Tras varios episodios de agresiones a periodistas en Bolivia durante 46 días de conflictos, la diputada Lili Zurita anunció este lunes 15 de junio la presentación de un proyecto de declaración camaral. Este proyecto rechaza estos hechos y solicita que se proteja el trabajo de la prensa.

Solidaridad con los trabajadores de la prensa

La legisladora, quien presentó esta propuesta junto a su colega Juan del Granado, expresó su solidaridad con los periodistas bolivianos, camarógrafos, fotógrafos y todos los trabajadores de la prensa. Desde el inicio del conflicto, estos profesionales fueron “asediados por los movilizados”, según afirmó.

Marco legal del proyecto

La diputada Zurita explicó que la resolución camaral responde a la Constitución Política del Estado (CPE), que protege la libertad de expresión y de prensa en el país. Además, espera que el proyecto sea tratado durante esta semana en el pleno por dispensación de trámites.

Demandas al gobierno y a la Policía Boliviana

Esta propuesta no solo expresa solidaridad con la prensa, sino que también pide al gobierno y a la Policía Boliviana que hagan respetar los derechos de los trabajadores de la prensa. Asimismo, insta a los sectores movilizados a respetar a quienes desempeñan esta labor.

“La libertad de expresión y de prensa son principios irrenunciables de los bolivianos”, afirmó Zurita. La diputada espera que este proyecto sea tratado este martes o miércoles, según lo defina la directiva.

Deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció un grave deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico en Bolivia. Entre el 12 y el 18 de mayo, se registraron al menos 14 ataques contra periodistas y equipos de medios nacionales e internacionales durante la crisis política del país.

Las agresiones ocurrieron en al menos cuatro regiones durante la cobertura de protestas, bloqueos y enfrentamientos. Según el informe, los ataques incluyeron golpizas, pedradas, explosiones de dinamita, gases lacrimógenos, amenazas de linchamiento, daños a equipos y vehículos e intentos de detención policial.

Violencia proveniente de diversos actores

RSF advirtió que la violencia provino tanto de manifestantes como de fuerzas del orden y grupos vinculados a cooperativas mineras. Entre los casos documentados figuran agresiones especialmente a periodistas de cadenas nacionales y corresponsales internacionales, algunos de los cuales fueron perseguidos, golpeados y amenazados.

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Libertad de prensa en Bolivia bajo ataque

Las Asociaciones Departamentales de Periodistas de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija y Pando emitieron un pronunciamiento conjunto en rechazo a las agresiones registradas contra trabajadores de la prensa durante los conflictos y movilizaciones en el país, principalmente en La Paz y El Alto.

Denuncias de agresiones a periodistas

El pronunciamiento denuncia ataques contra periodistas, fotoperiodistas, camarógrafos y medios de comunicación. Entre estos, un periodista resultó herido por cachorros de dinamita y otro fue golpeado por manifestantes. Además, se registraron insultos, intimidaciones, destrucción de equipos y de una unidad móvil.

Impacto en la libertad de prensa

Las organizaciones señalaron que estos hechos no son aislados, sino ataques directos contra la libertad de prensa en Bolivia y el derecho de la población a mantenerse informada en medio del conflicto político y social que atraviesa el país. Asimismo, recordaron que estas agresiones vulneran la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y convenios internacionales relacionados con la libertad de expresión y la protección a periodistas.

Demandas de las asociaciones

En ese contexto, las asociaciones exigieron investigaciones inmediatas y sanciones para los responsables. También pidieron garantías para el ejercicio periodístico en zonas de conflicto, protocolos de protección y respeto al trabajo de los medios de comunicación por parte de los sectores movilizados.

Advertencias sobre la violencia

Sobre esta situación, el presidente de la Asociación de Periodistas de Oruro, Marco Antonio Flores Nogales, advirtió que existe una “espiral de violencia” en crecimiento y que los periodistas se han convertido en blanco de agresiones durante las movilizaciones.

Cobertura informativa continua

“Sin ningún motivo están agrediendo físicamente a los colegas, atentando contra su seguridad e incluso contra la vida en algunos casos”, afirmó. Flores sostuvo que la violencia no está siendo contenida por las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio periodístico. Exhortó a los sectores movilizados a respetar el trabajo de los hombres y mujeres de prensa que realizan labores de cobertura e información en las calles.

Llamado a las autoridades

También pidió a las autoridades de Gobierno, la Policía y el Ministerio Público identificar y sancionar a los responsables de las agresiones. Señaló que no solo se vulnera la libertad de expresión, sino que se pone en riesgo la integridad y la vida de los trabajadores de la prensa.

Compromiso con la información

El representante manifestó su preocupación por el incremento de los hechos violentos y afirmó que se debe evitar que el conflicto cobre víctimas, tanto entre movilizados y efectivos policiales como entre periodistas. Pese a las agresiones, aseguró que los trabajadores de la prensa continuarán realizando coberturas informativas. “Los periodistas vamos a seguir en las calles, vamos a seguir informando a la ciudadanía, porque es nuestro deber y nuestra vocación; es nuestro aporte a la democracia”, expresó.

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Violencia policial carga contra periodistas que cubrían protesta

La Paz, 22 de abril de 2026 – Ojos irritados, dolores de cabeza y equipos dañados son el saldo de la agresión física y maltrato emocional que sufrieron mujeres periodistas por parte de policías antimotines. Este incidente ocurrió mientras cubrían una protesta de maestros en la Plaza Murillo de La Paz, a las 11:00 horas.

Reacciones de los periodistas agredidos

Erika Segales, corresponsal del periódico El Deber de Santa Cruz de la Sierra, reclamó: “No basta con una disculpa, debe sancionarse a los responsables de la brutal agresión policial”. Ella y otros reporteros registraban en vídeo e imágenes el desalojo de siete mujeres y un varón del magisterio que protestaban frente al antiguo Palacio Legislativo.

Desalojo violento y agresiones

Los policías intentaron retirar a los manifestantes que resistían abrazados en el suelo. Un policía gritó: “¡Retroceda la prensa, retroceda la prensa!”, según un audio grabado por la Televisión Universitaria. Segales describió la situación como “una brutal agresión de la policía”, enfatizando que los reporteros no interferían con el operativo policial.

Testimonios sobre las agresiones

Segales sintió dolor en su brazo debido a la presión ejercida por un policía para obligarla a salir de la plaza. “¡Le dije no me toques!”, pero otro agente le lanzó gas a los ojos. Por su parte, María Isabel Laguna, periodista de la Televisión Universitaria, relató: “Me lanzaron gas a los ojos. Sufrí una hemorragia nasal”. Además, informó sobre el exceso de brutalidad hacia mujeres periodistas.

Impacto en otros reporteros

Cristian Pommier, periodista independiente, también sufrió efectos de los gases y empujones para sacarlo de la Plaza Murillo. Según testimonios, alrededor de 30 policías antimotines participaron en estos incidentes. Un camarógrafo intentó defender a Segales, gritando: “¡Basta!, ¿no ves que es una dama?”, pero también recibió un ataque con gas.

Reacción oficial ante las agresiones

El vicepresidente del Estado Plurinacional, Edmand Lara, expresó su firme rechazo y condena a las agresiones contra periodistas. Recordó que la labor periodística está garantizada por la Constitución Política del Estado (CPE). La Unidad de Monitoreo de la ANP solicitó un pronunciamiento a la Oficina de Prensa del Presidente Rodrigo Paz, pero hasta la noche del miércoles 22 no recibió respuesta.

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El Alto, 28Feb.2026 (ANP) – Una reportera con lesiones en un pie, un corresponsal de prensa internacional golpeado por un jefe policial y los vidrios rotos de un vehículo de la televisión estatal durante la cobertura de un accidente aéreo en la ciudad de El Alto, fueron algunos de los hechos denunciados por medios y organizaciones periodísticas.

Tras el accidente de una aeronave militar durante un aterrizaje en el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, al anochecer del viernes 27, reporteros de varios medios tuvieron dificultades para obtener imágenes y testimonios alrededor de la nave que terminó con el fuselaje seccionado en dos partes.

La periodista de CTV Red Nacional Bolivia, Karina Yanarico, sufrió lesiones en el tobillo como efecto del impacto de una piedra lanzada por un desconocido.

“Escapamos de la gente que nos lanzaba piedras. No les gustó que grabemos imágenes”, explicó la reportera que fue auxiliada por la policía y personal de asistencia médica que atendió la emergencia.

En medio de la agresión, una persona empleó la violencia para dañar el teléfono móvil con el cual Yanarico transmitía los intentos de centenares de personas que pretendían aproximarse a la nave siniestrada para recoger billetes derramados durante el accidente.

Al intentar cooperar con su compañera de trabajo, un colaborador de la periodista recibió una patada de un desconocido y cayó al piso, según relato de Yanarico. Otra persona se interpuso entre ellos y la multitud para evitar

que continúe la agresión, de acuerdo a la versión difundida por CTV.

Corresponsal golpeado

La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) expresó enérgico repudio por la agresión de un teniente coronel de la policía a un fotoperiodista en la noche del viernes 27 de febrero.

“El agente lo golpeó en el pecho, intentó expulsarlo de la zona mediante empujones y jalones, e incluso lo atenazó del cuello con la mano para impedir que captara imágenes del avión, de los vehículos siniestrados y de las personas que, a pocos metros, intentaban recoger parte de la carga dispersa en el lugar”, señala un comunicado de la organización.

Este sábado 28, el Ministerio de Gobierno, responsable de la seguridad interna, informó en un comunicado que “las instancias correspondientes de la Policía Boliviana iniciarán de manera inmediata una investigación para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan respecto al efectivo policial involucrado”.

Vehículo apedreado

Un vehículo que transportaba a periodistas de la estatal BoliviaTV fue blanco de ataque con piedras. El vidrio principal fue roto y su personal hostigado por desconocidos.

La Federación de Trabajadores de la Prensa de la ciudad de El Alto pidió a la población respeto al trabajo de los periodistas y llamó a la solidaridad con las víctimas del accidente.

Foto:

Una periodista de Red Uno entrevista a la reportera de CTV, Karina Yanarico, mientras era asistida por personal médico en una ambulancia en la ciudad de El Alto.

Crédito:

Captura de pantalla de Red Uno

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Un periodista herido, una reportera golpeada y unos veinte enviados de prensa agredidos son los casos registrados durante la jornada de las elecciones generales del domingo 17 de agosto en Bolivia, de acuerdo a fuentes consultadas por la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales periódicos de Bolivia.

Una piedra impactó en el rostro del fotoperiodista de la agencia española EFE, Claudio Abrego, que cubría el domingo la votación del candidato presidencial de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, en la unidad educativa José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos, en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.

Rodríguez sufrió el ataque de una turba que lo rodeó después que depositó su voto. Los agresores persiguieron al candidato, lanzaron piedras, hicieron explotar fuegos de artificio y arrojaron botellas de plástico con líquido.

El político fue protegido por su equipo de seguridad y un militar hasta que consiguió abordar un vehículo para retirarse del lugar, mientras los manifestantes gritaban: “fuera, traidor…”

La página informativa de Facebook, “IN Noticias”, publicó imágenes de la herida sangrante localizada en la barbilla y la mandíbula del fotoperiodista Abrego. Otras piedras alcanzaron su cuello y provocaron contusiones, según el medio digital.

Su colega, también fotoperiodista de EFE, Jorge Abrego, enseñó un hematoma en el brazo derecho como efecto del golpe con un objeto contundente.

Periodista golpeada

La periodista del medio digital “Fem Media”, Carmen Challapa, también fue atacada por desconocidos que lanzaron golpes de puño y la tomaron por los cabellos en medio de la confusión generada durante la salida del candidato Rodríguez del recinto electoral.

“Verbalmente nos insultaban a cada momento, y amenazaron con golpearnos también”, describió en atención a consultas de la Unidad de Monitoreo de la ANP. La periodista no consiguió identificar a sus agresores en medio de los empujones y la carrera por huir del lugar.

La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) reportó la agresión a unos 20 periodistas en el centro educativo habilitado para la votación, en Entre Ríos.

En La Paz, la periodista de radio “Aquí la Prensa”, Emma Bustamante, denunció el hostigamiento de un policía que la siguió durante la cobertura informativa que realizaba en el colegio Ayacucho.

La comunicadora lamentó que el funcionario desconozca el trabajo informativo de los reporteros en un día de elecciones.

/ La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a
periodistas y medios desde hace 17 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios
informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada
a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.

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El hostigamiento de este sector a trabajadores de la prensa se ha convertido en un hecho habitual en escenarios de conflicto y durante la labor informativa en las calles de las ciudades, según la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 17 años.

“Usted va a aprender a respetar”, exclamó una periodista ante la actitud de un ciudadano que agredió verbalmente a reporteros que realizaban su labor cotidiana.

El calificativo de “prensa vendida” surgió durante el gobierno de Morales, entre 2006 y 2019, que se caracterizó por estigmatizar el trabajo del periodismo independiente, aplicó la persecución tributaria a dueños de medios y otorgó privilegios con la asignación preferencial de la pauta publicitaria a cadenas de radio y televisión con una línea informativa afín a su corriente política de izquierda.

Nosotros cumplimos el trabajo de informar y cubrir las noticias de todos los sectores. “No vamos a permitir” nuevas agresiones y, si se repite la acusación, demandaremos al agresor ante la justicia, advirtió el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Luis Alberto Guevara.

“Estamos hartos de que nos agredan y abusen de nosotros”, afirmó Guevara en una declaración realizada a la Agencia de Información Chuquisaca (ADICH).

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Pizarro junto a otros reporteros, informaba para sus medios sobre los enfrentamientos entre simpatizantes del expresidente Evo Morales con la policía que custodia el edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicado en la Plaza Avaroa de la zona de Sopocachi.

Mientras seguía las escenas con su cámara, un policía accionó un envase de gas pimienta afectando al periodista y a una reportera que reclamó: ¿por qué nos está gasificando..?, según el registro de video divulgado por Fides.

Desde el pasado lunes 26 de mayo, se registran marchas y protestas en las cercanías de la Plaza Murillo y de la Plaza Avaroa, protagonizadas por seguidores de Evo Morales que exigen la inscripción del expresidente como candidato para las elecciones generales de agosto próximo.

La agresión se suma al hostigamiento que sufrió una periodista de la privada Red Uno, el miércoles 28 de mayo, cuando un grupo de manifestantes afines a Evo Morales la increpó cerca de la Plaza Murillo.
Un reporte del diario Correo del Sur señala que, mientras la periodista informaba sobre el desarrollo de la protesta, algunos manifestantes comenzaron a rodearla. Uno de ellos empezó a grabarla con su teléfono celular, mientras otro gritaba consignas en tono hostil.

En la tarde del jueves 29, la radio que apoya a Evo Morales, Kawsachun Coca, denunció en su sitio de Facebook que un funcionario del Ministerio de Gobierno grabó imágenes de manifestantes usando una identificación de prensa. El medio alerta que “estas acciones ponen en riesgo las labores de los periodistas”.

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 17 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.

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Los hechos ocurrieron el 23 de mayo en el municipio fronterizo de Desaguadero. Durante una cobertura informativa, una periodista y un camarógrafo fueron interceptados por un grupo de al menos 12 personas. Estas personas los intimidaron y les exigieron que eliminaran las imágenes que habían captado, amenazándolos con hacerles daño.

Inacción de las autoridades

La situación se tornó más grave debido a la inacción de los efectivos militares y policiales que estaban presentes en el lugar. Aunque presenciaron la agresión, en lugar de intervenir para proteger a los periodistas, simplemente se limitaron a grabar con un teléfono móvil.

Reacción de la ANPB

La ANPB afirmó que este incidente vulnera de manera flagrante el derecho a la libertad de prensa y expresión, derechos que están consagrados tanto en la normativa nacional como en tratados internacionales de derechos humanos. La asociación subrayó que es inaceptable que periodistas que cumplen con su deber de informar sean víctimas de violencia, censura y amenazas, y que el Estado no garantice condiciones mínimas para el ejercicio seguro del periodismo.

Demandas al Gobierno

En este contexto, la ANPB exigió al Gobierno y a las autoridades competentes una investigación inmediata, transparente y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como institucionales. También demandó explicaciones al mando militar sobre la conducta de los uniformados que presenciaron los hechos sin intervenir.

Garantías para el periodismo

La asociación solicitó garantías que aseguren la seguridad y el libre ejercicio del periodismo, especialmente en zonas con conflictos políticos y sociales, así como en regiones donde se llevan a cabo actividades ilegales.

Además, la ANPB expresó su solidaridad con el equipo de Urgente.bo y con todos los periodistas que, a diario, enfrentan riesgos para informar con responsabilidad, valentía y un firme compromiso con la verdad.

Finalmente, la ANPB reafirmó su compromiso con la libertad de prensa, destacándola como un pilar esencial para la democracia y el Estado de derecho en Bolivia.

LDVY

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Lleva 20 años de trabajo como periodista que reporta desde las calles de La Paz, Bolivia. En persona sufrió una herida de gravedad durante una manifestación y con esa experiencia, Helga Velasco, concluye que el derecho a la protesta de los ciudadanos termina en violencia.

“Así es, el derecho a la protesta en nuestro país se ha deformado totalmente, se mal utiliza todo el tiempo y todos los sectores lo hacen sin excepción”, concluye después de un viernes 16 de mayo violento en que al menos cinco periodistas fueron agredidos tanto por manifestantes que apoyan una repostulación de Evo Morales a la Presidencia, así como por policías antidisturbios.

Con el rostro ensangrentado por el impacto de un adoquín lanzado por un manifestante que exigía la construcción de una carretera entre Cochabamba y Beni, durante una protesta del 30 de enero del año 2012, la periodista quedó sin sentido por algunos minutos.

La policía la trasladó hasta un hospital donde fue intervenida de urgencia por la pérdida de tres piezas dentales y fueron necesarios estudios de imagen para descartar otras fracturas en el rostro.

“Nunca se investigó nada. Yo tampoco presenté una denuncia porque la marcha de ese sector vino, protestó de forma violenta y se fue como si nada hubiera pasado. Desde entonces se empieza a normalizar el derecho a la protesta violenta en Bolivia”, comentó a la Unidad de Monitoreo de los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

En ese ataque a periodistas y policías, el camarógrafo de la red Bolivisión, Carlos Saavedra, sufrió una herida en el tabique nasal y el camarógrafo de Fides Tv, Alejandro Estívariz, terminó con una herida en el pómulo derecho provocada por el impacto de una piedra. El fotógrafo del diario La Razón, Miguel Carrasco, fue otro de los trabajadores de la prensa lesionado por los ataques con piedras.

Entre enero y mayo de 2025, la Unidad de Monitoreo de la ANP registró agresiones a siete mujeres periodistas, un dato preocupante. En 2024, la ANP registró y documentó agresiones a seis mujeres periodistas.

Aunque tuvo oportunidades de trabajar en un estudio de televisión conduciendo espacios de noticias, Velasco considera que “la esencia y el origen del periodismo de televisión están en las calles. Está en las voces de las personas, en los hechos que ocurren, porque no solo hacemos registro de conflictos, de peleas, de delitos; también nos conectamos directamente con la realidad”.

En las dos décadas de trabajo periodístico, integró los equipos de Televisión Boliviana, PAT, Bolivisión, Gigavisión , Unitel y desde hace cuatro años reporta para “Cadena A”.

Opina que “el periodismo serio y profesional debería comenzar en las calles y luego continuar en un estudio de televisión. Lastimosamente, son pocos los profesionales que están en un estudio y que pueden llamarse periodistas de verdad. Siento que el verdadero periodismo nos escoge para estar en las calles”. “Hay mucha gente que está jugando a ser periodista en la calle o en un estudio, pero veo que muy poco se toma este hermoso oficio en serio”.

La protesta en Bolivia “no es pacífica, es violenta porque seguramente en una sociedad con miedo es más fácil manipular. …Se están vulnerando decenas de derechos” de los periodistas, afirmó.

“Sabemos que la gente en Bolivia se ha acostumbrado a abusar de otros para exigir sus derechos desfigurando por completo el verdadero derecho a la protesta en una sociedad democrática”, comenta Velasco que debe llevar equipo de seguridad: casco, chaleco y máscara contra gases.

“Estamos exigiendo respeto a nuestro trabajo, respeto a las libertades de expresión y de prensa y no nos vamos a cansar porque nadie nos va a meter miedo por hacer nuestro trabajo”, reafirma convencida del aporte que realiza a una sociedad que necesita estar informada.

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En el Día del Periodista boliviano, el presidente de la organización de periódicos, Jorge Carrasco, ratificó el pedido de actuación de oficio de la fiscalía y el Defensor del Pueblo para impulsar una investigación de los recientes casos de agresión a reporteros.

La petición llega tras una semana en que se registraron casos de brutal ataque a dos
mujeres periodistas y camarógrafos mientras realizaban una cobertura informativa del conflicto originado en la recolección de basura, en la ciudad de Cochabamba y
municipios colindantes.

Los hechos reportados por la Unidad de Monitoreo de la ANP están a la espera de una investigación. En los dos casos reportados, las víctimas identificaron a los agresores que además afectaron a mujeres que rechazaban el traslado de basura a un distrito del municipio de Quillacollo, en el departamento de Cochabamba.
“Una ausencia de las entidades estatales, con atribuciones para defender las
libertades de expresión y de prensa, estaría dejando en duda su función”, afirmó
Carrasco.

En 2024, la ANP reportó y documentó un total de 61 casos de agresiones a periodistas, el cierre de una radioemisora privada, el hostigamiento judicial y la continuidad de las políticas de gobiernos de izquierda que marginaron a medios independientes de la publicidad estatal.

El conjunto de restricciones aplicadas durante 18 años, afectó a las finanzas de los
medios independientes y como impacto directo, la estabilidad y las condiciones
laborales fueron seriamente dañadas, según la ANP.

“Valoramos en alto grado el trabajo de mujeres y hombres en la esforzada labor de
procesamiento y difusión de noticias como un servicio de interés social. Hacemos
votos por una mejora de la institucionalidad democrática que garantice los derechos
de los trabajadores de la prensa y de los medios independientes”, expresó el Presidente de la ANP.

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Una turba de conductores de buses del servicio público atacó a periodistas de la ciudad intermedia de Montero, distante a 53 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y provocaron heridas en un fotógrafo y destruyeron los equipos de dos reporteros.

En la tarde del jueves 6 de marzo, los transportistas intentaron la toma violenta del edificio principal de la Alcaldía como medida de presión para obtener un incremento de las tarifas de transporte de pasajeros de 2 a 3 bolivianos por persona.

“Me cubrí la cara” ante los golpes de puño y las piedras lanzadas, explicó a la Unidad de Monitoreo de la ANP el fotógrafo de la oficina de prensa de la Alcaldía, David Sandóval.

Un conductor de buses golpeó el rostro de Sandóval con una piedra que empuñaba como arma contundente.

Sandóval sufrió golpes en la cabeza, terminó con hematomas en la espalda y en un brazo. Varios reporteros intervinieron en defensa del fotoperiodista para impedir que continúe la agresión de los manifestantes que portaban palos y piedras.

Otro reportero que registraba imágenes con un teléfono móvil fue atacado y un conductor de buses arrebató el dispositivo y lo lanzó al lodo. El teléfono quedó inhabilitado.

El reportero del programa “El Informador en Vivo”, Germán Lino Valle, también sufrió golpes y su equipo de trabajo quedó destrozado.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Montero, Paulo Arancibia, denunció a la Unidad de Monitoreo de la ANP la obstrucción al trabajo y violencia contra reporteros que registraban imágenes del ataque al edificio municipal.

“No toleraremos más agresiones a nuestros afiliados”, advirtió Arancibia y anunció acciones legales contra los responsables.

La organización de periodistas se declaró en emergencia y espera que los agresores ofrezcan disculpas. Entretanto, los medios locales no realizan la cobertura informativa de las demandas de los transportistas.

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 17 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.

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Exigencia de garantías

Este 14 de enero de 2025, tras los incidentes de agresión, la APLP ha exigido a las autoridades que se garanticen condiciones seguras para el trabajo de los periodistas. Esto es fundamental para la defensa y promoción de la libertad de expresión, así como del derecho a la información.

Durante la tarde del lunes 13, se difundieron imágenes y videos en redes sociales que mostraron cómo los participantes de la marcha agredieron, insultaron y atacaron a los periodistas mientras estos realizaban su labor de cobertura informativa.

Reiteración de la APLP

La APLP ha reiterado su demanda, afirmando: “Reiteramos nuestra exigencia de garantías plenas para el trabajo periodístico y recordamos la obligación del Estado de tomar acciones y medidas concretas para prevenir cualquier acción violenta, proteger y asistir a las y los periodistas en el desempeño de su labor informativa”.

Contexto de inseguridad

Esta denuncia se presenta en un contexto donde se han reportado múltiples incidentes que afectan la seguridad de los comunicadores. La APLP enfatiza que es responsabilidad del Estado garantizar un ambiente seguro para el ejercicio del periodismo.

Las agresiones no solo impactan a los profesionales involucrados, sino que también afectan el derecho a la información de la ciudadanía. La protección de los periodistas es esencial para asegurar que la población reciba información veraz y oportuna.

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Un reportero de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) verificó que el camarógrafo del canal privado de televisión “F10”, Marco Jiménez, sufrió el impacto de un proyectil de un fuego de artificio (petardo) lanzado contra su pierna derecha. Además de dañar su prenda de vestir, el impacto provocó una laceración. El petardo “vino de allá (desde el sector de los marchistas) y fue dirigido contra mi pierna,” relató Jiménez a la Unidad de Monitoreo.

El comandante departamental de Policía, Gunter Agudo, citado por la agencia estatal de noticias ABI informó de “algunos periodistas que han recibido los impactos de petardos de manera directa,” pero no mencionó el número de reporteros afectados ni su identidad. Los hechos de violencia contra reporteros se registraron en las puertas de la Vicepresidencia de la República, en la esquina de las calles Mercado y Ayacucho, a la finalización de la “marcha comunal por la vida” protagonizada por seguidores de Evo Morales que demandan al gobierno la solución a una crisis por la falta de dólares, escasez de carburantes y la liberación de personas que protagonizaron bloqueos de carreteras entre los meses de septiembre y noviembre del pasado año.

Los dirigentes de la marcha intentaron entregar un pliego de peticiones en la Casa del Pueblo, el edificio presidencial, pero una barrera policial impidió su paso, lo que derivó en agresiones a policías antimotines que respondieron con gases lacrimógenos.

Sectores que respaldan y reclaman la habilitación de Morales como candidato para las elecciones generales de agosto próximo, gritaron consignas partidarias contra los medios independientes.

“Prensa vendida”, “prensa corrupta” y estribillos contra la cadena privada de televisión Unitel fueron coreados por los manifestantes, y luego sus dirigentes pidieron la difusión de un documento con sus demandas a los medios agredidos. Entre septiembre y noviembre del pasado año, más de una decena de reporteros y fotógrafos sufrieron agresiones mientras cubrían las noticias de los bloqueos de carreteras organizados por Evo Morales.

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Detalles de la agresión

El Comandante Departamental de la Policía de La Paz, Gunter Agudo, informó sobre el impacto directo de los petardos en algunos periodistas. Además, mencionó el arresto de dos marchistas que fueron acusados de intentar robar equipos pertenecientes a la Policía. Los seguidores del expresidente Evo Morales llegaron en una marcha al departamento de La Paz con la intención de entregar su pliego petitorio.

Sin embargo, durante su avance, agredieron a los agentes policiales. Ante esta situación, la Policía decidió liberar gases lacrimógenos para dispersar a los marchistas. Una vez que llegaron a su destino, se negaron a entregar el pliego a funcionarios del Ministerio de la Presidencia.

Reacción de los dirigentes

El dirigente Froilán Fulguera explicó que el Presidente debía recibir el pliego donde figuran los 12 puntos planteados por las organizaciones sociales que marcharon desde Patacamaya hasta La Paz. Agudo destacó la labor de la Policía en garantizar la libre circulación de las personas y llamó a realizar protestas de manera más pacífica.

No obstante, advirtió: “Cuando se torna la movilización violenta, nosotros también, de una u otra forma, tenemos que mantener el orden público”. El jefe policial dejó en manos del Ministerio Público la tipificación de los delitos cometidos por los marchistas.

Consecuencias de la violencia

Agudo señaló: “Han tratado de quitar a los servidores públicos policiales los bastones y algunos elementos que nosotros utilizamos para el restablecimiento del orden público”. La situación refleja la tensión existente entre los manifestantes y las fuerzas del orden en el contexto de las protestas en Bolivia.

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La polarización en el país, que anteriormente se centraba en la confrontación entre el oficialismo y la oposición, ha dado un giro significativo. Ahora, la pugna se ha intensificado entre los `arcistas`, seguidores del presidente Luis Arce, y los `evistas`, quienes son afines al exmandatario Evo Morales, que gobernó de 2006 a 2019. Esta división ha surgido debido al distanciamiento entre ambos grupos desde finales de 2021, en torno al control del MAS y la administración del Estado.

Agresiones a periodistas

Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), explicó a EFE que los ataques hacia los periodistas son “prácticas de larga data”. Estas agresiones se han registrado tanto durante el gobierno de Evo Morales como en el actual de Arce.

En lo que va del año, se han reportado 803 vulneraciones de derechos, de las cuales 113 corresponden a violaciones a la libertad de prensa. Esta información proviene del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la entidad privada Unitas.

Bloqueos y violencia

Durante las 24 jornadas de bloqueo de caminos llevadas a cabo por los seguidores de Evo Morales, se han registrado varias agresiones a periodistas locales. Estos bloqueos se realizaron en defensa del exmandatario, quien enfrenta una posible captura debido a una investigación por estupro y trata de personas que lo involucra.

Los seguidores de Morales han acusado a la prensa local de no brindarles la cobertura adecuada y de estar “vendida” al Gobierno. Por su parte, el Gobierno ha pasado de tener una postura crítica hacia los medios independientes a patrocinar procesos penales contra los agresores de periodistas que son identificados como leales al exmandatario.

Reacciones de los actores políticos

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, señaló a EFE que los sectores movilizados han mostrado “una reacción por indignación” ante lo que consideran “patrones preestablecidos” de la prensa boliviana que afectan la imagen del exmandatario.

Chávez afirmó que “tenemos un periodismo que hace lo que dice el Gobierno y que dice lo que quiere el Gobierno” mediante la asignación de publicidad. En respuesta, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que “la intolerancia y la falta de respeto” hacia los periodistas proviene del evismo.

Casos de agresiones documentados

Dos casos recientes ilustran las agresiones sufridas por los periodistas en Bolivia. En octubre de 2021, una veintena de periodistas, policías y trabajadores de la propiedad `Las Londras`, en el departamento oriental de Santa Cruz, fueron retenidos, golpeados y amenazados de muerte durante más de 7 horas por un grupo armado de supuestos invasores de tierras afines al Gobierno.

Percy Suárez, el único periodista que sigue denunciando este caso, describió lo ocurrido como un “secuestro”. El Gobierno minimizó el incidente hasta que se difundieron imágenes del suceso, que fueron captadas por una videocámara que recibió impactos de bala.

Situación actual de los periodistas

El pasado 29 de octubre, durante un operativo contra los bloqueos de carreteras realizados por los `evistas`, seguidores de Morales retuvieron a varios periodistas y policías. Estos fueron golpeados, rociados con gasolina y amenazados con ser quemados en la localidad de Mairana, también en Santa Cruz.

Uno de los afectados, Josué Chuvé, comentó a EFE que, por motivos de seguridad, tuvo que mudarse a la capital regional. Chuvé ha iniciado un proceso judicial contra sus agresores, junto a los policías afectados, con el apoyo del Gobierno. Sin embargo, admitió que “no hay la certeza real de que se va a obtener justicia”.

Encuesta sobre vulneraciones

Una encuesta realizada este año por la Defensoría del Pueblo de Bolivia reveló que casi el 64.8 % de los periodistas consultados ha declarado haber sufrido algún tipo de vulneración durante el ejercicio de su labor.

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluará a Bolivia en enero de 2025 como parte del Examen Periódico Universal (EPU). Este mecanismo busca establecer los avances y desafíos en la protección de derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de prensa.

Fuente: EFE.

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Denuncias de agresiones

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) junto con las nueve asociaciones regionales de informadores del país emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por estas “acciones premeditadas” que buscan silenciar a los medios y poner en peligro la vida de periodistas y trabajadores de la prensa. Estas acciones son atribuidas al grupo evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que actualmente está en el gobierno.

Desde el inicio de los bloqueos, se han reportado 25 agresiones, amenazas, secuestros y ataques a la prensa, todos siguiendo un patrón similar. Los gremios sostienen que la violencia extrema y la similitud de las agresiones contra la prensa independiente indican que estos actos no son aislados ni circunstanciales, sino que forman parte de un plan que se instruye desde el propio Evo Morales.

Casos recientes de violencia

Uno de los incidentes más recientes involucra a la radio Colonial Totora, ubicada en la región central de Cochabamba. La emisora decidió suspender temporalmente sus transmisiones debido a las amenazas y el hostigamiento que su personal ha enfrentado por parte de grupos políticos. El director de la emisora, Pedro Veizaga, relató que fue agredido mientras cubría una marcha que apoyaba los bloqueos de carreteras. Durante este incidente, fue amenazado con que “harían volar la radio con dinamita”.

Además, durante el fin de semana, un participante en un bloqueo de rutas en Melga, también en Cochabamba, intentó asfixiar al periodista Jürgen Guamán, quien trabaja para el canal privado Unitel. Este ataque fue presenciado por el camarógrafo y el chófer del medio, quienes también temieron por su vida.

Protección para los periodistas

La ANPB y las asociaciones departamentales han reportado que las vidas de ocho periodistas, un fotógrafo, dos camarógrafos y un chófer han sido amenazadas por quienes lideran los bloqueos, siguiendo las directrices de la dirigencia evista del MAS. Los gremios también recordaron las agresiones y la retención sufrida por dos periodistas y un camarógrafo durante un operativo policial de desbloqueo el 29 de octubre en el oriente boliviano.

Cuatro días antes, cinco informadores y un fotógrafo tuvieron que esconderse de los manifestantes en Parotani, Cochabamba, un bastión político y sindical del exmandatario. También se menciona el caso del fotoperiodista Jorge Abrego, quien sufrió un infarto tras la explosión de una dinamita cerca de él durante un operativo policial y militar para desbloquear Parotani.

Demandas de los gremios

Las asociaciones de periodistas han pedido al Estado que active mecanismos para proteger a los periodistas que cubren conflictos. También exigen que se investiguen los ataques ocurridos hasta ahora y que se ponga fin a la impunidad que afecta la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho de la ciudadanía a estar bien informada.

Los seguidores de Morales están bloqueando rutas para exigir el retiro de los procesos judiciales en su contra por trata de personas y estupro, así como para resolver problemas económicos y defender la candidatura presidencial del exmandatario para las elecciones de 2025. Este conflicto se desarrolla en medio de una lucha interna en el oficialismo por el control del partido y la definición de la candidatura presidencial para los próximos comicios.

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El pasado 29 de octubre se registró un nuevo incidente en Mairana, donde varios periodistas fueron golpeados y retenidos contra su voluntad. La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, manifestó: “Estamos en estado de emergencia porque consideramos que, si esta situación continúa, estamos en total indefensión. No tenemos garantías para el trabajo de la prensa y al vulnerarse su labor, se afecta el derecho de la población a estar bien informada”.

Respuesta de la policía

En un intento por desbloquear las vías cerradas, un contingente policial se trasladó a Mairana. Sin embargo, los movilizados respondieron con detonaciones de dinamita y agresiones. Alanes también recordó un episodio violento que ocurrió el viernes pasado en Parotani, donde los bloqueadores ejercieron una violencia extrema contra los periodistas.

Testimonios de los periodistas

“Los testimonios de los colegas que realizaban su labor son tétricos; indicaron que las órdenes de los manifestantes eran contundentes, donde gritaban que les quiten las cámaras y los quemen vivos”, indicó Alanes.

Condena de la ANP

Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó cualquier acto violento contra los reporteros y camarógrafos en Mairana, exigiendo la liberación inmediata del personal retenido. Además, advirtió que las acciones de los bloqueadores podrían incurrir en delitos penales, dado que el trabajo de los periodistas está protegido por la Constitución Política del Estado (CPE).

Impacto en el derecho a la información

La ANPB ha enfatizado que estas agresiones no solo afectan a los trabajadores de la prensa, sino también el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada adecuadamente sobre los acontecimientos del país.

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En medio de la pugna por el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), se reportaron 3 agresiones a periodistas en los últimos 4 días. En ese mismo escenario, otros 2 periodistas sufrieron esta semana agresiones de cada una de las facciones enfrentadas: evistas y arcistas.

Incidente preocupante

El caso más preocupante tuvo lugar el 17 de septiembre, cuando comenzó la movilización. Ese día, una periodista de una red nacional de televisión fue golpeada y luego obligada a borrar las imágenes que captó de la golpiza que sufrió un manifestante arcista. La marcha liderada por el expresidente Morales se había enfrentado en Vila Vila con un grupo que se identificó como “autoconvocados” y que rechazaba la movilización.

En el mismo sitio, un reportero de SEO Tv también fue agredido y se le impidió grabar a quienes bloqueaban la vía para detener el avance de la marcha encabezada por Evo Morales. La persona afectada describió a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) lo sucedido: “Sentí un golpe con palo en la espalda que me dejó un zumbido en los oídos; caí de rodillas, pero logré recuperar fuerzas cuando alguien dijo que no me golpearan más”.

Registro de agresiones

De acuerdo con el registro de Unitas, la agresión más frecuente está vinculada con el impedimento al acceso a la información, con 22 casos, seguido de amenazas y amedrentamientos a periodistas (16 casos) y agresiones físicas y psicológicas contra periodistas (12 casos). Los actores que violan la libertad de prensa son grupos de “personas particulares” (18 registros), el Ministerio Público (10 registros) y la Policía Nacional (10 registros).

Declaraciones de Evo Morales

“Seguramente eran funcionarios del Viceministerio de Comunicación, puedo entender así, el ministro de Gobierno se quejó, verdad, policías agredidos, pero ustedes son testigos, los policías uniformados estaban, ahí hemos respetado, no hemos tocado para nada”, dijo ayer Evo Morales ante estos casos de violencia.

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El viernes 16 de junio de 2023, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) se dirigieron al cerro San Pedro para colocar letreros y proteger el patrimonio natural, en cumplimiento de la Resolución Constitucional 157/2022. Esta acción contó con la presencia de la Policía, la guardia municipal, vecinos y periodistas que estaban cubriendo el evento. Sin embargo, la presencia de los funcionarios municipales desató la ira de los cooperativistas, quienes comenzaron a detonar explosivos en la parte superior del cerro e intentaron expulsar violentamente a las personas presentes en el área.

Periodistas agredidos en busca de la versión de los cooperativistas

Los periodistas Jorge Huanca y Armando Montecinos, quienes intentaban hablar con los cooperativistas para conocer su versión de los hechos, fueron agredidos por ellos. Sufrieron golpes, patadas y les robaron sus equipos de trabajo.

Exigencia de esclarecimiento y disculpas públicas

En mayo de este año, las principales organizaciones de prensa de Oruro exigieron a la nueva dirigencia de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (Fedecomin R.L.) que se esclarezcan estos hechos y, en caso necesario, se ofrezcan disculpas públicas y se repare el daño causado a los periodistas locales.

Repudio a la agresión y continuidad de la explotación

Exactamente un año después de las agresiones en el cerro San Pedro, donde no se identificó a los responsables del ataque a los periodistas y continúa la explotación de agregados, la Asociación de Periodistas y Productores Independientes de Oruro (APPI) repudió cualquier tipo de agresión hacia los miembros de la prensa que cumplen con la labor de informar a la población.

Agresiones previas y defensa de la libertad de expresión

También recordaron otros casos de agresiones a periodistas que han ocurrido desde noviembre de 2021, como la agresión al exejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), Juan Carlos Yapari, por parte de la policía durante una marcha en defensa de la libertad de expresión.

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El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), la Asociación de Periodistas y Productores Independientes (APPI), el Colegio Departamental de Comunicadores de Oruro y el Círculo de Periodistas Deportivos de Oruro han ratificado su rechazo a las agresiones sufridas por los periodistas en el cerro San Pedro, mediante un pronunciamiento conjunto.

Las agresiones ocurrieron el 16 de junio del año pasado, cuando algunos mineros de la Cooperativa Minera No Metálica “La Luminosa” atacaron a los periodistas mientras el personal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) colocaba letreros para proteger el lugar, que es considerado patrimonio.

Diez meses sin esclarecimiento ni responsables identificados

A pesar de los intentos y acercamientos realizados por los exdirigentes de la Fedecomin y los dirigentes de la cooperativa en cuestión, hasta la fecha no se ha logrado identificar a los responsables de las agresiones. Estas agresiones son consideradas un atentado contra la libertad de prensa y expresión, y socavan la confianza en el ejercicio del periodismo libre, pilares fundamentales de la democracia.

Transcurridos más de 300 días desde los hechos ocurridos en el cerro San Pedro, las organizaciones periodísticas exigen a la nueva dirigencia de la Fedecomin que se esclarezcan los hechos y se realicen las disculpas públicas correspondientes. Hasta que esto suceda, será imposible retomar las relaciones interinstitucionales.

Llamado al respeto a la libertad de expresión y prensa

Además, se hace un llamado al sector minero cooperativista para que respete la libertad de expresión y prensa, y se garantice el derecho a la información y al trabajo de los periodistas durante su labor informativa.

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A partir de noviembre de 2023, se han registrado numerosas agresiones y restricciones a periodistas y medios independientes en Bolivia. Estos incidentes están relacionados principalmente con la cobertura de temas sensibles como la extracción de oro, el avasallamiento de tierras y la deforestación de bosques.

75 agresiones a periodistas y medios en 2023

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha registrado un total de 75 agresiones a periodistas y medios durante el año 2023. Entre estos casos se encuentran los ataques de mineros a 11 periodistas durante protestas cooperativistas en La Paz.

Violación del derecho de acceso a la información

Según el informe, en noviembre del año pasado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) prohibió la difusión de informes sobre la deforestación de bosques, violando el derecho de acceso a la información.

Rechazo a la intervención en el trabajo periodístico

En diciembre, periodistas de Cochabamba y la ANP rechazaron la intervención de un fiscal policial en el trabajo de una periodista, reiterando que el ejercicio de la labor informativa está regido por la Constitución y las leyes que excluyen procesos en la justicia ordinaria.

Agresiones físicas a periodistas

En febrero de 2024, el comunicador de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, José Manuel Yugar, fue golpeado por dos mujeres asambleístas que le exigían borrar imágenes de acciones violentas registradas durante una sesión ordinaria. Las agresoras denunciaron al periodista y se declararon víctimas de violencia.

Amenazas y ataques a medios de comunicación

Además de las agresiones físicas, se han reportado amenazas contra el diario El Deber y un ataque al edificio donde funciona la ANP. También se denunció una emboscada a un periodista y un camarógrafo por avasalladores de tierras, así como agresiones a un comunicador por asambleístas.

Restricciones a la libertad de prensa

En marzo, la radio independiente FMBolivia fue silenciada y el Instituto Nacional de Estadística (INE) limitó la entrega de permisos de circulación vehicular al periódico El Diario durante el censo de población y vivienda. Además, se han registrado casos de amedrentamiento y hostigamiento a medios por parte de funcionarios gubernamentales.

Preocupación en la comunidad periodística

Estos incidentes han generado preocupación en la comunidad periodística y han llevado a exigir investigaciones y acciones para garantizar la libertad de prensa en Bolivia.

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La presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, precisó que el jueves de la anterior semana se tuvo una reunión con la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, y otras autoridades de Gobierno, donde se denunció que estos grupos son protegidos por la Policía.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (Ftplp), Carlos Salcedo, enfatizó que el equipo periodístico de cualquier medio de comunicación siempre está expuesto durante los conflictos, con pedradas de manifestantes o gases de la Policía.

“Mucha gente se siente afectada porque creen que no se les da la cobertura necesaria, por eso la gente nos empieza a agredir. Hemos pedido reuniones con el Gobierno, para explicar esto y nos den garantías para llevar adelante nuestro trabajo”, declaró el dirigente.

El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) registró, de enero a abril, al menos 35 vulneraciones al trabajo de la prensa, donde los protagonistas fueron identificados como policías, informó la ANF.

El responsable de comunicación del Observatorio, Rodolfo Huallpa, resaltó el caso del periodista radial que perdió la audición de manera parcial, debido a la explosión de un petardo, sin embargo, quedó en la impunidad.

“Muchos hechos de agresión no llegan a una denuncia ante una instancia judicial, y las que llegan no tienen celeridad. Puede haber acceso irrestricto a la justicia, pero no hay avances que permitan sancionar y reparar el hecho, es todo lo contrario. Si se garantizara la libertad de expresión, habría mecanismo para reparar daños”, sostuvo.

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Las agresiones se registraron en la Plaza Avaroa y en la zona Sur de la Sede de Gobierno, lugares definidos como puntos de concentración para iniciar las marchas pacíficas en exigencia de la liberación de los presos políticos y un mejor sistema de justicia.

Yenny Callisaya y sus compañeros de trabajo, Roser Illanes y Tito Bustamante, fueron atacados en inmediaciones de la Plaza Avaroa; el tercero recibió una serie de golpes en su intento de defender a sus otros dos compañeros de trabajo, según informó la Agencia de Noticias Fides.

Por otro lado, el periodista de Erbol, Rodrigo Fernández, recibió el impacto de un petardo en la Iglesia de San Miguel, zona Sur. La detonación hirió su pectoral izquierdo y, tras ser trasladado de emergencia a la Caja Petrolera de Salud, los médicos determinaron que tenía una perforación de la membrana timpánica, lo que le produjo pérdida parcial de audición.

Además, la periodista de la radio Melodía, Alejandra Rojas, también resultó herida en el brazo por un petardo, y en el tobillo por una piedra que lanzaron desde la concentración de los grupos afines al Gobierno.

En el mismo lugar, el camarógrafo de la Red Bolivisión, Max Chura, resultó herido por el impacto de otra piedra, pero esta vez en la cabeza.

Finalmente, el periodista Nicolás Sanabria Garrón sufrió agresiones verbales y hostigamientos mientras reportada en directo los hechos desde la zona Sur de La Paz, no obstante, este hecho no pasó a daños físicos contra su persona.

/ LMPT

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Desde el ente sindical de los miembros de la prensa de Oruro, observaron la gran cantidad de amenazas y amedrentamientos contra sus afiliados suscitados el 2022 durante el ejercicio de su profesión y la libre expresión.

“Nosotros lo que estamos haciendo es representar y demostrar que estamos bajo el amparo de la Ley de Imprenta, que si un periodista comete algún error o algún delito hay que ir por el conducto regular que es el Tribunal de Imprenta o el Tribunal de Honor de cada institución, esa es la línea que estamos trabajando”, manifestó el secretario ejecutivo del STPO, Juan Carlos Yapari.

PAÍS

En ese sentido, desde el STPO se consideró que en 2022 existió mucha discrecionalidad de algunas autoridades policiales que no actuaron como corresponde, según su mandato de mantener la paz y tranquilidad en todo el territorio boliviano.

“Cuando había enfrentamientos, lamentablemente algunos veían desde el palco las agresiones, entonces es un tema que nos preocupa, es por eso que estamos coordinando como STPO con las federaciones de otros departamentos para movilizarnos en la línea de respeto y garantías al trabajo del periodista, queremos hacer una movilización a nivel nacional”, aseveró Yapari

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Sin embargo, durante esta nueva época de conflictos en Santa Cruz, se denunció a la Policía como la principal agresora, es decir, una de las entidades que debería garantizar el trabajo de la prensa.
 
Ante este hecho, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (Fstpc) le recordó al Gobierno del Presidente Luis Arce, que es su obligación proteger a los trabajadores de la prensa, en cumplimiento de las leyes que rigen en el país.
 
Tal es el caso del Artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el que se establece que se debe garantizar el ejercicio laboral de los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, y el derecho a la comunicación e información.

/ LMPT

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Sobre los casos de estigmatización, resalta que en los recientes meses quienes más lo han cometido son exautoridades de gobierno como el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro Juan Ramón Quintana.

El primero, acusó a los medios de comunicación: Unitel, Red Uno, El Deber y Página Siete de ser destructivos y los asemejó de ser “peor que la bomba atómica y la OTAN” (01/03/22).

García Linera, por su lado y sin presentar pruebas, calificó de “golpistas” a los diarios Página Siete, Los Tiempos y El Deber (03/03/22).

Quintana acusó a Página Siete, El Deber, Los Tiempos y radio Panamericana de “matar a la verdad”: “Sáquense de la cabeza lo que dice Página Siete, El Deber, Los Tiempos, Panamericana. ¡Sáquense! Sáquense de la cabeza porque eso es basura y forma parte del campo de batalla. (Los medios) son las herramientas, son las armas del capitalismo”, aseveró el 27 de marzo pasado.

Con respecto al impedimento de acceso a la información, el Órgano Judicial aparece repetidamente como uno de los vulneradores en los meses precedentes. El 28 de marzo, el administrador de la sala virtual del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz retiró a los periodistas de la audiencia de juicio del caso “Golpe II” en contra de la expresidente Jeanine Añez. El episodio se repitió el pasado 4 de abril, cuando periodistas de Correo del Sur, Los Tiempos, Página Siete y El Deber fueron excluidos de otra audiencia sobre este juicio.

En relación a las agresiones, el pasado 4 de marzo en Santa Cruz, el periodista Paul Granillo y el camarógrafo Carlos Montenegro, ambos de la red Unitel, fueron agredidos verbalmente y amenazados por una persona cuando realizaban la cobertura del paro cívico. En Cochabamba, el pasado 15 de marzo, los periodistas del diario Opinión Claudio Rojas y Nicole Vargas fueron agredidos y amenazados por vecinos del Distrito 9 cuando cercaron la Alcaldía en demanda de obras. Tuvieron que cortar la transmisión en vivo y cuidar sus pertenencias ante la falta de efectivos policiales. Otro caso se dio el 23 de marzo en la ciudad de La Paz, cuando un grupo de periodistas fueron empujados y acorralados por la Policía Militar que resguardaba la plaza Abaroa por los actos del Día del Mar.

Sobre las amenazas, el periódico Página Siete recibió tres entre marzo y abril. La primera fue del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que amenazó al diario con un juicio por una nota periodística publicada el martes 1 de marzo, basada en los testimonios de dos abogados que fueron tentados a realizar pagos indebidos para ser jueces (04/03/2022).
La segunda provino del director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Luis Alejandro Cabrera, quien anunció acciones legales contra el diario por un reportaje sobre los malls que se construyen en la Uyustus (20/04/22), y la tercera fue del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien amenazó con “dar su dosis” al diario paceño (23/04/22).
Otro caso de amenaza se registró en Potosí, esta vez fue el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, quien intimidó con procesos judiciales a los medios de comunicación que investigaron su formación educativa de ciclo superior y la obtención del bachillerato (03/04/22).

En lo que refiere a los ataques a medios de comunicación, la verificadora de noticias falsas “Bolivia Verifica” sufrió un ataque cibernético que eliminó casi 5.000 notas de su sitio web (11/03/22), y se registró otro a radio Juan XXIII en la población de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz; un hombre prendió fuego a sus instalaciones porque no le fue aceptado un aviso (04/04/22).

El Observatorio de Defensores de UNITAS visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los defensores de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos. Además realiza diariamente un monitoreo sobre hechos que vulneran las libertades fundamentales y los derechos de grupos específicos.

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Mediante un monitoreo de medios de comunicación, de redes sociales y de entrevistas con las víctimas, este Observatorio contabilizó como otras vulneraciones el impedimento al acceso de la información con nueve casos; censura con siete; estigmatización de periodistas con siete.

Asimismo, amenaza a periodistas con siete; criminalización de periodistas con seis; ataque a un medio de comunicación con uno; asignación discriminatoria de publicidad oficial con uno y violación a la reserva de fuentes de información con uno.

Casos de agresiones

Entre los casos más relevantes relacionados con la agresión de periodistas están el secuestro y tortura a siete periodistas en el predio de Las Londras en Santa Cruz el 28 de octubre de 2021; además de la detención y atropello policial que sufrió el periodista de Página Siete, Carlos Quisbert, en el conflicto de Adepcoca el 22 de septiembre de 2021, al igual de otros dos corresponsales de la agencia internacional Reuters resultaron heridos en el mismo hecho.

Por otro lado, la emboscada y posterior golpiza que recibió un equipo del diario Los Tiempos por avasalladores de tierra el 28 de julio de 2021; la agresión de dos periodistas del diario Opinión por parte de simpatizantes del alcalde de Cochabamba; la agresión a la periodista Claudia Pardo y su camarógrafo César Reyes de Bolivia TV en los actos por la efeméride de Santa Cruz el 24 de septiembre de 2021.

Además de las agresiones a periodistas en el paro cívico multisectorial en Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz entre el 8, 9 y 10 de noviembre de 2021, entre otros.

Censura e impedimento al acceso a la información

Respecto a los casos de censura, resaltan la acusación del ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, a los medios de comunicación de “politizar” y causar “zozobra” por la falta de vacunas Sputnik-V el 22 de julio de 2021; la denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la generación de violencia contra periodistas a través de la campaña por el supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales el 22 de abril de 2021.

Resaltó también el anuncio del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, de trabajar un proyecto de ley para evitar las supuestas “mentiras” de las encuestadoras del diario Opinión el 18 de febrero de 2021, reportó la red Erbol.

En lo referido a impedimento al acceso de la información resalta el endurecimiento del castigo para funcionarios que filtren “noticias” declaradas en reserva, que está contenida en la Ley 1390 de “Fortalecimiento para la lucha contra la corrupción” o la comunicación interna emitida por el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, a través de la cual “prohíbe” proporcionar información sin previa autorización, esto luego de destapado el caso de los “ítems fantasmas”. Esta comunicación fue retirada días después.

Estigmatización y criminalización de periodistas

También se registraron casos de estigmatización de periodistas, por ejemplo, las expresiones por redes sociales del ministro de Justicia, Ivan Lima, cuando tuiteó que seis medios de comunicación (Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur, El Deber, ANF y Erbol) deberían tomar con reflexión y compromiso un mensaje del Papa Francisco sobre la lógica de la post-verdad.

También está el tuit del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, que lanzó un “ataque soez” contra el diario Página Siete al convertirlo en papel higiénico en una imagen, como respuesta a una caricatura de este medio.

Entre los casos de criminalización de periodistas entra el caso del periodista Quisbert de Página Siete o el del periodista Guider Arancibia del diario El Deber, quien fue citado por la Fiscalía por su investigación sobre camionetas incautadas al narcotráfico que eran usadas por grupos de encapuchados que agredieron a los ciudadanos que acataron el paro multisectorial de noviembre.

La citación que la Policía intentó entregar al presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, luego de que él junto a otros periodistas descubrieran al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali, encabezando grupos de choque en contra del paro.

Amenazas a periodistas

Un periodista de El Deber que investigaba la crisis de 2019, recibió una amenaza el 31 de julio de 2021; amenazas anónimas a periodistas de Potosí, luego del operativo policial que se desplegó para detener a cívicos de ese departamento, entre ellos el exdirigente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari el 11 de diciembre de 2021.

Asimismo, la amenaza de Evo Morales contra medios de comunicación que hacían la cobertura de la marcha que encabezó en respaldo al Gobierno de Luis Arce el 26 de noviembre de 2021.

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El llamado surge después de que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) registró más de una veintena de casos de violencia contra periodistas bolivianos de diferentes medios de comunicación, entre ellos, agresión física, amenazas, secuestros y tortura, además de descalificaciones de autoridades y funcionarios a la cobertura informativa de al menos seis medios de comunicación.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, condenó los numerosos ataques contra periodistas bolivianos y llamó a que las autoridades investiguen las denuncias, según reportó la Red Érbol.

“Es el momento para crear un programa de protección que atienda y garantice de inmediato la integridad de los periodistas que ejercen el oficio en condiciones de riesgo e inseguridad”, señaló Canahuati.

Según la SIP, los Gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay crearon sistemas de protección para periodistas que sirven para prevenir casos de violencia, disminuir niveles de riesgo y combatir la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas.

En tanto el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, dijo que “si bien esos sistemas no son tan eficientes como deberían ser, porque en muchos países carecen de los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para operar, por lo menos ofrecen una capa importante de seguridad y prevención”.

Canahuati y Carlos Jornet, ambos dijeron que “en América Latina ya existe suficiente experiencia acumulada sobre este tipo de sistemas de protección que puede ser tomada en cuenta por las autoridades de Bolivia”.

/RXVCH/

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La jornada anterior, periodistas, policías, trabajadores y propietarios de ese sector, se trasladaron a Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos, entre los municipios de El Puente y San Julián del departamento de Santa Cruz, con la intención de hablar con los “toma tierra” y convencerlos de hablar con los medios de comunicación para dar su versión de los hechos.

Momentos de tensión

Mientras el diálogo se daba a 800 metros de la comitiva. Cinco vehículos fueron interceptados por hombres con capuchas y con armas que salieron del monte a manera de emboscada.

“Estaban organizados, todos armados con escopetas y salones”, afirmó la periodista de Unitel, Silvia Gómez.

Los periodistas intentaron escapar del lugar después de ver cómo obligaron a un coronel de la Policía y otro uniformado a tirarse al piso y cómo los patearon sin piedad. Sin embargo, los avasalladores se pusieron frente a los vehículos, dispararon a las llantas y obligaron a salir a sus ocupantes.

La Policía se percató de la situación y buscó dialogar con ellos. Mientras lo hacían, repentinamente llegaron más de diez personas, la mayoría encapuchadas, con diferentes armas de fuego y directamente encañonaron a los pocos efectivos policiales que había en el lugar, a los trabajadores, a los periodistas y a los familiares de los propietarios de Las Londras, según reporte del diario El Deber.

Solo un camarógrafo de PAT, Róger Ticona, uno de los dueños del predio, Rony Roca y el chofer lograron escapar. Fue debido a ello que la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), ente que convocó a los periodistas a registrar el avasallamiento, y los medios de comunicación se enteraron del secuestro, el cuál duró al menos siete horas.

Gobierno pondrá ante la justicia a los avasalladores

Desde el Gobierno nacional, anunciaron esta jornada, que se usarán todas las herramientas necesarias para poner ante la justicia al grupo que tuvo la “osadía” de tomar rehenes ayer en el predio Las Londras, en Santa Cruz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo garantizó que no se tolerará que personas armadas avasallen propiedad privada y anticipó que respaldarán las investigaciones de la Fiscalía.

“Realizaremos todas las acciones correspondientes para llegar a la verdad material de lo que sucedió en estos hechos y las personas responsables serán puestas ante la justicia, para que rindan un informe sobre este actuar tan lamentable que tuvieron ayer”, manifestó durante conferencia de prensa.

Fueron al menos 17 personas, entre periodistas, productores e incluso policías quienes fueron retenidos por un grupo de 80 encapuchados y armados, cuando se recorría el predio tomado por supuestos campesinos y que es propiedad de otro sector.

Según Del Castillo, el Ministerio Público indaga el hecho para identificar a los responsables y citarlos para que presten sus declaraciones, asimismo lamentó que este tipo de hechos suceda no solo en ese predio, sino en otros que también son avasallados.

“Haremos todos los esfuerzos para llegar a la verdad material de lo que realmente ocurrió (…) No solo este lugar, donde manejen algún tipo de armas o municiones que no estén reguladas, tendrán que rendir cuentas a la justicia”, finalizó el titular de esa cartera de Estado.

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En respuesta a un comunicado del Ministerio de Justicia que atribuye la defensa de la libertad de expresión como una “exclusividad institucional” de “dueños de medios de comunicación”, la ANP explica a la opinión pública que desde hace 51 años asumió la tarea de abogar por las libertades de prensa, de expresión y de opinión para todos los habitantes de Bolivia, sin exclusiones. Informamos al despacho de Justicia que estando vigente la Ley contra el Racismo 045, promulgada por el presidente Evo Morales, el mensaje cae en la figura de discriminación por condición económica, profesión, ocupación u oficio (Art. 5), cuando estigmatiza a los dueños de medios por realizar una denuncia, señala la organización que representa a los principales medios impresos.

La ANP recordó al Ministerio de Justicia que el artículo 47 de la Constitución Política del Estado (CPE) otorga a toda persona el “derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo”.

El artículo 306 reconoce la actividad privada como una forma de organización de la economía plural.

AGRESIÓN

En un mensaje difundido el domingo 17 de octubre, la ANP denunció un ataque verbal desde la cuenta del titular de Justicia, Iván Lima Magne, en Twitter que se adhirió al mensaje del papa Francisco dirigido a los medios de comunicación:

“…pido terminen con la lógica de la post-verdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio; y que busquen contribuir a la fraternidad humana”.

El ministro Lima escribió: “@pagina_siete @LosTiemposBol @sur_correo @grupoeldeber ahí les habla @Pontifex-es”. La ANP observó que el titular de Justicia asumió como suya la palabra del papa Francisco que identificó faltas graves en el trabajo periodístico, y las atribuyó a cuatro diarios de circulación nacional, citándolos directamente por sus cuentas en Twitter.

El tono reflexivo fue dirigido a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y a Erbol Digital.

En un mensaje institucional, la ANP ratifica su mensaje difundido el domingo 17 de octubre, y lamenta que se formule acusaciones públicas contra medios que de manera permanente cuidan por la calidad de las noticias. Hace notar que una opinión no es lo mismo que una sindicación, siendo esta última una formulación de cargos que demandan pruebas.

MEDIOS ESTATALES

La ANP observó la falta de verificación de datos cuando el despacho de Justicia advierte un “sesgo” en las denuncias de agresiones a favor de periodistas de medios privados, y desconoce que desde sus Redes Sociales también se realizan denuncias de hechos de violencia contra colegas que trabajan en medios estatales.

Para citar algunos ejemplos, el comunicado de la ANP recuerda que en su página web www.anp-bolivia.com y Twitter @ANPBolivia se hizo pública la denuncia de la estatal Bolivia TV contra el diputado opositor, José Carlos Gutiérrez, que acusó al medio de “terrorismo comunicacional”.

La organización que representa a diarios, revistas y la Agencia de Noticias Fides (ANF) recuerda que denunció la agresión a un camarógrafo de Bolivia Tv, el pasado 24 de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz.

El 8 de abril, la ANP denunció que un periodista y un camarógrafo de Bolivia TV fueron agredidos por militantes de la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST) en el contexto de las elecciones para gobernador.

Entre otros casos, la ANP cita la denuncia de agresión a la periodista Jeruslava Ojeda de Radio Patria Nueva, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 10 de marzo. En la entidad defensora de la libertad de expresión, causa extrañeza que los medios estatales, precisamente, no divulguen las denuncias de la ANP considerando que pertenecen a todos los bolivianos.

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Los golpes le ocasionaron heridas en el pómulo,muy cerca de la oreja y contusiones en la espalda y coxis.
Figueroa informó que tras la muerte decocaleros, se trasladó a Sacaba para cubrir la noticia de losagricultores fallecidos y el velorio improvisado en esa ciudad.

“Me acerqué con mi micrófono y cámara, habíaseis personas, pero otra gente a mayor distancia. Me presento y pidopermiso para pasar hasta el velorio. Muy enojados me gritaron: ‘¡Por qué no hasvenido más antes!’. Ante la respuesta me quise retirar, pero recibí un golpe enla cara, una patada, y otros se acercaron por la espalda, megolpearon en el coxis. Me rodearon y quisieron quitarme la cámara ylos golpes no cesaban”, relató.

“En un momento me he asustado tanto que tuve que pedirhasta perdón. Me gritaban que éramos vendidos. Por delante vino unmuchacho con una botella de gasolina en la mano. Me zaféy empecé a correr, por suerte había un trufi (vehículo de transportepúblico) que paró en mi ayuda”, agregó Figueroa.

Ese viernes, variosproductores de coca afines al Movimiento al Socialismo (MAS), lanzaron unartefacto explosivo que estalló entre los periodistasy militares, en el puente Huayllani en Sacaba.

Asimismo, manifestantes querechazan el mandato transitorio de la presidente Jeanine Áñez trataronde ingresar a la ciudad de Cochabamba ejerciendo violencia en contrade policías y militares.

Al menos cuatro reporteros sufrieron heridas como efecto del estallido del artefacto explosivo y otros seis fueron apedreados ese día, a su vez se registraron nueve muertos en las filas de los cocaleros.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba informó que contabilizó 12 periodistas heridos y más de 25 agresiones verbales y físicas en puntos de bloqueos desde las elecciones pasadas. El secretario ejecutivo de dicha entidad, David Ovando, denunció, con carácter de urgencia, la vulneración al trabajo de la prensa y alertó que periodistas, camarógrafos y fotógrafos corren el riesgo de perder la vida en la cobertura de conflictos políticos.

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Uno de los trabajadores de la prensa de laAgencia de Noticias Fides (ANF), realizaba la cobertura de la manifestación quellegaba desde Senkata, ciudad de El Alto al centro de La Paz.

En ese momento es agredido primero verbalmentepor una señora que se encontraba en la manifestación, la cual empieza a decir“no queremos prensa aquí, ahorita los vamos a sacar sonando” y de inmediato golpeaal periodista, aparentemente atacando su elemento de trabajo, en el fondo seescucha a otra persona gritar “vende patrias”.

Por otro lado, periodistas de la RedBolivisión, que hacían la cobertura desde la avenida Mariscal Santa Cruz,también fueron increpados por otros manifestantes.

Se escucha cómo las personas a su alrededor insultan a los periodistas, con palabras como “prensa vendida, fuera”; “son unos mentirosos”.

Durante las recientes semanas, se han visto bastantes agresiones a periodistas de diferentes medios de comunicación en todo el país, pero sobre todo en la ciudad paceña, donde persisten los enfrentamientos y protestas por parte de afines a Evo Morales que piden su retorno y la renuncia de la presidente transitoria Jeanine Áñez.

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La Defensoría del Pueblo deBolivia registró, hasta el reciente 11 de noviembre, un saldo de más de 438personas heridas, 227 detenidas y 4 fallecidas durante las protestas yenfrentamientos que se suscitaron en el país.

Sin embargo, la AsociaciónNacional de Prensa de Bolivia (ANP) ha documentado que un total de 64periodistas fueron agredidos durante los enfrentamientos, marchas y laconvulsión social que se vivía en el territorio boliviano.

Varios medios de comunicaciónescrita cesaron la producción de sus ediciones debido a que debían resguardarla integridad de sus periodistas.

El clima político que se vivióen el país en las últimas tres semanas, desde las elecciones del 20 de octubre,fue de alta tensión porque algunos ciudadanos no estaban de acuerdo con losresultados electorales, y realizaron diferentes protestas en las diferentesciudades de Bolivia.

Varios periodistas que se encontraban cubriendo dichas manifestaciones fueron víctimas de numerosos tipos de amedrentamiento tanto por los policías como por los marchistas.

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