Cumbre política en Cochabamba

El Presidente Rodrigo Paz inauguró este sábado el Encuentro Nacional por el Acuerdo nacional para la estabilidad y las reformas, donde denunció que Bolivia enfrenta una crisis financiera, institucional y moral.

Denuncia de crisis y llamado a la unidad

Ante más de 600 líderes políticos y sociales, el mandatario aseguró que el modelo de los últimos 20 años dejó al Estado en quiebra. Además, mencionó que gobernaciones y municipios carecen de recursos. Por lo tanto, urgió a consolidar un pacto nacional para rescatar la economía y la transparencia del país.

Cuestionamientos a la administración pasada

Durante su discurso, que comenzó minutos antes de las 11:00 horas, Paz cuestionó la gestión de las últimas dos décadas. A pesar de haber recibido más de 60 mil millones de dólares por la exportación de gas, el resultado fue un Estado debilitado por la corrupción y decisiones tomadas “a puertas cerradas”. El jefe de Estado enfatizó que la población eligió un cambio en las urnas, poniendo fin a la hegemonía de un solo partido.

Proyectos de ley para la recuperación

Como parte de su estrategia de recuperación, el Ejecutivo anunció el envío al Legislativo de un paquete de más de 10 proyectos de ley. Estos abarcan áreas como hidrocarburos, justicia, seguridad nacional y economía verde.

Nueva metodología de trabajo

Paz instruyó a sus ministros presentes en la cumbre a atender directamente las demandas de gobernadores, alcaldes y sectores sociales. Este acercamiento se establece como la nueva metodología de trabajo de su administración.

Alerta sobre el sicariato antidemocrático

Un punto impactante en su intervención fue la alerta sobre la existencia de un “sicariato antidemocrático”. Este término describe a grupos que buscan frenar las reformas para proteger redes de corrupción y evitar la transparencia institucional. Según Paz, estos sectores intentan generar rupturas en el proceso de transformación que su Gobierno impulsa para sanar la “fractura social” que arrastra el país.

Un evento histórico

El evento reunió a una diversidad de representantes políticos y regionales, calificado por el mandatario como “histórico”. Su objetivo es cerrar las brechas de desconfianza entre los bolivianos.

Intervención del gobernador Juan Pablo Velasco

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, durante el encuentro, enfatizó la necesidad de aplicar la propuesta del modelo 50/50 para la distribución de recursos. Además, dedicó unos minutos a hablar sobre la abrogación del proyecto de Ley 1720. Para el sector productivo y cívicos de Santa Cruz, esta norma representa una preocupación.

Preocupaciones sobre la Ley 1720

Velasco señaló que esta norma aprobada en la Cámara Baja representa “un atentado contra los pequeños productores”, ya que limita su libertad para decidir sobre su producción. Frente a su propuesta presentada en el encuentro, insistió en avanzar con el plan 50/50 para la distribución de recursos. También aseguró que existe “un desfase entre competencias y recursos” en las gobernaciones y municipios.

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“Ser y estar boliviano para sacar la patria adelante. Bolivia nos da todo y hoy nos convoca para servirla con amor. Estamos de pie, firmes con la patria y decididos a reconstruirla. Con trabajo, con honestidad y la gracia de Dios, vamos a levantar a la patria (…) vamos a salir de esta”, declaró.

Desafíos económicos

Paz señaló que sus antecesores le dejaron un país devastado. Mencionó que las reservas internacionales son las más bajas en 30 años, hay filas para obtener combustible y los mercados están vacíos. Además, los salarios apenas cubren el consumo de la población. “Nos dejan la peor crisis de las últimas 4 décadas”, afirmó.

El déficit fiscal supera los 10,000 millones de dólares estadounidenses, y las empresas públicas han dejado “agujeros negros” que no están justificados. El presidente criticó la gestión de los gobiernos anteriores, responsabilizándolos por la pobreza y la necesidad que enfrenta la población.

Críticas a expresidentes

Durante su discurso, el presidente se refirió a los expresidentes Evo Morales y Luis Arce, a quienes acusó de mentir sobre el mal uso de los recursos y de traicionar a Bolivia. Sin embargo, aseguró que la población se encargará de que esto tenga consecuencias.

“¿Dónde está el mar de gas que nos prometieron? (…) ¿Evo, dónde está el litio? ¿Arce, dónde está el gas? (…) Tenemos que cambiar el destino de la patria y los que sean abusivos de decir, en este gobierno ‘yo le meto no más’ se van para la cárcel”, expresó.

Medidas inmediatas

Paz mencionó que, antes de asumir el cargo, ya había tenido reuniones para atender la emergencia. Desde la noche del 7 de noviembre, comenzaron a llegar cisternas con combustible para acabar con las largas filas por carburantes. Aseguró que esto ya está garantizado.

El presidente también anunció que se reducirán ministerios. Aquellos que solo sirvan para “pegas” serán eliminados, y esos recursos se destinarán a salud y educación. Además, se comprometió a que los jóvenes recibirán una enseñanza moderna y tendrán oportunidades en el mundo.

Apertura al mundo

El nuevo mandatario abrió las puertas al mundo: “nunca más una Bolivia aislada. Por eso, nuestros brazos están abiertos”, afirmó, buscando que el país sea un punto de encuentro y no de confrontación. También se comprometió a devolver la confianza al pasaporte que portan los ciudadanos para salir al exterior.

Acuerdo nacional del bicentenario

Paz propuso un “acuerdo nacional del bicentenario” con todas las fuerzas políticas. Este acuerdo tiene como objetivo poner sobre la mesa el plan de gobierno y gobernar con todos los sectores de la población, realizando transformaciones y terminando con el denominado “Estado tranca”.

Durante el acto de posesión en la ciudad de La Paz, llovió. Sin embargo, el presidente agradeció a la Pachamama por bendecir y dar buenos augurios para el inicio de su nuevo gobierno.

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Preocupación por la crisis

Durante una entrevista en La Razón Radio, Atahuichi expresó su profunda preocupación por la falta de acciones efectivas que puedan resolver una crisis que ha devastado millones de hectáreas de bosques y pastizales. Esta situación también ha afectado a miles de animales que habitan en estas áreas.

El periodista destacó que, debido a la división entre las fuerzas políticas, la aprobación de cualquier norma en la Asamblea Legislativa se complica aún más. Esta falta de consenso es un obstáculo significativo para abordar la crisis de manera efectiva.

Propuesta de un acuerdo nacional

Ante esta situación crítica, Atahuichi planteó al senador Torrez la siguiente pregunta: “¿No cree usted que Bolivia necesita un acuerdo nacional por la vida?”. Torrez respondió afirmativamente, señalando que le parece una iniciativa excepcionalmente interesante.

El senador subrayó la urgencia de que tanto políticos como ciudadanos abandonen sus ideologías y posturas políticas. Es fundamental priorizar el bienestar y futuro de las nuevas generaciones. “¿Qué será de nuestros hijos con un medioambiente tan lastimado y golpeado por nosotros mismos?”, cuestionó Torrez.

Diálogo sin prejuicios

Torrez instó a organizar un encuentro donde los políticos puedan dialogar sin prejuicios ideológicos, con el objetivo de pensar en el futuro del país. “Si al menos asumimos conciencia, podremos superar los complejos entramados que afectan nuestro pensamiento y sentimientos”, agregó.

Además, hizo un llamado a dejar atrás las prácticas políticas ineficaces para lograr resultados tangibles. La población ya enfrenta las primeras consecuencias de un desastre que puede poner en riesgo a la humanidad.

Iniciativa sensata

El senador concluyó sugiriendo que se podría iniciar con una iniciativa sensata, basada en la lealtad, y trabajar en un proyecto de ley estructural que beneficie a todos. Esta propuesta busca generar un cambio positivo en la situación actual del medioambiente en Bolivia.

Impacto de los incendios

Desde hace más de 3 meses, millones de hectáreas en la Chiquitania y Amazonía boliviana están siendo consumidas por el fuego. Las principales víctimas de esta tragedia son los animales, incluidos monos, lagartijas, víboras y capibaras, cuyos restos se convierten en cenizas arrastradas por el viento hacia los 9 departamentos del país.

Esta situación ha generado una intensa humareda que afecta la salud de niños, adultos mayores e incluso mascotas. Las comunidades en las zonas afectadas esperan con ansias lluvias que puedan mitigar el avance del fuego y ayudar a restaurar el ecosistema dañado.

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En un pronunciamiento emitido con motivo del 199 aniversario de la independencia de Bolivia, la institución defensorial destacó las luchas que han contribuido a la consolidación de un sistema democrático, aunque con profundas cicatrices. Estas luchas han enseñado la importancia de la memoria y la verdad, así como la necesidad de no dar por sentada nuestra libertad y dignidad.

Riesgo para la estabilidad institucional y los derechos humanos

La Defensoría advierte que la delicada coyuntura actual pone en peligro la estabilidad institucional y el funcionamiento del sistema democrático, agravando las desigualdades sociales y afectando especialmente los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.

La institución hace un llamado a que el Estado, los actores políticos y los tomadores de decisiones redoblen sus esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas y promover un desarrollo económico que beneficie a todos los bolivianos. Por ello, consideran urgente un encuentro sincero que permita alcanzar un acuerdo nacional para buscar soluciones alternativas a la situación actual.

Problemas de combustible, divisas y crisis judicial

En las últimas semanas, la escasez de combustible y divisas estadounidenses ha generado problemas y protestas en diversos sectores de la sociedad boliviana. A esto se suma la crisis judicial causada por la autoprórroga de los magistrados y sus resoluciones en contra del Legislativo.

Compromiso con los valores del Estado Plurinacional

En este aniversario patrio, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a toda la ciudadanía boliviana para que reafirme su compromiso con los valores que definen al Estado Plurinacional, los derechos humanos y la justicia social.

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Richter recomendó al presidente Arce dejar de lado el individualismo y abrirse a un acuerdo nacional. Según él, es necesario convocar a los sectores políticos, sociales, empresariales y productivos del país para encontrar soluciones a los desafíos actuales. La reconstrucción de la legitimidad del gobierno y la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa son fundamentales para superar la crisis.

El desafío de la carestía de dólares

Uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno es la falta de dólares, lo cual ha generado escasez de combustible. Richter destacó la importancia de resolver esta situación, ya que afecta directamente a la economía del país. Señaló que si se logra contar con suficientes dólares, se podrán encontrar soluciones a otros problemas.

La importancia de una lógica de ingeniería política

Richter sugirió al presidente Arce adoptar una lógica de ingeniería política para abordar los desafíos actuales. Esto implicaría trabajar de manera estratégica y buscar consensos con diferentes actores políticos y sociales. Solo a través de un acuerdo nacional amplio se podrán encontrar las soluciones necesarias para superar la crisis actual.

En resumen, el exvocero Jorge Richter advierte que el gobierno de Luis Arce enfrenta una policrisis que requiere de un acuerdo nacional para encontrar soluciones. La carestía de dólares es uno de los principales problemas a resolver. Adoptar una lógica de ingeniería política y reconstruir la legitimidad del gobierno son fundamentales para superar esta situación.

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En cuanto al ámbito político, el alcalde propuso trabajar en un gran acuerdo nacional para cambiar la forma en que se distribuyen los asientos en el Parlamento. La idea es no quitar ningún curul de diputados de ningún departamento, sino añadir escaños en los departamentos con mayor población según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

Arias también propuso eliminar los puestos de los diputados supraestatales y las circunscripciones especiales, con el objetivo de simplificar la representación política en el país. Además, sugirió reducir la representación departamental en el Senado de cuatro a tres por departamento, como era antes.

El alcalde destacó que esta propuesta no implicaría la pérdida de representantes para ningún departamento en la Cámara de Diputados, sino que solo se aumentaría en aquellos que han experimentado un significativo crecimiento poblacional. De esta manera, se evitaría generar conflictos entre las diferentes regiones.

Fondo de compensación mancomunado para municipios afectados por el Censo

El alcalde Arias advirtió que tras el Censo de Población y Vivienda, el 84% de los municipios sufrirán una pérdida de recursos económicos. Ante esta situación, propuso la creación de un fondo de compensación mancomunado financiado con impuestos directos del litio. Este fondo estaría destinado exclusivamente a los municipios que se unan o se mancomunen para llevar a cabo proyectos integrales de forma conjunta.

La idea es evitar la atomización poblacional y de inversión pública, evitando la creación de nuevas alcaldías con criterio político. De esta manera, se busca garantizar una distribución equitativa de los recursos económicos y promover el desarrollo sostenible en todo el país.

Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024

El Censo de Población y Vivienda se llevó a cabo el pasado 23 de marzo a nivel nacional. Los resultados de este censo son fundamentales para la reasignación de los escaños parlamentarios, así como para la redistribución de los recursos económicos per cápita entre los diferentes departamentos y municipios en los próximos años.

El alcalde Arias hizo hincapié en la importancia de llegar a un gran acuerdo nacional para evitar que el Censo sea un instrumento de confrontación y, en cambio, se convierta en un instrumento de consenso entre todos los bolivianos. Con esta propuesta, se busca garantizar una representación política justa y equitativa, así como promover el desarrollo económico y social en todo el país.

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El proceso se truncó después de no poder recolectar un millón y medio de firmas. Según explicaron, las 833.115 firmas que sí lograron reunir son una muestra clara del deseo de la ciudadanía por cambiar el sistema judicial, especialmente en aspectos estructurales como eliminar los criterios ideológicos y partidarios en la preselección de magistrados.

Preocupación por vacío institucional y criterios partidarios en elecciones judiciales

“Vimos que la Asamblea no pudo lograr acuerdos mínimos para hacer la preselección y tener un proceso que genere certeza jurídica; por eso estamos pidiendo el inicio de un acuerdo que establezca una reforma parcial de la Constitución, en los términos iniciales que nosotros planteamos”, declaró Katia Saucedo, una representante de los juristas.

Propuesta de referéndum para modificar la Constitución

Alertaron sobre la preocupación por el vacío institucional en las entidades judiciales después del cumplimiento del mandato de los magistrados. También existe inquietud sobre que las elecciones judiciales se realicen bajo criterios partidarios y no basadas en méritos.

Implementación del referéndum a principios de octubre

Por ello, precisaron que el acuerdo nacional consiste en convocar a un referéndum para modificar la Constitución según lo planteado por los juristas independientes. Aclararon que esta propuesta puede servir como base y no debe aplicarse al pie de la letra. En cuanto al tiempo necesario para implementar su sugerencia, los juristas aseguraron que es perfectamente posible realizar el referéndum a principios de octubre, ya que su efecto es inmediato.

Los legisladores reiteraron en varias ocasiones que solo ellos tienen la competencia para esta tarea y no renunciarían a ella.

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“El planteamiento del Gobierno es que esa transición se dé en las mejores condiciones democráticas, para eso necesitamos hablar, necesitamos que todas las fuerzas políticas y los que no tiene representación parlamentaria, como los juristas que recolectaron más de 800 mil firmas, sean parte de una mesa de trabajo y un diálogo nacional”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó, el jueves reciente, suspender el proceso de selección de candidatos a solicitud de un amparo de inconstitucionalidad abstracta que interpuso un legislador de la oposición. Posteriormente, la Asamblea Legislativa Plurinacional, de forma oficial, paralizó el registro de inscritos.

Lima dijo que existen varios elementos que deben ser analizados por el TCP, entre ellos que se defina la anulación de la elección de magistrados a través del voto popular, informó ANF.

“Yo estoy planteando un escenario de debate amplio, un debate amplio le va a permitir a los constitucionalistas, por ejemplo, analizar la posibilidad de que, vía control de constitucionalidad y convencionalidad u otros elementos, se pueda suprimir la elección de voto popular, todos los elementos están sobre la mesa en este momento”, manifestó.

La autoridad explicó que el presidente nato del legislativo, David Choquehuanca, tiene 15 días para responder al recurso legal, luego el TCP, en un plazo de al menos 45 días, deberá emitir una sentencia que blindará por completo el proceso para las elecciones judiciales.

Lima espera que en las siguientes semanas ya se conozca el fallo definitivo, para que se concrete la transformación judicial con dos tercios en la Asamblea Legislativa.

Asimismo indicó que los actuales magistrados del TCP, que resolverán el recurso, no pueden presentarse como candidatos porque se generará un conflicto de intereses.

Sobre los plazos para la elección de las nuevas autoridades judiciales, Lima dijo que no se puede tomar decisiones equivocadas solo por cumplir los tiempos previstos.

“No es posible que por un plazo que pueda vencer el 31 de diciembre el país tenga seis años de injusticia, lo que tenemos que garantizar hasta el 31 de diciembre es una transición adecuada y es un tiempo suficiente para que llevemos los procesos electorales. Estamos con el tiempo suficiente y tenemos siete meses para ponernos de acuerdo”, añadió.

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, indicó que la Asamblea Legislativa tiene hasta el 17 de mayo para lanzar la convocatoria.

/NVY

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El “acuerdo nacional” es una recomendación del relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, en su informe final.

“Los juristas independientes esperamos casi nada del Estado por eso impulsamos el proceso de reforma judicial desde la sociedad a partir de un referéndum ciudadano. Ojalá tomaran en cuenta las recomendaciones del doctor García-Sayán (…). Bueno, no creemos que ocurra (un acuerdo nacional), el Gobierno ha demostrado su falta de voluntad”, aseveró Del Granado.

Asimismo, recalcó que existe “falta de voluntad política” de los principales actores que hacen “caso omiso” a las diferentes recomendaciones de las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los grupos internacionales coincidieron en varias preocupaciones acerca del estado de la justicia en Bolivia, reportó la agencia de noticias ANF.

Reforma judicial

En el país existen diferentes propuestas para impulsar una reforma judicial, el Gobierno planteó a través del Ministerio de Justicia seis pilares que deberían debatirse en una cumbre que se postergó sin fecha.

“La carrera judicial es muy débil dada la alta proporción de jueces transitorios, así como regulaciones y prácticas que afectan principios básicos como la inamovilidad. Existen dificultades en el acceso a la justicia”, aseveró el relator García-Sayán.

Al respecto del informe del relator, Del Granado calificó de positivo el informe, esperando a que el Gobierno de Luis Arce tome en cuenta las recomendaciones plasmadas.

“Recordemos que hace 40 días el ministro (de Justicia) ha postergado indefinidamente una cumbre. Los planteamientos y las propuestas de reforma gubernamentales están archivados hace varios meses. Le reitero, tenemos que apostar a la reforma desde una iniciativa ciudadana”, aseveró.

Independencia de poderes

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, indicó que el ministro de Justicia reconoció que no existe independencia de poderes.

“Lima claramente ha manifestado que no existe independencia de poderes y que la justicia tiene que responder al Órgano Ejecutivo”, subrayó.

Asimismo, resaltó que espera que se lleve adelante la reforma de la justicia mediante un “gran consenso nacional”, a través de las fuerzas políticas, la sociedad civil organizada, universidades y otras instituciones.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, “dejó en manos” del Órgano Ejecutivo definir una fecha para la cumbre de justicia que está paralizada por falta de consensos entre la oposición y el oficialismo.

Además, subrayó que las recomendaciones del relator de la ONU se tomarán en cuenta en base a la soberanía del país.

“Por si acaso es una recomendación, eso tenemos que tenerlo claro, y en función a la soberanía muchas de ellas las vamos a tomar en cuenta, pero muchas seguramente, no”, destacó.

/JDLF/

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