Consultorios jurídicos gratuitos en Oruro

La carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) implementó consultorios jurídicos gratuitos dirigidos a la población. Este servicio busca ampliar el acceso a la justicia, especialmente para personas de escasos recursos y estudiantes que enfrentan procesos legales sin la capacidad económica para costear asesoría privada.

Servicios legales para estudiantes vulnerables

Lucero Eugenio, responsable del Consultorio Jurídico de la Carrera de Derecho San Agustín, explicó que el servicio abarca distintas áreas del derecho, incluyendo derecho laboral, penal y civil. La iniciativa tiene como objetivo evitar que la falta de recursos impida a la ciudadanía ejercer sus derechos. “Las asesorías legales suelen tener costos elevados, lo que genera temor o desinformación en las personas. Nosotros brindamos una atención transparente, profesional y completamente gratuita”, afirmó.

Atención a toda la población

El servicio está orientado principalmente a estudiantes universitarios en situación económica vulnerable, aunque también está abierto a toda la población que requiera orientación legal. La atención se realiza en el antiguo edificio de la carrera de Derecho, ubicado en la Soria Gaovarro esquina Adolfo Mier, en horarios de 08:30 a 12:00 y desde las 14:30 hasta las 18:30 horas.

Política de bienestar estudiantil

Desde el ámbito institucional, Gonzalo Suárez, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, destacó que esta iniciativa forma parte de una política más amplia de bienestar estudiantil impulsada por la universidad. Este apoyo no se limita a becas socioeconómicas; también incorpora herramientas que permiten a los estudiantes resolver problemas legales que puedan afectar su rendimiento académico.

Compromiso con el desarrollo estudiantil

“Queremos garantizar condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente. El consultorio jurídico es un brazo social que permite coadyuvar en trámites legales y evitar que estas situaciones interfieran en su formación”, sostuvo Suárez.

Acceso a la justicia como desafío social

La apertura de estos consultorios se enmarca en una lógica de servicio público desde la academia. La formación profesional se articula con la atención a necesidades reales de la sociedad, en un contexto donde el acceso a la justicia continúa siendo un desafío para amplios sectores de la población.

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Spencer explicó que su solicitud tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia y acelerar los procesos judiciales en todo el país. En este contexto, destacó que el presupuesto actual es insuficiente para atender la creciente demanda de la población.

“No es posible que más de 11 millones de habitantes sean atendidos solo por 1.203 jueces”, afirmó Spencer, dirigiéndose directamente al mandatario, quien estaba presente junto a otras autoridades judiciales.

Necesidad de más jueces

El titular del Consejo de la Magistratura enfatizó que un mayor presupuesto permitiría la designación de nuevos jueces y la contratación de personal de apoyo jurisdiccional. “Es fundamental contar con más jueces para brindar una justicia pronta y oportuna a todos los ciudadanos”, subrayó.

Además, reconoció que la justicia en Bolivia “está por los suelos”, pero aseguró que se están realizando esfuerzos para recuperar su credibilidad. En este sentido, afirmó que se busca garantizar que no existan persecuciones políticas y ofrecer seguridad jurídica a la población.

Sanciones a incumplidores

Spencer también advirtió que se sancionará y destituirá a los administradores de justicia que incumplan la ley o la Constitución Política del Estado. En este contexto, solicitó que la administración del notariado vuelva a depender del Consejo de la Magistratura, como sucedía antes de que esta función fuera asumida por el extinto Ministerio de Justicia.

Meritocracia en la selección

La autoridad destacó que los nuevos jueces fueron designados bajo criterios de meritocracia e instó a los profesionales del Derecho a capacitarse. “Quien se prepare y cumpla con los requisitos tendrá la oportunidad de ingresar al Órgano Judicial”, afirmó.

Problemas históricos en la justicia

Desde la Magistratura se subraya que la falta de personal y recursos es un problema histórico que dificulta una justicia eficiente y cercana a la ciudadanía. El incremento presupuestario, explicó Spencer, busca aliviar la sobrecarga laboral, fortalecer la infraestructura judicial en los 9 departamentos y reducir los tiempos de resolución de los procesos.

Finalmente, indicó que se realiza un seguimiento permanente a los procesos de selección de nuevos jueces y al desempeño del personal actual, con el objetivo de consolidar un sistema judicial moderno, transparente y confiable.

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Detalles de la decisión

La decisión fue comunicada tras la determinación de la Sala Plena. Establece que los Jueces de Ejecución Penal en todo el país deben elaborar informes detallados sobre aquellos casos que, identificados durante las visitas a las cárceles, justifiquen la aplicación de esta figura jurídica.

Fundamentos legales

De acuerdo con el Artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, la revisión extraordinaria de sentencias se aplica de manera excepcional. Esto ocurre cuando se presentan circunstancias como la vulneración de derechos fundamentales, la desproporcionalidad en la pena impuesta, la aparición de nuevos elementos probatorios o irregularidades procesales en la valoración de la prueba.

Prioridades en la aplicación

El Consejo de la Magistratura ha subrayado que esta medida se aplicará sin discriminación alguna, independientemente del tipo de delito o la condición del privado de libertad. Se dará prioridad a aquellos que no tuvieron acceso oportuno y adecuado a la defensa.

“Con esta instructiva se busca que la justicia boliviana sea coherente con la dignidad de las personas y respete plenamente los derechos de la ciudadanía”, menciona el comunicado oficial.

Garantías constitucionales

El comunicado también cita el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Los jueces deberán enviar informes que incluyan los datos completos de los privados de libertad, los fundamentos para la posible revisión y observaciones adicionales.

Compromiso con la justicia

El objetivo de esta acción es fortalecer un sistema judicial que sea más moderno, eficiente y confiable. Con esta medida, el Consejo de la Magistratura reafirma su compromiso con una justicia que sea transparente y equitativa, donde todas las personas tengan la oportunidad de acceder a un proceso justo y a la protección de sus derechos fundamentales.

/KMMN

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Una revolución en el acceso a la justicia

“El Ecosistema ROMA representa una herramienta que marcará un antes y un después en la relación entre la ciudadanía y el Ministerio Público. No se trata solo de una aplicación, es una revolución en el acceso a la justicia. Facilita la interacción de las partes procesales con sus expedientes y proporciona seguridad jurídica y eficiencia en cada etapa del proceso penal”, explicó Mariaca durante la presentación.

Esta plataforma responde a uno de los ejes fundamentales del Plan de Trabajo 2024-2030, donde se establece como prioridad el uso de tecnología como instrumento de modernización, inclusión y acceso equitativo a la justicia.

Un nuevo modelo de justicia

ROMA no solo digitaliza procesos, sino que también propone un nuevo modelo de justicia. Este modelo se basa en la confianza, el respeto de derechos y la atención eficiente a cada caso, aseguró la autoridad.

ROMA constituye una propuesta de soberanía digital integral. Fue desarrollada por técnicos bolivianos de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Público y cuenta con registro oficial de propiedad intelectual ante el Senapi.

Conexión de sistemas institucionales

La plataforma conecta diversos sistemas institucionales, entre ellos el Instituto de Investigación Forense, gestión documental, atención a víctimas y testigos, administración financiera y el régimen disciplinario. La aplicación móvil ya está disponible para dispositivos Android e iPhone.

Entre sus funcionalidades se incluyen acceso integral al expediente digital, gestión legal de remisión de documentos, notificaciones electrónicas con respaldo normativo (leyes 1173, 1080 y 164), trazabilidad de actuaciones y consulta de casos en tiempo real.

Beneficios del ecosistema ROMA

Según la Fiscalía, los beneficios reportados son múltiples: mayor transparencia, celeridad procesal, ahorro de recursos, inclusión social y fortalecimiento de la seguridad jurídica. Además, ROMA incorpora mecanismos de retroalimentación ciudadana mediante encuestas, calificaciones del servicio y un canal directo de comunicación con un call center especializado.

Demostración del sistema

Durante la presentación, el director nacional de Tecnologías, Armando Corral Davezies, realizó una demostración completa del sistema. El evento también contó con la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo; el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura; el embajador de España, Fernando García; el coordinador de Aecid, Juan Pita Rodrigañez; y la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia.

El presidente del Tribunal Supremo valoró este avance como un paso decisivo hacia una justicia más accesible y eficiente. “Refleja un trabajo sostenido que ahora se convierte en una realidad visible desde cualquier dispositivo móvil. Sin duda alguna, nosotros también queremos replicar lo que está haciendo el Ministerio Público; son cosas de las que hay que aplaudir”, afirmó Saucedo.

/KMMN

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La situación ocurrió el jueves por la mañana, cuando los legisladores intentaron entrar al recinto judicial para cumplir con su función de fiscalización en un proceso que la oposición ha calificado como injusto.

A las 9:00 horas de ese jueves, comenzó la audiencia del juicio oral con la presencia de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La diputada Añez afirmó que identificaron a un abogado que estaba convocando a personas para que agredieran a los parlamentarios, lo que podría resultar en lesionados y heridos.

La diputada también mencionó que no han podido comunicarse con ninguno de los acusados y denunció la existencia de una barrera policial que, según ella, viola las garantías de acceso a la justicia. Añez subrayó que las audiencias deben ser públicas y cuestionó la razón por la cual se prohíbe la presencia en este juicio. “El gobierno esconde algo, quiere seguir callando y ocultar que en 2019 hubo un fraude electoral y ahora tienen a los acusados en un juicio injusto, sin argumento ni sustento legal”, expresó.

Solicitan pena máxima

Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, quien es la denunciante del caso, indicó que solicitará la pena máxima establecida por la ley para Jeanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Estos son los principales acusados en el juicio denominado “Golpe I”, procesados por presuntos delitos de terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Los legisladores señalaron que se les impidió el ingreso al juzgado porque no figuraban en la lista que el juez había enviado. Al mismo tiempo, argumentaron que como representantes del pueblo tienen el deber de fiscalizar y participar para evitar cualquier tipo de atropello.

Prohibición de acceso a la audiencia

La senadora Centa Rek también expresó que se formó un anillo de policías que impedía el paso a la audiencia. Sin embargo, se permitió la entrada al abogado de Lidia Patty y a su asistente, mientras que los legisladores no pudieron ingresar. “Así es como el gobierno maneja las audiencias, sin fiscalización y con poca claridad en Bolivia”, comentó.

La diputada Añez enfatizó la importancia del acceso público a las audiencias judiciales, considerándolo un derecho fundamental en un estado democrático. Además, destacó el impacto negativo que situaciones como esta tienen en la percepción pública del sistema judicial boliviano.

/NMC

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Expansión de Servicios Fiscales

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ha destacado que estas gestiones, realizadas a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se han centrado en ampliar los servicios fiscales en municipios lejanos. Esto responde a las necesidades de la población. “En general, los ítems fueron distribuidos en diferentes áreas a nivel nacional”, añadió Lanchipa.

Nuevos Ítems y Especialistas

Según un informe institucional, de los 446 nuevos ítems creados, muchos han sido asignados a fiscales de materia y otros especialistas. Esto permitirá una atención más efectiva a las denuncias en diversas regiones del país.

Roberto Almendras, director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, informó que en la actual gestión se han creado 284 ítems. De estos, 106 corresponden a nuevos fiscales de materia, incluyendo 33 fiscales que han sido destinados a los nuevos asientos fiscales.

Distribución de Asientos Fiscales

Los nuevos asientos fiscales se distribuyen de la siguiente manera: cuatro en Cochabamba (Colomi, Mizque, Santivañez, Anzaldo, Tiraque y Arani), cuatro en Potosí (Porco, Pocoata, Toro Toro y Tinguipaya) y dos en Beni (Reyes y Magdalena).

Además, Oruro cuenta con cuatro nuevos asientos en Curahuara de Carangas, Tambo Quemado, Salinas y Pisiga. Santa Cruz alberga seis nuevos asientos en diversas localidades, mientras que La Paz tiene diez nuevos asientos fiscales. En Chuquisaca se han inaugurado dos asientos, y en Pando, el municipio de Gonzalo Moreno ya cuenta con nuevas oficinas.

Convenios para Eficiencia

Para asegurar el funcionamiento eficaz de estos nuevos asientos fiscales, el Fiscal General ha firmado convenios con gobiernos autónomos municipales. Esto garantiza que este importante avance en el sistema de justicia se traduzca en un acceso más eficiente y cercano para los ciudadanos.

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Jaimes destacó que asume el cargo con el objetivo de garantizar la resolución oportuna de los procesos judiciales y servir como ejemplo para otros distritos judiciales del país. Además, propone implementar una política de cero tolerancia hacia la corrupción en todas las salas y distritos judiciales.

Agradecimiento y compromiso futuro

El nuevo presidente agradeció el apoyo y confianza brindada por cada uno de los magistrados que lo respaldaron y asegura trabajar aún más intensamente durante el tiempo restante hasta las próximas elecciones judiciales.

Acceso a la justicia para todos

Asimismo, se compromete a profundizar el trabajo en beneficio del acceso a la justicia para toda la población y presentar medidas que permitan mejorar el servicio judicial. Jaimes enfatizó que es fundamental enviar señales claras de que el Judicial no puede quedar acéfalo, ya que es parte fundamental del estado de derecho y tienen un compromiso con la población.

Trayectoria profesional destacada

El magistrado Jaimes Molina fue electo por el departamento de Oruro, fue docente de la Universidad Técnica de Oruro y también ejerció como juez y vocal.

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Casos recurrentes y Ruta de Actuación Interinstitucional

Tras la sesión, la Directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, explicó que hasta el 25 de noviembre se presentaron 46.433 denuncias durante esta gestión y que el caso más recurrente es el de violencia familiar o doméstica, con un total de 35.035 casos.

La autoridad destacó que durante este año se trabajó en la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI) para atender a las víctimas de violencia género. Esta ruta se encuentra actualmente en proceso de socialización y aplicación.

Planificación y continuidad

“Esta ruta se ha logrado no solo gracias al trabajo institucional sino también al esfuerzo conjunto y permitirá un verdadero acceso rápido a la justicia”, afirmó Cáceres.

Según los reportes presentados durante la sesión por parte del Ministerio Público, los representantes institucionales encargados del manejo integral del problema trazaron un Plan de Acciones para el año 2024 respecto a esta problemática. Además, acordaron continuar con las mesas técnicas y difundir ampliamente la RAI.

Importancia de la Mesa Nacional

Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, destacó la importancia de este trabajo interinstitucional para frenar el flagelo de la violencia.

“Esta Mesa Nacional es uno de los pocos espacios donde podemos generar políticas públicas y programas y proyectos para el 2024 que nos sirvan como base para dar continuidad a estos planes de acción en la lucha contra la violencia y evitar así la violencia contra las mujeres”, agregó la autoridad.

Necesidad de acceso a justicia

La representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Bolivia (Unodc), señaló que es necesario trabajar en el acceso a la justicia para las víctimas, ya que esto puede generar responsabilidad por parte del Estado al no realizar una debida investigación ni reparar el daño causado.

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Según la legisladora, lo que es evidente es que el Gobierno está materializando su golpe al Órgano Judicial, tomando en cuenta todos los antecedentes que se registraron hasta ahora.

No obstante, recalcó que la pregunta de fondo es si los bolivianos podrán acceder a la justicia, porque las elecciones judiciales no garantizan ese derecho, a diferencia de una reforma estructural, que es lo que están pidiendo desde el 2019.

“No puede haber confianza en un proceso donde, quien te escoge es del partido, escoge a gente de su partido y hace votar a los militantes de su partido. Un proceso donde ganan los votos nulos y blancos por una gran mayoría, es un proceso que no tiene confianza”, declaró Barrientos a LA PATRIA en la Sede de Gobierno.

Finalmente, manifestó que la idea es que los poderes del Estado se complementen uno al otro para un correcto manejo del poder, sin embargo, actualmente no se ve, porque cada día hay más abusos.

/ LMPT

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De esa manera, el Viceministro indicó que en los próximos días se publicará la convocatoria y espera que en junio se tengan lo cuatro espacios de discusión.

“Son cuatro mesas que las queremos trabajar con las organizaciones sociales, pero fundamentalmente con las organizaciones políticas, recogiendo lo que nos decía el doctor García-Sayán, un amplio debate político y social para una reforma estructural”, indicó Siles según un reporte de la red Erbol.

De acuerdo con Siles, las mesas tocarán los siguientes temas: primero, Justicia indígena originaria campesina, luego el acceso a la justicia, posteriormente, el presupuesto asignado al Órgano Judicial y la carrera judicial, además de la designación de máximas autoridades del mencionado ente de justicia.

Asimismo, señaló que las mesas de discusión se llevarán adelante en instalaciones de la Vicepresidencia y que el segundo mandatario, David Choquehuanca, liderará las reuniones.

“Esperamos llegar a acuerdos y consensos mejores a los que estamos teniendo para la designación del Defensor del Pueblo”, añadió la autoridad.

/MDCB

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“Han sido 20 años de horrores, dolor e incontables lágrimas. Estoy aquí porque fui devastada por la violencia sexual, pero fui destruida aún más fuerte por las acciones del Gobierno”, expresó De Angulo Losada.

De Angulo Losada alegó que el Ministerio Público no llevó a cabo una investigación, responsable en cumplimiento a lo establecido en la norma en este caso de violencia, no se realizó debidamente el proceso penal con base en la prueba disponible y habría sido víctima de discriminación por razón de género y edad.

”Estoy aquí porque quiero que esta Corte siente estándares legales y de diligencia debida en la región, para confrontar la cultura de impunidad y actuar de forma proactiva en la prevención, curación y justicia. Represento a miles de niños que están sufriendo, que nunca conocerán sus nombres o verán sus caras. No estoy pidiendo que se castigue a Bolivia, no estoy buscando que se avergüence a Bolivia, ni siquiera estoy pidiendo dinero para mí. No quiero un centavo de Bolivia, estoy pidiendo un cambio para asegurar que los niños sean protegidos de la violencia sexual, y que tengan acceso a la curación y justicia“, sostuvo la mañana de hoy la litigante en la audiencia pública de la CIDH.

De Angulo Losada añadió que, durante el trámite del proceso penal, fue sometida a exámenes físicos innecesarios, un examen forense abusivo y vejatorio de su intimidad, practicado por profesionales de salud sin experiencia ni capacitación en la atención de víctimas menores de edad.

La defensa del Gobierno, representada por la Procuraduría General del Estado, aseguró en la audiencia que no pone en duda la existencia de la agresión sexual; sin embargo, la denunciante refutó esa aseveración con los documentos que presentó el Estado boliviano a la Corte donde se cuestionaba la existencia de la agresión sexual y se insinuaba que ella era “una persona de vida libre”.

Brisa fue violada y torturada repetidamente por un familiar adulto en el año 2002 en Cochabamba. “Cuando buscó justicia y el apoyo del Estado, el sistema judicial no sólo le falló, sino que también violó sus derechos humanos de acceso a la justicia y una reparación integral, cimentando la cultura de la impunidad”, dice parte de un comunicado de la Fundación Una Brisa de Esperanza, fundada por la joven.

La Corte levantó la sesión declarando un receso en la audiencia y fijó su reinstalación para mañana a las 10:00 horas.

/HNF/

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Quiero comenzar agradeciendo al Gobierno, en particular al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a la Cancillería, por su hospitalidad y dedicación para que esta misión sea un éxito.

La concertación de entrevistas y mi recorrido por las instituciones, públicas y privadas, fue realizada sin ninguna dificultad.

Es de notar sin embargo que las repercusiones de la pandemia significaron cierta restricción en los desplazamientos internos, así como tener que recurrir a reuniones virtuales y a limitar en muchas ocasiones el número de personas que podían ingresar a las mismas cuando eran presenciales.

Durante la semana, me entrevisté con una amplia gama de sectores e instituciones públicas (gobierno, sistema judicial y poder legislativo), líderes políticos, sectores variados de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos y académicos.

Estoy consciente que no alcancé a reunirme con todas las personas que deseaban hablar conmigo, a pesar de mis mejores esfuerzos. Agradezco mucho la hospitalidad con la que fui recibido, el diálogo franco, la apertura y confianza de todos y todas estas contrapartes.

El Relator no vino a dar lecciones ni a dar soluciones mágicas. El objetivo de mi visita fue analizar y evaluar la situación de la justicia boliviana en sus diversos aspectos y contribuir a la construcción de una justicia independiente y al alcance de la gente.

Criterio conceptual orientador, para este efecto, son los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados en Naciones Unidas en 1985.

El objetivo de la visita ha sido abordar procesos y no casos individuales, a pesar que he escuchado sobre algunos casos que me han conmovido e impactado mucho.

Espero que mi informe sea una contribución útil a la reforma de justicia, y que de alguna manera responda a las necesidades de esos casos individuales que escuché. Justicia independiente: objetivo a conseguir. La justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos.

Durante el tiempo que pasé en Bolivia, he notado la extendida atención que la sociedad y las instituciones bolivianas le dan a la justicia, a la necesidad de superar sus limitaciones y contar con una justicia más transparente, independiente y al servicio de la sociedad.

Congratulo el esfuerzo de encarar una reforma de la justicia en Bolivia. Exhorto a todos y todas a aprovechar esta oportunidad. Espero que mis comentarios sean insumos que contribuyan a esa discusión.

Hoy comparto unas observaciones preliminares a partir de mi visita y que serán el insumo principal para el informe final a ser presentado en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio del 2022.

La justicia está lejos de la gente

Una de las frases más escuchadas, de parte de muchas personas con las que me reuní, es que la justicia no existe para los pobres.

Víctimas y familiares me expresaron encontrar obstáculos para acceder a la justicia, lo que incluye tener que aportar los medios probatorios para la investigación, verse en necesidad de asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen y falta de acceso a información sobre sus expedientes y cómo avanzan sus procesos.

Durante mi visita, también escuché sobre el impacto de la corrupción en el sistema de justicia, y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana.

Escuché testimonios de personas que han sido extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes. Estos testimonios no son denunciados públicamente por las victimas por temor.

El caso de la excarcelación irregular de Richard Choque Flores por una orden de un juez ha conmocionado la opinión pública boliviana dado el atroz delito de feminicidio cometido y por la corrupción que explica su liberación. Comparto esa consternación.

En enero de 2022, el mismo Choque Flores confesó que había dos cadáveres enterrados en su casa consecuencia de otros homicidios cometidos por él; luego se localizó un tercer cadáver.

Choque Flores ya había sido condenado a 30 años de prisión por el secuestro y el asesinato de una mujer, y le fue permitida la detención domiciliaria por un procedimiento exprés corrupto basado en un informe médico falso.

En otro caso también muy dramático, Felipe Froilán Molina Bustamante, condenado por el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz a 30 años de presidio sin derecho a indulto, fue beneficiado con una irregular libertad condicional el 20 de febrero de 2020.

Estas situaciones son preocupantes indicadores de lo que puede ser posible por medios ilícitos e irregulares y deben ser sancionadas con todo el peso de la ley.

La corrupción puede ser también, como se ve, una herramienta de ataque a la independencia judicial. Mujeres y acceso a la justicia El acceso fluido a la justicia es un componente esencial en una sociedad democrática.

Cuando son muchas las limitaciones efectivas para ese acceso, más allá de las formalidades que pueden estar establecidos en la ley, se está ante un problema y un reto que requiere solución.

En ese orden de ideas quiero resaltar la experiencia de las mujeres con la justicia acerca de lo cual he recibido información preocupante y varios testimonios dolorosos. Muchas de las víctimas con las que hablé eran mujeres, expresándome las dificultades que han encontrado para acceder a la justicia.

Según un estudio de ONU Mujeres de 2019, los plazos procesales en casos de violencia contra la mujer no se cumplen, lo cual repercute en el abandono de las víctimas.

Sólo se han creado 27 juzgados y tribunales especializados bajo la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) de 2013. Estos juzgados y tribunales están sobre saturados por la carga procesal y atienden también casos por delitos de corrupción.

Preocupantes datos indican que se produjeron 869 feminicidios entre 2013 y octubre de 2021. Es decir, un promedio de uno cada tres días y medio. Sólo el 31% de los casos ha obtenido una sentencia.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, a la fecha de este informe en 2022 hasta el 17 de febrero ya van registrados 15 feminicidios y dos en investigación para determinar si se trató de feminicidio.

La Defensora del Pueblo ha presentado desde el 2019 la propuesta de que se creen 31 juzgados sobre violencia contra la mujer.

Como Relator Especial coincido totalmente con esa propuesta. Quisiera resaltar como paso positivo la constitución el pasado 4 de febrero de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio al amparo de la Ley 898 y animo a las autoridades a priorizar avances en este tema.

La justicia indígena

La rica historia de Bolivia y de sus pueblos indígenas es un componente particularmente fundamental de la identidad nacional.

Esa historia se encuentra expresada en la misma Constitución en la que en varias disposiciones (en especial el articulo 30 y siguientes) se establece que las naciones y pueblos indígenas gozan, entre otros derechos, “al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión” y al derecho a la consulta previa.

Varios instrumentos internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual Bolivia es Estado parte, establecen a nivel internacional derechos de esa naturaleza.

La norma constitucional pauta un claro principio de afirmación de la justicia indígena al establecer la obligatoriedad de acatar “las decisiones de la jurisdicción indígena” (art. 192.I) y la obligación del Estado de promover y fortalecerla (art. 192.III).

Los mecanismos de “coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas” referidos en la Constitución, debían regularse y precisarse en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Estos principios constitucionales fundamentales, sin embargo, no parecerían haber encontrado adecuado seguimiento y concordancia en la ley dictada el 2010.

En el curso de las entrevistas y reuniones sostenidas con representantes de pueblos indígenas y especialistas en la materia se le hizo conocer al Relator el extendido criterio de la falta de concordancia entre las disposiciones constitucionales y las restrictivas competencias para la justicia indígena contenidas en la ley.

Fue convergente y coincidente el cuestionamiento a la larga lista de exclusiones lo que acaba vaciando de contenido las disposiciones constitucionales y las demás que tiene la misma ley.

Privados de libertad y justicia

Otro gran tema de preocupación para mí es la situación de las personas privadas de libertad, íntimamente ligado al desempeño de la justicia. Para marzo de 2021, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Bolivia cuenta con 20 recintos penitenciarios urbanos, con capacidad de albergar a 5.346 personas.

No obstante, la población asciende a 18.703 personas lo que supone tasas de hacinamiento del 349.8%. Para marzo de 2021, el 64,10% de las personas privadas de libertad estaba en situación de detención preventiva.

En promedio, pues, siete de cada diez personas privadas de libertad está sin condena. La prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente, durante el menor tiempo posible y sólo en casos particulares que representen ciertos elementos de gravedad; además, se debe garantizar la separación entre presos preventivos y condenados en todos los lugares de privación de libertad.

La prisión preventiva no puede constituir un castigo para personas que no han sido juzgadas.

Exhorto al Órgano Judicial y al Ministerio Público a intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la prisión preventiva, reducir la sobreocupación en los centros de detención, principalmente mediante medidas alternativas a las penas privativas de libertad y estrategias para abordar las moras procesales.

El Estado debe continuar con la mejora de las instalaciones penitenciarias y las condiciones generales de vida en las cárceles.

En este orden de ideas conocí que el 18 de febrero, durante mi visita, la orden de un juez disponiendo el traslado por razones de salud a un hospital de la señora Jeanine Áñez, en prisión preventiva desde marzo 2021, no pudo ejecutarse porque la gobernadora de la prisión de Miraflores se declaró impedida de poder cumplir con el traslado ante manifestaciones al exterior del penal.

El Estado tiene la responsabilidad de preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir las disposiciones judiciales.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, por su lado, llamadas también Reglas Mandela, nos indican que “todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.

Según la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visitó el penal en la noche de ese día, “se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación/tratamientos forzados” y que “se ha respetado su decisión (de mantener una huelga de hambre) como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica”.

Estructura y gestión del Órgano Judicial

Algunos aspectos sustantivos se arrastran desde antes de la vigente carta constitucional. La cobertura del Órgano Judicial sigue estando limitada principalmente al área urbana.

De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia, en 2020 hay 1.095 jueces con un 1 Art. 192.III. 2 Ley 073, Ley de Deslinde Jurisdiccional. Ley de Deslinde Jurisdiccional, artículo 10. promedio de 530 causas por juez.

El Servicio Plurinacional de la Defensa Pública llega únicamente -y formalmente- a 106 municipios del país de los 340 existentes, aunque según la Defensora del Pueblo el país cuenta con apenas 54 Defensores Públicos.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima tiene presencia en 43 municipios únicamente.

En este sentido, quisiera contribuir al debate nacional coincidiendo plenamente con la idea de rescatar la jurisdicción de paz para que procese conflictos con base a la equidad, la costumbre y los valores de derecho consuetudinario aplicables.

Ayudaría a descongestionar la jurisdicción ordinaria y, principalmente, a acercar la justicia a los pueblos indígenas y comunidades rurales. Carrera judicial y jueces transitorios.

Según datos presentados en 2020, solo el 44% de jueces son de carrera. La alta proporción de jueces transitorios, que supera a los 500 de acuerdo a la información recibida, es otro componente crítico generador de inestabilidad y que no alienta una conducta independiente de quienes desempeñan la judicatura.

Está demostrado que una alta tasa de provisionalidad conspira contra una conducta independiente de jueces y juezas.

Quisiera destacar la importancia que tiene para la independencia judicial contar con una sólida carrera judicial y un presupuesto adecuado para la tarea que tiene el Órgano Judicial.

Esto implica una modernización de la estructura y de la gestión del mismo, para evitar duplicación de funciones y abordar las dificultades actuales en ejecución de presupuesto. La falta de una carrera judicial es un aspecto crítico que atenta contra la calidad del sistema judicial y su independencia.

Eso debilita los procesos de perfeccionamiento y especialización y genera un cuadro de precariedad en quienes desempeñan funciones judiciales y en la fiscalía.

Establecer una efectiva carrera judicial y proceder a la designación de los jueces transitorios como titulares, luego de la correspondiente -pero expedita- evaluación y, de ser el caso, cursos de perfeccionamiento o especialización, es una tarea urgente e impostergable.

Dentro de este orden de ideas se ha cuestionado, como elemento que conspira contra el principio de la inamovilidad de jueces y juezas judicial la norma contenida en el art. 46 de la Ley del Órgano Judicial de 2010 que establece que quienes integran los tribunales departamentales desempeñaran la función por sólo por cuatro años, renovables a otros cuatro, y que luego salen del sistema judicial pese a haber adquirido en la mayor parte de los casos una valiosa experiencia.

Debe respetarse el principio de inamovilidad y, de ser el caso, las remociones obedecer a motivos fundados y luego del debido proceso.

Recursos presupuestales

El presupuesto bajo asignado a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, que no llega al 0,50% del total del presupuesto nacional, no permite sustentar una institucionalidad dotada de los recursos institucionales indispensables y, en especial, de remuneraciones adecuadas que atraigan a las mejores personas y que prevengan la corrupción y otras tentaciones.

He tenido la oportunidad de interactuar con jueces y fiscales de los distintos niveles y este es un punto crítico generador de inestabilidad y alimentador de la tentación de abandonar el sistema judicial.

La sociedad y el Estado boliviano tienen que asignarle a la justicia una porción mayor de sus recursos en un proceso de incrementos graduales que podrían empezar este mismo año con una reasignación dentro del presupuesto 2022 ya en ejecución proyectando incrementos en los años que vengan.

Es verdad también, sin embargo, que, pese a que son escasos, los recursos presupuestales asignados no siempre son materia de una ejecución eficiente generando usualmente una devolución del exceso no gastado pese a las enormes necesidades existentes.

Esta contradictoria situación tiene su principal explicación en una estructura ineficiente de administración y gestión de los recursos presupuestales asignados a la justicia.

Parte de ello, es la confusa distribución de responsabilidades de gestión y administración en esta materia en la que concurren funciones asignadas al Consejo de la Magistratura junto con otras asignadas al Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales sin que esté siempre claro qué responsabilidades y funciones le corresponden a cada cual.

Como he señalado en el análisis de la situación en otros países, es indispensable que la administración y gestión se encuentra en instancias especializadas y que quienes son la parte sustantiva del sistema de justicia, como son los jueces, vocales y magistrados se constriñan a administrar justicia.

Ministerio Público Muchas personas me hablaron sobre la dificultad que enfrentan para obtener información y datos del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Es evidente que la transparencia y el libre acceso a la información pública contribuyen al combate a la corrupción. Tomo nota que Bolivia aún no cuenta con legislación sobre acceso a la información pública.

El Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, que depende del Ministerio Público, tiene nueve oficinas departamentales y 26 regionales, es decir, cubre sólo el 10% de los municipios a nivel nacional, y no alcanza para responder a la demanda.

Adicionalmente, cuenta con recursos humanos insuficientes en ciertas especialidades lo cual crea desconfianza en sus pronunciamientos.

Se informa también de la falta de medios para la recepción y custodia de evidencia lo que puede desembocar en deterioro de pruebas incidiendo en el acceso a la justicia.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia, el Estado es responsable, a través del Ministerio Publico, de llevar adelante una investigación efectiva y célere de estos delitos.

El 80% de los casos de delitos sexuales contra las mujeres no ha tenido ningún proceso judicial para el delito cometido. De forma similar a los criterios explicados sobre la carrera judicial, el país necesita contar con una carrera fiscal.

En ese sentido, tomo nota con interés del curso de siete meses para nuevos fiscales iniciado en 2021 por el Ministerio Público como un buen punto de partida.

Graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre del año 2019

Mucho se ha escrito sobre las repercusiones de esta crisis política rodeada de violencia en la que al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas fueron heridas.

Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares.

Comparto la preocupación de muchos con el contenido y promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, del 14 de noviembre de 2019.

Durante mi misión me reuní con las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, y de la Zona Sur por un espacio de tres horas. Escuché testimonios muy conmovedores. Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla.

El informe del GIEI sobre la crisis sociopolítica de 2019/2020, reflejó obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y de familiares de las víctimas, como el ejercicio de presiones por operadores de justicia para que sean las víctimas y sus familiares y no el Ministerio Público quienes aportaran los medios probatorios para la investigación, y la denegación de acceso al proceso y a las diligencias del caso.

La Defensoría del Pueblo informó en que en 2020 había constatado falta de investigación o investigación deficiente por parte del Ministerio Público de las violaciones al derecho de la vida y a la integridad física ocurridas en noviembre y diciembre de 2019.

Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y merecen el reconocimiento de su calidad de víctimas.

Me uno a las recomendaciones ya hechas al Ministerio Público sobre llevar a cabo investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Que se garantice la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar.

En mi reunión con la Procuraduría General supe que están trabajando para promover legislación que les permita resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las referidas de Sacaba, Senkata, y Zona Sur.

Tomo nota también de los esfuerzos que se están realizando en este caso con la creación de una Mesa Interinstitucional para responder a las víctimas con el apoyo de la Misión Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Felicito la iniciativa de un mecanismo especial de seguimiento en el marco del sistema interamericano de derechos humanos que esté a cargo de impulsar y monitorear el nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe del GIEI.

El reto de la independencia de la justicia

Esta Relatoría ha abordado el tema de la independencia de la justicia en Bolivia a lo largo de varios años. Esta información es pública, pero es útil para nosotros hoy hacer ese recorrido. Ya, mi antecesora expresó preocupación por un proceso penal contra de una ex alcaldesa de La Paz ocurrido en 1998, que se “habría caracterizado por fuertes presiones políticas y mediáticas”.

Esta Relatoría, también bajo mi antecesora, se refirió a la detención de una jueza en 2011, indicando además preocupación por un “patrón de amedrentamiento sistemático ya que serían varios los jueces encarcelados y procesados por presión del Ministerio de Gobierno”.

Se refirió también a la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014. He hecho referencia a este tema en febrero de 2020 en que expresé mi preocupación por el “patrón de persecución política y judicial –con fines de represalia- así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”.

En julio de 2021 reaccioné ante la remoción de vocales de tribunales electorales. Se me ha informado posteriormente que el asunto se encuentra bajo conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Durante mi visita, he podido constatar que estos patrones que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados.

La independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado

Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia.

La tarea pendiente de asegurar la independencia judicial es un reto que Bolivia debe encarar con firmeza. Espero que los insumos que pude dar en mi visita y que ampliaré en mi informe final contribuyan a enfrentar este reto.

Aspectos críticos en las reformas constitucionales e institucionales Si bien varios temas en la Constitución reflejan de manera clara las esencias y aspiraciones de la sociedad boliviana en una serie de aspectos fundamentales, luego de trece años de vigencia la práctica ha puesto de manifiesto algunos aspectos críticos en lo que atañe al sistema judicial.

El principal, que hemos recogido de distintos sectores de la sociedad boliviana en el curso de mi visita, tiene que ver con los procesos de selección y designación en las altas cortes.

En este sentido, quisiera expresar mi preocupación ante la baja legitimidad en las votaciones para la elección de los magistrados y las magistradas de las Altas Cortes.

La escasa participación del electorado, siendo ésta del 78 %, de acuerdo con los datos ofrecidos por la entonces Presidenta del Órgano Nacional Electoral, es uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en Bolivia, donde se suele superar el 90 % de concurrencia ciudadana.

El segundo aspecto relevante es que tanto en el proceso de votación nacional como en el de votaciones departamentales la mayor parte de votos fue blanco o nulo. Se hace indispensable someter el sistema de elección por votación popular a algunos ajustes.

La independencia del sistema judicial se refiere, por un lado, a la no injerencia en el trabajo de tribunales y jueces, así como al procedimiento y cualificaciones para el nombramiento de jueces y las garantías en relación con su seguridad en el cargo.

Se debe también abordar las condiciones que rigen ascensos, traslados, suspensión y cesación en sus funciones. Un tema medular, y que fue planteado prácticamente en todas las entrevistas y reuniones de trabajo, es el de los procesos de selección y designación de quienes administran justicia y, en particular, en el nivel de las altas cortes (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura).

Conviene revisar y perfeccionar algunos de estos de procesos de cara a contar con un sistema judicial independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y su compromiso con los derechos humanos.

En sus distintos informes temáticos, así como en aquellos derivados de visitas a países, como Relator Especial he insistido en la prevalencia de criterios y procedimientos de designación vinculados a los criterios contenidos en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985.

Si bien no existe un “modelo” universal de procesos de selección y designación, sí es esencial que en los mismos no sean los criterios ni las consideraciones de índole político los que prevalezcan.

Algunos aspectos normativos y prácticos en esta materia tendrían que ser revisados y perfeccionados. Al respecto, en esta visita he tomado conocimiento de distintas ideas en esta materia, todas las cuales pueden aportar elementos contributivos para lograr un diseño que garantice condiciones más adecuadas en los procesos de selección y designación.

En la perspectiva de concretar ajuste sin el pre requisito de una previa reforma constitucional, en la visita he recogido distintas iniciativas y sugerencias que contribuirán a enriquecer los mecanismos de selección y designación con procedimientos más participativos y plurales.

Una de las opciones apuntaría a fortalecer la fase de la pre- selección de candidatos/as, sobre los que votaría la asamblea legislativa en virtud del artículo 158 de la Constitución, sobre propuestas generadas en un espacio pluralista y participativo.

Con ese filtro, más plural y participativo, se estima que el voto popular que luego vendría en concordancia con lo establecido en el artículo constitucional 182. I podría traducirse en una selección más meritoria y plural. Este asunto será materia de mayor desarrollo en el informe final. Por la ruta de un gran acuerdo nacional Desde que se inició la visita fue visible y persistente el afán de acercar la justicia a la gente y hacer que esta funcione mejor.

 En la función de este Relator de contribuir a una justicia independiente, accesible y que procese de manera adecuada los conflictos individuales y sociales, en medio de situaciones de confrontación y de divergencia de opiniones y propuestas.

Se ha encontrado, sin embargo, la extendida y saludable esperanza de contar con una justicia independiente, eficiente y guiada por los principios y estándares de derechos humanos.

En la sucesión de entrevistas y reuniones de trabajo producidas, así como en la profusa y variada documentación recibida, ha sido posible constatar y recoger la aspiración compartida de encontrar rutas para un gran acuerdo nacional de la justicia que aborde, entre otros, temas como los aquí planteados.

Instituciones públicas y privadas, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil han convergido en esta aspiración. Sin perjuicio de otros espacios de expresión de opiniones y análisis acerca del rumbo de la justicia, como la Cumbre que se ha anunciado se llevaría a cabo en el mes de marzo de este año, la situación analizada en la misión apunta a la exigencia de un gran acuerdo nacional por la justicia.

Se ve condiciones para apuntar, de manera laboriosa y persistente, a dicho gran acuerdo nacional, como criterio orientador de un proceso sostenido con metas de corto, mediano y largo plazo. Ello supondría la participación activa en ese proceso de las instituciones públicas más relevantes sobre el tema, tanto del ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de las agrupaciones políticas, colegios profesionales (en particular de abogados), universidades, representaciones sociales, etc.

Para finalizar, Me gustaría finalizar destacando que ustedes depositaron su confianza en mí durante esta visita, y reconozco la valentía que esto conlleva. Yo ahora, deposito mi confianza en ustedes para llevar adelante esta tarea.

Muchas gracias.

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El documento señala que el actual sistema judicial en Bolivia se caracteriza por la retardación de justicia, la corrupción, la falta de acceso a la justicia, la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles, además de la falta de acceso a la información de los procesos, garantías y seguridad jurídica de inversión.

El proyecto de Ley de “Justicia Digital” establece que la digitalización del sistema judicial es la garantía para una justicia equitativa e igualitaria, para impulsar proyectos de fácil tramitación para las aperturas y clausuras de empresas y emprendimientos, el arbitraje, bajar la carga de los juzgados y garantizar los derechos de la sociedad civil.

“Justicia digital son muchas cosas: va desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales o la interoperabilidad de los datos de la policía, los tribunales y los centros penitenciarios para evitar cuellos de botella y puntos ciegos”, argumenta.

Se prevé mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos y un mejor acceso a los servicios de justicia en línea. Esto va desde la existencia de procesos digitales sin la intervención de un juez o abogado, hasta la celebración de audiencias y juicios virtuales.

/RMMP/

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