Conforme a la Ley General Aduanera y su reglamento, un vehículo con mercadería debe despacharse en un periodo de 4 horas sin justificativos. Sin embargo, en la realidad orureña se ven vehículos estacionados de tres a cuatro días y mercadería en proceso de importación hasta un mes de retraso.

“Esto no es posible´”, fue la expresión del impotente importador ante la burocracia que existe dentro de la Aduana. El representante considera que las autoridades pertinentes como gerencia y administración deben cambiar su actitud y reconsiderar sus posibilidades para mejorar el servicio aduanero.

Asimismo, sugirió que el personal que no está conforme con su trabajo debe retirarse y dar paso a profesionales motivados para aplicar mejoras en los procesos administrativos aduaneros. De esta manera los recursos no serán destinados a otros departamentos que ofrecen un mejor servicio eficaz y rápido.

La forma actual de gestión administrativa es lánguida porque con las demoras existentes sólo perjudican tanto en importaciones como exportaciones generadas en la región. Como ejemplo mencionó que lo que dura un trámite de un mes en Oruro lo resuelven en 4 horas en Santa Cruz tal como establece la ley; por ello hay una gran diferencia entre ambas regiones.

Con esta actitud solo se logra derivar la cadena productiva al oriente, ya que un transportista debe tomar en cuenta su alojamiento, alimentación, transporte local e incluso servicios tecnológicos.

El representante de los importadores señaló que las mejoras administrativas dependerán mucho de las políticas que asuma la gerencia y la administración aduanera apoyada por las autoridades. Poco o nada pueden hacer los importadores porque al iniciar alguna denuncia el sector queda en desventaja porque pondrían trabas a sus procesos de desaduanización.

En pasados días, un grupo de asambleístas nacionales intentaron efectuar una inspección en dependencias de la Aduana, para corroborar estas denuncias o descartarlas, pero no se les permitió el ingreso y tampoco a la prensa

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En primer lugar, los legisladores tuvieron que esperar aproximadamente media hora para ser atendidos por el Administrador de Aduana Interior, Cristian Salinas Ríos. Luego les informaron que existía un comunicado indicando que la directiva de la Brigada Parlamentaria estaba siendo observada y que no contaban con ningún instructivo para realizar la fiscalización.

En segundo lugar, las autoridades fiscales explicaron al administrador que habían enviado notas con anticipación a la gerente regional Patricia Trujillo y que ella había emitido una respuesta insatisfactoria para los legisladores. Este fue el motivo principal de su visita.

Después de una hora de explicaciones sobre la legalidad de su visita fundamentada en la Constitución Política del Estado (CPE) y el reglamento de la Brigada Parlamentaria, el administrador finalmente asintió y se comunicó con el Jefe de Operaciones Concesionaria, José Villavicencio.

Sin embargo, transcurrió otra media hora antes del registro oficial de los legisladores y los medios acompañantes para registrar la fiscalización. En ese momento, el jefe de operaciones negó el ingreso a los periodistas argumentando “órdenes superiores”.

Los legisladores consultaron al funcionario sobre las razones detrás del rechazo a los medios y qué ley lo amparaba. Pero solo recibieron como respuesta que eran órdenes superiores. Después de otra hora de justificaciones, el jefe de operaciones finalmente permitió el ingreso de los medios.

Sin embargo, los legisladores indignados por lo sucedido decidieron retirarse sin realizar la inspección. Román Mollo expresó sus dudas sobre las restricciones impuestas por la Aduana y afirmó que “por algo será que no nos dejan entrar”.

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