestas, pues durante el 2021, se registraron 429 vulneraciones al derecho a la protesta, incluyendo 26 represiones, 100 heridos y 282 detenidos.

En esos casos, el diálogo no fue la respuesta inmediata, ya que se optó por la movilización policial y la agresión desproporcional.

/JDLF/

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