El 19 de mayo de 2026, parlamentarios calificaron como “delincuencia” y “vandalismo” los hechos ocurridos durante las movilizaciones en La Paz. Marchistas de diferentes sectores agredieron a ciudadanos, saquearon negocios e incluso atentaron contra edificios públicos la pasada jornada.

Derecho a la protesta versus actos delictivos

El diputado José Maldonado expresó que, aunque una movilización por reivindicaciones es comprensible y el derecho a la protesta está garantizado, esto no justifica asaltar oficinas o centros comerciales. También mencionó el caso de un policía agredido mientras resguardaba la Línea Azul del Teleférico.

“¿Tienen derechos por ser campesinos o estar en protestas a maltratar a la gente? No, eso se llama delincuencia”, afirmó el legislador.

Críticas a los actos de vandalismo

La diputada Claudia Bilbao también condenó los actos violentos, señalando que muchos de ellos son delitos injustificables. Criticó acciones como quitarle comida a un transeúnte sin razón, atacar estaciones del Teleférico y agredir a personas en minibuses. Bilbao pidió que los responsables enfrenten la justicia.

A pesar de su crítica, la diputada no cerró la puerta al diálogo, siempre que los movilizados lleguen con reivindicaciones legítimas y no con posturas radicales como exigir la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

Preocupación por la situación en La Paz

La diputada Ximena Arispe consideró que las protestas se convirtieron en vandalismo, evidenciado por daños a la prensa y agresiones a policías y ciudadanos. “Hemos visto un daño total”, declaró.

Además, expresó su preocupación por la falta de insumos en La Paz debido a los bloqueos de carreteras. “Hasta el sector salud necesita ayuda; el oxígeno está a poco de acabarse”, advirtió, resaltando que esto afecta vidas humanas, incluidos niños con cáncer y personas que requieren diálisis.

Episodios violentos en las movilizaciones

Las marchas del día anterior marcaron uno de los episodios más violentos desde el inicio de las movilizaciones hace más de dos semanas. La protesta que exigía la renuncia del Presidente culminó en saqueos, destrucción de propiedades públicas y privadas, así como múltiples agresiones denunciadas por ciudadanos paceños.

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