Acción popular: COD debe garantizar corredores humanitarios

En una audiencia que se extendió por casi seis horas, los jueces de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro otorgaron la tutela de manera preventiva a los accionantes. Esto implica que la Central Obrera Departamental (COD) y la Central Obrera Boliviana (COB) no podrán realizar bloqueos absolutos. Además, deberán garantizar corredores humanitarios.

Corredores humanitarios para grupos vulnerables

Esto quiere decir que, en caso de bloquear, deben permitir el paso de ambulancias, insumos médicos, alimentos y productos de primera necesidad para grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

Resolución preventiva sin conminación al desbloqueo

La resolución es clara en que la tutela se otorga de manera preventiva. No obstante, no se conmina al desbloqueo de carreteras debido a que la parte accionante no presentó suficientes elementos probatorios para demostrar que la COD estaba realizando esta medida extrema.

Detalles de la audiencia

La audiencia comenzó a las 17:00 horas en el quinto piso del edificio del TDJ. Sin embargo, quince minutos después se declaró un cuarto intermedio para cambiar de ambiente debido a problemas técnicos. A las 17:40 horas se reinició la audiencia y cerca de las 20:25 se ingresó a una pausa para deliberar. Una hora después, se dio a conocer la resolución, lo que hizo que la audiencia se extendiera hasta las 23:00 horas.

Posición de la COD durante la audiencia

A pesar de haber anunciado en conferencia de prensa la COD en mayo que se sumaría a las protestas y bloqueos iniciados por la COB, durante la audiencia su dirigencia negó estar realizando bloqueos. Afirmaron que podrían ser otras organizaciones sociales las responsables.

Acción popular interpuesta por ciudadanos

El pasado 15 de mayo, un grupo de ciudadanos interpuso una acción popular pidiendo el cese de los bloqueos por vulnerar derechos fundamentales. La acción fue contra la COD, la COB y el senador suplente Nilton Condori. El martes 19 de mayo se notificó a los involucrados y se programó la audiencia para este miércoles.

Declaraciones tras la audiencia

Harold Torrez, uno de los accionantes, expresó al finalizar la audiencia: “Lo que se ha determinado en la audiencia ha sido un carácter preventivo… esto qué quiere decir… si bien tienen derecho a protestar, esta no debe ser desproporcionada y excesiva.”

Said Guzmán, abogado del dirigente Pedro Challapa, indicó: “La resolución demuestra… una tutela constitucional prospectiva… ha garantizado el derecho a la protesta… pero ha exhortado a respetar estos derechos.”

Derechos garantizados para ciudadanos afectados

La resolución establece que deben permitirse el paso de insumos médicos y alimentos para ciudadanos vulnerables. Los afectados pueden apersonarse al proceso si consideran que sus derechos han sido vulnerados por la COB o la COD.

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Justicia notifica a la COD de Oruro por bloqueos

La justicia notificó a la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro y a sus dirigentes en el marco de la acción popular interpuesta por cinco ciudadanos. Esta acción se relaciona con los bloqueos que la entidad obrera instruyó y sostiene en algunas carreteras del país.

Detalles de la notificación

La notificación fue colocada en la reja del inmueble ubicado en la esquina de las calles Murguía y Washington, que figura como domicilio legal de la COD Oruro. Sin embargo, esta organización social tiene un edificio nuevo en la calle Cochabamba entre La Plata y Presidente Montes.

En el documento, pegado con cinta en las rejas, no se alcanza a observar para cuándo es la notificación. No obstante, se puede advertir que fue colocada a las 11:10 horas de este martes y corresponde a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Además, existe una segunda notificación exactamente igual, pero dirigida específicamente al dirigente Pedro Challapa de la COD.

Reacciones ante la notificación

LA PATRIA intentó comunicarse con Challapa, quien está participando activamente de los bloqueos; sin embargo, no se lo pudo encontrar y no devolvió los llamados efectuados. Por tanto, no se pudo conocer su posición respecto a esta notificación legal.

Contexto de la acción popular

Un grupo de ciudadanos presentó el pasado viernes 15 de mayo una acción popular en la ciudad de Oruro. El objetivo principal consiste en despejar las carreteras y detener las medidas extremas de presión que afectan a la población. Los demandantes argumentan que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), de la COD y otros incitan al bloqueo de vías.

Argumentos contra los bloqueos

Quienes interponen la medida legal consideran que los bloqueos son acciones desproporcionadas de protesta y están en contra del Estado de Derecho y la Constitución Política del Estado. Por tanto, no es admisible que se instruya y comande bloqueos en el país, pues vulneran los derechos del resto de la ciudadanía.

Crisis social en Bolivia

Bolivia vive actualmente una crisis social marcada por protestas y bloqueos en el país. Estas acciones han generado que varias regiones empiecen a sufrir desabastecimiento de alimentos y otros insumos básicos.

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Acción popular contra bloqueos en Bolivia

Un grupo de ciudadanos presentó este viernes 15 de mayo una acción popular en la ciudad de Oruro. El objetivo principal consiste en despejar las carreteras y detener las medidas extremas de presión que afectan a la población. Los demandantes argumentan que el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros incitan al bloqueo de vías.

Declaraciones sobre los bloqueos

Harold Ángel Torrez, representante de los accionantes, declaró: “El dirigente de la COB ha instruido que sus bases, sus trabajadores afiliados van a continuar con sus bloqueos”. Además, mencionó que el senador Nilton Condori apoya estos bloqueos, lo cual no es correcto, ya que “una autoridad elegida democráticamente debería ver primero el control de constitucionalidad”.

Involucrados en la acción

Los involucrados en la acción incluyen al dirigente de la Central Obrera Departamental, al dirigente de la Central Obrera Boliviana, al senador Nilton Condori y a comunarios no identificados de Paria y Soracachi.

Estrategia política y chantaje

Torrez también señaló que los bloqueos son “una estrategia política” y criticó el uso de personas no identificadas para realizar los bloqueos. Considera que esto representa un chantaje político para obtener beneficios personales.

Expectativas sobre los bloqueos

El ciudadano enfatizó que espera que se levanten los bloqueos, ya que son “medidas desproporcionales” y no están acordes con el bloque de constitucionalidad. Citó la sentencia constitucional 721/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional como precedente sobre este tipo de acciones.

Protestas y demandas de la COB

Desde el 2 de mayo, la COB lleva a cabo marchas y bloqueos en La Paz en protesta contra el Gobierno nacional. Sus principales demandas incluyen:

• Incremento salarial.
• Rechazo a la gasolina de mala calidad.
• Abrogación de la Ley 1720 sobre conversión de tierras, ya abrogada por el Presidente Rodrigo Paz.
• Renuncia del Primer Mandatario.

Las protestas se han extendido al resto del país desde el lunes 11 de mayo, generando escasez de alimentos y combustible en varias regiones. Se celebrará una audiencia para determinar si se concede o deniega la tutela solicitada por los ciudadanos.

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Acción popular para proteger los arenales en Oruro

Activistas medioambientales de Oruro anunciaron la presentación de una acción popular contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). Esta acción busca exigir medidas para proteger los arenales, especialmente los de Cochiraya, y restablecer las hectáreas avasalladas en esta zona.

Declaraciones de Teodoro Blanco

El activista por el medioambiente e ingeniero agrónomo, Teodoro Blanco, expresó: “hemos visto pasivamente que nuestros arenales de Oruro, que constituyen todo un sistema de áreas protegidas de arenales de Oruro, de Cochiraya, Tagarete y de Sora, que prácticamente han sido abandonados”. Blanco destacó que estos espacios naturales carecen de gestión y protección adecuada.

Demandas específicas de la acción popular

La acción popular incluye varias demandas específicas:

• Desalojo del área protegida municipal de los arenales de Cochiraya, donde se han invadido varias hectáreas.
• Restauración del área municipal de Tagarete, que ha quedado reducido a un pequeño parque. Se solicita la creación de un monumento para mostrar cómo eran los arenales antes.
• Implementación de un plan específico para gestionar el área protegida en Sora, que está amenazada por asentamientos humanos y contaminación del lago Uru Uru y Poopó.

  

Importancia cultural y ecológica

Teodoro Blanco añadió: “estamos pidiendo además que se declare como sujetos de derecho los arenales”. Los activistas resaltan la importancia histórica y cultural de estos espacios naturales en la identidad local.

Cifras preocupantes sobre los arenales

En este contexto, Emilio Oquendo, también activista medioambiental, comentó: “La ley (de los arenales) nace con 150 hectáreas y actualmente tenemos 93 hectáreas; han sido avasalladas 57 hectáreas”. Esta cifra refleja la gravedad del problema que enfrentan los arenales en Oruro.

Papel vital de los arenales de Cochiraya

Los arenales de Cochiraya son considerados un patrimonio natural vital para la ciudad. Sin embargo, han existido conflictos previos relacionados con avasallamientos y disputas sobre la propiedad del terreno. La situación actual requiere atención urgente para preservar estos ecosistemas.

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El jurista busca anular esta disposición después de que un primer recurso con el mismo objetivo fue rechazado. A pesar de este antecedente, Vásquez Flores confía en que la nueva audiencia, que se llevará a cabo de manera virtual a las 15:30 horas, tendrá un resultado favorable.

Participación del Gobierno

Desde el Gobierno, el viceministro de Transparencia, Yamil García, ha confirmado que el Órgano Ejecutivo participará en la audiencia. Su objetivo es demostrar que la acción presentada carece de fundamento legal. Además, García recordó que ya existe un antecedente desfavorable para el accionante.

La autoridad destacó que Vásquez Flores había intentado previamente detener la aplicación del decreto en otra jurisdicción, pero no tuvo éxito. “El 9 de enero, una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le indicó a este mismo accionante que esa no era la vía y le negó la tutela”, afirmó García, según lo citado por Urgente.bo.

Estado del recurso

García también subrayó que el Tribunal Constitucional Plurinacional aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso presentado en Santa Cruz. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico, el caso no debería ser abordado nuevamente.

“No se puede activar una segunda, tercera o cuarta acción tutelar mientras la primera continúa en revisión ante el Tribunal Constitucional. Esa es una causal clara de improcedencia”, enfatizó García.

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La acción fue presentada por el abogado Wilmer Vásquez, quien argumentó que el decreto vulnera los derechos de la población y que, por lo tanto, debía ser suspendido debido a su presunta inconstitucionalidad.

Decisión del tribunal

Durante la audiencia, los vocales del tribunal señalaron que la Acción Popular tiene como objetivo la protección de derechos fundamentales y colectivos. Sin embargo, indicaron que no es el mecanismo adecuado para determinar la constitucionalidad de una norma.

Además, la Sala Constitucional observó que el accionante no logró sustentar de manera suficiente la afectación de derechos colectivos que alegó en su demanda. Por este motivo, los vocales resolvieron denegar la tutela solicitada.

Declaraciones de la presidenta

La presidenta de la Sala Constitucional Primera del TDJ de Santa Cruz, Carla Arancibia, dictó: “Por tanto, la sala resuelve denegar la tutela solicitada”, tras más de 4 horas de audiencia, según reportó El Deber.

Competencia del TCP

El tribunal también remarcó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es la única instancia competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos supremos. Conforme al procedimiento establecido, la resolución emitida deberá ser remitida al TCP para su revisión.

Vigencia del decreto

Con esta decisión, el Decreto Supremo 5503, que entró en vigencia en diciembre de 2025, continuará plenamente vigente mientras no exista un pronunciamiento en contrario por parte de la instancia constitucional correspondiente.

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La audiencia judicial está programada para las 13:00 horas del viernes. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz ha admitido el recurso, el cual fue interpuesto por el abogado Wilmer Vázquez.

Declaraciones del ministro

En una entrevista con Unitel, realizada este miércoles 7 de enero, Lupo expresó que “ese es el camino, para eso están las instituciones. Las instituciones están para poder atender a este tipo de reclamos, hay diferentes formas de llegar”.

Asimismo, la autoridad mencionó que “nosotros vamos a ir a argumentar a donde corresponda. Tenemos la audiencia el viernes y vamos a estar en ese camino trabajando sin ninguna duda”.

Movilizaciones y apoyos

La norma en cuestión ha generado movilizaciones por parte de la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, también ha recibido respaldo de sectores como los gremiales y los transportistas.

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Detalles del auto constitucional

El Auto Constitucional 0087/2025 O establece un plazo de 10 días hábiles para que las autoridades cesen en sus funciones. Esta medida afecta a los magistrados del TCP: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo. También incluye a los magistrados del TSJ: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez.

El documento menciona que estas autoridades tienen un plazo perentorio para dejar sus cargos. Este tiempo se otorga para que puedan despachar las causas pendientes cuya fecha de vencimiento se cumpla hasta dicho plazo. A pesar de la orden de cese, se garantiza la seguridad jurídica, ya que se dispone que se mantendrán firmes y vigentes todos los actos ejecutados por los magistrados prorrogados durante su ejercicio extendido.

Origen de la audiencia

La audiencia se llevó a cabo tras una acción popular presentada por la ciudadana Sandra Beatriz Aiza contra los magistrados del TCP. Horas antes de la audiencia, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, denunció que los magistrados “autoprorrogados” estaban intentando intimidar a las salas constitucionales y a los jueces mediante una supuesta “ficticia complementación” de un auto constitucional.

Saucedo aseguró que el trabajo independiente de todos los jueces estaba garantizado y lanzó un mensaje contundente: “Bolivia no se arrodilla ante los usurpadores de la administración de justicia constitucional”. La emisión del auto marca un precedente significativo y podría ser el punto de inflexión para desbloquear el proceso de renovación de las altas autoridades judiciales en el país.

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Acción popular presentada

Lihetzer Zenteno, representante de la Asociación de Pacientes con Cáncer del Departamento de Santa Cruz, ha presentado una acción popular. Esta acción busca frenar las huelgas, ya que argumenta que las medidas de presión ponen en riesgo la vida de los pacientes que requieren atención médica.

Reunión convocada

Para este martes, se espera que el sector salud asista a una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo. En esta reunión también se prevé la participación del secretario departamental de Salud, quien firmará un acuerdo relacionado con la situación actual.

Apoyo a trabajadores de salud

Zenteno ha afirmado que han agotado todas las instancias de diálogo. Además, han ofrecido su apoyo a los trabajadores en sus medidas de presión, aunque no a través de paros que afectan directamente a los pacientes. La representante criticó que los trabajadores no acepten recibir los pagos adeudados, a pesar de que las autoridades han admitido que ya cuentan con 22 millones de bolivianos de los 27 millones que les deben.

Impacto en pacientes

Según la versión de Lihetzer, un paciente ha perdido la vida recientemente, y los trabajadores han identificado a aquellos pacientes que se manifiestan en contra del paro. Estos pacientes han sido víctimas de amedrentamiento. “Les han postergado sus citas médicas por semanas y hasta les entregan menos medicamentos de lo regular”, apuntó Zenteno.

Historia del paro

El paro de los trabajadores de salud comenzó el 28 de julio de 2025 y amenazaba con extenderse hasta el 8 de agosto de 2025. Sin embargo, fue interrumpido gracias a la intervención del Comité Cívico pro Santa Cruz, la Gobernación cruceña, la Defensoría del Pueblo y autoridades departamentales. Estas entidades se reunieron con el sector salud para llegar a un acuerdo.

Durante esa reunión, la Gobernación se comprometió a realizar los trámites necesarios para el pago a más tardar el lunes 18 de agosto de 2025, una vez que recibieran los recursos del Ministerio de Salud. Sin embargo, tras no recibir el pago, los trabajadores reanudaron el paro el 20 de agosto de 2025.

Situación financiera de la Gobernación

La Gobernación ha informado que ha conseguido el 80% de los recursos necesarios para cumplir con esta obligación, pero continúa gestionando el 20% restante. El secretario departamental de Salud, Marcelo Kramer, explicó que la Gobernación enfrenta una situación compleja debido a la falta de liquidez presupuestaria, resultado de la disminución de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

/KMMN

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La acción fue presentada el 12 de julio por la ciudadana Marlene María Sierra Terán ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.

El memorial solicita la inhabilitación de postulantes que hayan ocupado cargos públicos mediante voto durante un periodo de 10 años. Invoca la Sentencia Constitucional 0007/2025 y el Auto Constitucional 0083/2024, que interpretan los límites de reelección para cargos ejecutivos y su extensión a otros niveles.

Reacciones de los políticos

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, consideró que la acción no tiene base legal. Acusó a su impulsora de intentar boicotear el proceso electoral. Señaló que existe una sentencia constitucional de 2019 que permite la candidatura de autoridades electas.

“Cualquier trasnochado que siga presentando un amparo lo único que quiere es suspender las elecciones. Exigimos en este caso al Órgano Judicial en su conjunto, al Tribunal Constitucional, que no permitan estos amparazos y garantice las elecciones nacionales”, afirmó.

Posición del MAS

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Magalí Gómez, sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral debe continuar con el calendario electoral. Instó al TDJ de Beni a actuar conforme a derecho. “Las elecciones generales deben garantizarse el 17 de agosto de 2025. No debería existir ninguna acción que las frene”, reiteró.

Advertencias del MSM

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, advirtió que este tipo de recursos, si no tienen fundamento jurídico, deben ser desestimados. “Estamos a pocas semanas del verificativo electoral. Es un momento clave para renovar a nuestros gobernantes. No podemos permitir que se obstaculice la elección por acciones sin sustento”, señaló.

Cuestionamientos sobre la motivación

El diputado de CC, Alejandro Reyes, cuestionó la motivación detrás de la acción. “Estamos viendo nuevamente cómo intentan sabotear el proceso electoral. La elección ya está en un punto de no retorno. Estos caprichos y berrinches responden a intereses políticos ocultos. Habrá que ver quién está detrás de esta persona”, declaró, en referencia a la promotora del recurso.

La audiencia para analizar el caso fue fijada para el lunes 21 de julio de 2025.

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La resolución se fundamenta en las afectaciones ambientales y patrimoniales que se constataron durante dos inspecciones “in situ” realizadas en el cerro. La primera medida que se ha dispuesto es la paralización de todas las actividades mineras en el lugar.

Además, se ha ordenado el cese total de estas actividades tanto para personas jurídicas como para personas naturales. También se notificará al Comando Departamental de la Policía para que se realice el resguardo policial correspondiente en la zona afectada.

Control mensual de actividades

La Alcaldía y la Gobernación de Oruro tendrán la responsabilidad de realizar un control mensual sobre las explotaciones en esta área protegida. En un plazo de 90 días, el Gobierno Municipal deberá emitir un documento que contenga un plan de manejo para esta área específica.

Asimismo, la Gobernación y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) están encargadas de supervisar la explotación minera y de determinar el daño ambiental que se haya causado en el cerro San Felipe.

Declaraciones de autoridades

Víctor Hugo Miranda, secretario Municipal de Asuntos Jurídicos, comentó que esta decisión es un segundo precedente muy importante en materia de áreas protegidas. El primero fue el cerro San Pedro, que se logró con éxito. Miranda también mencionó que se tomarán las acciones necesarias para proteger las áreas protegidas, de acuerdo con la política del alcalde Adhemar Wilcarani.

Ante las denuncias de los vecinos sobre las continuas explotaciones en el cerro San Felipe, Miranda condenó a quienes operan ilegalmente en esta área protegida, a pesar de la resolución judicial que se ha emitido. Informó que en los próximos días, la Dirección de Salud Ambiental trabajará en coordinación con la Policía para implementar acciones que garanticen el resguardo del área.

Consecuencias por incumplimiento

Miranda advirtió que, en caso de incumplimiento de esta medida, habrá consecuencias jurídicas y penales para las personas involucradas. Hizo un llamado a que se abstengan de realizar actividades mineras en el cerro, ya que ya existen determinaciones judiciales al respecto.

Resaltó que se ha sentado un precedente y que lo único que queda por hacer es cumplir con esta resolución como gobierno municipal. Los impulsores de las acciones populares han participado activamente en las audiencias relacionadas con este caso.

Esfuerzo conjunto por el medioambiente

Las medidas adoptadas reflejan un esfuerzo conjunto entre las autoridades municipales y los ciudadanos para proteger el medioambiente y los recursos naturales en Oruro. Este trabajo en conjunto busca asegurar que el cerro San Felipe, como área protegida, reciba la atención y el cuidado que merece.

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Detalles de la acción popular

El recurso de acción popular fue interpuesto por Humberto Vidaurre, quien cuestiona la habilitación de Morena, que postula a Eva Copa, y de APB-Súmate, una alianza que tiene como candidato presidencial a Manfred Reyes Villa.

El argumento principal de este recurso es que ambas organizaciones no han cumplido con el requisito de tener al menos 120 días calendario desde la obtención de su personería jurídica hasta la fecha de registro de candidaturas, tal como lo establece la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

Fechas clave de la personería

Según el documento presentado, APB-Súmate obtuvo su personería jurídica el 5 de diciembre de 2024. Esto significa que hasta el 3 de abril de 2025 solo habían transcurrido 119 días. En el caso de Morena, se indica que recibió su personería el 12 de febrero de 2025, lo que le da solo 50 días hasta esa misma fecha.

Reacción de la candidata de Libre

La acción fue objetada por la candidata de la alianza Libre, Paola Barriga, quien observó que Vidaurre no figura en el Registro Público de Abogacía, lo que, según ella, debería impedir que su demanda sea admitida. A pesar de esto, el tribunal ha fijado una audiencia para el 23 de mayo de 2025.

Denuncia contra Unidad Nacional

De manera paralela, Jhonny Téllez Mamani ha presentado una denuncia formal ante el TSE para solicitar la cancelación de la personería jurídica de Unidad Nacional (UN). Este partido encabeza la alianza Unidad, que lleva a Samuel Doria Medina como postulante presidencial.

La denuncia argumenta que UN ha incurrido en participación institucional en actos de racismo y violencia contra la mujer. Este recurso se ampara en los incisos f) y g) del artículo 58 de la Ley 1096, que establece como causas para la cancelación de la personería jurídica la difusión de mensajes contrarios a los principios constitucionales y la comisión de faltas graves por parte de las organizaciones políticas.

Contexto de los procesos legales

Ambos procesos legales se han activado tras el cierre del registro oficial de binomios y candidatos, lo que añade un nivel de tensión al ya complejo escenario electoral en el país.

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El recurso fue presentado el 12 de mayo de 2025 y demanda un proceso efectivo de consulta previa con las comunidades afectadas. Iván Calcina, secretario general de la Cupconl, manifestó: “El juez admitió la acción popular y ha reconocido el buen pedido que tenemos o la preocupación que siempre se tuvo en la provincia”. Este recurso fue presentado ante el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K, con el objetivo de hacer respetar sus derechos.

Exigencias de la comunidad

El documento presentado recoge los puntos exigidos por la organización indígena originaria. Se solicita que se suspendan los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC. Esto debe hacerse mientras se realice un estudio de evaluación integral y acumulativa de los impactos ambientales, sociales y culturales relacionados con la explotación de litio en el Salar de Uyuni.

Para llevar a cabo este estudio, se pide la efectiva participación de las comunidades de la TCO Nor Lípez y sus instancias orgánicas. Calcina también señaló: “Estamos pidiendo un proceso legítimo de consulta previa y el consentimiento de las 53 comunidades indígenas de Nor Lípez. Se debe construir de manera participativa y aprobar una ley marco de litio y de recursos evaporíticos. Es fundamental establecer reglas claras que garanticen nuestros derechos. Mientras no se cumpla eso, YLB deberá abstenerse de negociar nuevos contratos para la exploración y explotación de litio”.

Pronunciamiento de la Cupconl

La Cupconl emitió un pronunciamiento que expresa: “Estos contratos se firmaron a espaldas de los pueblos originarios, sin consultarnos de manera previa, libre e informada, y sin que existan estudios técnicos precisos sobre las afectaciones socioambientales y culturales. Una vez más, se pretende imponer un modelo extractivista sin respetar el territorio ni la vida de las comunidades”. Además, rechazan esos proyectos que “ponen en riesgo las fuentes de agua, el futuro en el territorio y al Salar de Uyuni como ecosistema”.

Tras la admisión del recurso, la justicia programó una audiencia virtual para el martes 27 de mayo a las 9:00 horas. La notificación fue recibida por Calcina el 20 de mayo, quien debe notificar al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Calcina recordó que en las comunidades que podrían verse afectadas hay cultivos de quinua, así como vicuñas, avestruces y otros animales. “¿Qué va a ser de ellos? Esa es nuestra principal preocupación. No tenemos información segura y certera”, enfatizó.

Preocupaciones sobre el impacto

Calcina indicó que conocer los detalles podría llevar a un acuerdo si se respetan los derechos medioambientales y los derechos indígenas. La Cupconl destaca que hasta la fecha no tienen claro el contenido del contrato firmado entre YLB y otras empresas involucradas en la explotación del litio. Además, recalcan su necesidad urgente de información clara sobre los posibles impactos en su entorno natural y social debido a estos proyectos extractivistas.

/KMMN

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La audiencia está programada para el 23 de abril de 2025 a las 16:00 horas. En esta ocasión, deberá comparecer el alcalde Iván Arias para abordar los temas planteados en la Acción Popular.

Objetivos de la Acción Popular

La Acción Popular fue interpuesta el 15 de abril y tiene como objetivo la elaboración de un estudio técnico que evalúe la situación actual del transporte público. La concejal exige que se garantice un servicio accesible para toda la ciudadanía. Esta acción busca proteger los intereses del pueblo y no está relacionada con favores de campaña ni intereses sectoriales, según se ha afirmado.

Pérez Del Castillo ha solicitado al Órgano Judicial que se ordene la realización de un nuevo estudio técnico. Este estudio debe contemplar estándares de calidad, el cumplimiento de rutas completas, el control del trameaje y la implementación de tarifas diferenciadas en todas las modalidades de transporte.

Críticas al servicio actual

“La ciudadanía está pagando más por un servicio que no mejora. Es inaceptable que se imponga un tarifazo mientras se incumple la ley y se desprotege a los más vulnerables”, afirmó la concejal durante una de sus declaraciones.

Además, denunció que el Ejecutivo Municipal no ha fiscalizado ni controlado adecuadamente al sector del transporte desde 2016. Según un estudio técnico elaborado por el propio Gobierno Municipal, los operadores no cumplen con los estándares mínimos requeridos.

Responsabilidades del Ejecutivo Municipal

“El deber del Ejecutivo Edil es ejercer control sobre las paradas, eliminar el trameaje, garantizar el mantenimiento de vías y una planificación eficiente en materia de movilidad. Esta Acción Popular exige precisamente que el alcalde cumpla con estas responsabilidades”, agregó Pérez Del Castillo.

Propuestas tecnológicas

La concejal también propuso el uso de tecnología como GPS en las unidades de transporte para frenar el trameaje. Sin embargo, aclaró que estos sistemas deben ser financiados por el Gobierno Municipal, sin trasladar el costo a los transportistas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga vigilante y exija un servicio público de calidad. “Los paceños debemos ser escuchados. No permitiremos más indiferencia frente a nuestras necesidades. Es momento de exigir un cambio real”, concluyó.

Desde 2016, la falta de fiscalización ha generado preocupaciones sobre la calidad del servicio público. Los operadores han sido señalados por no cumplir con estándares mínimos en seguridad y comodidad, lo que afecta directamente a los usuarios del transporte público en La Paz.

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El 2 de abril se llevó a cabo la primera reunión en la que se acordó realizar un encuentro el 6 de abril para determinar las medidas o acciones a tomar. Durante esta jornada, se analizó la creciente preocupación por la actividad minera ilícita y su impacto en los cerros San Pedro, Santa Bárbara, Socamani, San Felipe y el área urbana de Vinto.

Preocupaciones sobre la minería ilegal

“Lo que se ha llevado a cabo es una reunión dando continuidad a la que tuvimos el 2 de abril, con el tema de la actividad minera ilícita en los cerros… realmente es la inquietud de lo que está pasando con el cerro San Felipe… que afecta al monumento”, indicó el monseñor Cristóbal Bialasik. “La parte posterior ya tiene rajaduras, esa es la inquietud y la FEPO, junto a todas las instituciones, ha decidido llevar a cabo esta acción popular en las 16 áreas protegidas que están en las leyes 002 y 022… sumándonos como terceros interesados”, destacó la presidenta de la FEPO, Jill Peñafiel.

Violaciones a normativas municipales

El concejal José Flores detalló la violación de las normativas municipales al conocerse sobre el asentamiento de operaciones extractivas que se han instalado al pie del cerro San Felipe. Además, estas actividades afectan con explosiones de dinamita al monumento de la Virgen, que se encuentra en las serranías del cerro Santa Bárbara.

“La Ley 04 ya establece el cerro Santa Bárbara como área protegida. Luego, el Concejo Municipal aprobó la Ley Municipal 247, que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial Inmueble al Monumento de la Virgen del Socavón. Esta ley prohíbe la explotación, comercialización o cualquier actividad que cause deterioro o destrucción del patrimonio de Oruro. En este momento, hay una total violación a las normativas”, manifestó el concejal Flores.

Acciones de los vecinos

Por la mañana, vecinos de zonas altas presentaron otra acción popular que, además de denunciar a los avasalladores, también incluye como accionados a autoridades municipales y departamentales.

Esta nueva intención de acción será analizada, ya que en la reunión interinstitucional que busca frenar la minería ilegal, que se llevó a cabo desde el 2 de abril, se encuentran como accionantes. Mientras tanto, las autoridades fueron tomadas como accionados en el recurso de justicia realizado por los vecinos de zonas altas y Pueblos de la Montaña.

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Teodoro Blanco, quien es miembro de Pueblo de la Montaña y defensor de esta causa, ha denunciado que la actividad minera está afectando una serranía municipal que está protegida. En la acción popular, se solicita que las autoridades cumplan con el desalojo de los mineros ilegales. Además, hay personas naturales que recibirán notificaciones por el presunto delito de avasallamiento en el área.

“Estamos para exigir un derecho fundamental como es un medioambiente sano, porque hay una actividad minera ilegal que se ha asentado en un área protegida municipal que es las serranías de Oruro. Aquí se encuentran sitios tan importantes como el Monumento Escultórico Virgen del Socavón. Las explosiones de dinamitas han puesto en grave riesgo las viviendas de los vecinos y hay contaminación de las aguas que bajan. Por eso hemos decidido presentar esta acción popular para tutelar ese derecho y suspender esta actividad”, manifestó Blanco.

Actividades extractivas ilegales

Según explicó el activista, las personas que están explotando el lugar lo hacen de manera ilegal, lo que los vecinos califican como un “juqueo” o robo de mineral. “Un proceso va a demorar más, entonces con una acción popular, vamos a tener una respuesta más directa y rápida para la paralización de la minería ilegal. Cada día que pasa, siguen bajando carga y amedrentando a los vecinos. Esto representa un daño económico y ambiental, porque están funcionando ilegalmente. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos con dinamitas y no podemos reunirnos como vecinos, porque somos amedrentados”, comentó uno de los vecinos a LA PATRIA Radio.

Acción popular presentada

La acción popular fue presentada al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) el 6 de abril por la mañana. En el documento se mencionan a 5 autoridades, tanto municipales como departamentales, demandando que cumplan con el desalojo de quienes están llevando a cabo la actividad extractivista. Además, hay 4 personas que, según el documento, son denunciadas por avasallamiento en el área. Todos los involucrados deben ser notificados primero para que el proceso continúe.

Reunión de autoridades

El 2 de abril, por la tarde, varias instituciones y las autoridades mencionadas se reunieron para analizar acciones contra la explotación ilegal en el cerro Santa Bárbara. En este encuentro, no se descartó la posibilidad de presentar una demanda contra los responsables de las actividades extractivistas e intervenir para su desalojo.

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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Miguel Rejas, ha señalado que “en el transcurso de estos días, hasta el viernes 6 de diciembre, seguramente se llevará a cabo la audiencia, ya que esto estaría perjudicando al pueblo boliviano”. Se tiene la intención de llevar a cabo las elecciones judiciales de manera parcial, lo que ha generado inquietud entre los ciudadanos.

Rejas también comentó que “todo el pueblo boliviano sabe que están siendo vulnerados los derechos tanto de los postulantes como de la población en general”. Esto se debe a que han incurrido en acciones legales y han realizado todos los trámites requeridos. Esta situación ha llevado a la consideración de que el trámite constitucional ha sido ignorado por los magistrados autoprorrogados.

Impacto económico para el Estado

La situación actual implica un aumento en el gasto económico para el Estado boliviano. Al suspender 5 departamentos al Tribunal Constitucional, esto podría resultar en la necesidad de realizar nuevamente las elecciones, lo que significaría nuevos gastos para el Estado.

Exigencia de elecciones generales

Se busca que las elecciones se realicen de manera general, abarcando tanto el Tribunal Constitucional, el Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura como el Tribunal Agroambiental en los 9 departamentos. Por lo tanto, la intención es que las elecciones del 15 de diciembre se lleven a cabo de forma general y no solo parcial.

Esperanza en la justicia

En este contexto, se destaca que la acción popular presentada ha sido admitida y se espera que la justicia actúe conforme a derecho.

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Los comunarios, que muestran desconfianza hacia sus dirigentes, se oponen a un nuevo contrato que busca la industrialización de residuos. Durante los intentos fallidos de desbloqueo, han tenido enfrentamientos con la policía, lo que ha resultado en ocho agentes heridos y daños en varios vehículos. La situación se complica aún más con la activación de una acción popular por parte del Comité Cívico, que busca soluciones a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Informe de la crisis

El secretario municipal de Gobernabilidad, Aldo García, ha presentado un informe sobre la crisis de basura que afecta a Cochabamba. Este conflicto ha llevado a que el Comité Cívico active una acción popular para buscar el desbloqueo mediante el TSJ. García también mencionó que el Comando Departamental de la Policía ha recibido instrucciones formales para desbloquear la zona afectada.

Acciones legales contra los bloqueadores

La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) ha iniciado un proceso legal contra 15 personas que están acusadas de incitar el bloqueo. La Fiscalía ha admitido la denuncia y ha asignado a una fiscal de materia para que emita citaciones a los involucrados, quienes son acusados de desinformar a la población sobre la situación actual.

Enfrentamientos con la policía

La situación se intensificó en la madrugada del 17 de septiembre, cuando la policía intentó despejar el acceso al relleno sanitario. Sin embargo, se encontraron con resistencia por parte de los comunarios. Los enfrentamientos resultaron en ocho policías heridos y daños a cinco patrullas, que sufrieron abolladuras y roturas en los parabrisas. Además, se reportaron robos de equipos de comunicación y daños a escudos plásticos utilizados por las fuerzas del orden.

Acumulación de basura

El bloqueo ha dejado alrededor de 4.000 toneladas de basura acumuladas en las calles de Cochabamba. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, las partes involucradas no han logrado acercamientos significativos. Tras la fallida intervención policial y una reunión infructuosa con una comisión municipal, la Defensoría del Pueblo se ofreció como mediador y solicitó el levantamiento de las medidas de presión.

Oposición al nuevo contrato

Los bloqueadores se oponen a un nuevo contrato de “industrialización” de la basura en el relleno sanitario. Este contrato promete iniciar un proceso de reciclaje y aprovechamiento de residuos en un plazo de seis meses. La situación sigue siendo crítica y se espera que las autoridades encuentren una solución que aborde las preocupaciones de la comunidad y permita normalizar la recolección de basura en la ciudad.

Tensiones internas entre comunarios

El conflicto ha generado tensiones no solo entre los bloqueadores y las autoridades, sino también entre los propios comunarios y sus dirigentes. Estos últimos son acusados por los comunarios de no representar adecuadamente sus intereses. La falta de diálogo entre ambas partes ha dificultado la búsqueda de soluciones efectivas para resolver esta crisis ambiental en Cochabamba.

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La marcha, que algunos analistas han denominado “marcha de la muerte”, tiene como objetivo exigir la renuncia del actual presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. En este contexto, Ríos expresó su preocupación por el hecho de que los seguidores de Morales estén siendo utilizados para satisfacer intereses personales relacionados con un posible regreso al poder del ex mandatario. “Hemos tomado conocimiento sobre esta situación y reiteramos nuestro compromiso con garantizar el libre tránsito y los derechos ciudadanos”, afirmó Ríos.

Tensión en Bolivia

El anuncio de la prohibición se produce en un clima tenso en Bolivia. David Mamani, un aliado cercano a Morales, ha convocado un bloqueo de carreteras que comenzará el 16 de septiembre. Esta situación ha generado inquietud entre las autoridades gubernamentales. El viceministro recordó que la Acción Popular emitida el 16 de febrero prohíbe expresamente estos bloqueos y aseguró que la Policía Boliviana actuará conforme a la ley para mantener el orden público.

Respaldo gubernamental a la prohibición

Otros funcionarios del gobierno también han expresado su apoyo a esta prohibición judicial. Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, respaldó firmemente la decisión. Montaño argumentó que esta acción refleja el sentir del pueblo boliviano ante los posibles perjuicios económicos y sociales que podrían surgir si se permitieran estas movilizaciones en un contexto ya complicado para el país.

Consecuencias potenciales

Las posibles consecuencias de permitir la marcha o los bloqueos anunciados por Mamani son significativas. Esto podría desencadenar disturbios sociales e interrumpir actividades económicas vitales en varias regiones. Además, podría aumentar las tensiones políticas entre los sectores afines al gobierno actual y aquellos leales a Morales.

En conclusión, mientras Evo Morales intenta movilizar apoyo popular contra el gobierno actual mediante su marcha programada para este mes, las autoridades han dejado claro que cualquier intento por bloquear vías o incitar disturbios será enfrentado con firmeza legal. La situación sigue siendo delicada y requiere atención tanto política como social para evitar escaladas innecesarias en un país aún marcado por profundas divisiones tras años recientes convulsos.

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El concejal Cruz también expresa su preocupación por el reclamo de la familia Condori, quienes también reclaman parte del cerro San Pedro. Sin embargo, su principal solicitud es el apoyo de la justicia para garantizar la paralización de las actividades de la Cooperativa No Metálica la Luminosa RL. Desde el 2021, se ha realizado un seguimiento de la licencia ambiental y la explotación del cerro San Pedro, lo cual ha llevado a una acción popular en nombre de todos los ciudadanos de Oruro. Los concejales han sido notificados por incumplimiento y se espera que se actúe con el mismo rigor en este caso.

Acción Popular y fallo a favor de las autoridades

El alcalde Adhemar Wilcarani y los concejales presentaron una Acción Popular en el 2022, en la cual se denunciaba la explotación de piedra y agregados por parte de la Cooperativa la Luminosa RL en un sitio patrimonial. En diciembre del mismo año, la justicia falló a favor de las autoridades y ordenó la paralización inmediata de las operaciones extractivas. Sin embargo, ahora las autoridades se enfrentan nuevamente a la justicia el 11 de junio para demostrar que han cumplido con su mandato.

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Callisaya hizo hincapié en la importancia de evitar el mal uso de las formas democráticas y llamó a la responsabilidad de los actores políticos, autoridades y el Estado para resolver esta situación. La Sala Constitucional Primera de Pando otorgó tutela a la acción popular presentada por Yeni Duri, quien denunció discriminación en el caso de Mineya Lucindo, una postulante que fue inhabilitada. Como resultado de esta resolución, se determinó la anulación de las elecciones judiciales y se ordenó la realización de un nuevo proceso de preselección de candidatos.

Advertencia sobre el debilitamiento de la democracia

El Defensor del Pueblo advirtió que el mensaje transmitido por los actores políticos no fortalece la democracia, sino que contribuye a su deslegitimación. Esta situación podría tener consecuencias dolorosas tanto para el Estado como para la población boliviana.

Tensiones y desafíos en el sistema electoral

La decisión de la Sala Constitucional Primera de Pando ha puesto en evidencia tensiones y desafíos en el sistema electoral del país. Esto ha generado debates sobre la transparencia y legitimidad del proceso, cuestionando la confianza de la población en el sistema judicial y electoral.

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El exdiputado e impulsor de la Acción Popular, Amilcar Barral, indicó que la medida fue aceptada por el TJD luego de cuatro intentos. “El día de hoy es una victoria para el pueblo boliviano, considerando que se nos ha otorgado tutela en parte de esta acción”.

Exhortación al Ministerio de Gobierno

La instancia exhorta al Ministerio de Gobierno a tomar las acciones respectivas para intervenir y hacer cumplir la disposición. A partir del 16 de febrero, Evo Morales Ayma y los sectores sociales no pueden llevar adelante ningún bloqueo de caminos en el país, bajo la advertencia de que, en caso de hacerlo, el Ministerio de Gobierno podrá aplicar un mecanismo legal para evitar los bloqueos, como la detención o intervención.

“Ya no estamos en condiciones de tolerar bloqueos en el país”, concluyó Barral.

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El abogado Wilfredo Chávez manifestó que incluso el nombre del partido político estaba mal escrito en el documento; sin embargo, también aseguró que el representante del Búnker, Amilcar Barral, no tenía los requisitos de admisión y personería para presentar un recurso como ese.

Sala Constitucional admitió acción popular

De igual forma, observó que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la acción popular en tiempo récord, pese a que los fundamentos eran incorrectos. Puesto que se trata de un recurso por derechos colectivos, pero Barral solo se representa a sí mismo.

Bloqueos convocados por Pacto de Unidad legítimo

Ante esta figura, Chávez afirmó que los bloqueos no fueron convocados ni por el MAS ni por Evo Morales, sino por el Pacto de Unidad legítimo como último mecanismo para exigir la renuncia de los magistrados prorrogados y pidiendo elecciones judiciales.

Sin embargo, el abogado manifestó que lo más raro de la acción popular es que también acciona contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Según su criterio, el verdadero objetivo es lograr una autorización legal para reprimir a los manifestantes en las carreteras.

Bloqueos causan pérdidas económicas

“Quieren una autorización legal para meter bala a la población. Rechazamos esta acción política (…) y entendemos como abogados que no debería instrumentalizarse más al sistema judicial para ahora golpear a nuestros compañeros en los caminos”, declaró el jurista.

Los bloqueos cumplen su cuarto día; el Gobierno denunció que cada jornada se pierde aproximadamente 128 millones de bolivianos. Sin embargo, al margen del daño económico, ya son dos las personas que fallecieron debido a que no pudieron llegar a sus destinos.

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El legislador ratificó que los responsables de la situación actual del país son el ministro de Justicia, Iván Lima; el vicepresidente, David Choquehuanca y los legisladores que se opusieron a las elecciones judiciales. No descartó que también estén detrás de esta acción popular contra el expresidente.

Presunta intención de reprimir

“Acá vemos que hay acuerdos, así como Añez y sus ministros sacaron su decreto de la muerte. Ahora, con esta acción popular quieren lograr una sentencia para obligar al ministro de Gobierno a reprimir al líder (Evo Morales) y a los que están en las carreteras”, declaró el legislador.

Rapidez inusual en procesamiento

Según su criterio, también llama la atención que la acción popular contra Morales se haya procesado en 48 horas, a diferencia de otras que se estancan por días sin respuesta alguna.

Por su parte, el diputado renovador, Andrés Flores, evitó referirse al tema argumentando que los legisladores no deben entorpecer los procedimientos judiciales. Sin embargo, enfatizó en que es necesario identificar a los responsables no solo del perjuicio económico causado por los bloqueos, sino también por las dos personas fallecidas registradas hasta ahora.

Dirigentes ilegales convocaron a bloqueos

“Hay una persona que llamó a cercar los tribunales y no descartar los bloqueos. Creo que cumplieron ese objetivo y hay un responsable. Por lo tanto, tarde o temprano la justicia tiene que llamar a estas personas. Ahora (Evo Morales) dice que no sabía, entonces son esos dirigentes ilegales los que convocaron”, declaró el legislador “arcista”.

Admisión de la acción popular contra Evo Morales

La pasada jornada se conoció que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la acción popular contra Evo Morales por la convocatoria a bloqueo de caminos y también contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por presuntamente no evitar los cortes de rutas.

Este recurso fue presentado el martes por el representante de El Bunker, Amilcar Barral, quien declaró que su intención es lograr que se investigue y sancione a los responsables de esta medida de presión, empezando por el líder del MAS.

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Debido a la actividad minera, manifestaron que sus tierras ya no sirven para sembrar, que el agua que antes era cristalina ahora está contaminada y que eso impacta directamente en la salud de las personas y los animales. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua les habría asegurado que el ambiente estaba libre de contaminación.

Una afectada relató en conferencia de prensa realizada en La Paz, que varias personas dieron positivo por contaminación por metales debido a la explotación minera, lo cual provoca fuertes dolores en los ojos, cabeza, riñones, huesos y muchas otras complicaciones.

“Ya no hay nada; el lago está seco; la tierra ahora es salada; estamos totalmente afectados. Queremos que nos atienda el gobierno; que vengan a verificar cómo estamos en Poopó. La minería se expande cada vez más, pero se olvidaron totalmente de las personas que vivimos en el campo”, declaró una representante del ayllu, Apolonia Chambi.

Otro representante recordó que ya se presentó una acción popular por la contaminación del lago Poopó y que no fue la única porque existen otras cuatro acciones populares tituladas; sin embargo, ni el Ejecutivo ni las gobernaciones apoyan estas medidas.

En ese sentido reconoció que Oruro siempre se caracterizó por ser una zona minera y que esta actividad económica genera ganancias, pero ahora está destruyendo todo a su paso, afectando a todos los comunarios con elementos como el mercurio.

“No decimos que no haya minería, pero es importante que las autoridades ambientales y de salud precautelen el bienestar de quienes viven en esas zonas. Esa es la demanda de esta acción popular y vamos a pedir su cumplimiento hasta el final”, declaró.

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El recurso fue trabajado por los senadores Nely Gallo, Cecilia Requena y Santiago Ticona; además de otros diputados y asambleístas departamentales de Tarija pertenecientes a la misma alianza política.

Gallo lamenta falta de acciones previas ante la contaminación del río

Gallo lamentó que la contaminación en esas aguas data desde hace años, y que no se hizo nada pese a la importancia del Pilcomayo no solo para Tarija sino también para todo el Sur del país. Además, su caudal llega hasta países vecinos como Argentina y Paraguay.

Acción popular admitida en Tribunal Departamental de Tarija

“La acción popular ya fue admitida en la sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Tarija. Nosotros vamos a seguir trabajando para recuperar las aguas del río Pilcomayo y esperamos que la justicia actúe correctamente”, declaró la legisladora.

Podrían acudir a organismos internacionales si medida no tiene resultados

En caso de que esta medida no tenga los resultados esperados, anticiparon que acudirán a organismos internacionales para rescatar las aguas de este río, pero también con el objetivo de restituir los derechos de los pueblos indígenas afectados.

Gallo enfatiza responsabilidad del Estado en protección ambiental

Gallo recalcó que el Estado tiene la obligación de garantizar un medio ambiente sano para todos; por tanto, su responsabilidad debería ser controlar a todas las empresas, especialmente las mineras, que vierten sus residuos en este río provocando daños ambientales muy graves.

Ticona destaca inspecciones realizadas y solicitud de interpelación

Por su parte, el parlamentario Ticona aseguró que ya se realizaron varias inspecciones en el lugar, y que precisamente por este tema se solicitó una interpelación al Ministro de Medio Ambiente; sin embargo, los conflictos jurídicos impidieron llevar adelante esa acción y por eso decidieron presentar la acción popular.

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En la Sala Constitucional N° 2, se realizó la audiencia de Acción Popular encarada por el presidente de la Fundación de Pueblos de Montaña, Teodoro Blanco, quien en días precedentes presentó el recurso legal para que se asuman acciones de protección al sitio ramsar y el cerro patrimonial.

“La Sala Constitucional ha tutelado el derecho que tienen estos dos patrimonios, que deben ser protegidas por las instancias competentes, otorgándose plazos perentorios para que pueda protegerse inclusive con el apoyo del Ejército. Esperemos que tanto el GAMO como el Gador, sustentados en esta decisión puedan llevar adelante la protección”, señaló Blanco.

La audiencia empezó 09:30 horas y se dividió en dos partes, la primera en una visita a los dos lugares afectados por la contaminación y el avasallamiento. La segunda, fue por la tarde en una audiencia y lectura de sentencia que se extendió hasta la noche.

“Ha sido una Acción Popular realmente importante en relación a las áreas protegidas municipales. Esperemos que las autoridades cesen la acción de avasallamiento o invasión al área protegida. Ambas partes han sido notificadas en la audiencia”, complementó.

A la conclusión de la audiencia el secretario departamental de Medio Ambiente, Olson Paravicini aseguró que se hará el informe al gobernador de Oruro, Johnny Vedia sobre la resolución de la Acción Popular y en las siguientes horas recién se emitirá un criterio sobre el caso.

En contraparte, el director de la Salud Ambiental del GAMO, Julio Cepeda, garantizó que se cumplirá la determinación de la justicia y aseguró que ya se gestionaban acciones para estas tareas.

“Se cumplirá, porque es determinación de la Sala Constitucional Segunda. Tuvimos agenda todo el día, hicimos la inspección a los dos lugares expuestos en la Acción Popular, área de influencia del Lago Uru Uru y área protegida La Víbora, como municipio ya se tiene avances en los procesos competenciales”, destacó Cepeda.

Con base en las determinaciones, se acordó la protección de ambos sitios con carácter inmediato. Datos anteriores de la Dirección de Salud Ambiental (DSA), dieron cuenta de una inspeccion en semanas presendentes en el área de influencia del Lago Uru Uru, donde se evidenció construcciones sin derecho propietario que además, fueron edificadas en una zona peligrosa ya que en época de lluvia, se tiene el riesgo de que queden bajo el agua.

/VVC

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La autoridad recordó que la acción popular se aprobó el 22 de diciembre del año pasado y llegó al Tribunal Constitucional en Sucre el 13 de enero. Posteriormente ingresó a un sorteo el 7 de junio y desde entonces la Sala Constitucional tenía 30 días hábiles para emitir una resolución.

“El 21 de julio culmina ese plazo, así que estamos expectantes. Para dicho efecto dejamos los memoriales respectivos para que así se atienda el caso; no obstante, solicitamos que uno de los magistrados se constituya en Oruro para ver el lugar del conflicto”, explicó Cruz.

Recordó que a raíz de este conflicto en junio el Concejo Municipal de Oruro fue tomado a plan de dinamita, al igual que la gestión pasada. También mencionó las agresiones sufridas por trabajadores de la prensa cuando realizaban coberturas en ese lugar, con maltratos físicos y daños a sus equipos.

En ese sentido, enfatizó que esos episodios no pueden ocurrir cuando existen normativas vigentes y porque la ciudadanía reclama por la persistente explotación en el cerro San Pedro mientras se está desarrollando un proceso para preservar ese patrimonio orureño.

“La pregunta del millón es cuándo pararán las operaciones en el cerro San Pedro, cuándo los orureños seremos respetados, ya que un juez determinó algo. Todo eso fuimos a investigar y estamos con la documentación para exigir al Tribunal Constitucional sobre esta situación”, manifestó el concejal.

En caso de no recibir respuesta una vez que se cumpla el plazo, Cruz precisó que volverán a la ciudad de Sucre y no se retirarán hasta obtener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, y no descartó recurrir a medidas de presión para lograr el objetivo.

De acuerdo con el artículo 136 de la Constitución Política del Estado (CPE), la acción popular se utiliza contra todo acto u omisión de las autoridades, personas individuales o colectivas, que violen o amenacen con violar derechos e intereses relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente u otros similares.

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Ayer, los vecinos pidieron el cumplimiento de la sentencia 157/2022, emitida el 22 de diciembre de 2022 en la que Sala Plena determinó la paralización de explotación de piedra y agregados en el cerro San Pedro, además instruyó el cierre del perímetro.

“Ya va a ser seis meses sin resultados como corresponde, más al contrario hemos tenido una notificación o respuesta de negativa del Vocal 2, que indica que está presumiendo que hubiera daños de parte de la Cooperativa, cuanta más prueba se necesita para cerrar el perímetro”, denunció el miembro de Control Social del Distrito 2, Mario López.

El sector vecinal aseguró que se espera acciones durante esta semana, caso contrario advirtieron con una marcha de protesta hasta que se tenga otras medidas legales para la preservación del cerro patrimonial.

“Ahora lo que hemos indicado al acalde es que estamos dando esta semana más y nos indicaron que ya mandaron una nota para que el vocal se pronuncie, caso contrario no hay respuesta positiva, tendremos que actuar. Hay mucha afectación al cerro que es un patrimonio”, complementó.

Según el concejal Iván Quispe, de la comisión de Medioambiente y Recursos Naturales, al no haberse cumplido el fallo de 2022, el proceso dicta llevar la situación a la vía penal.

LA PATRIA no pudo entablar contacto con cooperativistas de la Luminosa RL, para conocer su posición y la contraparte a la denuncia realizada por los vecinos.

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Cepeda llegó al Hemiciclo del Concejo Municipal de Oruro (CMO) con normativas, libros e informes para la sesión, sin embargo, los concejales argumentaron que no tenían las fotocopias legalizadas de algunos documentos que se le solicitó. Por ello, se dio un cuarto intermedio y se reprogramó la interpelación para el viernes a las 07:00 horas.

“Según la Ley 166 indica que el interpelado debe presentar fotocopias legalizadas, él presentó sólo de algunos. Se quedó unánimemente en cuarto intermedio para que presente el pliego de las 14 preguntas y el respaldo de fotocopias legalizadas para cada respuesta”, destacó la presidente del CMO, Sara Olivera.

Olivera también puntualizó que hay posibilidad de que el viernes durante la interpelación, la autoridad ambiental sea censurada y con ello, los concejales pedirán su destitución, si se evidencia la firma del documento que supuestamente autoriza a los cooperativistas a seguir explotando el cerro.

“Lo que tenemos son copias del documento que habría firmado el funcionario municipal y estos originales se encuentran en esa institución. Sabemos que este documento habría sido presentado a Sala Constitucional y la juez que ha dictado la resolución de Acción Popular, nos está pidiendo un criterio de esta acta”, detalló el concejal Iván Quispe de la comisión de Medioambiente y Recurso Naturales.

CONTRAPARTE

El director de la DSA, Julio Cepeda, aseguró que se encuentra en proceso de acumular pruebas para que, desde la Municipalidad, hagan la representación para el cumplimento de la Acción Popular que determinó la paralización de actividades de explotación en el cerro San Pedro.

“Hemos venido con todos los informes técnicos legalizados de la DSA, otra documentación del Tribunal Departamental de Justicia no nos corresponde legalizar. Ese documento del que se nos acusan lo conocemos en fotocopia. Queremos ser claros, la DSA es la única instancia que ha ido aportando pruebas sobre la explotación del cerro San Pedro”, destacó.

ANTECEDENTES

El 13 de abril, concejales y vecinos hicieron conocer sobre un presunto documento firmado entre cooperativistas mineros y el director de la DSA, Julio Cepeda ya el 10 de febrero. En el acta, se lee compromisos de dar fuentes de trabajo a operarios de la Luminosa y la continuidad de explotación en el cerro San Pedro, hecho que el funcionario negó al principio.

El cuestionamiento se dio por la Acción Popular que falló a favor de la paralización de actividades y precintado del cerro patrimonial “con carácter inmediato” el 22 de diciembre de 2022.

En ese entonces la Acción fue interpuesta por el gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) y el Concejo Municipal de Oruro (CMO), contra la explotación de agregados en el cerro San Pedro.

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Hace algún tiempo, los pobladores del ayllu, interpusieron una Acción Popular contra varias autoridades por la contaminación generada. Con el argumento de que se debía resguardar el derecho fundamental al agua, medioambiente sin contaminación y otros derechos que se denuncia, fueron violentados.

“Nuestra demanda ya está en Sucre, pero nadie nos ayuda. No tenemos ni agua para tomar, tenemos que comprar del pueblo lo hacemos a pie o en bicicleta. Esta contaminación ha provocado la Empresa Huanuni y hasta ahora no hace nada, hasta nuestro ganado se muere cuando toma el agua contaminada”, denunció la corregidora del ayllu San Agustín de Puñaca, Emiliana Apaza.

FALLO

Aún se espera el fallo de la Acción Popular interpuesta desde 2021, luego en Sucre en 2022, aún espera un fallo, a pesar de que los reclamos fueron muchos antes de lo indicado.

“Siempre hemos hecho el reclamo del problema de que estamos contaminados. Al no ser escuchados hemos buscado un camino para ser atendidos y presentado la Acción Popular, pero nos han negado la tutela, indicando de que el Ayllu era un grupo pequeño, sabiendo que la contaminación esta desde el lago Uru Uru hasta el Poopó. Ahora seguimos esperando el fallo”, manifestó uno de los comunarios del lugar.

Según explicó, tras las leyes ambientales ya no era procedente una Acción Popular, sino una de cumplimento. A la fecha esperan el fallo que está en la ciudad de Sucre.

Mientras esperan la respuesta, los pobladores denunciaron contaminación y la muerte de su ganado por el agua del lugar. Ahora pretende poner otra Acción Popular con otros sectores afectados.

San Agustín de Puñaca, fue el primer lugar que denunció a sus autoridades mediante este recurso, por no velar la contaminación que se generó al incumplirse la responsabilidad en una actividad extractiva.

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El vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Oruro y además vecino del Distrito 2, Eduardo Colque Tola, observó la explotación desmesurada del cerro que pone en riesgo el patrimonio de Oruro y a las familias que viven por el sector que diariamente sufren por la explotación de agregados.

ACCIÓN POPULAR

En ese sentido, tras la Acción Popular procedente interpuesta contra la explotación de agregados en el cerro San Pedro en 2022, piden a las autoridades competentes el cumplimiento para evitar que la Cooperativa “Luminosa”, continúe realizando operaciones en el cerro.

“La Acción Popular se ha hecho a favor del pueblo orureño, al dueño de Oruro, no al inquilino, de tal manera nosotros siempre estamos pidiendo esa presión, ya hicimos llegar dos notas y no sé qué está esperando el alcalde (Adhemar Wilcarani) y el Concejo para hacer nuevamente la presión al Tribunal dos para que haga cumplir, para eso hay orden público que haga cumplir”, señaló Colque.

En ese sentido, desde la Fedjuve advirtieron con movilizarse para pedir al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), al Concejo Municipal de Oruro (CMO) y a las demás instancias, hacer cumplir las determinaciones de la justicia y lograr la paralización de explotación en el cerro.

“Vamos a intervenir con Fedjuve con todo Oruro, porque ya es el colmo con estas autoridades parece que tienen miedo, al final de cuentas si la ley a dicho hasta aquí nomas, la autoridad debía hacer cumplir; el incumplimiento de deberes está penado por la Constitución, nosotros nos vamos a basar en ella para que haga cumplir nuestra autoridad”, enfatizó.

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“Evidentemente se nos ha programado para el viernes 17 a las 9:30 horas y se desarrollará la audiencia presencial en el salón celeste del Tribunal Departamental de Justicia, es la acción popular que hemos presentado en contra del Ministerio de Educación, contra el ministro Edgar Pary”, sostuvo Aruquipa.

De la misma forma evidenció más de 150 observaciones a la malla curricular, entre ellas que están sacando a Dios de las escuelas y tocando la ideología de género como el aborto.

“No es posible que nuestros niños desde el kínder ya quieran definir su género y no así su sexo, entonces todas estas observaciones, por ejemplo, lo que es historia, donde ellos hablan solo de 1825, la creación de la República de Bolivia pasamos a 1950 y pasamos a 2009 la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, se obvia toda la historia de la República, de presidentes”, detalló.

Lamentó que el Ministerio de Educación quiera idealizar y sexualizar a los niños en las unidades educativas a través de la aplicación de la nueva malla curricular.

“Hemos invitado a las organizaciones, hemos visto marchas y marchas, pero claramente el Presidente Luis Arce dijo que no es con marchas lo que se va a abrogar una ley, sino con documentos, estamos solicitando a los padres de familia que realmente estén peleando por sus hijos, a los maestros y organizaciones que están en contra de esta malla curricular puedan adherirse a la acción popular”.

Si en caso hubiera una respuesta negativa por parte de la Sala Constitucional Tribunal, señaló que, tienen otro recurso para presentar inmediatamente, posteriormente se acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Tenemos un recurso abstracto de inconstitucional que lo vamos a presentar para luego ir recién a la CIDH, porque están violentando los derechos de nuestros niños, están violentando los derechos como padres. El artículo 77 de Constitución Política del Estado (CPE), dice que el Estado y los padres de familia tenemos todo el derecho de elegir que educación necesitamos para nuestros hijos”, expresó.

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Ante la determinación la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (Fedecomin RL) que dio un plazo de 72 horas para que las autoridades den respuesta a su pedido de otorgar 200 fuentes de trabajo para los trabajadores de La Luminosa, ratificando además movilizaciones con bloqueo de caminos, el representante del Distrito 2, Mario López dio a conocer la postura de los vecinos del sector.

“Creo que este señor (Roberto Escobar) está muy equivocado con las determinaciones, indicamos que haremos el proceso como corresponde, estamos pidiendo ahora que de una vez se dé cumplimiento a la normativa como corresponde, a la resolución que ha emanado sobre el cierre total del cerro, vamos a mandar un memorial como corresponde y hacer cumplir de una vez esta resolución que no puede solamente estar una determinación y directamente ahí”, manifestó López.

Asimismo, el represente de los vecinos pidió encarecidamente al presidente de la Fedecomin RL, Roberto Escobar, tener “un poquito más de respeto a la ciudad” y que no “mienta ni desinforme” a sus bases.

“Ya tuvimos una gran marcha y en uno de los puntos indicamos respeto al cerro San Pedro, está en el pliego petitorio, la resolución vamos a mandar al Ejecutivo, al Concejo, a la Gobernación para que dé cumplimiento”, aseveró.

CONCEJO

Por su parte, el concejal Jesús Cruz indicó que los cooperativistas tienen todo el derecho de exigir aquello, sin embargo, consideró que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), deberían dar la solución buscando diferentes áreas de explotación para los mineros que trabajan en el sector.

“Creo que la Comibol y la AJAM ya su tarea después del veredicto de la justicia que ha salido a favor de todos los orureños están en la obligación de buscar esas fuentes de trabajo, obviamente como Concejo Municipal vamos a coadyuvar, pero no somos indicados para dar áreas de trabajo, pero si el compromiso es de coadyuvar porque en realidad todos tenemos derecho al trabajo, pero en áreas que realmente estén enmarcadas en la normativa y en la Constitución”, refirió.

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La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (Fedecomin RL) dio un plazo de 72 horas para que las autoridades den respuesta a su pedido, caso contrario, anunciaron bloqueo de caminos y otras movilizaciones desde la siguiente semana.

“Esto va a perjudicar a Oruro, ya que la piedra va a ser escasa y va a subir. Por ello respaldamos a la Cooperativa La Luminosa y damos 72 horas a las autoridades. Lo que pedimos también es que nos den 200 ítems en la Alcaldía y van a tener los trabajos garantizados y dejamos de operar en el cerro San Pedro”, manifestó el presidente de la Fedecomin RL, Roberto Escobar.

En diciembre, a pedido de vecinos, autoridades municipales impulsaron una Acción Popular para prohibir la continuidad de explotación en el cerro San Pedro, que, además, fue declarado patrimonio años atrás, donde opera la Cooperativa no metálica La Luminosa. La justicia prohibió la continuidad de explotación en el lugar, lo que causó la molestia del sector cooperativista.

“El año pasado ya hemos estado en movilizaciones haciendo respetar el derecho al trabajo de los cooperativistas de La Luminosa, pero con una Acción Popular pretenden revocar nuestros contratos y la licencia ambiental. Por ello, vamos a movilizarnos pidiendo primero la destitución del viceministro Magín Herrera”, complementó Escobar.

Por su parte, ayer también marcharon miembros de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) en demanda de proyectos para Oruro. Durante su intervención, también exigieron el freno a las explotaciones en el cerro San Pedro.

“Pedimos el respeto a nuestras protegidas. Las autoridades que hagan cumplir la ley en el caso del cerro San Pedro, no estamos en contra de los cooperativistas porque Comibol y AJAM deben reubicarlos, pero el cerro es patrimonial”, expresó el presidente de la Fedjuve, Richard Mamani.

Otros vecinos añadieron en ese momento que los cooperativistas continúan con las explotaciones en el cerro San Pedro.

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En una audiencia virtual, la justicia determinó la paralización de operaciones en el cerro San Pedro. El presidente del consejo Municipal de Oruro (CMO), Freddy Mamani, pidió la comprensión de los cooperativistas y convocó a otros sectores a analizar posibles lugares de explotación.

“El dictamen final ha salido a favor de todos los orureños, parecería que el Concejo Municipal es el culpable, pero no es así. Se ha presentado la acción a pedido de los orureños. Conocemos que en la audiencia virtual, se ha determinado la suspensión de la explotación, sabemos que se va a afectar fuentes de trabajo, pero estamos dispuestos para coordinar alguna solución con las otras instancias que deben estar involucradas”, destacó.

Por su parte, el fallo judicial causó molestia en el sector cooperativista que cumplió el segundo día de vigilia y bloqueo en medio de dinamitas y petardos en el centro de la ciudad. Advirtieron con radicalizar sus medidas de presión.

“Vamos a ver la estrategia a tomar de aquí en adelante, no descartamos movilizaciones. De hoy en adelante los únicos responsables serán los que pusieron esa acción popular y con esto nos han declarado la guerra y vamos a activar la fuerza social, porque además no bajaron a darnos una explicación”, respondió el presidente de Federación Departamental de Cooperativas Mineras R.L. (Fedecomin), Roberto Escobar.

Ayer se dio lectura a la resolución de la acción popular en la que se determinó la paralización de operaciones en el cerro San Pedro. Según las autoridades, la audiencia fue virtual ante las amenazas de poner cachorros de dinamita el miércoles en puertas del TDJ.

En ambas jornadas se tuvo una vigilia de cooperativistas en apoyo a sus compañeros de la Luminosa que operaban en el cerro San Pedro, desde muy temprano. Los petardos y detonaciones marcaron la espera en el centro de la ciudad.

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Ayer en plena movilización de los cooperativistas mineros de Oruro durante el desarrollo de la audiencia de la acción popular presentado por el Ente Legislativo y Ejecutivo contra la continuidad de explotación de piedra y agregados en el cerro San Pedro, diferentes instituciones emitieron un voto resolutivo al respecto.

El presidente de la Fedjuve, Richard Mamani, manifestó que los orureños no pueden permitir la desaparición del patrimonio de Oruro como es el cerro San Pedro, por lo que desde el sector anunciaron salir en defensa del cerro y pidieron a las autoridades competentes de la Alcaldía, Gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente pronunciarse y hacer los actuados necesarios.

“La Alcaldía y la Gobernación mediante sus comisiones nos han informado que está en trámite la suspensión de explotación, pero aquí el problema es más de la Cooperativa Minera de Bolivia (Comibol), entonces pedimos a Comibol que reubique a estas personas trabajadoras de la Cooperativa Luminosa ya que nosotros como orureños no vamos a pedir que se siga deshaciendo lo que es el patrimonio de Oruro”!, señaló.

VOTO

De acuerdo al documento de la Fedjuve, las principales resoluciones fueron el cierre definitivo y la remediación ambiental de forma inmediata, se declararon en estado de emergencia y convocaron a todas las instituciones vivas del departamento a sumarse a la defensa del patrimonio de los orureños, apoyar y respaldar la acción popular realizada por las autoridades municipales y además exigen a la Comibol y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la reubicación de la Cooperativa Luminosa para no afectar fuentes laborales.

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Los legisladores de CC promovieron la Acción Popular en contra de actividad minera que genera daños al medioambiente en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

Al respecto, el senador de CC, Santiago Ticona, detalló que en la Acción Popular se tenían más pedidos, referidos a la regulación de la actividad minera y garantías para el medio ambiente y pueblos indígenas.

Sin embargo, resaltó que el tema del mercurio era el “corazón” de la iniciativa, debido al daño que genera en contaminación y la salud de los pobladores de la región; por lo que sostuvo que es un día histórico.

“No es lo que hubiésemos querido pero en esta coyuntura (…) esto es un triunfo de la naturaleza y de la vida específicamente”, manifestó.

Detalles de la resolución

De acuerdo con la resolución, la Asamblea Legislativa y autoridades accionadas, como el Ministro de Medio Ambiente, deben generar iniciativas para regular el uso del mercurio en la actividad minera aurífera, mediante ley o decreto, reportó la red Erbol.

Asimismo, la regulación debe establecer el control desde la importación, comercialización y uso del mercurio en la actividad minera; además del tratamiento que pueda otorgarse a los pasivos ambientales mineros.

En otro aspecto, instruye a identificar a las empresas y cooperativas mineras que utilicen el mercurio para la extracción de oro, y estén en el parque Madidi.

/JDLF/

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El recurso fue presentado por legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), dirigidos por la senadora Cecilia Requena. El viernes precedente fue tratado en una audiencia que no logró aprobarse por unanimidad, en consecuencia, el empate de los dos miembros del tribunal será resuelto por un tercer vocal dirimidor.

La Acción demandó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Ministerio de Minería y Metalurgia, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas que intervengan la actividad minera ilegal para evitar daños irreversibles al medio ambiente.

“Instancias del Gobierno se lavaron las manos, se pasaron la pelota, negaron el problema, entraron en contradicciones y cargaron todo el peso de la prueba en terceros. Por ejemplo, existen pruebas de envenenamiento por mercurio gracias al trabajo de la sociedad civil, pero nos pidieron más estudios”, reclamó Requena.

La legisladora denunció que, convenientemente, los mineros se hicieron pasar como campesinos para instalarse a las afueras del lugar donde se desarrolló la audiencia para presionar a las autoridades judiciales e intimidar a quienes presentaron el recurso.

/ LMPT

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“Hoy hemos presentado una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (…) El objetivo de esta Acción Popular es que la justicia deje sin efecto la sentencia ilegal 084/2017, que dispone que la reelección (presidencial) es un derecho humano”, dijo al señalar que el recurso ingresó a la Sala Constitucional Primera.

Uno de los argumentos que maneja el legislador opositor es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) determinó que la reelección indefinida “no es un derecho humano”.

En su momento, el expresidente Evo Morales se valió de ese argumento para intentar mantenerse en el poder pese a que el 21 de febrero de 2016 el “No” ganó en el referéndum, según reportó Correo del Sur.

“Esperemos que el tribunal responda a la atura de la Acción que se ha presentado porque primero, ya hay una opinión consultiva de la Corte IDH que no es un derecho humano la reelección que es contradictoria a la sentencia constitucional y segundo, de ser rechazada la acción constitucional conforme al procedimiento, porque puede ser que haya una presión política, vamos a ir a la Corte Interamericana para que haga cumplir su propio fallo”, afirmó Pedrazas.

En criterio del legislador, el Tribunal Constitucional “no puede seguir las chicanearías y seguir sometido al Ejecutivo” y llamó a los magistrados a cumplir con una “obligación moral” para “reconducir la justicia constitucional” y dar certeza de que el país vive en un Estado de derecho.

/RXVCH/

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Asimismo, señaló que el Gobierno tiene la predisposición de dialogar al respecto con las organizaciones sociales.

“Lo que me refiero es que estas normas son constitucionales, por lo tanto ninguna acción podría declararlas expulsadas del ordenamiento jurídico”, manfiestó Lima en contacto con la red Erbol.

Recalcó que en estos decretos no existe ninguna disposición que pueda ser considerada inconstitucional o ilegal.

Decretos se amparan en la CPE y en Pactos Internacionales

Por otro lado, la autoridad aseveró que los decretos se amparan en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“El Estado protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”, establece el artículo.

Lima también manifestó que los decretos cumplen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por ley en Bolivia.

“Los Estados se comprometen a la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas”, señala parte del artículo 12.

Indicó que las acciones legales que se presentaron aluden a normas que no son vinculantes para el Estado, como la Declaración Universal sobre Bioética, el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki.

“Son normas que se van produciendo a nivel internacional a título de recomendación, pero no tienen fuerza normativa, no tienen fuerza legal en el país”, añadió.

Vacunación no es obligatoria

Lima insistió en que la vacunación no es obligatoria en el país, afirmando que existe la alternativa de presentar el certificado o la prueba PCR negativa cuando las personas acudan a recintos que generen aglomeración.

Respecto a los costos que implica la prueba PCR, el ministro justificó la decisión de que los funcionarios públicos deban pagarse este test en caso de no querer vacunarse.

El ministro aclaró también que situaciones particulares, que clasificó como de “casuística”, se puede regular, ajustar o modificar, en reunión del Consejo Estratégico previsto por ley.

En esa categoría entrarían situaciones como la atención médica de emergencia tras un accidente.

/JDLF/

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El abogado que patrocina este recurso, Gabriel Justiniano, indicó que tienen el apoyo también del Comité Cívico de El Alto, afirmando que los decretos vulneran derechos de la ciudadanía.

“Los decretos supremos 4640 y 4641 se constituyen decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales”, señaló el abogado

El recurso fue presentado por el representante de la Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa, el exdirigente sindical, Jaime Solares, además de médicos promotores del uso del dióxido de cloro como Patricia Callisperis y Guery Cordero.

“Decretos atentan contra la libertad”

Según Justiniano, no se trata solamente del derecho a vacunarse, sino supuestamente defienden la libertad de las personas, el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto y la libertad de disposición sobre su cuerpo.

Manifestó que si sólo una persona no quisiera vacunarse, se aplica el criterio de que el derecho de una colectividad está por encima del de un individuo, pero en este caso, supuestamente son miles que rechazan la vacunación, “por lo cual también es una colectividad”.

Acción Popular

El recurso presentado por este grupo debe ser resuelto por una Sala Constitucional.

“(Una Acción Popular procede contra) todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza”, establece la Constitución Política del Estado.

/JDLF/

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Explicó que se tiene toda la información, el Gaiocsa hizo el trabajo que debía hacer, reunirse junto a autoridades departamentales, nutrir de documentación e información sobre el Salar de Thunupa, y ahora le toca dar un paso más.

“Hay leyes que señalan que el salar pertenece a un departamento, si así vamos a manejar vamos a confundirnos peor, sin embargo, la normativa dice que todos los salares, lagos, y otros, son reservas del Estado, hay un error tremendo, creo que los legisladores se han equivocado y eso pensamos encarar a través de una acción popular”, añadió.

SOLO PALABRAS

El 23 de julio, en el cantón Jirira, se registró una serie de destrozos por pobladores de Potosí, a un emprendimiento turístico que buscaba la reactivación económica del sector, en ese momento muchas autoridades orureñas del órgano legislativo nacional y departamental levantaron la voz y repudiaron tales hechos, sin embargo, para Aguilar, todo se habría quedado en palabras.

“Tanto legisladores nacionales, como asambleístas, no dan mucha importancia y eso a nosotros nos preocupa porque el tema del salar es para todos, para todo el departamento de Oruro, no es solamente para el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas (…) han sido puras palabras así de claro hay que hablar”, aseveró la autoridad del Gaiocsa.

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El reciente martes 21 de septiembre, se desarrolló la audiencia de Acción Popular promovida por los senadores de oposición, Vania Rocha de Oruro, Daly Santa María de Potosí, Silvia Salame y Santiago Ticona de Chuquisaca, contra el ministro de Salud, Jeyson Auza, por posible vulneración de los derechos a la salud y la salubridad pública, concediéndoles parcialmente la tutela solicitada.

“Se ha dispuesto que el Ministerio de Salud promueva la elaboración de este plan de contingencia, recogiendo las propuestas de los niveles subnacionales, tanto de gobiernos autónomos municipales como de los gobiernos departamentales, es decir, que debe trabajar articulando con distintos departamentos, con distintos municipios y articular una política de atención y previsión especialmente ahora ante la amenaza de una inminente cuarta ola”, explicó la senadora Vania Rocha.

Gestiones

Para la elaboración del plan de contingencia se otorga un plazo inicial de 15 días hábiles, para que la cartera de Salud pueda hacer las gestiones necesarias con participación de todos los niveles que tienen responsabilidad constitucional en el acceso a la salud.

“Dicen que nos dan tutela parcial, pero nosotros como opositores vimos que es un gran logro porque en la mayoría de los puntos que habíamos cuestionado nos han dado la razón y este es el resultado, porque el plan de contingencia es el documento principal para trabajar en forma ordenada y planificada en todo el país y eso no existía, por eso es que se está trabajando en forma tan improvisada”, añadió.

Además se dispone tomar en cuenta los aspectos socioculturales de cada región los cuales deben ser priorizados para garantizar el acceso a la salud de todos y cada uno de los miembros de la comunidad boliviana.

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Para el Gobierno la oposición pretende distraer su atención con una acción política que evite las revelaciones vinculadas al presunto “Golpe de Estado” de 2019, en la que se involucra a esos partidarios.

Según el comunicado, se considera que el planteamiento de liberación de vacunas solo trata de alterar lo que es el plan estratégico de inoculación del Gobierno nacional.

En las 48 hojas del documento presentado por la oposición, no existe una sola justificación objetiva, real y verificable de alguna violación o atentado contra un derecho o garantía constitucional, señala parte de la nota.

El documento de la Cartera de Estado señala que la Acción Popuñar se resume a una copia y transcripción de párrafos de sentencias constitucionales que fueron elegidas y clasificadas de un proceso de búsqueda en Google.

“El petitorio incorpora una serie de demandas que van desde la solicitud para la compra de vacunas por parte de la ‘sociedad civil organizada’ que al parecer es un eufemismo para incorporar a la empresa privada de este proceso, extremo que puede derivar en la mercantilización de la inoculación gratuita y voluntaria”, indica el comunicado.

Asimismo, aseguró que la acción planteada debe ser rechazada sin consideración posterior porque incumple requisitos de fondo y forma para ser considerada por el tribunal de garantías.

El miércoles 9 de junio, partidarios de Comunidad Ciudadana y Creemos presentaron una Acción Popular contra el Gobierno del Presidente Arce para exigir que se libere la importación de vacunas contra el coronavirus.

Asimismo, la diputada de la alianza política CC, Laura Luisa Naya explicó que la finalidad la Acción Popular es ayudar a todo el pueblo boliviano en esta tercera ola de contagios por Covid-19.

“La acción popular radica en tres puntos principales que son: el pedido de la liberación para la compra de vacunas, el pedido de la garantía para la distribución y dotación de oxígeno para los pacientes que lo requieran y que los medicamentos que son utilizados en las terapias intensivas para el tratamiento de los pacientes críticos con coronavirus, se incorporen dentro del Seguro Universal de Salud”, señaló Naya anteriormente.

/RMMP/

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La decisión ocurrió en el marco de una audiencia virtual, donde el objetivo era postergar las elecciones subnacionales debido a la crisis de salud que está viviendo el país por el Covid-19 y por el incremento diario de casos, según los reportes del Ministerio de Salud.

“Niegan acción popular para suspensión temporal de las elecciones, uno de los motivos es que no demostré que yo me haya contagiado del coronavirus votando o en elecciones, la justicia peor que nunca, dimos la pelea, tranquilos de conciencia”, informó Barral mediante su cuenta de Twitter.

Una de las razones que manejó este cuerpo judicial fue que el denunciante, Amilcar Barral, no demostró que se contagió en una jornada de votación, lo que provocó la protesta del candidato.

El candidato a la alcaldía de La Paz por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), presentó la Acción Popular a finales de enero contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, además de los presidentes de las cámaras de Diputados y del Senado, Fredy Mamani y Andrónico Rodríguez.

El argumento consistía en que se debería privilegiar el derecho a la salud y a la vida de los bolivianos, ante el alto nivel de contagios de coronavirus.

El Tribunal Supremo electoral (TSE) señaló que se aplicarán medidas de bioseguridad para llevar adelante los comicios. Las elecciones subnacionales están previstas para realizarse el domingo 7 de marzo de 2021.

/RMMP/

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“He sido discriminada porque soy una mujer indígena, delante de mi provincia me ha hecho quedar mal”, lamentó Patty.

Según relata, la exlegisladora estaba junto a autoridades de su provincia, Bautista Saavedra, para ingresar a una reunión con el ministro Quelca. El objetivo era pedir una Normal en el Norte paceño, puesto que en la región faltan profesores y varios, que llegan de otras regiones, prefieren irse del lugar por su lejanía.

Aseveró que Quelca condicionó la reunión para que ella no participe de la misma. Entonces Patty optó por no entrar al encuentro con el Ministro para no entorpecer las gestiones.

La exdiputada manifestó que le duele y se siente discriminada por la actitud del Ministro, porque la hizo ver como una “loca” ante su provincia, cuando ella no busca entorpecer la labor de las autoridades.

Recordó que el año pasado ella interpuso una Acción Popular que obligó a restablecer el derecho a la educación y que, además, fue parte de la “recuperación de la democracia”, por lo cual no puede permitir esos tratos.

“A veces me duele que un trotskista ministro esté escogiendo gente por cara, por vestimenta”, señaló.

Lamentó que, además, el Ministro rechazó el pedido de una Normal para su región y tampoco dio alternativas.

“Pido que se destituya de su cargo (a Quelca). No queremos esa clase de gente, no hemos recuperado la democracia para esa clase de gente. Nos ha costado bajar de las manos de la derecha”, finalizó Patty.

/MVSG/

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