El recurso de apelación presentado por la defensa del burgomaestre fue aceptado hace algunos días por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí, en una audiencia que tuvo lugar en la capital potosina. El vocal Eugenio Marca Arce fue quien dio curso a la solicitud.

Según información reportada por Radio Pío XII – Norte Potosí, la nueva medida cautelar establece que Adalid deberá cumplir el arresto domiciliario en su residencia en Llallagua, bajo estricta custodia policial de uno o dos efectivos las 24 horas del día.

Esta determinación judicial implica que el alcalde saldrá del Centro de Readaptación Productiva de “Santo Domingo de Cantumarca”, donde fue enviado con detención preventiva en agosto de este año.

El fiscal Wilson Ojeda informó que, al no tener derecho a salida laboral, el alcalde Aguilar no podrá retornar a sus funciones en la administración municipal mientras continúe la investigación.

Aguilar fue detenido y enviado a prisión preventiva por un plazo de tres meses (que se cumpliría el 20 de noviembre) e imputado por los delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, destrucción y deterioro de bienes del Estado y asociación delictuosa.

Los cargos se enmarcan en los hechos violentos registrados entre el 10 y 11 de junio, durante el desbloqueo de la carretera diagonal Jaime Mendoza en el Norte de Potosí, que culminaron con la muerte de cinco personas.

Anteriormente, el juez de instrucción penal de Llallagua, Erick Copa, había rechazado la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la defensa, lo que motivó la apelación a instancia superior de justicia.

A seis meses de los hechos, la Fiscalía ha formalizado la imputación contra 53 personas, varias de las cuales se encuentran cumpliendo detención preventiva en distintas cárceles del país, incluyendo Cantumarca, el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía y el Penal de San Pedro de Oruro.

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Un juez en Potosí tomó la decisión de enviar a Aguilar a la cárcel de Cantumarca. Esto se realizó después de que la Fiscalía Departamental presentara pruebas que lo relacionan con la organización de los enfrentamientos que resultaron en estas muertes. El alcalde permanecerá en prisión hasta que se complete la investigación.

Imputación formal de la Fiscalía

La Fiscalía Departamental de Potosí ha presentado una imputación formal contra Aguilar. Los delitos que se le atribuyen incluyen asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, así como destrucción y deterioro de bienes del Estado y asociación delictuosa.

Pruebas que lo vinculan

El fiscal departamental Gonzalo Aparicio Mendoza informó que la Comisión de Fiscales ha reunido elementos que vinculan al alcalde con la organización de los enfrentamientos. Entre las pruebas se encuentran registros de llamadas telefónicas, reuniones previas y georreferenciación.

Comunicación con organizadores

Según un informe policial complementario, Aguilar mantuvo comunicación con Milán Mamani, quien es identificado como uno de los principales organizadores de bloqueos y atentados. Testigos protegidos han señalado que el alcalde participó en reuniones con los responsables de los hechos y que tenía conocimiento de que policías y civiles habían sido retenidos y agredidos durante el conflicto.

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La situación legal del alcalde será determinada por la autoridad jurisdiccional en una audiencia de medidas cautelares. “Se ejecutó este jueves 21 de agosto de 2025 una Orden de Aprehensión contra Adalid Jorge Aguilar, ante la existencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales”, indicó el Ministerio de Gobierno a través de sus redes sociales.

Conflicto de junio

Durante el conflicto de junio pasado, sectores relacionados con el expresidente Evo Morales emboscaron a un grupo de policías. Este ataque resultó en la muerte de tres efectivos y dejó a docenas de heridos. Una comisión de fiscales se encargó del proceso, y la autoridad municipal fue llevada a celdas policiales, según reportes preliminares.

Denuncias de pobladores

Varios habitantes de Llallagua denunciaron que Aguilar apoyó las movilizaciones que exigían, además, la inscripción de Evo Morales como candidato presidencial. Las protestas causaron que el municipio quedara incomunicado durante varios días.

Saqueos y descontento

Las movilizaciones también provocaron saqueos a locales comerciales, lo que aumentó el descontento en la población. La situación en Llallagua se ha vuelto tensa, y la atención está centrada en el desarrollo de los acontecimientos legales en torno al alcalde.

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