La acción judicial se centra en el Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O, que fue emitido en completo hermetismo el 31 de octubre de 2025. Este auto habilita una tercera prórroga de los mandatos de los magistrados prorrogados. La magistrada Prudencio ha denunciado que esta resolución fue aprobada sin la participación de la Sala Plena completa, actuando a espaldas de los cuatro magistrados que ingresaron con mandato electoral en 2024.

Prudencio enfatizó que esta determinación debía ser discutida por los nueve magistrados del TCP. Acusó a los magistrados prorrogados de actuar como “parte y juez en su propio interés”, con el objetivo de frenar su cesación de funciones por tercera vez en dos años.

Cuatro magistrados electos

La denuncia penal se presentó un día después de que los cuatro magistrados electos, que son Prudencio, Villca, Boris Arias y Ángel Edson Ávalos, hicieran público un video. En este video, señalaron “anomalías y abusos” que buscan mantener el control del TCP. Acusan a los magistrados prorrogados de extralimitar sus competencias al declarar la inconstitucionalidad de proyectos de ley que buscan restablecer la primacía constitucional mediante simples autos.

Estos autos incluyen el 053/2024-O, 002/2025-O y 070/2025-O, un mecanismo que no está permitido por el Código Procesal Constitucional. Este conflicto ha generado un cerco institucional en torno a los magistrados cuestionados.

Apoyo del Tribunal Supremo

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ha brindado su pleno respaldo a la acción judicial. Además, ha apoyado el pedido de restablecer el Estado de Derecho. Saucedo señaló que el auto 070/2025-O “impone frenos a la Asamblea Legislativa”, limitando sus facultades para convocar nuevas elecciones judiciales.

Cumbre Judicial de Sucre

La reciente Cumbre Judicial de Sucre, que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2025, incluyó en sus conclusiones un pedido de cese inmediato de los magistrados prorrogados. Esto ha incrementado la presión institucional sobre ellos. Mientras tanto, el magistrado Arias ha exigido que la nulidad de la resolución de la prórroga sea resuelta por jueces suplentes, con el fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

Arias recordó que los nueve miembros del TCP pueden ser sometidos a juicio de responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, no había emitido una contraparte oficial sobre la denuncia presentada.

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“El caso es delicado y requiere respuestas urgentes por parte de la Fiscalía y de la Policía Boliviana. Tengo entendido que el denunciado ya no se encuentra en el domicilio que compartía con la denunciante, y existe riesgo de que no se presente de manera voluntaria”, indicó Nogales.

La diputada explicó que la orden judicial fue emitida el sábado reciente y debería haberse ejecutado de forma inmediata. “Una vez firmada la orden, corresponde su ejecución. No hay motivos para la demora, sobre todo considerando la seriedad del informe médico”, manifestó.

Cuestionamientos al presidente

Nogales también cuestionó la reacción del presidente Luis Arce, quien habría señalado públicamente que debe investigarse a quien corresponda. “Él conoce perfectamente la situación. No puede desentenderse ahora. Ya tiene antecedentes por procesos relacionados a obligaciones familiares, entonces no es una novedad que su entorno cercano incurra en este tipo de situaciones”, dijo.

Proyectos de ley pendientes

En ese sentido, recordó que desde su bancada se impulsó un proyecto de ley destinado a sancionar con mayor firmeza el incumplimiento de deberes familiares, pero que no ha sido tratado hasta el momento. “No me sorprende que el MAS no lo incluya en la agenda. El propio presidente tiene una demanda por asistencia familiar, así como otros legisladores. Por eso no quieren tocar el tema”, afirmó.

Necesidad de justicia

Finalmente, Nogales remarcó la necesidad de que el caso se atienda sin privilegios, y que el Estado actúe conforme a los procedimientos establecidos. “Sea quien sea la persona denunciada, debe responder ante la ley”, concluyó.

La entrada Diputada Nogales exige acción judicial en caso que involucra al hijo del presidente se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“El caso es delicado y requiere respuestas urgentes por parte de la Fiscalía y de la Policía Boliviana. Tengo entendido que el denunciado ya no se encuentra en el domicilio que compartía con la denunciante, y existe riesgo de que no se presente de manera voluntaria”, indicó Nogales.

La diputada explicó que la orden judicial fue emitida el sábado reciente y debería haberse ejecutado de forma inmediata. “Una vez firmada la orden, corresponde su ejecución. No hay motivos para la demora, sobre todo considerando la seriedad del informe médico”, manifestó.

Cuestionamientos al presidente

Nogales también cuestionó la reacción del presidente Luis Arce, quien habría señalado públicamente que debe investigarse a quien corresponda. “Él conoce perfectamente la situación. No puede desentenderse ahora. Ya tiene antecedentes por procesos relacionados a obligaciones familiares, entonces no es una novedad que su entorno cercano incurra en este tipo de situaciones”, dijo.

Proyectos de ley pendientes

En ese sentido, recordó que desde su bancada se impulsó un proyecto de ley destinado a sancionar con mayor firmeza el incumplimiento de deberes familiares, pero que no ha sido tratado hasta el momento. “No me sorprende que el MAS no lo incluya en la agenda. El propio presidente tiene una demanda por asistencia familiar, así como otros legisladores. Por eso no quieren tocar el tema”, afirmó.

Necesidad de justicia

Finalmente, Nogales remarcó la necesidad de que el caso se atienda sin privilegios, y que el Estado actúe conforme a los procedimientos establecidos. “Sea quien sea la persona denunciada, debe responder ante la ley”, concluyó.

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Objetivo de la acción judicial

Ledezma aclaró que esta acción no tiene como fin la liberación de las personas aprehendidas durante el desbloqueo. En su papel como mecanismo nacional de prevención de la tortura, enfatizó: “En nuestra condición, aclaramos a la población boliviana que no tenemos una agenda política. Nuestra agenda se centra en los Derechos Humanos y nuestra función es proteger y garantizar el cumplimiento de esos derechos”.

Fundamentación legal

El recurso judicial presentado por la Defensoría se basa en la Ley 3298, que ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, la Defensoría subrayó que el derecho a la protesta está protegido, aunque esto no justifica la comisión de actos delictivos.

Un llamado a la paz

“Queremos hacer un llamado a ambos actores en conflicto y al Estado boliviano. Lo que buscamos es el fortalecimiento de nuestras instituciones, que se cumpla la ley y los procedimientos”, añadió Ledezma. La Defensoría expresó su preocupación por “la sistemática obstaculización del Estado al cumplimiento de su mandato constitucional”.

Obstáculos en el trabajo del MNP

Como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Defensoría ha enfrentado obstáculos en su trabajo. El 27 de junio, un día después de la toma militar de la plaza Murillo en La Paz, sus funcionarios tuvieron que esperar al menos siete horas para poder cumplir con sus labores institucionales.

El 30 de junio, se presentó una situación similar, donde el MNP tuvo que esperar cuatro horas. Otro incidente ocurrió el 7 de julio, cuando se registró una espera de cinco horas en el caso de la detención de un activista ambiental. Además, en el actual contexto de conflictividad en el país, entre la noche del 1 y la jornada del 2 de noviembre, se impidió el ingreso del personal del MNP a celdas donde estaban aprehendidos varios bloqueadores “evistas” por más de 12 horas.

Recurso judicial presentado

Ante esta situación, el Mecanismo decidió presentar un recurso judicial para exigir el cumplimiento de las normativas. El juzgado décimo del departamento de La Paz recomendó a la instancia policial permitir el ingreso irrestricto del MNP a las instalaciones donde se encuentren personas detenidas.

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Objetivo de la acción judicial

Ledezma aclaró que esta acción no tiene como fin la liberación de las personas aprehendidas durante el desbloqueo. En su papel como mecanismo nacional de prevención de la tortura, enfatizó: “En nuestra condición, aclaramos a la población boliviana que no tenemos una agenda política. Nuestra agenda se centra en los Derechos Humanos y nuestra función es proteger y garantizar el cumplimiento de esos derechos”.

Fundamentación legal

El recurso judicial presentado por la Defensoría se basa en la Ley 3298, que ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, la Defensoría subrayó que el derecho a la protesta está protegido, aunque esto no justifica la comisión de actos delictivos.

Un llamado a la paz

“Queremos hacer un llamado a ambos actores en conflicto y al Estado boliviano. Lo que buscamos es el fortalecimiento de nuestras instituciones, que se cumpla la ley y los procedimientos”, añadió Ledezma. La Defensoría expresó su preocupación por “la sistemática obstaculización del Estado al cumplimiento de su mandato constitucional”.

Obstáculos en el trabajo del MNP

Como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Defensoría ha enfrentado obstáculos en su trabajo. El 27 de junio, un día después de la toma militar de la plaza Murillo en La Paz, sus funcionarios tuvieron que esperar al menos siete horas para poder cumplir con sus labores institucionales.

El 30 de junio, se presentó una situación similar, donde el MNP tuvo que esperar cuatro horas. Otro incidente ocurrió el 7 de julio, cuando se registró una espera de cinco horas en el caso de la detención de un activista ambiental. Además, en el actual contexto de conflictividad en el país, entre la noche del 1 y la jornada del 2 de noviembre, se impidió el ingreso del personal del MNP a celdas donde estaban aprehendidos varios bloqueadores “evistas” por más de 12 horas.

Recurso judicial presentado

Ante esta situación, el Mecanismo decidió presentar un recurso judicial para exigir el cumplimiento de las normativas. El juzgado décimo del departamento de La Paz recomendó a la instancia policial permitir el ingreso irrestricto del MNP a las instalaciones donde se encuentren personas detenidas.

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El senador Torrez acusa al vocal Campero de estar involucrado en una asignación sospechosa y manipulada del caso contra Choquehuanca. Además, señala que desde el 6 de mayo no se ha convocado al pleno de la ALP, lo cual va en contra de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). Torrez expresa su preocupación por la asignación del caso a la Sala Constitucional Primera y califica la situación como sospechosa, señalando a Campero como un vocal controvertido.

Solicitud de excusa y auditoría del sistema informático

El senador Torrez ha presentado una solicitud de excusa contra Campero y los otros miembros de la Sala Constitucional Primera, argumentando que han vulnerado el derecho de fiscalización de los legisladores mediante una “resolución espuria” que ha motivado una acción penal en su contra. Además, se ha solicitado una auditoría del sistema informático del tribunal debido a sospechas de manipulación para direccionar nuevamente el caso a Campero.

Impedimento de Campero para conocer la acción de cumplimiento

El senador destaca que Campero debería estar impedido de conocer esta acción de cumplimiento debido a una controversia judicial con él y la senadora Lucy Escobar. Sin embargo, Campero ha dictado el auto de admisión de manera “arbitraria, ilegal e inconstitucional”, violando los artículos 115 y 116 de la CPE.

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