Esta información fue comunicada al abogado Abel Loma, quien es el denunciante de la supuesta corrupción y coimas vinculadas a dicho Ministerio. Según lo indicado, la OLAF tomó la decisión de abrir la investigación en diciembre de 2023.

Detalles de la denuncia

Abel Loma, quien representa a Claudia Cortez, una testigo que ha revelado presuntas coimas entregadas al exministro Juan Santos Cruz, actualmente detenido por corrupción, está trabajando en este caso.

El jurista ha señalado que, junto a Cortez, buscarán establecer si los proyectos mencionados por la OLAF son los mismos en los que la testigo tiene conocimiento de la entrega de coimas.

Coordinación con el gobierno

Loma anunció que su primer paso será coordinar con el gobierno boliviano. Para ello, enviarán una nota que incluirá una copia de la información relevante, con el objetivo de explorar una posible vía de colaboración.

En caso de no recibir respuesta, el abogado procederá a enviar la información requerida directamente a la Unión Europea.

Proyectos en investigación

La OLAF está investigando tres programas que están relacionados con el saneamiento, el agua potable y la gestión integral del agua en áreas tanto urbanas como rurales.

Además, la agencia ha solicitado información adicional que pueda ser proporcionada por la testigo para ayudar en la investigación.

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La Fiscalía informó que no se pudo dar con el paradero de la testigo, por lo cual se estaba requiriendo su declaratoria en rebeldía y se tomaron recaudos para evitar que salga del país.

Loma explicó que la testigo Claudia Cortez registró un domicilio en la calle Alto de la Alianza de La Paz, pero la notificación se hizo en una calle del mismo nombre en Santa Cruz. Asimismo, aclaró que no está desaparecida y no han atentado contra su vida y ella está con la misma predisposición para colaborar y esclarecer este caso.

La testigo reveló públicamente haber gestionado el pago de millonarios sobornos por adjudicación de obras y entregado el dinero a Juan Santos Cruz, quien era Ministro de Medio Ambiente y ahora está detenido por este caso.

El abogado considera “una mala señal” que la Fiscalía no otorgue estatus de testigo protegido o colaboración eficaz hacia Cortez y amplíe las investigaciones en su contra.

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Loma es abogado de la exviceministra, Aurea Balderrama, quien en 2021 denunció a Quelca de haber instruido mediante WhatsApp a un funcionario que perjudique o favorezca a determinados postulantes a cargos directivos en el sistema educativo, incluso mandándoles los exámenes con anticipación.

Después que la Fiscalía sobreseyó a Quelca, el abogado denunciante aseveró que en su momento hubo protección de altas autoridades del Gobierno hacia el exministro.

“Primero por responsabilidad política hemos acudido a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, posterior a eso se ha contactado la viceministra (Balderrama) con el señor presidente Luis Arce que no quiso escuchar el caso”, expresó  Loma.

Además, el abogado relató que se solicitó al entonces Comandante policial, Jhonny Aguilera, que se secuestre el celular del funcionario al que presuntamente Quelca enviaba las instrucciones.

“El comandante general Aguilera estaba dispuesto a hacer un operativo para secuestrar y aprender a este sujeto por lo tanto, también aprehender y secuestrar el teléfono celular del señor Adrián Quelca. Nos convoca al Ministro de Gobierno en ese momento y resulta que el señor Eduardo Del Castillo decide no hacer el operativo. El señor Eduardo Del Castillo ha encubierto al señor Adrián Quelca”, aseveró.

El jurista también indicó que se envió el caso al Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia para que investigue, pero también se presume protección. 

“El señor Adrián Quelca recibió  protección desde el señor Eduardo Del Castillo, la Ministra de la Presidencia y el Ministerio de Justicia para que no se investigue y, en la medida de nuestras posibilidades, pues nosotros haremos conocer esto en una denuncia si corresponde”, manifestó Loma.

Entre tanto, instó a que Aguilera, Montecinos y Del Castillo aclaren la situación ante la opinión pública y sean convocados en este proceso a declarar.

DEL CASTILLO

Por su parte, el Ministro de Gobierno aseveró que no conoce al abogado Loma.

Declaró que “la Policía Boliviana no puede estar encontrando gente en la calle, quitándole los teléfonos celulares”, puesto que existe un procedimiento emanado por la justicia boliviana y la normativa legal vigente para realizar las requisas.

“Estas aseveraciones faltan completamente a la verdad”, respondió la autoridad.

Del Castillo agregó, además que el Ministerio de Gobierno no investiga casos de corrupción, puesto que ese tema corresponde a otra cartera. 

/ABH

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El abogado de la viceministra de Educación Superior, Abel Loma, indicó que luego del actuado procesal se habría secuestrado documentos y una computadora, además denunció que funcionarios intentaron obstaculizar la labor policial.

“Se habría filtrado de manera anticipada los exámenes a diferentes postulantes a nivel nacional. Al ver la pasividad y el incumplimiento de deberes del ministro, de la unidad de asuntos jurídicos, así como de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, la viceministra Aurea Balderrama, a efecto de evitar responsabilidades, hace la denuncia ante el Ministerio Público”, explicó Loma.

El caso saltó a la luz luego de que se publicaran investigaciones de prensa sobre “tráfico de exámenes” para beneficiar a militantes del Partido Comunista de Bolivia (PCB) en altos cargos de unidades educativas e institutos de formación.

Hasta el momento, existen dos acusados en el caso, el actual ministro de Educación, Adrián Quelca, y el exdirector de Educación Técnica, Agustín Tarifa.

/GFS/

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