A pocos días de la celebración del Carnaval de Oruro, el Concejo Municipal ha aprobado una ley excepcional que prohíbe de manera explícita la venta de asientos y graderías durante el Último Convite y el Anata Andino. Esta medida busca frenar la reventa, los precios excesivos y la especulación en el uso de espacios públicos a lo largo de la ruta de la festividad.
La normativa fue sancionada en una sesión ordinaria y establece un régimen temporal de control sobre la venta de asientos y graderías. El objetivo es garantizar un acceso equitativo de la población al Carnaval de Oruro, que ha sido declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
Prohibición de venta de asientos
Uno de los aspectos más destacados de la ley se encuentra en el artículo 9, que establece la prohibición total de la venta de asientos y graderías en espacios públicos durante el desarrollo del Último Convite y el Anata Andino.
Según el Concejo, los metros lineales que se asignan a los vecinos solo están habilitados para el sábado de peregrinación y el domingo de Carnaval, pero no para estas actividades previas.
Debate en el Concejo Municipal
El presidente del Concejo Municipal, Samuel Mendizábal, explicó que esta disposición fue uno de los temas más debatidos durante la discusión de la norma. Esto se debe a las denuncias recibidas sobre cobros indebidos en estas fechas. “La ley es clara: esos días no se pueden cobrar. Se busca evitar el uso y abuso en la venta de asientos”, afirmó.
La ley municipal tiene como objetivo principal controlar y fiscalizar la comercialización de graderías. Esto incluye evitar la reventa, la intermediación no autorizada y la especulación de precios.
Controles y sanciones
En este contexto, se prohíbe la venta de asientos a precios superiores a los que fijará el Órgano Ejecutivo Municipal, así como cualquier forma de reventa con fines de lucro.
Además, se establece que la Alcaldía deberá reglamentar precios diferenciados según el sector y la ubicación. También se ejecutarán controles a través de las unidades competentes.
En caso de incumplimiento, la norma contempla sanciones progresivas. Estas incluyen multas económicas en UFVs, el decomiso de asientos en casos graves o reincidentes, y la inhabilitación para futuras adjudicaciones de metros lineales. Esto impediría a los infractores acceder a espacios en gestiones posteriores.
Sistema digital de control
Asimismo, se dispone la implementación de un sistema digital obligatorio de registro de adjudicatarios. Esto tiene como fin transparentar la asignación de espacios y facilitar los controles.
Mendizábal informó que la ley fue enviada al Ejecutivo Municipal para su promulgación, que debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas. Si no se cumple, el Concejo Municipal podrá proceder con la promulgación directa, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Reacciones de las juntas vecinales
Desde la contraparte vecinal, el presidente de la Junta Vecinal de la Avenida 6 de Agosto, Adolfo Gutiérrez, cuestionó la aprobación de la ley y la calificó como tardía. Señaló que los concejales debieron regular estos aspectos con anticipación y no a horas de actividades clave del Carnaval.
Gutiérrez defendió los precios de los asientos en su sector, explicando que estos varían según la ubicación y las filas. También mencionó los costos adicionales que deben asumir los vecinos, como limpieza, seguros y contratación de armadores.
El costo real por metro lineal supera los 2.000 bolivianos, considerando las inversiones realizadas con meses de anticipación.
El dirigente también apuntó a una presunta campaña de desprestigio contra el Carnaval de Oruro y pidió que los controles se enfoquen en las empresas y grandes revendedores. “A nosotros nos tienen plenamente identificados. Que la autoridad haga su trabajo y controle donde corresponde”, manifestó.
