La discusión sobre ECEBOL debe abrir el debate sobre la autonomía regional, la departamentalización de las empresas estratégicas y la urgente necesidad de construir una agenda de desarrollo para Oruro.

Las recientes declaraciones que sugieren la posibilidad de incorporar intereses ajenos al departamento en la administración de ECEBOL Oruro han puesto en evidencia la necesidad de reafirmar principios fundamentales de autonomía territorial, desarrollo regional y racionalidad administrativa, más allá de propuestas coyunturales que parecen desconocer la ubicación, naturaleza e impacto de esta empresa estratégica, corresponde abrir un debate serio sobre el papel que debe asumir Oruro en la conducción de sus principales activos productivos y sobre la urgente necesidad de construir una agenda departamental de desarrollo capaz de defender los intereses de la región.

ECEBOL constituye una de las inversiones industriales más importantes establecidas en territorio orureño, su emplazamiento en territorio del municipio de Caracollo representa una oportunidad estratégica para generar empleo, fortalecer las cadenas productivas, dinamizar la economía regional y consolidar un proceso de industrialización que durante décadas ha sido una aspiración legítima de los orureños.

Sin embargo, este debate también pone al descubierto una realidad preocupante, la ausencia de liderazgo y de políticas públicas departamentales orientadas a la defensa y aprovechamiento de los activos estratégicos de Oruro, mientras desde otros departamentos se formulan propuestas sobre el futuro de una empresa emplazada en territorio orureño, la Gobernación de Oruro permanece ausente de una discusión que debería estar liderando.

La defensa de los intereses regionales no puede depender de iniciativas externas ni de reacciones circunstanciales, una Gobernación comprometida con el desarrollo departamental debería haber impulsado hace tiempo una estrategia para vincular ECEBOL con una agenda de industrialización, generación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales y desarrollo productivo, la ausencia de estas políticas públicas explica, en gran medida, la vulnerabilidad institucional con la que hoy Oruro enfrenta este tipo de debates.

Desde el punto de vista jurídico e institucional, la Constitución Política del Estado reconoce la autonomía como un instrumento destinado a fortalecer la capacidad de decisión de las entidades territoriales autónomas sobre asuntos vinculados a su desarrollo económico y social, asimismo, los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y desarrollo equilibrado obligan a que las decisiones públicas respondan prioritariamente a los intereses de los territorios directamente involucrados.

En consecuencia, cualquier discusión sobre el futuro institucional de ECEBOL debe reconocer una realidad elemental, Oruro no puede continuar siendo un espectador en las decisiones relacionadas con una empresa estratégica asentada en su territorio, por el contrario, corresponde avanzar hacia un modelo que fortalezca la participación regional y garantice una mayor vinculación entre la empresa y los objetivos de desarrollo departamental.

En este contexto, resulta necesario abrir un debate nacional sobre la vigencia del Decreto Supremo N.º 590. Dicha norma respondió a una coyuntura histórica determinada y a una lógica de administración centralizada previa al desarrollo pleno del régimen autonómico, hoy corresponde evaluar su derogación y la construcción de un nuevo instrumento normativo que reconozca una participación decisiva de Oruro en la conducción estratégica de ECEBOL.

La departamentalización de ECEBOL debe entenderse como una medida destinada a fortalecer la eficiencia institucional, la responsabilidad territorial y la articulación de la empresa con las necesidades de desarrollo regional, no se trata de una confrontación con el nivel central del Estado, sino de una adecuación necesaria a la realidad autonómica vigente y a los legítimos intereses del departamento que alberga sus operaciones.

Asimismo, corresponde analizar la conformación de una instancia de participación institucional integrada por la Universidad Técnica de Oruro, la Gobernación de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo, la Universidad aportaría conocimiento técnico y capacidades de investigación; la Gobernación, planificación y articulación regional; y el Municipio de Caracollo, representación territorial y control social, este esquema permitiría construir una visión estratégica de largo plazo para una empresa que debe convertirse en motor del desarrollo regional.

No obstante, la discusión sobre ECEBOL debe servir para poner en evidencia una problemática mayor, la ausencia de una agenda regional de desarrollo. Oruro necesita una estrategia que impulse la consolidación del Corredor Bioceánico, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la industrialización de los recursos mineros, el aprovechamiento integral del potencial económico del Salar de Coipasa, la promoción del turismo y la generación de condiciones favorables para la inversión y el empleo, la ausencia de estas políticas públicas explica en gran medida el rezago relativo que enfrenta el departamento frente a otras regiones del país. Mientras otros territorios construyen agendas de desarrollo y defienden activamente sus intereses estratégicos, Oruro continúa reaccionando a iniciativas externas en lugar de liderar su propio destino.

La autonomía departamental no puede limitarse a una declaración constitucional, debe traducirse en liderazgo político, capacidad de gestión, planificación estratégica y defensa efectiva de los intereses regionales, esa es precisamente la discusión de fondo que debería emerger a partir del debate sobre ECEBOL.

La región no necesita tutelajes externos ni propuestas alejadas de la realidad territorial, necesita autoridades capaces de liderar una visión de futuro, defender los intereses departamentales y construir una agenda de desarrollo que permita a Oruro aprovechar plenamente su potencial económico, productivo y geopolítico.

Hoy más que nunca, el desafío no es discutir quién administra ECEBOL desde fuera de Oruro, el verdadero desafío consiste en construir las condiciones institucionales, normativas y políticas para que esta empresa se convierta en una herramienta al servicio del desarrollo regional y para que Oruro asuma, finalmente, el protagonismo que le corresponde en la definición de su propio destino.

* José Luis Toco
Ex viceministro de energías alternativas

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Los recientes acontecimientos políticos y sociales que atravesó Bolivia, marcados por prolongados bloqueos, acuerdos condicionados y la posterior declaratoria de Estado de Excepción, han puesto en evidencia las debilidades estructurales del país y la necesidad de replantear el rumbo del desarrollo nacional.

La crisis dejó al descubierto un preocupante escenario de fragilidad institucional, la aceptación de plazos y compromisos impuestos bajo presión, como el plazo de 90 días acordado con la Central Obrera Boliviana (COB), genera interrogantes sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad y conducir las políticas públicas con independencia y visión estratégica, se trata de un precedente que merece una profunda reflexión democrática, ninguna nación puede construir estabilidad y desarrollo si las decisiones fundamentales terminan condicionadas por mecanismos de presión sectorial.

A ello se suma la percepción de un gobierno debilitado, con dificultades para ejercer liderazgo político y autoridad efectiva en momentos complejos, mientras Bolivia enfrenta desafíos económicos cada vez más exigentes, el país continúa atrapado en conflictos recurrentes que postergan las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento, inversión y empleo, sin embargo, toda crisis también representa una oportunidad y en este contexto, las regiones deben asumir un papel más activo en la construcción de soluciones y propuestas de futuro.

Por ello, es hora de poner en marcha la Agenda Regional de Oruro, que durante años, diversas iniciativas, proyectos y planteamientos estratégicos fueron debatidos por instituciones, profesionales, universidades y sectores productivos del departamento, sin embargo, muchas de estas propuestas quedaron relegadas por la coyuntura política o por una excesiva dependencia de decisiones adoptadas desde el nivel central.

Hoy, más que nunca, Oruro necesita recuperar una visión propia de desarrollo y proyectarse como uno de los departamentos estratégicos de Bolivia, el primer componente de esta agenda debe ser la integración plena al océano pacífico, la ubicación geográfica de Oruro constituye una ventaja competitiva extraordinaria para consolidar corredores de comercio internacional y fortalecer la conexión de Bolivia con los mercados del Asia-Pacífico, la integración regional ya no debe entenderse únicamente como una aspiración geopolítica, sino como una política concreta de desarrollo económico y generación de oportunidades.

En ese contexto, resulta fundamental retomar el debate sobre la creación de una Zona de Libre Comercio, capaz de atraer inversiones, promover actividades productivas, fortalecer la logística regional y convertir a Oruro en una plataforma estratégica para el comercio nacional e internacional.

Otro de los pilares fundamentales de esta agenda es el turismo, Oruro posee un patrimonio cultural reconocido mundialmente, además de una riqueza histórica, arqueológica, arquitectónica y natural que puede convertirse en una fuente permanente de desarrollo económico, la consolidación de una política turística integral permitiría diversificar la economía departamental y generar nuevas oportunidades para miles de familias.

Asimismo, el desarrollo departamental y municipal debe convertirse en una prioridad estratégica, el enorme potencial turístico, científico, ambiental y productivo ofrece oportunidades excepcionales para posicionar a Oruro como un referente nacional e internacional en materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

A ello se suma uno de los desafíos más importantes para Oruro; el litio, la transición energética mundial está transformando la economía global y generando una creciente demanda de recursos estratégicos, en ese escenario, Oruro tiene la oportunidad histórica de participar activamente en la nueva economía del conocimiento y la energía, sin embargo, el desafío no consiste únicamente en extraer recursos naturales, el verdadero objetivo debe ser avanzar hacia la industrialización del litio, la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de capital humano especializado, el desarrollo de cadenas de valor permitirá que la riqueza generada por estos recursos se traduzca en empleo, inversión y bienestar para la población.

La Agenda Regional de Oruro también debe incorporar infraestructura estratégica, energías renovables, fortalecimiento de las autonomías, desarrollo empresarial, innovación tecnológica y una mayor articulación entre el sector público, privado y académico.

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El momento actual exige abandonar la lógica de la administración permanente de crisis y comenzar a construir una visión compartida de futuro, Oruro no puede limitarse a reaccionar frente a las decisiones nacionales; debe convertirse en protagonista de una nueva etapa de desarrollo regional, la integración al Pacífico, la consolidación de una Zona de Libre Comercio, el fortalecimiento del turismo, el desarrollo del Salar de Coipasa a través de la industrialización del litio constituyen pilares sobre los cuales puede edificarse una estrategia moderna y sostenible para las próximas décadas.

Mientras Bolivia debate cómo superar los problemas del presente, Oruro debe comenzar a construir las oportunidades del futuro, es hora de poner en marcha la Agenda Regional de Oruro, no como una consigna coyuntural, sino como un compromiso colectivo para convertir al departamento en un eje de integración regional, desarrollo económico, innovación y progreso para todo el occidente boliviano.

* José Luis Toco
Ex Viceministro de Tecnologías Energéticas

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Por Ronald Nostas Ardaya

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debería ser el espacio donde convergen la representación ciudadana, la deliberación democrática y la construcción de consensos. Sin embargo, adolece de una crisis profunda que ha desgastado su propia institucionalidad: no legisla con idoneidad, no fiscaliza con eficiencia, ni representa genuinamente los intereses de la sociedad.

Su debilitamiento extremo se produjo en casi 20 años de gobierno hegemónico del MAS, que convirtió al Poder Legislativo en una instancia subordinada para aprobar leyes sin análisis, debate ni responsabilidad, que limitó sus prerrogativas y precarizó la función parlamentaria hasta desnaturalizar su rol dentro del Estado.

El primer síntoma de su crisis son sus resultados. Según datos de la propia ALP, actualmente tiene en tratamiento 984 Proyectos de Ley. En casi siete meses de gestión logró sancionar solo 47 leyes. En 2024, sobre 945 proyectos de ley que estaban pendientes en ambas cámaras, únicamente 90 fueron sancionados. Más del 50% de los proyectos en tratamiento son intrascendentes, ajenos al interés nacional o incluso regresivos. Esto significa que la mayor parte del tiempo, los recursos y la atención del Legislativo se dedican a iniciativas que, por definición, no debieron ocupar ese lugar.

La función de fiscalización está igualmente erosionada. En 2024, entre ambas Cámaras emitieron 2.974 peticiones de informe oral y escrito a diferentes instancias del Estado; solo 1.923 fueron respondidas. En lo que va de la gestión 2026, la Cámara de Diputados presentó 350 peticiones de informe escrito, de las cuales únicamente el 14% obtuvo respuesta. Las peticiones carecen de cualquier consecuencia vinculante. La censura a un ministro no ha derivado en los últimos años en la remoción de ninguna autoridad, porque el Ejecutivo simplemente ignora las decisiones de la Asamblea.

A esto se suma un distanciamiento creciente de la sociedad civil. Existen mecanismos de consulta que deberían activarse de manera sistemática antes de aprobar leyes, pero su uso es arbitrario y depende del cálculo político de las comisiones. La consecuencia más visible son los conflictos sociales e incluso la anulación posterior de leyes aprobadas sin consenso adecuado. Pero su costo es mayor: se construyen leyes inaplicables, que no se cumplen y terminan aumentando la burocracia y la informalidad.

Detrás de estos síntomas hay una causa poco visible. Un número significativo de parlamentarios muestra deficiencias serias en el conocimiento de las funciones y responsabilidades de su cargo; en casos extremos, se evidencia el desconocimiento de leyes y principios constitucionales elementales. A esto se añade la ausencia de una política legislativa y de una planificación estratégica que articule la agenda parlamentaria con un plan de desarrollo de mediano plazo. Sin esa brújula, cada bancada y cada parlamentario presenta proyectos según su propio criterio o interés político.

Otro problema está referido a la representación paralela. La ALP tiene 166 parlamentarios suplentes, cuya función debería limitarse a reemplazar al titular cuando este no pueda sesionar. En los hechos, votan, presentan proyectos de ley y fiscalizan de forma independiente, llegando en ocasiones a contradecir las posiciones de su propio titular. Han conformado grupos paralelos que se utilizan para desequilibrar votaciones relevantes. Es una figura mal diseñada que termina multiplicando actores con capacidad de decisión real sin la responsabilidad directa de haber sido electos para ejercerla. Algo similar ocurre con los supraestatales: nueve diputados con responsabilidades difusas, desarticuladas de la política exterior del Estado y sin voz ni voto en la Asamblea.

También es evidente la fragilidad del vínculo entre el parlamentario y la fuerza política que lo llevó al cargo. En las últimas gestiones, un número considerable de legisladores se ha declarado independiente o se ha distanciado de su partido de origen, votando en sentido contrario a su bancada. Varios elegidos por la oposición han terminado respaldando al oficialismo sin que el transfugio conlleve sanción alguna.

Bolivia no carece de diagnósticos sobre su crisis, propuestas para enfrentarla o consensos sobre la necesidad de reconstruir su institucionalidad. El problema es un sistema legislativo que no logra procesar esas decisiones al ritmo que la urgencia exige.

Nuestros conflictos no podrán resolverse mientras el Parlamento siga atrapado en la improvisación, la fragmentación y la ineficiencia. Por eso su transformación ya no constituye una opción, sino una necesidad estratégica para la democracia y una condición indispensable para la gobernabilidad.

Esto pasa por construir un Legislativo legítimo, profesional, transparente, responsable y conectado con la sociedad. Solo así será posible aprobar las grandes reformas que exige el futuro de Bolivia y restablecer la capacidad del Estado para responder eficazmente a los desafíos del desarrollo.

Industrial y ex Presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia

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Sobre una exposición atípica que se escapa de lo convencional, en un espacio monumental de la historia del arte boliviano.

El año 2013, un joven inquieto graduado de Bellas Artes en La Plata, Argentina, migró a Bolivia para comenzar todo de nuevo. Fue en esta tierra donde abrió sus alas como artista plástico, formó una familia y encontró cómplices como Keiko Gonzáles; en suma, aquí terminó de madurar, afirma él mismo. También desarrolló una sensibilidad peculiar, la de alguien que afina su percepción en un entorno que no le es del todo familiar, “soy un poco bicho raro, en el sentido de que aparecí de la nada en otro contexto”. Su nombre es Matías Paradela, alias The Kid Grande, y entre 2018-2025 ha posicionado una de las iconografías más reconocibles del arte boliviano reciente, haciendo de sus coloridas garrafas aplanadas de GLP una marca registrada.

Del periodo que atraviesa actualmente –digamos provisionalmente el periodo postgarrafa– podría decirse que inició el año 2024 con la exposición No culpes a la noche (Kiosko Galería), y ha continuado con su más reciente exposición Disectario (Museo Nacional de Arte, La Paz), que estuvo vigente hasta el pasado 17 de junio. Es una etapa en la que los objetos comienzan a descomponerse y la pintura adquiere mayor autonomía formal. Son obras, pintadas específicamente para la exposición en el MNA, donde el artista quisiera hacer sentir la cualidad escultórica de la pintura, la cercanía táctil.

En esta serie Disectario, Paradela enfatiza la exploración de las posibilidades materiales del óleo, en una época de escasez de óleo en Bolivia. Él mismo tocó el tema en una amena entrevista que le hizo el periodista Jimy Vásquez en Radio París France (lunes 25 de mayo), donde se expresó así:

“El tema del color es potente, con esto de la escasez del óleo, porque tenés que lidiar con los colores que quedan –los más odiados entre todos los pintores– son los que nadie compró, entonces ¿qué haces con eso?, ¿cómo los combinás?, ¿cómo jugás con eso?, y a su vez ¿cómo le das un sentido e impacto a esos colores? Siento que en esta exposición tuve que quebrar los colores también, mezclando puestos, cancelándolos, haciendo grises cromáticos, y he descubierto que el color es muy potente cuando está rodeado de cierta oscuridad, de cierto gris. Si tú usas todos los colores al mismo tiempo, tienes un impacto inicial, pero luego tu ojo se cansa. En cambio si pones al color, lo aíslas, o lo pones en una situación de cierta soledad, tiene más potencia, como un acento.” (Paradela, 2026).

La organización

Conviene traer a colación dos cuestiones más para a una aproximación a esta exposición: una que, en cierto momento, Matías Paradela fue profesor de morfología en diseño industrial; él valora cómo el diseño te enseña que detrás de cada objeto hay una idea, una persona…, “y hay toda una cultura que atraviesa ese objeto, más que materia, los objetos son testigos de nuestras vidas también”. (Paradela, 2026). La otra cuestión, más crucial en este apartado, es que nuestro artista proviene del mundo de la música, en lo que era su anterior vida en Argentina:

“hacía tapas de discos y afiches para bandas en La Plata. Entonces, viví el detrás de escena, también una banda requiere tener más organización que un pintor. Hay mucha comunicación en los bares, los teatros, hay que mover gente, convocar, organizar, ¿viste? ¿Quién va a llevar el alcohol, cómo se va a vender, las entradas, quién va a estar ahí? Así que me nutrí un montón de ese ámbito. Y en La Plata, sobre todo, hay una mística que se siente, ¿viste? Los Redondos, Virus… alguien podría ser el próximo Lucas Prodan.”

Paradela habla de aquella época como una enseñanza para saber confiar en otros a la hora de incluirlos en fases de un proyecto propio. Él mismo en cuanto a su vida de pintor ha ido tomando elementos de una banda de rock. Trabaja con un equipo que se terminó de consolidar para la realización de Disectario, la apuesta más ambiciosa del artista en términos de despliegue de obra, de propuesta museográfica, de peso simbólico institucional de la sala, etc.

En este caso, puede ser didáctico distinguir a Matías Paradela, la persona que ha ido deviniendo un personaje, del proyecto artístico comercial que existe en torno a su producción pictórica, al que podríamos llamar “The Kid Grande”, la marca. Y en torno a este proyecto se ve que supo rodearse de una constelación de interesantes profesionales, con una visión de mover su obra en otros mercados, como México y Estados Unidos.

Después de todo, no hubiera podido cualquier artista, entusiasta y sueltito, lograr sacar adelante una exposición en el Patio de Cristal del Museo Nacional de Arte, un 27 de mayo del año en curso, en medio de la mayor crisis política del actual gobierno, puesto en jaque por una ola de protestas sociales y actos delictivos entremezclados, que forzaron una situación poco transitable en la zona del museo, la famosa Plaza Murillo, que paraba acordonada por la policía. Imagínense un montaje cuando la ciudad estaba cada vez más congelada en su movimiento, con un paro de transporte que se anunció para la misma semana de la inauguración.

Matías habla con mucha gratitud de la labor de su esposa, Yashira Jordán, que desempeña roles de producción ejecutiva y audiovisual en sus exposiciones, además de ser ella directora y guionista de cine boliviano. Habla del aprendizaje intenso que representa en términos de organización y de saber comunicar a un equipo. Y no deja de mencionar a Juan Pablo Cossan, desde México, a quien considera la mente maestra de Disectario en cuanto evento, por haber sido el que juntó las piezas, lo cuenta así:

“Juan Pablo ha sido el director técnico del equipo. Él convocó a los jugadores, hizo toda la comunicación, la línea de producción, los deadlines, que es algo bien abstracto, es como una mente muy particular, ¿viste? Me hacía preguntas, así como: “¿Cuántos tubos de pintura usas?” ¿cuánto tiempo te llevó hacer esto?“ Son preguntas que yo jamás me haría. Y lo baja a tierra, ¿viste? Es como, decís, bueno, ¿cuántos cuadros vas a hacer?” Y al principio elegí 12, terminaron siendo como 35 cuadros. Pero después lo filtramos, el bloqueo en las carreteras filtró unos 15 cuadros. Pero en definitiva está bueno tener esas cabezas bien distintas también.”

En cuanto a la curaduría de la exposición, invitaron a Paige Haran –americana radicada en Hong Kong– que llegó a La Paz en medio de los conflictos y realizó un cuidadoso texto curatorial para la sala. Desde México llegó también la agente de arte de Paradela, Verónica Fernández, dinámica profesional con conexiones en Los Ángeles, California. Toda esta organización es algo poco usual en nuestro medio, por supuesto, pero Paradela sólo expresa su gratitud, y le baja un poco el perfil, no quiere que se vea como algo pretensioso. Es simplemente alguien muy consciente de que Bolivia tiene un mercado pequeño, y la participación de las galerías bolivianas en ferias internacionales no es amplia ni frecuente, de modo que ha encarado el asunto de la pintura de modo profesional, creando no sólo cuadros sino también alternativas. El asunto de Matías es la pintura, es decir, parafraseándolo, el objetivo de pintar es poder seguir pintando. (Paradela, 2024). Cabe mencionarse que este mismo año, ya tuvo su primera exposición individual en Ciudad de México, con la exposición “El camino del dodo”, en la Galería Campeche.

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El asunto de cómo avanzar

A nivel del cuerpo de obra de Paradela, percibo en Disectario algo de un recogimiento táctico del artista. Porque a veces se desarma la maquinaria para entender mejor cómo funciona un organismo, y encontrar nuevos modos de avanzar. En esta muestra invoca el desmembramiento, la observación forense de un cuerpo, pero sin pretender búsquedas metafísicas ni esencialistas. Paradela se mueve, a nivel filosófico, en un plano de la inmanencia. A nivel visual probablemente la serie Disectario no sea la más atractiva visualmente. Pero no creemos que haya evolución en las trayectorias del arte, solamente procedimientos creadores, y mi manera de ver Disectario es como un artificio creado por el artista para impulsarse a avanzar en su obra. Hay que resaltar cómo en esta serie, maneja los colores quebrados, los colores tierras y tonos de arcilla, pero el montaje le permite dar paso a su gusto por los neones, la iluminación más fuerte.

No hay nada que solemnizar en torno a Disectario, porque si hay algo que se encuentra en su misma raíz es el juego. El artista camina en una transición, y echa mano de todas sus inspiraciones: el escarabajo del mexicano Damian Ortega, lecturas como La divina comedia de Dante, los dibujos de Melchor María Mercado, o los videos de John Berger Ways of seeing (1972), entre otros. Una muestra que vino siendo pensada desde hace dos años, y que se ve afectada también por la sensación de inestabilidad, que es el hilo de continuidad en la reciente memoria del país.

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El reiterado discurso de los “más de 500 años de opresión” se ha convertido en una consigna política eficaz, pero profundamente simplificadora. Más que una categoría histórica rigurosa, funciona como un recurso retórico que reduce la complejidad del pasado andino a una narrativa victimista lineal. Esto resulta útil para legitimar posiciones de poder en el presente.

La historia y la visión reduccionista

Sin embargo, la historia no respalda esa visión reduccionista. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos aymaras ya habían sido oprimidos por el sistema del Imperio incaico. Este proceso implicó subordinación, reconfiguración territorial y mecanismos de control que desmienten la idea de un pasado precolonial armónico y libre de dominación. Ignorar esta etapa no es un descuido inocente; es una omisión funcional al discurso político actual.

La pertenencia territorial en el mundo andino

En esa misma línea, la insistencia en una supuesta pertenencia territorial absoluta resulta históricamente insostenible. El mundo andino estuvo marcado por constantes desplazamientos, conflictos e intercambios culturales. No existieron fronteras fijas ni derechos exclusivos en el sentido moderno. Convertir la historia en un argumento de propiedad incuestionable es, en realidad, una estrategia discursiva que busca blindar demandas contemporáneas bajo una apariencia de legitimidad ancestral.

El uso político de la tradición oral

Más preocupante aún es el uso político de la tradición oral. Si bien constituye un pilar identitario valioso, también puede ser moldeada, seleccionada y reinterpretada por liderazgos que encuentran en ella un instrumento de movilización. Así, el pasado deja de ser memoria para convertirse en herramienta de confrontación.

La radicalización del discurso político

En este escenario, no sorprende que algunos dirigentes hayan construido capital político a partir de la radicalización del discurso y la activación permanente del conflicto. La apelación constante al agravio histórico, lejos de generar soluciones estructurales, ha terminado por consolidar liderazgos que dependen del descontento y la confrontación para mantenerse vigentes.

Condiciones de atraso y falta de inversión

El problema es aún más profundo: esta lógica no solo posterga el desarrollo, sino que reproduce condiciones de atraso que afectan directamente a las propias bases sociales que dicen representar. La falta de inversión real en educación, el bajo nivel de escolaridad en amplios sectores y la ausencia de una apuesta decidida por la formación crítica han sido, en muchos casos, funcionales a este modelo de liderazgo. Una población con limitadas herramientas educativas es más vulnerable a discursos simplificados, a la manipulación simbólica del pasado y a la movilización basada en emociones antes que en análisis.

La paradoja de la inclusión y el acceso al conocimiento

En lugar de promover una ciudadanía más informada, crítica y autónoma, ciertos discursos políticos parecen necesitar e incluso perpetuar estas condiciones. El resultado es una paradoja evidente: se habla en nombre de la reivindicación y la inclusión, pero en la práctica se mantienen estructuras que limitan el acceso al conocimiento y reducen las posibilidades reales de progreso.

Cuestionar el uso político del pasado

Cuestionar este modelo no es negar las injusticias históricas, sino denunciar el uso político de esas injusticias como un recurso permanente. Mientras el pasado siga siendo utilizado como herramienta de confrontación y no como base para la construcción de un futuro más equitativo, se continuará atrapado en un ciclo donde la exclusión no se supera, sino que se recicla bajo nuevos discursos para nuevas confrontaciones.

* José Teddy Sanjines Terán
McS en educación superior, Lic. En psicología ex vicerrector Universidad Técnica Privada Cosmos Cobija.

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Para Byung-Chul Han, la “pacificación” no se logra sometiendo a la oposición, sino recuperando el diálogo auténtico y la escucha. Diagnostica que la política actual está “muerta” y vive bajo una ilusión de libertad que nos manipula. Su pensamiento analiza las bases de este control y el camino hacia una verdadera pacificación.

Cómo podrá actuar

Se debe tratar de abrir las puertas para crear la escena de pacificación. Esto se consigue al habilitar la recuperación de la confianza con planes claros e iniciativas francas y reales para rehabilitar la credibilidad del Estado. Así se puede pacificar la inquietud de los movilizados.

Si la respuesta para pacificar es habilitar decretos, imponer fuerza o justificar choques de contención, se logra el efecto contrario.

En nuestro tablero de juego y poder, mueven las fichas tácticas enmarcadas en dejar actuar el descontento, desviando la atención e ignorándolos de tal manera que esto motive abrir los oídos y no hablar, con un llamado abierto a consensuar y buscar resolver las dificultades. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho y estamos sin capacidad para orientar la política en nuestro conflicto.

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Esta posición antagónica agota a la sociedad en un cansancio que aviva las discordias y profundiza las contradicciones. Cada día hay mayores choques violentos, aumentando la desconfianza y el descontrol agudizado.

Esta tendencia se está anidando hacia un desenlace brutal cuyas consecuencias aún no hemos percibido, en contra de la paz y los consensos. Considero que la sabiduría de nuestros instintos debe tomar conciencia para encontrar la salida de esta crisis.

* Franz Tamayo Daza
Analista político, consultor y constructor

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Por Lizett K. Gutierrez L.

Es común ver, casi a diario que nuestra población acude a diferentes redes sociales con el propósito de hacer conocer diferentes tipos de denuncias, desde infidelidades, incumplimiento de obligaciones, agresiones, etc.; unos buscando una respuesta rápida a sus denuncias, otros con el propósito de ejercer una presión pública y otros más simplemente para dañar la reputación de quienes consideran sus verdugos. Muchas de estas denuncias pasan desapercibidas y otras se convierten en casos mediáticos que se viralizan en muy corto tiempo, abriendo la puerta a diferentes tipos de comentarios donde algunos te apoyan, otros te juzgan y otros más te culpan; lo que podría generar un desgaste emocional.

El fácil acceso a las redes sociales ha hecho que deje de ser un foro de debate para convertirse en un foro inmenso de opiniones que genera una comunicación persuasiva, instigando emociones y conductas que la mayoría de las veces van orientadas a buscar el apoyo de una u otra versión, donde el público evalúa una información fragmentada, construyendo una narrativa sin datos y hechos reales, convirtiéndola una verdad inapelable. Lo que en muchas ocasiones ha generado que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales otorguen una respuesta inmediata debido a la presión social que se ejerce.

Sin embargo, lo preocupante de este hecho no es la construcción de narrativas, lo verdaderamente preocupante es que al consolidarse en verdades inapelables pasan a convertirse en un tribunal de justicia, donde los usuarios de estas redes sociales a menudo emiten veredictos de inocencia o culpabilidad inmediata, en un juicio social donde simplemente se evalúan mensajes persuasivos; explicado así, hace un poco más de 60 años por el Psicólogo Muzafer Sherif reconocido como uno de los fundadores de la psicología social. Estos veredictos sociales deberían causarnos gran preocupación, porque ante un poder judicial vulnerable y operadores de justicia que buscan la aprobación social ante la desconfianza de la población en estos, se corre el riesgo que en búsqueda de esta aprobación, sumado a la presión mediática que se ejerce en las redes sociales, debiliten la postura y el raciocinio de los operadores de justicia en casos mediáticos y se corre el riesgo que simplemente se ratifiquen los veredictos sociales en total violación del debido proceso y pisoteando la Constitución Política del Estado.

En un país donde se ha visto debilitado a nuestro sistema de justicia por la injerencia política que en algún momento existió, se corre el riesgo que se debilite aún más con la injerencia digital mediática.

Entre tanto, lo único cierto es que mientras el sistema judicial no recupere la confianza de la población continuaran recurriendo a las redes sociales como un mecanismo de defensa y protección de sus derechos.

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Por José Mateo Gambarte Flores(*)

Un Hat Trick (3 goles) en un partido inicial de un mundial, no deja de ser llamativo y memorable. Hay que reconocerlo. Messi, estuvo en su nivel. Es considerado uno de los mejores futbolistas o quizás el mejor del mundo. Por tanto, no dejan de sorprender los tres goles frente a Argelia y, como consecuencia, mucha gente ya considera al argentino como el mejor de la historia del fútbol.

Incluso Ronaldo Nazario afirma que ya debemos aceptarlo así, extrañamente, olvidando a su compatriota Pelé. Todos están muy deslumbrados por el hat trick y no está mal. Como dice un periodista deportivo, hay que disfrutarlo, disfrutar el momento.

Pero si revisamos la historia (y esto va para la fanaticada joven y para los jóvenes periodistas deportivos también), Edson Arantes do Nascimento, el 24 de junio de 1958 en el mundial de Suecia, a sus 17 años y 244 días se convirtió en el jugador más joven en lograr un Hat Trick en la semifinal contra Francia.

Pero sigamos recorriendo la historia y el 17 de julio de 1930 en el Campeonato Mundial en Uruguay, Bert Patenaude de Estados Unidos logra el primer Hat Trick frente a Paraguay.

Bueno, en la historia de los mundiales, incluyendo el último hat trick de Messi, se han marcado 55 tripletes. Siempre aparecieron buenos goleadores en los mundiales. No debe extrañarnos.

MÁXIMO GOLEADOR

En este momento los máximos goleadores de mundiales serían Miroslav Klose de Alemania y Lionel Messi de Argentina, ambos con 16 goles, luego Ronaldo Nazario con 15, Gerd Muller de Alemania con 14 y Just Fontaine de Francia con 13, Mbappé está, por el momento, con 12 tantos.

Pero ingresemos al recuerdo histórico. Nació en 1993 en Marrakech, Marruecos. Falleció en 2023 con 89 años en Toulouse, Francia. Comenzó en el AS Marrakech en cadete y junior, debutó en senior entre 1950 y 1953. Fue seleccionado varias veces por la liga marroquí. A los 20 años fichó por el Niza francés. Capitaneó el equipo francés en la Copa Mundial Militar en 1957. Con el Niza ganó la Copa de Francia en 1954 y también fue campeón de Francia en 1956.

Estuvo en la Copa Mundial de Suecia de 1958.

Hablamos del Francés JUST FONTAINE que anotó 13 goles en seis partidos. Anotó en todos los encuentros y en el partido por el tercer lugar frente a Alemania convirtió 4 goles. Un poker.

LA DISCUSIÓN

¿Quién es el máximo goleador de los mundiales? Hay dos puntos de vista. Cuando se cuentan los goles en varios campeonatos mundiales las cifras suben y así tenemos a Klose y Messi con 16 dianas. Pero notemos lo siguiente: para lograr su marca Klose necesitó de cuatro mundiales y Messi requiere de seis mundiales.

El otro punto de vista: El francés Just Fontaine logró sus trece goles en UN SOLO mundial y, obviamente, los entendidos consideran que es un récord inalcanzable para los actuales goleadores. ¿Podrá algún jugador igualarlo y superarlo? Tal como van las cosas, parece que no será posible. Y la yapita: ninguno de sus trece goles fue de penal, por si acaso.

Estamos viviendo un bonito mundial. Y nos llamará la atención el buen fútbol, el desempeño extraordinario de muchos jugadores. Habrá muchos goles que denominaremos joyas y obras de arte. Veremos goleadas, empates sufridos y victorias con la mínima diferencia al borde de la angustia. Nos alegraremos por equipos que nos caen simpáticos, desearemos el triunfo de equipos modestos. Descubriremos nuevos héroes, etc. “Qué lindo es el fútbol pibe”, repite el periodista argentino Pablo Stecco. Y lo es y seguirá siéndolo.

El mundial nos da una serie de sensaciones. Vivámoslo, pero no perdamos de vista la historia y recordemos a los héroes del pasado, a los que dieron ejemplo, a los que realizaron hazañas, a los que enseñaron y motivaron, a aquellos que marcaron huella y ya están como leyenda en la eternidad.

(*) Comunicador Social

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La contaminación ambiental constituye uno de los problemas más preocupantes de la ciudad de Oruro. La acumulación de residuos sólidos en calles, mercados y espacios públicos, junto con la escasez de áreas verdes y una limitada cultura ambiental, afecta la salud de la población, la calidad de vida y la imagen urbana. Aunque Bolivia cuenta con un amplio marco legal orientado a la protección del medio ambiente, estos problemas persisten debido, principalmente, a deficiencias en la aplicación y fiscalización de las normas vigentes.

La campaña “Mano a Mano por Oruro Limpio y Verde”, impulsada por la Universidad Técnica de Oruro, permitió identificar que las dificultades no radican en la falta de legislación, sino en la insuficiente implementación de las políticas ambientales. Esta experiencia puso de manifiesto la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades, instituciones y ciudadanía para contribuir a la construcción de una ciudad más limpia, ordenada y sostenible.

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN

La Constitución Política del Estado reconoce la protección ambiental como un derecho fundamental. El artículo 33 establece que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Asimismo, el artículo 34 reconoce el derecho de las personas y las colectividades a participar en la defensa y protección del medio ambiente.

Por otra parte, los artículos 342 y 347 señalan que es deber tanto del Estado como de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales. Asimismo, estas disposiciones establecen la responsabilidad de prevenir, mitigar y reparar los daños ocasionados al medio ambiente.

Sin embargo, pese a estas garantías constitucionales, en Oruro continúan observándose problemas como la acumulación de residuos sólidos, la contaminación de espacios públicos y el deterioro de las áreas verdes. Esta realidad evidencia la brecha existente entre el marco normativo y su cumplimiento efectivo.

LEYES NACIONALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Bolivia cuenta con importantes leyes ambientales destinadas a la protección del medio ambiente. Entre ellas, destaca la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, cuyo objetivo es proteger, conservar y promover el uso sostenible de los recursos naturales, mediante el establecimiento de mecanismos de prevención, control y educación ambiental.

A esta normativa se suma la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y garantiza principios fundamentales, como el derecho a la vida, al agua, al aire limpio y al equilibrio ecológico. Del mismo modo, la Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra promueve la conservación de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

También destacan la Ley Forestal Nº 1700, orientada a la conservación, protección y manejo sostenible de los recursos forestales, y la Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos, que promueve la reducción, reutilización y el reciclaje de residuos sólidos mediante la aplicación del principio de responsabilidad compartida.

A pesar de este amplio marco jurídico, persisten problemas relacionados con el manejo inadecuado de residuos sólidos, las bajas tasas de reciclaje y la insuficiente forestación urbana, lo que evidencia dificultades en la aplicación efectiva de las disposiciones legales y las políticas ambientales.

NORMAS DEPARTAMENTALES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

En el ámbito departamental, se aprobaron normas como el Reglamento Departamental de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2024), orientado a promover una gestión adecuada de los residuos sólidos y a reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Asimismo, el Decreto Departamental Nº 142/2023 establece medidas orientadas a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire mediante la implementación de controles ambientales. Sin embargo, la contaminación por residuos sólidos continúa siendo una preocupación constante, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y coordinación interinstitucional.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

Los gobiernos municipales desempeñan un papel fundamental en la protección del medio ambiente debido a las competencias que les otorga la normativa vigente en materia de limpieza pública, gestión integral de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes y educación ambiental. Por su cercanía con la población, constituyen el nivel de gobierno con mayor capacidad para impulsar acciones preventivas, promover hábitos responsables y garantizar espacios públicos más saludables y sostenibles.

En Oruro destaca la Ley Municipal Nº 064/2018 “Día de la Limpieza”, una iniciativa orientada a fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del entorno urbano y a fomentar la aplicación de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Esta normativa busca generar conciencia ambiental y promover la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía en la conservación de los espacios públicos.

Asimismo, el municipio cuenta con reglamentos y disposiciones complementarias destinados a prevenir la contaminación ambiental, mejorar la gestión de residuos y fortalecer los procesos de educación y sensibilización ambiental. No obstante, los desafíos relacionados con la acumulación de residuos sólidos en diferentes sectores de la ciudad evidencian la necesidad de reforzar la aplicación efectiva de estas normas, así como de consolidar mecanismos permanentes de control, fiscalización y participación ciudadana.

LA EXPERIENCIA DE LA CAMPAÑA “MANO A MANO POR ORURO LIMPIO Y VERDE”

La campaña impulsada por la Universidad Técnica de Oruro permitió identificar que una parte significativa de la contaminación urbana tiene su origen en prácticas inadecuadas de disposición de residuos sólidos, la limitada educación ambiental y la escasa corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios públicos. Esta situación demuestra que los problemas ambientales no solo responden a deficiencias institucionales, sino también a conductas cotidianas que afectan la limpieza y la sostenibilidad de la ciudad.

La experiencia evidenció que la cooperación entre universidades, instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía puede generar resultados positivos cuando existe compromiso colectivo y participación activa de los diferentes actores sociales. Asimismo, puso de manifiesto la importancia de promover una cultura ambiental basada en la prevención, el reciclaje y el respeto por el entorno.

Sin embargo, también se constató que las acciones voluntarias y las campañas ocasionales resultan insuficientes para enfrentar de manera integral la problemática ambiental. Por ello, es necesario complementar estos esfuerzos con programas permanentes de educación ambiental, mecanismos eficaces de fiscalización y control, así como una aplicación rigurosa de la normativa vigente. Solo mediante una acción coordinada y sostenida será posible consolidar cambios de comportamiento duraderos y avanzar hacia una ciudad más limpia, saludable y ambientalmente sostenible.

CONCLUSIONES

El análisis demuestra que Bolivia y Oruro cuentan con una sólida base legal para la protección ambiental, sustentada en los artículos 33, 34, 342 y 347 de la Constitución Política del Estado, así como en la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra, la Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra, la Ley Nº 1700 Forestal y la Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos.

No obstante, la persistencia de problemas como la acumulación de basura, la contaminación urbana, el limitado reciclaje y la escasez de áreas verdes demuestra que las principales dificultades se encuentran en la aplicación y cumplimiento de las normas. La educación ambiental, la participación ciudadana, la coordinación institucional y la fiscalización efectiva son fundamentales para transformar las leyes en resultados concretos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda fortalecer los mecanismos de control y fiscalización ambiental en todos los niveles de gobierno, incrementar la inversión en programas de prevención y mitigación de la contaminación y garantizar el cumplimiento efectivo de las normas vigentes.

Asimismo, es necesario desarrollar programas permanentes de educación ambiental, fortalecer los sistemas de reciclaje, promover la separación de residuos en origen e impulsar campañas continuas de forestación urbana. Finalmente, se deben consolidar alianzas entre instituciones públicas, universidades, empresas y sociedad civil para desarrollar proyectos sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente.

FUENTES:

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ley N.º 1333 del Medio Ambiente.
Ley N.º 071 de Derechos de la Madre Tierra.

Ley N.º 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
Ley N.º 1700 Forestal.
Ley N.º 755 de Gestión Integral de Residuos.
Ley Marco de Autonomías y Descentralización N.º 031.
Ley Municipal N.º 064/2018 “Día de la Limpieza”.

(*) Sebastián Edgar Condomis Santos, es docente y director de Vinculación de la UTO.

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Por Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia(*)

La carretera bloqueada debería ser sinónimo de encuentro. Debería representar progreso, comercio, integración y esperanza. Sin embargo, en algunos momentos de nuestra historia reciente, el camino ha dejado de unir para convertirse en una frontera invisible que separa familias, paraliza economías y condena a miles de personas a la incertidumbre.

Mientras extensas filas de camiones permanecen detenidas bajo el sol, cargadas de alimentos, medicamentos y productos destinados a los mercados nacionales e internacionales, la economía pierde millones que jamás serán recuperados. Las frutas se pudren, los contratos se incumplen, los costos aumentan y la confianza se deteriora. Lo que parecía un conflicto temporal termina transformándose en una herida abierta sobre el aparato productivo nacional.

Pero detrás de las cifras existe una realidad mucho más dolorosa. En medio de las carreteras bloqueadas quedan atrapadas personas comunes: Trabajadores que intentan regresar a sus hogares, estudiantes que buscan llegar a sus universidades, madres con niños pequeños, ancianos que requieren atención médica y enfermos cuya condición no entiende de disputas políticas ni de reivindicaciones sectoriales. Para ellos, el bloqueo no es una estadística. Es una amenaza real.

Las historias de bloqueo en carreteras se repiten con una frecuencia alarmante. Pacientes que no logran llegar a un hospital. Familias enteras obligadas a caminar kilómetros. Viajeros que permanecen durante días en condiciones precarias. Personas que fallecen esperando una solución que nunca llega a tiempo. Cada uno de esos episodios representa un fracaso colectivo que ninguna sociedad debería normalizar.

Mientras tanto, muchos gobernantes observan los acontecimientos desde la distancia burocrática de oficinas climatizadas y conferencias de prensa cuidadosamente preparadas. Las declaraciones sustituyen a las decisiones. Las promesas reemplazan a las acciones. La responsabilidad se diluye entre discursos y acusaciones mutuas. Sin embargo, gobernar implica proteger la vida, garantizar la libre circulación y evitar que la conflictividad destruya el bienestar común.

La inacción también tiene consecuencias económicas profundas. Los inversionistas analizan la estabilidad de un país antes de comprometer recursos. Cuando observan carreteras cerradas, incertidumbre permanente y ausencia de autoridad efectiva, simplemente buscan otros destinos. El capital huye de la imprevisibilidad. El empleo desaparece. La producción se contrae.

No resulta extraño entonces que miles de pobladores decidan emigrar hacia países vecinos. Argentina, Chile, Brasil y otros destinos se convierten en alternativas para quienes buscan oportunidades que su propia tierra no logra ofrecerles. Muchos trabajan durante años lejos de sus familias y envían remesas que sostienen economías locales enteras.

Sin embargo, la historia tampoco termina allí. Cada cierto tiempo, las crisis económicas, los cambios laborales o las dificultades migratorias obligan a muchos a regresar. Vuelven con experiencia, expectativas y deseos de reintegrarse. Lo que encuentran frecuentemente es una economía debilitada, mercados laborales saturados y escasas oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.

Así se configura un círculo perverso: La falta de empleo impulsa la migración; la ausencia de inversiones limita la creación de nuevas oportunidades; la conflictividad desalienta el crecimiento; y el retorno de migrantes incrementa la presión sobre un mercado laboral ya deteriorado.

Las carreteras son mucho más que infraestructura. Son símbolos de la capacidad de una nación para conectarse consigo misma y con el mundo. Cuando permanecen abiertas, permiten que circulen la producción, la inversión y la esperanza. Cuando se bloquean, también se bloquean los sueños de millones de personas.

La verdadera pregunta no es cuánto cuesta un bloqueo en términos económicos. La pregunta es cuánto cuesta en vidas, oportunidades y futuro. Allí se encuentra la dimensión más profunda de una tragedia que ningún país debería aceptar como parte normal de su destino.

(*)Doctor en Economía.
Posdoctoral Currículo, Discurso y Formación de Investigadores.
Académico Nacional e Internacional.

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Por Ronald Nostas Ardaya(*)

Nuestro país está normalizando la frustración. El cansancio acumulado, la decepción repetida y la desazón constante nos han llevado al extremo de dudar de la propia viabilidad de Bolivia como sociedad, como Estado y como nación. El nuevo ciclo de bloqueos irracionales que se sostiene por casi 50 días, no solo deja una economía devastada, sino que produce una sensación de agotamiento colectivo que hace cuestionar cualquier esperanza.

Pese a que es cada vez más profundo, este sentimiento no es nuevo. Desde hace más de un siglo nuestra historia parece una sucesión de fracasos: las guerras perdidas, los gobiernos corruptos, los recursos dilapidados, los últimos lugares en todo. Aprendimos a vernos como víctimas del saqueo colonial, la geografía agreste, la diversidad cultural, la mediterraneidad, la perversidad de nuestros líderes o de las potencias extranjeras. Nuestros historiadores, analistas, políticos y educadores repitieron tanto ese discurso que terminó marcando nuestro destino.

Lo peor es que en ese proceso dejamos de ver la otra parte de lo que somos: una de las naciones más ricas, con más oportunidades en Bolivia y con más potencial del mundo. Poseemos recursos en minería, energía, agua, agropecuaria, territorio y cultura más allá de lo que muchas naciones soñarían. Esos recursos –que la humanidad necesita hoy– además de una vasta geografía y ubicación estratégica, nos hacen únicos.

Sin embargo, nuestra mayor riqueza está en la capacidad de salir adelante en circunstancias enormemente difíciles. Aún en crisis en Bolivia extrema hay emprendedores bolivianos que compiten en mercados internacionales; profesionales decididos a construir; mujeres que han roto barreras culturales centenarias para liderar empresas, comunidades e instituciones; jóvenes indígenas y mestizos que usan la tecnología con la misma soltura que cualquier ciudadano del primer mundo, y que están hambrientos de oportunidades.

Nuestro pueblo es solidario y resiliente de una manera asombrosa. Lo que hemos sobrevivido como sociedad habría quebrado a pueblos con menos temple. Después de cada golpe, nos levantamos. Abrimos el negocio al día siguiente. Sembramos otra vez. Volvemos a mover el país. Esa capacidad de reinvención es quizás el activo más valioso que tenemos, porque los recursos se agotan y las tecnologías cambian, pero la capacidad de nuestro pueblo para sobreponerse y crear es inagotable.

Bolivia no es pobre. Bolivia tiene un problema de conversión. Somos un país extraordinariamente rico que todavía no ha cobrado su herencia. Eso no es un destino: es un desafío de gestión, de institucionalidad, de política económica. Y los desafíos de gestión se pueden resolver.

Nuestro mayor problema es que confundimos la crisis en Bolivia de un modelo con la imposibilidad de un país. Porque cuando un sistema de organización económica agota sus posibilidades, es tentador concluir que el problema es el territorio y la gente, y no las reglas y las decisiones. Nos acostumbramos a medir el país por sus fracasos y a invisibilizar sus éxitos sin pensar que nuestros problemas más graves son solamente escollos a superar.

La verdadera amenaza no es la falta de recursos. Ni siquiera la complejidad de nuestras diferencias. La amenaza más grande es el pesimismo. Cuando una sociedad pierde la confianza en sí misma, comienza a renunciar a sus posibilidades, decide limitar sus sueños y sobre todo elige malos gobernantes y deja su futuro en manos de aventureros e improvisados.

Nos hace falta fe en lo que somos, dejar de dividirnos y empezar a construir en torno a lo que nos une. Eso no significa ignorar nuestros problemas ni negar la realidad. Tenemos desafíos enormes, pero ninguno es insuperable. Por eso quizás la verdadera pregunta no sea si Bolivia tiene futuro: la verdadera pregunta es cuándo decidiremos construirlo.

Los interminables días de bloqueo nos han dejado claro nuestra mutua dependencia. La agropecuaria del oriente necesita el mercado del occidente. El occidente necesita los alimentos que vienen del oriente. Las ciudades necesitan el campo. El Estado necesita de la sociedad y ésta requiere del orden y la protección de las instituciones. Esa certeza nos ha hecho entender que somos un solo país, que tenemos un porvenir común y que no podemos alcanzarlo si no nos aceptamos como un mismo pueblo. Mientras sigamos desconfiando de los otros bolivianos de bien, aquellos que quieren mantenernos en la miseria, la violencia y la frustración van a seguir bloqueando nuestro destino.

Bolivia ha atravesado muchos momentos difíciles y siempre encontró la manera de seguir adelante porque la voluntad colectiva fue mayor. Hoy nos corresponde decidir qué historia queremos contarle a las próximas generaciones: la de un país que se resignó a sus fracasos o la de una sociedad que transformó la crisis en Bolivia en una oportunidad para reconstruirse. El futuro de Bolivia no depende de la suerte. Depende, sobre todo, de nuestra capacidad para volver a creer en lo que somos capaces de lograr juntos.

(*)Industrial y ex Presidente de la Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia

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Por Ascanio J. Nava Rodriguez

I. Planteamiento del problema

El Estado constitucional reconoce y garantiza los derechos de protesta, reunión, asociación y libertad sindical. Sin embargo, tales derechos no poseen carácter absoluto. Su ejercicio encuentra límites en los derechos fundamentales de terceros, en la seguridad pública, en el orden constitucional y en la protección de bienes jurídicos esenciales para la convivencia democrática.

Cuando una medida de presión colectiva deja de constituir una manifestación legítima de protesta y se transforma en una acción sistemática destinada a paralizar el país, impedir la circulación de personas y mercancías, bloquear el acceso a alimentos, medicamentos y servicios de emergencia, utilizar explosivos, destruir infraestructura pública, atacar a las fuerzas del orden o generar terror colectivo para imponer objetivos políticos, nos encontramos frente a un fenómeno jurídico distinto que exige una respuesta normativa diferenciada.

La ausencia de una regulación específica genera vacíos legales que dificultan la adecuada protección de los derechos de la población y la preservación del orden constitucional.

II. Derechos humanos y límites de la protesta

Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen la libertad de expresión, reunión y asociación. No obstante, ninguno de ellos ampara el uso de la violencia, la coerción física, el empleo de explosivos, la privación de servicios esenciales o la imposición de medidas destinadas a someter a la población mediante el miedo.

La doctrina internacional sostiene que la protesta pierde protección reforzada cuando incorpora conductas que lesionan gravemente derechos fundamentales ajenos, especialmente la vida, la salud, la integridad física, la libertad de circulación y la seguridad colectiva.

La libertad de protesta no puede convertirse en un mecanismo de suspensión de derechos de millones de ciudadanos.

III. Configuración jurídica agravada del bloqueo violento

El bloqueo pacífico y temporal no puede equipararse automáticamente al terrorismo. Sin embargo, determinadas formas de bloqueo pueden adquirir una naturaleza jurídica agravada cuando concurren elementos tales como:

Uso de explosivos o armas; organización sistemática para paralizar servicios esenciales; impedimento del tránsito de ambulancias y ayuda médica; intimidación generalizada de la población; destrucción de infraestructura pública; ataques a fuerzas del orden; coacción destinada a alterar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas; generación deliberada de temor colectivo para obtener objetivos políticos.

En tales circunstancias, el bloqueo deja de ser un simple mecanismo de presión y puede convertirse en una forma de violencia política organizada.

IV. Derecho comparado

Diversos Estados democráticos sancionan severamente la obstrucción prolongada de vías estratégicas cuando afecta derechos fundamentales o servicios esenciales. La tendencia comparada reconoce que:

La libertad de protesta no incluye el derecho a sitiar ciudades o regiones; la interrupción de corredores logísticos críticos puede constituir delito; la afectación de servicios médicos de emergencia admite agravantes especiales; la utilización de explosivos transforma la naturaleza jurídica de la conducta; los organizadores pueden responder penalmente por los actos previsibles derivados de la movilización.

La experiencia comparada demuestra que los Estados modernos distinguen entre protesta legítima y coerción colectiva violenta.

V. Propuesta de política criminal

Se propone la creación de una figura penal autónoma de bloqueo violento contra d derechos fundamentales y servicios esenciales. Dicha figura debería configurarse cuando una persona u organización:

a) impida de manera deliberada y prolongada la libre circulación nacional;

b) obstaculice el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos o insumos médicos;

c) afecte servicios de salud, transporte o seguridad pública;

d) utilice violencia, explosivos o intimidación;

e) persiga la imposición de objetivos políticos mediante coacción colectiva.

VI. Responsabilidad individual y colectiva

La responsabilidad penal debe alcanzar: autores materiales; organizadores; financiadores;

instigadores; estructuras organizadas que planifiquen o sostengan las acciones ilícitas.

Ello debe realizarse respetando plenamente el debido proceso y el principio de responsabilidad personal, evitando criminalizar la protesta pacífica o la disidencia política legítima.

VII. Conclusión

El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar simultáneamente el derecho a la protesta y los d derechos a la vida, la salud, la seguridad, el trabajo, la alimentación y la libre circulación. Cuando determinadas acciones colectivas dejan de constituir mecanismos legítimos de reivindicación y se convierten en instrumentos de coerción violenta contra la población, el ordenamiento jurídico debe responder con herramientas adecuadas y proporcionadas.

La finalidad de una legislación específica no debe ser restringir la participación democrática, sino proteger a la sociedad frente a formas de violencia organizada que, bajo la apariencia de protesta, lesionan gravemente d derechos fundamentales y comprometen la estabilidad institucional del Estado.

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Por José Luis Toco (*)

Bolivia atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su historia económica y energética, la disminución de las reservas de gas natural, la necesidad de diversificar la matriz productiva, los desafíos fiscales y la acelerada transición energética mundial obligan al país a replantear su estrategia de desarrollo para las próximas décadas.

En este contexto, resulta imposible hablar del futuro de Bolivia sin referirnos a dos departamentos que históricamente han sido pilares fundamentales de la economía nacional, Oruro y Potosí. Desde los albores de la República, ambos departamentos han contribuido decisivamente al desarrollo del país. Oruro, mediante su histórica vocación minera, metalúrgica, comercial y logística; y Potosí, a través de su extraordinaria riqueza mineral y energética, sin embargo, ambos comparten también una realidad que se ha repetido durante generaciones: enormes riquezas naturales que pocas veces se tradujeron en procesos sostenidos de industrialización, innovación tecnológica y desarrollo regional.

Hoy, Bolivia tiene la oportunidad de cambiar esa historia, según el informe elaborado por el Ing. Jhonny David Atila-Lijeron, el campo geotérmico Sol de Mañana, ubicado en Laguna Colorada del Departamento de Potosí, constituye uno de los recursos geotérmicos más importantes de América del Sur, los estudios desarrollados durante más de cinco décadas identificaron temperaturas cercanas a los 250 grados centígrados y un potencial estimado de aproximadamente 250 MW de generación eléctrica continua. Desde el punto de vista técnico, el recurso existe, ha sido validado científicamente y representa una fuente estratégica de energía limpia, renovable y permanente.

Los antecedentes de este proyecto se remontan a las décadas de 1970 y 1980, cuando se realizaron las primeras exploraciones geológicas en el sudoeste potosino, posteriormente, diferentes gobiernos promovieron estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, programas de cooperación internacional, financiamiento externo, asistencia técnica especializada y diversos procesos de contratación destinados a convertir este recurso en una realidad productiva, sin embargo, más de cincuenta años después de las primeras investigaciones, Bolivia continúa sin una sola planta geotérmica operando comercialmente.

La situación es preocupante porque el problema no radica en la existencia del recurso, el recurso existe y ha sido plenamente confirmado, la verdadera dificultad se encuentra en la ausencia de políticas públicas sostenidas capaces de transformar el potencial energético en desarrollo real, tal como señala el informe, las principales barreras son institucionales, financieras, normativas y técnicas.

Bolivia no cuenta hasta hoy con una Ley de Energía Geotérmica que establezca reglas claras para el desarrollo del sector, la atracción de inversiones, la gestión de riesgos y la planificación de largo plazo, la experiencia internacional demuestra la importancia de contar con marcos normativos especializados, países como Chile avanzaron en el desarrollo geotérmico gracias a una legislación específica, seguridad jurídica y una estrategia sostenida de inversión pública y privada, Bolivia, por el contrario, continúa acumulando estudios mientras posterga decisiones.

Pero el desafío nacional no se limita únicamente a la geotermia, Oruro y Potosí concentran además algunos de los recursos evaporíticos más importantes del planeta, el Salar de Coipasa, en Oruro, constituye el segundo salar más importante de Bolivia y posee un enorme potencial vinculado al aprovechamiento de recursos evaporíticos y minerales estratégicos, por su parte, el Salar de Uyuni, en Potosí, es reconocido internacionalmente como la mayor planicie salina del mundo y una de las mayores reservas de litio existentes, ambos salares forman parte de una región privilegiada que concentra recursos fundamentales para la transición energética mundial, la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético y tecnologías limpias convierte al litio en uno de los minerales estratégicos más importantes del siglo XXI.

Sin embargo, al igual que ocurre con la geotermia, Bolivia tampoco dispone de una Ley Integral de Recursos Evaporíticos y Litio que permita consolidar una verdadera política de Estado orientada al aprovechamiento sostenible, industrialización y desarrollo tecnológico de estos recursos, la normativa existente continúa dispersa en diversas disposiciones legales y administrativas, dificultando la construcción de una visión estratégica de largo plazo, esta situación revela una debilidad estructural que el país debe corregir con urgencia.

La geotermia de Laguna Colorada, el litio del Salar de Uyuni y el potencial estratégico del Salar de Coipasa no deben ser considerados proyectos aislados, por el contrario, constituyen componentes de una misma visión de desarrollo nacional, la energía geotérmica podría suministrar electricidad limpia y permanente para procesos de industrialización del litio, los recursos evaporíticos podrían generar nuevas cadenas de valor, empleo especializado, innovación tecnológica e investigación científica, la integración de estos recursos permitiría construir un verdadero polo energético e industrial para el occidente boliviano.

Oruro y Potosí tienen las condiciones para convertirse en el corazón energético, tecnológico e industrial de Bolivia durante las próximas décadas, sin embargo, para alcanzar ese objetivo se requiere algo que históricamente ha estado ausente: una verdadera política de Estado y no simplemente políticas de gobierno que al final siempre fracasaron.

Durante generaciones, los recursos naturales del occidente boliviano fueron objeto de discursos, promesas y planes que rara vez alcanzaron resultados proporcionales a su potencial, la plata, el estaño, el zinc y otros minerales sostuvieron gran parte de la economía nacional, pero las regiones productoras continuaron esperando inversiones estructurales capaces de transformar su realidad económica.

Hoy la historia vuelve a colocar a Oruro y Potosí en el centro de una oportunidad histórica, ambos departamentos continúan siendo pilares fundamentales de la economía boliviana, ambos departamentos albergan recursos estratégicos capaces de definir el futuro energético e industrial del país y de la región, ambos departamentos poseen el potencial para liderar la transición energética nacional y regional, convertirse en motores del desarrollo tecnológico de Bolivia.

La pregunta ya no es si el potencial existe, el potencial está demostrado, la verdadera interrogante es si Bolivia tendrá la capacidad política e institucional para aprovechar esta oportunidad histórica, el país necesita una visión estratégica de largo plazo que integre geotermia, litio, recursos evaporíticos, industrialización, innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental e inversión productiva.

Bolivia necesita decisiones que trasciendan gobiernos y coyunturas políticas, necesita convertir los recursos naturales en bienestar para las generaciones presentes y futuras, porque si Bolivia no actúa ahora, corre el riesgo de repetir una historia conocida; poseer los recursos naturales más valiosos del mundo sin lograr transformarlos plenamente en desarrollo.

Oruro y Potosí han sido pilares fundamentales de la economía boliviana durante siglos, hoy tienen la oportunidad de convertirse también en los pilares del futuro energético e industrial del país, la oportunidad existe, los recursos existen, el conocimiento técnico existe, lo que falta es la voluntad política para convertir esa riqueza en desarrollo, el tiempo de los diagnósticos ha llegado a su fin, el tiempo de las decisiones ha llegado.

Oruro y Potosí han sido pilares de la historia económica de Bolivia, hoy tienen la oportunidad de convertirse en los pilares de su futuro energético e industrial, Laguna Colorada, Coipasa y Uyuni representan mucho más que recursos naturales; representan una oportunidad histórica para transformar riqueza en desarrollo.

Los recursos existen, el potencial está demostrado, lo que Bolivia necesita ahora no son más diagnósticos, sino decisiones de Estado, porque el mayor riesgo ya no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad para aprovecharlos.

El momento de actuar es ahora, porque sino construimos hoy el futuro energético e industrial del país, mañana lamentaremos haber dejado pasar una oportunidad que la historia difícilmente volverá a ofrecer.

(*) EX VICEMINISTRO DE TECNOLOGIAS ENERGETICAS

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El estado actual del regionalismo latinoamericano ya no puede interpretarse adecuadamente en términos de “crisis”. Este concepto supone, al menos, dos elementos: un carácter coyuntural y una situación de urgencia. Ninguna de esas dos condiciones parece describir hoy la situación del regionalismo en América Latina. Lo que se observa ya no es un episodio crítico excepcional o transitorio, sino una condición más prolongada de baja capacidad de actuación frente a crisis internas y fragmentación política.

Las formas limitadas y adaptativas del regionalismo que han logrado consolidarse en la región no desconocen los valiosos, aunque tímidos, esfuerzos por dar continuidad a la cooperación regional en áreas específicas, como los impulsados por el Consenso de Brasilia. Pero creemos que la discusión actual exige desplazar el eje analítico desde la idea de “crisis” hacia otros dilemas, como el dilema entre resiliencia e inercia. Estas dos nociones suelen confundirse, pero remiten a fenómenos distintos. La inercia supone mera persistencia pasiva, continuidad sin transformación significativa y supervivencia institucional con escaso potencial para producir resultados sustantivos. La resiliencia, en cambio, implica capacidad de adaptación mediante mecanismos de ajuste institucional frente a contextos adversos. Es algo más que la simple supervivencia.

Lo que emerge es un regionalismo esencialmente adaptativo. Tal vez el término no sea grandilocuente, pero captura un rasgo central del momento actual: organismos que buscan preservar mínimos niveles de coordinación política y operatividad institucional frente a crecientes tendencias de fragmentación ideológica y unilateralismo, atravesados por alineamientos geopolíticos externos.

El caso del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) resulta ilustrativo. La reforma del “Reglamento Relativo a la Integración, Quórum y Adopción de Decisiones de los Órganos e Instancias regionales del SICA”, aprobada en abril de 2026 sin la presencia de Nicaragua, fue presentada como una medida destinada a destrabar la parálisis institucional generada por el veto permanente de Managua respecto de la designación del secretario general. El cargo permanece vacante desde 2023 debido al rechazo de varios países a los candidatos nominados por Nicaragua, estrechamente vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Nicaragua se retiró temporalmente del SICA en 2024 por el conflicto por la secretaría general. De todos modos, el SICA continúa funcionando mediante mecanismos de cooperación técnica en áreas como salud, agricultura, digitalización o gestión de riesgos, en una muestra de que, aun en contextos de fuerte fragmentación política, los espacios funcionales de cooperación regional logran mantenerse relativamente operativos.

La reforma, que flexibiliza las reglas de cuórum y votación, constituye una innovación importante en una región históricamente aferrada al consenso y la unanimidad. Sin embargo, refleja una paradoja: puede verse como un signo de resiliencia institucional al evitar bloqueos permanentes y limitar vetos paralizantes, aunque no responde a una lógica de profundización supranacional, sino a una adaptación frente a la incapacidad de los mecanismos tradicionales para procesar conflictos políticos persistentes.

La situación andina revela otra dimensión crítica del problema: incluso los esquemas considerados relativamente institucionalizados muestran dificultades para disciplinar el comportamiento estatal. La Comunidad Andina (CAN) ordenó recientemente a Ecuador y Colombia desmontar las medidas arancelarias y restricciones comerciales recíprocas implementadas desde diciembre de 2025. Sin embargo, ambos gobiernos presentaron recursos contra las resoluciones andinas, prolongando así la disputa. Actualmente, la Secretaría General de la CAN se encuentra procesando las impugnaciones derivadas del conflicto por los gravámenes y limitaciones al comercio bilateral adoptados por los dos países.

Aunque la CAN logró intervenir formalmente para hacer cumplir la normativa andina, el conflicto probó los límites de esa institucionalidad: Ecuador y Colombia priorizaron agendas nacionales y disputas personales que reflejan los alineamientos de la región. La decisión ecuatoriana y colombiana de, primero, obstaculizar el comercio bilateral con medidas restrictivas, y luego, apelar las resoluciones andinas muestra las dificultades de los organismos regionales para garantizar el cumplimiento efectivo de sus decisiones, incluso en materia de libre comercio intrarregional.

Más aún, el presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a sugerir la posibilidad de abandonar la CAN y reorientar las prioridades estratégicas de Colombia hacia otros espacios regionales, particularmente MERCOSUR. Aunque la declaración posee un evidente componente político coyuntural, resulta reveladora de que, incluso dentro de uno de los esquemas regionales históricamente más institucionalizados, el ejercicio de autoridad colectiva depende de la existencia y articulación de intereses comunes y se ve obstaculizado por fracturas ideológicas.

El regionalismo latinoamericano parece operar hoy en un contexto menos orientado a grandes proyectos de integración profunda y más centrado en fortalecer capacidades de gestión política, resolución de conflictos y preservación de espacios de coordinación regional. En este marco, la reforma del SICA puede interpretarse como una muestra de adaptación institucional frente a escenarios prolongados de bloqueo decisional. La flexibilización de las reglas permitiría destrabar una parálisis que amenaza el funcionamiento del organismo, abriendo el camino para la elección de un nuevo secretario general.

De manera similar, la intervención de la CAN frente al conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia evidencia que los mecanismos regionales todavía mantienen cierta capacidad de mediación en disputas interestatales. No obstante, las dificultades para lograr un cumplimiento de las resoluciones andinas también muestran que esa capacidad sigue siendo limitada y altamente dependiente de la voluntad política de los gobiernos involucrados.

La cercanía de gobiernos como los de Bukele, Noboa, Laura Fernández o Mulino con la segunda administración Trump, junto con tensiones cada vez más visibles con liderazgos de signo opuesto —como el enfrentamiento entre Noboa y Petro—, sugiere que estas preferencias ideológicas se proyectan también sobre el regionalismo latinoamericano. Más que una simple diferencia de orientaciones políticas, esto tiende a profundizar la fragmentación regional y favorecer formas de cooperación cada vez más atravesadas por alineamientos geopolíticos externos.

En definitiva, tanto la reforma del SICA como la actuación de la CAN sugieren que el regionalismo latinoamericano contemporáneo no puede entenderse en términos de crisis. Si bien la región parece haberse alejado —al menos por el momento— de horizontes ambiciosos de integración, el regionalismo continúa mostrando capacidades de adaptación y resiliencia. Estos esquemas parecen reconfigurarse hacia modalidades de cooperación más flexibles y pragmáticas, orientadas a preservar gobernabilidad regional en contextos políticos fragmentados y polarizados. La cuestión central, por tanto, no es si estas instituciones sobrevivirán, sino si esa resiliencia adaptativa podrá eventualmente convertirse en una base para reconstruir formas más robustas y efectivas de gobernanza regional.

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85 años de una historia del colegio Saracho gloriosa

Si de algo se enorgullece la muchachada sarachista, en estos 85 años de fundación de aquel emblemático Colegio Nacional es de reconocer, respetar y valorar a sus maestros y maestras a lo largo de la historia. Porque los sarachistas, saben; desde el ingreso al establecimiento; que esos mentores son los que marcarán el camino para lograr la sagrada trilogía rojinegra, Comprensión, Cooperación y Superación.

PRIMER DIRECTOR, EL CREADOR DE LA TRILOGÍA.

Diez de la mañana del 16 de junio de 1941, Salón de la Jefatura Escolar del Distrito de Oruro, se da el acto de inauguración de la creación de un nuevo colegio. Su nombre, en honor al verdadero organizador de la educación nacional, el tarijeño, don Juan Misael Saracho Campero.

En dicho acto, se da a conocer a la población al primer Director del nuevo colegio, el Sr. Daniel Sanchez Jiménez, quien sería el encargado de marcar el camino para la inmortalidad del establecimiento.

Potosino de nacimiento, pero orureño de corazón, Sanchez Jimenez tenía ya un recorrido en el campo de la educación, por muchos años trabajó en el Colegio Bolívar y por esa destacada labor fue nombrado Director del flamante colegio.

Vicente Gonzales Aramayo Zuleta lo describe como un varón de baja estatura, complexión regular, cabeza pequeña y ojos verdes grandes de mirar vivaz y actitud enérgica.

Sanchez Jiménez, en su discurso inaugural de fundación, es el creador de aquella trilogía que desde 1941, acompaña al Colegio Saracho: Comprensión como valor importante para entender y tolerar al ser humano y la sociedad. Cooperación como la actitud de los alumnos del Saracho para apoyarse en cualquier vicisitud de la vida y Superación, como la actitud de ser cada día mejor que ayer, alcanzando nuestros objetivos.

Don Daniel Sanchez Jiménez fue el testigo de los dos primeros ambientes donde estuvo el colegio, primero en la Junin y Velasco Galvarro y luego en la Caro y 6 de Octubre.

EL GRAN MAESTRO DE MÚSICA

Si muchos de los cantos, tienen nostalgia al oírlos, se debe a Severo Durán Terrazas. El genio musical que estuvo desde la fundación del Colegio Saracho. Su talento lo plasmó no sólo en las aulas del establecimiento, sino en muchas otras composiciones desde marchas, valses, boleros y música folklórica.

De Uyuni, vino a hacer su hogar en el altiplano orureño. Su talento en el piano era indiscutible y su ágil mente creadora de música se notaban de manera innata.

Puso la música a la letra de José Encinas Nieto para el Himno al Colegio y junto a Luis Carranza dieron vida a aquella cueca inmortal que el Saracho se enorgullece de ser el primer plantel en inmortalizar una pieza folklórica de tal naturaleza.

“Viva el Saracho”, cueca del maestro Durán, es interpretado en los confines del mundo, añorando los días en el colegio. Una verdadera joya del acervo nacional.

PRIMER PLANTEL DOCENTE – ADMINISTRATIVO

A finales de los años 40, la población exigía “a gritos” la creación de un nuevo Colegio, un colegio moderno, con visión pedagógica nueva y a la altura de lo que era Oruro en aquellos años y que tenga todas las comodidades que el único colegio secundario de esos años, no tenía. Las autoridades de Educación, oyen este pedido y fundan el Saracho. Será el mismo Consejo Nacional de Educación el encargado de dotar a este nuevo colegio un plantel docente de calidad, tal como pedía la población.

El meritorio plantel docente y administrativo en la fundación estaba compuesto por María Zuleta Salas en Matemáticas, Rodolfo Irahola Arias en Física y Química, Aníbarro Toro en Historia y Geografía, Cesar Carvajal en Ciencias Naturales, Leoncio Mier y León en Castellano, Julio Perez Gomez en Francés y Walter Zaconeta en Inglés.

En Educación Física el meritorio Eduardo Leclere Polo, en Dibujo Don Julio Quintanilla y en Música el maestro Severo Durán Terrazas. En la parte Administrativa estaba Don Francisco Zapata como Secretario-Regente y Don Emiliano Chumacero como portero. Ellos son legítimos fundadores del Juan Misael Saracho.

85 AÑOS FORMANDO GENERACIONES.

En una primera generación meritoria, de grandes maestros encontramos a José Encinas Nieto, Juan Mendoza Grandy, Misael Pacheco Loma, Herminia Bilbao La Vieja, Alberto Loayza, Raul Humerez. Ofelia Grandi, Elsa Ivanovich, Hugo Booherquez entre otros.

Pasando los años, en una nueva generación mencionamos también a la meritoria directora Lidia Verduguez Villarroel, con un enérgico carácter. El apoyo constante en el deporte de Guillermo Peña y las eternas y recordadas lecciones de vida de Freddy Bernal, Ema Lamas y las añoradas Lourdes y Nohemí Lara, así como el Profesor Teodoro Rojas, Pedro Mercado y Arturo López Cardozo, estos dos últimos fungiendo como directores.

También mencionar a Alberto Portugal, Bertha Navía, Flora Pacheco, la querida Marina Usmayo y Eufronio Sanchez. Entrañables recuerdos de Corina del Barco, Rossemary Calderón, Nila de Sejas, Magdalena Díaz y al deportista Adolfo Bellota. Sin duda dos de los más recordados, el profesor Jaime Lucero Montesinos, un caballero en la extensión de la palabra y su amor por la banda y los Rompefilas y al Profesor Fernando Loza Barriga de química, que llenaba de preseas de primer lugar a nuestro colegio en su área de educación. Rossmery Calderón, Ana Beatriz Vargas, Genaro Vela Chacón, Eduardo Mariscal y David Lazo entre muchos.

La generación de intermedio recordará a Aydee Feraudy, Jaime Peñafiel, Demetrio Choque y Roxana Vizcarra en Música y Alberto Condori, ex alumno y Profesor de Educación Física. Nancy Portocarrero. Gustavo Terán y Mario Chávez. Al divertido Hugo Paco y a Eduardo Escalera, Juana Valdez, David Salazar y el querido Juan Cordova con ese vozarrón que impregna civismo, entre otros profesionales destacados.

Y en estas últimas generaciones recordar a Peter Villarroel como Director, Rolando Revilla, Gladys Valdivia, Silvia Blaz Rodriguez, Felicidad Torrico, Corina del Barco, Bigman Gonzales, Emma Salvatierra, fundadora de la Estudiantina 16 de junio; Joel Ajhuacho y Jhony Romero y Fredy Albino, y demás queridos profesores. Una mención especial a la estrella que brilla en el cielo el Profesor José Luis Ramil Machicado.

No olvidarse del personal Administrativo, como a nuestro querido “Toro”, Oscar Heredia, el inolvidable regente Don Jose Luis Navarro, Osvaldo Zambrana y Doña Nancy Morales. El recordado don Nicasio Marza y Doña Isidora Marze, junto con David Marza, los conserjes meritorios que se ganaron el corazón de los alumnos.

En estos 85 años, a los nombrados y a muchos más que están en la mente de muchas generaciones, el reconocimiento rojinegro y la admiración por el aporte al progreso nacional desde las aulas del gran Saracho.

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ANTECEDENTES

La creación del Colegio Secundario “Juan Misael Saracho”, fue en homenaje del que fuera preclaro jurisconsulto e inteligente ministro de educación, don Juan Misael Saracho, fue de difícil nacimiento porque solo después de tres años pudo nacer completo.

Pacheco M. (1947) nos menciona, sabemos bien que, en esta ciudad, el Colegio Nacional “Bolívar” era hasta no hace mucho, el único establecimiento de ciclo secundario para varones; sucedió que, hacía mucho tiempo, sus aulas se habían tornado por demás estrechas para dar cómoda cabida al creciente alumnado de los últimos tiempos, entonces se vio claro que, al paso como marchaban las cosas, o el histórico “Bolívar” iba a reventar de congestión, o se le descongestionaba.

PERIODO 1941 – 1945 CREACIÓN DEL COLEGIO SARACHO

El año de 1941, se resolvió la creación del nuevo secundario y se propició el nombre del señor Daniel Sánchez Bustamante, profesor de ya larga trayectoria, para ser el director del naciente colegio. Salvados ya diversos obstáculos y allanado el camino de las gestiones, en medio de un ambiente de expectativa general se produjo el alumbramiento del nuevo colegio, cuyo nacimiento fue confirmado un 16 de junio del citado año de 1941 e inaugurada oficialmente su vida entre los acordes del Himno Nacional y la alegría y alborozo de maestros, estudiantes y pueblo todo.

He aquí el Acta de la inauguración oficial del Colegio “Juan Misael Saracho”, dice: “En la ciudad de Oruro, a horas 10 a.m. del dieciséis de junio de mil novecientos cuarenta y un años, en el salón de actos públicos de la Jefatura del distrito Escolar, se llevó a cabo el acto solemne de la inauguración oficial del nuevo Colegio Secundario “Juan Misael Saracho”.

Con la concurrencia de los Miembros del Concejo Nacional de Educación Sr. Vicepresidente Doctor Vicente Donoso Torrez; Vocal de Secundaria Sr. Antonio Vicente Ardaya; Padrino del establecimiento Dr. Víctor Alberto Saracho; Prefecto del Departamento Sr. Alberto Sarti; Alcalde Municipal Sr. Raúl Ramos; Honorables Representantes, Senadores Dr. Gabriel Palenque, Sr. Carlos Beltrán Morales; Diputados, Dr. Ángel Mendizábal, Sr. Jacinto Rodríguez S. Dr. Guillermo Liendo, Sr. Fernando Loayza Beltrán; Jefe del Distrito Escolar Sr. Manuel R. López; Rector de la Universidad Dr. Josermo Murillo Varareza; Presidente de la Corte Superior del Distrito, Dr. Octavio Vásquez; Mons. Eduardo Chávez Obispo de la Diócesis; Señores Ministros de la Corte Superior; Contralor Departamental Sr. Rafael Vásquez; Inspector Departamental Sr. Luis Careaga; Gral. Julio Quiroga Comandante de la Región Militar N° 3; Srs. Jefes y Oficiales de la Región N° 3; Cnl. Arturo Mendívil, Comandante del Regimiento Vergara; Sr. Presidente del club Oruro; Sr. Director de la Sanidad Departamental; Sr. Presidente del Rotary Club; Sr. Administrador de la Aduana del Centro; Sr. Administrador de la Oficina de Impuestos Internos; Sr. Subprefecto del Cercado; Sr. Presidente de la Sociedad 10 de Febrero; Sr. Comandante de la Brigada Departamental; Sr. Subtesorero Departamental; Sr. Marcos Beltrán A.; Sr. Director del Diario “Noticias”; Sr. Director del Diario “La Mañana”; Sr. Diego M. Salas; Sr. José Encinas Nieto; Señores Directores y Profesores del Distrito de Oruro; Cuerpo Docente y alumnado del plantel.

Con lo que termino firmando al pie los concurrentes”. A decir de los diarios locales, la inauguración oficial de la nueva casa de estudios constituyó “todo un acontecimiento”.

ACTO EMOCIONANTE

El acto emocionante fue la entrega por el padrino, señor Víctor Alberto Saracho, hijo de Don Juan Misael, de un estandarte histórico que, a partir de ese momento, pasaba a la custodia y veneración del nuevo Colegio. Este estandarte había sido obsequiado a Don Juan Misael Saracho a tiempo de ser consagrado como vicepresidente de la República por aquel año de 1913.

La gratitud de los nuevos depositarios de la sagrada reliquia, fue exteriorizada en las palabras emocionadas del señor Daniel Sánchez Jiménez, flamante Director del novísimo colegio.

Así, bajos estos signos auspiciosos, vio la luz de la vida el Colegio “Saracho” y su hogar de nacimiento fue la casa situada en la esquina formada por las calles Velazco Galvarro y Junín.

CONTRATIEMPOS

El Colegio nació con tres cuerpos (1°, 2° y 3°). El nacimiento del 5° curso del “Saracho” tropezó con algunos contratiempos, principalmente con una aspiración de la vocalía de secundaria del concejo de Educación que tendía a que un solo colegio fuera, en cada distrito escolar, el que preparase para el bachillerato, ese colegio debía ser en Oruro el “Bolívar”; entonces los alumnos cursaran en el “Saracho” solamente hasta el 4° curso para inscribirse luego en el “Bolívar” por lo menos cursos correspondiente al 5° y 6°. Pero aconteció que los muchachos del 4° curso del “Saracho” que debían pasar a 5° el año 1943, no quisieron inscribirse en el “Bolívar” alegando que “su colegio debe ser completado y en consecuencia, debía habilitarse el 5° curso con los mismos alumnos del pasado año” (“Noticias” – enero de 1943).

Por su lado, el docentado del Colegio declaró en este año de 1943, que, para facilitar la creación del 5° curso, estaba dispuesto a trabajar ad-honorem hasta la regulación de las gestiones. Así fue, nació el 5° curso “sarachista” por voluntad unánime de alumnos y maestros, estos últimos cumplieron su patriótica promesa y laburaron todo el año 1943 sin recibir el sueldo correspondiente al nuevo curso. Este gesto desinteresado fue muy comentado y destacado.

LOS PRIMEROS MAESTROS DEL “SARACHO”

La primera planta de profesores que tuvo el Colegio “Juan Misael Saracho”, fueron los siguientes:

Sr. Daniel Sanches Jimenes, Director
Srta. Marina Zuleta S., Prof. de Matemáticas
Srta. María Anibarro Toro, prof. de Historia y Geografía
Sr. Rodolfo Irahola A., prof. de Física y Química
Sr. Oscar A. Carvajal, prof. de Ciencias Naturales
Sr. Leoncio Mier L., prof. de Castellano
Sr. Julio Pérez G., prof. de Francés
Sr. Walter Zaconeta, prof. de Inglés
Sr. Eduardo Lecrere P., prof. de Educación Física
Sr. Julio Quintanilla, prof. de dibujo
Sr. Severo Duran T., prof. de Música
Sr. Francisco Zapata R., Secretario-regente.

PROMOCIÓN 1945

La primera promoción de bachilleres del Colegio Saracho fue: Oscar Dorado, Carlos Dalence, Mario Rivero, Carlos Torrico y Gover Barja. (Ver fotografía).

PROMOCIÓN 1977

Tras transcurrir los años, quien denota estos pasajes de la creación del Colegio Saracho, pasó por sus aulas de este prestigioso establecimiento y formó parte de la promoción 77 e integrante de la Banda Estudiantil. En la fotografía: Jorge Parrado, Carlos Calizaya, Andrés Rocha…

GESTIÓN 2026

Este 16 de junio (1941 – 2026), cumple 85 años de historia, de formación integral y valioso aporte a la sociedad orureña de forma ininterrumpida, gracias al esfuerzo de la directora del establecimiento, a la cabeza de prof. Viviana Lozano Garfias, personal docente y administrativo y alumnos que conforman el Colegio Nacional “Juan Misael Saracho”.

¡Donde quiera que estemos… Saracho siempre seremos!

(*) Past presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folklore de Oruro, Promotor y Gestor para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la red la voz en nuestra propia voz de Iberoamérica PCI. Representante de la red en Bolivia.

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Por Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia(*)

Las perturbaciones climáticas están modificando la forma en que las sociedades producen, comercian y sobreviven. Sequías prolongadas, inundaciones devastadoras, incendios forestales y fenómenos extremos golpean con especial dureza a los países del denominado club de la miseria, donde la pobreza, la informalidad y la fragilidad institucional aumentan la vulnerabilidad climática en países pobres. Sin embargo, la naturaleza no siempre es la principal responsable de las tragedias. Detrás de cada carretera colapsada, de cada sistema de riego inconcluso, de cada obra de contención que fracasa y de cada programa ambiental que nunca se ejecuta, suele encontrarse una cadena de corrupción en el cambio climático, negligencia y ausencia de planificación. La lluvia puede ser intensa, pero la corrupción es la que convierte una emergencia en una catástrofe permanente.

Lo más dramático es que muchos de estos países poseen enormes riquezas naturales. Tienen minerales estratégicos, tierras fértiles, recursos energéticos, biodiversidad y potencial productivo suficiente para impulsar procesos sostenidos de desarrollo. Aun así, continúan atrapados en ciclos de dependencia, pobreza y atraso. Los recursos destinados a enfrentar los efectos del cambio climático terminan frecuentemente diluidos entre burocracias ineficientes, contratos direccionados, sobreprecios, redes clientelares y operadores políticos que confunden la administración pública con una oportunidad de enriquecimiento personal. Mientras las comunidades pierden sus cosechas y sus fuentes de ingreso, ciertos grupos convierten la desgracia colectiva en un negocio privado. La naturaleza destruye infraestructuras; la corrupción destruye oportunidades, confianza y futuro.

La verdadera tormenta que amenaza a los países del club de la miseria no proviene únicamente de la atmósfera. Proviene también de la degradación ética de quienes administran los recursos públicos y de sociedades que, muchas veces por resignación o necesidad, terminan tolerando prácticas que profundizan el deterioro institucional. Ninguna estrategia climática será suficiente mientras la corrupción continúe drenando recursos que deberían proteger a la población. Ningún discurso sobre sostenibilidad tendrá credibilidad mientras las prioridades sigan siendo los privilegios de unos pocos antes que el bienestar de las mayorías. El siglo XXI exige adaptación climática, innovación y resiliencia, pero exige también algo mucho más profundo: recuperar la honestidad como fundamento del desarrollo. De lo contrario, las futuras generaciones heredarán no solo un planeta más caliente, sino también Estados más débiles, sociedades más fragmentadas y una pobreza cada vez más difícil de superar.

(*)Doctor en Economía.
Posdoctoral Currículo, Discurso y Formación de Investigadores.
Académico Nacional e Internacional.

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Por José Mateo Gambarte Flores (*)

Aunque este jueves 11 comienza a rodar el balón del Mundial de Fútbol 2026, la atención de los futboleros (lease hinchas) no está muy concentrada en ese campeonato. No hay la efervescencia de otras citas mundiales. Acaso sea porque la competencia se desparramó entre tres países y eso le da otro cariz al asunto

Pero bueno, vayamos a lo nuestro. La derrota por otra goleada de 4 a 0 frente a Argelia horas antes nos preocupa mucho más que el partido inaugural.

Claro, fue el segundo partido amistoso de la verde y fue la segunda derrota por el mismo marcador. 8 goles en contra en 180 minutos de juego hablan muy mal de nuestro fútbol. Algunos “entendidos” enfatizan en que se trató de un “amistoso”.

Convengamos que jugadores y cuerpo técnico son ciudadanos privilegiados y afortunados de poder viajar cómodamente en modernos aviones, llegar a muy buenos hoteles, conocer aunque parcialmente, nuevas ciudades; estar bajo la cobertura de medios y, además, recibir una compensación económica por todo aquello. Luego es menester nomás afrontar cualquier partido amistoso con la seriedad y exigencia técnica. No se trata de cumplir solamente, tampoco de seguir aprendiendo.

De hecho, más allá del fenómeno futbolístico, el nombre de una nación debe ser dignamente representada. El orgullo nacional siempre estará presente en cualquier escenario donde bolivianas y bolivianos afronten cualquier deporte. Moscoso, Garibay, Dellien, Prado, solo por mencionar los de mayor jerarquía en sus disciplinas, muestran el camino a adolescentes, niñas y niños que consiguen triunfos allende nuestras fronteras. Solo por mencionar un caso, resulta bonito saber que una niña nadadora como Emma Altstadt vuelve con varias medallas colgadas.

¿Qué nos pasa en el fútbol? Se puede perder, claro que sí, pero no así. El partido contra Argelia reclamaba una reivindicación o revancha, pero se repitió el triste resultado de Escocia.

Un conocido técnico argentino que radica en nuestro país decía que ya no se puede experimentar, hacer debutar a jóvenes y pretender que seguimos en etapa de aprendizaje. no señor Villegas. Ya no.

Por mencionar a dos clubes conocidos, digamos que Oruro Royal es el club más antiguo de Bolivia (1896). The Strongest nació en La Paz en 1908. Ambos son los decanos del balompié boliviano. Pues con esos clubes aprendimos a jugar fútbol. Y han pasado muchas décadas y muchos clubes más. ¿Debemos seguir aprendiendo? ¿Cuándo terminaremos de aprender?

Pero no. No todo ha sido malo en nuestra historia futbolera. Veamos.

NOMBRES LEYENDA

Por cuestión de espacio, mencionaré algunos campeones del Campeonato Sudamericano 1963: Roberto Cainzo, Wilfredo Camacho, Max Ramirez, Ramiro Blacutt y el maestro Victor Agustin Ugarte, que nos suenan a leyenda, incluso para las nuevas generaciones que saben leer la historia del fútbol boliviano.

La selección de 1969, rumbo al Mundial de México 1970, mostró mucho coraje y, siendo considerada por muchos como una de las mejores selecciones de nuestra historia, también nos entrega nombres de leyenda como Agreda, Issa, Rojas, Gonzales, Diaz y Farias. Inolvidables.

En 1994, rumbo a USA 94, se sumaron a los nombres leyenda apellidos ilustres como: Trucco, Sandy, Quinteros, Melgar, Etcheverry, Ramallo. Y en la eternidad el gran Bigotón Askargorta.

En 1997, Copa América en La Paz, fuimos subcampeones con los héroes del 94 y engrosando los nombres leyenda: Cristaldo, Baldiviezo, Castillo, Sanchez, Peña.

NOMBRES HOY

Nuevas camadas nutren la selección verde, por cierto nuevos nombres también, pero ningún apellido digno de ingresar a la leyenda futbolística, por ahora. Es que ya no logramos clasificar a 8 mundiales seguidos y contando.

¿Lo haremos el 2030? Ojalá los nombres jóvenes de hoy alcancen la madurez necesaria y quizás los apellidos: Vaca, Paniagua, Terceros, Monteiro, Maraude o Macazaga ingresen a nuestra conciencia, se aferren a ella e ingresen a la leyenda y eternidad. Dios lo quiera.

(*) Comunicador Social

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Por José Mateo Gambarte Flores (*)

El 25 de mayo, reunidos en Sucre, los parlamentarios se animaban a abrogar la Ley 1341. Lo hicieron en el Senado, luego pasó el asunto a Diputados. Después se dio paso a una nueva Ley, la 1740 de Regulación de Estados de Excepción, que finalmente está vigente desde este 8 de junio.

Entre Senadores y Diputados hicieron revisiones últimas y finalmente la normativa fue transferida al Ejecutivo.

El Presidente ya tiene todo el respaldo jurídico normativo de la Constitución, pero sigue dándole largas al asunto. ¿Por qué?.

Siguen repitiendo él y sus cercanos colaboradores, la necesidad del diálogo. Un diálogo que a más de 40 días no se vislumbra, un diálogo que no quieren los bloqueadores los que, a su vez, repiten hasta el hastío la “renuncia del presidente”. Un diálogo que ya parece insulso ante la terquedad de quienes piden la renuncia presidencial.

Entre estas dos posiciones encontradas, el país se hunde más en una crisis anímica, alimenticia, económica, política. El país se siente en una incomodidad que aburre, desespera, preocupa y causa angustia a causa del bloqueo indiscriminado de carreteras fundamentales, sin olvidar la carencia y encarecimiento de alimentos y otros insumos de la vida diaria.

Han ocurrido algunos enfrentamientos directos en el afán de desbloqueo por parte de policías y ejército y he aquí que son los bloqueadores quienes se perciben como víctimas ante la simple aplicación de la ley.

Mucha bulla y reclamo ante dos caídos; uno en el altiplano y otro en San Julián. Son dos valiosas vidas, es cierto. Y por estas dos vidas ya se le nombra como asesino al Presidente.

Pero nadie más dice nada sobre TRECE personas enfermas fallecidas por no poder acceder a cuidados médicos o por ser impedidas de pasar en ambulancias. Por ellos nadie hace bulla ni reclama. Algunos bloqueadores insensibles decían que tenían que morir nomás porque estamos en bloqueo. ¿Quién o quiénes serán los asesinos de esos trece enfermos?

EXIGENCIA LÓGICA

Cabildos departamentales y Comités Cívicos le están exigiendo al presidente lanzar el estado de excepción, pero no parece haber ningún apuro en el Ejecutivo. Y es que los del Ejecutivo no sienten la crisis, no hacen cola por gasolina, no buscan desesperadamente gas licuado, no advierten los precios altos de los alimentos, no se incomodan en viajes larguísimos por rutas alternas y peligrosas. ¿Les falta energía y voluntad?, ¿no están afectados emocionalmente?, ¿No se conmueven por lo que le ocurre al verdadero pueblo? Esto es Indolencia.

Mientras los bloqueadores se autodenominan como Pueblo, el verdadero y mayoritario Pueblo pide mayor actitud y celeridad al gobierno para el desbloqueo. El gobierno debería escuchar a ese pueblo mayoritario y obrar en consecuencia.

Pero no. El gobierno pide “paciencia y más paciencia” a la población. El Ministro Bascopé lo ratifica: “se actuará con prudencia y sensatez”. Dicho de otra forma: No habrá estado de excepción.

Paciencia ¿hasta cuándo?. Nuestras abuelas y abuelos nos señalaban que la paciencia tiene un límite y, a veces, es necesario reaccionar antes de salir perjudicados. De allí viene aquella expresión coloquial o refrán popular que reza: “paciencia tuvo Cristo … y lo mataron”.

Ya no pidan más paciencia por favor. Nos van a terminar.

(*) Comunicador Social

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Por Ascanio J. Nava Rodriguez

Al arte de lo imposible pongámosle reglas de juego claras para que no vulnere ni enerve el mandato constitucional, cualquier acuerdo político nervioso o interesado, pone en riesgo el futuro de la democracia.

Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el punto central es determinar si existe alguna vía jurídica para anticipar un referéndum revocatorio cuando la propia Constitución establece un plazo específico para su activación, Art. 240. II “cuando haya transcurrido al menos la mitad del tiempo de mandato”

El artículo 240 de la Constitución Política del Estado boliviano dispone que el mandato de determinadas autoridades electas puede ser revocado mediante referéndum, pero también fija condiciones temporales para su ejercicio. Si la Constitución exige que haya transcurrido un determinado tiempo de mandato, ese requisito forma parte del diseño constitucional de la institución y no parece una condición accesoria susceptible de ser ignorada por mera voluntad política.

Desde la doctrina constitucional clásica, cuando una norma constitucional es clara, precisa y no presenta ambigüedad interpretativa, opera el principio latino in claris non fit interpretatio (“cuando el texto es claro, no cabe interpretación correctiva”). En consecuencia, una interpretación que elimine o neutralice un requisito temporal expresamente establecido podría convertirse en una reforma material de la Constitución realizada por una vía distinta a la prevista para reformarla.

¿Puede el Legislativo “interpretar” el artículo 240?

En términos generales, no debería poder hacerlo de manera que altere su contenido esencial.

Interpretar una norma significa precisar su alcance dentro de los límites de su texto. Otra cosa distinta es sustituir el contenido de la norma o dejar sin efecto uno de sus requisitos. Si la Constitución dice que el revocatorio procede después de determinado tiempo de gestión, una “interpretación” que permita hacerlo antes podría ser considerada una modificación encubierta de la Constitución.

¿Existe alguna figura constitucional de emergencia equivalente?

A primera vista, no existe en la Constitución una figura que permita adelantar discrecionalmente un referéndum revocatorio presidencial por razones de crisis política o conflictividad social.

Las salidas constitucionales ordinarias para una crisis de gobernabilidad suelen ser otras:

-Renuncia voluntaria del Presidente.

-Sucesión constitucional en caso de renuncia, muerte, incapacidad o impedimento.

-Juicio de responsabilidades, cuando correspondiera jurídicamente.

-Reforma constitucional mediante los mecanismos previstos por la propia

Constitución.

-Acuerdos políticos para convocar elecciones futuras dentro de los cauces constitucionales.

El problema del precedente constitucional

Aquí aparece uno de los argumentos más importantes de la doctrina constitucional contemporánea: la preservación de la estabilidad de las reglas del juego.

Si se admitiera que una presión social suficientemente intensa puede suspender requisitos constitucionales expresos, se generaría un precedente potencialmente peligroso. Mañana otro gobierno, otra mayoría parlamentaria u otro movimiento social podría invocar la misma lógica para alterar otros límites constitucionales.

Por ello, autores como Kelsen, Loewenstein o García de Enterría sostienen que la fuerza normativa de la Constitución radica precisamente en que sus reglas obligan incluso cuando resultan políticamente incómodas.

¿Es un tema cerrado?

Jurídicamente, podría sostenerse que el artículo 240 configura una regla cerrada respecto al momento de activación del revocatorio.

Políticamente, siempre pueden construirse acuerdos, narrativas o presiones para buscar soluciones extraordinarias. Sin embargo, desde la óptica del constitucionalismo democrático, la pregunta no es si una medida puede generar consenso político, sino si encuentra fundamento dentro de la Constitución vigente. Si la Constitución fija expresamente un plazo mínimo para ejercer el revocatorio, la posición doctrinal más sólida suele ser que dicho requisito solo puede ser removido mediante una reforma constitucional válida y no mediante acuerdos políticos, interpretaciones extensivas o decisiones coyunturales motivadas por una crisis concreta.

En ese sentido, el debate deja de ser sobre la conveniencia política del revocatorio y pasa a ser sobre la supremacía constitucional: si la Constitución puede ser desplazada por una necesidad política inmediata, o si precisamente existe para imponer límites incluso en momentos de máxima tensión política y social.

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Por Ronald Nostas Ardaya (*)

Más allá de la debilidad institucional y la crisis de gobernabilidad en Bolivia, en Bolivia existe una cuestión estructural que no ha sido suficientemente debatida: la forma en que la sociedad se representa a sí misma y participa en la construcción de las decisiones colectivas.

En efecto, desde la Revolución de 1952, la representación social en Bolivia ha estado fuertemente influida por organizaciones de naturaleza sindical que adquirieron un papel central en la intermediación entre el Estado y la sociedad. A diferencia de la representación ciudadana predominante en las democracias liberales, se privilegió el corporativismo basado en sindicatos obreros, organizaciones campesinas y gremios como los transportistas y comerciantes, que gradualmente adquirieron capacidad de negociación, presión y movilización.

Con el tiempo, este tipo de representación dejó de orientarse exclusivamente a la defensa de intereses legítimos para transformarse en una disputa permanente por cuotas de poder y acceso a recursos públicos. Las huelgas, los bloqueos y la paralización de actividades económicas se convirtieron en instrumentos habituales de negociación política.

El modelo terminó de pervertirse durante el ciclo político del MAS, cuya base social fue el denominado Pacto de Unidad, una estructura paraestatal y excluyente integrada por organizaciones que representaban al campesinado de tierras altas, cocaleros, comunidades indígenas del altiplano, colonizadores y la Central Obrera Boliviana. Con estos grupos corporativos, el MAS cogobernó por 20 años, convirtiéndolos en los únicos representantes de la sociedad en el diálogo político.

En países con mejor institucionalidad, el rol político de la sociedad civil incluye también a entidades como las universidades, colegios profesionales, organizaciones empresariales, partidos políticos, medios de comunicación, centros de investigación, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones culturales, academias científicas y otros.

A diferencia de las estructuras corporativas tradicionales, estas instituciones suelen sustentarse en estatutos formales de gobernanza, mecanismos de representación interna, participación voluntaria y principios de deliberación racional. Su legitimidad proviene menos de la capacidad de presión y más de la calidad de sus propuestas, conocimientos y contribuciones al debate público.

Aunque en Bolivia existe un amplio tejido organizacional de esta naturaleza, las entidades de la sociedad civil han actuado de manera fragmentada, desconectada de los sectores populares, endogámica, sin posiciones ideológicas, sin interés en articular una visión compartida de país, y sin vocación de poder.

En décadas recientes, surgieron nuevas formas de representación vinculadas a jóvenes, mujeres, emprendedores, colectivos culturales, organizaciones medioambientales, comunidades digitales y movimientos regionales. Estos actores ya no se identifican con categorías ideológicas. Su acción política se limita al activismo juvenil en Bolivia y suelen organizarse alrededor de causas concretas, derechos ciudadanos, sostenibilidad, igualdad de oportunidades y defensa de libertades individuales y colectivas.

Las constantes crisis sociales que Bolivia atraviesa evidencian que el modelo de representación basado en organizaciones corporativas y sindicales no solo está agotado, sino que contribuye a profundizar la polarización y a debilitar la construcción de consensos. La alternativa no consiste en proscribirlas, sino en cimentar un sistema de representación más amplio donde las instituciones de la sociedad civil, las nuevas formas de ciudadanía y los mecanismos democráticos tengan un papel protagónico.

Este proceso no es rápido ni fácil. Implica construir una nueva hegemonía cultural y democrática donde las instituciones de la sociedad abandonen la comodidad del lobby y el activismo y asuman el riesgo de la política, disputen los territorios simbólicos que el corporativismo consideró propios y alcancen un papel más activo en la construcción de ciudadanía.

Pero sobre todo es necesario ganar la disputa por el sentido, por la definición de lo justo, lo legítimo y lo correcto. Las instituciones de la sociedad solo ganarán si construyen una narrativa integradora y de futuro; una que convoque a los bolivianos no como miembros de sindicatos en conflicto, sino como ciudadanos con derechos iguales y un destino compartido.

La construcción de un país más estable, democrático y próspero exige reemplazar la lógica de la fuerza por la lógica de la deliberación; la representación corporativa excluyente por la ciudadanía plural; y la confrontación permanente por la cooperación institucional. Solo cuando las instituciones de la sociedad logren articular una visión compartida de desarrollo, libertad, justicia e igualdad de oportunidades será posible romper el ciclo de crisis recurrentes que ha marcado la historia reciente del país y abrir una nueva etapa de convivencia democrática y progreso colectivo.

(*) Industrial y ex Presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia

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Por Sebastián Edgar Condomis Santos. (*)

ANTECEDENTES.

El Solsticio de Invierno es una de las celebraciones más importantes de la cosmovisión andina, ya que representa el renacimiento de la energía solar y el inicio de un nuevo ciclo de vida. Desde tiempos ancestrales, los pueblos andinos desarrollaron conocimientos vinculados con la observación de los astros, los ciclos agrícolas y la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Estos saberes forman parte del patrimonio cultural de Bolivia y constituyen un legado invaluable transmitido de generación en generación.

La Universidad Técnica de Oruro (UTO), comprometida con la preservación de la identidad cultural regional, inició en 1984 la organización del Festival del Solsticio de Invierno bajo el rectorado del Ing. Guillermo Rosso y la coordinación de la Dirección de Extensión Universitaria, a cargo de Mario Molina. Esta iniciativa tuvo como propósito rescatar y revalorizar las tradiciones vinculadas al ciclo solar andino, fortaleciendo la memoria histórica y cultural de la región.

El primer festival contó con el apoyo de destacados intelectuales y gestores culturales, entre ellos Alberto Guerra, Jorge Calvimontes, Edwin Guzmán y René Antezana, quienes contribuyeron a consolidar un evento de gran relevancia artística y simbólica. Posteriormente, en 1986, Hugo Ayala y Maclovio Marconi dieron continuidad a esta iniciativa, ampliando su alcance y fortaleciendo su carácter multidisciplinario.

A lo largo de más de cuatro décadas, el Festival del Solsticio de Invierno ha alcanzado 41 versiones, consolidándose como uno de los referentes culturales más importantes de Oruro. Su permanencia refleja el compromiso de la Universidad Técnica de Oruro, así como de artistas, investigadores y gestores culturales, con la preservación, promoción y difusión de la riqueza cultural andina.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD.

La actividad “Rescate de Saberes Ancestrales: La UTO Proyecta Cultura e Identidad en el Solsticio de Invierno 2026” tiene como objetivo principal fortalecer el conocimiento, la valoración y la difusión de las tradiciones andinas, reconociendo su importancia en la construcción de la identidad cultural y la preservación de la memoria histórica.

Asimismo, busca promover el rescate de los saberes ancestrales vinculados con la cosmovisión andina y el significado del Solsticio de Invierno. La iniciativa pretende generar espacios académicos y culturales de reflexión sobre la importancia de los conocimientos originarios, fomentar la participación de estudiantes, docentes e investigadores en la recuperación del patrimonio cultural y fortalecer el diálogo intercultural entre la universidad y las comunidades indígenas.

Otro propósito fundamental es sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de preservar las raíces históricas y culturales del país, contribuyendo al fortalecimiento del sentido de pertenencia y de la identidad nacional. Además, la actividad busca consolidar a la universidad como un espacio de encuentro entre el conocimiento científico y los saberes ancestrales, promoviendo una visión de desarrollo basada en el respeto, la valoración y el reconocimiento de la diversidad cultural.

ROL DE LA UNIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN.

La Universidad Técnica de Oruro, desempeña un papel central en la organización del Solsticio de Invierno 2026, coordinando esfuerzos académicos, institucionales y comunitarios orientados al fortalecimiento de la cultura y la identidad regional.

Asimismo, la universidad establece alianzas con organizaciones e instituciones culturales para garantizar una celebración inclusiva y representativa. A través de la investigación científica, la UTO contribuye a documentar prácticas culturales, recopilar testimonios de sabios indígenas y estudiar la cosmovisión andina, acciones fundamentales para la preservación y difusión del patrimonio cultural.

Además de su labor investigativa, la universidad cumple una importante función educativa al promover el respeto por la diversidad cultural y el reconocimiento de distintas formas de conocimiento. De esta manera, la celebración del Solsticio de Invierno se convierte en una valiosa herramienta pedagógica que fortalece la conciencia histórica y consolida el vínculo entre la universidad y la sociedad.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

La programación del Solsticio de Invierno 2026 contempla diversas actividades académicas, culturales y ceremoniales destinados a rescatar y difundir los saberes ancestrales. El acto central será la ceremonia ancestral de recibimiento de los primeros rayos del sol, dirigida por amautas y autoridades originarias, quienes compartirán el significado espiritual de esta celebración y la importancia de mantener una relación armónica con la naturaleza.

La agenda incluye también conferencias magistrales, seminarios y conversatorios sobre cosmovisión andina; exposiciones de arte y fotografía; recitales; proyección de películas; muestras documentales; presentaciones de poesía, música andina y ritual; así como exhibiciones patrimoniales que reflejan la riqueza histórica de la región. Asimismo, se contará con la participación de grupos artísticos que presentarán música autóctona, danzas tradicionales y otras expresiones culturales propias de Oruro, Bolivia.

IMPACTO Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD.

La realización de esta actividad tendrá un impacto significativo en los ámbitos: cultural, educativo y social. La participación conjunta de la universidad, las instituciones públicas y la ciudadanía permitirá fortalecer la cohesión social y la valoración de la identidad regional.

Uno de los principales beneficios será la recuperación y difusión de saberes ancestrales que forman parte del patrimonio cultural intangible de Bolivia. La interacción entre los portadores de conocimientos tradicionales y los miembros de la comunidad universitaria facilitará la transmisión de saberes que podrían perderse con el paso del tiempo.

La actividad también contribuirá a fortalecer el sentido de pertenencia cultural de los jóvenes, promoviendo el reconocimiento y la valoración de las raíces históricas que conforman la identidad boliviana. Del mismo modo, permitirá consolidar la imagen de la UTO como una institución comprometida con el desarrollo cultural, la interculturalidad y la preservación del patrimonio cultural.

La participación abierta de la población convertirá al Solsticio de Invierno en una celebración colectiva, en la que la cultura, la historia y la identidad constituirán elementos fundamentales para fortalecer el tejido social y la convivencia entre los distintos sectores de la sociedad.

IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA CULTURA Y LAS TRADICIONES ANDINAS.

La preservación de las tradiciones andinas constituye una responsabilidad compartida, ya que estas expresiones culturales representan la memoria histórica, los valores y los conocimientos acumulados por generaciones de pueblos originarios. Los saberes ancestrales contienen enseñanzas vinculadas con el manejo sostenible de los recursos naturales, la convivencia comunitaria, la organización social y el respeto por la naturaleza.

La cosmovisión andina promueve principios fundamentales como la reciprocidad, la solidaridad, la complementariedad y el respeto hacia la Madre Tierra. Estos valores mantienen plena vigencia y ofrecen importantes aportes para afrontar los desafíos contemporáneos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la construcción de sociedades más inclusivas.

Asimismo, la preservación de las tradiciones culturales fortalece la identidad de las nuevas generaciones y les permite comprender y valorar sus raíces históricas. La pérdida de una lengua, una costumbre o una práctica cultural implica también la pérdida de una parte fundamental de la memoria colectiva de un pueblo. Por ello, resulta imprescindible que las instituciones educativas, culturales y gubernamentales desarrollen acciones permanentes orientadas a proteger, preservar y difundir el patrimonio cultural.

COMPROMISO DE LA UTO CON LA CULTURA Y LA IDENTIDAD REGIONAL.

La Universidad Técnica de Oruro ha demostrado, a lo largo de su historia, un firme e inquebrantable compromiso con la promoción, preservación y difusión de la cultura regional mediante programas de investigación, proyectos de interacción social, actividades de extensión universitaria y diversas iniciativas culturales. Gracias a este trabajo sostenido, la institución ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la identidad regional, la recuperación de la memoria histórica y la revalorización de las expresiones culturales que constituyen la esencia de nuestro pueblo.

La UTO concibe la educación superior como una misión que trasciende la formación profesional. Su propósito es formar ciudadanos íntegros, críticos y comprometidos con su realidad social, cultural e histórica, promoviendo valores de respeto, inclusión, interculturalidad y reconocimiento de la diversidad que caracteriza a Bolivia.

En este contexto, la celebración del Solsticio de Invierno 2026 constituye una expresión concreta del compromiso institucional de la universidad con la preservación de los saberes ancestrales y el fortalecimiento de la identidad cultural. Este espacio de encuentro permite articular el conocimiento académico con la sabiduría de los pueblos originarios, generando un diálogo enriquecedor entre tradición y ciencia, pasado y presente.

A través de esta iniciativa, la Universidad Técnica de Oruro reafirma su vocación de servicio a la sociedad y su responsabilidad con la protección del patrimonio cultural, proyectándose como una institución que no solo preserva la memoria colectiva, sino que también impulsa su transmisión a las nuevas generaciones como fundamento para construir un futuro con identidad, pertenencia y profundo respeto por nuestras raíces.

CONCLUSIONES.

El Solsticio de Invierno 2026 representa una oportunidad para fortalecer el rescate de los saberes ancestrales y promover la valoración de las tradiciones culturales de los pueblos andinos. La recuperación de estos conocimientos contribuye a preservar la memoria histórica y a transmitir valores y enseñanzas que continúan siendo relevantes para las nuevas generaciones.

La Universidad Técnica de Oruro reafirma su compromiso con la investigación, la cultura y la interacción social, consolidándose como una institución fundamental en la preservación del patrimonio cultural de la región. Las actividades programadas del 5 al 30 de junio permitirán generar espacios de aprendizaje, reflexión y encuentro entre diversos sectores de la población, fortaleciendo el diálogo intercultural y la identidad regional.

En este marco, el rescate de los saberes ancestrales se convierte en una tarea permanente que involucra a universidades, instituciones, comunidades y ciudadanía. La celebración del Solsticio de Invierno 2026 constituirá un escenario propicio para reafirmar el compromiso colectivo con la preservación de la cultura, la historia y la identidad que distinguen a Bolivia como una nación diversa, intercultural y orgullosa de sus raíces ancestrales.

Más que una conmemoración, esta celebración representa un espacio de encuentro entre generaciones, conocimientos y culturas, donde la sabiduría ancestral dialoga con los desafíos del presente. De esta manera, la Universidad Técnica de Oruro ratifica su misión de contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, promoviendo el respeto por la diversidad y la valoración de un legado histórico que constituye uno de los mayores patrimonios de la nación boliviana.

FUENTES CONSULTADAS

• Ticona Alejo, Esteban. Saberes, conocimientos y prácticas ancestrales andinas.

• Jiménez Sardón, Greta. Rituales de vida en la cosmovisión andina.

• Marconi Humerez, Maclovio. Documentación y antecedentes históricos del Festival del Solsticio de Invierno de la Universidad Técnica de Oruro, recopilados durante su gestión como jefe de Extensión Universitaria de la UTO.

Por: Sebastián Edgar Condomis Santos. Docente Y Director De Vinculación – UTO

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Por Ascanio J. Nava Rodriguez

Desde la doctrina del ciudadano de a pie y de la teoría de resolución de conflictos es importante hacer una distinción: un conflicto social, por grave que sea, no es automáticamente equiparable al terrorismo o al secuestro, aunque ciertas conductas concretas dentro de una protesta o bloqueo puedan constituir delitos graves.

Jurídicamente, cada conducta debe analizarse conforme a la ley y al debido proceso.

Dicho esto, el impedimento de paso de ambulancias, corte deliberado de oxígeno para hospitales, desabastecimiento de alimentos, uso de explosivos, agresiones a civiles y privación prolongada de la libre circulación; el problema deja de ser únicamente un ejercicio del derecho a la protesta y entra en colisión con derechos fundamentales de millones de personas. La propia Constitución reconoce el derecho a la libre circulación en todo el territorio nacional, Artículo 21, numeral 7 de la (CPE).

¿Qué aconseja la teoría de resolución de conflictos?

En negociación de crisis existe un principio clásico: no se debe premiar la coacción ilícita. Cuando un actor obtiene beneficios mediante violencia, toma de rehenes, sabotaje o coerción extrema, se crea un incentivo para repetir la conducta. Sin embargo, ello tampoco significa responder con fuerza indiscriminada. La doctrina moderna recomienda:

Mantener abiertos canales de diálogo. Separar a los dirigentes negociadores de quienes cometen delitos. Garantizar corredores humanitarios. Restablecer gradualmente el orden público mediante medios legales y proporcionales. Procesar judicialmente las conductas criminales individuales.

¿Qué herramientas constitucionales tiene Bolivia?

La Constitución establece que, frente a una situación de conmoción interna o peligro para la seguridad del Estado, el Presidente puede declarar un estado de excepción, sujeto a control legislativo posterior. Incluso en ese escenario no pueden suspenderse los derechos fundamentales ni las garantías esenciales.

Además, el ordenamiento jurídico boliviano reconoce la libre circulación y prohíbe la interrupción arbitraria del tránsito por particulares sin autorización de la autoridad competente.

¿Qué permitiría un desbloqueo sin generar calamidades?

Desde una perspectiva constitucional y de gestión de crisis, una estrategia compatible con el Estado de Derecho incluiría:

Apertura inmediata de corredores humanitarios para ambulancias, oxígeno, medicamentos y alimentos. Intervención policial focalizada en los puntos críticos donde exista riesgo para la vida. Uso gradual y proporcional de la fuerza, bajo control judicial y fiscal. Identificación y procesamiento de quienes utilicen explosivos, agredan personas o impidan servicios esenciales. Protección de hospitales, plantas de oxígeno, terminales de abastecimiento y vías estratégicas. Documentación exhaustiva de los hechos para evitar abusos tanto de los bloqueadores como de las fuerzas estatales.

El problema jurídico central

En un Estado constitucional, el derecho a la protesta no es absoluto. Tampoco lo son la libertad de expresión o de reunión. Cuando el ejercicio de un derecho destruye o anula derechos fundamentales de terceros —vida, salud, abastecimiento, libre tránsito o acceso a servicios básicos— corresponde al Estado restablecer el equilibrio y proteger a la población.

Por ello, si efectivamente una ciudad como La Paz y ahora otras ciudades permanecen aisladas durante semanas, con afectación a hospitales, alimentos y servicios esenciales, la discusión jurídica deja de ser únicamente sobre protesta social y pasa a ser sobre la obligación constitucional del Estado de garantizar simultáneamente el orden público, la libre circulación, la salud y la seguridad de toda la población, aplicación de los Artículos 138 al 141 de la (CPE). Tiene la palabra el presidente y el gobierno.

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Por Miguel Angel Foronda Calle (*)

La propuesta de convocar un referendo revocatorio extraordinario, planteada recientemente en el debate político nacional en medio de la compleja coyuntura que atraviesa Bolivia, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión fundamental para toda democracia: ¿Cuándo debe el pueblo tener la posibilidad de retirar el mandato a una autoridad elegida por voto popular?

La Constitución Política del Estado reconoce la revocatoria de mandato como uno de los mecanismos de democracia directa mediante los cuales la ciudadanía puede evaluar y eventualmente cesar a las autoridades electas antes de la conclusión de su gestión. Sin embargo, el constituyente boliviano estableció límites precisos para su ejercicio. El artículo 240 dispone que la solicitud de revocatoria sólo puede realizarse una vez transcurrida la mitad del período de mandato y nunca durante el último año de gestión.

Estas restricciones no son casuales ni constituyen simples requisitos procedimentales. Responden a una tensión permanente que existe en todo sistema democrático: la necesidad de equilibrar la voluntad popular con la estabilidad institucional.

En principio, la revocatoria representa una profundización de la democracia. Permite que los ciudadanos no deban esperar necesariamente hasta la siguiente elección para expresar su aprobación o rechazo respecto a una autoridad. Sin embargo, llevada al extremo, también puede convertirse en un factor de inestabilidad permanente, generando gobiernos sometidos a campañas electorales continuas e imposibilitados de ejecutar políticas públicas de mediano y largo plazo.

Por esa razón, el derecho comparado muestra que los sistemas constitucionales suelen establecer períodos mínimos antes de habilitar mecanismos de revocación. La Constitución del Ecuador, por ejemplo, establece en su artículo 105 que: “La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada”. En el caso mexicano, el artículo 35 de la Constitución prevé que la revocación de mandato presidencial “se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional”. Como se advierte, se considera indispensable que transcurra un tiempo mínimo de gestión antes de habilitar una consulta popular sobre la continuidad de una autoridad.

La lógica detrás de estos plazos es sencilla. Ningún gobernante puede ser evaluado razonablemente a las pocas semanas o meses de asumir funciones. El electorado otorga un mandato para gobernar, y ese mandato requiere un tiempo mínimo para traducirse en decisiones, políticas públicas y resultados concretos.

Ante el escenario extraordinario de crisis política, institucional y económica que vivimos, la flexibilización de los plazos para realizar un referendo revocatorio extraordinario no parece constituir una solución sostenible en el largo plazo. Es precisamente en los momentos de crisis cuando más necesarias resultan las reglas constitucionales. Permitir que la presión política o la movilización social modifiquen las condiciones de permanencia de las autoridades podría abrir la puerta a una inestabilidad permanente y a la erosión progresiva de la seguridad jurídica, principio indispensable en todo Estado Constitucional de Derecho.

La cuestión de fondo, por tanto, no es únicamente si corresponde o no convocar una revocatoria extraordinaria en el contexto actual. El verdadero debate consiste en determinar cuál es el equilibrio adecuado entre participación popular y estabilidad institucional; entre el derecho de la ciudadanía a retirar su confianza y el derecho de las autoridades elegidas a ejercer efectivamente el mandato para el cual fueron electas.

La Constitución boliviana adoptó una respuesta concreta al exigir que transcurra al menos la mitad del mandato antes de habilitar la revocatoria. Esa decisión puede ser objeto de crítica, revisión o incluso de reforma constitucional, pero expresa una opción deliberada orientada a proteger la gobernabilidad democrática y constituye la regla vigente.

Por otra parte, la alternativa de habilitar una revocatoria extraordinaria mediante una ley interpretativa de la Constitución presenta serias dificultades jurídicas. Bajo el diseño constitucional vigente, la interpretación constitucional ya no corresponde a la Asamblea Legislativa, sino que forma parte de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, una ley interpretativa difícilmente podría alterar o flexibilizar requisitos que el propio texto constitucional ha establecido de manera expresa.

La construcción de institucionalidad democrática exige reglas estables y plazos mínimos de gobernabilidad que no pueden reducirse a unos cuantos meses de gestión sin poner en riesgo la propia estabilidad del sistema constitucional. Sin embargo, también es necesario reconocer que la estabilidad institucional no constituye un fin en sí mismo. Gobernar implica dar respuesta a las necesidades y problemas de la población, especialmente en contextos de crisis económica, social o política.

Los problemas públicos no se resuelven por el simple transcurso del tiempo o con discursos reiterativos. Requieren decisiones oportunas, políticas públicas eficaces y acciones concretas por parte de quienes ejercen funciones de gobierno. Esa responsabilidad recae principalmente sobre el Órgano Ejecutivo, pero también compromete a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el ámbito de sus atribuciones. Del mismo modo, los Gobiernos Autónomos pueden y deben contribuir a la búsqueda de soluciones dentro de sus competencias constitucionales y legales, e incluso articular esfuerzos interinstitucionales cuando las circunstancias así lo exijan.

La democracia constitucional exige, por tanto, un delicado equilibrio entre estabilidad y eficacia. Tan perjudicial puede resultar alterar constantemente las reglas de permanencia de las autoridades como utilizar la estabilidad institucional para justificar la inacción frente a los problemas que afectan a la ciudadanía. En última instancia, la legitimidad democrática se fortalece cuando las reglas se respetan y las instituciones responden de manera efectiva a las demandas de la sociedad.

(*) Abogado e investigador en temas institucionales

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Por: José Luis Toco*

Bolivia posee una de las mayores reservas de recursos evaporíticos del mundo y una oportunidad histórica para insertarse en la transición energética global. Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos no debe medirse únicamente por la cantidad de reservas existentes o por los anuncios de inversión realizados, sino por la capacidad de transformarlos en desarrollo económico, empleo, conocimiento, innovación y bienestar para la población.

En ese contexto, el Salar de Coipasa constituye uno de los mayores desafíos y oportunidades para el departamento de Oruro y para Bolivia. Por ello, este documento propone abrir un debate técnico, académico, institucional y social sobre el presente y futuro de Coipasa, sus implicancias económicas, sociales y territoriales, así como los desafíos pendientes para su industrialización efectiva.

Antes de 2019, el Salar de Coipasa ya había sido identificado como uno de los principales reservorios evaporíticos del país. Durante varios años se desarrollaron estudios geológicos, hidrogeológicos y de caracterización de salmueras destinados a determinar su potencial productivo. Asimismo, se realizaron trabajos de exploración, perforación de pozos, monitoreo de recursos hídricos y evaluaciones técnicas que permitieron confirmar la importancia estratégica del salar. Sin embargo, durante gran parte del período 2008-2019 la política nacional del litio concentró sus mayores esfuerzos técnicos, institucionales y financieros en el Salar de Uyuni, mientras el Salar de Coipasa permanecía principalmente en una fase de exploración y evaluación.

En 2019 se promovieron acuerdos preliminares con empresas internacionales para impulsar proyectos de industrialización en Coipasa y Pastos Grandes, aunque sin llegar a consolidar inversiones industriales de gran escala.

La gestión 2020 marcó un punto de inflexión para el departamento de Oruro, por primera vez se impulsó una propuesta integral orientada a convertir al Salar de Coipasa en un polo estratégico de industrialización, articulando desarrollo regional, participación académica y generación de capacidades productivas.

La propuesta contemplaba: Producción de 25.000 tn. de carbonato de litio grado batería, desarrollo de infraestructura industrial, participación activa de la Universidad Técnica de Oruro, vinculación con municipios y comunidades, formación de recursos humanos especializados, generación de empleo regional, desarrollo científico y tecnológico. El objetivo era que Oruro no fuera únicamente proveedor de recursos naturales, sino actor principal de la cadena de valor del litio.

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta fue la incorporación de diversos actores institucionales, en el cual participaron la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Gobiernos municipales del área de influencia, Comité Cívico de Oruro, Organizaciones Sociales, Comunidades Originarias y Colegios de Profesionales; la participación regional buscaba garantizar que el desarrollo del litio respondiera a una visión compartida de desarrollo territorial.

Como parte de este proceso se suscribió un convenio de cooperación entre la Universidad Técnica de Oruro y Yacimientos de Litio Bolivianos, el acuerdo tenía como finalidad fortalecer la investigación científica, capacitar recursos humanos, desarrollar tecnología aplicada, generar conocimiento especializado, vincular la academia con la industrialización; este convenio representó un paso importante para incorporar a la universidad pública dentro del proceso de transformación productiva.

A pesar de los avances conceptuales e institucionales, los resultados alcanzados han sido limitados; entre las principales dificultades identificadas se encuentran la falta de continuidad institucional, los cambios de prioridades y enfoques gubernamentales dificultaron la consolidación de una política sostenida para el Salar de Coipasa, exceso de estudios y escasa ejecución; numerosos estudios, convenios y anuncios no lograron traducirse en infraestructura industrial operativa, centralización de decisiones; la mayor parte de las decisiones estratégicas continuó concentrada en instancias nacionales, reduciendo la capacidad de incidencia regional, ausencia de resultados económicos visibles; hasta la fecha no se observa una transformación estructural de la economía orureña asociada a la industrialización del litio, débil articulación regional; las instituciones de Oruro no siempre fueron incorporadas como actores permanentes en la toma de decisiones estratégicas.

A pesar del enorme potencial geológico del Salar de Coipasa, la industrialización efectiva continúa siendo una tarea pendiente; la región sigue esperando: inversiones industriales concretas, transferencia tecnológica, generación de empleo especializado, desarrollo de proveedores regionales, mayor participación en la cadena de valor; la brecha entre el potencial existente y los resultados obtenidos sigue siendo uno de los principales desafíos.

Las tareas urgentes de la agenda regional respecto al litio deben estar enfocadas:

aprobación de una ley específica del litio; Bolivia necesita una legislación específica que otorgue estabilidad, continuidad y reglas claras para la industrialización del litio.

Una ley específica del litio que debe establecer políticas de industrialización, transferencia tecnológica, protección ambiental, participación regional, transparencia y control social, beneficios para las regiones productoras; concertación con la institucionalidad orureña; el futuro del Salar de Coipasa debe construirse con Oruro y no únicamente para Oruro; toda estrategia de industrialización debe ser concertada con: la Universidad Técnica de Oruro, Gobernación de Oruro, municipios, Comité Cívico, organizaciones sociales, comunidades originarias, colegios de profesionales, sector empresarial y las organizaciones civiles en general; la concertación debe convertirse en una política permanente y no en un proceso ocasional de socialización.

Agena Regional del Litio para Oruro

La propuesta es construir una Agenda Regional del Litio con metas de corto, mediano y largo plazo para la investigación científica, formación profesional, desarrollo tecnológico, empleo especializado y no especializado, infraestructura productiva, desarrollo comunitario entre otros.

Nueva distribución de beneficios y regalías; la industrialización del litio debe generar beneficios para toda Bolivia, pero también debe reconocer los derechos de las regiones productoras.

Por ello, corresponde abrir un debate nacional sobre un nuevo régimen de distribución de beneficios económicos acorde al proceso autonómico establecido por la Constitución Política del Estado.

Una futura Ley Especifica del Litio debe garantizar la participación efectiva del Departamento de Oruro en los beneficios generados por la industrialización; debe garantizar el fortalecimiento financiero de gobiernos departamentales y municipales; debe garantizar la inversión en educación, ciencia y tecnología, programas de desarrollo regional, protección ambiental y compensaciones territoriales.

No se trata únicamente de discutir regalías tradicionales, sino de construir un modelo moderno de distribución de beneficios compatible con el Estado Autonómico.

Hablar del Salar de Coipasa no es únicamente hablar del litio, es hablar del futuro de Oruro, es hablar de los jóvenes profesionales que buscan oportunidades laborales, de las universidades que desean aportar al desarrollo científico del país, de los municipios que esperan inversiones productivas y de las comunidades que anhelan participar de manera justa en los beneficios del desarrollo.

Los antecedentes demuestran que el Salar de Coipasa fue identificado hace muchos años como un recurso estratégico; también demuestran que se realizaron estudios, exploraciones, convenios y anuncios de inversión; sin embargo, la realidad evidencia que esos esfuerzos no lograron consolidar una industria capaz de transformar estructuralmente la economía regional.

La propuesta presentada en 2020 intentó cambiar esa realidad incorporando una visión integral de desarrollo regional, participación académica y articulación institucional; no obstante, los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que aún existe una distancia considerable entre las expectativas generadas y los avances concretos alcanzados.

Por ello, el desafío pendiente no es descubrir nuevas reservas ni elaborar más diagnósticos; el verdadero desafío consiste en construir consensos, garantizar continuidad institucional y ejecutar proyectos capaces de transformar el potencial geológico en desarrollo humano.

El debate sobre Coipasa debe salir de los informes técnicos y llegar a la agenda pública; debe involucrar a universidades, municipios, organizaciones sociales, instituciones cívicas, colegios profesionales, sectores productivos, autoridades nacionales y la sociedad civil en general; porque el futuro del litio no puede definirse únicamente desde los centros de decisión; debe construirse obligatoriamente desde las regiones donde se encuentran los recursos y donde sus beneficios deben sentirse de manera concreta.

La historia económica demuestra que los recursos naturales pueden convertirse en una bendición o en una oportunidad perdida; la diferencia radica en la capacidad de planificación, gestión y visión de futuro.

Hoy corresponde preguntarnos: ¿Queremos que Coipasa siga siendo una promesa o queremos que se convierta en una realidad para Oruro y Bolivia?

La respuesta exige liderazgo, compromiso y una política de Estado y no solamente una política de gobierno circunstancial; sino que trascienda gobiernos y coyunturas; porque el desafío ya no es solamente demostrar que existe litio en el Salar de Coipasa; el desafío es demostrar que somos capaces de transformarlo en desarrollo.

Resulta urgente incorporar el debate sobre el Salar de Coipasa en la agenda pública nacional y departamental; resulta urgente aprobar una Ley Especifica del Lito; resulta urgente concertar el desarrollo del litio con la institucionalidad orureña; resulta urgente construir un sistema justo de distribución de beneficios compatible con el régimen autonómico establecido en la Constitución Política del Estado; y resulta urgente comprender que el desarrollo del litio no será sostenible si las regiones productoras no participan de manera efectiva en las decisiones y beneficios generados por este recurso estratégico.

*Exviceministro de Altas Tecnologías Energéticas

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Por Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia (*)

Bolivia atraviesa un momento decisivo. Mientras el mundo debate cómo enfrentar el cambio climático, cómo garantizar energía limpia y cómo construir economías sostenibles, nuestro país posee en el altiplano una de las mayores oportunidades históricas para reencontrarse con el desarrollo, la dignidad y la esperanza. Allí, donde el frío parece eterno y donde el silencio de las montañas guarda siglos de memoria, también descansa una riqueza inmensa que debe ser comprendida con responsabilidad y sensibilidad humana.

Durante décadas, la minería fue vista únicamente como extracción. La tierra se abría, los minerales salían y las comunidades seguían esperando progreso. Muchos cerros quedaron heridos, muchos ríos sufrieron contaminación y miles de familias convivieron con la incertidumbre de depender de un recurso agotable. Sin embargo, el problema nunca fue la minería en sí misma, sino la ausencia de una visión capaz de armonizar economía, naturaleza y bienestar colectivo.

Hoy, el desafío es distinto. El mundo ya no busca solamente minerales; busca sostenibilidad, transparencia y equilibrio ambiental. Y Bolivia tiene la posibilidad de convertir esa exigencia global en una oportunidad nacional. El altiplano puede transformarse en un territorio donde la tecnología y la conciencia ambiental caminen juntas. La Industria 4.0, la energía solar, la inteligencia artificial y la automatización no deberían verse como conceptos lejanos reservados para países desarrollados. Pueden convertirse en herramientas destinadas a proteger el agua, controlar emisiones, mejorar la productividad y reducir impactos ambientales. La verdadera modernidad no consiste en destruir más rápido, sino en producir con inteligencia y respeto por la vida.

El altiplano posee una fuerza extraordinaria. Su radiación solar podría alimentar complejos energéticos limpios. Sus minerales estratégicos podrían impulsar procesos de industrialización responsable. Su cultura ancestral podría enseñar al mundo una relación más equilibrada con la naturaleza. Los pueblos originarios siempre entendieron algo que la humanidad moderna olvidó: La tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra.

Potenciar el altiplano significa también dignificar a sus habitantes. Significa que los jóvenes no tengan que abandonar sus comunidades para buscar oportunidades lejos de casa. Significa educación técnica, investigación científica, caminos productivos, internet, salud y proyectos que integren desarrollo humano con sostenibilidad ambiental.

Bolivia necesita dejar atrás la lógica del enfrentamiento permanente y construir un nuevo pacto basado en diálogo honesto, transparencia y visión de futuro. El desarrollo no puede seguir asociado a contaminación ni el cuidado ambiental interpretarse como un freno económico. Ambos deben caminar juntos. Tal vez, ha llegado el momento de escuchar nuevamente al viento del altiplano, considerando que, entre sus montañas todavía late una verdad profunda, ya que, el verdadero progreso no es extraer más riqueza de la tierra, sino aprender a convivir con ella para que las futuras generaciones también puedan respirar esperanza.

(*) Doctor en Economía.
Posdoctoral Currículo, Discurso y Formación de Investigadores.
Académico Nacional e Internacional.
Director Regional Cochabamba – Contacto Económico.
alfredomancillaheredia@gmail.com

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Por Ronald Nostas Ardaya (*)

Es cada vez más evidente que el sistema democrático boliviano vive una paradoja destructiva: en nombre de sus propios valores, está produciendo las condiciones para su desintegración.

Si el principio sobre el que se funda la democracia es el gobierno de las mayorías, resulta incongruente que grupos reducidos tengan capacidad para ejercer una tiranía de facto e impongan su voluntad apelando a la violencia y a su capacidad de generar caos. Cuando esa situación se normaliza, ya no estamos frente a problemas de disenso sino a crisis sistémicas que cuestionan el propio modelo de organización social.

El filósofo griego Aristóteles señaló en su tiempo, que cuando la libertad se convierte en anarquía, la democracia puede degenerar en la oclocracia: el poder de la masa desordenada que persigue intereses particulares a expensas del bien colectivo. Por su parte, Platón advertía que, en una democracia sin límites, toda autoridad terminará siendo cuestionada, el interés particular sustituirá al bien común y la libertad absoluta terminará produciendo desorden y debilitando las propias bases de la convivencia política.

Nuestra democracia parece estar siguiendo ese camino. Aunque formalmente se fundamenta en la voluntad de la mayoría expresada en el voto, en la práctica ve restringida su capacidad de acción por grupos con elevada capacidad de movilización, presión política o interrupción de actividades económicas estratégicas. El resultado es una inversión de la lógica democrática. La voluntad expresada en las urnas pierde eficacia frente a mecanismos de presión extrainstitucional.

Aunque esta situación no es nueva en nuestra historia, se ha vuelto insostenible por un proceso de empoderamiento mal concebido, un modelo impuesto que confundió la inclusión con la impunidad, que convirtió los derechos en armas políticas y olvidó que toda democracia necesita límites. Cuando el empoderamiento se construye sobre la narrativa de la víctima perpetua, el grupo empoderado no desarrolla mecanismos de responsabilidad proporcional a su poder. Se convierte en un actor que puede exigir sin obligaciones equivalentes, que puede vetar sin justificación, que puede bloquear sin rendir cuentas.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el Estado, que posee el monopolio legítimo de la fuerza y la obligación constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos de todos, decide renunciar a esa prerrogativa apelando a soluciones dialogadas con dirigentes que no reconocen su autoridad y olvidando que una democracia requiere capacidad efectiva para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin ella, los procedimientos democráticos se vacían de contenido.

La experiencia boliviana también revela la existencia de desequilibrios entre derechos y deberes. La Constitución de 2009 consagró un catálogo amplísimo de derechos colectivos que tenían más de revancha histórica que de ingeniería institucional. No se pensó suficientemente en los límites, en los mecanismos de resolución de conflictos entre derechos, en las salvaguardas para que esos instrumentos no se convirtieran en armas contra el propio Estado de derecho.

El resultado es que hoy los grupos minoritarios pueden invocar el derecho a la violencia como expresión de reivindicación histórica y presentar los bloqueos como ejercicio de soberanía popular, aunque actúen contra la vida, la seguridad y la estabilidad de la mayoría.

Otra característica del problema es la permisividad social. Karl Popper, filósofo austríaco, afirmaba que una sociedad ilimitadamente tolerante puede terminar destruyendo las condiciones que hacen posible la tolerancia. En nuestro caso, una democracia que permite que cualquier actor paralice indefinidamente el funcionamiento del país sin límites institucionales puede terminar destruyendo las condiciones necesarias para su propia existencia.

La salida a esta situación no consiste en resolver una coyuntura específica. El problema es más profundo y exige revisar el equilibrio general del sistema político, sobre la base de que la libertad requiere orden, la participación requiere reglas y el pluralismo requiere límites compartidos. Cuando esos elementos desaparecen, la democracia comienza a actuar contra sí misma.

Necesitamos un nuevo pacto democrático sustentado en la reafirmación de la legitimidad del voto como principal fuente de autoridad política; el establecimiento de límites claros entre protesta legítima y acciones que vulneran derechos fundamentales de terceros; el equilibrio entre derechos y deberes, y la reconstrucción del principio de soberanía democrática.

Bolivia puede salvar su democracia. Pero para hacerlo tendrá que enfrentarse al hecho de que el mayor enemigo no está afuera del sistema. Está dentro de él, escudado en sus propias conquistas. Y que la única salida duradera pasa por refundar el pacto social desde sus principios más elementales: todos los derechos, todos los deberes, para todos, sin excepción.

(*) Industrial y ex Presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia

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Por Sebastián Edgar Condomis Santos (*)

La Universidad Técnica de Oruro proyecta consolidar a la Semana de Museos 2026 como uno de los acontecimientos culturales más importantes del departamento, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura, la educación y la preservación del patrimonio regional. Esta destacada iniciativa académica y cultural reunirá a instituciones, museos y centros patrimoniales en torno a una agenda destinada a fortalecer la identidad histórica de Oruro y posicionar a la universidad como referente en la difusión y defensa de la riqueza cultural del departamento.

Este importante acontecimiento se desarrollará del 8 al 14 de junio, congregando a museos universitarios, centros culturales, museos comunitarios, instituciones públicas y privadas, así como a la ciudadanía en general, en una agenda orientada a promover el acceso democrático al conocimiento, la investigación patrimonial y la valoración de la riqueza histórica que distingue a Oruro.

La actividad se constituye en un espacio de integración cultural y educativa en el que convergen la academia, la investigación, el turismo cultural y la participación social, contribuyendo a proyectar a Oruro como un referente nacional en la preservación, promoción y difusión del patrimonio histórico y cultural.

ANTECEDENTES.

La historia de esta importante actividad cultural se remonta al año 2005, cuando, por iniciativa del Sr. Vito Modesto Chambi Guzmán, entonces jefe de Extensión Cultural de la Universidad, y del Abg. Antonio Revollo Fernández, durante la gestión rectoral del Ing. Pablo Zubieta Arce, nació la tradicional Noche de Museos. Esta propuesta visionaria surgió con el propósito de abrir las puertas del patrimonio universitario y regional a la población orureña, promoviendo el acercamiento de la ciudadanía a la historia, el arte y la identidad cultural del departamento.

Desde entonces, esta actividad se consolidó como una de las expresiones culturales más relevantes del calendario universitario y regional, articulándose simbólicamente con la celebración del Solsticio de Invierno, una fecha de profunda significación ancestral que invita a reflexionar sobre la memoria, la renovación y el vínculo permanente con las raíces históricas y culturales de los pueblos andinos.

Con el transcurso de los años, la creciente participación ciudadana y el marcado interés de estudiantes, investigadores, turistas y familias evidenciaron la necesidad de ampliar el alcance de esta experiencia cultural, consolidándola como un espacio de encuentro entre la historia, la educación y la identidad regional.

En ese contexto, a iniciativa del Director de Vinculación Universitaria, Abg. Sebastián Edgar Condomis Santos, a partir de la gestión 2026, se determina transformar esta tradicional actividad en la Semana de Museos, ampliando la participación de museos, centros culturales y espacios arqueológicos, con el propósito de fortalecer la difusión del patrimonio histórico y cultural del departamento.

Asimismo, resulta fundamental destacar el valioso aporte organizativo y técnico del Arq. Félix Maclovio Marconi Humerez, jefe de Extensión Cultural, cuyo trabajo articulador ha sido determinante para consolidar la planificación, coordinación y ejecución de esta iniciativa, fortaleciendo de manera significativa el vínculo entre la universidad y la sociedad.

PROPUESTA ACADÉMICA Y CULTURAL.

La Semana de Museos responde a una política universitaria orientada a fortalecer la relación entre el conocimiento académico y la responsabilidad social.

Su desarrollo tiene como propósito promover el patrimonio histórico, cultural, arqueológico, científico y artístico del departamento; fortalecer la identidad cultural orureña mediante el rescate de la memoria colectiva; incentivar la investigación histórica y patrimonial en la comunidad universitaria; generar espacios de interacción educativa entre la ciudadanía y los museos; impulsar circuitos culturales que fortalezcan el turismo patrimonial; y democratizar el acceso a la cultura como un derecho colectivo.

ACTIVIDADES.

Durante una semana, la población podrá participar de una amplia programación diseñada para responder a diversos intereses académicos, culturales y turísticos.

Se habilitarán muestras permanentes y temporales vinculadas al patrimonio arqueológico, la historia regional, la mineralogía, la antropología, la ciencia y tecnología, el arte y la memoria institucional, así como visitas guiadas.

Equipos especializados conducirán recorridos dirigidos a delegaciones estudiantiles, investigadores, instituciones educativas, turistas y público en general.

Asimismo, se implementarán circuitos articulados entre distintos museos y centros patrimoniales, con el fin de favorecer una experiencia formativa integral.

PARTICIPACIÓN DE MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES

La Semana de Museos contará con la participación activa de diversos centros culturales, museos comunitarios, instituciones educativas y sitios arqueológicos, que abrirán sus espacios al público como parte de una amplia agenda cultural.

Martes 9 de junio:

Museo Simón I. Patiño; Museo Paleontológico y Mineralógico de la FNI; Museo Natural de Agronomía (Facultad de Agronomía); Museo Antropológico de la Carrera de Antropología; Centro Cultural de la Carrera de Comunicación; Archivo Histórico de Pueblo y Arte; Colección de Cámaras Antiguas “Oshima Arte y Cultura”; Museo de Objetos Embrujados “Sutinku” de Enfoque TV 3; Centro Cultural “Wawa Wasi”; Exposición fotográfica “Campeones del Ayer”; Exposición numismática; Taller de Arte y Cultura “Claustro”; y Salón de Exposición de Objetos Antiguos.

Miércoles 10 de junio:

Museo Eduardo López Rivas; Archivo Histórico Idelfonso Murguía Murguía; Mirador Monumento a la Virgen del Socavón; Centro Histórico del Cementerio; Bioparque Municipal Andino de Oruro; Instituto de Formación Artística Bellas Artes; Instituto de Formación Artística María Luisa Luzio; Museo Gráfico La Patria; y Club Clásico VW Oruro Bolivia (Petas Combi).

Jueves 11 de junio:

Museo Minero del Socavón; Museo de Arte Sacro del Socavón; Museo de Arte Sacro de la Ranchería; Museo de la Santa Hermana Nasaria; Museo Histórico Militar del RA-1 “My. Gral. Camacho”; Sistema de Archivo de la Minería Nacional; Museo de Criminalística del IITCUP–Oruro; Museo Taller Cardozo Velásquez; Club de Astronomía del Colegio Alemán; Museo y Archivo Histórico del Colegio Nacional Simón Bolívar; Archivo Histórico del Colegio Juan Misael Saracho; Complejo Cultural Llajtaymanta; Súper Multiteatro Oruro; y Museo Familiar, Histórico y Geográfico Sub. Julián López.

Viernes 12 de junio:

Tradicional Auténtica Diablada Oruro; Conjunto Folklórico Morenada Zona Norte; Museo de la Fraternidad Morenada Central de Oruro; Fraternidad Artística y Cultural La Diablada; Museo de la Diablada Artística Urus; Conjunto Morenada Mejillones; Conjunto Tradicional Tinkus Tolkas; Fraternidad Caporales Centralistas; Conjunto Folklórico Tinkus Tolkas; Museo y Archivo Histórico del Tribunal de Justicia; Escuela de Artes Musicales “Wara”; Salón de Exposiciones Valerio Calles de la ABAP Oruro; y Gastrobar Salón de Exposiciones Temporales Bruma.

Sábado 13 de junio:

La jornada final permitirá la visita a sitios arqueológicos, naturales, museos y centros culturales en distintas localidades del departamento, entre ellas Machacamarca, Sora Sora, Huanuni, Uncía, Siglo XX, Turco, Curahuara de Carangas y la comunidad de Condoroco.

IMPACTO CULTURAL, EDUCATIVO Y SOCIAL.

La Semana de Museos, promovida por la Universidad Técnica de Oruro, tendrá un impacto cultural significativo, ya que contribuirá al fortalecimiento de la identidad orureña y boliviana mediante la difusión del patrimonio histórico, artístico, folklórico y minero. Asimismo, permitirá revalorizar los museos como espacios de preservación cultural y como referentes de atracción para el turismo cultural en la ciudad de Oruro.

En el ámbito educativo y de la investigación, esta actividad convierte a los museos en espacios de aprendizaje práctico, donde estudiantes y visitantes complementan y amplían los conocimientos adquiridos en el aula. Del mismo modo, fomenta la investigación científica, histórica y social, incentivando el pensamiento crítico y el interés por la historia, la ciencia y las tradiciones regionales.

Desde una perspectiva social, la Semana de Museos promueve la integración entre estudiantes, instituciones y ciudadanía, al tiempo que democratiza el acceso a la cultura mediante actividades gratuitas. Además, fortalece el turismo interno, el sentido de pertenencia y la valoración del patrimonio como un componente clave para el desarrollo cultural, educativo y económico de Oruro.

CONVOCATORIA.

La Universidad Técnica de Oruro convoca a toda la población, estudiantes, docentes, investigadores, visitantes e instituciones educativas a ser parte activa de la Semana de Museos 2026, que se desarrollará del 8 al 14 de junio.

Participar en esta actividad implica reencontrarse con la memoria histórica, reconocer el legado de los pueblos y asumir el compromiso colectivo de preservar el patrimonio cultural que define la identidad regional.

Con esta iniciativa, la Universidad Técnica de Oruro ratifica su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo regional, liderando un proceso institucional que convierte al patrimonio en un instrumento de integración, conocimiento y construcción de futuro para Oruro.

FUENTE: ARCHIVOS DE LA UTO. Vázquez Olvera Carlos, Revista Antropología del INAH. Rivera Casanovas, Claudia. Los museos y su rol como difusores del pasado prehispánico en Bolivia

* Sebastián Edgar Condomis Santos.
Lic. En Ciencias Jurídicas. Lic. En Ciencias de la Comunicación Social. Diplomados en distintas áreas. Maestría en Educación Superior. Egresado del Programa de Doctorado en Educación Superior y Dirección de Investigación Científica en proceso de tesis. Docente Universitario, cargos en diferentes entidades público y privadas, en la actualidad Director de Vinculación de la UTO.

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Por Jorge Luna Ortuño

(Filósofo e investigador curatorial)

Sobre las revelaciones inquietantes y las preguntas de fondo, detrás de un conflicto que no es sólo social, sino de concepción misma del Estado Plurinacional.

La narrativa liberal clásica sostiene que el proceso democrático sucede en tres pasos básicos: 1) la ciudadanía vota; 2) un candidato gana; 3) el candidato asume la presidencia y gobierna. Es lo que repiten ahora los defensores de la “democracia”, el discurso oficialista reafirma que Rodrigo Paz debe gobernar los cinco años que marca la constitución. Olvidan mencionar que el voto no es un cheque en blanco, sino un mandato político que puede ser evaluado; la confianza del electorado debe renovarse mediante el cumplimiento del contrato tácito con los votantes. Pero ese es otro tema. Nos limitaremos a desarrollar algo más incómodo: si en Bolivia ganar las elecciones ya no es suficiente para gobernar, la pregunta más acuciante es: ¿qué nos dice esto sobre Bolivia como Estado?

Las elecciones otorgan legitimidad inicial. Sin embargo, la gobernabilidad cotidiana depende de mantener cohesionado un entramado complejo y amplio. Cuando ese entramado se rompe, la autoridad presidencial se debilita rápidamente. El actual presidente no parece aún haber caído en cuenta, todavía sigue hablando de “construir una nueva Patria”, “sin divisiones”, aferrado a la ilusión institucional clásica. Pero los eventos conflictivos de la crisis del Estado Plurinacional lo han forzado a darse cuenta de algo: él no asumió el asiento de piloto de un avión; lejos de ser una nave, el Estado Plurinacional es una maquinaria monstruosa.

Los bloqueos de caminos, el cerco a La Paz, las muertes registradas durante el conflicto y los enfrentamientos en El Alto y la sede de gobierno fueron un grito para despertar. Fue una puerta abierta con una patada. Bolivia no es ya la República cuyo gobierno se intercalaba en el poder el viejo sistema de partidos. Sr. presidente, usted no está gobernando la antigua República de Bolivia que concebía una visión homogénea del país.

Una primera revelación.

“¡Bienvenidos al desierto del Estado Plurinacional!” Así gritaron los bloqueos, y la completa indiferencia hacia los pedidos de parte del gobierno para dialogar. Dijeron ellos: “no nos interesa ya dialogar, lo que queremos es la renuncia del presidente”. Temblor. Paz y sus ministros no supieron responder con eficacia, se los vio impotentes, limitados a repetir el guion de un gobernante de otras épocas. Su mayor estrategia táctica fue apostar al desgaste de los movilizados, mientras en el discurso se mantuvieron apaciguadores.

Pero debajo de ese aviso atronador pidiendo su renuncia, había un mensaje aún más escalofriante. Llegó como una bofetada el sábado 23 de mayo cuando el intento gubernamental de habilitar un corredor humanitario hacia La Paz encontró resistencia y terminó evidenciando los límites del control estatal sobre el territorio.

Fue una revelación de algo que buena parte de la clase política todavía no comprende: el grueso de los sectores movilizados no se percibe a sí mismos como oposición al Estado, sino como parte constitutiva. Aquí es donde entra lo monstruoso del Estado Plurinacional. Se trata de un ensamblaje que fue compuesto con una calidad degenerativa de los acoplamientos.

El MAS quiso construir un nuevo relato estatal —el Estado Plurinacional— que buscaba reconocer una diversidad históricamente negada. El problema es que el reconocimiento simbólico de la pluralidad no resolvió verdaderamente los conflictos materiales y políticos que la producían y reproducían. Por eso hoy observamos una gran paradoja: existe un discurso plurinacional muy desarrollado, pero al mismo tiempo se agravaron fracturas regionales, económicas y culturales.

Cualquiera que haya viajado por el país y conocido altiplano, valle y llano, entiende que en el territorio nacional conviven varias Bolivias. Esas Bolivias no comparten los mismos intereses económicos ni la misma memoria histórica. Cuando la economía crece, esas diferencias pueden coexistir. Pero cuando la economía entra en crisis, lo que golpea con fuerza son las diferencias. Por eso la actual crisis económica tiene una dimensión mucho más peligrosa que una común disputa política.

El Estado Plurinacional

Hemos afirmado que lejos de ser una nave, el Estado Plurinacional es una maquinaria monstruosa. La gobernabilidad de este estado fue diseñada de modo que su hacer implicara a un bloque histórico social, dentro del cual el presidente del país es un operador. Lo que llamamos “gobierno” ya no es simplemente un presidente rodeado de ministros. El Estado Plurinacional se gobierna por un ensamblaje de actores sociales. Es lo que algunos analistas describen como un sistema de corporativismo negociado. Pero afirmamos que esto va más allá de un tipo de acuerdos permanentes entre el Estado y unas organizaciones sociales externas, ya que el Estado Plurinacional es la figura de una fusión entre ambos. De hecho, fue García Linera, uno de sus ideólogos, quien teorizó sobre la necesidad de disolver la separación entre Estado y sociedad: le llamó Estado integral.

Seguramente por eso los bloqueos tienen tanta eficacia. No son simplemente protestas de sectores de la sociedad. Ni siquiera es porque el innombrable del Chapare sea la causa. Sino que es porque sus mecanismos de presión política están ocurriendo dentro de la arquitectura real del poder. Aquí aparece una interrogante más inquietante: ¿es Bolivia una comunidad política integrada que padece cíclicamente conflictos que se repiten, o es una constelación de ensamblajes territoriales y corporativos que periódicamente negocian —y a veces disputan— las condiciones mismas de su convivencia?

Durante casi dos décadas, el MAS no solamente ejerció su hegemonía a través de ministerios, gobernaciones o el Parlamento. También modificó la distribución efectiva del poder. Fortaleció organizaciones. Construyó mecanismos de interlocución privilegiada. Generó dependencias mutuas. Creó derechos adquiridos, formales e informales. Produjo expectativas de influencia. Y, sobre todo, acostumbró a muchos sectores a concebirse como copartícipes del gobierno. El Estado Plurinacional es más una red que un árbol, con lo cual la figura de una motosierra, como en Argentina, no es viable de la misma manera.

Por eso quizás el problema real no sea que sectores sociales movilizados estén intentando derribar al gobierno. Sino que ellos se consideren actores con derecho histórico a intervenir y a predominar en las decisiones nacionales. En esa lógica, bloquear rutas o paralizar ciudades no sería únicamente una herramienta de protesta. Sería también una forma de ejercer soberanía. Un recordatorio de que el poder no reside exclusivamente en el Palacio de Gobierno ni en la Asamblea. Una reivindicación del carácter institucional de la calle.

Por otro lado, si el voto se interpreta como un cheque en blanco por cinco años, la democracia se vuelve rígida y sorda. Lo ideal sería producir mecanismos institucionales que permitan corregir el rumbo sin destruir continuamente el orden político. Pero larga es la tarea cuando el suelo de la discusión sea el Estado Plurinacional, que no logró constituirse como una nueva totalidad política. Sólo terminó siendo una agregación creciente de pactos corporativos, territoriales y económicos cuya cohesión dependía de la abundancia fiscal y del liderazgo de un centro articulador. Cuando desaparecieron los excedentes económicos y ese centro perdió capacidad de coordinación, los componentes del ensamblaje comenzaron a actuar por cuenta propia. Ahí estamos ahora.

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Por José Mateo Gambarte Flores (*)

Escribo esta nota el domingo 31 de mayo en horas de la tarde. Llegará el artículo a los periódicos que me honran con la publicación a minutos del ocaso.

Salvo una sorpresa total en los próximos minutos u horas, hasta el momento no pasa nada más en Bolivia, excepto que los bloqueos se mantienen terca y caprichosamente incomodando a millones de bolivianas y bolivianos.

Pasó un mes de bloqueo y no hay señales de arreglo entre los frentes en conflicto. Por el lado del gobierno, se notó ya desde el inicio cierta indolencia, exceso de tolerancia, debilidad y resignación ante los vociferantes pedidos de sindicateros y sectores sociales.

De inicio el conflicto pareció mínimo y se pensó que se acabaría en cuestión de días u horas. Pero, no ocurrió y creció como una bola de nieve, que en su magnitud no pudo ser frenada con nada.

Ríos de tinta se han gastado en muchos artículos y columnas explicando los motivos y sinrazones de los bloqueadores así como las razones y argumentos del gobierno, por lo que aquí no pretendo repetir todo aquello.

NO ESTABA PREPARADO

Las encuestas y la lógica indicaban que en el balotage estarían Tuto Quiroga y Doria Medina, pero a todos nos sorprendió la aparición de don Rodrigo Paz como ganador inicial de las elecciones presidenciales. Y tal como venía embalado en la carrera electoral, ya no fue sorpresiva su victoria ante Quiroga en el balotage.

Muchos lo han dicho, especialmente entre bloqueadores, que la victoria del ahora presidente se debió al compañero de fórmula, el señor Edman Lara, que, hay que decirlo, cayó de inicio muy simpático al electorado por haber sido dado de baja del ente policial supuestamente denunciando corrupción en la institución verde.

Luego de la posesión, ya saben todos lo que pasó y pasa hasta ahora.

Todos sabemos que pueden presentarse media docena o una docena de candidatos a la presidencia, pero solo uno llegará a la silla presidencial. Algunos son conscientes de sus limitaciones y se presentan más para ejercer su derecho y, al mismo tiempo, para alimentar el juego democrático. Saben que no ganarán, pero participan para mostrar que tenemos y practicamos democracia.

Quizás don Rodrigo sólo quería participar y no llegar necesariamente a la presidencia. Pero hoy está ahí. Hoy es el Presidente. Hoy está con un lío entre manos y no sabe qué hacer. Hoy requiere de una buena asesoría, pero al parecer el argentino Cerimedo no califica para la asesoría y deviene en un “pajpaku” político que no conoce y no entiende a Bolivia.

LA SOLUCIÓN

Debería partir de sinceros diálogos entre las partes enfrentadas, pero al parecer, los que bloquean ya perdieron interés en esto y ahora se aferran a repetir hasta cansar el argumento de la renuncia.

¿¿¿Sera la renuncia la solución??? Quizás sí o quizás no. La constitución indica que el vicepresidente debe asumir si se da el caso. ¿Está preparado el vicepresidente?, ¿los problemas se arreglarán mágica y milagrosamente a 24 horas de asumir el señor Lara? ¿Acaso necesitará 24 meses? ¿Llamará el señor Lara a nuevas elecciones o decidirá quedarse hasta 2030? ¿Cómo reaccionará la comunidad internacional? ¿Nos ayudarán o nos abandonarán? El país del norte ya ayudó, en cierta forma, a Venezuela. Ayudó a Ecuador y está pensando ayudar a Cuba. ¿Lo hará con Bolivia? Quizás no somos muy interesantes por nuestra lejanía en diferentes aspectos. En fin, que Dios salve a la patria.

(*) Comunicador Social

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Por Ricardo Rocha Guzmán(*)

“El Método” obra magna del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, propuso una nueva forma de pensar y conocer el mundo. En lugar de separar las ciencias y simplificar la realidad, que busca integrar los saberes reconectando al ser humano, la naturaleza y la sociedad. Esta obra fue la base de su famoso Pensamiento Complejo, el cual nos enseñó que no podemos comprender las partes sin entender el todo, ni el todo sin sus partes.

El pasado 29 de mayo dejó este mundo terrenal a los 104 años Edgar Morin (1921 – 2026), para iluminar a la academia desde el más allá, la complejidad del pensamiento crítico. Sirvan estas líneas para rendir homenaje a un intelectual de tal magnitud, quien tanto aportó al pensamiento del siglo XX y el presente. En lo que respecta al campo de la comunicación, la sociología y la antropología, he aquí algunas apreciaciones.

PROCESO SISTÉMICO DE LA COMUNICACIÓN

Si bien Edgar Morin era un pensador universal, maestro de la complejidad y guía humanista de la academia. Para la comunicación argumentó que el “Pensamiento Complejo” no es un simple intercambio lineal de información -emisor, mensaje, receptor- sino un proceso sistémico, multidimensional e impredecible.

Morin concebía la comunicación como un sistema complejo de elementos interdependientes donde el todo afecta a las partes y viceversa, evidenciando que el significado de un mensaje siempre está condicionado por el contexto cultural y social del receptor. A partir de esta premisa, formuló el concepto de la Ecología de la Acción, advirtiendo que cualquier acto comunicativo se lanza a un entorno incierto capaz de producir efectos inesperados o incluso opuestos a la intención original del emisor.

En este escenario, el pensador situó el desafío de la comprensión humana más allá de los canales técnicos, señalando al egocentrismo, al etnocentrismo y a la incomprensión como los verdaderos obstáculos que deben superarse mediante una comunicación fundada en la empatía y el reconocimiento del “otro”. Finalmente, a través de su profundo examen de la cultura de masas, y obras clave sobre el fenómeno cinematográfico, por ejemplo, analizó de qué manera los medios de comunicación y el imaginario colectivo cohabitan para construir nuestra propia percepción de la realidad.

PENSAMIENTO COMPLEJO

Edgar Morin filósofo, sociólogo y antropólogo francés, fue reconocido mundialmente por desarrollar el pensamiento complejo. Este enfoque propone que la realidad es multidimensional y está interconectada, por lo que es imposible comprender el todo sin estudiar sus partes, ni entender las partes aisladas del todo.

Morin revolucionó el pensamiento moderno con la Teoría de la Complejidad, articulando diversas disciplinas en su obra magna El Método para superar la fragmentación del conocimiento. Su visión pedagógica se plasmó en un influyente ensayo para la UNESCO sobre los saberes del futuro, donde abogó por una educación basada en la comprensión humana, la identidad terrenal y el manejo de la incertidumbre. Además, este rigor intelectual coexistió siempre con un firme compromiso humanista que lo llevó a unirse a la Resistencia Francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y con una aguda crítica multidimensional hacia los medios de comunicación y la cultura de masas.

LA MÉTHODE – EL MÉTODO

Sin duda una obra cumbre fue “El Método” de Edgar Morin —desarrollado a lo largo de los seis volúmenes— entre 1977 y 2004, no es una receta con pasos rígidos ni un conjunto de reglas fijas. Es, en esencia, una propuesta epistemológica para aprender a pensar de forma compleja.

Morin criticaba el método científico tradicional (heredado de la visión cartesiana) porque funciona separando, aislando y fragmentando el conocimiento para poder estudiarlo (reduccionismo). Él argumentaba que, en el mundo real, todo está interconectado; por lo tanto, compartimentar las disciplinas (separar la ciencia de la filosofía, o la biología de la cultura) nos vuelve ciegos ante la realidad global. Su método busca conectar lo que la ciencia clásica separó.

En ese contexto, “LA MÉTHODE” de Morin es una invitación a tolerar la incertidumbre, a abandonar el dogma de las verdades absolutas y aisladas, y a entender que cualquier fenómeno —sea artístico, social, político o científico— solo se comprende verdaderamente cuando se analiza en red con su entorno.

ADIÓS MAESTRO MORIN

Con profundo respeto y gratitud, lamentamos el fallecimiento de Edgar Morin: pensador universal, maestro de la complejidad y guía humanista de la comunidad académica. Su obra imperecedera continuará iluminando nuestro tránsito hacia el conocimiento, motivación en el aula universitaria y el ejercicio de la academia.

La Multiversidad honra su memoria y acompaña con profunda solidaridad a quienes hallaron en su pensamiento una fuente inagotable de lucidez, esperanza y humanidad. Edgar Morin trascendió en su obra y en la conciencia de quienes asumimos el desafío de comprender la complejidad del mundo. Desde la eternidad, tu mente seguirá complejizando el universo. Descansa en paz, maestro Edgar Morin.

(*) es Comunicador Visual y Social, Magíster en Comunicación Intercultural como Aporte al Desarrollo, Periodista, Artista Plástico, Músico, Gestor Cultural, Catedrático Universitario de Posgrado y Conferencista Internacional.

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Por: Ascanio J. Nava Rodriguez

El terrorismo, en términos jurídicos contemporáneos, no se define únicamente por la existencia de violencia física, sino por la utilización sistemática del miedo, la coacción y la alteración grave del orden constitucional o social para imponer objetivos políticos, ideológicos o corporativos. Desde la doctrina penal moderna y los estándares internacionales de derechos humanos, el elemento central del terrorismo es la instrumentalización del terror colectivo contra la población civil, las instituciones públicas o los servicios esenciales del Estado.

En el marco boliviano, la Constitución Política del Estado de Bolivia reconoce simultáneamente:

• el derecho a la protesta y a la participación política;
• la libertad de reunión y manifestación;

pero también la obligación estatal de garantizar seguridad pública, libre tránsito, continuidad de servicios básicos, salud, abastecimiento y paz social.

Por tanto, ningún derecho fundamental posee carácter absoluto. El ejercicio de derechos políticos pierde legitimidad constitucional cuando deriva en:

• violencia organizada;
• privación sistemática de derechos de terceros;
• destrucción de infraestructura;
• intimidación colectiva;
• paralización coercitiva de ciudades o regiones;
• o utilización de explosivos.

Desde el derecho penal comparado, el bloqueo persistente y violento puede evolucionar desde una simple protesta hacia una conducta de naturaleza criminal agravada cuando concurren ciertos elementos:

1. intención de coaccionar al Estado;
2. afectación masiva a la población civil;
3. empleo de violencia organizada;
4. interrupción prolongada de servicios esenciales;
5. uso de armas, explosivos o dinamita;
6. generación deliberada de miedo social.

En ese contexto, la utilización de dinamita en marchas o bloqueos constituye un punto de ruptura jurídica particularmente grave. La dinamita no es un instrumento simbólico inocuo; es un explosivo de alto poder destructivo cuya sola detonación:

• genera terror colectivo;
• pone en riesgo la vida e integridad física;
• afecta bienes públicos y privados;
• y crea condiciones objetivas de intimidación masiva.

Bajo estándares internacionales de seguridad democrática, el uso de explosivos en movilizaciones puede ser tipificado como:

• terrorismo;
• actos terroristas;
• intimidación pública agravada;
• empleo ilícito de explosivos;
• o amenaza contra la seguridad común.

Diversos sistemas jurídicos comparados endurecen severamente estas conductas:

• En España, el Código Penal sanciona actos dirigidos a alterar gravemente la paz pública mediante violencia o intimidación organizada.

• En Chile, la legislación antiterrorista en Bolivia contempla actos destinados a infundir temor en la población.

• En Perú, el terrorismo comprende acciones violentas destinadas a obligar a autoridades o alterar el orden constitucional.

• En Colombia, el uso de explosivos y actos que paralicen servicios públicos esenciales poseen agravantes especiales.

• En Estados Unidos, el uso de explosivos con fines de intimidación política activa competencias federales antiterroristas.

Desde la perspectiva de d derechos humanos, la protesta social está protegida mientras conserve proporcionalidad, razonabilidad y respeto a terceros. La Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que:

• el derecho a la protesta no ampara violencia letal;
• no protege el uso de explosivos;
• no legitima secuestro territorial;

• ni la privación indefinida de derechos fundamentales de la población.

El bloqueo persistente y violento puede afectar d derechos humanos de terceros:

• derecho a la salud;
• alimentación;
• trabajo;
• educación;
• libre tránsito;
• acceso a medicamentos;
• servicios de emergencia;
• e incluso derecho a la vida.

Bajo esa lógica, una futura legislación antibloqueo podría estructurarse sobre cinco ejes doctrinales:

1. Diferenciación entre protesta legítima y coerción criminal

La ley debe proteger la protesta pacífica, pero criminalizar:

• bloqueos indefinidos;
• cercos territoriales;
• violencia organizada;
• amenazas colectivas;
• destrucción de infraestructura;
• y empleo de explosivos.

2. Protección de servicios esenciales

Declarar agravante máxima la interrupción de:

• hospitales;
• carreteras troncales;
• aeropuertos;
• abastecimiento;
• energía;
• agua;
• combustibles;
• y cadenas sanitarias.

3. Criminalización autónoma del uso de dinamita

Tipificar específicamente: “Uso, portación, detonación o exhibición intimidatoria de explosivos en marchas, protestas o concentraciones públicas”.

Con agravantes cuando:

• existan menores presentes;
• se afecten centros urbanos;
• exista reincidencia;
• o daño colectivo.

4. Incorporación de la figura de terrorismo coercitivo interno

Podría desarrollarse una categoría penal vinculada a: “acciones organizadas destinadas a paralizar el funcionamiento económico, institucional o territorial del Estado mediante intimidación colectiva, violencia, o empleo de explosivos“.

5. Régimen punitivo escalonado

Por ejemplo:

• bloqueo simple;
• bloqueo agravado;
• bloqueo violento;
• terrorismo coercitivo;
• terrorismo con explosivos.

Con inhabilitación política, responsabilidad civil y reparación económica.

No obstante, jurídicamente existe un límite fundamental: una ley antibloqueo no puede convertirse en mecanismo de supresión de la protesta democrática legítima. Si el tipo penal es excesivamente amplio o ambiguo, podría entrar en conflicto con:

• principios de proporcionalidad;
• legalidad penal estricta;
• libertad de expresión;
• derechos políticos;

• y estándares interamericanos de derechos humanos. Por ello, la técnica legislativa debe definir con precisión:

• qué constituye violencia;
• qué constituye intimidación colectiva;
• qué duración transforma un bloqueo en ilícito agravado;
• qué se entiende por servicios esenciales;
• y cuándo existe finalidad coercitiva o terrorista.

A solidez constitucional de una ley de esta naturaleza dependerá de que sancione conductas violentas concretas y no simplemente disidencia política.

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Por Ronald Nostas Ardaya (*)

Durante gran parte del siglo XX, la legislación laboral moderna se construyó sobre una idea relativamente estable del trabajo: indefinido, a tiempo completo, con un empleador identificable, sujeto a seguridad social y protegido por normas y derechos. Este modelo, construido sobre la base del desarrollismo liberal, suponía una relación triangular entre el trabajador, el empleador y el Estado.

Hoy, ese triángulo ha sido fragmentado, complejizado y, en muchos casos, disuelto por nuevas realidades que van desde la digitalización y la globalización hasta los cambios profundos en la transformación del mercado laboral, la financiación de las empresas y la resignificación de los conceptos de obrero, empleado, dependiente o asalariado.

No se trata de un proceso uniforme ni exento de problemas o injusticias, pero sí de una tendencia global que ha reconfigurado la relación entre empresa y trabajo. Lo que antes era la excepción como la subcontratación, la prestación de servicios independientes o el servicio a demanda, se ha convertido en la norma para una porción creciente de la fuerza laboral en el mundo. Y, sin embargo, en muchos países, las normas laborales siguen diseñadas como si el empleado de tiempo completo con planilla fuera la regla universal.

Las empresas de hoy requieren estructuras más ágiles, especializadas y adaptativas. Al mismo tiempo, miles de trabajadores, especialmente los jóvenes, buscan mayor autonomía, flexibilidad horaria o nuevas formas de trabajo. Esto ha dado lugar a múltiples modalidades laborales como el teletrabajo, el empleo híbrido, la contratación por proyectos, el trabajo freelancer, el trabajo temporal especializado, la tercerización de servicios, los contratos por objetivos o resultados, el empleo a tiempo parcial, las consultorías independientes, el empleo estacional, el pago en participación accionaria o las compensaciones vinculadas a resultados.

En el caso de Bolivia, la brecha entre las políticas de trabajo y la realidad tiene consecuencias críticas. La legislación fue concebida para una economía industrial, con relaciones verticales y empleo asalariado estable, aunque en el universo laboral predominan los servicios, el comercio, la informalidad, la tercerización y las actividades de baja escala.

La consecuencia es paradójica. En lugar de proteger efectivamente al trabajador, la rigidez normativa termina incentivando la informalidad. El propio Estado recurre masivamente a consultores en línea y contratos temporales para eludir las barreras del sistema formal.

El problema no es únicamente contractual ni tiene que ver con niveles salariales o inamovilidad. Lo que debe cambiarse es el propio modelo de trabajo contemporáneo, es decir, sus mecanismos de organización, acceso y protección. Los derechos laborales no pueden abstraerse de la realidad material del trabajo. Si las formas de empleo remoto cambian, las instituciones que regulan y representan esas relaciones también deben transformarse.

El gran desafío no consiste en desmantelar los derechos laborales, sino en preservarlos, pero adaptándolos a nuevas realidades productivas. El objetivo debe ser salvar el empleo digno, no preservar mecánicamente formas contractuales que ya no representan a la mayoría de los trabajadores.

El debate debe partir de la necesidad de separar del contrato laboral ámbitos como la seguridad social de corto y largo plazo, el pago de impuestos o los subsidios. Hoy en día, estas categorías, al estar ligadas al empleo formal, excluyen a los trabajadores informales (90% del total) y concluyen al finalizar la relación laboral, coartando derechos individuales.

Otro cambio importante debería incluir el reconocimiento de contratos laborales flexibles, permitiendo modalidades contractuales más adaptables a proyectos, productividad o temporalidad e incorporando a los trabajadores semiindependientes, autónomos o asociados. Esto debiera acompañarse de la creación de regímenes especiales para pequeñas empresas, trabajadores independientes con cargas tributarias y laborales progresivas y simplificadas.

Asimismo, es necesario regular el teletrabajo y la economía digital desarrollando marcos modernos para empleo remoto, plataformas tecnológicas y servicios digitales, evitando tanto la desprotección como la sobrerregulación.

El mercado laboral contemporáneo ya cambió. Lo que permanece pendiente es la transformación de las normas y las políticas públicas. La cuestión estratégica es cómo construir un nuevo pacto laboral capaz de integrar flexibilidad productiva, competitividad económica y protección social.

El empleo digno no se garantiza negando las nuevas formas de trabajo, sino reconociéndolas, regulándolas y construyendo sobre ellas un sistema de derechos que le dé sentido, en el siglo XXI, a la promesa constitucional del trabajo como derecho y como deber social. Precisamente por eso, resulta urgente construir nuevas instituciones laborales que permitan preservar la dignidad del trabajo en un mundo profundamente distinto.

(*) Industrial y ex Presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia

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Por Manuel Alcántara/Latinoamérica21

Los diagnósticos sobre una base comparada del estado de la democracia se acumulan y las posibilidades de conocer su compleja situación actual se agrandan. Todo ello es fundamental para terciar en el debate, no solo acerca de lo que acontece, sino de sus causas para intentar formular alternativas. Caer en el nihilismo es la peor de las salidas. Si en un texto reciente me refería al pulso de la democracia, de acuerdo con análisis realizados a través de índices medianamente complejos y dejaba pendiente una aproximación alternativa consistente en vislumbrar a la democracia desde diferentes ángulos, a ello hoy se suma un valioso trabajo monográfico regional recién publicado. Veamos.

El proyecto V-Dem, liderado por la universidad de Gotemburgo (Suecia) e iniciado hace tres lustros, parte de la base de la configuración de la democracia en diferentes variedades de democracia en función de distintos perfiles. Ello puede facilitar llevar a cabo aproximaciones más finas para evaluar su desempeño, pues se tienen en cuenta por separado facetas del desempeño democrático que no necesariamente coinciden. Estas cinco variedades de democracia reciben sus denominaciones, según el criterio conceptual dominante.

Así, cuando lo que importa es el principio de la competición política la variedad de la democracia se denomina electoral y los indicadores que la componen giran en torno a los comicios. La variedad de la democracia liberal supone la existencia de un gobierno limitado, puntos de veto múltiples, rendición de cuentas horizontal, derechos individuales, libertades civiles y transparencia. La variedad de la democracia participativa tiene que ver con el gobierno del pueblo y en qué medida participa en política la ciudadanía. La variedad de la democracia deliberativa se vincula al gobierno por la razón, de manera que las políticas sean el resultado de la deliberación. Y, finalmente, la variedad de la democracia igualitaria se refiere al nivel de empoderamiento igual que debe tener la ciudadanía.

Estas facetas son descompuestas en indicadores que terminan siendo codificados por más de tres mil expertos y el resultado supone una clasificación de los países objeto de análisis gracias a la puntuación alcanzada en una escala de 0 a 1. La posibilidad de analizar su desempeño en el tiempo es otra.

Los días presentados recientemente relativos al año 2025 referidos a los países latinoamericanos confirman su gran heterogeneidad. En las cinco variedades de democracia de forma constante Uruguay, Costa Rica y Chile destacan por su mayor rendimiento mientras que Cuba, Nicaragua y Venezuela lo hacen en el sentido opuesto. A este grupo se une recientemente El Salvador con valores muy bajos en cuatro de las cinco variedades de democracia como son la liberal, igualitaria, deliberativa y participativa.

En cuanto a la evolución registrada entre 2020 y 2025, el comportamiento de los distintos países es desigual y no se puede hablar de un patrón regional. Se registran retrocesos en las cinco variedades en cinco países (Argentina, Ecuador, El Salvador, México y Perú). Por el contrario, contabilizan progresos seis países (Bolivia, Brasil, Colombia, R. Dominicana, Guatemala y Honduras). Pánama, que tiene valores más altos que Paraguay, mantiene con este país un comportamiento estable como ocurre con los tres países que tienen valores más altos (Uruguay, Costa Rica y Chile) y los tres países con desempeño muy bajo (Cuba, Venezuela y Nicaragua).

Desde una perspectiva muy diferente, pero manteniendo un engarce evidente con lo recién señalado, el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) acaba de publicar su informe sobre democracia y desarrollo 2026 centrado en América Latina y el Caribe. Se trata de un minucioso y extenso estudio de 344 páginas que de manera exhaustiva y siguiendo un riguroso proceso colaborativo hace un análisis del acontecer político en la región, sus riesgos y expectativas.

El trabajo sigue la huella del informe predecesor de 2004 en el que Dante Caputo, Guillermo O´Donnell y Gerardo Munck, entre otros, inspiraron una fértil integración de la faceta institucional de la política con la social en el marco de lo que entonces se denominó una “democracia de ciudadanas y ciudadanos.“ Era el gran momento del reto de la consolidación democrática en la región tras haberse culminado los procesos de transición y abrirse paso la agenda de la calidad de la democracia.

Dos largas décadas después, las democracias fatigadas latinoamericanas se sitúan en el interior de un cuadrado sufriendo una presión que a veces se hace insoportable. De un lado está la inteligencia artificial y su relación con la desinformación y el sistema informativo en transformación que ha transformado la esfera pública. Su impacto sobre los mecanismos democráticos y las capacidades del Estado pueden abrir una oportunidad para fortalecer a la democracia, algo que supone un reto imperioso.

Un segundo costado está constituido por la presión criminal que ha puesto en un brete a la limitada capacidad del estado confrontado por economías ilícitas e incapaz de mantener el monopolio de la violencia legítima que proyecta un pulso de permanente desgaste. El tercer flanco lo configura la emigración y el desplazamiento interno sujeto de una tensión permanente de carácter social, económico y cultural. Por último, está el lado definido por los déficits persistentes del desarrollo en tiempos de crisis planetaria y de no satisfacción de demandas de la ciudadanía.

El informe del PNUD titulado Democracias bajo presión. Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo contiene un bagaje conceptual muy sólido que se articula a través de numerosos indicadores para definir los logros, deudas y riesgos de retroceso de la democracia, así como la manera en que la polarización política la pone a prueba. Sin embargo, no se queda en la ya de por sí importante función descriptivo-analítica, pues en su último capítulo aventura una guía de acción para la política al reimaginar los futuros de la democracia reconectando la democracia, el desarrollo humano y el Estado.

Como señala en el prólogo Michelle Muschett, directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, “el futuro de la democracia y el desarrollo dependerá de la capacidad de nuestras sociedades para transformar la presión en progreso sin sacrificar la agencia y las libertades humanas. Este es un desafío colectivo e ineludible”.

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Por José Mateo Gambarte Flores (*)

Decía el Presidente de El Salvador: Nayib Bukele, considerado por muchos como el Enviado de Dios, que los grupos criminales y pandillas no pueden ser más poderosos que un Estado. Un Estado siempre es y debe ser más fuerte.

Todo Estado, dice Bukele, tiene la capacidad institucional para someter a grupos violentos y si esto no fuera posible, es porque hay complicidad de un gobierno con los criminales o hay corrupción dentro de las estructuras gubernamentales.

Las realidades o contextos entre El Salvador y Bolivia, en este instante son distintos, aunque con grados de similitud cercanos. A falta de maras tenemos narcodelincuencia (sembradores de la hoja, procesadores de pasta base, vendedores y transportadores hacia el exterior, etc.) y a falta de pandillas, aparecen ahora grupos violentos en carreteras y ciudades, cometiendo desmanes, incendiando vehículos, aterrorizando niños en un minibús, golpeando a un jovencito con su gatito, provocando cuatro muertes por falta de auxilio médico a causa de los bloqueos, y un largo etcétera.

¿ PRECAUCIÓN, CAUTELA O FALTA DE VALOR ?

A más de veinte días de bloqueos y movilizaciones de diferentes sectores en el país, el Presidente no ha logrado mitigar, reducir o terminar con aquello. Mientras mucha gente cansada y agotada por el estado de cosas le pide declarar un Estado de Excepción, incluso sectorizado, el gobierno no se anima. Acaso para no provocar víctimas entre quienes protestan, sigue llamando al diálogo, pero no es escuchado.

Volvamos a la comparación: desde marzo de 2022, apoyado en su mayoría parlamentaria Nayib Bukele implanta un Régimen de Excepción en El Salvador, suspendiendo derechos constitucionales, haciendo juicios sumarios, llegando incluso al enjuiciamiento de menores de edad.

Por cierto las críticas a voz en cuello le llueven desde organismos y ONGs que ven las cosas de otra forma desde el exterior, aunque Bukele tiene un enorme porcentaje de aprobación de su población por haber logrado la caída drástica de las tasas de homicidio. Y esto es lo que vale.

Aquí si es aplicable aquello de “a grandes males, grandes remedios”, pues los resultados son palpables. Hoy El Salvador es el país más seguro de las tres Américas.

Ya lo dijimos, hay diferencias contextuales entre el pequeño país centroamericano y el nuestro. Pero, es de esperar que nuestro gobierno haga algo urgente y positivo una vez que la Ley 1341 ha sido abrogada por el parlamento y le devuelve facultades constitucionales al primer mandatario para afrontar convulsiones internas que afectan a la gran mayoría de la población boliviana.

VANDALISMO

La palabra vándalos proviene de una antigua tribu germánica que durante la caída del Imperio Romano realizaba grandes saqueos e invasiones por gran parte de Europa.

El sentido de “destructor” para la palabra, se popularizó después, en el siglo XVIII. El sentido actual nos indica a personas que realizan acciones destructivas, violentas y salvajes en contra de la propiedad pública o privada.

¿No es violento y salvaje quemar vehículos?. ¿No es torpe y absurdo derribar la pared de un Ministerio? ¿No es eso un atentado a la propiedad privada o pública? ¿No es comportamiento dañino golpear a un joven? ¿No es dañino y violento destruir mobiliario e incendiar postas policiales? ¿No es criminal privar de medicinas y oxígeno a hospitales de ciudades o poblaciones asediadas? Y ¿no es salvaje y dañino el provocar la muerte de personas negándoles atención médica urgente?

Si todo lo nombrado no es vandalismo, ¿Con qué adjetivo quieren identificarse los bloqueadores? Bueno, ellos pueden creerse que son bondadosos, comprensivos, cariñosos, dignos y protectores de sus gremios. Pero la gran mayoría, los millones de bolivianas y bolivianos tienen muy claro en su pensamiento y sentimiento los adjetivos que les corresponden. Esta dicho.

(*) Comunicador Social

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Por Jorge Luna Ortuño (*)

De Juan Bustillos, hombre afable y generoso radicado en Santa Cruz de la Sierra, se ha escrito y comentado ya bastante por su faceta de escultor, pero aún no tanto de sus logros como gestor y productor de espacios para el arte tridimensional.

Más que un escultor puramente, Juan se ha convertido en un productor de condiciones para que la escultura ocurra. A fin de proponer un orden, podríamos identificar en su trabajo de gestión tres grandes ejes: 1) impulso a la producción escultórica; 2) creación de plataformas sostenibles para la exhibición de esculturas; 3) fomento de prácticas formativas desarrolladas desde el taller Búho Blanco.

El primer eje se manifiesta en iniciativas como el Simposio Internacional de Escultura, desarrollado junto a Casa Design Center. La XII versión se desarrolló esta semana desde el lunes 18 hasta la fecha; aquí diferentes escultores trabajan en vivo en un espacio abierto al público, compartiendo procesos que normalmente son cosa del taller. Trabajan su destreza sobre troncos reciclados de especies nativas como algarrobo, cupesí y toco. La propuesta recupera una tradición que concibe a la escultura como acontecimiento colectivo y no únicamente como objeto terminado. Considérese aquí también los encuentros de tallado en piedra que Bustillos organiza en Búho Blanco San Javier, con cierta periodicidad.

Un segundo eje es la exhibición, abriendo plataformas para la exposición comercial de las obras escultóricas propias y de otros. Esto es Días de Arte, encuentro anual que reúne a artistas visuales en un formato poco frecuente dentro del medio local. El proyecto parte de una premisa clara: convocar a creadores que vivan de producir arte. No se puede ser león a tiempo parcial, parafraseando un proverbio asiático. Bustillos debe entenderlo así, los individuos que apuestan todo para vivir de su talento, sacrificando las certezas traicioneras de un sueldo fijo o siendo empleados de alguien, pueden hacerse llamar artistas o no, pero lo que diferencia realmente es quienes dan el paso decidido de asumirlo su camino. “Días de Arte” está concebida para ellos.

El tercer eje es el formativo. Búho Blanco nunca fue concebido como una escuela de arte en sentido convencional. No existen programas académicos, materias ni certificados. Sin embargo, por ese taller de trabajo han pasado varios escultores que hoy son protagonistas de la escena artística local. Algunos llegaron mediante becas de formación; otros comenzaron trabajando como ayudantes; unos pocos combinaron ambas experiencias.

Las historias son diversas, pero comparten un aprendizaje basado en el oficio. Escultores como Jaime Tereba, Sara Callpa, Darwin Ibáñez, José García Cuéllar, Oscar Soza, Edgar Márquez y otros han reconocido en distintos momentos la influencia que ha tenido el entorno de trabajo de Búho Blanco en sus procesos de profesionalización.

Este uno de los aportes más singulares de Bustillos. Además de producir esculturas, ha contribuido a producir escultores. Además de organizar exposiciones, ha ayudado a construir públicos y circuitos.

Lo más lindo, que año tras año vuelve a hacerlo e intentarlo mejor.

(*)investigador, gestor y curador. Licenciado en Filosofía por la UMSA, especializado en Educación Superior y Curaduría. Publica artículos de análisis y crítica en plataformas nacionales e internacionales. Autor de los libros Pensamiento inalámbrico (2012), Lorgio en los anillos (2019). Dirige el podcast de arte y tecnología Inalámbricos.

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Por Danilo Desiderio/Latinoamérica21 (*)

El comercio global está experimentando una reconfiguración estructural que está transformando la geografía del poder económico. En lugar de converger en un sistema unificado, América Latina y el Caribe (ALC) y África se integran a través de vías fragmentadas y divergentes. El resultado es una arquitectura emergente de conectividad parcial, donde las regiones interactúan sin alcanzar una alineación sistémica.

La participación externa de África refleja una creciente diversificación. Los lazos tradicionales con Europa y Norteamérica siguen siendo importantes, pero ya no son pilares exclusivos. En cambio, África está colaborando con un conjunto más amplio de socios, entre ellos China, India y, selectivamente, Rusia, Turquía y los Estados del Golfo. Estos actores desempeñan funciones diferenciadas en la diversificada arquitectura externa de África. China domina la financiación de infraestructuras, India se expande en el sector farmacéutico y los servicios digitales, mientras que los Estados del Golfo y Turquía fortalecen sus posiciones en logística, puertos e inversiones relacionadas con la energía. Esta configuración no refleja una mayor autonomía, sino más bien una reconfiguración de la dependencia externa de múltiples socios.

América Latina y el Caribe (ALC) presenta una configuración diferente, pero igualmente fragmentada. A pesar de su comparable potencial demográfico y productivo, permanece profundamente integrada en sistemas de producción Norte-Sur establecidos, centrados en Estados Unidos y la Unión Europea. Al mismo tiempo, su relación con Asia se ha expandido de manera desigual, con China emergiendo como el principal socio comercial para varias economías (en particular Brasil, Chile y Perú), influyendo cada vez más en las exportaciones regionales de productos básicos.

Esta creciente interdependencia económica refuerza el papel de China en la estructura del comercio exterior de Sudamérica y posiciona a ALC dentro de esferas económicas externas superpuestas y, en ocasiones, competitivas. Estas dinámicas están reconfigurando las cadenas de suministro, los patrones de inversión en infraestructura y la exposición geopolítica de manera altamente asimétrica entre los países. En lugar de fortalecer la cohesión regional, refuerzan la divergencia interna, ya que las estrategias comerciales y de inversión se orientan cada vez más hacia el ámbito nacional, mientras que los mecanismos de coordinación regional se debilitan. Esta tendencia es evidente en el Mercosur, donde los Estados miembros persiguen estrategias externas distintas, incluyendo la colaboración bilateral con socios externos, como lo demuestra la búsqueda de Uruguay de un Tratado de Libre Comercio con China.

Una limitación fundamental en las relaciones entre América Latina y Africa es la suposición de complementariedad estructural. En realidad, ambas regiones ocupan posiciones periféricas bastante similares en las redes de producción globales, especializándose en la exportación de materias primas y con una integración limitada en segmentos de mayor valor. Esto genera una paradoja: en lugar de socios naturales, a menudo funcionan como competidores latentes dentro de cadenas de valor superpuestas.

Esta similitud se ve reforzada por la limitada diversificación en la cadena de valor. Sin una expansión hacia el procesamiento, la manufactura, los servicios y la integración digital, las relaciones económicas Sur-Sur siguen limitadas por estructuras de exportación superpuestas, concentradas en materias primas con alto contenido de carbono.

Estas dinámicas se intensifican debido a la regulación climática y comercial. El Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) de la Unión Europea está incrementando los costos de cumplimiento para las exportaciones con alto contenido de carbono, como el acero, el aluminio y los fertilizantes. Esto acelera la presión para la modernización industrial y la producción baja en carbono en ambas regiones. Como resultado, la transformación verde se está convirtiendo en un requisito para la competitividad, más que en una opción estratégica.

Estas presiones regulatorias también resaltan la creciente importancia de la negociación colectiva a nivel regional. Tanto para América Latina como para Africa, el desafío estratégico ya no radica solo en la adaptación a las normas externas, sino en la capacidad de moldearlas colectivamente. En este contexto, los marcos regionales como el Área de Libre Comercio Continental Africana (ACFTA) y el Mercosur podrían funcionar como plataformas coordinadas para negociar normas de cumplimiento ambiental, digital y comercial con los principales socios externos. Al armonizar las posturas regulatorias y los estándares técnicos, estos bloques podrían reducir el riesgo de que países individuales sean señalados en las negociaciones regulatorias.

Al mismo tiempo, ambas regiones están integradas en las cadenas de suministro globales de minerales críticos esenciales para la transición energética. Sin embargo, la generación de valor dependerá de su capacidad para avanzar hacia el procesamiento, la certificación y los ecosistemas industriales verdes. Sin coordinación, la transición corre el riesgo de profundizar la divergencia en lugar de propiciar la convergencia.

Estas dinámicas reflejan una transformación más amplia de la arquitectura del comercio global. El sistema se está fragmentando en lógicas de integración superpuestas que impulsan a los países en diferentes direcciones estratégicas. Africa está diversificando activamente sus relaciones externas a través de múltiples polos geopolíticos, multiplicando las alianzas, pero sin lograr una integración sistémica profunda. Por el contrario, América Latina y el Caribe se encuentra atrapada en una creciente tensión entre sus anclas históricamente arraigadas en Norteamérica y Europa y su creciente interdependencia económica con China. El resultado es una creciente disonancia estructural en la que las estrategias de alineación externa debilitan cada vez más la coherencia interna y regional.

En ambas regiones, estos patrones de fragmentación se ven reforzados por las limitaciones financieras e institucionales que actúan como aceleradores de la desconexión. La alta volatilidad cambiaria, el elevado riesgo soberano y la limitada financiación a largo plazo siguen desalentando la inversión interregional, impidiendo el surgimiento de líderes de la integración del sector privado. Iniciativas como BRICS Pay reflejan intentos de reformar los sistemas de liquidación, pero siguen limitadas por la fragmentación, la interoperabilidad limitada y las prioridades geopolíticas divergentes.

La volatilidad política interna añade otra capa de inestabilidad. En A América Latina, los ciclos electorales suelen modificar la política comercial. En Africa, la fragilidad de la gobernanza y las perturbaciones de seguridad interrumpen corredores de conectividad clave. Estos factores debilitan la durabilidad de la integración y subrayan la importancia de la resiliencia sistémica.

En este contexto, la colaboración entre A América Latina y el Caribe y Africa requiere un cambio de la cooperación declarativa a la infraestructura operativa. Esto incluye mecanismos de compensación Sur-Sur para reducir el riesgo cambiario, mecanismos de seguros de riesgo para mitigar el riesgo de la inversión, entornos de pruebas regulatorios digitales para la gobernanza de las fintech y cadenas de valor verdes integradas que vinculen los minerales críticos, el procesamiento y los sistemas de energía limpia. Sin tales mecanismos, ambas regiones corren el riesgo de permanecer estructuralmente vinculadas pero funcionalmente desconectadas.

De anclas fragmentadas a arquitectura emergente.

El sistema de comercio global se está volviendo simultáneamente multipolar y fragmentado. Ambas regiones permanecen desconectadas no por falta de complementariedad, sino por la competencia de productos básicos, las limitaciones financieras, los débiles vínculos interregionales y las persistentes asimetrías históricas.

Una transformación paralela está surgiendo a través de la conectividad impulsada por la infraestructura. El corredor logístico Brasil-África desarrollado por DP World refleja un nuevo modelo de integración impulsado por operadores logísticos e inversores en infraestructura, en lugar de estados o bloques comerciales formales.

No obstante, esto representa una conectividad funcional sin coherencia institucional. Si bien estos corredores reducen la distancia y los costos de transacción, no resuelven la fragmentación estructural en finanzas, regulación o integración de la cadena de valor. En términos más generales, el comercio global está experimentando una reespacialización impulsada por el riesgo, donde las crisis geopolíticas y las vulnerabilidades en los puntos críticos están impulsando a los actores logísticos a experimentar con configuraciones alternativas Sur-Sur e interoceánicas. La geografía del comercio está cada vez más marcada tanto por la resiliencia como por la eficiencia.

La cuestión clave es si estos corredores emergentes pueden evolucionar de puentes fragmentados a un sistema coherente. En la actualidad, constituyen la estructura inicial de una nueva arquitectura: de alcance creciente, visible en su forma, pero aún institucionalmente incompleta.

(*) Danilo Desiderio es Doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Salerno. Director Ejecutivo de Desiderio Consultants (Nairobi) y Asociado Senior del Instituto de Política Económica y Social del Cuerno de África (HESPI).

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Ernesto Hernández Norzagaray/Latinoamérica21

Las relaciones entre Estados Unidos y México en materia de seguridad aterrizaron abruptamente en el estado de Sinaloa cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de este estado del noroeste mexicano, y de nueve funcionarios más por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Esta noticia cobra especial relevancia porque no existe precedente en la historia de las relaciones bilaterales de una exigencia de ese tipo, aunque algunos exgobernadores hayan sido detenidos y hayan cumplido penas en prisiones estadounidenses.

La noticia no sorprendió porque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sostenido durante todo su mandato que México está capturado por el crimen organizado y ha aseverado que este país ha llegado a constituirse en una suerte de narcoestado, algo que encaja con la narrativa de que hay que combatir a varias organizaciones criminales catalogadas como terroristas.

Entre ellas, por supuesto, está el Cártel de Sinaloa, considerada una de las más poderosas organizaciones criminales del mundo por su extensa red de contactos, que atraviesa continentes enteros.

Sin embargo, si bien hay interés bilateral por combatirlas, como sucedió con la detención y extradición a los Estados Unidos de personajes como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, líderes indiscutibles del Cártel de Sinaloa, y la aprehensión y muerte en cautiverio de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la relación entre los dos países no deja de ser complicada, porque la administración Trump exige a su contraparte mexicana “ir por más”: los políticos que han brindado apoyo político y logístico.

Y es por eso que la solicitud de extradición del gobernador Rocha Moya se convierte en una piedra de toque en las relaciones bilaterales, porque trastoca las coordenadas en las que se había estado moviendo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya que esta exigencia pone en el centro a un peso pesado del morenismo.

Ahora, Sheinbaum se encuentra en el dilema de o bien entregar a los presuntos colaboradores del crimen organizado o bien rechazar la solicitud argumentando que no está debidamente fundada con pruebas. Por supuesto, sería en México donde finalmente confirmarían si la acusación tiene fundamento, lo que lleva a la posibilidad de especular que nunca serán suficientes, dadas las consecuencias que podría tener en el entorno presidencial.

Y es que conceder lo que solicita ese fiscal estadounidense significa sacudir las estructuras de Morena, donde sigue teniendo un peso importante el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Acceder a la solicitud estadounidense sería darse un balazo en el pie, por lo que la primera reacción ha sido ganar tiempo exigiendo pruebas a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo, y si aun presentando esas pruebas Sheinbaum se mantiene en la misma posición la tensión irá al alza.

Entonces, al tomar esta decisión, de entrada Sheinbaum privilegia el equilibrio interno de su movimiento y protege a los pesos pesados de su partido para que no sean alcanzados por la justicia estadounidense. Eventualmente, concediendo la extradición de algunos o todos los que están en esa lista de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York buscaría evitar, en una lógica de costo-beneficio, que se le complique más la relación en otros campos, particularmente en las rondas de negociación que están en curso sobre el espinoso T-MEC.

A eso hay que añadir que el país atraviesa un momento económico crítico, con unas dificultades expresadas por el propio Banco de México, que advierte que el pronóstico de crecimiento de este año es del 0,1%. Según algunos observadores económicos, se trata de un eufemismo para no decir que este año la economía nacional decrecerá a cero, y lo peor que le puede suceder es que haya unos malos resultados en las rondas trilaterales de negociación.

Así, los márgenes de negociación de la presidenta son estrechos y se inclinan peligrosamente a tener que seguir cediendo al gobierno estadounidense en aquello que pudiera servir al presidente Trump para mejorar su nivel de aprobación de aquí a las elecciones legislativas de principio de noviembre, cuando, como se sabe, los pronósticos sugieren que los republicanos retrocederán y no conservarán la mayoría.

Trump necesita mostrar que su estrategia de presión es exitosa en el ámbito de las migraciones ilegales y la lucha contra el crimen organizado y, si se puede, salir bien librado de la guerra contra Irán. Por lo tanto, se esperan meses intensos en las relaciones bilaterales, y el affaire Rocha Moya es un eslabón de una estrategia mayor que busca dos objetivos: someter a su interés a la presidenta Sheinbaum y que continúen ganando elecciones sus aliados en América Latina.

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Por: Franz Chávez – ANP

La Paz, 20 May 2026 (ANP) – “Estamos adoloridos, estos son los gajes del oficio. Qué podemos hacer…”, musitó al micrófono de Gigavisión el periodista Hanz Peñaloza a manera de consuelo mientras limpiaba las gotas de sangre que fluían por sus labios.

Era la tarde del jueves 14 de mayo. Una turba de maestros rurales superó la capacidad de la policía antimotines, que empleó los últimos cartuchos de gases lacrimógenos.

Exactamente uno de esos proyectiles golpeó la región nasolabial del reportero, mientras el edificio del Ministerio de Educación caía bajo el control de los manifestantes, según relató a la Unidad de Monitoreo de los periódicos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Casi aturdido, sintió dolor, tomó un pañuelo desechable para limpiar sus labios y advirtió que una herida interna dejaba fluir líquido rojo. Aun con esa dificultad, cerró la transmisión que por varios minutos realizó para reportar la violencia callejera del magisterio rural.

El camarógrafo que lo acompañó consiguió registrar el rostro de un enfurecido manifestante que se lanzó contra el trabajador de la prensa para arrebatarle la cámara.

La brutalidad no consiguió su propósito, pero determinó el fin de la transmisión al mismo tiempo en que terminaba el combate entre policías derrotados y manifestantes victoriosos por derrumbar la pared exterior y por quebrar a pedradas los vidrios del edificio ministerial.

El médico de emergencias del Hospital Obrero emitió su diagnóstico tras revisar el hematoma y la herida interna: “contusión facial. Herida labio superior” y recomendó una baja médica de tres días.

En 19 años de trabajo, este fue el momento de mayor riesgo para su salud. Durante el conflicto político y social, en octubre de 2019, junto a otros periodistas, sufrió agresiones a periodistas en Bolivia en el aeropuerto de El Alto cuando una multitud de seguidores del entonces presidente Evo Morales impidió la salida del aeropuerto de El Alto al líder cruceño Fernando Camacho.

La proximidad con la noticia, las calles y las coberturas informativas de riesgo lo acompañan al comunicador formado en la estatal UMSA. Escribió en el periódico zonal “Villa Balazos”, y fue reportero de las radios Continental, Andina, Metropolitana y desde hace 11 años camina las calles de La Paz.

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a
periodistas y medios desde hace 18 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios
informativos. La organización de periódicos independientes desaprueba toda forma de
apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin
autorización previa.

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Por Sebastián Godínez Rivera/Latinoamérica21

El mapa de la Gran Norteamérica anunciado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, delimita la nueva zona de influencia estratégica de Washington. Su diseño remite inevitablemente a la Doctrina Monroe de 1823, cuando los estadounidenses concebían como su espacio vital a México, Centroamérica, el Caribe, Venezuela y parte de Colombia. Sin embargo, la construcción de una hegemonía marítima se vio interrumpida por varios factores.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Washington ha intensificado su presencia en la región mediante operaciones militares y acercamientos con países como Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica, que en su momento condenaron el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. A ello se sumó la cumbre Escudo de las Américas, en la que participaron República Dominicana y Trinidad y Tobago para firmar acuerdos de cooperación en materia del combate al crimen. Paralelamente el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reforzado la interlocución con la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Rubio acudió a este organismo para pedir a los líderes insulares una mayor cooperación con Washington, argumentando que si a ellos les va bien, a Estados Unidos también. El Caribe tiene ahora un papel central en la construcción de la nueva hegemonía que se inauguró con la detención de Maduro y que muestra continuidad con las presiones sobre Cuba. La Casa Blanca no quiere repetir los errores del pasado y ahora aspira a consolidar un control más firme en su zona de influencia.

Incluso Donald Trump, quien se dice admirador del rey Carlos III, cabeza de la Commonwealth y jefe de estado de varias naciones caribeñas, señaló en 2025 en su red Truth Social que le parecía bien que Estados Unidos pudiera unirse a esta organización. Diarios como The Times y El Mundo interpretaron esta propuesta como una forma de fortalecer la influencia de Washington en el Caribe.

Una mirada hacia atrás

Desde el siglo XVIII la presencia de potencias coloniales europeas en el Caribe fue latente. Reino Unido conservó territorios como Bahamas, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Jamaica, Barbados, Granada y Dominica, por mencionar algunos. Por su parte, Francia mantuvo sus Departamentos de Ultramar en Guadalupe, Martinica y Guyana Francesa, mientras que España conservó hasta la guerra de 1898 sus últimas colonias, Puerto Rico y Cuba, perdidas ante los estadounidenses.

A partir de entonces, Estados Unidos cohabitó el Caribe junto con las potencias europeas, aunque al mismo tiempo apoyó a gobiernos de corte autoritario que se alinearon con la Casa Blanca. Entre ellos destaca la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, los gobiernos de François y Jean-Claude Duvalier en Haití y la administración de Fulgencio Batista en Cuba antes de la Revolución Cubana.

La lógica de intervención se mantuvo durante la Guerra Fría. En 1965 los dominicanos intentaron reinstaurar a Juan Bosch en la presidencia, pero la Casa Blanca invadió el país para impedirlo. Casi veinte años más tarde, en 1983, el gobierno de Ronald Reagan ordenó una invasión a Granada en 1983 después de que el primer ministro, Hudson Austin, llegó al poder mediante un golpe de estado. Washington argumentó que el nuevo gobierno ponía en riesgo su seguridad, y, junto a tropas de Barbados y Jamaica, depuso al líder golpista.

La operación generó malestar en Londres debido a que la entonces primera ministra, Margaret Thatcher, declaró que no se consultó a Reino Unido sobre la intervención en una nación perteneciente a la Commonwealth. De este modo, y a pesar de que en un inicio bajo la Doctrina Monroe, Estados Unidos había defendido la expulsión de todas las potencias europeas del continente, durante la Guerra Fría la Casa Blanca se acercó a estas naciones y formó con ellas una relación estratégica.

El Caribe, una región estratégica

El Caribe ha sido históricamente una pieza central de la hegemonía en el hemisferio, no solo porque es la puerta de entrada para el intercambio comercial con África y Asia, sino porque permite proyectar influencia hacia América del Sur. Tras la instauración del gobierno socialista encabezado por Fidel Castro en Cuba, Estados Unidos impulsó el aislamiento de la isla respecto de islas como Jamaica y Trinidad y Tobago precisamente para evitar que estos países adoptaran gobiernos de izquierda.

En este contexto, Haití representa un punto sensible. Sumido en una crisis política, económica, de salud y seguridad desde 2021, el país es importante para Estados Unidos. El Alto Consejo de la Transición, el organismo que ejerce el control del país debido a que ya no quedan funcionarios electos, tiene previsto celebrar elecciones el próximo 30 de agosto. Aunque Trump se ha referido poco públicamente a Haití, la fragilidad del país lo convierte en un eslabón vulnerable que recibirá presiones para cumplir con los designios de Washington.

En conclusión, el Caribe representa hoy uno de los puntos geopolíticos más relevantes para la Casa Blanca: es la entrada natural a la América continental y un corredor fundamental para el intercambio comercial. Bajo una nueva Doctrina Monroe, Washington busca unir todas las piezas del rompecabezas para consolidar una hegemonía hemisférica que durante los años noventa descuidó.

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Por: Miguel Angel Foronda Calle (*)

Bolivia atraviesa una creciente conflictividad social desde finales del mes de abril. Sin embargo, tras la celebración del Primero de Mayo, las movilizaciones se tornaron más contundentes, siendo el departamento de La Paz uno de los más afectados. Esta situación ha generado impactos en distintos derechos, como el libre tránsito, la salud y el trabajo, además de consecuencias económicas cuyo alcance recién podrá cuantificarse posteriormente en sectores como el aparato productivo, el comercio y el turismo.

Más allá de asumir una postura respecto a las demandas o a los actores involucrados en el conflicto social en Bolivia, este artículo busca analizar si tiene viabilidad constitucional la declaración de un Estado de Excepción, propuesta que comenzó a manifestarse en los últimos días ante la falta de soluciones efectivas frente a la conflictividad existente. La pregunta resulta importante porque este tipo de planteamientos suele estar acompañado de emotividad política y de una sensación de urgencia social; sin embargo, pocas veces se analiza con profundidad la dimensión jurídica y constitucional de una medida de esta naturaleza.

Lo que hoy se conoce como Estado de Excepción, bajo el anterior régimen constitucional, tenía la denominación de Estado de Sitio. Sin ingresar en un análisis comparativo amplio, puede advertirse que la Constitución Política del Estado vigente establece mayores controles, límites y procedimientos para su aplicación, restricciones desarrolladas además por la Ley N° 1341 “Ley de Estados de Excepción”.

El Artículo 3 de dicha Ley permite entender que el Estado de Excepción constituye una respuesta del Estado, a través del Órgano Ejecutivo y de manera razonable y proporcional, frente a una amenaza que ponga en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, y que no pueda ser resuelta mediante las facultades ordinarias existentes. Las causas que podrían motivar su activación son la amenaza externa, la conmoción interna o el desastre natural.

En ese contexto, las medidas que pueden adoptarse comprenden restricciones —no anulación ni suspensión— de determinados derechos y garantías, la adopción de medidas de emergencia en Bolivia y la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público y control de disturbios civiles. En este último punto resulta importante realizar una precisión. El Artículo 20 de la Ley N° 1341 permite interpretar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control de disturbios civiles requiere previamente la declaración de un Estado de Excepción por conmoción interna, siempre que la Policía Boliviana hubiese sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden.

En caso de decidirse aplicar esta figura, la declaratoria debe realizarse mediante Decreto Supremo aprobado en Consejo de Ministros y posteriormente ser puesta a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene un plazo de setenta y dos horas para aprobarla o rechazarla. Asimismo, el Decreto debe expresar claramente las razones de la declaratoria, las medidas que serán adoptadas y la justificación de por qué las facultades ordinarias resultan insuficientes para enfrentar la situación. El Ejecutivo debe mantener al Legislativo informado de manera permanente y presentar una rendición de cuentas.

Otro aspecto relevante es que la declaratoria de un Estado de Excepción no elimina ni exonera eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de actos contrarios a la Constitución o la ley. En otras palabras, los servidores públicos continúan siendo responsables por sus decisiones y actuaciones aun dentro de un régimen excepcional.

Durante la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, aún no se ha aplicado formalmente esta figura, pese a que el país atravesó momentos de elevada conflictividad política y social, como ocurrió en 2019, 2024 y 2025. Debe señalarse además que hasta el año 2020 Bolivia no contaba con una ley específica que desarrollara el mandato constitucional contenido en el Artículo 139 de la Constitución.

En la coyuntura actual, algunos sectores ciudadanos e instituciones han solicitado la declaración de un Estado de Excepción. Sin embargo, el gobierno no ha asumido esa decisión, probablemente debido a la complejidad política y jurídica que implica una medida de esta naturaleza, así como al riesgo de agravar el conflicto existente.

En términos prácticos, también llama la atención que recientemente se haya dispuesto la operación denominada “Corredor Humanitario”, que implicó el desplazamiento de las Fuerzas Armadas. Ello reabre el debate sobre los límites constitucionales de la intervención militar en conflictos, tomando en cuenta lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley N° 1341.

En este punto podría sostenerse que determinados elementos de la coyuntura actual podrían ser interpretados como compatibles con algunos de los presupuestos constitucionales previstos para la declaratoria de un Estado de Excepción. Sin embargo, la discusión no puede limitarse únicamente al plano jurídico. También debe evaluarse la viabilidad política de la medida y sus posibles consecuencias democráticas.

Una aplicación inadecuada o desproporcionada podría provocar un escalamiento del conflicto social, situación que Bolivia ya ha experimentado en distintos momentos de su historia reciente, guardando las diferencias históricas y políticas de cada caso, como ocurrió en octubre de 2003, junio de 2005 o noviembre de 2019.

Sin duda, se trata de una decisión compleja, pues involucra el equilibrio entre la preservación del orden público, la vigencia de los derechos fundamentales y el mantenimiento del Estado de Derecho. En consecuencia, el diálogo debe mantenerse como un principio permanente. No basta con expresar predisposición al diálogo; este debe materializarse de manera pública, transparente y con señales claras de voluntad política. Pero, al mismo tiempo, en un Estado Democrático también resulta imprescindible garantizar la vigencia efectiva de la Constitución y el respeto al Estado de Derecho.

(*) Abogado e investigador en temas institucionales

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Por Sergio Gareca

Nos han dicho, nos han comentado, nos han contado y la prensa nos lo ha confirmado, que el edificio de correos en Oruro ha pasado en comodato al órgano judicial, lo cual está bien y está mal. Pero no en ese orden. Primero está mal.

Resulta que, durante años, varias instituciones y personalidades del ámbito de la cultura y el patrimonio de Oruro hemos hecho notar el descuido del edificio y también hemos sugerido en varias oportunidades su restauración, proponiendo además usos alternativos, que pudieran darle funcionalidad provechosa al edificio.

Algunas de las preocupaciones fueron por ejemplo las del Comité De Defensa Del Patrimonio de Oruro, a la cabeza del colegio de arquitectos de Oruro, que se han tomado la molestia de enviar cartas aquí y allá, hacer un seguimiento e inspecciones al edificio.

El Consejo de Culturas, en su momento, también hubo declarado varias infraestructuras como edificios de interés estratégico para el desarrollo cultural y defensa de nuestro patrimonio material.

Como Unión de Poetas y Escritores, propusimos hace un par de años a la Brigada Parlamentaria que encabece las gestiones para que pudiera convertirse en la Casa Plurinacional Del Libro.

Hace un tiempo también la alcaldía pedía el traspaso del inmueble para que sea esta instancia quien convierta el edificio en una infraestructura cultural.

Cartas, proyectos y observaciones, papelitos que han ido volando de una oficina a otra; de una a otra autoridad. Y como se ve, han sido avioncitos de papel que se han estrellado como el avión de el dinero en El Alto; sin ningún provecho para nadie.

Lo que aquí molesta es que aparezcan instituciones sin ninguna vocación cívica, que nunca antes han dicho esta boca es mía, y se hagan responsables del inmueble, y que peor aun se le de directamente un uso burocrático. Por lo menos esperemos que inviertan el dinero en una correcta restauración.

La falta de criterio prima en este y en el anterior gobierno y en cada funcionario que penosamente nos toca tener al frente.

En su momento la Asamblea Legislativa Departamental, quería convertir el cine Palais Concert en oficinas, nos hemos opuesto; y luego como venganza han bloqueado posibles soluciones, una de ella era que el edificio pase a la universidad para que de allí salgan los recursos de la restauración, con financiamiento de la cooperación internacional. Enemigos de la cultura. Ahora a duras penas se ha conseguido que el proyecto salga adelante, aun con sus defectos.

La profesora María Luisa Zeballos, mientras era concejal, pudo lograr que el edificio de la Escuela Murguía, tenga la proyección del museo histórico de Oruro. Durante meses, los ambientes estuvieron vacíos. Se hizo una consultoría para el museo, se lanzó propuestas de funcionamiento inmediato, pero los funcionarios son funcionarios, primero lo hicieron depósito, la pinacoteca municipal con todos los cuadros en el suelo y los ambientes abarrotados de sillas y escritorios amontonados uno sobre otro. Al final hicieron toda la planta alta oficinas que son madrigueras de empleados públicos.

En la casa de la Cultura “Javier Echenique”, nos ha costado sacar las oficinas que se entraron a los camerinos del teatro y hacer entender que el patio no es depósito de chatarra.

Ahora nos salen con lo mismo. Aquí lo único bueno es que se va a gastar dinero en atender al edificio patrimonial que necesita intervención urgente. Pero no hay criterio.

Hace unos años, se embargó la casa Schmit, antiguo consulado de Alemania en Oruro, por asuntos de narcotráfico, y más pronto que tarde saltó la fiscalía y se entró al edificio, de igual manera sin ningún criterio. Si uno pasa por esas dependencias tranquilamente va a darse cuenta que no son aptas para la atención al público en las funciones que se le da.

Ahora van a hacer lo mismo, lo peor a espaldas de quienes más se han preocupado por el edificio, ad honorem, gastando tiempo y dinero en hacer notar la emergencia y dando propuestas razonables para su uso.

Lo que está claro es que el burócrata promedio tiene un problema de mentalidad. No entiende, no calibra, no sabe a qué huele la riqueza cultural de nuestra región. En su modo de entender todo edificio público es una oficina. Cuando les reclamamos lo del Palais, nos ofrecieron una oficina. Cuando peleamos con la alcaldía, nos ofrecieron también una oficina en el monumento a la Virgen. En su concepción, trabajar es sentarse frente a la computadora, y obviamente, nosotros queríamos bailar, ensayar teatro, dar conciertos.

En este país todo es bloqueo y a veces es bloqueo mental.

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Por Ronald Nostas Ardaya (*)

Bolivia atraviesa nuevamente un momento de alta tensión política y social. Los bloqueos en el altiplano pueden extenderse a otras regiones del país. Los episodios de violencia extrema, el cerco económico y la creciente sensación de ingobernabilidad no son hechos aislados ni coyunturales.

Son señales de una crisis sistémica de transición histórica, donde colisionan problemas estructurales no resueltos y tensiones sociales acumuladas. Esto se suma al intento desestabilizador de Evo Morales y a los errores recientes de conducción política.

Una primera causa de esta crisis es el sobreempoderamiento de las organizaciones campesinas, los grupos corporativos y los sectores populares. Esto ocurre sin una transformación sociopolítica sostenible ni una modernización estructural del Estado.

En muchos casos, el poder fue trasladado sin construir mecanismos estables de institucionalidad democrática, meritocracia o equilibrio republicano. El resultado fue un esquema de gobernanza dependiente de pactos corporativos, distribución de rentas y control político de los sectores sociales.

El colapso de este modelo y la crisis económica, además del incremento de la pobreza, las medidas de ajuste y el desplazamiento político de las dirigencias sindicales, produjeron un escenario de frustración en ciertos segmentos populares. Hoy recurren a la violencia y la presión, demandando en las calles lo que perdieron en las urnas.

Por otro lado, nuestro país se ha convertido en un espacio estratégico para organizaciones del crimen organizado y para intereses de la izquierda radical latinoamericana. Tras perder influencia en otros países de la región, encuentran en Bolivia una trinchera de sobrevivencia o fortalecimiento, debido a la inermidad estatal, la fragmentación institucional y la persistencia de estructuras de movilización altamente radicalizadas.

También existen detonantes inmediatos y errores políticos evidentes. El gobierno ha mostrado enormes dificultades para manejar los tiempos políticos y la comunicación. La reacción tardía y poco eficiente, la ausencia de un plan de estabilización claro y creíble, las contradicciones internas, los mensajes ambiguos y la incapacidad para construir acuerdos políticos sólidos han profundizado la incertidumbre. A ello se añade una percepción creciente de permisividad estatal frente a medidas de presión extremas y discursos abiertamente violentos.

La ciudadanía percibe que el Estado perdió capacidad de disuasión y control territorial frente a los bloqueos prolongados que paralizan regiones enteras sin consecuencias claras. La situación es muy delicada y exige lucidez y firmeza. El riesgo es entrar en una situación en la que colapsen simultáneamente la confianza política, la estabilidad económica y la cohesión social.

En este escenario, el gobierno parece enfrentar tres posibles caminos. El primero es el uso sostenido de la fuerza represiva estatal y la aplicación estricta de la ley para recuperar control territorial y autoridad institucional. Este camino, que debiera aplicarse en un Estado de Derecho, puede producir una estabilización temporal. Sin embargo, también puede descontrolarse si no está acompañado de legitimidad política y capacidad de conducción estratégica.

El segundo es una negociación política que implique no solamente acuerdos coyunturales, sino un cambio radical en el modelo de gobernabilidad. Eso exigiría reconocer el fracaso del plan de estabilización actual, construir consensos mínimos sobre las medidas económicas y la institucionalidad democrática, además de redefinir la relación entre Estado, organizaciones sociales y regiones.

La tercera alternativa sería buscar una nueva legitimidad política mediante un referéndum nacional sobre las medidas de ajuste y el propio modelo económico y político. Esto podría permitir reconstruir el respaldo ciudadano, otorgar más poder al gobierno y reducir la incertidumbre respecto al rumbo del país.

El desafío de Bolivia ya no es únicamente económico ni exclusivamente político. Pasa por definir si el país puede reconstruir un proyecto común de convivencia, institucionalidad y desarrollo en medio de una sociedad cada vez más fragmentada y desconfiada.

Cuando las sociedades dejan de creer en el futuro compartido, la conflictividad deja de ser un episodio transitorio y comienza a convertirse en una forma permanente de organización social.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial boliviano y ex presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Destacó por su liderazgo en el sector empresarial, promoviendo el diálogo público-privado, la inversión y el desarrollo económico nacional.

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Por Ximena Loza (*)

Conectividad digital y derechos

Ayer conmemoramos el Día Mundial de Internet y esta fecha nos recuerda que la conectividad ya no es un privilegio, sino una condición fundamental para el ejercicio de derechos y la participación plena en la sociedad.

La tecnología es hoy el entorno donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) desarrollan su vida: educación, identidad y sueños. Sin embargo, el acceso a internet en Bolivia por sí solo no es suficiente, nos obliga a preguntarnos qué tan seguros están en la red, quiénes están quedando atrás y cómo enfrentar el verdadero desafío actual: la equidad digital en Bolivia.

En Bolivia, el internet es una puerta hacia el desarrollo, pero no se abre de la misma manera para todas y todos. Según la Encuesta Nacional de Juventudes de 2022, publicada por la AGETIC y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), aunque el 97% de los jóvenes accede a internet, persisten brechas críticas de exclusión por nivel educativo y socioeconómico.

Mientras el 97% de quienes tienen educación universitaria acceden a la red, solo el 77% de quienes tienen educación básica logran hacerlo. Además, existe una brecha de 16 puntos porcentuales en el acceso entre los sectores con mayores ingresos y los más pobres, demostrando que el factor económico sigue castigando a los hogares de menores recursos. Asimismo, las brechas digitales tienen rostro de género.

El estudio “Brechas digitales de género en la educación”, publicado por UNICEF Bolivia y la AGETIC en 2025, expone que las niñas y adolescentes bolivianas enfrentan mayores obstáculos para desarrollar habilidades tecnológicas, profundizando desigualdades que luego se trasladan al ámbito educativo y laboral, a esto se suma que muchos NNAJ navegan sin acompañamiento ni alfabetización digital. Para ChildFund, equidad digital significa transformar ese acceso en capacidad, protección y oportunidad real para que cada estudiante, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad puedan prosperar en un mundo conectado.

Amenazas digitales

El entorno digital también presenta serias amenazas que afectan desproporcionadamente a los más vulnerables. Los hallazgos de la Encuesta Nacional “Conectando Bolivia” (2025), de ONU Mujeres y la AGETIC, revelan que el 13% de las mujeres en el país ha enfrentado acoso digital (ciberacoso y acecho), y el 27% reportó algún tipo de abuso sexual relacionado con las TIC, incluyendo intentos de captación y trata de personas.

Para profundizar en esto, ChildFund y el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) publicaron en 2025 el estudio “Navegando entre riesgos invisibles y oportunidades reales”. Esta investigación visibiliza cómo los peligros en línea permanecen “invisibles” para padres y educadores debido a la brecha digital generacional, pero también resalta que, mediante la mediación reflexiva de adultos significativos, el internet se transforma en un catalizador de pensamiento crítico y autoexpresión.

Además, la rápida expansión de la inteligencia artificial y las plataformas digitales está transformando la forma en que niñas, niños y adolescentes aprenden, se relacionan y construyen su identidad. Sin regulación adecuada, alfabetización crítica ni medidas de protección, estas herramientas pueden ampliar aún más las desigualdades existentes. Frente a esta realidad, desde ChildFund en Bolivia impulsamos acciones orientadas a fortalecer la ciudadanía digital y prevenir las violencias en línea.

Entre estas iniciativas destacan la primera incubadora digital de negocios y procesos híbridos de aprendizaje llamado Lab Genera + y la herramienta “Emprendix”, reconocidas en nuestro enfoque global de equidad digital como experiencias bolivianas pioneras que utiliza inteligencia artificial para fortalecer las capacidades de emprendimiento juvenil.

Asimismo, junto a socios locales, promovemos procesos de formación y sensibilización en seguridad digital dirigidos a familias, docentes y adolescentes, entendiendo que la protección debe comenzar en el hogar y en las comunidades educativas. Estas acciones incluyen plataformas educativas como www.cuidadosdigitales.com y campañas de prevención como “Monstruos en Internet” y “Cuidados Digitales”.

Equidad digital

La equidad digital para ChildFund no significa únicamente tener acceso a la tecnología, sino contar con las capacidades y condiciones para utilizarla de manera segura, inclusiva y transformadora. Significa también garantizar que cada niña, niño y adolescente en Bolivia pueda aprender, participar, crear y desarrollarse en entornos digitales protectores y llenos de oportunidades porque la equidad digital también es el derecho de nuestra niñez a un futuro sin límites.

Pero ninguna organización puede enfrentar este desafío sola. En este Día Mundial de Internet, hacemos un llamado a construir una agenda nacional de equidad digital centrada en la niñez y adolescencia; esto implica reducir las brechas de conectividad, fortalecer la educación, la protección digital, y promover un uso seguro y responsable de las tecnologías desde el Estado, las familias y la sociedad, escuchando también las voces de adolescentes y jóvenes para construir soluciones conjuntas. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y también una responsabilidad compartida.

(*) Directora País de ChildFund en Bolivia

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Por Samuel Vásquez Montecinos (*)

La ciudad de Nuestra Señora de La Paz sufre las duras consecuencias de ser sede de gobierno en un país marcado por conflictos. La realidad nacional presenta déficits en diversos ámbitos. Mientras no se superen los problemas estructurales y las condiciones de vida de las mayorías en lo económico, social, político y ambiental, no se puede esperar una reducción significativa de los conflictos.

Impacto de la convulsión social

Marchas, mítines, bloqueos y enfrentamientos violentos son parte habitual del paisaje urbano que habitamos. La convulsión social frecuente ocasiona daños a la salud mental y física de los habitantes, causando trastornos, heridos e incluso muertos. Además, obstruye la movilidad urbana, perjudicando actividades de trabajo, estudio, servicios y cultura.

Esto provoca desabastecimiento y encarecimiento de alimentos e insumos de primera necesidad. También dificulta o impide gestiones ante organismos públicos y privados. Actividades económicas como comercio, transporte, turismo e industria se ven seriamente afectadas. Se ahuyentan emprendimientos e inversiones que se ven forzadas a emigrar. En resumen, la calidad de vida desciende a niveles intolerables, convirtiendo periódicamente a La Paz en una ciudad mártir.

Más información:

• Legisladores condenan violencia de maestros y mineros en La Paz
• Magisterio rechaza propuesta del Gobierno
• La justicia otorga medidas sustitutivas a aprehendidos de la COB

Destrucción del patrimonio urbano

La destrucción del ornato público, pavimentos, mobiliario urbano, áreas verdes y bienes públicos y privados se ha normalizado. Recientemente, maestros rurales realizaron graves destrozos en el edificio del Ministerio de Educación, llegando a herir a funcionarios con pedradas. Estos hechos vergonzosos demuestran que los autores no pueden ser considerados referentes ni ejemplos de vida para los niños y adolescentes que son sus alumnos.

Reflexiones sobre la educación

Viene a mi memoria el notable intelectual Mariano Baptista Gumucio, autor del libro “Salvemos a Bolivia de la Escuela”, quien decía: “Los maestros, después de titularse no leen ni el almanaque”. Las excepciones a esta regla sí existen. La ciudad es la casa grande de los ciudadanos; merece amor, respeto, cuidado y consideración, nunca maltrato ni destrucción. La mala educación prevaleciente, la inexistencia de educación ciudadana y la escasa conciencia social son factores que inciden en esta dramática situación caracterizada por las bajas condiciones de habitabilidad urbana.

Métodos de lucha y violencia

Las demandas de sectores sociales relacionadas con reivindicaciones o posiciones políticas pueden ser justas o no. Sin embargo, los métodos de lucha vigentes, emparentados con la intolerancia, la intransigencia y la violencia, están fuera de lugar. Los chicotazos, el uso de explosivos peligrosos y el uso de armas contundentes de diferentes tipos son procedimientos absolutamente ilegales e ilegítimos.

Consecuencias de la impunidad

Los destrozos no son reparados por los autores de los hechos violentos. Aquellos que son detenidos son liberados en breve tiempo sin observancia de la ley. Las reparaciones corren a cargo de los propietarios, quienes recurren a sus recursos propios o a entidades públicas que utilizan recursos estatales. Estos son abusos descarados que quedan en la impunidad.

Afectación a la población vulnerable

La afectación principal de las movilizaciones violentas no es a los niveles de gobierno, sino más bien a la población, con mayor rigor a los más vulnerables e indefensos, quienes no son causantes ni responsables de resolver los problemas que motivan las acciones masivas agresivas.

Simbolismo del escudo de La Paz

El escudo de armas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz tiene en sus bordes la leyenda: “Los discordes en concordia en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria”, simbolizando la reconciliación y la pacificación.

¡La Paz merece vivir en paz!

* Samuel Vásquez Montecinos
Arquitecto UMSA. Posgrado en Administración Metropolitana BID, Rio de Janeiro. Past presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz y del Colegio de Arquitectos de Oruro. Docente Emérito de la UMSA. Docente de la UTO. Director Nacional de Desarrollo Urbano. Director de Infraestructura Dep. de La Paz.

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Por Franz Tamayo Daza

Analista político, consultor y constructor

Obreros y campesinos buscan una alianza política

Los obreros, campesinos, maestros y clases medias están materializando una alianza política. Si logran consolidarse, estaremos en los inicios de una revolución política y social. Deberían y podrían unificar sus intereses y demandas para plantear un pliego único conjunto y buscar alternativas viables. Sin embargo, deben mantenerse independientes de otros grupos y tendencias que buscan otras intenciones, financiados por intereses ajenos que pretenden aprovecharse de las movilizaciones sociales. Estos grupos, vinculados al narcotráfico, intentan distorsionar la situación.

La marcha por la vida hacia La Paz llama la atención, debido a que tras cruzar Oruro hacia la sede de gobierno, sus pronunciamientos son genéricos, y esperamos que no sea otro saludo a la bandera, como la marcha financiada por Evo Morales, que terminó en la plaza San Francisco. Esta marcha fue una muestra de fuerza ante el Gobierno de Arce, pero resultó en un fracaso. Los machistas creían que el caudillo podría plantear las demandas sociales en medio de la profunda crisis que vivimos tras 20 años de seudo-socialismo del M.A.S. Salieron con los pies rotos y sin nada.

Revolución política y social en Bolivia

También observamos que la sociedad está girando hacia sus bases sociales en busca de soluciones a sus demandas sectoriales. Esto muestra la tendencia, como ya señalaron dirigentes de organizaciones sociales, de ir hacia la toma del poder. La renuncia de Rodrigo Paz se presenta como una propuesta abierta de sedición para derrotar al gobierno actual. Esto nos lleva a reflexionar sobre el objetivo de la toma del poder, que podría desarrollarse como en los años setenta con una asamblea popular. Se crearía un nuevo poder que debería desarrollarse en una amplia democracia social o, de lo contrario, derivar en una dictadura con consecuencias que hay que analizar.

Consecuencias de las movilizaciones sociales

El bloqueo de carreteras, especialmente en La Paz, centro del poder político nacional, tiene brutales consecuencias económicas para toda la población: empresarios, fabriles, artesanos, campesinos y todos los demás sectores, incluido el turismo y los servicios relacionados. Este es el precio del conflicto que estamos soportando todos; se agudiza la miseria. El desabastecimiento afecta tanto a los bolivianos como a los operadores internacionales; su valor será compensado por las pérdidas en todos los sentidos.

Los movilizados ignoran el estado actual y no prestan atención a las amenazas del poder legislativo ni a las ofertas de cárcel y otros amedrentamientos legales. Por ello, el Gobierno movilizó a la policía y a los militares para desbloquear avenidas y carreteras. Sin embargo, esta fue una acción eventual, ya que los movilizados retomaron los bloqueos. Por otra parte, el gobierno debe buscar un pliego conjunto para lograr un plan consensuado. Sin embargo, el gobierno de Paz negoció con algún sector social y trató de dar concesiones aisladas, las cuales ya fueron rechazadas. No logró dividir ni pacificar; fue un grave error.

Antecedentes de la crisis económica y desabastecimiento en Bolivia

Los portavoces no tienen fuerza y mostraron manos tibias sin un plan político nacional consensuado para llevar adelante las riendas del Estado boliviano. Son conscientes de haber recibido un país quebrado, con una profunda crisis económica que arrastró a la pobreza a todos los sectores de la sociedad boliviana. Gracias al derroche de 20 años de Evolandia y Arce, estos populistas manejaron banderas seudo-socialistas que, a nombre de los pobres, nos llevaron al abismo financiero y a la quiebra del Estado. Solo se beneficiaron las mafias con intereses extranjeros, dejando un estado podrido y en decadencia.

Estamos en los albores de una naciente conciencia que despierta en obreros, campesinos y clase media. Deben plantearse organizar una democracia de los sectores sociales para expresar sus puntos de vista y decidir su futuro consensuado. Es necesario trabajar juntos para desarrollar soluciones a la crisis y dar estabilidad política, evitando caer en el abismo de la desesperación.

El papel del gobierno y sus errores

La política del gobierno actual aplica medidas cortas y no estructurales. Se observan acciones tibias que son socavadas por las movilizaciones en las calles. Tenemos un parlamento que anula decisiones y un gobierno que no puede ejercer su función; solo quedan discursos vacíos como saludos a la bandera que se desvanecen. Debemos reflexionar sobre ciertas opiniones perdidas en odios y racismos. La riqueza o pobreza no depende de ser “blanquitos” o “de raza bronce”, ya que la raza no determina tu lugar en la sociedad ni tu destino.

Vivimos un choque violento entre el poder legalmente constituido y las fuerzas opuestas en pugna por conservar o transformar. Estamos frente a una profunda crisis política y momentos decisivos. Se avecina un fuerte choque entre el gobierno actual y las fuerzas movilizadas: es la lucha entre quienes quieren conservar un plan gradual para buscar salidas a la brutal crisis y quienes se movilizan hacia otro panorama político donde el poder imponga bases sociales.

Reflexiones sobre la crisis política actual

Estamos en un punto crítico; si no se llega a consensuar entre las clases sociales, podemos enfrentar un otoño de aguda violencia e irracionalidad. Los bolivianos somos los arquitectos de nuestro futuro; que la luz ilumine nuestros actos.

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Por: Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia (*)

La corrupción no comienza cuando desaparece el dinero público. Comienza mucho antes, cuando desaparece la ética y el mérito deja de importar. Cuando las instituciones se convierten en espacios de favores, silencios con obediencias y el poder olvida que su finalidad es servir.

En muchos países de América Latina, la gerencia pública se ha transformado en una estructura atrapada entre intereses políticos, redes clientelares y burocracias incapaces de responder a las necesidades de la población. Lo preocupante, no es solamente el robo económico; lo más peligroso es la destrucción de la confianza colectiva. Una sociedad que deja de creer en sus instituciones comienza lentamente a fracturarse. La corrupción pública no siempre utiliza máscaras evidentes. A veces viste traje formal, habla de transparencia y sonríe frente a las cámaras. Se esconde en licitaciones direccionadas, en sobreprecios cuidadosamente maquillados, en obras inconclusas, en contratos diseñados para beneficiar grupos específicos y en la normalización cotidiana de la impunidad. Muchos funcionarios honestos terminan aislados dentro de estructuras donde la mediocridad organizada castiga la capacidad y premia la obediencia política. Allí, la meritocracia desaparece lentamente y el servicio público deja de ser un espacio de vocación para convertirse en una plataforma de supervivencia o privilegio.

La ciudadanía observa, se indigna y, muchas veces, se resigna. Esa resignación es peligrosa porque convierte la corrupción en “cultura”. Cuando las personas comienzan a decir “todos son iguales”, el problema deja de ser únicamente político y se convierte en una enfermedad moral colectiva. Sin embargo, también existen señales de esperanza. La tecnología, la participación ciudadana, el periodismo investigativo y el fortalecimiento institucional pueden modificar escenarios históricamente deteriorados. La transparencia digital, el acceso abierto a la información y la vigilancia social comienzan a romper espacios de oscuridad que durante décadas permanecieron protegidos. Hoy ya no basta con administrar el Estado; es necesario reconstruirlo éticamente. La gerencia pública del futuro debe estar sustentada en integridad, profesionalización, transparencia y control ciudadano permanente. Los gobiernos necesitan comprender que la legitimidad no se construye únicamente con discursos, sino con instituciones confiables y resultados verificables.

La prospectiva estratégica enseña que el futuro no está escrito. Existen escenarios de deterioro, pero también escenarios de transformación. Las decisiones que se tomen hoy determinarán si las futuras generaciones heredarán instituciones sólidas o estructuras corroídas por la corrupción. La verdadera lucha contra la corrupción no depende solamente de leyes más duras. Depende de educación ética, cultura democrática y ciudadanos capaces de exigir rendición de cuentas. Depende también de servidores públicos que comprendan que administrar recursos estatales no significa administrar propiedad privada, sino custodiar el bienestar colectivo. Cuando un país pierde la ética pública, pierde parte de su futuro. Pero cuando una sociedad decide reconstruir la confianza, fortalecer sus instituciones y defender la transparencia, comienza a recuperar el alma del Estado. Gobernar no debería significar aprovecharse del poder, debería significar honrar la responsabilidad histórica de servir con dignidad, honestidad y compromiso social.

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Por: Ricardo Rocha Guzmán (*)

Un entusiasmo inusual me impulsó a recorrer los 200 kilómetros que separan entre Oruro y Cochabamba. Fue un trayecto de casi cinco horas en autobús, sorteando una geografía montañosa que se rinde ante el propósito de mi viaje: reunirme con una de las personalidades más insignes del arte musical de Bolivia.

Una tarde cualquiera, Cochabamba se tiñe de un gris melancólico, ese tono que precede a la lluvia y dicta la búsqueda de un refugio. En la intersección de las calles Céspedes y Qara Qara, el tiempo parece detenerse; allí, bajo el cuidado de su hija Virginia, reside la memoria viva de la música boliviana: el maestro Julio Rodríguez Berrios.

A sus 97 años, el pianista y compositor orureño recibe mi visita con la misma elegancia con la que aborda el teclado. Nacido en 1929, Rodríguez Berrios no es solo un músico; es un puente entre la época de oro del folklore nacional y la vigencia interpretativa que solo otorgan décadas de disciplina ininterrumpida.

DE NIÑO PRODIGIO A LOS ASES ANDINOS

La historia del maestro comenzó a los siete años, cuando sus dedos menudos ya encontraban las notas precisas para conquistar escenarios. Bajo la tutela de su padre, también músico de concierto, Julio no solo heredó un instrumento, sino una ética de trabajo que lo transformó en un prodigio.

Su vida se ha cimentado sobre dos pilares inamovibles: la interpretación excepcional y la docencia. Sin embargo, para el gran público, su nombre permanece indisolublemente ligado a una de las agrupaciones más icónicas de nuestra historia: “Los Ases Andinos”.

Formado en Oruro el año 1958, el conjunto reunió el talento de Julio Rodríguez Berrios, Wilfredo “Willy” Murillo Soto, Pancho Holguín —su voz original—, César Ávila en la guitarra, Raúl Alba y Pacífico Aliaga. Junto a ellos, el maestro dio vida a versiones definitivas, entre las que destaca la emblemática “Oruro Querido” de Gilberto Rojas; una melodía que trascendió su naturaleza de canción para convertirse en el himno sentimental de toda una región.

DE SAN PABLO, A LA ETERNIDAD

El éxito de Rodríguez Berrios no conoció fronteras. Sus giras con los Ases Andinos lo llevaron a recorrer Sudamérica, alcanzando un hito histórico en San Pablo, Brasil, donde grabaron sus primeros discos de vinilo, un formato que hoy guarda el eco de sus mejores años. Compartió escenario con Raul Show Moreno otro músico orureño quien fue integrante del trio Los Panchos.

Pero más allá del intérprete, habita el creador. Con más de 100 composiciones en su haber, el maestro ha navegado con maestría por distintos ritmos, destacando sus cuecas, que, bajo la voz de Luis Gutiérrez, se convirtieron en piezas fundamentales del cancionero boliviano.

“La música es una actividad de más de 60 años de constancia. Mi piano es mi compañero de vida”, parece decir cada rincón de su hogar, rodeado de fotografías, discos y recortes de prensa que testifican una trayectoria impecable, y que me los enseña con orgullo.

LA PROLIJIDAD DEL ALMA

Lo más sorprendente de nuestra tertulia no es el pasado, sino el presente. Al sentarse frente al piano en su domicilio, este periodista fue testigo de un milagro técnico: la coordinación y precisión de sus manos desafían casi un siglo de existencia. La música fluye con una prolijidad única, recordándonos que el arte verdadero no conoce de jubilaciones.

Tras compartir una tradicional empanada de queso cochabambino —un pequeño gesto que une sus 40 años de origen orureño con sus más de 50 años de residencia en el valle—el maestro me comparte su tesoro más reciente: un libro autobiográfico. En estas memorias, Rodríguez Berrios busca dejar una semilla para las futuras generaciones, narrando no solo sus éxitos, sino la calidez de su hogar junto a su inseparable compañera, la distinguida dama Yolanda Cossío Vargas (+), y sus cinco hijos, herederos de su sensibilidad por la música y la pintura.

UN HOMENAJE NECESARIO

Seguramente, mucho se habrá escrito sobre la obra del maestro, pero estas líneas salidas de nuestra tertulia, pretenden rescatar su fibra humana. Julio Rodríguez Berrios es el testimonio de una Bolivia que crea, que sueña y que persiste. Su obra es un legado de disciplina y amor por la identidad nacional.

Quiero rendir mi homenaje a tan destacado artista boliviano, quien buscó, más allá de reconocimientos formales, resaltar la esencia de un artista que, con su piano y su alma, dejó una impronta imborrable en la historia de Bolivia. Porque la verdadera grandeza de Julio no reside solo en sus logros, sino en la sensibilidad y humanismo que transmite a cada nota, a cada palabra y a cada gesto de su vida.

Aquí concluye mi vista a Don Julio Rodríguez Berrios, un día cualquiera -en la llajta querida- mientras la lluvia finalmente cae sobre ella, el eco del piano del maestro sigue resonando, recordándonos que, aunque los años pasen, la maestría es eterna y las melodías de su piano no envejecen. ¡En hora buena Maestro!

(*) es:

Comunicador Visual y Social, Magíster en Comunicación Intercultural como aporte al Desarrollo, Periodista, Artista Plástico, Músico, Gestor Cultural, Catedrático y Conferencista Internacional.

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Por: José Mateo Gambarte Flores (*)

Entre las leyes de protección a las mujeres de nuestro país, el Ministerio de Educación contempla la normativa de suplencia para cubrir bajas temporales de maestras gestantes. Para este propósito la maestra titular debe presentar formularios AVC-09 de maternidad, cédula y documentos de baja, asegurando así la continuidad del pago de suplencias.

La Ley estipula 45 días de descanso prenatal y 45 días post natal, con el 100 por ciento de sueldo.

La Subdirección de Educación Superior y Direcciones Departamentales son encargadas de la contratación de maestras o maestros suplentes, con los requisitos pertinentes (Título profesional, RDA, cédula, formularios de designación y Registro AFP).

El Ministerio de Educación (se supone) realiza los pagos de suplencias por maternidad u otras enfermedades.

LAS SUPLENCIAS

Dados los inflexibles requisitos que exige el MINEDU para contratar a las o los suplentes, estos tienen que ser necesariamente Maestros Normalistas, estar inscritos en el RDA y tener el registro AFP, además de tener una especialidad idéntica o medianamente similar a la especialidad de la maestra gestante.

Por lo general, y en alto porcentaje, quienes se prestan a realizar las suplencias son maestras y maestros que, circunstancialmente, se encuentran sin trabajo, siendo, en muchos casos recién egresados y/o titulados.

Todos, y en especial jóvenes maestros, desean trabajar. Por ello, si no hubo fortuna en una compulsa y, mientras aguardan otra oportunidad, realizan suplencias con mucho entusiasmo y profesionalidad. Hasta aquí todo bien, pero….

EL QUID DE LA CUESTIÓN

Se entiende que mientras un suplente cumple los tres meses de suplencia, debe ser remunerado mensualmente o, en el mejor de los casos, una vez cumplidos los 90 días, debería recibir en un solo desembolso el trimestre entero. Pero esto no ocurre.

El Ministerio de Educación, que no sabe explicar por qué, realiza la cancelación de servicios prestados después de un largo año, si es que hay suerte y buena voluntad de los encargados. Por lo general se paga a las y los suplentes al cabo de 24 meses (2 años), tres años e, inclusive, después de Cuatro años.

Lo anterior resulta aberrante, ilógico, inexplicable, risible, decepcionante y varios adjetivos más.

En este caso digamos que el “estado tranca” goza de muy buena salud y no se dio por enterado que hay un nuevo gobierno en el país.

ATENCIÓN URGENTE

La lógica indica que hay que priorizar a las madres gestantes del magisterio boliviano. De hecho, según el INE, de casi 180.000 docentes en Bolivia, el 58,2 por ciento son respetables damas. Por lógica hay miles de maestras en estado de maternidad. No podemos negar que reciben atenciones pre y post natales adecuadas en los centros de salud, así como subsidios alimenticios inherentes a la gestación.

Pero quienes hacen las suplencias parecen ser ignorados y/o minimizados por el MINEDU, e incluso por la dirigencia magisteril. De hecho , y hay que notarlo, fue la Confederación de Maestros Rurales, la única que en su pliego de peticiones exigió la celeridad en el pago de suplencias. Los urbanos prefieren ignorar el tema y otros temas también.

El MINEDU no debe obrar con indiferencia hacia las y los suplentes, no debe abusar la paciencia hasta CATORCE años para pagar los servicios prestados. Debe respetar a los suplentes, que son profesionales (por eso les piden tantos requisitos) y debe agradecerles que contribuyan a la continuidad del proceso educativo en escuelas y colegios. Señor Pimentel, tiene la palabra.

(*) Comunicador Social

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Por: Ronald Nostas Ardaya(*)

Bolivia tiene una relación paradójica con las normas jurídicas en Bolivia. Pocos países producen tantas reglas jurídicas como el nuestro, y pocos al mismo tiempo muestran semejantes dificultades para hacerlas cumplir de manera sostenida.

Y es que somos una sociedad profundamente legalista. Queremos refundar el país mediante decretos, transformar la economía mediante leyes y solucionar conflictos mediante resoluciones ministeriales. El resultado es una hipertrofia legislativa: miles de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, disposiciones administrativas, sentencias constitucionales, y un universo todavía más amplio de normas departamentales y municipales.

No existe política, calidad ni orden legislativo. Gran parte de la producción de la Asamblea se destina a asuntos absurdos como la transferencia de terrenos municipales o declaratorias de días festivos. Aunque el volumen producido es gigantesco, no se cuenta con un repositorio completo, actualizado y de acceso público que compile la totalidad del ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, el mayor problema es la fragilidad intrínseca del sistema. En Bolivia, incluso las disposiciones más importantes nacen bajo sospecha, sobreviven bajo presión y pueden desaparecer antes de implementarse.

En la memoria histórica reciente hay ejemplos paradigmáticos como el Decreto 21060, el Código del Sistema Penal, la Ley de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Decreto de Impuesto a los Ingresos, entre otros, que fueron derogados por movilizaciones de sectores sociales o cambios de gobierno.

La reciente experiencia gubernamental vuelve a demostrarlo. En apenas seis meses, el gobierno de Rodrigo Paz ha tenido que derogar el Decreto 5503, concebido la estrategia integral de estabilización económica y atracción de inversiones, y el 5547 que permitía la importación de soya en grano con arancel cero. Actualmente, presionado por los movimientos radicales, ha dispuesto la anulación de la Ley 1720 de Conversión de Pequeña a Mediana Propiedad.

El problema tiene varias causas. La primera es que Bolivia nunca logró consolidar plenamente un Estado con autoridad homogénea sobre todo el territorio y todos los sectores sociales, lo que genera que coexistan sistemas formales e informales de regulación, pactos corporativos y mecanismos paralelos de resolución de conflictos.

Otra raíz es la debilidad institucional en Bolivia. Nuestro país arrastra problemas estructurales en la justicia, los órganos de control y la administración pública. La politización judicial, la burocracia ineficiente y la ausencia de sanciones efectivas generan una percepción extendida de impunidad.

Subsiste además un problema político más complejo: en Bolivia las leyes no sobreviven únicamente por su fuerza jurídica. Necesitan legitimidad social y, muchas veces, aceptación de los poderes fácticos. Una norma puede ser perfectamente constitucional y técnicamente correcta, pero si enfrenta el rechazo de actores con capacidad de movilización, su aplicación se vuelve extremadamente difícil.

Finalmente, hay un problema de calidad técnica y de proceso. Muchas normas bolivianas nacen sin estudios de impacto regulatorio, sin consultas técnicas serias, sin mecanismos de evaluación. Se legisla a la carrera, bajo presión política o mediática. El resultado son normas que se contradicen, que generan vacíos o que son inaplicables desde el inicio por carecer de reglamentación, financiamiento o capacidad institucional para ejecutarlas.

La fragilidad normativa alimenta la percepción de que las reglas del juego son provisionales, negociables y reversibles. Eso promueve comportamientos cortoplacistas en todos los actores. Si las normas pueden cambiar según intereses o presiones, se erosiona la seguridad jurídica, se reduce la confianza en el sistema institucional, caen los flujos de inversión, el Estado pierde capacidad de planificación y gestión, se diluye la previsibilidad económica, y la ley pierde su principio ordenador de la convivencia.

Es cada vez más evidente que la construcción de nuevas leyes en Bolivia se ha convertido en algo mucho más complejo que un simple trámite parlamentario. En un escenario de fragmentación política y ausencia de mayorías sólidas, la disputa normativa empieza a transformarse en el principal campo de confrontación ideológica del país.

El problema no se resolverá produciendo más leyes. Las normas deben surgir de consensos, deliberación técnica y viabilidad práctica. Es imprescindible simplificar el sistema normativo, ordenar la producción legislativa y fortalecer la independencia de las instituciones.

Sobre todo, la solución pasa por dejar de entender la ley como un instrumento político circunstancial y empezar a construirla como un verdadero acuerdo nacional. Ningún país puede aspirar a estabilidad, crecimiento o institucionalidad duradera cuando sus normas nacen débiles, sobreviven condicionadas y mueren por la presión de intereses sectoriales.

(*) Industrial y ex Presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia

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Por: Ascanio J. Nava Rodriguez

Pasaron veinticinco años de su gloria universal, cuando el mundo reconoció como Obra maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad al Carnaval de Oruro, pueden pasar como pasaron siglos y milenios y su grandeza no merma, al contrario, crece. La espiritualidad no ceja se sigue desarrollando y sus cultores asumen, se despabilan y emprenden su gran retorno.

El Carnaval de Oruro no puede ser comprendido únicamente como una festividad folklórica, turística o coreográfica. Su verdadera estructura profunda se sostiene sobre un complejo sistema filosófico de símbolos, signos, significados y significantes que condensan siglos de memoria colectiva, confrontaciones culturales, procesos rituales y resignificaciones históricas. En él conviven estratos civilizatorios superpuestos: el universo sagrado andino, las imposiciones coloniales, la evangelización cristiana, las resistencias indígenas y las reinterpretaciones populares contemporáneas. Por ello, el Carnaval constituye una síntesis viva de pensamiento ritual materializado.

Cada elemento presente en sus narrativas, danzas, vestimentas y músicas representa una codificación simbólica transmitida oralmente a través del tiempo. Las figuras de las “cuatro plagas”, por ejemplo, no son simples personajes escénicos, sino representaciones de fuerzas naturales y sobrenaturales vinculadas al imaginario de la destrucción, el castigo y el desequilibrio cósmico. La serpiente, el sapo, el lagarto y las hormigas expresan antiguos temores y poderes territoriales asociados al mito de Huari, deidad vinculada al mundo subterráneo, mineral y telúrico de los Urus. Estas entidades revelan una concepción filosófica donde la naturaleza no es un objeto pasivo, sino una fuerza viva, espiritual y moral.

Del mismo modo, la figura del “Tío” de la mina representa una de las síntesis simbólicas más complejas del mundo andino-minero. No es estrictamente un demonio occidental ni una deidad prehispánica pura, sino un significante híbrido nacido del encuentro traumático entre la cosmología indígena y la demonología colonial cristiana. En él sobreviven antiguas nociones del protector del interior de la tierra, señor de los minerales y mediador entre el hombre y el mundo subterráneo. Su permanencia demuestra cómo las culturas subordinadas no desaparecen, sino que resignifican los símbolos impuestos.

La presencia del cóndor, del sol, de la luna, de la estrella de la mañana, de la fauna y de la flora ritualizada, revela igualmente la persistencia de una visión cosmológica andina basada en la reciprocidad entre el ser humano, la naturaleza y el universo. El cóndor conecta el mundo terrenal con el espacio celeste; el sol y la luna regulan el tiempo ritual y agrícola; la estrella de la mañana anuncia ciclos y transiciones espirituales; la Pachamama constituye el principio generador de vida, fertilidad y equilibrio. Ninguno de estos elementos es decorativo: todos funcionan como signos portadores de memoria civilizatoria.

La Virgen del Socavón ocupa, dentro de este entramado, un lugar central como resultado de un proceso de sustitución y superposición simbólica. Su imagen sintetiza el encuentro entre la espiritualidad católica y las antiguas deidades protectoras del cerro y de la tierra. Por ello, en el Carnaval no existe una ruptura absoluta entre lo indígena y lo cristiano, sino una negociación simbólica permanente donde ambas dimensiones conviven, se tensionan y se reinterpretan mutuamente. La devoción mariana adquiere así características profundamente andinas, integrándose al sistema ritual preexistente.

El mito de Huari, las auroras rituales, las entradas, las procesiones y las danzas constituyen, en conjunto, un lenguaje filosófico colectivo. El Carnaval no habla mediante tratados escritos, sino mediante cuerpos danzantes, máscaras, música, color y ritualidad. Su “texto” es performático. Cada danza es una narración histórica; cada máscara una codificación ideológica; cada coreografía una forma de transmisión de conocimiento ancestral. En consecuencia, el patrimonio material —trajes, máscaras, bordados, música, iconografía— no es sino la conclusión visible de un larguísimo proceso inmaterial sostenido por la oralidad, la experiencia comunitaria y la memoria ritual.

Desde esta perspectiva, el Carnaval de Oruro constituye también el resultado de múltiples conquistas y disputas bélico-culturales. En él sobreviven rastros de la resistencia uru, de la expansión incaica, de la colonización española, de la economía minera y de la religiosidad popular mestiza. No es una manifestación estática, sino una estructura cultural dinámica donde distintas épocas históricas permanecen sedimentadas simbólicamente. Cada generación añade nuevas capas de significado sin destruir completamente las anteriores.

Por ello, el valor filosófico del Carnaval radica en su capacidad de convertir memoria histórica en símbolo vivo. Su fuerza no reside únicamente en la espectacularidad estética, sino en la continuidad de un sistema de pensamiento ritual que ha logrado sobrevivir a la colonización, a la modernización y a la mercantilización contemporánea. El Carnaval de Oruro sigue siendo, esencialmente, una gran narración simbólica sobre el origen, el conflicto, la espiritualidad, la naturaleza y la permanencia cultural de los pueblos andinos.

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Por: Ricardo Rocha Guzmán*

La implantología oral es la especialidad de la odontología dedicada a reemplazar dientes perdidos mediante la colocación quirúrgica de fijaciones, generalmente de titanio, en el hueso maxilar o mandibular. Actúan como raíces artificiales para sostener prótesis fijas o removibles, restaurando la función masticatoria, la estética y evitando la pérdida ósea.

La Sociedad Boliviana de Implantología Oral (SBIO), es una institución sin fines de lucro que tiene como misión principal reunir profesionales con el objetivo de impartir conocimientos a sus afiliados como otros que deseen tener el conocimiento, compartir nuevas técnicas y avances tecnológicos en implantología oral. Gracias a una invitación del directorio asistimos a la posesión del directorio en la ciudad de Cochabamba.

FOMENTO DEL CONOCIMIENTO

“Nuestro objetivo es mejorar y capacitar a los profesionales del país implementando técnicas y tecnologías acordes a los tiempos actuales, consolidando nuestra institución que dialogue con la sociedad boliviana y el Estado, además de ser un referente de compromiso con esta nueva especialidad emergente en la nación”. Estas fueron las palabras de apertura del nuevo presidente de la Sociedad Boliviana de Implantología Oral, el Dr. Marcelo Numbela Zeballos.

El acto se desarrolló en ambientes del colegio de odontólogos de la ciudad de Cochabamba al que asistieron los profesionales en odontología y especialistas en esta área además de autoridades nacionales.

“Es fundamental mantener la unidad de nuestra profesión a través de organizaciones que sirven a la comunidad, aun en tiempos de crisis”, afirmó el Dr. Ridder Montenegro Farel. El presidente nacional de odontólogos, quien arribó desde la ciudad de Santa Cruz, elogió la nueva directiva encabezada por el Dr. Marcelo Numbela, señalando que la presencia de profesionales tan destacados impulsará el crecimiento y la excelencia de la implantología, en el país.

A su turno, el presidente saliente Dr. Marco Toledo destacó que, “al margen de fortalecer la unidad de la SBIO, junto a su directorio saliente destacó el fomento del conocimiento, la investigación y la excelencia”.

VINCULACIÓN NACIONAL

El vicepresidente Rolando Aguilar Vargas recalcó que, “Bolivia va al frente por la capacitación continua, porque tenemos bastante actualización y capacitación en el exterior y nosotros como profesores aprendemos, traemos nuevos saberes y capacitamos en posgrados de las universidades de nuestro país”.

Empero para el presidente Dr. Numbela, la SBIO “en nuestra gestión buscaremos promover mejores estándares de atención y contribuir al bienestar de la sociedad boliviana a través de la salud bucal. Institucionalmente queremos ser más inclusivos vincular la nacional con todas filiales del país, particularmente nuestra mirada está hacia Oruro, Sucre, Tarija, Pando, Beni, independientemente del eje central”, concluyó.

La flamante directiva que conducirá los destinos de la institución durante la presente gestión (2024-2027), está integrada por los siguientes especialistas: Dr. Marcelo Numbela presidente, Dr. Rolando Aguilar vicepresidente interinstitucional, Dr. Limberg Parada vicepresidente científico, Dr. Henry Olivera secretario de hacienda, Dra. Anahís Murakami secretaria general, Vocales: Dr. Ruben Pinell, Dr. Edgar Mamani y Dr. Fernando Salazar.

UN NUEVO HORIZONTE PARA LA IMPLANTOLOGÍA

Con la esperanza de un nuevo horizonte para la implantología, la velada culminó con un emotivo brindis de honor, donde el tintineo de las copas selló el compromiso de los nuevos directivos con la excelencia académica y el servicio gremial. En un ambiente de sincera algarabía, asociados e invitados especiales compartieron momentos de fraternidad, extendiendo sus mejores deseos y augurando una gestión colmada de éxitos y parabienes.

Con este nuevo liderazgo, que regirá hasta el año 2027, la institución reafirma su vocación de vanguardia, apostando por el fortalecimiento de los lazos profesionales y el crecimiento constante de la especialidad en el país. ¡Enhorabuena a la nueva directiva!

Ricardo Rocha Guzmán es:

Comunicador Visual y Social, Magíster en Comunicación Intercultural como Aporte al Desarrollo, Periodista, Artista Plástico, Músico, Gestor Cultural, Catedrático Universitario de Posgrado y Conferencista Internacional.

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Por: Jaime Dunn De Avila

Valoro el diálogo nacional en Bolivia y mis felicitaciones al gobierno por la convocatoria realizada. Bolivia necesita menos bloqueos y más conversación institucional. Pero el país necesita algo más profundo: rumbo.

Bolivia no necesita solamente conversar. Bolivia necesita saber hacia dónde va.

Porque una nación no se transforma únicamente administrando conflictos. Se transforma cuando define una visión de país.

El MAS tenía una visión clara: una ideología socialista en Bolivia convertida en un modelo de desarrollo en Bolivia basado en más Estado, más centralismo, más empresas públicas, más control, más subsidios, más corporativismo y más dependencia política.

Ese modelo nos condujo a la crisis económica en Bolivia, moral, energética e institucional que hoy vive Bolivia. Entonces la gran pregunta es: si el viejo modelo socialista fracasó, ¿Cuál es el nuevo modelo que se propone para Bolivia?

Porque un país no puede vivir eternamente improvisando. Necesita una visión de largo plazo. Y toda visión de largo plazo se expresa en una ideología y en un modelo de desarrollo.

Necesitamos definir con claridad: qué rol y tamaño tendrá el Estado, qué espacio tendrá el sector privado, cómo y quién generará riqueza, cómo atraeremos inversión, cómo protegeremos la vida y la propiedad privada, cómo se reconstruirán las instituciones, que se hará con las empresas estatales, cómo construiremos estabilidad, cómo se pondrá fin al Estado inmoral, y cómo se crearán oportunidades para la gente.

Porque aunque la ideología no reemplaza al pan, sí define el tamaño del pan. Define si habrá inversión o fuga de capitales, si la moneda valdrá algo o no, si habrá producción o escasez, si habrá libertad para emprender o exceso de burocracia, si habrá confianza o miedo.

La crisis boliviana no es solamente económica. También es una crisis de modelo, de valores y de ideas equivocadas que durante años destruyeron incentivos, debilitaron instituciones y castigaron la producción.

Por eso las ideas sí importan. Los modelos sí importan. La ideología sí importa. Porque al final, la ideología define las reglas bajo las cuales una sociedad produce, invierte y progresa.

Las naciones no cambian solamente administrando crisis. Cambian cuando cambian de paradigma. Y un gobierno sin una visión ideológica clara corre el riesgo de quedarse solo administrando mejor el pasado… pero sin transformarlo.

Por eso, después del Gran Encuentro Nacional, la gran pregunta sigue siendo:

¿Cuál es el nuevo rumbo de Bolivia?

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por: Jorge Luna Ortuño (*)

Espectador y transeúnte

Se viene ya en estas épocas del año la celebración mundial de la noche de museos. Lo que hay que entender, desde la gestión cultural pública y privada, es que esta velada es primero una noche de relación con la ciudad. Hay que preparar a la ciudad –con servicios y facilidades para los transeúntes y el transporte a las distintas locaciones– lo cual es equivalente a alistar la mesa en un banquete. Luego, la experiencia de cada museo, galería o centro cultural en esa jornada, es como un plato especial que se sirve en la mesa.

La noche de museos es una actividad de gran escala que no concierne solamente al mundo del arte, sino que reclama la atención de arquitectos en urbanismo, gestores, mediadores y otros para que trabajen en coordinación con las autoridades de cada ciudad; involucra temas de movilidad y disposiciones de calles peatonales, de atención a la arquitectura patrimonial –como parte de la oferta de una noche de museos– cuidado de las calles y aceras, distribución de actividades lúdicas y gastronómicas en espacios públicos, limpieza de parques, avenida y zonas de los cascos viejos de cada ciudad en particular.

El paseante urbano es potencialmente un visitante de museos, iglesias y centros culturales, pero no siempre llega a convertirse en espectador de arte. En cambio, el visitante de salas de arte y actividades culturales, es siempre primero un consumidor de la ciudad, alguien que camina las calles, solo o acompañado. Para acrecentar la cantidad de visitantes a las instituciones culturales se necesita trabajar en la tarea de enriquecer los servicios en el espacio público, y dotar de variedad de experiencias en pasajes, plazas, calles peatonales y lugares de descanso –tal como ocurre en las ciudades más grandes del mundo.

En Oruro, la ciudad del eterno carnaval y sonidos de bandas, la experiencia de visita a los espacios culturales es bastante resumida, pero existe y moviliza a la ciudadanía que está sedienta de posibilidades para visitar con la familia. Del Museo del Socavón, pasando por la Casa de la Cultura Simón I. Patiño hasta el Museo de esculturas de piedra de la familia Cardozo, hay un recorrido que cruza diametralmente la ciudad, con una rica variedad de comidas típicas de calle en el trayecto: hamburguesas, api con pastel, tripitas, salchipapas y más. La noche de los museos tiene todo para ser también una velada de goce gastronómico.

Mi trabajo en gestión cultural a lo largo de los años, me ha llevado a concebir la plataforma “Ciudad Museo”, atendiendo a las premisas descritas más arriba. Tiempo después me encontré con unas líneas fabulosas del filósofo Walter Benjamín –de la Escuela de Frankfurt. Benjamin propuso caminar la ciudad como una forma de resistencia política y filosófica contra el ritmo frenético, la productividad y la alienación de la vida urbana moderna. A través de su concepto del flâneur (paseante), Benjamin veía el acto de caminar sin rumbo como una manera de reapropiarse del espacio público y experimentar la ciudad a través de la contemplación, la memoria y la ensoñación.

Tiene su gracia caminar a la deriva de vez en cuando, sólo asimilando lo que aparece en el momento presente, disfrutando de ampliar el conocimiento de tu ciudad. Pero lo que más me atrajo fue la comparación entre el espectador de una sala de obras de arte y el transeúnte que camina sus angostas calles y mercados.

De inicio, en esos trayectos ambos están rodeados por un entorno en el cual otros les están organizando la mirada: obras de arte, publicidad, propaganda política, signos del deterioro en las construcciones… Los transeúntes del centro de una ciudad como Oruro caminan expuestos a estímulos visuales y sonoros de diversa gama, en medio de coreografías improvisadas de escolares o de marchistas con petardos, caos vehicular, obstrucciones constantes del paso por vendedores ambulantes, aceras con desniveles épicos, y corporalidades diversas cruzándose con ritmos particulares. Mientras que dentro de un museo el espacio ha sido organizado para que los visitantes se desplacen calmadamente, aislados de la bulla infernal, observando a los objetos colgados en las paredes –con aire estético y hasta solemne a veces– o contemplando admirables estructuras autónomas tridimensionales, llamadas esculturas.

En esta misma línea, el filósofo y curador alemán Boris Groys, en su libro Volverse público, señala que el espacio de exhibición de arte podría verse como una extensión del espacio urbano neutral y público. “Algo como un callejón al lado, al cual el transeúnte puede ingresar una vez que pague la cuota de admisión”. (Groys: 2018). En Europa se paga para entrar a la mayoría de los museos, en Oruro se suele pagar precios simbólicos. El caso es que no hay manera de ver y estudiar a los museos de manera aislada respecto de la ciudad que los cobija; sería como intentar levantar el mantel de la mesa sin que se derramen las copas y se caigan los platos.

El concepto

De este modo, adecuándonos a la planimetría circular, a la ubicación de las instituciones culturales y a los hábitos de paseo en cada ciudad, la plataforma Ciudad Museo que vamos ideando funciona como un conector, para pensar la escena interconectada, y apoyar iniciativas que enriquecen lo que pasa en el medio de los trayectos, de museo a museo, por una ciudad. Promover la experiencia integral: caminar-la-ciudad-centro-visitar-salas-exposición-de-arte-espectación. Así todo junto y no por separado, sino percibido como una hilera, al estilo de la escritura inglesa.

Sin atractivo de la experiencia ciudad, no se puede esperar que exista una gran afluencia de visitantes a los museos y a las exposiciones de arte durante las semanas de su vigencia. Los modelos caducos de gestión de las artes invertían 80% de su atención en la inauguración de las exposiciones como eventos socioculturales; algunas instituciones todavía funcionan bajo este modelo. Una gestión más comprometida necesita enfocarse en otros criterios de evaluación, como la memorabilidad, la participación, la resonancia, posterior a las visitas a los espacios de arte.

(*) Filósofo e investigador

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Por: Arq. Carlos Delgado Murillo