ANP:

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales periódicos de Bolivia, destacó hoy el anuncio del presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas Paz, para el tratamiento del proyecto de ley de acceso a la información y Documentación Pública en la presente legislatura y hacer posible el avance del trámite hasta su aprobación y promulgación.

El presidente de la ANP, Jorge Carrasco, agradeció las expresiones de respaldo y el voto de aplauso al proyecto de ley manifestado por Rojas Paz y los integrantes de la Comisión durante la audiencia realizada el miércoles 18 de marzo, y a la que asistieron representantes de periodistas, de medios de comunicación y organizaciones que impulsan la iniciativa.

El Proyecto de Ley No. 1602023-2024 fue aprobado en grande y detalle por la Cámara de Senadores el 23 de octubre de 2024, luego de un proceso participativo que involucró a instituciones públicas, organizaciones sociales, entidades de derechos humanos, gremios e instituciones periodísticas, pero quedó pendiente su aprobación en la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, agradeció la amplitud de la Comisión para escuchar a las organizaciones sociales y señaló que esta apertura promovida por los nuevos congresistas representa el final de 20 años de restricciones a la opinión libre.

En representación de los periódicos de circulación nacional, Carrasco explicó a la Comisión la importancia de otorgar a los ciudadanos el poder de fiscalizar el uso del dinero público mediante la ley y pasar del discurso a la práctica en materia de lucha contra la corrupción.

En noviembre de 2025 se solicitó la reposición de la norma en la actual legislatura para culminar un proceso ampliamente consensuado que dio lugar a una propuesta de ley que recoge estándares internacionales en materia de acceso a la información, como el principio de máxima divulgación, la gratuidad en la solicitud de información y la obligación del Estado de responder en plazos definidos, explicó la representante de la Fundación Construir, Susana Saavedra.

Las organizaciones de la sociedad civil que impulsan la ley son: Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (Acpi), Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, Asociación de Medios de Comunicación Digitales de La Paz, Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos, Fundación Internet Bolivia, CLADEM Bolivia y Unitas.

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La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), celebrada en la ciudad de Belém, en plena selva amazónica, podría pasar a la historia por algo que va mucho más allá de las negociaciones técnicas sobre emisiones y objetivos internacionales. La conferencia finalmente puso sobre la mesa el debate sobre el acceso a la información, la alfabetización digital y los derechos informativos de las comunidades marginadas.

Esto no es poca cosa. Durante décadas, las conferencias sobre el clima han abordado la ciencia, la economía, la geopolítica y las transiciones energéticas, pero rara vez han abordado la pregunta que define la vida de millones de personas: ¿quién tiene realmente acceso a la información necesaria para afrontar la crisis climática?

En los documentos aprobados, especialmente la Declaración sobre la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático y el texto final, conocido como el Grupo de Trabajo Mundial, la ONU reconoce que la desinformación, el negacionismo, los ataques a la ciencia y la desigualdad en el acceso a la información son temas centrales de la agenda climática contemporánea.

Este movimiento es importante porque legitima, a escala internacional, algo que investigadores y comunicadores comunitarios saben desde hace mucho tiempo: el cambio climático tiene mayor impacto donde la información llega menos. Al admitir esto, la COP30 da un paso simbólico importante, reconociendo que la información también es una herramienta para la supervivencia.

La solución queda en manos del voluntarismo de los gobiernos

Pero el entusiasmo inicial pronto choca con la dura realidad política: a pesar de citar temas cruciales, la COP30 lo hace mediante verbos tímidos sin fuerza normativa, como: alentar, apoyar, invitar y promover. No hay obligaciones, plazos, monitoreo, financiación ni objetivos vinculantes. La ONU describe el problema con precisión, pero deja la solución en manos del voluntarismo de los gobiernos.

Esta brecha no es un detalle; produce consecuencias concretas y profundamente desiguales. Cuando un documento global no determina acciones prácticas, el impacto de esta ausencia no se distribuye equitativamente. Al contrario, la carga recae precisamente sobre quienes ya viven en primera línea de la crisis climática.

La Conferencia sobre el Clima menciona a los pueblos indígenas, las poblaciones negras, las mujeres, la infancia, los migrantes y las comunidades locales. Pero nombrar no es lo mismo que priorizar, y mucho menos garantizar la acción. Al no transformar este reconocimiento en políticas operativas, estas poblaciones siguen estando subrepresentadas, ya no por omisión total, sino por una inclusión superficial. La ONU habla de ellas, pero no desde su perspectiva.

Las favelas latinoamericanas, especialmente las brasileñas, son un crudo retrato de esta brecha entre el discurso y la realidad. Estos territorios, marcados por la ausencia del Estado y las persistentes desigualdades, concentran a algunos de los grupos más afectados por la crisis climática: mujeres, niños, población negra, migrantes y personas mayores. Es en estos espacios donde la desigualdad de la información se hace aún más evidente.

Hablar de “acceso a la información” en regiones que coexisten con internet inestable, teléfonos celulares limitados, falta de computadoras y plataformas públicas inaccesibles no es solo un desafío técnico, sino un desafío político.

Estos son los que identifico como desiertos de información: lugares donde los flujos de información son escasos, interrumpidos o distorsionados; territorios donde el conocimiento científico sobre el clima llega demasiado tarde o simplemente no llega. Donde la alerta de lluvia intensa se pierde entre una señal débil, una aplicación que no se abre y datos meteorológicos escritos en un lenguaje que no se adapta a la vida cotidiana.

Manteniendo los privilegios

La ausencia de medidas prácticas expone la lógica que Bruno Latour (2020) ya había identificado: la desinformación y la falta de políticas públicas no son accidentales; funcionan para mantener los privilegios. Cuando la ONU evita comprometerse con mecanismos vinculantes, refuerza la perversa simetría de la crisis climática, en la que quienes menos contaminan siguen siendo los más afectados, y quienes más contaminan siguen decidiendo el ritmo de las respuestas globales.

En definitiva, la COP30 repite un patrón clásico de las negociaciones multilaterales: avanza en el discurso, pero deja la práctica para después. Un “después” que nunca llega para quienes viven al borde de la supervivencia.

Esta distancia entre lo declarado y lo hecho mantiene una brecha entre los principales negociadores internacionales y las poblaciones de los territorios. La norma avanza, el lenguaje se sofistica, los documentos se multiplican, pero la vida en las comunidades periféricas sigue marcada por la falta de infraestructura, una red eléctrica estable, saneamiento, conectividad y políticas territoriales sólidas. Se habla mucho de resiliencia, pero poco de las condiciones materiales e informativas que la hacen posible.

La COP30 abrió un debate importante y necesario: reconoció que la información es un instrumento para la justicia social y climática. Sin embargo, aún vivimos en un mundo donde la velocidad del discurso internacional es infinitamente mayor que la de las políticas públicas. El riesgo es que la COP30 pase a la historia como una reunión importante más que habló de inclusión, pero que no incluyó en la práctica a quienes más sufren la crisis climática. Y sin acción inclusiva, no hay justicia climática posible.

Matheus Ribeiro Pereira es doctor en Comunicación por la Universidad Federal Fluminense (UFF) y máster en Economía Creativa, Estrategia e Innovación por la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (ESPM). Es investigador y consultor en Comunicación Comunitaria en Favelas.

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Las entidades periodísticas han expresado su preocupación respecto a la metodología de acreditación utilizada para el evento. Aunque se enviaron invitaciones a algunos medios, un número significativo de la prensa fue excluido de la cobertura.

Impacto en medios digitales

El principal reclamo de la ANPB y la APSC es que esta práctica de restringir el acceso ha afectado especialmente a diversos medios digitales y plataformas independientes. Estos medios son parte activa y legítima del ecosistema informativo del país.

Derecho a la información

Según el comunicado, esta exclusión limita el principio constitucional de igualdad de acceso a la información. Además, dificulta el ejercicio pleno del derecho a informar y recibir información, que está garantizado por la Constitución y por estándares internacionales de libertad de expresión.

Consecuencias para la democracia

La ANPB y la APSC advierten que restringir el acceso a espacios de debate público sobre el futuro económico del país crea un precedente negativo. Esto afecta la confianza pública y debilita las condiciones democráticas necesarias para un debate plural y un control social informado.

Exhortación a las entidades organizadoras

Las asociaciones exhortan a las entidades organizadoras a que, en el futuro, se tomen todas las medidas necesarias para garantizar una cobertura abierta y sin discriminación para todos los medios de comunicación. Esto incluye a plataformas digitales y medios independientes, como se señala en el comunicado.

Finalmente, instaron a las entidades empresariales a establecer criterios transparentes y equitativos de acreditación. También pidieron reafirmar su compromiso público con la libertad de expresión, en busca de una deliberación democrática, plural y sin exclusiones.

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La ley de Acceso a la Información Pública, vigente en Argentina desde hace siete años, permite a los ciudadanos acceder a información considerada de carácter público. Esta ley ha sido fundamental para revelar comportamientos inapropiados de las autoridades, colaborar en investigaciones judiciales y arrojar luz sobre reuniones de funcionarios públicos.

Restricciones en el acceso a la información

Según el decreto firmado por Milei, ahora se excluye el acceso a información que pertenezca al ámbito privado de los funcionarios o magistrados, especialmente cuando se trata de aspectos típicamente domésticos. Esto implica que la ciudadanía no podrá indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos en la provincia de Buenos Aires, ni cuántos perros acompañan al mandatario.

La Fundación Poder Ciudadano ha destacado que ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que establece la ley sancionada por el Congreso. Además, recuerda que el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales, y que la información está en manos del Estado pero pertenece a la ciudadanía.

Posibles acciones legales y críticas al Gobierno

La Fundación Poder Ciudadano está analizando la posibilidad de llevar el caso a la Justicia para que se declare inconstitucional el decreto. Por otro lado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha rechazado los cambios introducidos por el Gobierno de Milei, argumentando que representan un grave retroceso democrático, desalientan la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurecen la gestión pública.

Fopea también ha alertado sobre la introducción de un artículo que establece indemnizaciones en caso de violación al principio de buena fe por parte de los actores involucrados. El foro recuerda que la información en poder de los órganos públicos debe presumirse como regla que puede y debe ser divulgada, ya que los ciudadanos son los dueños de la información pública y su conocimiento no es una concesión discrecional del gobierno, sino un imperativo normado.

En conclusión, la limitación impuesta por el Gobierno de Argentina al acceso a la información pública ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones civiles y la prensa, quienes consideran que esta medida representa un retroceso democrático y atenta contra los principios de transparencia y participación ciudadana en los asuntos del Estado.

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Salame destacó que Bolivia es uno de los pocos países que no cuenta con una legislación específica sobre acceso a la información, a pesar de que este aspecto es fundamental en un proceso democrático. La senadora explicó que si la población no tiene conocimiento sobre los asuntos relacionados con la vida pública, no puede ejercer plenamente sus derechos.

Un cambio necesario respaldado por diversos sectores

Ante esta situación, Salame resaltó la preocupación de varios sectores de la sociedad boliviana por generar un cambio en este aspecto. Entre los actores que respaldan esta iniciativa se encuentran representantes de derechos humanos, periodistas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Viceministerio de Transparencia, entre otros.

“Hemos construido este proyecto de manera conjunta, esperamos que el Gobierno lo considere como una iniciativa ciudadana y que tenga un impacto positivo. Nuestro deseo es que este proyecto sea aprobado con la bendición de Dios”, declaró la senadora.

Mayor transparencia y participación ciudadana

Por su parte, Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), enfatizó que esta iniciativa implica que las autoridades de todos los niveles del Estado sean más transparentes. Además, una legislación como esta garantiza a las personas una mayor participación en la vida pública y fomenta la confianza en la gestión gubernamental.

Alanes recordó que se han presentado al menos 12 proyectos de ley relacionados con el acceso a la información en el pasado, pero ninguno ha sido tomado en cuenta. Por esta razón, aseguró que todas las instancias involucradas en esta propuesta estarán atentas al proceso legislativo en la Asamblea Legislativa para asegurar su seguimiento constante.

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/HNF/

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Los periodistas que habitualmente siguen las sesiones a través de una cuenta habilitada por el Poder Judicial, fueron excluidos bajo el argumento de que no presentaron acreditaciones ante los responsables de la sala virtual.

La ANP considera que la medida vulnera la libertad de prensa porque impide el acceso a la información de interés público que está protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 21, parágrafo sexto.

Desde la organización que representa a los principales medios impresos de Bolivia, se demandó la inmediata restitución de la libertad de prensa en las audiencias judiciales del caso que involucra a la expresidente Añez, y de otras causas, porque la primera obligación de los administradores de justicia es respetar el derecho constitucional de periodistas y medios para acceder a la información.

“Antes de iniciarse la audiencia, me identifiqué como periodista del diario El Deber ante el Secretario de Sala y le recordé que era un acto público. Minutos después escuché a uno de los jueces que decía que los medios debían acreditarse, y luego me sacaron de la audiencia”, informó a la Unidad de Monitoreo de la ANP el editor del medio impreso en Santa Cruz de la Sierra, Marcelo Tedesqui.

El periódico Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba pidió la permanencia de su acreditado durante toda la audiencia, “pero el
reportero de este medio fue sacado de la sesión”, denunció el diario en su portal web.

Otros medios afectados por la restricción fueron Correo del Sur de Sucre y Página Siete de la ciudad de La Paz, según informaron sus responsables a la ANP. Los periodistas tuvieron que acudir a las versiones de los abogados del caso a la finalización de la audiencia.

/Fuente ANP/

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Esta información fue solicitada desde fines de mayo, por la Agencia de Noticias Fides (ANF). En primer lugar se gestionaron entrevistas con las autoridades pertinentes mediante la Unidad de Comunicación, sin embargo no hubo respuesta.

El derecho de acceso a la información para cualquier persona, sin distinción, está garantizado en el Decreto Supremo 27329 de 2004 y el artículo 21, numeral 6 de la Constitución Política del Estado (CPE).

El Decreto Supremo 27329 de 2004 reconoce el respeto al acceso a la información a todas las personas, con el propósito de buscar, recibir, acceder y difundir información pública, como un derecho y un requisito indispensable para el funcionamiento y fortalecimiento de la democracia.

En el inciso “b” del mismo Decreto, indica que el acceso a la información debe ser asegurado a todas las personas sin distinción, porque provee el insumo básico para el ejercicio de su propia ciudadanía.

Asimismo, en el Artículo 21 y numeral seis de la CPE, da a conocer la posibilidad de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

Después de la insistencia, el 11 de junio se coordinó vía WhatsApp con el responsable de la agenda en medios de comunicación del Ministerio de Salud, Luis Navia, para la entrevista. No obstante, el 13 de junio se confirmó que la autoridad encargada de brindar la entrevista sería el viceministro de Sistemas Sanitarios, Álvaro Terrazas para el 14 de junio, Navia se comprometió en confirmar la hora.

Posteriormente, a las 15:17 horas del 14 de junio informaron que Terrazas estaba de viaje en Cochabamba y que no era posible llevar a cabo el encuentro, sino al día siguiente es decir el 15 de junio.

A requerimiento de la cartera de Salud, la agencia ANF llenó un formulario sobre el contenido que se abordaría en la entrevista, ahí se explicó que el tema de interés eran las vacunas, cantidad de dosis, datos sobre vacunados con primeras y segundas dosis, dosis disponibles a nivel nacional y distribución de los inoculantes a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes).

El 15 de junio, Navia se excusó y señaló que “para agencias de noticias estaba coordinando Iván Ayaviri”, el actual responsable de Comunicación del Ministerio de Salud. Pese a que el 10 de junio en el grupo oficial de Salud se informó que Navia ejercía ese cargo.
Ante la respuesta negativa de dicho ministerio y sus representantes, el 17 de junio desde la dirección del medio de comunicación se enviaron dos cartas dirigidas al viceministro de Sistemas Sanitarios, Álvaro Terrazas y a la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Reneé Castro, requiriendo la información sobre vacunas, la cual es de interés público.

El 29 de junio se volvió a insistir y enviar las cartas hasta el Ministerio de Salud, pero tampoco hubo respuesta de ninguna de las autoridades. Lamentablemente, hasta la fecha no existe ninguna contestación.

/MDCB

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El Ministerio de Justicia ha presentado el 29 de enero un texto a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, que está formado también por el Ministerio de Gobierno, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), según informó Lima en contacto con Erbol.

Lima indicó que dicho Consejo debe hacer llegar al Ministerio de Justicia sus observaciones y que a partir de esa fecha se tendrá otros cinco días para concluir un anteproyecto de ley y remitirlo a las instancias correspondientes.

“Ya esperemos que este mes se vuelva anteproyecto y podamos ya difundirlo a nivel social y con ustedes (medios de comunicación) de la ley de acceso a la información pública”, manifestó el Ministro.

El derecho a la información es un derecho de los ciudadanos y solamente puede estar restringido de manera temporal, nunca definitiva, en casos de seguridad nacional o de defensa de los intereses del país, comunicó la autoridad.

/RMMP/

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Estos planes solidarios deben ser difundidos en medios de comunicación masiva, teniendo una duración de 120 días después de su divulgación.

Otros aspectos que contempla la Ley son que, para el sistema pre-pago establece que los proveedores de servicio móvil y acceso a internet, deberán duplicar el crédito a momento realizar una recarga, siendo un monto máximo de beneficio de  320 bolivianos y una vigencia de 30 días.

En el caso de la modalidad post- pago, las empresas que brindan este servicio deberán aumentar el 10 % de los minutos libres en llamadas y también los megabytes (MB) mensualmente, según el plan de contrato que tengan con sus clientes.

En el caso de que algún usuario de esta modalidad pase al plan pre pago, se aumentará el 50 % de los minutos libres mensuales del contrato.

Esta norma busca que los bolivianos puedan tener mejor acceso a la información y educación virtual, facilitando el trabajo y las clases educativas en esta temporada de cuarenta que atraviesa Bolivia para combatir el Covid-19.

/VEGA/

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