La directiva afecta tanto a los miembros en servicio activo como a aquellos en reserva. Estos militares deberán solicitar una separación voluntaria antes de las fechas establecidas para evitar que se inicien procedimientos de expulsión obligatoria.

Los miembros transgénero que se encuentren en servicio activo tienen hasta el 6 de junio de 2025 para solicitar una “separación voluntaria”. Para las fuerzas en reserva, el plazo se extiende hasta el 7 de julio de 2025. Una vez que estas fechas hayan pasado, se activarán los procedimientos de expulsión obligatoria.

Contexto de la política

Esta directiva confirma la intención de la Administración Trump de implementar de inmediato la prohibición, que ahora cuenta con el respaldo de la Corte Suprema. Esta medida revierte una política que fue adoptada durante el Gobierno de Joe Biden, la cual permitía a las personas transgénero servir abiertamente en las Fuerzas Armadas.

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que anuló esa normativa anterior. Biden había defendido su enfoque al afirmar que “Estados Unidos es más seguro cuando todas las personas cualificadas para servir pueden hacerlo abiertamente y con orgullo”.

Argumentos de la Administración Trump

Por su parte, la Administración Trump ha argumentado que “la política del Gobierno de los Estados Unidos es establecer altos estándares de preparación, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad en las Fuerzas Armadas”.

En este contexto, sostienen que esta política es incompatible con las “limitaciones médicas, quirúrgicas y de salud mental” que están asociadas con la disforia de género o con antecedentes relacionados.

Cifras de militares transgénero

Según cifras oficiales, hasta finales del año pasado se contabilizaban al menos 4,240 militares transgénero en servicio activo o en la Guardia Nacional. Sin embargo, organizaciones que defienden los derechos LGBTQ+ estiman que el número real podría ser considerablemente mayor.

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Según información proporcionada por la Casa Blanca, la mayoría de los recortes se realizaron en agencias clave. En total, se suprimieron 256 puestos relacionados con DEI, lo que resultó en un ahorro conjunto de más de 1.300 millones de dólares.

“Trump ordenó el fin de la propaganda radical y racista de DEI en el gobierno, y su Administración está ejecutando esa orden con rapidez”, declaró Alex Pfeiffer, subdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, en una entrevista con Fox News Digital.

Eliminación de subsidios

Además de los despidos, la Administración Trump también ha eliminado cientos de subsidios que consideraba como entrenamientos ideológicos y subvenciones a grupos activistas progresistas. En un informe compartido por la Casa Blanca, se presentaron ejemplos como el del Departamento de Estado, que bajo la administración de Biden había aprobado una subvención de 5 millones de dólares para organizaciones trans e intersexuales.

El Departamento de Agricultura había autorizado entrenamientos sobre “microagresiones” y “racismo en el marketing”. La Administración Trump canceló cuatro años de estos entrenamientos, lo que permitió un ahorro de 1,7 millones de dólares. También se expuso financiamiento destinado a actividades como “cartones de bingo DEI” que incluían frases como “Tengo mis pronombres en la firma” y se mencionaron investigaciones por 600.000 dólares sobre menstruación en varones biológicos.

Proyectos controvertidos

Por otro lado, el USDA había destinado fondos a proyectos para “productores LATINX” y “agricultoras negras regenerativas”. Además, se invirtieron más de 350 millones de dólares en estudios sobre racismo estructural y hormonas de afirmación de género en ratones.

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Adayfi, quien pasó 14 años en Guantánamo y fue liberado sin cargos, afirmó: “Nadie merece ser arrojado a un sistema creado para borrarlos”. En la misiva se señala que “Guantánamo no es solo una cárcel: es un lugar donde se deforma la ley, se despoja de la dignidad y se oculta el sufrimiento detrás de alambres de púas”.

Descripción de Guantánamo

La carta está impulsada por Adayfi, quien es coordinador del Proyecto Guantánamo dentro de CAGE International. Este describió a Guantánamo como “un agujero negro” y destacó que no se le puede llamar prisión o centro de detención porque eso implica ciertos derechos. Además, recalcó que “Guantánamo es una de las mayores violaciones de los derechos humanos del siglo XXI”.

Orden ejecutiva de Trump

Trump tomó la decisión de ampliar el uso de Guantánamo el 29 de enero con una orden ejecutiva para habilitar 30.000 camas en esa base naval en Cuba para migrantes indocumentados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera allí desde hace años un centro de retención administrado independientemente a la prisión destinada a sospechosos de yihadismo.

Injusticia y ambigüedad legal

Los antiguos rehenes expresaron: “Esta orden no solo permite la injusticia, la garantiza. Detener a migrantes en Guantánamo les niega protecciones constitucionales”. También afirmaron que esta ambigüedad deliberada permite el abuso, tal como sucedió con ellos.

Firmantes de la carta

Entre los firmantes están Ahmed Errachidi, Lakhdar Boumediene, Sufyian Barhoumi, Hisham Sliti, Tarek Dergoul y Moazzam Begg. Para este grupo, enviar migrantes a Guantánamo no es cuestión de seguridad. “Se trata de poder y control y de utilizar la oscuridad de Guantánamo para ocultar otra injusticia más”, agregaron.

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Desde el inicio de esta obra, se han visto trabajadores de la construcción en la zona de la playa, donde la valla metálica se encuentra con el océano Pacífico. Daniel Watman, un activista y director de programas del Parque de la Amistad en Tijuana, comentó: “El día de asunción de Trump, desde las 7:00 de la mañana llegaron los trabajadores y comenzaron a extender el muro. Lo que no sabemos es de dónde sacaron los fondos, porque decían las autoridades que no había fondos para ello”.

Plan de acción y contención

La reconstrucción del muro forma parte del plan de acción y contención de migrantes que el presidente estadounidense ha reforzado. Su objetivo es evitar el ingreso de indocumentados a su país. Watman considera que Trump “utiliza una retórica para que la gente se enoje y sienta que necesitan poner más muros y militarizar más, pero la verdad es que es parte de una industria que genera mucho dinero para mucha gente y no protege a nadie”.

El Parque de la Amistad

Watman ha sido un defensor del Parque de la Amistad, un espacio creado en 1971 por Pat Nixon en el límite fronterizo de Tijuana. Este parque ha sido un símbolo de unidad entre Estados Unidos y México, y ha servido como un lugar para reunificaciones familiares. Sin embargo, desde la pandemia de 2020, el lado estadounidense de este parque se ha mantenido cerrado y sin acceso al público.

Incertidumbre sobre el futuro

El activista expresó sus dudas sobre el futuro del parque con la llegada de Trump. “Tenemos todavía un escrito de la administración pasada de Joe Biden, en el que se nos menciona que cuando sean terminados los dos muros, abrirían una puerta del segundo muro para dejar pasar a las personas de una forma muy restringida”, dijo.

Watman también manifestó su incertidumbre sobre si se cumplirá ese acuerdo, especialmente tras las declaraciones recientes de Trump sobre quienes viven del lado estadounidense, a quienes se refirió como “malos”. La duda persiste respecto a si se permitirá abrir esa puerta y facilitar encuentros familiares.

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