Por: Roger Juaquin Copa Condori (*)

Bolivia, con una larga historia en la minería; desde tiempos coloniales, periodo republicano, y aun en el nuevo Estado Plurinacional. La actividad minera es fuente de muchos empleos en el país, fuente de recursos que aportan el Tesoro General de la Nación, que se traducen en inversión pública, atención del sistema de salud, educación, seguridad.

Hoy, la vida vuelve a dar a Bolivia y particularmente a Oruro, una oportunidad de crecimiento y desarrollo socioeconómico con el descubrimiento de un importante yacimiento minero, en la zona del occidente orureño, puntualmente en la localidad de Carangas, según la Evaluación Económica Preliminar de fecha 16/07/2026 emitida por la compañía New Pacific Metal Corp. El proyecto minero Carangas, luego de concluir la etapa de prospección y exploración, indica que el tiempo de vida del proyecto es de 19 años, con un potencial minero en explotación de 195 millones de onza troy de plata (Ag), 1.1 millón de onza troy de oro (Au), 1.453 millones de libra de Zinc (Zn), 941 millones de Plomo (Pb), una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 35,9% con una cotización de 45 $us/oz de plata, 3400 $us/oz de oro, 1.20 $us/libra de zinc y 0,90 $us/libra de plomo.

Estos valores tienen un impacto económico muy importante para el país, ya que durante la etapa de explotación del yacimiento minero alcanzaría a generar unos 20.000 millones de dólares, considerando que las cotizaciones de los minerales muestran un incremento significativo en el mercado internacional; a la fecha el oro cotiza más de 4.000 $us la onza, la plata cotiza más de 57 $us la onza. Cotizaciones que generarían un ingreso jamás pensado para nuestro departamento, solamente por concepto de regalía minera, regulada por la Ley 535 Oruro alcanzaría a percibir el 6% del total generado, que en promedio, tras una división lineal de la regalía, alcanzaría a unos 670 millones de bolivianos por año, un 85% de esta recaudación que son unos 570 millones de bolivianos llegarían a las cuentas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y un 15% de la recaudación que son unos 84 millones de bolivianos llegarían a las cuentas del Gobierno Autónomo Municipal de Carangas.

Que nos muestra el pasado y el presente en la administración de nuestros recursos naturales; que es lo que siempre hicimos, desde los tiempos del Cerro Rico de Potosí, Pulacayo, la Salvadora, San José, Itos, Colquiri, Huanuni, San Cristóbal, Inti Raymi, y tantas otras minas; que resultados obtuvo nuestro país, ¿dónde fue a parar toda la riqueza generada? ¿Cómo aporto al crecimiento y desarrollo de nuestro país?

Como soberanos de esta tierra bendecida, como encaramos esta nueva oportunidad, que planteamos para que la riqueza generada por este yacimiento minero, pueda quedarse en un mayor porcentaje en las tierras altas de Oruro. ¿nuevos % de regalías? ¿participación de los habitantes de Oruro en la explotación del mineral?

(*) Analista en Gestión Publica

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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas tiene un impacto a nivel latinoamericano en el terreno ideológico, pero también favorece la reorganización del hemisferio a cargo de los Estados Unidos y la autodenominada “Doctrina Donroe”. Desde 2023 las izquierdas han sido derrotadas en varios países, y tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha impulsado la reconstrucción de un área de influencia ligada a gobiernos derechistas.

Hasta hace unos días Colombia era uno de los países excluidos de la Cumbre Escudo de las Américas, en la que presidentes de derecha y algunos de izquierda como el guyanés Mohamed Irfaan Ali firmaron un acuerdo para garantizar la seguridad hemisférica. El triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones colombianas sin duda abrirá un nuevo capítulo en la relación Washington-Bogotá, más cercana y menos confrontativa que la que tuvieron con Gustavo Petro.

Ahora bien, el triunfo de la derecha debe tener una lectura a nivel geopolítico, porque aunque el debate está centrado en la disputa ideológica en el subcontinente, lo cierto es que existe un impacto en la región. Desde que el Departamento de Guerra estadounidense publicó el mapa de la Gran Norteamérica que abarca desde Alaska y Groenlandia hasta Ecuador, Colombia se convirtió en un país prioritario para la Seguridad Nacional de los estadounidenses, y ante las crecientes confrontaciones entre Petro y Trump, la colaboración solo se lograría con un presidente de derecha.

Colombia tiene un papel clave porque al norte colinda con Centroamérica, al este con Venezuela, actualmente tutelada por Washington, y al sur con Ecuador, Perú y Brasil. Desde El Salvador, omitiendo Nicaragua, hasta Argentina la derecha proliferó en los últimos años, las recientes elecciones de Perú, con la presidenta electa Keiko Fujimori, y la victoria de Abelardo de la Espriella han pintado de azul toda la costa del Pacífico.

No es un tema menor, puesto que una cordillera de gobiernos derechistas facilita la colaboración y cooperación entre Washington y Latinoamérica. Incluso geográficamente la izquierda ha sido replegada hacia el Atlántico, donde los estadounidenses también han estado reconfigurando las salidas marítimas, como en el caso del Gran Caribe. El triunfo del candidato derechista está dentro de los países que Estados Unidos considera como su área de influencia; por lo tanto, no sería extraño que en un futuro cercano Colombia se sumara a la iniciativa Escudo de las Américas.

La importancia de Colombia no pasó desapercibida ya desde que, en la primera vuelta, el presidente Trump felicitó “al Tigre”, apodo de De la Espriella por su contundente triunfo. Unos días antes de la segunda vuelta, el mandatario volvió a dar su apoyo al candidato derechista y, tras los comicios del 21 de junio, Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio, felicitaron al presidente electo y destacaron su intención de colaborar en materia de seguridad, migración y combate al crimen.

Por otro lado, el nuevo presidente es parecido a Javier Milei en el terreno económico, es promotor de la mano dura contra la inseguridad como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante décadas aliado de la derecha tradicional colombiana abanderada por el expresidente Álvaro Uribe, y además es un empresario y representante de la derecha antisistema como Donald Trump.

De la Espriella es una mezcla de varios elementos que han triunfado en las elecciones, y no hay que olvidar que, al igual que Milei y Bukele, formó su propio movimiento, Defensores de la Patria. Es llamativo que en algunos casos las derechas antisistema han proliferado desde el primer mandato de Trump, como Bukele en El Salvador y Jair Bolsonaro de Brasil; otras lo hicieron entre 2020-2024, como Milei en Argentina, y ahora en el segundo mandato del magnate ocurre lo propio en Colombia con De la Espriella.

No es casualidad que personajes como los antes mencionados tengan características similares en cuanto a la mano dura contra la inseguridad y defiendan la construcción de mega cárceles. Al contrario, las derechas radicales se volvieron atractivas, y como escribió el sociólogo Pablo Stefanoni en La rebeldía se volvió de derecha, sus discursos, la agresividad, la confrontación y su radicalismo han seducido a varias naciones, como ocurrió en el caso colombiano.

Colombia se ha pintado de azul, pero al menos en 2026 existen dos paradas electorales más: Haití en agosto, que es esencial para el dominio del Caribe, y Brasil en octubre, donde el lulismo se enfrentará al bolsonarismo una vez más. En un virtual triunfo de las derechas en estas naciones, la reconfiguración hemisférica alcanzaría su punto más profundo.

* Sebastián Godínez Rivera
Cientista Político. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Diplomado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién.

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En 1988, el experto en economía y políticas públicas Robert Klitgaard publicó el libro “Controlling Corruption”, considerado hasta ahora como uno de los textos fundamentales de la teoría moderna sobre la lucha contra la corrupción. Su investigación propone que este delito no es un problema exclusivo de deshonestidad individual, sino el resultado de un diseño estatal deficiente que genera incentivos para el comportamiento corrupto, por lo que su abordaje debe trascender el enfoque moral y jurídico, y considerarse desde una perspectiva económica e institucional.

Klitgaard plantea que la corrupción nace en un régimen donde hay concentración del poder de decisión, amplia discrecionalidad y ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Sostiene, además, que la corrupción responde a un análisis racional de costos y beneficios: un funcionario será más propenso a corromperse cuando las ganancias esperadas son elevadas; la probabilidad de ser descubierto es baja; las sanciones son débiles o poco probables; y el sistema tolera esas prácticas.

A casi 40 años de su publicación, “Controlling Corruption” continúa como referencia para organismos como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y numerosas agencias de cooperación, y se utiliza como marco conceptual para diseñar políticas de transparencia. Además, se ha reforzado con las posibilidades que brindan la digitalización, interoperabilidad, inteligencia de datos, transparencia activa y la Inteligencia Artificial.

El caso boliviano refleja con notable claridad las condiciones descritas por Klitgaard. En nuestro país –que tiene uno de los niveles de percepción de corrupción más altos del mundo, según Transparencia Internacional–, este delito se origina en una crítica debilidad institucional, elevada discrecionalidad administrativa, politización de la gestión pública, limitada capacidad de control y una cultura de tolerancia y permisividad. Su costo no es solo reputacional: un estudio del BID de 2019 estimó que este flagelo generaba pérdidas de 3.000 millones de dólares anuales al país.

Iniciativas implementadas en los últimos 20 años como la Ley Marcelo Quiroga, el Ministerio y las unidades de Transparencia, y los consejos anticorrupción fracasaron sistemáticamente en sus objetivos de disminuir el delito, porque se implementaron bajo un gobierno que al mismo tiempo lo permitía y lo fortalecía. La interminable lista de hechos de corrupción en ese periodo (pero también la peligrosa aparición de nuevos casos en los últimos meses) demuestran que el problema no es jurídico ni administrativo, sino la falta de voluntad política y un enfoque equivocado.

Es evidente que no requerimos más leyes. Necesitamos rediseñar el funcionamiento del Estado para que la integridad deje de depender exclusivamente de la conducta honesta de los servidores y pase a convertirse en una característica del propio sistema institucional.

Eso significa construir un esquema de gestión donde la corrupción sea difícil de cometer, fácil de detectar y donde actuar correctamente sea la opción más conveniente para funcionarios, empresas y ciudadanos. La lucha contra la corrupción debe dejar de ser un problema policial y convertirse en un tema central de gestión pública y en un nuevo modelo de gobernanza.

Un buen punto de partida puede ser la receta de Klitgaard: reducir monopolios, limitar la discrecionalidad e incrementar la rendición de cuentas; sin embargo, es insuficiente. Se precisa un Estado con justicia independiente, controles externos robustos, profesionalización del servicio público, fortalecimiento de la institucionalidad, simplificación administrativa y una gestión digital y transparente, que incluya la modernización el SICOES y la aplicación de Inteligencia Artificial en la vigilancia de los procesos de compras y contrataciones estatales. Esto no significa disminuir sanciones ni flexibilizar la persecución de los corruptos: significa concentrarnos en producir integridad.

Indudablemente que, para enfrentar el problema, se necesita crear una entidad anticorrupción. Pero esta debe tener independencia política, investigadores especializados, presupuesto suficiente, capacidad real de sanción y coordinación con fiscales y jueces. Aun con estos recursos, si el resto del sistema permanece corrupto, la institución fracasará.

La transición del populismo hacia un modelo de libertad económica, democracia ciudadana y reforma del Estado es una oportunidad única para encarar este problema con seriedad y responsabilidad; desperdiciar el momento y mantener el Estado corrupto sería imperdonable.

Mientras sigamos creyendo que este ilícito se combate con más discursos y más leyes, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Bolivia necesita dejar atrás el paradigma de perseguir la corrupción después de que ocurre y comenzar a construir un modelo de gestión donde hacer lo correcto sea la única opción posible. Ese es el verdadero desafío del siglo XXI.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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Keiko Fujimori ganó. Por fin. Después de tres derrotas consecutivas, la hija del dictador llegó a la meta. Pero no con un triunfo arrollador: apenas 49.641 votos de diferencia, un exiguo 0,2% separaron a la candidata de Fuerza Popular del izquierdista Roberto Sánchez.

La primera vuelta ya había dibujado un mapa desolador: un país fragmentado en decenas de partidos sin arraigo, una ciudadanía desilusionada que mira a la política con indiferencia, y una clase política que ha hecho de la improvisación y la falta de proyecto su única constante. Este panorama ya lo conocíamos, la pregunta ahora es: ¿cómo gobernará Keiko el Perú en los próximos cinco años?

Una década de desgobierno

La victoria de 2026 no se entiende sin mirar hacia atrás. Durante diez años, Perú fue un laboratorio de la descomposición democrática. Keiko perdió en 2016 y, en lugar de aceptar la derrota, su partido denunció fraude y deslegitimó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En 2018, el Congreso fujimorista forzó su renuncia. En 2020, vacaron a Martín Vizcarra por “incapacidad moral”. En 2021, Keiko volvió a perder —contra Pedro Castillo— y también desconoció el resultado.

Castillo fue un desastre: caótico, acosado por denuncias, acorralado por un Congreso hostil. Su fallido autogolpe de diciembre de 2022 y su posterior detención abrieron paso a Dina Boluarte, una presidenta débil que gobernó bajo la tutela de la misma Keiko Fujimori y su amplia coalición parlamentaria, reprimiendo protestas y violando derechos humanos. Para 2026, el mensaje estaba instalado: la democracia era sinónimo de desorden. Solo una mano dura podía restaurar el orden.

“Gobernar como mi padre”

Keiko dijo en campaña el 27 de abril en un barrio marginal de Lima: “quiero ser presidenta para gobernar, como lo hizo mi padre”. No era una metáfora ni una concesión sentimental. Anunció un programa de gobierno, la promesa de replicar el modelo de los años noventa: orden, autoridad, eficacia económica. Y también, aunque no lo diga, autoritarismo, corrupción y violación de derechos humanos.

Pero hay una diferencia clave entre padre e hija. Alberto Fujimori irrumpió en 1990 como un outsider: desafió a la casta política, aplicó un shock económico, desmanteló a Sendero Luminoso y gobernó contra las élites tradicionales. Keiko, en cambio, llega con el respaldo mayoritario de la gran prensa, las élites económicas y las fuerzas conservadoras que en su momento rechazaron a su padre. No es una fuerza transformadora. Es una fuerza reactiva, transaccional. Su restauración no es un proyecto fundacional, es una ilusión de un viaje al pasado.

La restauración vacía

Lo que Keiko Fujimori ofrece no es innovación ni ruptura. Es la repetición de una receta que ya fracasó. El régimen de su padre colapsó en medio del escándalo y la fuga a Japón. El filósofo Cornelius Castoriadis llamó a esto “el triunfo de la insignificancia”: sociedades hiperactivas, sobrecargadas de información, polarizadas, pero incapaces de crear nuevas ideas. Las campañas electorales se limitaron a repetir fórmulas vacías. El Perú de 2026 enfrenta una crisis climática, informalidad estructural, transformación digital, migraciones, demandas de reconocimiento cultural. Pero la propuesta fujimorista no tiene respuestas para nada de eso. Solo ofrece el recuerdo de un pasado que ya no existe.

La restauración que encabeza Keiko Fujimori tiene paralelos reveladores. El primero es la restauración borbónica en España (1874-1931). Alfonso XII –hijo de la destronada reina Isabel II en 1868 – no fue un innovador: fue un restaurador que se alió con la Iglesia, el ejército y las clases conservadoras para recuperar la monarquía. Una alternancia pactada de dos partidos garantizó estabilidad formal durante décadas, pero a costa de vaciar la política de sus principios liberales y reprimir cualquier disidencia. Cuando las tensiones acumuladas ya no pudieron contenerse, el edificio se derrumbó: primero con el golpe de Primo de Rivera en 1923, luego con la Segunda República en 1931.

El segundo es Corea del Sur bajo la ex presidenta Park Geun-hye (2013-2017). Su padre, Park Chung-hee, fue un dictador transformador que impulsó la industrialización acelerada y fue asesinado por su propio jefe de seguridad en 1979. Su hija se presentó como restauradora del legado paterno, contando con el apoyo de los mismos conglomerados y fuerzas conservadoras que antes habían resistido a su padre. El desenlace es conocido: corrupción, tráfico de influencias, un gobierno en las sombras ejercido por una confidente sin cargo oficial. Finalmente, Park Geun-hye fue destituida por el Parlamento, condenada penalmente y encarcelada.

Las trayectorias de las restauraciones española y surcoreana anticipan la tensión central del fujimorismo 2.0: la invocación nostálgica de un pasado transformador se convierte, al intentar restaurarse, en una fórmula rígida, hueca y frágil.

El Congreso como dispositivo

Keiko Fujimori no llega al poder en un vacío institucional. Llega después de que el Congreso saliente —dominado por su partido durante años— desplegara lo que Michel Foucault llamaba un dispositivo: una red estratégica de elementos heterogéneos —leyes, instituciones, nombramientos, discursos, medidas administrativas— que se articulan para configurar una nueva correlación de fuerzas políticas, redefinir las estructuras del Estado, y establecer la agenda: allanar el camino para la restauración fujimorista.

¿Qué hizo ese dispositivo? Capturó los poderes del Estado y las instituciones autónomas. No fue una conquista casual ni simultánea: fue una estrategia orquestada, hilo por hilo, ley por ley. Se tejió, así, una red para blindar al fujimorismo y desactivar cualquier contrapeso. Al mismo tiempo, el Congreso modificó las reglas electorales para fragmentar el voto opositor, reduciendo los requisitos para el registro de nuevos partidos políticos, y con ello facilitar una dispersión de votos que beneficiara a Keiko Fujimori y a su partido Fuerza Popular.

El resultado de esa ingeniería electoral revela una desproporcionalidad abismal. Para la Cámara de Diputados, Fuerza Popular obtuvo el 14,7% de los votos válidos, pero eso se tradujo en 41 de los 130 escaños (el 31,5%). Para el Senado, la votación fue similar: consiguió el 15,1% de los votos válidos, lo que le otorgó 22 de los 60 escaños (el 36,7%). Con menos de una séptima parte de los votos en cada cámara, el fujimorismo controla más de un tercio del Senado y casi un tercio de la Cámara de Diputados. Este dispositivo logró convertir una minoría en mayoría parlamentaria.

No obstante, todo dispositivo genera sus propias fisuras. Una coalición opositora conformada por Juntos por el Perú (32 diputados), el Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10) suma 56 escaños en la Cámara de Diputados. No es mayoría absoluta —faltan 10 para los 66 que exige la ley—, pero es una fuerza suficiente para censurar ministros, bloquear iniciativas clave y exigir negociaciones. Paradójicamente, las reformas constitucionales que se impulsaron para debilitar los contrapesos también pueden ser usadas en contra del Keiko por la nueva oposición legislativa.

La fragilidad de lo restaurado

Para asegurar su supervivencia, el fujimorismo ya está desplegando su viejo manual de cooptación. La primera maniobra en curso es romper el bloque opositor recién constituido por la oposición. Y lo hace con el método que mejor conoce: sobornos, cargos para familiares, contrataciones de obras públicas. El objetivo es tentar a los congresistas más frágiles, ya sea por mera ambición económica o porque tienen expedientes judiciales. La historia reciente del Congreso peruano está llena de tránsfugas que cambiaron de bancada. La corrupción parlamentaria no es una excepción: es la regla.

La segunda jugada es más sutil, pero igual de efectiva. Negociar con la nueva bancada de centro derecha representada por el partido Buen Gobierno, cuyo líder y excandidato presidencial, Jorge Nieto, recibirá lo que en la jerga mafiosa se llama “una oferta que no pueda rechazar”. Si algunas de estas maniobras tuvieran éxito, el fujimorismo podría alcanzar la mayoría absoluta en ambas cámaras, neutralizando de un plumazo cualquier intento de fiscalización o parálisis gubernamental.

Pero incluso si logra recomponer mayorías artificiales, la restauración fujimorista sigue expuesta a tensiones que no puede resolver dentro de la lógica parlamentaria. La primera es la fractura generacional. La sociedad peruana de 2026 no es la de 1990. Para la juventud que ha crecido en la precariedad y la desconfianza, un nuevo orden con violencia e impunidad puede acentuar la ilegitimidad vigente.

La segunda es la contradicción económica. El modelo económico del padre —privatizaciones, desregulación extrema, flexibilización laboral— ya no genera los consensos ni los rendimientos de hace dos décadas. La dependencia de los precios de los recursos naturales, la crisis climática y los límites del extractivismo plantean desafíos que no se resuelven con el recetario clásico.

La tercera es la sombra del caso surcoreano. Las presidencias restauradoras personalistas son particularmente vulnerables a los escándalos de corrupción, porque carecen de una legitimidad programática sólida y dependen de redes clientelares opacas. La historia del fujimorismo está llena de estos episodios: el caso “Cócteles”, la financiación irregular de campañas, los vínculos con Vladimiro Montesinos y, más tarde, con acusados de narcotráfico y otros delitos aún más graves.

El futuro como pregunta abierta

El triunfo de Keiko Fujimori en 2026 no es una simple alternancia en el poder. Es un proyecto restaurador que, amparado en la nostalgia por un orden perdido, vació la democracia peruana de todo contenido y la redujo a la repetición de fórmulas que ya probaron su fracaso histórico. No se crearon nuevas ideas, sólo la articulación selectiva de fragmentos del pasado para imponer un futuro cerrado. Pero la historia no es un proceso mecánico ni determinado. El futuro sigue siendo una pregunta abierta y no un eco del pasado.

* Jesús Tovar
Profesor e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ex Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP). Doctor por FLACSO-México

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El análisis del Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dedicado al impacto del uso de drogas en la seguridad, llega en un momento especialmente sensible para América Latina. La región sigue atrapada entre mercados ilegales en expansión, cárceles saturadas, barrios sometidos a economías criminales, Estados debilitados y gobiernos que prometen recuperar el control con más policías, más militares, más operativos y más cárcel.

Este análisis tiene un mérito indudable: reconoce que la relación entre drogas, delito y violencia no es simple ni automática. Se aleja, al menos parcialmente, de la vieja idea de que el consumo conduce inevitablemente al crimen. Acepta que intervienen factores individuales, sociales, económicos, territoriales y políticos, más allá de los efectos de algunas sustancias sobre la conducta, la violencia para sostener consumos problemáticos o la generada por los mercados ilegales. Este matiz importa. Durante décadas la política de drogas se ha construido sobre simplificaciones peligrosas, ancladas en el miedo y en el control social.

Sin embargo, el problema aparece desde el propio encuadre, el “impacto del uso de drogas” sobre la seguridad. Esa formulación parece técnica, pero no es inocente. Coloca el foco principal en el usuario y no en las condiciones que hacen que ciertos consumos se conviertan en escenarios de daño, explotación o violencia. En América Latina, esa diferencia es fundamental. Buena parte de la inseguridad asociada a las drogas no proviene del consumo, sino de la ilegalidad del mercado, la criminalización de usuarios pobres, la ausencia de servicios, la desigualdad urbana, la violencia policial, la corrupción institucional y la disputa territorial entre actores armados.

No basta con preguntarse cómo las drogas afectan la seguridad. Hay que preguntarse cómo las políticas de drogas producen inseguridad.

La imagen del consumidor trabado, violento y peligroso ha servido más para alimentar pánicos morales que para diseñar políticas eficaces. La violencia más letal suele estar en otro lugar: en el control de rutas, puertos, barrios, cárceles, fronteras y economías ilegales; en la disputa por rentas creadas por la prohibición; en la captura de instituciones; en la extorsión; en el reclutamiento de jóvenes sin oportunidades; y en los pactos entre crimen organizado, política y fuerzas de seguridad.

Por eso resulta insuficiente analizar la inseguridad como consecuencia directa del “uso”. Las drogas no operan en el vacío. Generan más problemas en territorios marcados por segregación, informalidad, pobreza, racismo, falta de vivienda, desempleo, abandono escolar, trauma, violencia familiar, ausencia de atención y debilidad institucional. Allí donde hay redes de cuidado, vivienda, tratamiento, reducción de daños, empleo, presencia comunitaria y confianza institucional, las drogas siguen presentes pero los riesgos disminuyen. Donde solo llega la policía, el castigo o el abandono, los daños se multiplican. Desplazar personas mediante operativos policiales solo mueve el problema de una calle a otra, de un barrio a otro, de una estadística a otra.

América Latina conoce demasiado bien esta lógica. Las “recuperaciones” de territorios duran lo que dura la presencia mediática y “justifican” enormes abusos, como los ocurridos en octubre en las comunidades de Alemão y Penha de Río de Janeiro. Los decomisos son presentados como victorias aunque el mercado se recomponga instantáneamente; las detenciones masivas alimentan cárceles donde el Estado pierde control y las organizaciones criminales ganan reclutamiento.

Ahora, bajo supervisión militar hay tres veces más muertos en las cárceles ecuatorianas que en los peores años de motines. Las campañas contra el “microtráfico” terminan persiguiendo a los eslabones más débiles: jóvenes pobres, mujeres usadas como correos, consumidores problemáticos o vendedores de supervivencia. Mientras tanto, las estructuras financieras, logísticas, institucionales y políticas que sostienen el negocio permanecen mucho más protegidas.

El informe reconoce que el encarcelamiento de personas que usan drogas, cuando no va acompañado de tratamiento, apoyo social y alternativas reales, puede agravar los problemas que pretende resolver. Pero ese reconocimiento debería ser el centro de la discusión, no una advertencia lateral. Las cárceles son una fotografía nítida del fracaso prohibicionista: no rehabilitan, profundizan trayectorias criminales, rompen vínculos familiares, destruyen oportunidades, exponen a violencia extrema y fortalecen el gobierno criminal intramuros.

Por eso, una agenda seria de seguridad y drogas debería cambiar radicalmente sus indicadores de éxito. Cambiar toneladas incautadas, hectáreas erradicadas, personas detenidas o años de condena acumulados, por cuántas personas acceden a tratamiento voluntario, evitan la cárcel mediante alternativas, reducen riesgos y daños, recuperan vivienda, empleo o redes familiares; cuántas comunidades reducen homicidios, extorsiones y violencia policial; cuántos jóvenes dejan de ser reclutados; y cuántos recursos criminales son reutilizados con fines sociales.

No es un detalle técnico, sino un cambio de paradigma, dese una política obsesionada con perseguir sustancias y castigar cuerpos vulnerables hacia otra orientada a reducir daños, violencia y exclusión. La seguridad ciudadana no se consigue multiplicando expedientes penales, sino fortaleciendo vínculos sociales, servicios públicos, oportunidades económicas, salud comunitaria, justicia restaurativa y gobiernos locales capaces de levantar a su gente.

El informe se queda corto al invisibilizar el papel de la prohibición, la criminalización y los mercados ilegales. Para Latinoamérica la prohibición no es una abstracción jurídica; es una arquitectura cotidiana de violencia. Define quién puede enriquecerse, quién puede ser encarcelado, quién puede morir, quién puede comprar protección y quién queda expuesto al castigo.

Esto no significa negar los daños asociados al consumo. Hay consumos problemáticos que destruyen vidas, familias y comunidades. Hay mercados locales que generan miedo, deterioro del espacio público y explotación. Hay sustancias cada vez más potentes que plantean nuevos desafíos. Por eso necesitamos mejores políticas, no reflejos punitivos. Confundir cuidado con control, tratamiento con coerción o prevención con vigilancia solo empeora las cosas.

La región necesita innovar de forma más valiente: descriminalización efectiva del uso y la posesión para consumo personal; regulación responsable y control público de algunos mercados; alternativas al encarcelamiento efectivas para delitos menores; reducción de daños; tratamiento voluntario y de calidad; atención en salud mental; acceso a vivienda; inclusión económica para jóvenes; justicia restaurativa; persecución efectiva de las finanzas criminales; control democrático de las fuerzas de seguridad; y participación real de las comunidades.

El desafío para América Latina no es incorporar la salud pública al viejo paradigma de guerra contra las drogas. Es superar ese paradigma. La pregunta ya no es cómo reducimos el impacto del uso de drogas sobre la seguridad, sino cómo reducimos el impacto de las políticas fallidas sobre la vida, la democracia y el desarrollo.

Después de décadas de prohibición, América Latina no necesita más diagnósticos que confundan síntomas con causas. Necesita una política de drogas que se atreva a mirar donde más incomoda: no solo al consumo, sino al daño producido por la ilegalidad, la exclusión y el propio Estado cuando responde tarde, mal y con violencia.

* Javier Sagredo
Investigador asociado del CIEPS, Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Director de D2 INNOLAB, Laboratorio Global de Innovación en Políticas de Drogas y Desarrollo Sostenible

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En la década de los 80, Mijaíl Gorbachov vio el agotamiento del modelo soviético y la incapacidad para suministrar los bienes que la población rusa necesitaba. Implementó, entonces, una apertura que buscaba modernizar una economía estancada mediante cierta descentralización e introducción limitada de mecanismos de mercado.

Y así, después de dar mayor autonomía a las empresas estatales, abrió espacios para pequeñas iniciativas privadas. También se dio mayor libertad de expresión, acceso a información antes censurada y debate público sobre los problemas de la decadente URSS.

Era un modelo inédito que buscaba hacer más eficiente el sistema económico y aumentar la participación ciudadana y la transparencia gubernamental. Paradójicamente, ambas reformas contribuyeron al debilitamiento del sistema soviético.

Ese conjunto de reformas económicas y políticas, conocido como perestroika, no logró resolver los problemas económicos, mientras que la glásnost, una política cuyo objetivo era reformar el sistema soviético eliminando la estricta censura y permitiendo la libertad de expresión, el debate público y el acceso a la información, hizo posible expresar críticas acumuladas durante décadas de persecución de los críticos del régimen.

La combinación de crisis económica, demandas democráticas y movimientos nacionalistas aceleró la desintegración de la Unión Soviética en 1991, a la que le sobrevino un periodo de gran inestabilidad social y política.

Sin embargo, este giro al mercado internacional y a la democracia liberal fue visto por los líderes de China y Vietnam como un error, porque abrió simultáneamente la economía y la política. Al contrario, estas naciones asiáticas impulsaron reformas económicas profundas (con una inversión privada limitada, mercados competitivos, exportaciones y creación de riqueza privada) pero mantuvieron un sistema de partido único, control de medios de comunicación, supervisión de organizaciones sociales y restricciones a la oposición política. Es lo que en términos politológicos se ha denominado autoritarismo de mercado o capitalismo de Estado autoritario.

Esto viene a cuento esto porque, en los últimos meses, ante la presión de la administración Trump y la seria dificultad económica, hemos asistido a diversas declaraciones de las élites políticas de Venezuela y Cuba ofreciendo, de manera general, abrir espacios al sector privado a través de las pequeñas y medianas empresas para estimular nuevas dinámicas de mercado.

Al parecer, estos liderazgos con vocación autocrática pretenden aprender, quizá a destiempo, de China y Vietnam, siguiendo la lógica del karate de que la mejor defensa es un buen ataque, a través de una reforma económica que busca mantener el monopolio político y evitar a toda costa un glásnost que puede desencadenar en una crisis de régimen.

Es una apuesta por que la prosperidad económica genere una estabilidad y una legitimidad que ahora no se tienen por un modelo político económico que generó grandes bolsas de pobreza y que tiene como principal enemigo el tiempo.

Sin embargo, si bien es de aplaudir este esfuerzo de adaptación a la nueva situación geopolítica, Cuba no tiene las ventajas que tuvieron China y Vietnam; al contrario, cuenta con un mercado interno pequeño, con escasa inversión extranjera, con envejecimiento poblacional, con emigración masiva y con restricciones externas.

En el caso de Venezuela, el fenómeno parece improvisado, ya que no hubo durante el mejor momento del chavismo un gran programa de reformas económicas como sí sucedió en China desde el gobierno de Deng Xiaoping. Más bien ocurrió una adaptación pragmática consistente en una dolarización informal, mayor tolerancia a negocios privados, menos controles económicos y menor intervención directa en algunos mercados.

En este país sudamericano no hubo una transformación institucional profunda. Esto significó una liberalización económica defensiva donde se abre la economía para aliviar la crisis, pero sin alterar sustancialmente la estructura del poder político, hasta antes de la detención y extradición de Nicolás Maduro, el mismo que está en serios problemas de equilibrio.

Este escenario permite plantear una pregunta fundamental para países autocráticos de izquierda como Cuba y Venezuela ante la presión que ejerce Estados Unidos: ¿puede existir una economía relativamente abierta bajo un régimen políticamente cerrado?

En los ya lejanos años 90 muchos pensaban que no, que era un sueño guajiro, que se necesitaba abrir para jugar con las reglas del mercado internacional. Y los más optimistas estaban convencidos de que el crecimiento económico inevitablemente produciría democracia.

Un caso cercano es el de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que promovió la liberalización económica sin alterar el régimen político. Y esto al final tronó. La democratización del país avanzó aceleradamente hasta la alternancia presidencial de 2000, dando término al largo periodo priísta.

Sin embargo, la experiencia de China, Vietnam y Singapur que no hay que perder de vista muestra que un régimen puede combinar crecimiento económico, autocracia, control político y estabilidad prolongada con la subsecuente legitimidad política que da un Estado capaz de generar satisfactores para su población. Vamos, que se puede tener apoyo social y legitimidad sin democracia.

La pregunta es si los líderes de Venezuela y Cuba, bajo la supervisión de Estados Unidos, serán capaces de lograr los mismos resultados con las incipientes reformas que, como ya decíamos, tienen como mayor enemigo el tiempo, que seguramente las oposiciones sociales y políticas buscarán aprovechar para ampliar las libertades conculcadas durante décadas.

* Ernesto Hernández Norzagaray
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México

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En casi todas las cumbres entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea se repite la misma idea: la relación birregional está sustentada en valores compartidos como la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo. Sin embargo, si se deja de lado el lenguaje diplomático y se observan las relaciones entre bloques, esa narrativa resulta menos evidente. El espacio público se ha convertido en un escenario donde el consenso pierde terreno frente a la polarización, las emociones desplazan a los argumentos y la política deja de organizarse alrededor de adversarios para hacerlo alrededor de enemigos.

Los resultados de la última Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey, WVS), el mayor estudio comparado sobre valores y actitudes ciudadanas, que muestra cómo evolucionan las percepciones sobre democracia, instituciones y confianza interpersonal ilustran esta paradoja. En Bogotá, el 85% de los ciudadanos considera que la democracia es un buen sistema de gobierno, pero casi seis de cada diez personas apoyarían a un líder fuerte dispuesto a gobernar sin Congreso ni elecciones. A nivel nacional ese respaldo alcanza el 63% y también aumenta la aceptación de un gobierno militar. No se trata de una contradicción, sino de una señal de que el respaldo a la democracia como ideal convive con una creciente frustración frente a su funcionamiento cotidiano.

El año 2024 confirmó que esta tensión no es exclusiva de Colombia. En América Latina, Europa y otras regiones, las campañas electorales mostraron un cambio profundo en el lenguaje político. La competencia democrática dejó de construirse sobre la diferencia entre adversarios legítimos para transformarse en una confrontación entre enemigos. Cuando la política adopta esa lógica, el objetivo deja de ser convencer y pasa a ser excluir.

Este desplazamiento atraviesa ambas orillas del Atlántico. En América Latina, liderazgos de distintas orientaciones ideológicas apelan a narrativas que enfrentan a un “nosotros” amenazado por élites, migrantes o actores externos. En Europa ocurre un fenómeno similar con el crecimiento de fuerzas populistas y nacionalistas que han dejado de ser excepciones para convertirse en actores centrales. La polarización observada recientemente en países como Argentina, Brasil, Chile o Colombia refleja la misma tendencia.

Durante la última década la confianza en las instituciones y la satisfacción con la democracia han disminuido de forma sostenida en América Latina, mientras el Índice de Democracia de The Economist registra un deterioro regional continuo. La confianza interpersonal también permanece en niveles muy bajos: en Colombia apenas alcanza el 4%. Europa mantiene niveles superiores, especialmente en los países nórdicos, aunque también enfrenta un desgaste institucional. Sin confianza entre ciudadanos resulta difícil sostener instituciones legítimas y procesos democráticos estables.

La WVS distingue entre el apoyo abstracto a la democracia y la satisfacción con su desempeño real. Esa diferencia crea el terreno propicio para liderazgos que prometen soluciones rápidas mediante la concentración del poder. Cuando las instituciones parecen incapaces de responder, aumenta la disposición a aceptar atajos autoritarios frente a problemas como la inseguridad, la corrupción o el deterioro económico.

Uno de los hallazgos más relevantes es la fractura generacional. En la capital colombiana menos de la mitad de los jóvenes considera prioritario vivir en democracia, frente al 71% de las personas mayores de 56 años. La distancia refleja que las nuevas generaciones no siempre experimentan la democracia como un sistema capaz de ofrecer oportunidades reales. La deuda con los jóvenes no es únicamente económica; también es institucional y política.

Existe además una dimensión territorial que suele quedar fuera de los grandes acuerdos internacionales. Los valores no evolucionan de manera homogénea. Las grandes ciudades conectadas al sistema global experimentan transformaciones culturales más rápidas y muestran mayores niveles de apertura, pero también un creciente escepticismo institucional. En contraste, amplias zonas rurales y periféricas mantienen sistemas de valores distintos y con frecuencia se sienten excluidas de los beneficios de la globalización. Los datos de Bogotá son ilustrativos. El rechazo a tener vecinos homosexuales cayó del 31% al 13% en una generación, aunque en algunas localidades periféricas todavía tres de cada diez personas mantienen esa posición.

Frente a este escenario, la respuesta habitual ha sido buscar liderazgos fuertes capaces de resolver rápidamente las limitaciones del sistema. Sin embargo, la evidencia muestra que el modelo del líder heroico suele reforzar la concentración del poder y debilitar la deliberación democrática.

Una investigación desarrollada por expertos de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes de Colombia propone entender el liderazgo como un proceso colectivo y relacional, más que como el resultado de capacidades individuales excepcionales. El liderazgo emerge de la interacción entre personas, organizaciones y comunidades que trabajan conjuntamente para producir valor público. La pregunta deja de ser quién debe liderar y pasa a ser qué condiciones permiten que una sociedad construya liderazgo de manera compartida.

Esta perspectiva resulta especialmente pertinente frente a la polarización. Allí donde el discurso del enemigo divide, el liderazgo colectivo requiere cooperación, reconocimiento de la diversidad y construcción de confianza. No busca eliminar las diferencias, sino convertirlas en un recurso para producir soluciones comunes.

Los resultados más recientes de la WVS ofrecen una pista alentadora. Aunque la confianza en partidos políticos y parlamentos continúa disminuyendo, la confianza en las familias, los vecinos y las organizaciones comunitarias permanece relativamente estable. La reconstrucción democrática difícilmente vendrá solo desde las instituciones nacionales; también deberá surgir desde los territorios y las comunidades donde todavía existen vínculos de cooperación.

De este diagnóstico se desprenden tres prioridades. La primera consiste en la formación de líderes capaces de interpretar los cambios en los valores ciudadanos como información estratégica para diseñar mejores políticas públicas y reconstruir la confianza institucional.

La segunda es incorporar una perspectiva territorial en los programas de formación de universidades, centros de pensamiento, administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Los desafíos asociados a la polarización y la desconfianza no pueden comprenderse únicamente desde las capitales, requieren escuchar a quienes llevan años construyendo cohesión social en los territorios.

La tercera es abandonar el paradigma del liderazgo heroico como modelo dominante de formación. Persiste la idea de que liderar depende principalmente de individuos excepcionales. Sin embargo, las democracias necesitan fortalecer capacidades colectivas, promover la corresponsabilidad y desarrollar instituciones capaces de sostener procesos más allá de figuras individuales.

Los valores compartidos entre América Latina y Europa no pueden asumirse como un punto de partida garantizado. Constituyen un horizonte que exige ser construido continuamente. La democracia sigue siendo ampliamente valorada como ideal, pero esa legitimidad solo podrá sostenerse si las instituciones logran traducir sus promesas en experiencias cotidianas de confianza, inclusión y participación.

En ese desafío, el liderazgo colectivo y la reconstrucción del tejido social son condiciones indispensables para que los valores compartidos dejen de ser únicamente un discurso diplomático y se conviertan en una realidad democrática.

Este artículo forma parte de una colaboración con la Red Jean Monnet EULAS, coordinada por el IBEI y cofinanciada por la Unión Europea, cuyo objetivo es fomentar la cooperación académica, la innovación y la investigación entre Europa y América Latina y el Caribe.

* Nathalie Méndez Méndez
Es Profesora Asociada de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas A&M, Estados Unidos. Directora de la Maestría en Gestión Pública (MPA).

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Bolivia enfrenta la peor crisis energética de su historia. El país que durante veinte años vivió del gas natural hoy hace filas de días en los surtidores, raciona diésel en el campo, declara emergencia energética y social, y retira la subvención a los carburantes. Las cifras retratan el derrumbe: cerca del 90% de la demanda energética nacional está ligada a los combustibles fósiles. Importamos el 88% del diésel y cerca del 56% de la gasolina que consumimos. Más del 80% de la industria utiliza combustibles fósiles para funcionar y el 70% de la electricidad depende de termoeléctricas que consumen gas natural.

Y el gas se está acabando: su producción cayó más del 56% en la última década; y el gobierno advirtió que con el nivel de reservas actuales no se podrá cubrir ni siquiera el mercado interno en los próximos años. No estamos ante un problema de precios o de modelo económico: se trata de un asunto de seguridad nacional, de supervivencia económica y de estabilidad social que debe enfrentarse con urgencia, responsabilidad y eficiencia.

Sería un error concluir que la solución está en descubrir nuevos campos gasíferos. La exploración de este combustible debe continuar, pero el verdadero salto estratégico consiste en acelerar la transición energética. La pregunta ya no es solo cómo producir más energía, sino qué energía producir.

En América Latina existe un ejemplo particularmente ilustrativo. Hace quince años Uruguay dependía de combustibles fósiles importados. Hoy genera el 97% de su electricidad mediante energías hídrica, eólica, biomasa y solar. Lo consiguió sin disponer de enormes recursos naturales ni de grandes reservas fiscales. Su éxito se basó en tres pilares: acuerdo político duradero, subastas competitivas que abarataron los contratos y alianzas público-privadas de largo plazo que dieron certidumbre a los inversionistas.

Bolivia posee condiciones naturales incluso más favorables que esa nación hermana. Cuenta con los niveles de radiación solar más altos del planeta, especialmente en el Altiplano; importantes corredores de viento en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí; un enorme potencial hidroeléctrico; biomasa agrícola y forestal; potencial geotérmico; importantes reservas de gas para respaldar la transición y una de las mayores reservas mundiales de litio, recurso estratégico para el almacenamiento.

La prioridad inmediata debe centrarse en tecnologías que pueden implementarse con mayor rapidez y menor costo. La energía solar es la mejor oportunidad inmediata: plantas de escala media se construyen en uno a dos años, con costos globales competitivos frente a las termoeléctricas. La eólica puede ser un complemento eficiente en plazos de dos a tres años. Los estudios gubernamentales elaborados con apoyo de organismos internacionales ya identifican proyectos factibles que pueden entrar en operación con rapidez si se asegura financiamiento. La biomasa, que los ingenios cruceños ya generan con bagazo, es la tercera prioridad de corto plazo. El biogás, el etanol y el biodiésel pueden sustituir carburantes importados, aliviando la balanza comercial y beneficiando al agro. La hidroelectricidad es otra opción disponible, pero requiere cuatro a ocho años y estudios ambientales sólidos. La geotermia ofrece energía las 24 horas, aunque su fase exploratoria toma de cinco a diez años.

El litio debe convertirse en la base de un ecosistema industrial que incorpore refinación, fabricación de baterías y almacenamiento para la red eléctrica. El hidrógeno verde debe asumirse como una apuesta estratégica para la próxima década, cuando Bolivia disponga de suficiente generación renovable para producir un combustible competitivo destinado a la minería, la industria pesada y eventualmente la exportación.

La tecnología ya no es la barrera. Bolivia necesita estabilidad jurídica, reglas claras para la inversión que permitan contratos de compra de energía de largo plazo, asociaciones público-privadas transparentes, apertura al financiamiento internacional, eliminación plena de los subsidios a los carburantes, reestructuración de ENDE, una profunda modernización regulatoria, y una nueva generación de ingenieros, técnicos e investigadores especializados.

La crisis actual ofrece una oportunidad excepcional para abandonar definitivamente el modelo basado en un único recurso y construir una matriz diversificada que combine el gas como transición con el extraordinario potencial del sol, el viento, el agua, la biomasa, la geotermia y el litio. Para ello, debemos enterrar los sueños del mar de gas, las disputas estériles y los diagnósticos interminables. Ninguna transición será posible mientras la política continúe sustituyendo a la planificación técnica.

Si el país logra convertir sus ventajas naturales en políticas públicas coherentes, inversiones productivas e instituciones sólidas, la soberanía energética dejará de ser una aspiración para convertirse en uno de los principales motores del desarrollo económico de las próximas décadas.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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Por años, los líderes de los países emergentes y en desarrollo (PEED) destacaron las debilidades de las instituciones financieras multilaterales surgidas tras la postguerra. Una de las miradas más lúcidas del sesgo que impregnaba al esquema surgido en Bretton Woods es la del economista colombiano José Antonio Ocampo, quien planteaba la reforma del (no) sistema monetario internacional.

Si bien la crisis financiera global puede considerarse un factor decisivo en la irrupción de una nueva mirada a nivel macro, ha ido surgiendo la necesidad de considerar otros factores para repensar la estabilidad macro financiera de los países miembros. Es así como, tanto el Banco Mundial (BM) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), comenzaron a destacar la necesidad de incluir lo climático en el análisis de riesgo soberano y a reconocer el nuevo escenario internacional signado por las disputas por el poder y la geopolítica.

Este nuevo escenario resultaría incompleto si dejáramos de mencionar a la extrema derecha y su mirada respecto a las diferentes crisis. Sus líderes no sólo niegan el cambio climático, también intentan deslegitimar las políticas ambientales y bloquear todo tipo de financiamiento. Detrás de ellos están las compañías petroleras, industria que históricamente ha negado, ocultado y desestimado el calentamiento global. En este marco, Donald Trump es el personaje más destacado, pero no debería desestimarse el papel de Javier Milei, Abelardo de la Espriella u otros líderes latinoamericanos que tratan de emular sus idea. El oscurantismo avanza y el negacionismo gana adeptos.

Presionado por el gobierno norteamericano (su principal accionista), el BM viene de eliminar el objetivo de financiamiento climático. Hasta ahora, la entidad tenía como objetivo destinar hasta un 45% de sus créditos en proyectos con beneficios climáticos (Climate Change Action Plan – CCAPs). Pero para Scott Bessent, secretario del Tesoro americano, la eliminación del requerimiento no solo mejorará la eficiencia, permitirá también que la entidad retome su misión original, que sería asistir “con créditos blandos a las empresas petroleras, preferentemente norteamericanas”.

De esta forma el Banco Mundial centra su objetivo en financiar las nuevas “bombas de carbono” asentadas en países en desarrollo. La contracara de ello no solo será una menor disponibilidad de fondos para la transición, sino también una condena que aleja a estos de las energías limpias y las tecnologías del futuro.

Paradójicamente dicho cambio se realiza a más de cuatro meses de iniciado el conflicto en medio oriente, donde el cierre del estrecho de Ormuz significó una gran reducción en la oferta petrolera. Los países asiáticos han resultado fuertemente perjudicados lo cual les ha obligado a rever su estrategia energética y repensar la seguridad a la luz de las energías renovables. China, mientras tanto, festeja. El conflicto no solo disparó las ventas de autos eléctricos o paneles solares, también ha marcado un hito fundamental en el proceso de cambio estructural de poder: de los petroleros a los electrones.

El cambio no solo se observa en la industria y el comercio, donde China domina la mayoría de las cadenas de valor. Implica también un fuerte impulso a la salida de sus empresas al mundo que se encuentran con una mayor receptividad de los países asiáticos a las inversiones extranjeras directas “verdes”. A ello se suma el aumento del financiamiento sustentable por parte de la banca china, como también las líneas de crédito verdes que otorgan las nuevas entidades multilaterales recientemente creadas, como el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) o el Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones (AIIB), quien viene aumentando el monto de financiamiento verde. La crisis, en definitiva, está permitiendo a China presentarse como un socio para la transición y un garante de la estabilidad económica mundial.

Las disputas geopolíticas han trastocado la arquitectura financiera internacional. La banca multilateral con sede en Washington ya no cumple con su cometido de financiamiento del desarrollo. Este nuevo contexto podría diferenciar a los PEED según su cercanía a Estados Unidos, pues aquellos bajo su área de influencia resultan más expuestos a la presión: a pausar la transición. Por ello la decisión del BM de impulsar las inversiones en fósiles, refuerza el “sendero petrolero”.

Este camino alejará a estos países de los mercados más dinámicos, lo cual comprometería su inserción global en un futuro no muy lejano, aumentando la exposición al riesgo financiero asociada a la pérdida en valor de los activos carbono intensivos o activos varados. Las decisiones del presente pueden resultar muy costosas, y no solo por sus consecuencias económico-financieras. La firma de acuerdos bilaterales y la adhesión a mecanismos de resolución de disputas comprometen cualquier intento de cambio futuro.

Todo ello evidencia la extrema debilidad de nuestros países, cuyos márgenes de decisión se ven cada vez más comprometidos por la desidia de nuestra clase dirigente y el cortoplacismo de nuestras sociedades.

* Leonardo E. Stanley
Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development“, Cambridge University Press, 2020.

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Este 16 de julio, celebramos el Primer Aniversario de la elevación del Santuario diocesano Nuestra Señora del Socavón por el Santo Padre como Basílica Menor Nuestra Señora del Socavón, con una Misa Solemne, al cual estamos todos invitados muy cordialmente, ver invitación. La Misa será celebrada por el Monseñor Cristóbal Bialasik.

Con independencia de su trazado arquitectónico, una iglesia puede titularse «Basílica» por prerrogativa del Romano Pontífice. Se distinguen las basílicas mayores y las basílicas menores.

El Santuario Diocesano de la Virgen del Socavón, es un espacio espiritual de gran importancia para la comunidad orureña y boliviana, los visitantes a su arribo a la ciudad, visitan en primer lugar el santuario.

El espacio arquitectónico, de hermosas proporciones y decorada y ornamentada continuamente, crea un espacio que invita a la contemplación y la oración.

EL Santuario Diocesano Nuestra Señora del Socavón, con esfuerzo de la iglesia local, se ha esforzado en cumplir las exigencias para que sea declarada Basílica Menor:

• Es un templo de excepcional esplendor, con un perfil destacado

• El templo es histórico, amplio y artístico.

• Esta solemnemente bendecido y consagrado.

• Es el centro espiritual y pastoral de la iglesia local.

• Acoge miles de peregrinos durante el año.

• Se realizan celebraciones de la Eucaristía, Penitencia y otros sacramentos, con participación activa del pueblo, respetando las normas litúrgicas y contando con un excelente Ministerio de Música.

• Cuenta con un amplio presbiterio, el Altar Mayor adecuadamente decorado con las reliquias de los 7 fundadores de los de los Siervos de María, ambón, la Sede, Pila Bautismal y la Capilla de la Adoración Perpetua.

• El santuario tiene varios altares laterales e imágenes de santos: 7 Fundadores de la Orden de los Siervos de María, San Miguel, la Virgen Dolorosa, Señor de los Milagros, Santa Nazaria Ignacia, Nino Jesús de Praga, San Juan Pablo II, San Oscar Romero, Señor de la columna, Santa Cecilia, San Martin de Porres, San José, San Antonio, Santa Juliana Falconieri. Una capilla de velas y una cripta.

• Cuenta con suficiente número de sacerdotes para la atención del santuario, y el apoyo de laicos comprometidos.

• Presta servicio pastoral, educativo y caritativo.

Todo comenzó cuando recibimos la invitación del Mons. Cristóbal Bialasik para forma parte de la comisión impulsora, para la elaboración de un documento, para que el Santuario del Socavón sea elevado a Basílica Menor, al Comité Departamental de Etnografía y folklore (Comite), dicha invitación fue socializada a los miembros del Comité vía whatSapp, por el cual tres miembros del Comité manifestaron su intención de forma parte de la comisión (Estanislao, Hugo y Andrés), por razones de salud Estanislao solo participo en las primeras reuniones.

Dicha comisión comenzó su trabajo en el mes de enero del 2024: bajo la guía del Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de la Diócesis de Oruro; P. Gustavo Llerena OSM, Rector del Santuario; Andrés Rocha Calani y Hugo Trujillo Pinto, Miembros del Comité de Etnografía y Folklore; Rene Cueto, Obispado; Carlos Delgado Murillo , Víctor Apaza Huarita, Asesor Legal del Obispado; Marcio Ortiz Rioja, Asesor Legal del Santuario del Socavón, Edith Apaza Cossio, colaboradora del Santuario.

A manera de resumen podemos mencionar que el documento contemplo, la historia del Santuario de Nuestra Señora del Socavón, la tradición, la devoción, las peregrinaciones, la arquitectura del Santuario y el sentido del Carnaval de Oruro e importancia de la presencia de la Imagen de Nuestra Señora del socavón en la vida de Oruro y otros.

Dicho documento se presentó en Conferencia de prensa el 11 de septiembre de 2024, se tuvo la participación de las autoridades del Departamento de Oruro: Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de la Diocesis de Oruro; Dr. Johnny Vedia, Gobernador de Oruro; Ing. Adhemar Wilcarani, Alcalde Municipal; Dr. Angel Arancibia, Presidente de la Asociación de conjuntos del Folklore, Ing. Andrés Rocha, Presidente del Comité de Etnografía y folklore, Hugo Trujillo del Comité de Etnografía y Folklore.

Posteriormente en fecha 14 de septiembre de 2024, el documento fue presentado al Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez, Nuncio Apostólico, quien envío la documentación al Santo Padre.

En fecha 2 de octubre de 2024, se recibió la respuesta del Dicasterio de Culto Divino de la disciplina Sacramentos, donde nos solicitan documentación complementaria a la solicitud presentada.

En fecha 21 de febrero de 2025 se ha conseguido “Nihil Obstat” por parte de la Conferencia Episcopal Boliviana para la declaratoria de Basílica Menor.

El 29 de abril de 20025 se envía toda la documentación adicional a la Nunciatura. Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez, Nuncio Apostólico, para su envío a la Santa Sede.

Finalmente, el 16 de julio 2025, recibimos la respuesta de la Santa Sede, en la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Patrona de Nuestra Patria Bolivia, donde escribe que: “el Sumo Pontífice León XIV eleva al Santuario Diocesano en la ciudad de Oruro, dedicado a Dios, en honor de la Bienaventurada Virgen María con la advocación del Socavón, al título y dignidad de Basílica Menor”.

A manera de conclusión podemos mencionar, que es un acontecimiento histórico de fe y gratitud, nuestro agradecimiento al Mons. Cristóbal Bialasik, por invitarnos a formar parte de la comisión impulsora que elaboro el documento para elevar al Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Socavón a Basílica Menor Nuestra Señora del Socavón. Que la población orureña participa y participo de la celebración por dicho título de Basílica Menor.
Hay compromisos que cumplir. Continuara…

* Andrés Rocha Calani
Past presidente Comité Departamental de Etnografía y Folklore de Oruro. Promotor y Gestor para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la red la voz en nuestra propia voz de Iberoamérica PCI. Representante de la red en Bolivia.

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La gestión de un alcalde no concluye cuando deja el cargo, la responsabilidad sobre las decisiones adoptadas y el manejo de los recursos públicos permanece en la memoria de la ciudadanía, la ciudad de Oruro tiene todo el derecho a conocer toda la verdad sobre una administración que dejó deudas millonarias, proyectos cuestionados y una ciudad con problemas estructurales que aún impactan en la vida de los orureños.

Uno de los antecedentes más preocupantes es la información pública sobre las deudas heredadas que superan los Bs 44 millones, derivadas de procesos judiciales relacionados con la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y la empresa Ceibo, vinculada a la construcción del paso a desnivel de la avenida del Ejército, estos procesos representan una pesada carga económica para el municipio y hacen imprescindible esclarecer cómo se originaron esas obligaciones y si existieron responsabilidades en la gestión de los recursos públicos.

A ello se suman diversos temas que durante la anterior gestión fueron objeto de cuestionamientos públicos y que merecen ser plenamente esclarecidos; la ejecución de la Avenida del Moreno, la adquisición del tomógrafo municipal, la remodelación del Teatro al Aire Libre, el manejo de los recursos del Carnaval de Oruro, la creación de aproximadamente 70 ítems municipales, las contrataciones realizadas durante la gestión, especialmente en la etapa final del mandato, los cuestionamientos públicos sobre presuntos casos de nepotismo y el denominado caso de las butacas.

La anterior administración tampoco consolidó una verdadera planificación estratégica por resultados, gobernar no consiste únicamente en inaugurar obras, significa planificar, establecer prioridades, ejecutar con eficiencia, medir resultados y rendir cuentas, la improvisación no puede convertirse en una forma de administrar un municipio.

Esa falta de planificación también se reflejó en el desarrollo urbano, la ciudad de Oruro terminó como una de las ciudades más desordenadas, sin soluciones estructurales para el tráfico y la vialidad, la congestión vehicular se agravó, el reordenamiento del transporte quedó inconcluso y no se consolidó una política integral de movilidad urbana acorde con el crecimiento de la ciudad.

En materia de seguridad ciudadana, la población tampoco percibió avances significativos en el ámbito de las competencias municipales, la prevención, la recuperación de espacios públicos y el apoyo a políticas integrales de seguridad continúan siendo demandas permanentes y pendientes de los vecinos.

Los problemas de limpieza urbana fueron otro reflejo de una administración extremadamente improvisada, la acumulación de basura en calles, avenidas, mercados y barrios generó permanentes reclamos ciudadanos y deterioró la imagen de la ciudad de Oruro, afectando además la salud pública y el medio ambiente.

También corresponde señalar el papel desempeñado por la Unidad de Auditoría Interna y las instancias de Transparencia durante ese periodo, frente a los numerosos cuestionamientos y denuncias públicas, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué acciones de control, prevención e investigación se realizaron y cuáles fueron sus resultados en el ultimo quinquenio, el control interno debe servir para proteger el patrimonio del Estado en este caso del municipio y garantizar una gestión transparente y eficiente.

La Ley N.º 1178 establece que toda administración pública debe actuar con legalidad, eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad, estos principios no pueden quedar únicamente en el papel; deben reflejarse en cada decisión y en el manejo de cada recurso público.

Los orureños de ninguna manera exigen persecución política a la ex autoridad municipal, exige transparencia y eficiencia en el manejo de la cosa publica, no piden discursos, piden explicaciones, no busca confrontación, busca que la verdad salga a la luz y que, cuando corresponda, las responsabilidades sean establecidas conforme a la ley y los responsables asuman las mismas.

Oruro merece recuperar la confianza en sus instituciones, la verdad no debe incomodar a nadie y la transparencia nunca debe ser negociable, la ciudadanía tiene derecho a que los antecedentes de la anterior gestión municipal sean plenamente esclarecidos mediante auditorías técnicas, financieras, operativas y de cumplimiento, conforme a la Ley N.º 1178 y las demás normas vigentes, solo así será posible establecer, con objetividad y respeto al debido proceso, las responsabilidades que correspondan, proteger el patrimonio público y garantizar que nunca más la improvisación, la falta de planificación, el desorden administrativo y la ausencia de transparencia comprometan el futuro de nuestra ciudad, porque Oruro merece que sus recursos se administren con responsabilidad, honestidad y resultados, siempre al servicio de su pueblo.

* José Luis Toco
Exviceministro de Altas Tecnologías Energéticas

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La guerra entre Rusia y Ucrania se alimenta de la desesperación regional. Jóvenes, desempleados y padres de familia, golpeados por la informalidad y los bajos salarios, reciben ofertas de seguridad, conducción o logística con ingresos superiores a los de sus países. Pero detrás de algunas propuestas existe una trampa.

Al llegar a Rusia, reciben contratos escritos exclusivamente en ruso. No comprenden las cláusulas, la duración del servicio, las sanciones ni la posibilidad de ser enviados al frente. Sin traducción ni asesoramiento, solo queda la presión para firmar. Una firma sobre un documento incomprensible no representa consentimiento libre. Representa engaño.

Demasiado tarde descubren que no fueron contratados para conducir o vigilar: Reciben uniforme, un arma y la orden de combatir. También debe investigarse la promesa económica. Se ofrecen salarios, bonos, seguros e indemnizaciones en caso de muerte. No basta con afirmar que la familia recibirá millones de rublos. Debe conocerse quién paga, bajo qué norma, quiénes pueden cobrar y qué ocurre si el combatiente es declarado desaparecido.

Las familias pueden necesitar certificados, traducciones oficiales, apostillas, datos bancarios y certificaciones militares. Sin copia del contrato o reconocimiento oficial de la muerte, pueden quedar atrapadas en un laberinto burocrático. Así aparece una segunda estafa: Primero se engaña al recluta; después se abandona a la familia.

El intermediario cobra. El ejército recibe otro combatiente. El latinoamericano pone el cuerpo. Sus familiares heredan silencio, incertidumbre y trámites interminables.

La tragedia comienza antes del viaje. Comienza en América Latina, donde la corrupción política roba recursos, destruye inversiones y elimina empleos dignos. Cada recurso desviado representa una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa y una fuente laboral que nunca nace.

Algunos extranjeros pueden ser víctimas de trata, fraude o trabajo forzoso. El engaño no autoriza crímenes contra civiles ni prisioneros.

Los Estados latinoamericanos deben investigar a reclutadores, advertir sobre contratos en ruso, asistir a las familias y exigir transparencia sobre muertos, desaparecidos e indemnizaciones.

La guerra moderna convirtió la desigualdad en mercado: Se compra pobreza, se vende heroísmo y se terceriza la muerte.

Cuando un hombre firma lo que no puede leer, no existe libertad contractual. Cuando se promete una indemnización sin explicar sus requisitos, existe manipulación. Y cuando la corrupción expulsa ciudadanos mientras otros los convierten en carne de cañón, el silencio estatal se parece a la complicidad.

* Post Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia
Doctor en Economía Posdoctor en Formación de Investigadores

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¿Qué tienen en común una secretaria, una asistente administrativa y una recepcionista? Más allá de sus funciones cotidianas, comparten una característica que hoy adquiere una relevancia evidente: se trata de ocupaciones claramente sobrecargadas en términos de género y son, también, de las que se encuentran más expuestas a riesgos de sustitución por el avance de la inteligencia artificial (IA) generativa. Tareas como redactar informes, responder correos, organizar agendas o procesar datos pueden ser ejecutadas en segundos por sistemas digitales.

Durante los últimos meses, gran parte de la conversación sobre IA y empleo femenino se ha centrado en las amenazas. Diversos organismos internacionales han advertido que la transformación tecnológica avanza de forma desigual entre sectores y tipos de empleo y que sus efectos negativos sobre las mujeres ya son observables en el mercado laboral actual.

Sin embargo, limitar el debate a una narrativa de pérdida de empleos impide observar otro fenómeno igualmente importante, y es que numerosas organizaciones ya están invirtiendo en programas de reconversión profesional que buscan transformar el trabajo femenino en lugar de sustituirlo, lo cual puede constituirse en un buen avance en el cierre de brechas laborales por género.

La tecnología no elimina necesariamente a las personas, sino determinadas tareas

La evidencia disponible indica que el uso creciente de las tecnologías digitales en el ámbito laboral está incrementando la demanda de habilidades que la propia IA no puede replicar plenamente, como el pensamiento complejo de alto nivel, así como las competencias sociales e interpersonales, incluidas las habilidades emocionales. Dado que la IA aún tiene limitaciones, la automatización basada en estas tecnologías podría, en paralelo, elevar la demanda de trabajo en áreas creativas, cognitivas, de planificación, toma de decisiones, gestión y cuidados. En estos campos, las personas continúan teniendo un desempeño superior al de las máquinas, o bien son actualmente las únicas que poseen las capacidades específicas necesarias para realizar ciertas prácticas.

Algunas empresas grandes a nivel mundial están apostando por preparar a sus colaboradoras para asumir funciones de mayor complejidad, autonomía y valor estratégico. En lugar de dedicar la mayor parte de su tiempo a actividades repetitivas, las trabajadoras están siendo capacitadas para coordinar proyectos, interpretar datos, supervisar herramientas de IA, mejorar la experiencia de los clientes y participar en los procesos de toma de decisiones.

Uno de los ejemplos más conocidos es el de la empresa Amazon, que ha invertido más de mil millones de dólares en programas de formación y reconversión laboral para cientos de miles de personas empleadas. A través de iniciativas como “Career Choice”, la empresa financia estudios y certificaciones que permiten a gente de funciones operativas y administrativas migrar hacia áreas relacionadas con tecnología, análisis de datos, logística avanzada, soporte digital y gestión de sistemas automatizados. El objetivo declarado no es únicamente responder a la transformación tecnológica, sino crear oportunidades para que la fuerza laboral pueda evolucionar junto con ella.

Johanna Pabón, venezolana migrante en Canadá, trabaja en Amazon en el área de operaciones como warehouse worker (despacho de cajas, devoluciones; trabajo repetitivo que supone usar fuerza) y decidió utilizar el programa Career Choice para formarse en recursos humanos, una certificación que está a punto de obtener: “Son opciones disponibles para todos los empleados de cualquier nivel, completamente gratis y con validez en colegios con muy buen ranking en Norte América. Acaban de incorporar la línea de IA y training en tecnología, porque muchas de esas labores las harán las máquinas. Yo ahora me siento con más confianza, sobre todo porque me lesioné y ahora con ese curso tengo otras alternativas dentro o fuera de la empresa”.

Este caso es especialmente interesante porque muestra una transición desde una ocupación operativa hacia una función más especializada, e ilustra cómo la capacitación puede convertirse en una alternativa frente al desplazamiento tecnológico.

Un enfoque similar puede observarse en la consultora Accenture, que ha desarrollado programas masivos de alfabetización en inteligencia artificial para toda su plantilla. La compañía considera que la capacidad de trabajar con sistemas inteligentes será una competencia transversal, tan importante como hoy lo es el uso de internet o de herramientas de productividad.

En América Latina, uno de los casos más representativos es el de Bancolombia, que ha apostado por la reconversión de su propia fuerza laboral en el marco de su transformación digital, desarrollando programas de formación en analítica de datos, automatización e IA, para que empleadas de áreas de apoyo puedan transitar hacia funciones digitales de mayor valor. Este tipo de estrategias resulta clave en una región como Latinoamérica, donde las mujeres siguen concentradas en ocupaciones administrativas especialmente expuestas a la automatización.

Una realidad que con frecuencia pasa desapercibida

Las mujeres continúan estando subrepresentadas en los sectores tecnológicos y, al mismo tiempo, sobrerrepresentadas en ocupaciones susceptibles de automatización. Si no existen programas de transición laboral diseñados deliberadamente para ellas, las brechas podrían ampliarse. Por el contrario, cuando las organizaciones ofrecen formación, mentorías, certificaciones y acompañamiento, la IA puede convertirse en una herramienta de movilidad y crecimiento profesional y no en una amenaza.

La transformación del empleo también plantea otro desafío fundamental, y es que cada vez más empresas utilizan algoritmos para filtrar currículos, evaluar candidaturas y recomendar contrataciones. Aunque estas herramientas prometen mayor eficiencia, también pueden reproducir los prejuicios existentes en los datos con los que fueron entrenadas. Para enfrentar este problema, numerosas compañías están desarrollando mecanismos de supervisión y auditoría de sus sistemas de selección. Estas evaluaciones permiten identificar si existen diferencias injustificadas en las tasas de contratación entre mujeres y hombres y corregir los modelos antes de que generen discriminaciones sistemáticas.

Otro cambio significativo consiste en mantener la supervisión humana sobre las decisiones finales de contratación. En lugar de delegar completamente el proceso a la IA, las organizaciones más responsables utilizan los algoritmos como herramientas de apoyo y no como sustitutos del criterio profesional. Como apunta Johanna Pabón: “Yo digo sí a la robótica, pero la IA debe ser una herramienta para tomar decisiones, no una autoridad que desplace el análisis y la presencia humana”.

Esta combinación de tecnología y supervisión humana busca reducir tanto los sesgos históricos de las personas como los sesgos ocultos de género de los sistemas automatizados.

Lo que de verdad importa

La IA está redefiniendo el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes, pero la discusión no debería centrarse exclusivamente en cuántos puestos de trabajo podrían desaparecer, sino también en qué oportunidades pueden crearse si la transición se gestiona adecuadamente.

Las experiencias más prometedoras muestran que la inversión en capacitación, el acceso equitativo a competencias digitales, la vigilancia permanente de los algoritmos y la participación activa de las mujeres en el diseño de las tecnologías son elementos fundamentales para construir un mercado laboral más inclusivo.

Además, algunas organizaciones han entendido que proteger el talento femenino requiere mucho más que discursos sobre igualdad: exige inversión concreta en capacitación, acompañamiento y nuevas oportunidades profesionales. Por ello, la pregunta fundamental que las empresas públicas y privadas deberían estar haciéndose ahora es: ¿estamos invirtiendo lo suficiente como para que las mujeres puedan beneficiarse de la transformación tecnológica en lugar de quedar excluidas de ella?

* Susana Reina
Psicóloga. Master en Políticas Públicas con enfoque de género. Especialista en Transformación Cultural y Coaching Ontológico. Directora de FeminismoINC. Autora de “Incomodar para Transformar” y “Atrevidas: Manual de trabajo personal por el activismo feminista”.

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La política exterior brasileña suele analizarse desde su liderazgo regional o su participación en los BRICS y el G20. Sin embargo, una de sus dimensiones más estratégicas ha sido la relación con los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP), un espacio que permite comprender cómo una potencia media puede ampliar su autonomía en un sistema internacional multipolar mediante recursos que trascienden el poder económico y militar.

Durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2010), Brasil transformó significativamente su política exterior. En lugar de concentrar su inserción internacional en los vínculos tradicionales con Estados Unidos y Europa, adoptó una estrategia que los internacionalistas Vigevani y Cepaluni denominaron “autonomía a través de la diversificación”: ampliar su margen de maniobra mediante alianzas con el Sur Global para reducir su dependencia del Norte.

Esta orientación no fue exclusiva de Brasil. Argentina bajo los Kirchner y Venezuela bajo Hugo Chávez también impulsaron iniciativas de cooperación Sur-Sur. Sin embargo, Brasil contaba con ventajas que ningún otro país latinoamericano poseía: la lengua portuguesa, una fuerte herencia afrodescendiente, décadas de cooperación técnica y una diplomacia con amplia experiencia multilateral. Estos recursos de poder blando facilitaron una presencia diferenciada en África.

Puede hablarse así de una autonomía multipolar, entendida como la capacidad de un Estado semiperiférico para aprovechar la dispersión del poder internacional y ampliar su margen de decisión mediante la diversificación de alianzas. En este marco, el poder blando deja de ser un complemento y se convierte en un recurso estratégico. En el espacio lusófono africano, la lengua, los vínculos históricos y la cooperación técnica han permitido a Brasil proyectar una influencia que difícilmente podría construirse solo mediante instrumentos económicos.

La arquitectura lusófona como espacio transregional

El principal vehículo institucional de esta proyección es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), creada en 1996 e integrada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor-Leste. Más que una organización cultural, la CPLP constituye una plataforma diplomática que conecta tres continentes y otorga a Brasil una presencia institucional en África sin equivalente en América Latina.

Uno de sus instrumentos más exitosos ha sido la cooperación educativa. Programas como el PEC-G han permitido que miles de estudiantes de los PALOP cursen estudios superiores en Brasil, creando redes profesionales y académicas que fortalecen los vínculos entre ambas regiones y generan relaciones de largo plazo.

La singularidad geopolítica de la CPLP reside en que Portugal participa simultáneamente en la comunidad lusófona, en la Unión Europea y en el Foro de Macao, creado por China para fortalecer sus relaciones con los países de lengua portuguesa. Esta triple pertenencia convierte a la lusofonía en un espacio donde convergen intereses europeos, latinoamericanos, africanos y asiáticos.

Más que una comunidad lingüística, la lusofonía constituye una arquitectura transregional en la que distintos modelos de cooperación interactúan y, potencialmente, pueden complementarse. Esa superposición institucional representa una oportunidad todavía poco aprovechada.

El poder blando brasileño y su complementariedad con Europa

La presencia europea en la CPLP ha estado históricamente mediada por Portugal. Su política africana combina la memoria de su pasado colonial con las responsabilidades derivadas de su pertenencia a la Unión Europea. Esa doble condición genera tanto limitaciones como oportunidades.

El legado colonial continúa condicionando la percepción de Portugal en parte de África. Al mismo tiempo, su pertenencia a la Unión Europea le permite actuar como puente entre las instituciones europeas y el espacio lusófono.

Brasil ocupa una posición distinta. Aunque comparte una historia vinculada al colonialismo portugués, su relación contemporánea con los PALOP se ha construido sobre la cooperación técnica, la afinidad cultural y una narrativa de solidaridad poscolonial. La lengua común y las redes académicas fortalecen una legitimidad que diferencia la presencia brasileña de la experiencia colonial europea.

Esta diferencia hace que los recursos de Brasil y de la Unión Europea sean más complementarios que competitivos. Mientras Europa aporta financiación, acceso a mercados, capacidades regulatorias y transferencia tecnológica, Brasil ofrece cercanía cultural, legitimidad simbólica y una cooperación técnica ampliamente reconocida. Una estrategia coordinada multiplicaría el impacto de ambos actores.

Para los PALOP esta diversificación también resulta beneficiosa, ya que amplía sus opciones de cooperación y fortalece su capacidad de negociación frente a actores externos.

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Una agenda transregional infrautilizada

La Unión Europea atraviesa un proceso de redefinición estratégica. La competencia geopolítica, la necesidad de fortalecer vínculos con el Sur Global, la incertidumbre en las relaciones transatlánticas y el impulso al acuerdo Mercosur-UE han renovado el interés europeo por América Latina.

Sin embargo, esta agenda continúa centrándose principalmente en el comercio y el diálogo político. El espacio lusófono africano constituye una dimensión poco explorada donde Brasil y Europa podrían desarrollar una cooperación trilateral con importantes beneficios.

Un primer eje consiste en ampliar la cooperación educativa y científica. La experiencia brasileña en movilidad académica podría escalarse mediante financiación europea, fortaleciendo redes universitarias entre los PALOP, Brasil y Europa y consolidando espacios de producción conjunta de conocimiento.

El segundo eje es fortalecer la capacidad institucional de la CPLP. Aunque la organización ha demostrado su utilidad como foro político, dispone de recursos limitados para ejecutar proyectos de desarrollo. Una mayor participación europea permitiría ampliar su capacidad de acción en educación, salud, transición energética, digitalización y fortalecimiento institucional.

Un tercer ámbito es la coordinación entre Brasil y la Unión Europea en los espacios multilaterales donde participan los países lusófonos. La promoción conjunta de iniciativas sobre desarrollo sostenible, gobernanza democrática, derechos humanos y cambio climático permitiría aprovechar las redes existentes y aumentar la capacidad de incidencia internacional de la comunidad lusófona.

La lusofonía como recurso geopolítico

La lusofonía no es únicamente un legado histórico. En un sistema internacional multipolar constituye una plataforma capaz de conectar regiones, generar alianzas y ampliar las posibilidades de cooperación entre actores con capacidades complementarias.

Brasil dispone de un importante capital cultural y diplomático construido durante décadas de cooperación con los PALOP. La Unión Europea aporta recursos financieros, tecnológicos e institucionales que pueden potenciar ese capital, mientras Portugal actúa como puente natural entre ambas dimensiones.

Transformar esta complementariedad en una estrategia compartida exige superar enfoques estrictamente nacionales y comprender la lusofonía como un espacio transregional de acción colectiva. Más que competir por influencia en África, Brasil y la Unión Europea tienen la oportunidad de construir una agenda basada en la cooperación, el fortalecimiento institucional y la producción de bienes públicos internacionales.

En un contexto de creciente fragmentación del orden internacional, la arquitectura lusófona ofrece una ventaja comparativa poco aprovechada. Si Brasil, Portugal y la Unión Europea logran articular una visión común, la comunidad lusófona podrá consolidarse como un puente entre América Latina, Europa y África y convertirse en un espacio privilegiado para impulsar una cooperación transregional adaptada a los desafíos del siglo XXI.

Este artículo es una colaboración de la Red Jean Monnet EULAS, co-financiada por la UE, y cuyo objetivo es fomentar la cooperación académica, la innovación y la investigación entre Europa y América Latina y el Caribe.

* Alberto Maresca
Es candidato doctoral en Ciencia Política en la Universidad de Ghent. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown y en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España.

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Una de las principales medidas utilizadas para analizar el crecimiento económico es la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), indicador que representa el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en un período determinado. Las variaciones del PIB permiten evaluar la expansión o la contracción de la actividad económica a lo largo del tiempo. El pasado 18 de mayo, el Banco Central de Chile informó que el PIB del país cayó un 0,5% en el primer trimestre de 2026, apuntando a un debilitamiento de la actividad económica. Ante esto y en el marco de la defensa de su megarreforma económica y tributaria, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se apresuró a responsabilizar a la gestión anterior señalando que “ese es el país que recibimos y por eso, más que nunca, necesitamos volver al crecimiento”.

Este tipo de afirmaciones evidencia una lectura parcial de las cifras y prescinde del comportamiento y ritmo de la actividad económica en Chile. La economía chilena presenta un comportamiento trimestral cíclico -similar a las pulsaciones que mide un electrocardiograma- debido a que su actividad productiva experimenta fluctuaciones recurrentes a lo largo del tiempo, influidas tanto por factores estructurales como por variaciones estacionales.

Como economía pequeña y abierta, Chile es particularmente sensible a los cambios en el entorno internacional, especialmente a las variaciones en los precios del cobre, así como a las condiciones financieras globales, al precio de los combustibles y a la demanda externa. Asimismo, a lo largo del año, se observan patrones estacionales asociados a actividades económicas específicas, como la agricultura, el turismo, el comercio, la educación y ciertos servicios, que generan aumentos o disminuciones previsibles de la producción y el consumo en determinados trimestres.

En efecto, al comparar el primer trimestre de 2026 con el de 2025, se observa un descenso del 0,5%. Pero no es una situación sui generis; es algo que eventualmente aparece en el contexto chileno cuando comparamos la actividad económica trimestral de un año a otro. Ocurrió con Boric en marzo de 2023 (-0,047%), con Piñera en marzo de 2020 (-0,40%) y con Bachelet en marzo de 2017 (-0,37%). Son parte del contexto que les tocó recibir o enfrentar durante sus respectivos mandatos.

Hay otras formas de interpretar los datos. Por ejemplo, si observamos el valor del PIB trimestral a precios corrientes, vemos un fuerte incremento posterior a septiembre de 2020, claro, con la misma forma de subida y bajada. Lo anterior podría llevar a creer que el PIB de Chile crece rápidamente. Para determinar si el aumento del PIB se debe a la actividad económica o al incremento de la inflación, se utiliza el PIB encadenado, es decir, medir el PIB actual con los precios del periodo anterior. Aplicar el PIB encadenado permite observar la realidad de la producción actual. Para evitar que el cuarto trimestre del año aparezca como el momento que genera más valor y facilitar la comparación entre trimestres seguidos de forma más limpia se emplea el PIB desestacionalizado: el PIB encadenado al que se le quitan los efectos del calendario y las estaciones, como feriados, vacaciones de semana santa o verano. Si consideramos el PIB desestacionalizado, entre marzo de 2026 y marzo de 2025, el resultado fue positivo (0,2% de crecimiento).

También podemos comparar cada trimestre con el trimestre inmediato anterior. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se observa una caída del PIB a precios corrientes de -4,11%, de -7,49% en PIB encadenado y de -0,26% en PIB desestacionalizado. Si comparamos entre diciembre y septiembre de 2025, encontramos un incremento trimestral del PIB a precios corrientes del 11,80% y PIB encadenado del 10,35%.

Usar los datos de forma antojadiza puede generar aprehensión e incertidumbre en la población, en las instituciones financieras (nacionales y extranjeras) y en el ámbito político. Conociendo el ritmo con el que se mueve la actividad económica en Chile, lo más probable es que los actores político-institucionales argumenten que la recuperación del crecimiento económico en 2026 se deba a sus gestiones y a las reformas implementadas, y no al comportamiento cíclico esperado de la economía chilena.

Los datos son importantes y, para algunos, constituyen una forma de lenguaje. Sin embargo, los datos por sí mismos no poseen un significado intrínseco ni una voz propia, son las personas quienes les atribuyen sentido mediante procesos de selección, organización e interpretación. Concebidos como un lenguaje, los datos permiten la comunicación entre quienes dominan sus códigos y herramientas de análisis. No obstante, quienes no manejan este lenguaje deben confiar, en mayor o menor medida, en las explicaciones de otros.

En consecuencia, el acceso desigual a la capacidad de interpretar datos puede generar asimetrías de conocimiento y poder, favoreciendo a quienes actúan como intérpretes y mediadores de la información frente a quienes dependen de esas interpretaciones para comprender la realidad y tomar decisiones.

* Marco Tulio Bustos Gutiérrez
Economista. Profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Univ. Católica de Temuco (Chile). Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por FLACSO-México.

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Bolivia es un país de contrastes. Según un informe de Estado del anterior gobierno advertía que redujo la pobreza extrema a mínimos históricos en el contexto continental. Sin embargo, en la actualidad su economía sigue anclada en una precariedad estructural, cuenta con una riqueza natural que está a flor de piel; pero carece de la tecnología necesaria para transformar esa abundancia. Al centrarse exclusivamente en la exportación de materia prima sin procesar, renuncia sistemáticamente a generar valor agregado, hipotecando el potencial de progreso a largo plazo.

La paradoja boliviana se extiende más allá de la capacidad industrial; alcanza mayores potencialidades humanas y paisajísticas. La riqueza de la naturaleza y la invaluable profundidad de cultura siguen siendo, en gran medida, activos subutilizados. No se ha logrado articular una estrategia que transforme estos tesoros en pilares de un desarrollo sostenible a través de un turismo competitivo, por ejemplo.

Esta realidad tiene su correlato en el ámbito de la creación y la memoria. La cultura y el arte se encuentran en una situación similar, Bolivia posee un talento humano inagotable y centros patrimoniales que custodian toda una historia, pero estas expresiones languidecen por la falta de un respaldo institucional sólido. A continuación, un breve análisis sobre la Economía Naranja, un paradigma de desarrollo basado en la creatividad.

ECONOMÍA NARANJA EN BOLIVIA

A propósito del tema, resulta alentador observar cómo diversas universidades en Bolivia han comenzado a investigar la economía naranja; este es, sin duda, un paso fundamental para comprender su alcance. No obstante, al analizar que estas iniciativas suelen estancarse en la teoría, surge la pregunta crucial: ¿cuál es su verdadera aplicabilidad en nuestro contexto?

El desafío país radica en trascender del plano académico para implementar modelos concretos que demuestren que es posible vivir de la creatividad, entendiendo que esta tiene el potencial de dinamizar la economía nacional en todos sus rubros, especialmente a través de las iniciativas culturales.

El término “economía naranja” surgió el año 2013, en una publicación disruptiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulada La economía naranja: una oportunidad infinita a un conjunto de “actividades que transforman ideas en bienes y servicios culturales con valor económico determinado por su contenido de propiedad intelectual”.

LA ECONOMÍA NARANJA A NIVEL MUNICIPAL

Experiencias municipales en Bolivia implican observar sus potencialidades en este rubro. El Censo de Economía Naranja realizado por el Instituto de Progreso Económico y Empresarial de la UNIFRANZ en el municipio de Cochabamba, identificó a 2.260 unidades económicas vinculadas a la economía naranja. Estadísticas al respecto advierten:

Gastronomía (54%), Moda (9%), Industria Creativa (8%), Artesanías (5%), Editoriales y Educación Creativa (cada una con un 5%) y Software (3%). Dichas unidades

económicas generan 94.200 empleos directos e indirectos, es decir, 4 de cada 10 personas, en el municipio de Cochabamba trabajan en el sector creativo; asimismo, 67% de ellos son informales.

Otra, en Santa Cruz de la Sierra, la Economía Naranja ha ganado un impulso estratégico al ser identificada como el tercer motor en generación de empleo del departamento. Este sector no solo representa una oportunidad económica, sino que se ha convertido en una pieza clave para la reactivación tras los retos sociales y sanitarios recientes.

En ese contexto la Tecnología y Software: tiene una fuerte vinculación entre el desarrollo tecnológico y la capacidad de las empresas para escalar soluciones creativas. Los Eventos y Artes con Iniciativas privadas, como ferias y muestras de arte contemporáneo, finalmente, la Gastronomía y Moda, son sectores pilares tradicionales que, bajo el enfoque de Economía Naranja, están evolucionando hacia una mayor proyección comercial y simbólica.

En La Paz, la Economía Naranja ha emergido como un eje estratégico para diversificar la matriz productiva local, con el objetivo de reducir la dependencia de los sectores tradicionales. A diferencia de otros modelos económicos, este paradigma posiciona al talento humano y a la propiedad intelectual como sus principales activos generadores de valor.

Si bien el impacto de las industrias creativas es transversal, en el contexto paceño sobresalen áreas específicas que capturan una parte significativa del valor económico: como el Turismo y Cultura, que se constituyen en uno de los pilares más robustos de la región, logrando una integración efectiva entre el patrimonio cultural y la modernización de los servicios turísticos.

Otra es la Educación y Desarrollo de Software, experiencias que se han consolidado como sectores emergentes de alto impacto, donde la innovación tecnológica y la formación creativa marcan la diferencia. Lo propio sucede con Moda y Gastronomía: Al igual que en el resto del país, estos sectores ocupan un lugar preponderante, destacando por su capacidad de fusionar técnicas artesanales tradicionales con enfoques comerciales contemporáneos.

En ese contexto, en los tres municipios del eje central mencionados, en el marco de la Economía Naranja, encontramos que la economía de la cultura aporta una base teórica esencial, ya que proporciona los argumentos para valorar las industrias creativas no solo por sus ingresos, sino también por su capacidad para fortalecer la identidad, cohesionar comunidades y proyectar una imagen país. ¡Ojo!, significa que también se refleja esta oportunidad de economía creativa en todas las ciudades de Bolivia. Al considerar tanto el valor simbólico como el económico de la creatividad, esto refuerza la idea de que la cultura es una inversión y no un gasto, siendo clave para la construcción de economías más humanas, inclusivas y resilientes.

¿POR QUÉ ES APLICABLE EN BOLIVIA?

Bolivia posee una riqueza cultural, artística e identitaria única que, al ser tecnificada o profesionalizada, se convierte en un activo económico. Sectores como la gastronomía, la moda (con fuerte carga cultural), el diseño, el desarrollo de software y el ocio ya demuestran un crecimiento dinámico. Ejemplos concretos incluyen la producción de

videojuegos, la arquitectura característica como los “cholets” en El Alto, y el arte visual, que pueden trascender el ámbito de lo “recreativo” para convertirse en industrias generadoras de empleo. Otro ejemplo es Santa Cruz, que se ha consolidado como un centro neurálgico de la innovación en Bolivia, concentrando cerca del 54% de los startups del país. La creación de agencias como Santa Cruz Innova refleja un esfuerzo institucional por profesionalizar la creatividad y elevar la competitividad empresarial hacia modelos de mayor valor agregado.

En ese contexto, podemos afirmar que la economía creativa en Bolivia ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años, consolidándose como un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país. Actualmente, Bolivia cuenta con alrededor de 31.533 empresas que forman parte de la economía naranja, generando más de 546.000 empleos directos e indirectos y aportando ingresos anuales estimados en

1.000 millones de dólares.

Según este estudio, los sectores más activos dentro de esta economía incluyen la gastronomía, que representa aproximadamente el 54% del total, seguida por la moda con un 9%, la industria de productos con un 8% y las artesanías con un 5%. (Fuente: Universidad de San Gabriel René Moreno).

Por tanto; la economía naranja (o economía creativa) en Bolivia se encuentra actualmente en una fase de búsqueda de consolidación y formalización durante este último tiempo, posicionándose como un sector estratégico para la diversificación económica frente a la dependencia de sectores tradicionales. A pesar de los retos económicos macroeconómicos que enfrenta el país, el sector creativo debe ser visto como un motor clave para el empleo, especialmente para la población joven.

A MANERA DE COLOFÓN

La economía naranja, definida como aquel modelo de desarrollo donde el talento, la cultura y la creatividad son los principales insumos, no solo es aplicable en Bolivia, sino que representa un potencial enorme y en gran medida subutilizado para diversificar la matriz económica del país, tradicionalmente dependiente de los recursos naturales.

En resumen, la economía naranja en Bolivia es una oportunidad estratégica. El talento creativo boliviano es intrínseco a la cultura nacional; el reto actual es, principalmente, político y técnico: lograr que las instituciones y el sector privado integren este ecosistema creativo en el modelo económico nacional. ¿No les parece?

* Ricardo Rocha Guzman
Comunicador Visual y Social, Magíster en Comunicación Intercultural como Aporte al Desarrollo, Periodista, Artista Plástico, Músico, Gestor Cultural, Catedrático Universitario de Posgrado y Conferencista Internacional.

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Lecciones de las elecciones en Colombia y Perú

Las recientes elecciones en Colombia y Perú dejan importantes lecciones de alerta para las democracias latinoamericanas. Aunque ambos países desarrollaron dinámicas políticas propias, también enfrentaron tensiones comunes que afectan a muchas democracias de la región.

Contexto de polarización y desinformación

El contexto se caracteriza por altos niveles de polarización, fragmentación de los sistemas de partidos y predominio de liderazgos populistas. Además, la desinformación electoral y narrativas de fraude han puesto en duda la integridad de los procesos electorales.

En Colombia, dos proyectos ideológicamente opuestos concentraron las preferencias ciudadanas, resultando en el resultado electoral más estrecho de su historia. Con una participación del 63,5 % en la segunda vuelta, menos del 1 % separó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de su contrincante, Iván Cepeda. Según informes de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, las elecciones se realizaron con eficiencia y transparencia.

Presiones sobre el sistema electoral

A pesar de estas fortalezas, las instituciones enfrentaron presiones extremas tanto desde el sistema político como desde el entorno informativo. Narrativas de fraude amplificadas por la polarización buscaron sembrar dudas sobre los procedimientos electorales y la confiabilidad de los resultados.

El contraste con Perú

Por otro lado, Perú mostró un contraste revelador. En este país, el resultado final fue extremadamente estrecho: apenas 0,27 puntos porcentuales separaron a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez. Con 35 candidaturas en la primera vuelta, predominó la fragmentación y el voto de rechazo en un contexto de inestabilidad institucional.

La organización electoral evidenció falencias operativas que incrementaron la judicialización e incertidumbre. La ausencia de un sistema de conteo preliminar retrasó semanas la publicación de resultados definitivos, aumentando así la desconfianza social y alimentando narrativas de fraude.

Riesgos para la estabilidad democrática

A pesar de las diferencias entre ambos procesos electorales, estos casos muestran cómo el negacionismo electoral se ha convertido en un riesgo para la estabilidad y legitimidad de las democracias en América Latina. Las narrativas no necesitan evidencia para irrumpir en el debate público; pueden recibir apoyo amplio incluso en contextos donde hay una administración electoral sólida.

Aceptación de resultados y desafíos actuales

Mientras Perú enfrentó problemas operativos objetivos y retrasos en resultados, sus líderes políticos aceptaron los resultados. En cambio, en Colombia, actores clave han mantenido cuestionamientos a la integridad del proceso electoral. Esto abre puertas a dinámicas potencialmente riesgosas para la estabilidad política del país.

Importancia del ecosistema electoral

Estos procesos nos recuerdan que la calidad democrática no depende solo de elecciones técnicamente eficientes. Es crucial proteger el ecosistema electoral completo. La legitimidad requiere instituciones autónomas e imparciales; partidos políticos responsables; una ciudadanía informada y activa; sistemas informativos independientes; y marcos regulatorios que enfrenten eficazmente la desinformación.

Avances y desafíos en América Latina

A pesar de contar con una trayectoria sólida que ha permitido avances fundamentales para sostener sus democracias, los desafíos actuales exigen redoblar esfuerzos. Las elecciones en Colombia y Perú presentan señales de alerta que deben ser atendidas con urgencia para prevenir el debilitamiento de la integridad electoral, un pilar esencial del sistema democrático.

* Marcela Ríos Tobar
Directora regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Exministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.

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Cada 16 de julio, cuando se conmemora el grito libertario de 1809, La Paz se mira a sí misma con la satisfacción de ser el centro de la vida política boliviana, la sede real del poder, y el territorio donde se diseñó nuestra modernidad republicana. Sin embargo, junto a la celebración, hoy enfrenta un desafío que ninguna efeméride resuelve: redefinir el papel que quiere desempeñar en la Bolivia de las próximas décadas.

Durante más de un siglo, La Paz organizó su identidad en torno a su situación de sede del gobierno. Eso le otorgó influencia, recursos, infraestructura y centralidad. Pero también le impuso una trampa que con el tiempo se volvió estructural: al concentrar sus energías institucionales en la política nacional, el departamento descuidó su propio desarrollo económico y la articulación interna de sus regiones.

La contradicción es hoy visible y dolorosa. Un departamento con ecorregiones de extraordinaria riqueza mineral, agrícola, energética y cultural, en su extenso altiplano, la cuenca del Lago Titicaca, la Amazonía del norte y los Yungas, sigue siendo, en gran medida, un territorio de regiones desconectadas entre sí y subordinadas a la lógica centralista de la ciudad capital.

Y luego está la paradoja mayor, la que revela una fractura profunda: las mismas poblaciones indígenas y campesinas que La Paz reivindicó históricamente como parte de su identidad cultural sienten que la única manera de ser escuchadas es cortando el combustible y los alimentos a la ciudad que las representa. No hay imagen más elocuente del fracaso de la articulación territorial que esa: un departamento que se bloquea a sí mismo.

Sería injusto y deshonesto reducir la historia del departamento a sus contradicciones y a su carácter centralista. La Paz tiene logros que ninguna crisis coyuntural puede borrar. Fue La Paz, con su mezcla de aymaras, mestizos y migrantes, la que desarrolló una cultura del comercio y del intercambio que sentó las bases del mercado interno boliviano en el siglo XX, y la que, con todas las imperfecciones, logró construir institucionalidad nacional.

Sus industriales tuvieron históricamente una visión que excedía el corto plazo. Fueron, en su mayoría, paceños los primeros que impulsaron la industria manufacturera cuando todavía era una apuesta de riesgo, quienes construyeron el sistema financiero nacional, quienes dieron forma al mercado de valores, quienes apostaron por el comercio formal cuando la economía informal era la norma.

La Cámara Nacional de Industria, la Cámara Nacional de Comercio, la Bolsa Boliviana de Valores, la Asociación de Bancos, la Asociación de Aseguradores, la Confederación de Empresarios Privados y tantas otras instituciones nacidas en La Paz, son testimonio de esa visión empresarial que supo ver más allá del rentismo político.

En el plano político, La Paz no solo fue sede del poder. En sus calles se produjo la Revolución de 1952. En sus círculos de debate nacieron los más grandes partidos políticos que moldearon el destino del país por más de un siglo. En La Paz nacieron 23 de los 68 presidentes de nuestro país, algunos tan relevantes como Andrés de Santa Cruz, José Ballivián, Ismael Montes o Gonzalo Sánchez de Lozada.

Y luego está El Alto. La ciudad que creció al margen de todos los planes y que terminó siendo la demostración más contundente del emprendedurismo boliviano. El Alto no fue diseñada por ningún planificador, fue construida, ladrillo a ladrillo, por migrantes del campo que llegaron con poco y decidieron crear con sus manos lo que el Estado no les daba. Hoy es la segunda ciudad del país. Un laboratorio vivo de economía creativa, de microempresa y de innovación popular. Aunque el emprendimiento espontáneo tiene un límite: sin infraestructura, conectividad y reglas claras, no escala

Todo su capital histórico, cultural, empresarial y humano no alcanza si La Paz no afronta los desafíos que la nueva Bolivia le plantea: la descentralización real para construir una visión de largo plazo que integre sus regiones productivas; la economía del conocimiento que se incorpore a la modernidad para atraer inversión significativa y diversa; el turismo de alto valor, desarrollando infraestructura, conectividad aérea, oferta hotelera de calidad y capacidad de gestión; y el diálogo territorial a través de un nuevo contrato social entre su capital y sus regiones, que no se reduzca a la transferencia de recursos y que dé a sus comunidades campesinas e indígenas razones para apostar por el trabajo antes que por el bloqueo.

Celebrar el 16 de julio debería ser el inicio de una conversación franca entre las instituciones del departamento sobre qué rol quiere tener en la Bolivia de los próximos cincuenta años. No la ciudad que administra el poder central sino el departamento que desarrolla su propia riqueza, que integra sus regiones, que potencia su industria y su cultura. Porque la mejor manera de honrar la historia es dejar de depender de ella.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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Hace algunos años, escribiendo sobre Cuba, el politólogo Armando Chaguaceda distinguió tres barreras que se interponen entre una sociedad y el conocimiento incómodo: no poder ver, no saber ver y no querer ver. La primera es fáctica, porque no hay acceso a la información. La segunda es epistémica, porque el marco de referencia impide procesarla aunque esté disponible. La tercera es volitiva, porque se tiene todo para ver y se elige no hacerlo. Conviene importar esas categorías a Colombia, porque explican con precisión incómoda el silencio de tantos que ayer se decían críticos del gobierno de Gustavo Petro, pero que hoy decidieron hacerse los de la vista gorda y abdicar sus principios creyendo que “se la jugaban por la vida”.

Nada más lejano a la verdad si se tiene en cuenta que este gobierno y el candidato de la continuidad, Iván Cepeda, fueron los artífices de la llamada Paz Total. Un plan desestructurado para poner fin al conflicto armado en Colombia, que terminó por incrementar el número integrantes de las estructuras ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Además de aumentar los homicidios, los secuestros, las masacres y los cultivos de uso ilícito. Pero entonces, ¿Por qué los bien pensantes optaron por este proyecto?

Empecemos por los que no pueden ver. Aquí no hablo de comentaristas urbanos, sino de los ciudadanos atrapados en territorios donde el orden público lo dicta el fusil. En zonas controladas por disidencias de las FARC, el ELN o el Clan del Golfo, la información sobre por quién convenia votar no llegó libre, sino filtrada por la coacción. Cuando un grupo armado decide que la región debe respaldar a un candidato, el elector no tiene un acceso genuino a alternativas, sino una muralla. Su ceguera es la menos culpable de las tres, porque es impuesta. Pero por eso mismo es la más grave, y es exactamente la que los bien pensantes urbanos deberían denunciar a gritos, pero no lo hacen. Que la presión armada sobre el voto favorezca a su candidato preferido los vuelve, convenientemente, sordos.

Siguen los que no saben ver. Son personas de buena fe cuyo marco mental les impide procesar lo que tienen enfrente. Durante años construyeron su identidad política alrededor de una idea según la cual la derecha es la amenaza, el uribismo es el peligro y el establecimiento es el enemigo. Ese esquema les sirvió para criticar abusos reales. Pero hoy funciona como un velo. Cuando el candidato del oficialismo se negaba a cuestionar los fallos del gobierno saliente, no lo leían como falta de criterio, sino como lealtad. Cuando aparecía la idea de una asamblea nacional constituyente, tampoco lo registraban como una amenaza al ordenamiento, pese a su carácter sectario, porque creían que debían “profundizarse las reformas sociales”. En términos prácticos no mienten, sencillamente no disponen de las categorías para ver que el peligro puede venir del lado que ellos identifican con la virtud.

Y llegamos a los que no quieren ver, la categoría que Chaguaceda reserva para los más cultos y los más responsables, porque su ceguera es un acto de voluntad. Son los columnistas, académicos y figuras que ayer presumían de independencia, que se distanciaban de Petro cuando convenía y que cultivaban la pose del que “llama las cosas por su nombre”. Tienen todo el acceso y todas las herramientas para ver. Ven, y eligen callar. No quisieron ver que la amenaza a la independencia del Banco de la República no era retórica menor, sino el debilitamiento de un contrapeso esencial. No quisieron ver que la insistencia en una democracia plebiscitaria, esa apelación constante al pueblo movilizado por encima de las instituciones, los jueces y el Congreso, era precisamente el mecanismo con el que los autoritarismos contemporáneos vacían las democracias desde dentro, sin un solo tanque en la calle. No quisieron verlo y, aún hoy con la evidencia de que la Paz Total significó el sometimiento del Estado a la voluntad de los grupos armados, tampoco lo van a ver, porque hacerlo tendría un costo y seria reconocer que en este caso el autoritarismo también podía venir desde la Izquierda. Les obligaba a aplicar a este proyecto el mismo rasero con que midieron a los anteriores, a romper con su tribu y a renunciar a la comodidad de pertenecer al bando que se cree, por definición, el de los buenos.

Conviene detenerse en por qué esa ceguera voluntaria casi siempre se inclina hacia el mismo lado. Con los líderes autoritarios o antidemocráticos de derecha se es drástico y sin matices, pero con los de izquierda se es indulgente, y se les conceden atenuantes y el beneficio de la duda. Por eso el gobierno Petro, que es un arquetipo del modelo plebiscitario y refundacional, sigue sin ser abiertamente cuestionado por antidemocratico. Para el bien pensante resulta más cómodo acercarse a un autoritarismo de izquierda que a uno de derecha, porque al primero lo siente como propio con el atenuante de llamarlo “progresista”, mientras que al segundo le resulta más costoso por las etiquetas de la prensa y la academia de “ultra” y “radical”. Pero el doble rasero no es un descuido, sino la forma en que la tribu protege a los suyos

* Sergio Angel
Profesor e investigador del Programa Cuba de la Univ. Sergio Arboleda (Bogotá). Candidato a Doutor en Estudios Políticos y Rel. Internac., Univ. Nacional de Colombia. Editor de Revista Foro Cubano. Coord. del Observatorio de Libertad Académica de Cuba (OLA)

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Las recientes controversias en torno al fallo de la Corte Suprema que rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para Paraguay: ¿hasta qué punto las principales instituciones del Estado son percibidas como independientes de los centros reales de poder político?

La cuestión no es jurídica. Es política. Independientemente de los méritos del fallo, buena parte del debate público se ha concentrado menos en los argumentos de los magistrados que en una pregunta más amplia: ¿quién ejerce realmente el poder en Paraguay?

Esa percepción importa. En una democracia, la confianza en las instituciones depende no solo de su independencia real, sino también de su independencia percibida. Cuando amplios sectores de la ciudadanía comienzan a interpretar que las decisiones de organismos supuestamente autónomos han sido influenciadas por un líder político, surge un problema que va más allá de cualquier fallo específico.

No es casualidad que la Constitución de 1992 defina a Paraguay como un Estado social de derecho organizado bajo los principios de la democracia representativa, participativa y pluralista. La lógica de la Constitución es institucional. El poder pertenece a la República, no a una persona. Los partidos son instrumentos de la democracia, no sustitutos de ella.

Ese problema en Paraguay se debe a la excesiva concentración del liderazgo político.

Durante más de una década, Horacio Cartes ha sido la figura dominante del Partido Colorado. Tras dejar la presidencia en 2018, no se retiró de la política. Por el contrario, consolidó su influencia hasta convertirse en el principal centro de gravedad del partido gobernante. Sus seguidores consideran que esa continuidad ha permitido preservar la unidad interna, evitar divisiones y asegurar victorias electorales. No les falta razón. Los resultados recientes del oficialismo colorado muestran una maquinaria política disciplinada y eficaz.

Sin embargo, la historia política demuestra que la fortaleza de un movimiento puede convertirse, con el tiempo, en su principal debilidad.

Los partidos políticos necesitan liderazgos fuertes. Pero también necesitan renovación. Necesitan mecanismos que permitan el surgimiento de nuevas figuras, nuevas ideas y nuevas generaciones de dirigentes. Cuando el liderazgo se concentra durante demasiado tiempo en una sola persona, incluso dentro de estructuras democráticas, los incentivos comienzan a cambiar. La lealtad adquiere más valor que la innovación. La cercanía al líder pesa más que la construcción de legitimidad propia.

Gradualmente, el partido deja de formar sucesores y comienza a formar administradores.

El problema no es exclusivo de Paraguay. América Latina está llena de ejemplos de movimientos políticos que alcanzaron gran éxito bajo liderazgos carismáticos, pero que encontraron enormes dificultades cuando llegó el momento de la transición. En algunos casos, la falta de renovación produjo divisiones internas. En otros, provocó largos períodos de estancamiento. En casi todos, debilitó la capacidad de adaptación de las instituciones políticas.

Paraguay enfrenta hoy ese riesgo.

El desafío no radica únicamente en la figura de Cartes. El problema es más profundo. Se trata de la creciente dificultad para distinguir entre partido, liderazgo e instituciones. Cuando esas fronteras comienzan a difuminarse, la política pierde capacidad de renovación y las instituciones pierden capacidad de generar confianza.

A ello se suma un factor internacional que tampoco puede ignorarse. En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó públicamente a Cartes por presunta participación en corrupción significativa. En 2023, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras en su contra bajo el régimen Global Magnitsky. Aunque esas sanciones fueron posteriormente levantadas en 2025, el episodio dejó una huella duradera sobre la reputación internacional del expresidente y, por extensión, sobre la imagen externa del propio Paraguay.

La cuestión no es si Washington tenía razón o no. Tampoco si las sanciones debieron mantenerse o levantarse. El punto relevante es otro. Los mercados, los inversionistas y los actores internacionales observan las instituciones tanto como observan a las personas. Cuando una figura política acumula un nivel extraordinario de influencia y, al mismo tiempo, se convierte en objeto de controversias internacionales de alto perfil, el costo reputacional trasciende al individuo.

Paraguay necesita inversión. Necesita confianza. Necesita fortalecer su posición internacional en un momento de creciente competencia regional por capital, comercio y oportunidades. Ninguno de esos objetivos se beneficia de una percepción de excesiva concentración de poder.

Aprender del pasado

La transición democrática posterior al régimen de Alfredo Stroessner buscó precisamente construir instituciones capaces de limitar la concentración del poder y garantizar que ninguna persona estuviera por encima de las reglas de la República. La Constitución de 1992 fue, en muchos sentidos, la expresión jurídica de esa aspiración nacional. Su objetivo no era simplemente reemplazar a un gobernante por otro, sino fortalecer un sistema donde las instituciones fueran más importantes que los individuos.

Esa preocupación no es nueva en la historia paraguaya. A comienzos del siglo XX, Cecilio Báez advertía sobre el peligro de aquellos que, “usurpando los inalienables derechos del pueblo, pueden encaramarse en el poder, con menoscabo de los grandes fines de la institución del gobierno democrático”. La observación conserva vigencia porque apunta a una verdad permanente de toda república: las instituciones existen para limitar el poder, no para concentrarlo.

Décadas después, Augusto Roa Bastos exploró una inquietud similar en Yo el Supremo. La obra gira en torno a una pregunta que ha acompañado a Paraguay durante generaciones: qué ocurre cuando el poder político se identifica demasiado con una sola persona y las instituciones comienzan a confundirse con la voluntad del líder. Aunque escrita en otro contexto histórico, la pregunta sigue siendo profundamente relevante para cualquier democracia moderna.

Por supuesto, los líderes políticos no tienen la obligación de retirarse simplemente porque sus críticos lo deseen. En democracia, la permanencia depende del respaldo político y de las reglas institucionales. Pero precisamente por eso la responsabilidad de promover la renovación recae también en quienes ocupan posiciones de liderazgo. Los grandes líderes no son recordados únicamente por las victorias que obtuvieron. También son recordados por las instituciones que dejaron detrás.

El desafío que enfrenta Paraguay hoy no es el de una dictadura ni el de una crisis institucional comparable a las de su pasado. Es un desafío más sutil. Consiste en asegurar que la fortaleza de sus partidos políticos, de sus tribunales y de sus instituciones republicanas no dependa excesivamente de una sola figura, por influyente o exitosa que esta sea.

La verdadera prueba de fortaleza de un partido no es su capacidad para ganar elecciones bajo un líder dominante, es su capacidad para seguir siendo relevante cuando ese líder ya no esté.

El Partido Colorado ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia a lo largo de su historia. La pregunta que enfrenta ahora es más compleja: si también posee la capacidad de renovarse antes de que la dependencia de una sola figura termine limitando su propio futuro.

* Steven E. Hendrix
Abogado y ex alto funcionario del gobierno estadounidense con décadas de experiencia en América Latina. Fue asesor principal para América del Sur en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

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En medio de la compleja realidad política venezolana, hay una voz que no puede seguir quedando al margen de la discusión sobre el futuro del país: la de la diáspora. Se trata de más de 8 millones de venezolanos repartidos por el mundo, una de las mayores migraciones de la historia contemporánea de América Latina, que desean ejercer su legítimo derecho a participar en la reconstrucción democrática de Venezuela.

La ruta para incluir a la diáspora en el proceso político

Según un análisis comparativo de los marcos institucionales de la representatividad de otras diásporas de la región, un paso fundamental para avanzar en una representación efectiva de la diáspora venezolana a nivel parlamentario sería implementar una reforma constitucional a través de una enmienda.

Una reforma basada en algún principio mínimo de representación proporcional debería reconocer el derecho a la elección de un determinado número de diputados. Para ello habría que determinar la circunscripción del exterior. Esta debería establecerse de manera precisa teniendo en cuenta la dimensión de la población fuera de Venezuela. Si se establece una circunscripción, esta sería más grande que cualquiera dentro de Venezuela. Por esta razón, resultaría necesario precisar criterios que garanticen la proporcionalidad del voto. De hecho, el actual marco jurídico ya respalda el voto en el exterior y aparece enunciado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

Por lo tanto, una propuesta de esta naturaleza no requeriría de una reforma constitucional, ya que no se modifica el fondo de esta, si no de una enmienda constitucional, que modifique ciertos artículos para incluir el derecho a la representación en la Asamblea Nacional. No obstante, esto no sería suficiente y se debería desarrollar de manera explícita este derecho, a través de una ley orgánica.

Para una adecuada participación de los representantes de la diáspora en el órgano legislativo, también se debería implementar una reforma en el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, para permitir la participación telemática y la integración de los nuevos diputados respectivos a la circunscripción del exterior.

Censar la diáspora

Además, se debería modificar la Ley Orgánica de Identificación para permitir la identificación de las personas naturales venezolanas en el exterior, así como la expedición de documentos que permitan su regularización. La Ley Orgánica de Identificación establece que el pasaporte es el documento mediante el cual se identifican los venezolanos en el extranjero por lo que sería suficiente para votar desde el exterior.

En el marco de la Ley Orgánica del Poder Electoral, se debería modificar las competencias del CNE para garantizar la elección de los representantes de los venezolanos en el exterior y de debería crear una Oficina Regional Electoral en el Exterior por cada una de las circunscripciones.

También, resulta necesario modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para permitir la postulación de venezolanos en el exterior para los cargos de elección popular, específicamente para los cargos de diputados a la Asamblea Nacional. Actualmente, existe un vacío legal en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ya que se establece la potestad que tiene el CNE en emitir algún tipo de instrumento que establezca el manejo de las elecciones en el exterior. Sin embargo, este no contempla una circunscripción especial fuera del país, como tampoco una junta electoral que debería ser representada por el cuerpo diplomático.

La diáspora en la Asamblea

La representación de la diáspora venezolana en la Asamblea Nacional implica una modificación en la composición política del país, esto pasa por una matriz cultural en las orgánicas internas de los partidos políticos, pero también implica modificaciones a nivel institucional. En ese sentido, también resultaría necesario modificaciones en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, donde se limita la presencia de los partidos políticos a nivel nacional.

Si bien estas reformas pueden tener una relación estrecha con el CNE, también se debe incluir la participación de otras instituciones como la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, la representación en el exterior implica modificaciones en las estructuras internas de los partidos políticos.

En definitiva, la propuesta más viable para la representación de la diáspora venezolana en la Asamblea Nacional sería una enmienda constitucional que establezca, tanto el voto en el exterior de manera taxativa, como la creación de las circunscripciones especiales para las elecciones de la Asamblea Nacional en el exterior.

Para materializar esta propuesta, el estudio plantea 5 recomendaciones fundamentales que la sociedad civil y los partidos políticos debería promover. Primero, la generación de un acuerdo político por la integración y la participación política; segundo, crear un consejo asesor de migración y refugio con reconocimiento del Estado venezolano; tercero organizar una Comisión Especial en la Asamblea Nacional para atender los asuntos concernientes a la diáspora; cuarto promover la inscripción electoral; y quinto promover la renovación de los acuerdos internacionales que permita la promoción de la migración, regular, ordenada y segura.

El enorme tamaño de la diáspora venezolana hace necesaria la generación de políticas con pasos y procesos claros por parte del Estado para una participación efectiva de esta población en un escenario de transición democrática. Esto, además, podía alimentar la propia reinstitucionalización del país luego de décadas de degradación de las instituciones.

* César González
Abogado, especialista en derecho constitucional, especialidad en derechos humanos y protección internacional.

* Carlos Carrasco Muro
Profesor de Facultad de Humanidades y Educación – UCAB – UCV

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Si América Latina tuviera que resumir su memoria colectiva en tres imágenes, ¿cuáles elegiría? Una investigación reciente del Social Research Center, SRC realizada con expertos de distintos países de la región ofrece una respuesta reveladora. Entre los referentes históricos más importantes para comprender la identidad latinoamericana aparecen las Islas Malvinas, la Conquista y el Canal de Panamá. A primera vista, la selección parece extraña: un conflicto territorial del siglo XX, un proceso iniciado hace más de quinientos años y una obra de infraestructura convertida en símbolo geopolítico. Sin embargo, observados en conjunto, estos tres elementos cuentan una historia común: No hablan únicamente del pasado, hablan de poder.

La memoria colectiva nunca es una simple acumulación de recuerdos. Como planteó el historiador Pierre Nora, las sociedades conservan ciertos acontecimientos porque estos se convierten en “lugares de memoria”: espacios físicos o simbólicos donde una comunidad deposita preguntas fundamentales sobre sí misma. Lo que una sociedad recuerda dice tanto sobre su presente como sobre su historia.

Y en el caso latinoamericano, los resultados sugieren que seguimos organizando buena parte de nuestra identidad alrededor de tres grandes preocupaciones: la soberanía, la experiencia colonial y la relación con actores externos.

No es casualidad que las Islas Malvinas continúen ocupando un lugar central en el imaginario regional. Más allá de la disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido, el archipiélago se ha convertido en un símbolo más amplio: la idea de una soberanía incompleta y de una región que aún debate los límites de su autonomía frente a potencias externas.

La persistencia de Malvinas en la memoria latinoamericana demuestra que ciertos conflictos sobreviven porque representan algo más grande que el territorio que disputan. Algo similar ocurre con el Canal de Panamá. Aunque suele analizarse desde la economía o el comercio internacional, para muchos latinoamericanos su significado excede la ingeniería y la logística.

El canal concentra debates históricos sobre control estratégico, influencia extranjera y capacidad de decisión sobre recursos considerados fundamentales para la región. Incluso hoy, cuando las tensiones entre Estados Unidos y China reconfiguran el tablero geopolítico global, Panamá sigue apareciendo como un espacio donde se cruzan intereses internacionales y aspiraciones de soberanía regional.

La presencia de la Conquista entre los principales referentes históricos resulta igualmente significativa. Más de cinco siglos después, el proceso colonizador continúa funcionando como una clave interpretativa para comprender desigualdades, estructuras de poder y tensiones culturales contemporáneas. No se trata únicamente de recordar un hecho histórico. Se trata de reconocer que muchas de las preguntas que siguen atravesando a América Latina —quién tiene acceso al poder, quién define las narrativas nacionales, qué culturas son visibles y cuáles permanecen marginadas— encuentran parte de sus respuestas en aquel proceso fundacional.

En este punto resulta inevitable recordar las reflexiones de Aníbal Quijano sobre la “colonialidad del poder”. Para el sociólogo peruano, la independencia política no eliminó necesariamente las jerarquías construidas durante la colonia. Muchas de ellas permanecieron transformadas en estructuras económicas, sociales y culturales que continúan moldeando la región. Quizás por eso la Conquista sigue apareciendo en el centro de las discusiones sobre identidad latinoamericana: porque sus consecuencias no pertenecen exclusivamente al pasado.

La investigación también revela otro aspecto interesante. Cuando los expertos fueron consultados sobre la preservación de la memoria de los pueblos originarios, el principal referente fue el Tahuantinsuyo o Imperio Inca. El dato sugiere que las memorias indígenas están ocupando un lugar cada vez más visible dentro de las narrativas regionales.

Frente a visiones históricas centradas exclusivamente en la experiencia colonial o republicana, emerge una reivindicación de historias anteriores a la llegada europea y de formas alternativas de comprender el territorio, la comunidad y el poder.

Todo esto ocurre en un contexto donde América Latina enfrenta desafíos que, en teoría, deberían desplazar la mirada hacia el futuro: inteligencia artificial, transición energética, crisis climática, reconfiguración geopolítica y transformación del trabajo. Sin embargo, los resultados muestran que la región sigue buscando respuestas en símbolos históricos vinculados a la soberanía, la dependencia y la identidad cultural.

Lejos de ser una señal de inmovilidad, esto puede interpretarse como una evidencia de que la memoria cumple una función política fundamental. Como ha señalado la socióloga Elizabeth Jelin, las sociedades no recuerdan para conservar el pasado intacto; recuerdan para interpretar el presente y proyectar el futuro.

Quizás esa sea la principal enseñanza de esta investigación. Las heridas que persisten en la memoria latinoamericana no sobreviven por nostalgia. Permanecen porque siguen ofreciendo claves para comprender debates que aún no hemos terminado de resolver.

La memoria, después de todo, no es un archivo. Es una forma de mirar el mundo.

* Carolina Gaviria Salazar
Periodista y estratega en comunicación, con experiencia en medios y en el desarrollo de proyectos narrativos y digitales

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En octubre Brasil vivirá una elección presidencial que se perfila como una de las más disputadas de su historia, tras dos comicios que ya dividieron al país, en 2018 y 2022. Lula, cuenta hoy con ventaja en las encuestas, sobre todo en las últimas semanas tras el más reciente escándalo de corrupción que salpicó al candidato de la familia Bolsonaro. Sin embargo, la campaña aún no está y a pesar de indicadores económicos muy positivos, el presidente Lula sigue enfrentando una baja popularidad. Jair Bolsonaro, el expresidente, está inhabilitado para competir y cumple arresto domiciliario; por lo que designó a su hijo como candidato. En medio de una disputa presidencial protagonizada exclusivamente por hombres, hay un actor político visiblemente ausente: por primera vez en veinte años, ninguna mujer disputará la presidencia.

Las mujeres son consideradas un electorado decisivo en estas elecciones. Conviene recordar que, el mismo día en que Brasil elija a su nuevo presidente, también se renovarán las cámaras de diputados/as estaduales y federales, se elegirán gobernadores/as y dos tercios del Senado.

Como en la mayoría de los países, las mujeres son mayoría en el electorado y, no por casualidad, en una disputa tan reñida sus votos son especialmente codiciados. Brasil, sin embargo, carga con una particularidad bastante vergonzosa: es el segundo peor país de América Latina en materia de representación política de las mujeres.

La importancia del voto femenino quedó especialmente en evidencia en las últimas elecciones presidenciales. En 2022, con la pandemia todavía fresca y el temor a que Bolsonaro continuara en el poder tras haber desalentado el uso y la producción de vacunas, las mujeres votaron mayoritariamente por Lula. Así lo sugieren la mayoría de las encuestas, que apuntan a una lectura pragmática vinculada con la protección de la salud. Lo que ya se sabe, en todo caso, es que las mujeres tienden a votar desde una perspectiva del cuidado, lo que incluye la preocupación por la calidad de la educación y la inflación de los alimentos.

Ahora, sin la pandemia como marco de urgencia y con un gobierno que no ha logrado entusiasmar plenamente a ese electorado, la disputa por el voto femenino vuelve a abrirse. En ambos lados existe una preocupación por conquistar ese voto que se refleja en los esfuerzos para endurecer las penas por feminicidio, una acción apoyada por ambos grupos políticos. Aunque son actos que llaman la atención, es curioso notar que, detrás de esas estrategias persiste una lectura bastante simplista: la de que las mujeres tienen preferencias políticas similares por el solo hecho de ser mujeres.

Sin embargo, si la disputa por el voto femenino ocupa buena parte del debate, en estas elecciones del 2026 mucho menos se discute, dentro de los grandes partidos, el lugar de las mujeres como representantes. Así quedó en evidencia el 24 de junio, cuando Michelle Bolsonaro, precandidata a algun puesto, publicó un video en el que denunciaba a su hijastro y compañero de partido, Flávio Bolsonaro.

Actualmente, Brasil ocupa el puesto 135 en el ranking de la Unión Interparlamentaria sobre presencia femenina en los parlamentos: la segunda peor marca entre los países latinoamericanos, superado únicamente por Belice. Solo el 13% de los municipios tiene una alcaldesa; 18% de las diputadas federales son mujeres (la mayoría de ellas blancas y de partidos de derecha) y en casi 20% de las ciudades brasileñas no hay una sola concejala. Treinta años después de la ley de cuotas de género, el porcentaje de mujeres electas sigue siendo escaso y los avances han llegado a paso de tortuga.

En gran medida, esto se debe al sistema electoral brasileño, combinado con prácticas partidarias profundamente masculinizadas, que operan como un filtro y reducen sistemáticamente las posibilidades de las candidatas antes de que el electorado llegue siquiera a ver sus nombres en la urna.

Las cuotas que obligan a los partidos a incluir al menos un 30% de mujeres en las listas existen desde fines de los años noventa. Sin embargo, en un sistema de lista abierta, garantizan solamente la candidatura, no que esta mujer tenga visibilidad. En un sistema como tal, donde cada candidata compite individualmente por hacerse conocer, el acceso al financiamiento resulta determinante. Y los recursos públicos de campaña siguen fluyendo de manera desproporcionada hacia los hombres, sobre todo hacia quienes ya ocupan cargos y controlan las estructuras partidarias.

Pero el problema va más allá. Como aumentar la presencia de mujeres implica necesariamente reducir el espacio de algunos hombres, lo que predomina es la preservación del status quo. A ello se suman las barreras informales. En una investigación reciente, publicada en la revista Electoral Studies y desarrollada junto a Thiago Fonseca y João Victor Guedes Neto, identificamos que, tras los cambios legales destinados a promover candidaturas de mujeres y de personas negras, los partidos incrementaron el número de candidatas, pero principalmente de aquellas con escasas posibilidades de ser electas, garantizando apenas que aportaran más votos a sus respectivas siglas.

Muchas veces, aun cuando existen mujeres dispuestas a competir, aquellas que podrían ser candidatas potencialmente competitivas no llegan a serlo porque el partido no las financia, no las apoya y no las proyecta. Y cuando el electorado no las conoce, simplemente no puede votarlas. A estas barreras se suma, además, la persistente violencia política de género, que en estas elecciones se ha vuelto visible, alejando a muchas mujeres de la disputa electoral.

El resultado es un sistema que necesita el voto de las mujeres, pero que sigue dificultando su acceso al poder. Las reglas que estructuran el juego político en Brasil fueron hechas, históricamente, por hombres y para hombres, y continúan reproduciendo una representación profundamente desigual.

En 2026, mientras Lula y el hijo de Bolsonaro – o quien finalmente dispute la presidencia – compiten por el voto del grupo mayoritario del electorado, las mujeres, que siguen siendo indispensables para decidir quién gobierna, continúan lejos de ocupar, en la misma proporción, los espacios donde se ejerce el poder.

* Débora Thomé
Es doctora en Ciencia Política, profesora del Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e integrante de la Red de Politólogas.

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En 1807, un joven Simón Bolívar viajó a través de Estados Unidos de regreso a Sudamérica. El futuro libertador llegó al país apenas tres décadas después de su propia revolución. Observó una república que, a pesar de sus imperfecciones y contradicciones, había logrado algo extraordinario: transformar una rebelión colonial en un sistema político funcional. Años después, Bolívar escribiría con admiración sobre el orden constitucional de Estados Unidos, aun cuando lidiaba con la realidad de que Hispanoamérica enfrentaba circunstancias y desafíos muy diferentes.

La experiencia de Bolívar reflejaba una verdad más amplia. La Revolución Americana no se limitó a las trece colonias británicas de la costa atlántica. Se convirtió en parte de una historia hemisférica más amplia. Las ideas que surgieron en 1776 —la soberanía popular, el gobierno representativo, el constitucionalismo y el rechazo a la autoridad política heredada— traspasaron fronteras e influyeron en los debates desde el Caribe hasta los Andes.

Doscientos cincuenta años después, la pregunta ya no es si la Revolución Americana moldeó las Américas. El registro histórico deja pocas dudas al respecto. La pregunta más importante es si esa herencia compartida aún apunta hacia un futuro democrático común o si las naciones del hemisferio siguen ahora caminos políticos cada vez más paralelos.

La Revolución Americana demostró que el dominio colonial podía ser desafiado y que la legitimidad política podía emanar de los ciudadanos en lugar de los monarcas. Si bien los movimientos revolucionarios en toda América surgieron de sus propias condiciones y tradiciones locales, muchos se enfrentaron a cuestiones similares sobre representación, soberanía y autogobierno. La revolución en Haití, las luchas por la independencia lideradas por Bolívar y José de San Martín, y el colapso generalizado del control imperial europeo en el hemisferio se desarrollaron en un mundo transformado por la era revolucionaria.

A principios del siglo XX, el gobierno republicano se había convertido en el modelo político dominante en todo el hemisferio occidental. Los imperios desaparecieron en gran medida de las Américas, salvo en gran parte del Caribe. Las constituciones proliferaron. Las elecciones se consolidaron como mecanismos, aunque imperfectos, de competencia política. El hemisferio desarrolló un vocabulario democrático común. Conceptos como ciudadanía, estado constitucional, derechos individuales e instituciones representativas se convirtieron en elementos centrales de la vida política desde Canadá hasta Argentina.

Sin embargo, un vocabulario compartido no produjo resultados idénticos.

Estados Unidos desarrolló instituciones constitucionales relativamente sólidas y experimentó solo una guerra civil a gran escala después de la independencia. Gran parte de América Latina y el Caribe se enfrentó a realidades diferentes. Intervenciones militares, conflictos civiles, gobiernos autoritarios, regímenes oligárquicos, injerencia extranjera y profundas desigualdades sociales moldearon el desarrollo político en toda la región.

Estas experiencias no reflejaron un rechazo a los ideales democráticos, sino que demostraron cómo principios similares podían evolucionar de manera diferente bajo distintas condiciones históricas e institucionales. Como resultado, las Américas desarrollaron no una sola tradición democrática, sino muchas.

Esa diversidad sigue siendo evidente hoy en día. En todo el hemisferio, la ciudadanía expresa abrumadoramente su apoyo a la democracia como ideal. Sin embargo, a menudo manifiestan frustración con el desempeño democrático. Las encuestas realizadas en las últimas dos décadas han revelado consistentemente una tensión entre el apoyo a la gobernanza democrática y la insatisfacción con las instituciones responsables de implementarla. La ciudadanía puede respaldar las elecciones y el gobierno constitucional, al tiempo que cuestiona si los sistemas políticos pueden abordar eficazmente la inseguridad, la corrupción, la incertidumbre económica o la polarización social.

Este desafío representa una de las cuestiones democráticas más importantes del siglo XXI.

El problema político central de la era revolucionaria giraba en torno a la fuente de la autoridad política. ¿Quién debía gobernar? ¿Reyes o ciudadanos? ¿Imperios o repúblicas? Hoy, el debate ha cambiado. La mayoría de los gobiernos de América derivan su legitimidad de sistemas constitucionales y electorales. La pregunta más apremiante se refiere a la eficacia. ¿Pueden las instituciones democráticas gobernar lo suficientemente bien como para mantener la confianza pública?

La respuesta influye cada vez más en los debates políticos de todo el hemisferio.

En algunos países, las preocupaciones sobre el crimen organizado, la seguridad pública y la capacidad del Estado dominan la vida pública. En otros, los debates se centran en la reforma institucional, la competitividad económica, la migración, el cambio tecnológico o el retroceso democrático. La inteligencia artificial, la desinformación, las redes criminales transnacionales y la competencia geopolítica plantean desafíos que los fundadores de Estados Unidos, o los libertadores de América Latina, difícilmente podrían haber imaginado. Sin embargo, estos temas, en última instancia, vuelven a preguntas conocidas.

Esta realidad revela tanto la fortaleza como los límites de la herencia democrática compartida del hemisferio.

Por un lado, las naciones de América siguen operando dentro de un marco político profundamente marcado por la era revolucionaria. Las elecciones siguen siendo la principal fuente de legitimidad política. El gobierno constitucional es el principio organizativo dominante. Incluso los actores políticos que desafían las normas democráticas suelen justificar sus acciones con un lenguaje democrático. Los ideales revolucionarios surgidos a finales del siglo XVIII continúan definiendo los términos del debate político.

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Por otro lado, el hemisferio no avanza al unísono. Las distintas sociedades se enfrentan a presiones diferentes, poseen capacidades institucionales distintas y persiguen prioridades políticas diferentes. Los orígenes comunes no garantizan destinos comunes.

Mientras Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su fundación, la ocasión ofrece más que una oportunidad para la reflexión nacional. Brinda un momento para considerar el legado hemisférico más amplio de la era revolucionaria. La Revolución Americana contribuyó a iniciar un diálogo sobre la libertad, la representación, la ciudadanía y el autogobierno que se extendió mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Generaciones de líderes y ciudadanos de todo el continente americano se sumaron a ese diálogo y lo adaptaron a sus propias circunstancias.

Hoy, el debate ha entrado en una nueva fase. Pocos actores políticos serios defienden que la monarquía deba reemplazar al gobierno republicano o que la soberanía popular deba ceder ante el dominio imperial. Las cuestiones fundamentales de los siglos XVIII y XIX se han resuelto en gran medida. El desafío que enfrenta el continente americano hoy es diferente. Los ciudadanos de todo el hemisferio se preguntan cada vez más si las instituciones democráticas pueden proporcionar seguridad, prosperidad, rendición de cuentas y una gobernanza eficaz en un mundo en rápida transformación.

Ese desafío podría determinar, en última instancia, si las Américas avanzan hacia un futuro democrático compartido o continúan por caminos políticos paralelos. La división más trascendental en el hemisferio podría no surgir entre izquierda y derecha, ni siquiera entre democracia y autoritarismo. Podría surgir entre los Estados capaces de traducir la legitimidad democrática en una gobernanza efectiva y aquellos que no lo son.

La historia sugiere que cuando los sistemas democráticos pierden la capacidad de cumplir sus promesas, los ciudadanos rara vez abandonan su exigencia de resultados; en cambio, suelen depositar su confianza en líderes que prometen sortear por completo los obstáculos percibidos de la gobernanza democrática. La confianza pública en la democracia depende no solo de las elecciones y las constituciones, sino también de la capacidad de los gobiernos para obtener resultados frente a importantes dificultades.

La trascendencia perdurable de 1776 reside no solo en las instituciones que creó, sino en la premisa de que un gobierno legítimo emana del consentimiento de los gobernados. Ese principio transformó la historia política de las Américas. Sin embargo, el consentimiento no puede subsistir solo con simbolismo. Requiere instituciones capaces de satisfacer las expectativas públicas y adaptarse a las nuevas realidades.

El próximo capítulo de la historia democrática hemisférica no lo escribirán quienes celebran con mayor entusiasmo la herencia revolucionaria, sino quienes demuestren que la gobernanza democrática sigue siendo capaz de resolver los problemas del siglo XXI.

* Jeffery A. Tobin
Es socio y asesor sénior de Pan-American Strategic Advisors, un centro de estudios y consultoría con sede en Miami. Su investigación se centra en la gobernanza, la democracia y la corrupción.

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El Mundial lleva ya más de tres semanas y, como cada cuatro años, nos ha enseñado más sobre nosotros como sociedad que muchos análisis. Hemos visto sorpresas de manual, de esas de David contra Goliat: la modesta Cabo Verde primero rescató un empate heroico ante una España que llegaba como una de las grandes favoritas y luego plantó cara a Argentina en dieciseisavos. Y qué decir de Paraguay, protagonista de la histórica eliminación de Alemania antes de caer ante Francia. Confieso que, como cada cuatro años, he esperado este torneo como un niño.

Quizá por eso el Mundial siempre termina pareciéndose a algo más que un torneo. Cada cuatro años creemos que vamos a ver fútbol y terminamos viendo una versión condensada de nosotros mismos. Y este año, mientras trabajaba en el nuevo Informe sobre democracia y desarrollo del PNUD, no dejaba de pensar que muchas de las preguntas que nos hacemos sobre nuestras democracias también aparecen, curiosamente, cada vez que rueda un balón.

El fútbol es uno de los espejos más honestos de una sociedad. En él aparecen, condensadas, muchas de nuestras virtudes y también nuestras contradicciones: quién puede participar, quién queda fuera, cómo se distribuyen las oportunidades, cuánto pesan las reglas y cuánto pesan los recursos. Más que ningún otro deporte, el fútbol permite mirar una sociedad en miniatura. Conviene observar América Latina y el Caribe a través de ese espejo. Lo que devuelve no siempre es cómodo, pero suele ser revelador.

El primer reflejo es el más incómodo, y aparece fuera de la cancha. Este es el Mundial más caro de la historia: las entradas para la final se pusieron a la venta por casi once mil dólares, frente a los mil seiscientos de hace cuatro años. El juego que se inventó descalzo, en potreros y plazas, se está convirtiendo en un espectáculo cada vez más inaccesible para quienes lo hicieron grande. No se trata de que el dinero compre mejores asientos —eso siempre ocurrió—, sino de que el precio ha subido tanto que incluso la clase media que ahorra durante años para vivir un Mundial comienza a quedarse fuera.

Cuando el acceso al juego se reduce, el fútbol pierde algo más que espectadores: pierde parte de la comunidad que le da sentido. Algo parecido ocurre en América Latina y el Caribe. Durante décadas millones de personas lograron salir de la pobreza, pero ese progreso comenzó a estancarse mientras la riqueza siguió concentrándose. La grada y la sociedad empiezan a parecerse demasiado: una parte creciente observa el partido desde la reja, mientras la distancia con quienes ocupan los mejores lugares no deja de aumentar.

El segundo reflejo aparece dentro del campo. Es una discusión tan vieja como el fútbol: ¿gana el mejor jugador o el mejor equipo? Cada Mundial nos recuerda la misma lección. El talento puede decidir un partido, pero rara vez conquista un torneo por sí solo. Hace falta un sistema de juego, compañeros que se entiendan, reglas respetadas y una organización que haga posible que el talento individual se convierta en éxito colectivo.

Con las democracias ocurre algo parecido. Solemos buscar al líder capaz de resolverlo todo, cuando en realidad lo que sostiene a una sociedad son las instituciones que permiten transformar liderazgo en resultados. Por eso el desarrollo tampoco depende únicamente del crecimiento económico, sino de la capacidad del Estado para convertir decisiones en bienestar para la gente. Sin embargo, en la región crece la expectativa de que una sola figura pueda resolver problemas que solo un buen equipo puede enfrentar. Es una apuesta que el fútbol enseña, una y otra vez, a perder.

El tercer reflejo quizá sea el más importante. Lo que hace apasionante al fútbol es que nadie sabe quién va a ganar. Si el resultado estuviera escrito antes del silbatazo inicial, dejaríamos de mirar el partido. La incertidumbre no es un defecto del juego: es su esencia. La democracia vive del mismo principio. Su fortaleza no consiste en asegurar quién gobierna, sino en garantizar que la competencia siga siendo abierta, justa y creíble.

Pero hoy la incertidumbre ya no está solo en el resultado de la competencia, sino también en las condiciones bajo las cuales se juega. La polarización, el crimen organizado, la desinformación, la revolución tecnológica y la emergencia climática están transformando el terreno de juego democrático. Durante mucho tiempo, América Latina y el Caribe respondió intentando aguantar, resistir y defender lo logrado, esperando que la tormenta pasara. Pero ya no pasa: se volvió el clima. Un equipo no puede disputar todo un Mundial encerrado en su propia área. La región tampoco puede limitarse a contener las presiones. O se renueva para competir en este nuevo contexto, o se deteriora.

Y, sin embargo, hay una razón para no rendirse, y también la enseña el fútbol. A pesar de los precios, de los negocios y de las frustraciones, la afición no abandona el juego. Llena las plazas públicas, ve los partidos en el bar, le enseña a sus hijos el nombre de los jugadores. El amor por el fútbol sobrevivió incluso cuando el negocio del fútbol comenzó a alejarse de muchos de quienes le dieron vida.

Con la democracia ocurre algo parecido. A pesar del desencanto con los gobiernos y de la frustración por los resultados, la mayoría de los latinoamericanos sigue creyendo que la democracia es la mejor forma de organizar la vida en común. Es como el hincha que hace tiempo dejó de ir al estadio, pero no dejó de querer a su equipo. Esa confianza quizá esté desgastada, pero sigue siendo el activo más importante sobre el que podemos construir su renovación.

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Albert Camus, que jugó de portero antes de ganar el Nobel, decía que lo que más sabía sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debía al fútbol. Lo aprendió en algo simple: en una cancha, uno no juega para sí mismo, sino que responde ante los demás. La democracia pide lo mismo. No la sostiene quien espera que jueguen los otros, sino quien entiende que las reglas, las instituciones y la confianza solo sobreviven si todos estamos dispuestos a habitarlas.

El Mundial dura apenas un mes. Pero el partido más importante es el que jugamos todos los días: el de mantener abierta una competencia en la que nadie tenga el triunfo asegurado antes del silbatazo inicial.

Este artículo presenta un avance del Informe sobre Democracia y Desarrollo, titulado “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en America Latina y el Caribe 2026”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

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Durante casi dos décadas, la política sudamericana estuvo dominada por gobiernos de izquierda que ampliaron la intervención del Estado en la economía, promovieron una nueva estructura institucional y, en algunos casos, reescribieron el pacto constitucional en sus países. Ese ciclo se está revirtiendo con una velocidad notable.

Las elecciones del último lustro en la región muestran un avance sostenido hacia gobiernos que, con distintos matices, privilegian el modelo liberal, es decir, la apertura económica, la inversión privada y la reducción del aparato público. Aunque sería un error afirmar que existe homogeneidad política, puede sostenerse que, por primera vez en muchos años, la principal diferencia entre los países del subcontinente dejará de ser ideológica.

Al margen de sus consecuencias geopolíticas, este cambio plantea interrogantes sobre qué tipo de región podría surgir cuando la mayoría de los países compartan una visión favorable al mercado. Por ello, más que analizar el giro hacia el liberalismo, la cuestión relevante consiste en considerar si este cambio pendular puede garantizar el crecimiento uniforme y sostenido de la región y el fortalecimiento de los procesos de integración.

Inicialmente, debemos asumir que es un error considerar que todos los gobiernos liberales representan un mismo proyecto. De hecho, se pueden generar cuando menos dos tendencias. Por un lado, el liberalismo moderado, que busca combinar capitalismo y políticas sociales a través de un Estado regulador fuerte pero no empresario, e implementar reformas graduales antes que transformaciones disruptivas. Aquí se inscriben Ecuador y Bolivia.

Por otro, el liberalismo reformista, que pretende un cambio más rápido y significativo, reduciendo el tamaño y la intervención del Estado; impulsando privatizaciones con menos regulaciones; atrayendo inversión privada masiva y; cambiando la legislación laboral y tributaria para mejorar la competitividad. Argentina es el mejor ejemplo, aunque pueden sumarse Colombia, Perú y Chile, y eventualmente Brasil según el desenlace de sus elecciones de octubre.

La diferencia entre ambos radica en las restricciones institucionales. En los casos de Bolivia y Ecuador, los gobiernos de izquierda cambiaron sus constituciones y empoderaron a sus movimientos sociales, creando cerrojos y trampas difíciles de esquivar, lo que no ocurrió en los otros países. Unos pueden legislar sobre una arquitectura institucional neutra, mientras los otros están obligados a operar en modelos diseñados con una lógica económica y social específica que no se puede reformar por decreto ni por simple alternancia electoral.

Estas diferencias pueden condicionar la integración regional. Una cosa es coordinar economías abiertas y otra muy distinta es armonizar países donde unos mantienen amplios sistemas de protección social mientras otros reducen drásticamente la intervención estatal. La convergencia ideológica no elimina las diferencias nacionales.

Otro problema emerge cuando el mismo mercado que facilita la integración también intensifica la competencia. Cuando todos intentan atraer inversión con herramientas similares, la competencia deja de darse solo entre empresas y empieza a trasladarse hacia los Estados, generando el riesgo de una “carrera hacia abajo” que erosione estándares laborales o ambientales.

A esto se suma la enorme desigualdad entre los países. Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile tienen economías considerablemente mayores que las de Bolivia, Paraguay, Ecuador o Uruguay. Cuando todos compiten bajo reglas semejantes, las economías grandes atraen inversión con mayor facilidad, porque tienen mercados internos más amplios, sistemas financieros más sólidos y previsibilidad jurídica. Las pequeñas corren el riesgo de especializarse solo en materias primas, generando más desigualdades regionales que no responden a diferencias ideológicas sino estructurales.

Entre todos los países, Bolivia enfrenta un desafío particularmente complejo. Si el resto del subcontinente consolida estabilidad macroeconómica mientras Bolivia permanece atrapada en conflictos sociales constantes, el país perderá competitividad regional. La inversión buscará mercados más previsibles con más seguridad jurídica y los acuerdos comerciales tenderán a excluirla. La historia demuestra que los países no prosperan por coincidir ideológicamente con sus vecinos, sino por estar preparados para competir con ellos.

Las elecciones cambian presidentes; las constituciones cambian Estados. Cuando ambos procesos avanzan en direcciones distintas, la gobernabilidad deja de depender del resultado electoral para convertirse en un problema de arquitectura institucional. Ese es el gran desafío boliviano: integrarse a una Sudamérica que ingresa en un nuevo ciclo político sin quedar atrapada en las inercias del ciclo anterior. En un continente que parece encaminarse hacia una etapa de convergencia en torno al mercado, el mayor riesgo para Bolivia no será la diferencia ideológica, sino el aislamiento estratégico.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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Por: José Luis Toco

La presentación de un proyecto de ley que pretende autorizar la designación de magistrados “interinos” para el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia constituye un grave atentado contra el orden constitucional y una peligrosa señal de que el Gobierno ha optado por profundizar la crisis institucional mediante mecanismos abiertamente ilegales.

La Constitución Política del Estado es clara al respecto, el acceso a las más altas magistraturas del país está regulado por normas constitucionales específicas que no pueden ser alteradas por una ley ordinaria, en ninguna disposición constitucional existe la figura de magistrados interinos, ni se otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de designarlos, pretender crear esa figura mediante una ley constituye una usurpación del poder constituyente y una flagrante violación del principio de supremacía constitucional.

El artículo 410 de la Constitución establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y prevalece sobre cualquier otra disposición legal, en consecuencia, ninguna ley puede crear competencias inexistentes, modificar el procedimiento constitucional de designación de magistrados o sustituir la voluntad del constituyente, cualquier norma que contradiga la Constitución nace viciada de nulidad y representa un precedente extremadamente peligroso para el Estado de Derecho.

No existe vacío jurídico que justifique semejante iniciativa. Las dificultades políticas o la incapacidad del Gobierno para garantizar una renovación oportuna de las autoridades judiciales no autorizan a desconocer la Constitución, las crisis institucionales se resuelven dentro del marco constitucional, nunca vulnerándolo.

Más preocupante aún es el mensaje político que transmite este proyecto, en lugar de asumir su responsabilidad por la crisis de la justicia, el Gobierno pretende convertir una situación excepcional en un mecanismo permanente de control político sobre los máximos tribunales del país, se busca reemplazar la independencia judicial por una dependencia política construida desde la Asamblea Legislativa.

Lo más grave es que esta iniciativa reproduce una práctica que Bolivia ha sufrido durante los últimos años, cuando la Constitución representa un límite para el poder, se intenta modificar su alcance mediante interpretaciones forzadas o leyes incompatibles con su texto, así ocurrió con otras decisiones que debilitaron la institucionalidad democrática y hoy se pretende repetir el mismo camino creando una figura inexistente en la Constitución.

La ilegalidad no puede seguir siendo el método de gobierno, “métele nomas y después lo arreglan lo abogados” era el cotidiano de Evo Morales, ningún gobierno tiene legitimidad para violar la Constitución bajo el pretexto de resolver una crisis que él mismo contribuyó a generar, la reiteración de actos inconstitucionales no los convierte en legales, únicamente consolida un modelo de ejercicio arbitrario del poder y profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones.

Exigimos el retiro inmediato de este proyecto de ley y demandamos que cualquier solución a la crisis judicial se construya con estricto apego a la Constitución Política del Estado, al principio de separación de poderes y al respeto irrestricto del Estado de Derecho.

Bolivia necesita una justicia independiente, autoridades legítimas y seguridad jurídica, lo que no necesita es otro intento de sustituir la Constitución por la voluntad política del gobierno de turno, la Constitución se respeta; no se interpreta según la conveniencia del poder de turno.

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En Bolivia, la fe pública no puede ser trámite mecánico ni sello disponible para validar cualquier papel. La notaría debe ser garantía de verdad, seguridad jurídica y protección ciudadana. Pero cuando algunos operadores usan firmas, reconocimientos y escrituras para favorecer abusos patrimoniales, el daño no cae solo sobre una víctima: Golpea la confianza del pueblo en el Derecho.

La corrupción notarial es peligrosa porque llega vestida de legalidad: Hojas selladas, testimonios aparentemente válidos, firmas reconocidas, trámites registrales y abogados que conocen las grietas del sistema. Así, una mentira puede adquirir forma de escritura; una presión puede aparecer como voluntad; una firma dudosa puede convertirse en obligación; y una familia puede perder años defendiendo lo que nunca debió estar en riesgo.

El país debe hacerse preguntas duras: ¿Cuántos documentos fueron firmados sin plena conciencia? ¿Cuántas firmas en blanco fueron luego llenadas contra la voluntad real de quien confió? ¿Cuántas personas vulnerables fueron presionadas por necesidad económica, parentesco, enfermedad o miedo? Cuando una firma en blanco se usa para perjudicar, no habla el firmante: Habla el abusador. Y cuando un documento falso se valida con sello, no se fortalece la ley: Se prostituye la fe pública.

La firma en blanco no es un descuido menor. Es una emboscada documental. Por eso, todo documento cuestionado debe revisarse con rigor: Matriz notarial, protocolo, comparecencia real, testigos, fecha, huellas, tintas, contenido añadido, pericia grafológica y Derechos Reales. No basta ver una firma; hay que probar que nació libre, consciente y vinculada al contenido presentado como prueba.

Aquí no se ataca a los notarios honestos ni a los abogados idóneos. Al contrario: Se los defiende. Cada notario corrupto mancha al notario decente. Cada abogado que usa su título para estafar humilla al abogado que honra el Derecho. Cada sello usado para encubrir irregularidades hiere a quienes creen que la ley debe proteger al débil y no blindar al astuto.

Lo duro debe decirse sin miedo: Si existen redes de validación documental irregular, deben ser desmanteladas. Si hubo reconocimientos de firmas sin presencia real, deben investigarse. Si documentos dudosos sirvieron para fabricar deudas, transferencias o remates, debe existir sanción.

Al Gobierno, al Ministerio Público, a los jueces y a las instancias disciplinarias les corresponde actuar. No basta archivar o esperar que la víctima se canse. El Estado debe intervenir cuando la fe pública se convierte en arma de despojo.

La fe pública no puede ser prostíbulo de la mentira. La notaría no puede ser lavandería del despojo. Ningún notario, abogado, juez, fiscal o funcionario está por encima de la verdad. Cuando se corrompe la fe pública, no solo se falsifica un documento: Se falsifica la confianza del pueblo en el Estado.

* Post Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia
Doctor en Economía Post Doctor en Formación de Investigadores

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Bolivia no necesita economistas de consigna; necesita economistas capaces de leer la calle, el anaquel, la factura, el salario y las reservas. La economía real no espera el decreto. Cuando el Estado reconoce tarde una crisis, el mercado ya cobró por adelantado.

Durante años se creyó que el dólar oficial ordenaba toda la economía. Sin embargo, antes de la devaluación oficial, muchos importadores ya habían devaluado sus costos. No reponían inventarios con el viejo tipo de cambio, sino con un dólar cercano a Bs 10, porque debían conseguir divisas escasas, pagar comisiones, asumir demoras y cubrir el riesgo de reposición.

Por eso, la devaluación oficial no inició el problema: Lo reconoció. La farmacia, la ferretería, el repuesto automotor, el equipo informático y el alimento importado ya habían incorporado una devaluación efectiva. La pizarra llegó después; la calle habló primero.

Ahí se desnuda la contradicción de los indoctos de la economía boliviana. Hablan como si los precios recién fueran a subir, cuando muchos ya subieron porque el importador calculaba con dólar paralelo. Confunden devaluación oficial con devaluación real. La primera aparece en una tabla; la segunda golpea el bolsillo del pueblo.

También se equivocan quienes dicen que recortar gasto público es cortar corrupción. Si se reduce salud, educación o inversión, pero se conservan sobreprecios, cargos políticos y compras amañadas, no se combatió la corrupción: Se castigó al ciudadano. El ajuste debe cortar privilegios, gasto parasitario y enriquecimiento ilícito.

La misma pobreza intelectual aparece cuando se afirma que exportar siempre es señal de fortaleza. Exportar es virtud si nace de excedentes reales, productividad y valor agregado. Pero exportar desabasteciendo el mercado interno es irresponsabilidad. Un país serio primero protege la mesa de su pueblo y luego vende excedentes al mundo.

Tampoco basta exportar para reconstruir reservas. Las divisas deben ingresar, formalizarse, permanecer en el sistema financiero y superar las salidas por importaciones, deuda, subsidios, fuga de capitales y desconfianza. Sin credibilidad, la divisa entra por una puerta y se escapa por otra.

La inflación no se controla con gritos. Se controla con producción, abastecimiento, logística, disciplina fiscal inteligente y confianza. Negar la devaluación previa es negar la realidad del mercado.

Por eso, el debate serio no es repetir recetas atrasadas. Es ordenar el mercado cambiario, transparentar costos, sancionar la especulación, cortar la corrupción real, proteger el salario, abastecer el mercado interno, exportar con inteligencia y reconstruir reservas. El indocto grita consignas; el economista serio estudia causalidades. Bolivia no empezó a devaluarse cuando cambió el tipo de cambio oficial: Ya se había devaluado en la calle, en la factura y en el costo de reposición.

* Post Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia
Doctor en Economía Post Doctor en Formación de Investigadores

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Nuestro país enfrenta el colapso simultáneo de las tres fuentes tradicionales de financiamiento: la inversión pública, la deuda externa y el ahorro interno. El Estado no tiene recursos para invertir y la renta gasífera ha declinado al extremo. La deuda externa alcanzó ya el monto más alto de nuestra historia y los costos de servicios anuales son onerosos. Las Reservas Internacionales son mínimas y gran parte del dinero de las pensiones se invirtió en instrumentos de deuda pública para financiar el déficit estatal.

En este complejo escenario, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha convertido en la única fuente capaz de movilizar grandes volúmenes de capital en el corto y mediano plazo sin incrementar el endeudamiento soberano. Paradójicamente, este mecanismo que se aplica en todo el mundo, en nuestro país fue combatido durante los últimos 20 años por una ideología retrógrada, irresponsabilidad y un discurso engañoso de soberanía.

El problema es que esta ideología se convirtió en norma. En efecto, la Ley de Promoción de Inversiones fue diseñada desde un Estado que dirige, planifica y controla la economía y los sectores estratégicos. Aunque contiene elementos rescatables, la Ley no logró disipar el temor a nuevas nacionalizaciones, y su aplicación no tuvo la coherencia sistémica y la predictibilidad jurídica que esperaban los inversionistas. Además, se enfrentó con la discrecionalidad administrativa y la ausencia de estabilidad regulatoria, lo que finalmente limitó su capacidad para atraer flujos de inversión.

Por su parte, la Ley de Conciliación y Arbitraje se construyó sobre principios de soberanía jurisdiccional rígida, desconfianza hacia el arbitraje internacional, amplias excepciones de orden público y un régimen de inversión extranjera notoriamente más restrictivo que los estándares globales.

El resultado fue funesto. El último informe de la CEPAL (2026) confirma que seguimos en último lugar en Sudamérica en IED, con apenas 620 millones captados en 2025, muy lejos del Perú que en ese periodo logró 11.794 millones, Chile 14.152, Argentina 3.134, Ecuador 1.299 y Paraguay 1.180. Del total de inversión extranjera que logramos, el 76% proviene de utilidades que las empresas ya instaladas optan por no repatriar. Bolivia retiene a los inversores que ya tiene, pero no logra atraer flujos significativos de nuevo capital.

Aunque hay plena coincidencia en realizar modificaciones a las leyes, y pese a que el nuevo gobierno identificó a la IED como un objetivo estratégico, hasta ahora no ha presentado al Legislativo ninguna iniciativa en esa área. Han sido entidades privadas como las Cámaras de Industria y Comercio y organizaciones de investigación como Fundación MILENIO las que han publicado propuestas de ajustes a la Ley de Inversiones.

El Anteproyecto de Milenio parte del principio que la inversión privada no es prerrogativa del Estado sino un derecho a proteger y un motor del desarrollo que debe operar con reglas claras, estables y predecibles. Su eje central es la creación de un régimen de protección, promoción y estabilidad legal basado en principios como seguridad jurídica, transparencia, celeridad administrativa, especialización institucional y cooperación público-privada. Además, incorpora garantías explícitas de igualdad de trato, protección de la propiedad, indemnización por expropiación, libre transferencia de fondos y mecanismos de resolución de controversias.

Por su parte, el Proyecto de la CNC y la CNI es más bien una demanda gremial. Su objeto es implementar un nuevo régimen normativo con cobertura explícita de sectores industrial, comercial, logístico, de servicios, tecnológico, turístico, minero, hidrocarburífero e infraestructura de transportes. La propuesta otorga además, mayor protagonismo a las alianzas público-privadas como modalidad de inversión.

Aunque son iniciativas meritorias, presentan ciertas inconsistencias con los principios constitucionales y no desarrollan adecuadamente todos los aspectos que deben incorporarse; a saber: garantías de estabilidad jurídica y fiscal; régimen de asociaciones público-privadas; mecanismos de resolución de controversias; régimen de transferencia de utilidades y tipo de cambio; incentivos sectoriales diferenciados; marco ambiental y social; régimen impositivo e institucionalidad y gobernanza.

Bolivia necesita con urgencia una reforma profunda en la política de inversión privada, pero esa reforma solo será duradera si logra articular la coherencia constitucional, la credibilidad técnica y la legitimidad social. Tenemos potencial, claridad del diagnóstico, propuestas técnicas y la oportunidad; falta saber si existe voluntad política.

Lo que está en juego no es solo la captación de capitales: es el tipo de economía y de sociedad que Bolivia quiere construir en las próximas décadas. No podemos permitir que el temor al debate o la inercia ideológica, posterguen una reforma que el país necesita para construir un desarrollo genuinamente sostenible, justo y soberano.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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Bolivia está frente a una verdad incómoda: El dólar no sube solamente porque alguien especula, porque un librecambista se aprovecha o porque el mercado paralelo actúa con codicia. El dólar sube porque durante años el país gastó más dólares de los que generó, importó más de lo que pudo sostener, defendió un precio que ya no reflejaba la realidad y confundió estabilidad cambiaria con fortaleza económica.

La época de las “vacas gordas” fue una oportunidad histórica. Hubo gas, precios altos, ingresos extraordinarios, reservas robustas y una sensación colectiva de abundancia. Pero la abundancia mal administrada enseña poco. Cuando el dinero llega fácil, la política suele creer que ha descubierto un modelo perfecto. Y cuando las reservas crecen, muchos confunden caja llena con desarrollo verdadero. Ahí empezó el error: Se creyó que el país era fuerte porque tenía dólares, no porque producía suficientes dólares.

El tipo de cambio fijo fue durante años una anestesia. Permitió comprar importaciones baratas, contener precios, sostener subsidios y dar la impresión de estabilidad. Pero toda anestesia tiene un límite. Cuando pasa el efecto, aparece el dolor acumulado. Hoy el mercado cambiario muestra lo que la política quiso ocultar: Bolivia tiene menos reservas, menos gas, más déficit, más informalidad, más importaciones caras y menos confianza.

La flexibilización cambiaria no es una fiesta técnica. Es el reconocimiento de una deuda con la realidad. Puede sincerar el precio del dólar, reducir el drenaje de reservas y ordenar parcialmente el mercado, pero también puede golpear con dureza al bolsillo popular. En una economía estanflada, donde los precios suben y la actividad se enfría, una devaluación no es solo un ajuste contable: Es comida más cara, transporte más caro, medicamentos más caros, insumos más caros y salarios reales más pequeños.

El drama es mayor porque Bolivia tiene una informalidad que bordea el 87 %. Eso significa que gran parte de la economía vive fuera del radar del Estado. Se compra, se vende, se transporta, se importa, se evade, se sobrevive y se especula en una economía de efectivo, rumor y desconfianza. Allí el precio no espera decreto. El comerciante ajusta antes de que el boletín oficial llegue. El consumidor corre antes de que el ministro explique. La calle suele leer más rápido la crisis que el escritorio burocrático.

Y hay otro silencio peligroso: La economía ilícita. El contrabando, el lavado y los circuitos vinculados al narcotráfico no solo dañan la moral pública; también deforman el mercado. Ingresan dólares sin registro, compran activos, contaminan negocios, compiten contra la empresa formal y erosionan la autoridad del Estado. Una nación no puede defender su moneda mientras tolera que parte de su economía funcione en la sombra.

Por eso, el problema no es únicamente cambiario. Es productivo, fiscal, energético, institucional y ético. Bolivia no necesita solo un nuevo precio del dólar. Necesita una nueva conducta económica. Necesita producir más, exportar mejor, gastar con disciplina, formalizar con inteligencia, proteger a los vulnerables y combatir sin miedo la economía ilegal. También necesita recuperar credibilidad, porque la confianza es una reserva invisible: Cuando se agota, ningún Banco Central alcanza.

La gran lección es dura: El mercado puede ser corregido, pero no engañado eternamente. Se puede fijar un precio por decreto, pero no se puede decretar abundancia. Se puede sostener una paridad mientras hay reservas, pero no se puede sostener una ilusión cuando la caja se vacía. La economía, tarde o temprano, cobra la factura de las decisiones postergadas.

Bolivia debe pensar con serenidad, pero también con valentía. No sirve buscar culpables pequeños para esconder errores grandes. No sirve perseguir al síntoma mientras se protege la enfermedad. Si el país quiere estabilidad, debe reconstruir la economía real: La que produce, exporta, tributa, innova, trabaja y respeta la ley.

El dólar no sube solo. Sube cuando cae la producción, cae la confianza, caen las reservas y cae la responsabilidad pública. Pero también puede estabilizarse si Bolivia decide levantarse desde la verdad, no desde la propaganda. La salida comienza cuando un país deja de vivir de la ilusión cambiaria y empieza a construir, con disciplina y ética, una economía digna de sostener su propia moneda.

* Post Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia
Doctor en Economía y Post Doctor en Formación de Investigadores Especialista en Prospectiva Estratégica

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Las recientes declaraciones del Gobernador de Chuquisaca sobre una eventual coadministración de ECEBOL con FANCESA han abierto un debate necesario para el desarrollo de nuestro departamento, sin embargo, escuchando las afirmaciones del Gobernador Edgar Sanchez que Oruro recibiría regalías por asumir la administración de la empresa, corresponde realizar una precisión técnica fundamental.

Las regalías y las utilidades son conceptos completamente distintos, las regalías son ingresos que perciben los departamentos por la explotación de recursos naturales no renovables y están reguladas por la Constitución y las leyes. ECEBOL, como empresa pública industrial dedicada a la producción de cemento, no genera regalías para el departamento.

La diferencia entre regalías y utilidades no es solo conceptual, sino también técnica y económica, las regalías son un ingreso de carácter fiscal que se origina por la explotación de recursos naturales no renovables y se distribuye entre niveles de gobierno conforme a normativa constitucional, independientemente del desempeño de una empresa, en cambio, las utilidades corresponden al resultado financiero positivo de una empresa después de cubrir costos, gastos e impuestos, y solo pueden distribuirse entre los socios o entidades con participación legal en su propiedad o administración, por tanto, se trata de dos fuentes de ingresos con naturaleza, origen y mecanismos de distribución completamente distintos.

En cambio, si el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro llegara a participar legalmente en la administración o en la estructura societaria de la empresa, el beneficio económico correspondiente sería una participación en las utilidades que genere ECEBOL, siempre dentro del marco legal aplicable, esta diferencia no es menor ni puede tratarse como un detalle discursivo, resulta preocupante que, en un debate sobre la gestión de una empresa estratégica, se insista en conceptos equivocados que distorsionan la comprensión ciudadana sobre cómo funciona una empresa pública y cuáles son sus mecanismos reales de distribución de beneficios.

Cabe precisar además que esta propuesta no es nueva en el debate público, ya en 2011 y 2013 se abordaron ideas vinculadas a la participación departamental en la gestión o aprovechamiento de empresas estratégicas, en un contexto en el proceso autonómico departamental de Oruro, sin embargo estas discusiones no legaron a consolidarse en un modelo concreto de administración o participación, porque en ese momento estábamos sometidos a un gobierno central completamente autoritario y centralista, además de que en ese tiempo teníamos a un gobernador entregado abiertamente al centralismo.

En el marco de la autonomía departamental, el Gobernador de Oruro, en su calidad de máxima autoridad departamental, tiene la responsabilidad y la obligación de elevar el nivel del debate público en temas de alto impacto económico e institucional, no se trata de sostener discursos repetitivos, sino de formular propuestas con sustento técnico, claridad jurídica y viabilidad real, cuando se habla de la administración de una empresa como ECEBOL, es imprescindible conocer con precisión su naturaleza, su régimen financiero y los mecanismos efectivos de generación de valor para el departamento.

Asimismo, la discusión sobre una mayor participación de Oruro en la administración de ECEBOL sí es relevante y puede ser positiva si se enmarca en un proceso serio de descentralización de decisiones, reducir el centralismo en la gestión de empresas públicas puede permitir mayor eficiencia, mayor control territorial, dinamización de la economía regional, fortalecimiento de proveedores locales y, sobre todo, la generación de nuevas fuentes de empleo sostenibles para los orureños.

Sin embargo, ese objetivo no puede construirse sobre afirmaciones imprecisas ni sobre conceptos mal utilizados, la discusión debe centrarse en cómo mejorar la gestión, cómo garantizar mayores beneficios para el departamento y cómo estructurar una participación real y efectiva, no en la repetición de ideas que no corresponden al funcionamiento real de una empresa pública industrial.

Oruro necesita un debate de altura sobre ECEBOL, donde la prioridad sea la solidez de las propuestas y no la confusión conceptual, la responsabilidad de las autoridades es encaminar este proceso con seriedad, porque de ello depende que las decisiones adoptadas realmente contribuyan al desarrollo económico y social del departamento. Y en ese camino, la claridad es indispensable: no son regalías, son utilidades, y entenderlo correctamente es el punto de partida para cualquier propuesta responsable

* José Luis Toco
Ex viceministro de energías alternativas

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La discusión sobre ECEBOL debe abrir el debate sobre la autonomía regional, la departamentalización de las empresas estratégicas y la urgente necesidad de construir una agenda de desarrollo para Oruro.

Las recientes declaraciones que sugieren la posibilidad de incorporar intereses ajenos al departamento en la administración de ECEBOL Oruro han puesto en evidencia la necesidad de reafirmar principios fundamentales de autonomía territorial, desarrollo regional y racionalidad administrativa, más allá de propuestas coyunturales que parecen desconocer la ubicación, naturaleza e impacto de esta empresa estratégica, corresponde abrir un debate serio sobre el papel que debe asumir Oruro en la conducción de sus principales activos productivos y sobre la urgente necesidad de construir una agenda departamental de desarrollo capaz de defender los intereses de la región.

ECEBOL constituye una de las inversiones industriales más importantes establecidas en territorio orureño, su emplazamiento en territorio del municipio de Caracollo representa una oportunidad estratégica para generar empleo, fortalecer las cadenas productivas, dinamizar la economía regional y consolidar un proceso de industrialización que durante décadas ha sido una aspiración legítima de los orureños.

Sin embargo, este debate también pone al descubierto una realidad preocupante, la ausencia de liderazgo y de políticas públicas departamentales orientadas a la defensa y aprovechamiento de los activos estratégicos de Oruro, mientras desde otros departamentos se formulan propuestas sobre el futuro de una empresa emplazada en territorio orureño, la Gobernación de Oruro permanece ausente de una discusión que debería estar liderando.

La defensa de los intereses regionales no puede depender de iniciativas externas ni de reacciones circunstanciales, una Gobernación comprometida con el desarrollo departamental debería haber impulsado hace tiempo una estrategia para vincular ECEBOL con una agenda de industrialización, generación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales y desarrollo productivo, la ausencia de estas políticas públicas explica, en gran medida, la vulnerabilidad institucional con la que hoy Oruro enfrenta este tipo de debates.

Desde el punto de vista jurídico e institucional, la Constitución Política del Estado reconoce la autonomía como un instrumento destinado a fortalecer la capacidad de decisión de las entidades territoriales autónomas sobre asuntos vinculados a su desarrollo económico y social, asimismo, los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y desarrollo equilibrado obligan a que las decisiones públicas respondan prioritariamente a los intereses de los territorios directamente involucrados.

En consecuencia, cualquier discusión sobre el futuro institucional de ECEBOL debe reconocer una realidad elemental, Oruro no puede continuar siendo un espectador en las decisiones relacionadas con una empresa estratégica asentada en su territorio, por el contrario, corresponde avanzar hacia un modelo que fortalezca la participación regional y garantice una mayor vinculación entre la empresa y los objetivos de desarrollo departamental.

En este contexto, resulta necesario abrir un debate nacional sobre la vigencia del Decreto Supremo N.º 590. Dicha norma respondió a una coyuntura histórica determinada y a una lógica de administración centralizada previa al desarrollo pleno del régimen autonómico, hoy corresponde evaluar su derogación y la construcción de un nuevo instrumento normativo que reconozca una participación decisiva de Oruro en la conducción estratégica de ECEBOL.

La departamentalización de ECEBOL debe entenderse como una medida destinada a fortalecer la eficiencia institucional, la responsabilidad territorial y la articulación de la empresa con las necesidades de desarrollo regional, no se trata de una confrontación con el nivel central del Estado, sino de una adecuación necesaria a la realidad autonómica vigente y a los legítimos intereses del departamento que alberga sus operaciones.

Asimismo, corresponde analizar la conformación de una instancia de participación institucional integrada por la Universidad Técnica de Oruro, la Gobernación de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo, la Universidad aportaría conocimiento técnico y capacidades de investigación; la Gobernación, planificación y articulación regional; y el Municipio de Caracollo, representación territorial y control social, este esquema permitiría construir una visión estratégica de largo plazo para una empresa que debe convertirse en motor del desarrollo regional.

No obstante, la discusión sobre ECEBOL debe servir para poner en evidencia una problemática mayor, la ausencia de una agenda regional de desarrollo. Oruro necesita una estrategia que impulse la consolidación del Corredor Bioceánico, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la industrialización de los recursos mineros, el aprovechamiento integral del potencial económico del Salar de Coipasa, la promoción del turismo y la generación de condiciones favorables para la inversión y el empleo, la ausencia de estas políticas públicas explica en gran medida el rezago relativo que enfrenta el departamento frente a otras regiones del país. Mientras otros territorios construyen agendas de desarrollo y defienden activamente sus intereses estratégicos, Oruro continúa reaccionando a iniciativas externas en lugar de liderar su propio destino.

La autonomía departamental no puede limitarse a una declaración constitucional, debe traducirse en liderazgo político, capacidad de gestión, planificación estratégica y defensa efectiva de los intereses regionales, esa es precisamente la discusión de fondo que debería emerger a partir del debate sobre ECEBOL.

La región no necesita tutelajes externos ni propuestas alejadas de la realidad territorial, necesita autoridades capaces de liderar una visión de futuro, defender los intereses departamentales y construir una agenda de desarrollo que permita a Oruro aprovechar plenamente su potencial económico, productivo y geopolítico.

Hoy más que nunca, el desafío no es discutir quién administra ECEBOL desde fuera de Oruro, el verdadero desafío consiste en construir las condiciones institucionales, normativas y políticas para que esta empresa se convierta en una herramienta al servicio del desarrollo regional y para que Oruro asuma, finalmente, el protagonismo que le corresponde en la definición de su propio destino.

* José Luis Toco
Ex viceministro de energías alternativas

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Los recientes acontecimientos políticos y sociales que atravesó Bolivia, marcados por prolongados bloqueos, acuerdos condicionados y la posterior declaratoria de Estado de Excepción, han puesto en evidencia las debilidades estructurales del país y la necesidad de replantear el rumbo del desarrollo nacional.

La crisis dejó al descubierto un preocupante escenario de fragilidad institucional, la aceptación de plazos y compromisos impuestos bajo presión, como el plazo de 90 días acordado con la Central Obrera Boliviana (COB), genera interrogantes sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad y conducir las políticas públicas con independencia y visión estratégica, se trata de un precedente que merece una profunda reflexión democrática, ninguna nación puede construir estabilidad y desarrollo si las decisiones fundamentales terminan condicionadas por mecanismos de presión sectorial.

A ello se suma la percepción de un gobierno debilitado, con dificultades para ejercer liderazgo político y autoridad efectiva en momentos complejos, mientras Bolivia enfrenta desafíos económicos cada vez más exigentes, el país continúa atrapado en conflictos recurrentes que postergan las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento, inversión y empleo, sin embargo, toda crisis también representa una oportunidad y en este contexto, las regiones deben asumir un papel más activo en la construcción de soluciones y propuestas de futuro.

Por ello, es hora de poner en marcha la Agenda Regional de Oruro, que durante años, diversas iniciativas, proyectos y planteamientos estratégicos fueron debatidos por instituciones, profesionales, universidades y sectores productivos del departamento, sin embargo, muchas de estas propuestas quedaron relegadas por la coyuntura política o por una excesiva dependencia de decisiones adoptadas desde el nivel central.

Hoy, más que nunca, Oruro necesita recuperar una visión propia de desarrollo y proyectarse como uno de los departamentos estratégicos de Bolivia, el primer componente de esta agenda debe ser la integración plena al océano pacífico, la ubicación geográfica de Oruro constituye una ventaja competitiva extraordinaria para consolidar corredores de comercio internacional y fortalecer la conexión de Bolivia con los mercados del Asia-Pacífico, la integración regional ya no debe entenderse únicamente como una aspiración geopolítica, sino como una política concreta de desarrollo económico y generación de oportunidades.

En ese contexto, resulta fundamental retomar el debate sobre la creación de una Zona de Libre Comercio, capaz de atraer inversiones, promover actividades productivas, fortalecer la logística regional y convertir a Oruro en una plataforma estratégica para el comercio nacional e internacional.

Otro de los pilares fundamentales de esta agenda es el turismo, Oruro posee un patrimonio cultural reconocido mundialmente, además de una riqueza histórica, arqueológica, arquitectónica y natural que puede convertirse en una fuente permanente de desarrollo económico, la consolidación de una política turística integral permitiría diversificar la economía departamental y generar nuevas oportunidades para miles de familias.

Asimismo, el desarrollo departamental y municipal debe convertirse en una prioridad estratégica, el enorme potencial turístico, científico, ambiental y productivo ofrece oportunidades excepcionales para posicionar a Oruro como un referente nacional e internacional en materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

A ello se suma uno de los desafíos más importantes para Oruro; el litio, la transición energética mundial está transformando la economía global y generando una creciente demanda de recursos estratégicos, en ese escenario, Oruro tiene la oportunidad histórica de participar activamente en la nueva economía del conocimiento y la energía, sin embargo, el desafío no consiste únicamente en extraer recursos naturales, el verdadero objetivo debe ser avanzar hacia la industrialización del litio, la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de capital humano especializado, el desarrollo de cadenas de valor permitirá que la riqueza generada por estos recursos se traduzca en empleo, inversión y bienestar para la población.

La Agenda Regional de Oruro también debe incorporar infraestructura estratégica, energías renovables, fortalecimiento de las autonomías, desarrollo empresarial, innovación tecnológica y una mayor articulación entre el sector público, privado y académico.

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El momento actual exige abandonar la lógica de la administración permanente de crisis y comenzar a construir una visión compartida de futuro, Oruro no puede limitarse a reaccionar frente a las decisiones nacionales; debe convertirse en protagonista de una nueva etapa de desarrollo regional, la integración al Pacífico, la consolidación de una Zona de Libre Comercio, el fortalecimiento del turismo, el desarrollo del Salar de Coipasa a través de la industrialización del litio constituyen pilares sobre los cuales puede edificarse una estrategia moderna y sostenible para las próximas décadas.

Mientras Bolivia debate cómo superar los problemas del presente, Oruro debe comenzar a construir las oportunidades del futuro, es hora de poner en marcha la Agenda Regional de Oruro, no como una consigna coyuntural, sino como un compromiso colectivo para convertir al departamento en un eje de integración regional, desarrollo económico, innovación y progreso para todo el occidente boliviano.

* José Luis Toco
Ex Viceministro de Tecnologías Energéticas

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Por Ronald Nostas Ardaya

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debería ser el espacio donde convergen la representación ciudadana, la deliberación democrática y la construcción de consensos. Sin embargo, adolece de una crisis profunda que ha desgastado su propia institucionalidad: no legisla con idoneidad, no fiscaliza con eficiencia, ni representa genuinamente los intereses de la sociedad.

Su debilitamiento extremo se produjo en casi 20 años de gobierno hegemónico del MAS, que convirtió al Poder Legislativo en una instancia subordinada para aprobar leyes sin análisis, debate ni responsabilidad, que limitó sus prerrogativas y precarizó la función parlamentaria hasta desnaturalizar su rol dentro del Estado.

El primer síntoma de su crisis son sus resultados. Según datos de la propia ALP, actualmente tiene en tratamiento 984 Proyectos de Ley. En casi siete meses de gestión logró sancionar solo 47 leyes. En 2024, sobre 945 proyectos de ley que estaban pendientes en ambas cámaras, únicamente 90 fueron sancionados. Más del 50% de los proyectos en tratamiento son intrascendentes, ajenos al interés nacional o incluso regresivos. Esto significa que la mayor parte del tiempo, los recursos y la atención del Legislativo se dedican a iniciativas que, por definición, no debieron ocupar ese lugar.

La función de fiscalización está igualmente erosionada. En 2024, entre ambas Cámaras emitieron 2.974 peticiones de informe oral y escrito a diferentes instancias del Estado; solo 1.923 fueron respondidas. En lo que va de la gestión 2026, la Cámara de Diputados presentó 350 peticiones de informe escrito, de las cuales únicamente el 14% obtuvo respuesta. Las peticiones carecen de cualquier consecuencia vinculante. La censura a un ministro no ha derivado en los últimos años en la remoción de ninguna autoridad, porque el Ejecutivo simplemente ignora las decisiones de la Asamblea.

A esto se suma un distanciamiento creciente de la sociedad civil. Existen mecanismos de consulta que deberían activarse de manera sistemática antes de aprobar leyes, pero su uso es arbitrario y depende del cálculo político de las comisiones. La consecuencia más visible son los conflictos sociales e incluso la anulación posterior de leyes aprobadas sin consenso adecuado. Pero su costo es mayor: se construyen leyes inaplicables, que no se cumplen y terminan aumentando la burocracia y la informalidad.

Detrás de estos síntomas hay una causa poco visible. Un número significativo de parlamentarios muestra deficiencias serias en el conocimiento de las funciones y responsabilidades de su cargo; en casos extremos, se evidencia el desconocimiento de leyes y principios constitucionales elementales. A esto se añade la ausencia de una política legislativa y de una planificación estratégica que articule la agenda parlamentaria con un plan de desarrollo de mediano plazo. Sin esa brújula, cada bancada y cada parlamentario presenta proyectos según su propio criterio o interés político.

Otro problema está referido a la representación paralela. La ALP tiene 166 parlamentarios suplentes, cuya función debería limitarse a reemplazar al titular cuando este no pueda sesionar. En los hechos, votan, presentan proyectos de ley y fiscalizan de forma independiente, llegando en ocasiones a contradecir las posiciones de su propio titular. Han conformado grupos paralelos que se utilizan para desequilibrar votaciones relevantes. Es una figura mal diseñada que termina multiplicando actores con capacidad de decisión real sin la responsabilidad directa de haber sido electos para ejercerla. Algo similar ocurre con los supraestatales: nueve diputados con responsabilidades difusas, desarticuladas de la política exterior del Estado y sin voz ni voto en la Asamblea.

También es evidente la fragilidad del vínculo entre el parlamentario y la fuerza política que lo llevó al cargo. En las últimas gestiones, un número considerable de legisladores se ha declarado independiente o se ha distanciado de su partido de origen, votando en sentido contrario a su bancada. Varios elegidos por la oposición han terminado respaldando al oficialismo sin que el transfugio conlleve sanción alguna.

Bolivia no carece de diagnósticos sobre su crisis, propuestas para enfrentarla o consensos sobre la necesidad de reconstruir su institucionalidad. El problema es un sistema legislativo que no logra procesar esas decisiones al ritmo que la urgencia exige.

Nuestros conflictos no podrán resolverse mientras el Parlamento siga atrapado en la improvisación, la fragmentación y la ineficiencia. Por eso su transformación ya no constituye una opción, sino una necesidad estratégica para la democracia y una condición indispensable para la gobernabilidad.

Esto pasa por construir un Legislativo legítimo, profesional, transparente, responsable y conectado con la sociedad. Solo así será posible aprobar las grandes reformas que exige el futuro de Bolivia y restablecer la capacidad del Estado para responder eficazmente a los desafíos del desarrollo.

Industrial y ex Presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia

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Para Byung-Chul Han, la “pacificación” no se logra sometiendo a la oposición, sino recuperando el diálogo auténtico y la escucha. Diagnostica que la política actual está “muerta” y vive bajo una ilusión de libertad que nos manipula. Su pensamiento analiza las bases de este control y el camino hacia una verdadera pacificación.

Cómo podrá actuar

Se debe tratar de abrir las puertas para crear la escena de pacificación. Esto se consigue al habilitar la recuperación de la confianza con planes claros e iniciativas francas y reales para rehabilitar la credibilidad del Estado. Así se puede pacificar la inquietud de los movilizados.

Si la respuesta para pacificar es habilitar decretos, imponer fuerza o justificar choques de contención, se logra el efecto contrario.

En nuestro tablero de juego y poder, mueven las fichas tácticas enmarcadas en dejar actuar el descontento, desviando la atención e ignorándolos de tal manera que esto motive abrir los oídos y no hablar, con un llamado abierto a consensuar y buscar resolver las dificultades. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho y estamos sin capacidad para orientar la política en nuestro conflicto.

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Esta posición antagónica agota a la sociedad en un cansancio que aviva las discordias y profundiza las contradicciones. Cada día hay mayores choques violentos, aumentando la desconfianza y el descontrol agudizado.

Esta tendencia se está anidando hacia un desenlace brutal cuyas consecuencias aún no hemos percibido, en contra de la paz y los consensos. Considero que la sabiduría de nuestros instintos debe tomar conciencia para encontrar la salida de esta crisis.

* Franz Tamayo Daza
Analista político, consultor y constructor

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Por Lizett K. Gutierrez L.

Es común ver, casi a diario que nuestra población acude a diferentes redes sociales con el propósito de hacer conocer diferentes tipos de denuncias, desde infidelidades, incumplimiento de obligaciones, agresiones, etc.; unos buscando una respuesta rápida a sus denuncias, otros con el propósito de ejercer una presión pública y otros más simplemente para dañar la reputación de quienes consideran sus verdugos. Muchas de estas denuncias pasan desapercibidas y otras se convierten en casos mediáticos que se viralizan en muy corto tiempo, abriendo la puerta a diferentes tipos de comentarios donde algunos te apoyan, otros te juzgan y otros más te culpan; lo que podría generar un desgaste emocional.

El fácil acceso a las redes sociales ha hecho que deje de ser un foro de debate para convertirse en un foro inmenso de opiniones que genera una comunicación persuasiva, instigando emociones y conductas que la mayoría de las veces van orientadas a buscar el apoyo de una u otra versión, donde el público evalúa una información fragmentada, construyendo una narrativa sin datos y hechos reales, convirtiéndola una verdad inapelable. Lo que en muchas ocasiones ha generado que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales otorguen una respuesta inmediata debido a la presión social que se ejerce.

Sin embargo, lo preocupante de este hecho no es la construcción de narrativas, lo verdaderamente preocupante es que al consolidarse en verdades inapelables pasan a convertirse en un tribunal de justicia, donde los usuarios de estas redes sociales a menudo emiten veredictos de inocencia o culpabilidad inmediata, en un juicio social donde simplemente se evalúan mensajes persuasivos; explicado así, hace un poco más de 60 años por el Psicólogo Muzafer Sherif reconocido como uno de los fundadores de la psicología social. Estos veredictos sociales deberían causarnos gran preocupación, porque ante un poder judicial vulnerable y operadores de justicia que buscan la aprobación social ante la desconfianza de la población en estos, se corre el riesgo que en búsqueda de esta aprobación, sumado a la presión mediática que se ejerce en las redes sociales, debiliten la postura y el raciocinio de los operadores de justicia en casos mediáticos y se corre el riesgo que simplemente se ratifiquen los veredictos sociales en total violación del debido proceso y pisoteando la Constitución Política del Estado.

En un país donde se ha visto debilitado a nuestro sistema de justicia por la injerencia política que en algún momento existió, se corre el riesgo que se debilite aún más con la injerencia digital mediática.

Entre tanto, lo único cierto es que mientras el sistema judicial no recupere la confianza de la población continuaran recurriendo a las redes sociales como un mecanismo de defensa y protección de sus derechos.

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Por José Mateo Gambarte Flores(*)

Un Hat Trick (3 goles) en un partido inicial de un mundial, no deja de ser llamativo y memorable. Hay que reconocerlo. Messi, estuvo en su nivel. Es considerado uno de los mejores futbolistas o quizás el mejor del mundo. Por tanto, no dejan de sorprender los tres goles frente a Argelia y, como consecuencia, mucha gente ya considera al argentino como el mejor de la historia del fútbol.

Incluso Ronaldo Nazario afirma que ya debemos aceptarlo así, extrañamente, olvidando a su compatriota Pelé. Todos están muy deslumbrados por el hat trick y no está mal. Como dice un periodista deportivo, hay que disfrutarlo, disfrutar el momento.

Pero si revisamos la historia (y esto va para la fanaticada joven y para los jóvenes periodistas deportivos también), Edson Arantes do Nascimento, el 24 de junio de 1958 en el mundial de Suecia, a sus 17 años y 244 días se convirtió en el jugador más joven en lograr un Hat Trick en la semifinal contra Francia.

Pero sigamos recorriendo la historia y el 17 de julio de 1930 en el Campeonato Mundial en Uruguay, Bert Patenaude de Estados Unidos logra el primer Hat Trick frente a Paraguay.

Bueno, en la historia de los mundiales, incluyendo el último hat trick de Messi, se han marcado 55 tripletes. Siempre aparecieron buenos goleadores en los mundiales. No debe extrañarnos.

MÁXIMO GOLEADOR

En este momento los máximos goleadores de mundiales serían Miroslav Klose de Alemania y Lionel Messi de Argentina, ambos con 16 goles, luego Ronaldo Nazario con 15, Gerd Muller de Alemania con 14 y Just Fontaine de Francia con 13, Mbappé está, por el momento, con 12 tantos.

Pero ingresemos al recuerdo histórico. Nació en 1993 en Marrakech, Marruecos. Falleció en 2023 con 89 años en Toulouse, Francia. Comenzó en el AS Marrakech en cadete y junior, debutó en senior entre 1950 y 1953. Fue seleccionado varias veces por la liga marroquí. A los 20 años fichó por el Niza francés. Capitaneó el equipo francés en la Copa Mundial Militar en 1957. Con el Niza ganó la Copa de Francia en 1954 y también fue campeón de Francia en 1956.

Estuvo en la Copa Mundial de Suecia de 1958.

Hablamos del Francés JUST FONTAINE que anotó 13 goles en seis partidos. Anotó en todos los encuentros y en el partido por el tercer lugar frente a Alemania convirtió 4 goles. Un poker.

LA DISCUSIÓN

¿Quién es el máximo goleador de los mundiales? Hay dos puntos de vista. Cuando se cuentan los goles en varios campeonatos mundiales las cifras suben y así tenemos a Klose y Messi con 16 dianas. Pero notemos lo siguiente: para lograr su marca Klose necesitó de cuatro mundiales y Messi requiere de seis mundiales.

El otro punto de vista: El francés Just Fontaine logró sus trece goles en UN SOLO mundial y, obviamente, los entendidos consideran que es un récord inalcanzable para los actuales goleadores. ¿Podrá algún jugador igualarlo y superarlo? Tal como van las cosas, parece que no será posible. Y la yapita: ninguno de sus trece goles fue de penal, por si acaso.

Estamos viviendo un bonito mundial. Y nos llamará la atención el buen fútbol, el desempeño extraordinario de muchos jugadores. Habrá muchos goles que denominaremos joyas y obras de arte. Veremos goleadas, empates sufridos y victorias con la mínima diferencia al borde de la angustia. Nos alegraremos por equipos que nos caen simpáticos, desearemos el triunfo de equipos modestos. Descubriremos nuevos héroes, etc. “Qué lindo es el fútbol pibe”, repite el periodista argentino Pablo Stecco. Y lo es y seguirá siéndolo.

El mundial nos da una serie de sensaciones. Vivámoslo, pero no perdamos de vista la historia y recordemos a los héroes del pasado, a los que dieron ejemplo, a los que realizaron hazañas, a los que enseñaron y motivaron, a aquellos que marcaron huella y ya están como leyenda en la eternidad.

(*) Comunicador Social

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La contaminación ambiental constituye uno de los problemas más preocupantes de la ciudad de Oruro. La acumulación de residuos sólidos en calles, mercados y espacios públicos, junto con la escasez de áreas verdes y una limitada cultura ambiental, afecta la salud de la población, la calidad de vida y la imagen urbana. Aunque Bolivia cuenta con un amplio marco legal orientado a la protección del medio ambiente, estos problemas persisten debido, principalmente, a deficiencias en la aplicación y fiscalización de las normas vigentes.

La campaña “Mano a Mano por Oruro Limpio y Verde”, impulsada por la Universidad Técnica de Oruro, permitió identificar que las dificultades no radican en la falta de legislación, sino en la insuficiente implementación de las políticas ambientales. Esta experiencia puso de manifiesto la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades, instituciones y ciudadanía para contribuir a la construcción de una ciudad más limpia, ordenada y sostenible.

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN

La Constitución Política del Estado reconoce la protección ambiental como un derecho fundamental. El artículo 33 establece que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Asimismo, el artículo 34 reconoce el derecho de las personas y las colectividades a participar en la defensa y protección del medio ambiente.

Por otra parte, los artículos 342 y 347 señalan que es deber tanto del Estado como de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales. Asimismo, estas disposiciones establecen la responsabilidad de prevenir, mitigar y reparar los daños ocasionados al medio ambiente.

Sin embargo, pese a estas garantías constitucionales, en Oruro continúan observándose problemas como la acumulación de residuos sólidos, la contaminación de espacios públicos y el deterioro de las áreas verdes. Esta realidad evidencia la brecha existente entre el marco normativo y su cumplimiento efectivo.

LEYES NACIONALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Bolivia cuenta con importantes leyes ambientales destinadas a la protección del medio ambiente. Entre ellas, destaca la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, cuyo objetivo es proteger, conservar y promover el uso sostenible de los recursos naturales, mediante el establecimiento de mecanismos de prevención, control y educación ambiental.

A esta normativa se suma la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y garantiza principios fundamentales, como el derecho a la vida, al agua, al aire limpio y al equilibrio ecológico. Del mismo modo, la Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra promueve la conservación de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

También destacan la Ley Forestal Nº 1700, orientada a la conservación, protección y manejo sostenible de los recursos forestales, y la Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos, que promueve la reducción, reutilización y el reciclaje de residuos sólidos mediante la aplicación del principio de responsabilidad compartida.

A pesar de este amplio marco jurídico, persisten problemas relacionados con el manejo inadecuado de residuos sólidos, las bajas tasas de reciclaje y la insuficiente forestación urbana, lo que evidencia dificultades en la aplicación efectiva de las disposiciones legales y las políticas ambientales.

NORMAS DEPARTAMENTALES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

En el ámbito departamental, se aprobaron normas como el Reglamento Departamental de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2024), orientado a promover una gestión adecuada de los residuos sólidos y a reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Asimismo, el Decreto Departamental Nº 142/2023 establece medidas orientadas a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire mediante la implementación de controles ambientales. Sin embargo, la contaminación por residuos sólidos continúa siendo una preocupación constante, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y coordinación interinstitucional.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

Los gobiernos municipales desempeñan un papel fundamental en la protección del medio ambiente debido a las competencias que les otorga la normativa vigente en materia de limpieza pública, gestión integral de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes y educación ambiental. Por su cercanía con la población, constituyen el nivel de gobierno con mayor capacidad para impulsar acciones preventivas, promover hábitos responsables y garantizar espacios públicos más saludables y sostenibles.

En Oruro destaca la Ley Municipal Nº 064/2018 “Día de la Limpieza”, una iniciativa orientada a fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del entorno urbano y a fomentar la aplicación de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Esta normativa busca generar conciencia ambiental y promover la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía en la conservación de los espacios públicos.

Asimismo, el municipio cuenta con reglamentos y disposiciones complementarias destinados a prevenir la contaminación ambiental, mejorar la gestión de residuos y fortalecer los procesos de educación y sensibilización ambiental. No obstante, los desafíos relacionados con la acumulación de residuos sólidos en diferentes sectores de la ciudad evidencian la necesidad de reforzar la aplicación efectiva de estas normas, así como de consolidar mecanismos permanentes de control, fiscalización y participación ciudadana.

LA EXPERIENCIA DE LA CAMPAÑA “MANO A MANO POR ORURO LIMPIO Y VERDE”

La campaña impulsada por la Universidad Técnica de Oruro permitió identificar que una parte significativa de la contaminación urbana tiene su origen en prácticas inadecuadas de disposición de residuos sólidos, la limitada educación ambiental y la escasa corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios públicos. Esta situación demuestra que los problemas ambientales no solo responden a deficiencias institucionales, sino también a conductas cotidianas que afectan la limpieza y la sostenibilidad de la ciudad.

La experiencia evidenció que la cooperación entre universidades, instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía puede generar resultados positivos cuando existe compromiso colectivo y participación activa de los diferentes actores sociales. Asimismo, puso de manifiesto la importancia de promover una cultura ambiental basada en la prevención, el reciclaje y el respeto por el entorno.

Sin embargo, también se constató que las acciones voluntarias y las campañas ocasionales resultan insuficientes para enfrentar de manera integral la problemática ambiental. Por ello, es necesario complementar estos esfuerzos con programas permanentes de educación ambiental, mecanismos eficaces de fiscalización y control, así como una aplicación rigurosa de la normativa vigente. Solo mediante una acción coordinada y sostenida será posible consolidar cambios de comportamiento duraderos y avanzar hacia una ciudad más limpia, saludable y ambientalmente sostenible.

CONCLUSIONES

El análisis demuestra que Bolivia y Oruro cuentan con una sólida base legal para la protección ambiental, sustentada en los artículos 33, 34, 342 y 347 de la Constitución Política del Estado, así como en la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra, la Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra, la Ley Nº 1700 Forestal y la Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos.

No obstante, la persistencia de problemas como la acumulación de basura, la contaminación urbana, el limitado reciclaje y la escasez de áreas verdes demuestra que las principales dificultades se encuentran en la aplicación y cumplimiento de las normas. La educación ambiental, la participación ciudadana, la coordinación institucional y la fiscalización efectiva son fundamentales para transformar las leyes en resultados concretos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda fortalecer los mecanismos de control y fiscalización ambiental en todos los niveles de gobierno, incrementar la inversión en programas de prevención y mitigación de la contaminación y garantizar el cumplimiento efectivo de las normas vigentes.

Asimismo, es necesario desarrollar programas permanentes de educación ambiental, fortalecer los sistemas de reciclaje, promover la separación de residuos en origen e impulsar campañas continuas de forestación urbana. Finalmente, se deben consolidar alianzas entre instituciones públicas, universidades, empresas y sociedad civil para desarrollar proyectos sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente.

FUENTES:

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ley N.º 1333 del Medio Ambiente.
Ley N.º 071 de Derechos de la Madre Tierra.

Ley N.º 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
Ley N.º 1700 Forestal.
Ley N.º 755 de Gestión Integral de Residuos.
Ley Marco de Autonomías y Descentralización N.º 031.
Ley Municipal N.º 064/2018 “Día de la Limpieza”.

(*) Sebastián Edgar Condomis Santos, es docente y director de Vinculación de la UTO.

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Por Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia(*)

La carretera bloqueada debería ser sinónimo de encuentro. Debería representar progreso, comercio, integración y esperanza. Sin embargo, en algunos momentos de nuestra historia reciente, el camino ha dejado de unir para convertirse en una frontera invisible que separa familias, paraliza economías y condena a miles de personas a la incertidumbre.

Mientras extensas filas de camiones permanecen detenidas bajo el sol, cargadas de alimentos, medicamentos y productos destinados a los mercados nacionales e internacionales, la economía pierde millones que jamás serán recuperados. Las frutas se pudren, los contratos se incumplen, los costos aumentan y la confianza se deteriora. Lo que parecía un conflicto temporal termina transformándose en una herida abierta sobre el aparato productivo nacional.

Pero detrás de las cifras existe una realidad mucho más dolorosa. En medio de las carreteras bloqueadas quedan atrapadas personas comunes: Trabajadores que intentan regresar a sus hogares, estudiantes que buscan llegar a sus universidades, madres con niños pequeños, ancianos que requieren atención médica y enfermos cuya condición no entiende de disputas políticas ni de reivindicaciones sectoriales. Para ellos, el bloqueo no es una estadística. Es una amenaza real.

Las historias de bloqueo en carreteras se repiten con una frecuencia alarmante. Pacientes que no logran llegar a un hospital. Familias enteras obligadas a caminar kilómetros. Viajeros que permanecen durante días en condiciones precarias. Personas que fallecen esperando una solución que nunca llega a tiempo. Cada uno de esos episodios representa un fracaso colectivo que ninguna sociedad debería normalizar.

Mientras tanto, muchos gobernantes observan los acontecimientos desde la distancia burocrática de oficinas climatizadas y conferencias de prensa cuidadosamente preparadas. Las declaraciones sustituyen a las decisiones. Las promesas reemplazan a las acciones. La responsabilidad se diluye entre discursos y acusaciones mutuas. Sin embargo, gobernar implica proteger la vida, garantizar la libre circulación y evitar que la conflictividad destruya el bienestar común.

La inacción también tiene consecuencias económicas profundas. Los inversionistas analizan la estabilidad de un país antes de comprometer recursos. Cuando observan carreteras cerradas, incertidumbre permanente y ausencia de autoridad efectiva, simplemente buscan otros destinos. El capital huye de la imprevisibilidad. El empleo desaparece. La producción se contrae.

No resulta extraño entonces que miles de pobladores decidan emigrar hacia países vecinos. Argentina, Chile, Brasil y otros destinos se convierten en alternativas para quienes buscan oportunidades que su propia tierra no logra ofrecerles. Muchos trabajan durante años lejos de sus familias y envían remesas que sostienen economías locales enteras.

Sin embargo, la historia tampoco termina allí. Cada cierto tiempo, las crisis económicas, los cambios laborales o las dificultades migratorias obligan a muchos a regresar. Vuelven con experiencia, expectativas y deseos de reintegrarse. Lo que encuentran frecuentemente es una economía debilitada, mercados laborales saturados y escasas oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.

Así se configura un círculo perverso: La falta de empleo impulsa la migración; la ausencia de inversiones limita la creación de nuevas oportunidades; la conflictividad desalienta el crecimiento; y el retorno de migrantes incrementa la presión sobre un mercado laboral ya deteriorado.

Las carreteras son mucho más que infraestructura. Son símbolos de la capacidad de una nación para conectarse consigo misma y con el mundo. Cuando permanecen abiertas, permiten que circulen la producción, la inversión y la esperanza. Cuando se bloquean, también se bloquean los sueños de millones de personas.

La verdadera pregunta no es cuánto cuesta un bloqueo en términos económicos. La pregunta es cuánto cuesta en vidas, oportunidades y futuro. Allí se encuentra la dimensión más profunda de una tragedia que ningún país debería aceptar como parte normal de su destino.

(*)Doctor en Economía.
Posdoctoral Currículo, Discurso y Formación de Investigadores.
Académico Nacional e Internacional.

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Por Ronald Nostas Ardaya(*)

Nuestro país está normalizando la frustración. El cansancio acumulado, la decepción repetida y la desazón constante nos han llevado al extremo de dudar de la propia viabilidad de Bolivia como sociedad, como Estado y como nación. El nuevo ciclo de bloqueos irracionales que se sostiene por casi 50 días, no solo deja una economía devastada, sino que produce una sensación de agotamiento colectivo que hace cuestionar cualquier esperanza.

Pese a que es cada vez más profundo, este sentimiento no es nuevo. Desde hace más de un siglo nuestra historia parece una sucesión de fracasos: las guerras perdidas, los gobiernos corruptos, los recursos dilapidados, los últimos lugares en todo. Aprendimos a vernos como víctimas del saqueo colonial, la geografía agreste, la diversidad cultural, la mediterraneidad, la perversidad de nuestros líderes o de las potencias extranjeras. Nuestros historiadores, analistas, políticos y educadores repitieron tanto ese discurso que terminó marcando nuestro destino.

Lo peor es que en ese proceso dejamos de ver la otra parte de lo que somos: una de las naciones más ricas, con más oportunidades en Bolivia y con más potencial del mundo. Poseemos recursos en minería, energía, agua, agropecuaria, territorio y cultura más allá de lo que muchas naciones soñarían. Esos recursos –que la humanidad necesita hoy– además de una vasta geografía y ubicación estratégica, nos hacen únicos.

Sin embargo, nuestra mayor riqueza está en la capacidad de salir adelante en circunstancias enormemente difíciles. Aún en crisis en Bolivia extrema hay emprendedores bolivianos que compiten en mercados internacionales; profesionales decididos a construir; mujeres que han roto barreras culturales centenarias para liderar empresas, comunidades e instituciones; jóvenes indígenas y mestizos que usan la tecnología con la misma soltura que cualquier ciudadano del primer mundo, y que están hambrientos de oportunidades.

Nuestro pueblo es solidario y resiliente de una manera asombrosa. Lo que hemos sobrevivido como sociedad habría quebrado a pueblos con menos temple. Después de cada golpe, nos levantamos. Abrimos el negocio al día siguiente. Sembramos otra vez. Volvemos a mover el país. Esa capacidad de reinvención es quizás el activo más valioso que tenemos, porque los recursos se agotan y las tecnologías cambian, pero la capacidad de nuestro pueblo para sobreponerse y crear es inagotable.

Bolivia no es pobre. Bolivia tiene un problema de conversión. Somos un país extraordinariamente rico que todavía no ha cobrado su herencia. Eso no es un destino: es un desafío de gestión, de institucionalidad, de política económica. Y los desafíos de gestión se pueden resolver.

Nuestro mayor problema es que confundimos la crisis en Bolivia de un modelo con la imposibilidad de un país. Porque cuando un sistema de organización económica agota sus posibilidades, es tentador concluir que el problema es el territorio y la gente, y no las reglas y las decisiones. Nos acostumbramos a medir el país por sus fracasos y a invisibilizar sus éxitos sin pensar que nuestros problemas más graves son solamente escollos a superar.

La verdadera amenaza no es la falta de recursos. Ni siquiera la complejidad de nuestras diferencias. La amenaza más grande es el pesimismo. Cuando una sociedad pierde la confianza en sí misma, comienza a renunciar a sus posibilidades, decide limitar sus sueños y sobre todo elige malos gobernantes y deja su futuro en manos de aventureros e improvisados.

Nos hace falta fe en lo que somos, dejar de dividirnos y empezar a construir en torno a lo que nos une. Eso no significa ignorar nuestros problemas ni negar la realidad. Tenemos desafíos enormes, pero ninguno es insuperable. Por eso quizás la verdadera pregunta no sea si Bolivia tiene futuro: la verdadera pregunta es cuándo decidiremos construirlo.

Los interminables días de bloqueo nos han dejado claro nuestra mutua dependencia. La agropecuaria del oriente necesita el mercado del occidente. El occidente necesita los alimentos que vienen del oriente. Las ciudades necesitan el campo. El Estado necesita de la sociedad y ésta requiere del orden y la protección de las instituciones. Esa certeza nos ha hecho entender que somos un solo país, que tenemos un porvenir común y que no podemos alcanzarlo si no nos aceptamos como un mismo pueblo. Mientras sigamos desconfiando de los otros bolivianos de bien, aquellos que quieren mantenernos en la miseria, la violencia y la frustración van a seguir bloqueando nuestro destino.

Bolivia ha atravesado muchos momentos difíciles y siempre encontró la manera de seguir adelante porque la voluntad colectiva fue mayor. Hoy nos corresponde decidir qué historia queremos contarle a las próximas generaciones: la de un país que se resignó a sus fracasos o la de una sociedad que transformó la crisis en Bolivia en una oportunidad para reconstruirse. El futuro de Bolivia no depende de la suerte. Depende, sobre todo, de nuestra capacidad para volver a creer en lo que somos capaces de lograr juntos.

(*)Industrial y ex Presidente de la Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia

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Por Ascanio J. Nava Rodriguez

I. Planteamiento del problema

El Estado constitucional reconoce y garantiza los derechos de protesta, reunión, asociación y libertad sindical. Sin embargo, tales derechos no poseen carácter absoluto. Su ejercicio encuentra límites en los derechos fundamentales de terceros, en la seguridad pública, en el orden constitucional y en la protección de bienes jurídicos esenciales para la convivencia democrática.

Cuando una medida de presión colectiva deja de constituir una manifestación legítima de protesta y se transforma en una acción sistemática destinada a paralizar el país, impedir la circulación de personas y mercancías, bloquear el acceso a alimentos, medicamentos y servicios de emergencia, utilizar explosivos, destruir infraestructura pública, atacar a las fuerzas del orden o generar terror colectivo para imponer objetivos políticos, nos encontramos frente a un fenómeno jurídico distinto que exige una respuesta normativa diferenciada.

La ausencia de una regulación específica genera vacíos legales que dificultan la adecuada protección de los derechos de la población y la preservación del orden constitucional.

II. Derechos humanos y límites de la protesta

Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen la libertad de expresión, reunión y asociación. No obstante, ninguno de ellos ampara el uso de la violencia, la coerción física, el empleo de explosivos, la privación de servicios esenciales o la imposición de medidas destinadas a someter a la población mediante el miedo.

La doctrina internacional sostiene que la protesta pierde protección reforzada cuando incorpora conductas que lesionan gravemente derechos fundamentales ajenos, especialmente la vida, la salud, la integridad física, la libertad de circulación y la seguridad colectiva.

La libertad de protesta no puede convertirse en un mecanismo de suspensión de derechos de millones de ciudadanos.

III. Configuración jurídica agravada del bloqueo violento

El bloqueo pacífico y temporal no puede equipararse automáticamente al terrorismo. Sin embargo, determinadas formas de bloqueo pueden adquirir una naturaleza jurídica agravada cuando concurren elementos tales como:

Uso de explosivos o armas; organización sistemática para paralizar servicios esenciales; impedimento del tránsito de ambulancias y ayuda médica; intimidación generalizada de la población; destrucción de infraestructura pública; ataques a fuerzas del orden; coacción destinada a alterar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas; generación deliberada de temor colectivo para obtener objetivos políticos.

En tales circunstancias, el bloqueo deja de ser un simple mecanismo de presión y puede convertirse en una forma de violencia política organizada.

IV. Derecho comparado

Diversos Estados democráticos sancionan severamente la obstrucción prolongada de vías estratégicas cuando afecta derechos fundamentales o servicios esenciales. La tendencia comparada reconoce que:

La libertad de protesta no incluye el derecho a sitiar ciudades o regiones; la interrupción de corredores logísticos críticos puede constituir delito; la afectación de servicios médicos de emergencia admite agravantes especiales; la utilización de explosivos transforma la naturaleza jurídica de la conducta; los organizadores pueden responder penalmente por los actos previsibles derivados de la movilización.

La experiencia comparada demuestra que los Estados modernos distinguen entre protesta legítima y coerción colectiva violenta.

V. Propuesta de política criminal

Se propone la creación de una figura penal autónoma de bloqueo violento contra d derechos fundamentales y servicios esenciales. Dicha figura debería configurarse cuando una persona u organización:

a) impida de manera deliberada y prolongada la libre circulación nacional;

b) obstaculice el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos o insumos médicos;

c) afecte servicios de salud, transporte o seguridad pública;

d) utilice violencia, explosivos o intimidación;

e) persiga la imposición de objetivos políticos mediante coacción colectiva.

VI. Responsabilidad individual y colectiva

La responsabilidad penal debe alcanzar: autores materiales; organizadores; financiadores;

instigadores; estructuras organizadas que planifiquen o sostengan las acciones ilícitas.

Ello debe realizarse respetando plenamente el debido proceso y el principio de responsabilidad personal, evitando criminalizar la protesta pacífica o la disidencia política legítima.

VII. Conclusión

El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar simultáneamente el derecho a la protesta y los d derechos a la vida, la salud, la seguridad, el trabajo, la alimentación y la libre circulación. Cuando determinadas acciones colectivas dejan de constituir mecanismos legítimos de reivindicación y se convierten en instrumentos de coerción violenta contra la población, el ordenamiento jurídico debe responder con herramientas adecuadas y proporcionadas.

La finalidad de una legislación específica no debe ser restringir la participación democrática, sino proteger a la sociedad frente a formas de violencia organizada que, bajo la apariencia de protesta, lesionan gravemente d derechos fundamentales y comprometen la estabilidad institucional del Estado.

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Por José Luis Toco (*)

Bolivia atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su historia económica y energética, la disminución de las reservas de gas natural, la necesidad de diversificar la matriz productiva, los desafíos fiscales y la acelerada transición energética mundial obligan al país a replantear su estrategia de desarrollo para las próximas décadas.

En este contexto, resulta imposible hablar del futuro de Bolivia sin referirnos a dos departamentos que históricamente han sido pilares fundamentales de la economía nacional, Oruro y Potosí. Desde los albores de la República, ambos departamentos han contribuido decisivamente al desarrollo del país. Oruro, mediante su histórica vocación minera, metalúrgica, comercial y logística; y Potosí, a través de su extraordinaria riqueza mineral y energética, sin embargo, ambos comparten también una realidad que se ha repetido durante generaciones: enormes riquezas naturales que pocas veces se tradujeron en procesos sostenidos de industrialización, innovación tecnológica y desarrollo regional.

Hoy, Bolivia tiene la oportunidad de cambiar esa historia, según el informe elaborado por el Ing. Jhonny David Atila-Lijeron, el campo geotérmico Sol de Mañana, ubicado en Laguna Colorada del Departamento de Potosí, constituye uno de los recursos geotérmicos más importantes de América del Sur, los estudios desarrollados durante más de cinco décadas identificaron temperaturas cercanas a los 250 grados centígrados y un potencial estimado de aproximadamente 250 MW de generación eléctrica continua. Desde el punto de vista técnico, el recurso existe, ha sido validado científicamente y representa una fuente estratégica de energía limpia, renovable y permanente.

Los antecedentes de este proyecto se remontan a las décadas de 1970 y 1980, cuando se realizaron las primeras exploraciones geológicas en el sudoeste potosino, posteriormente, diferentes gobiernos promovieron estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, programas de cooperación internacional, financiamiento externo, asistencia técnica especializada y diversos procesos de contratación destinados a convertir este recurso en una realidad productiva, sin embargo, más de cincuenta años después de las primeras investigaciones, Bolivia continúa sin una sola planta geotérmica operando comercialmente.

La situación es preocupante porque el problema no radica en la existencia del recurso, el recurso existe y ha sido plenamente confirmado, la verdadera dificultad se encuentra en la ausencia de políticas públicas sostenidas capaces de transformar el potencial energético en desarrollo real, tal como señala el informe, las principales barreras son institucionales, financieras, normativas y técnicas.

Bolivia no cuenta hasta hoy con una Ley de Energía Geotérmica que establezca reglas claras para el desarrollo del sector, la atracción de inversiones, la gestión de riesgos y la planificación de largo plazo, la experiencia internacional demuestra la importancia de contar con marcos normativos especializados, países como Chile avanzaron en el desarrollo geotérmico gracias a una legislación específica, seguridad jurídica y una estrategia sostenida de inversión pública y privada, Bolivia, por el contrario, continúa acumulando estudios mientras posterga decisiones.

Pero el desafío nacional no se limita únicamente a la geotermia, Oruro y Potosí concentran además algunos de los recursos evaporíticos más importantes del planeta, el Salar de Coipasa, en Oruro, constituye el segundo salar más importante de Bolivia y posee un enorme potencial vinculado al aprovechamiento de recursos evaporíticos y minerales estratégicos, por su parte, el Salar de Uyuni, en Potosí, es reconocido internacionalmente como la mayor planicie salina del mundo y una de las mayores reservas de litio existentes, ambos salares forman parte de una región privilegiada que concentra recursos fundamentales para la transición energética mundial, la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético y tecnologías limpias convierte al litio en uno de los minerales estratégicos más importantes del siglo XXI.

Sin embargo, al igual que ocurre con la geotermia, Bolivia tampoco dispone de una Ley Integral de Recursos Evaporíticos y Litio que permita consolidar una verdadera política de Estado orientada al aprovechamiento sostenible, industrialización y desarrollo tecnológico de estos recursos, la normativa existente continúa dispersa en diversas disposiciones legales y administrativas, dificultando la construcción de una visión estratégica de largo plazo, esta situación revela una debilidad estructural que el país debe corregir con urgencia.

La geotermia de Laguna Colorada, el litio del Salar de Uyuni y el potencial estratégico del Salar de Coipasa no deben ser considerados proyectos aislados, por el contrario, constituyen componentes de una misma visión de desarrollo nacional, la energía geotérmica podría suministrar electricidad limpia y permanente para procesos de industrialización del litio, los recursos evaporíticos podrían generar nuevas cadenas de valor, empleo especializado, innovación tecnológica e investigación científica, la integración de estos recursos permitiría construir un verdadero polo energético e industrial para el occidente boliviano.

Oruro y Potosí tienen las condiciones para convertirse en el corazón energético, tecnológico e industrial de Bolivia durante las próximas décadas, sin embargo, para alcanzar ese objetivo se requiere algo que históricamente ha estado ausente: una verdadera política de Estado y no simplemente políticas de gobierno que al final siempre fracasaron.

Durante generaciones, los recursos naturales del occidente boliviano fueron objeto de discursos, promesas y planes que rara vez alcanzaron resultados proporcionales a su potencial, la plata, el estaño, el zinc y otros minerales sostuvieron gran parte de la economía nacional, pero las regiones productoras continuaron esperando inversiones estructurales capaces de transformar su realidad económica.

Hoy la historia vuelve a colocar a Oruro y Potosí en el centro de una oportunidad histórica, ambos departamentos continúan siendo pilares fundamentales de la economía boliviana, ambos departamentos albergan recursos estratégicos capaces de definir el futuro energético e industrial del país y de la región, ambos departamentos poseen el potencial para liderar la transición energética nacional y regional, convertirse en motores del desarrollo tecnológico de Bolivia.

La pregunta ya no es si el potencial existe, el potencial está demostrado, la verdadera interrogante es si Bolivia tendrá la capacidad política e institucional para aprovechar esta oportunidad histórica, el país necesita una visión estratégica de largo plazo que integre geotermia, litio, recursos evaporíticos, industrialización, innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental e inversión productiva.

Bolivia necesita decisiones que trasciendan gobiernos y coyunturas políticas, necesita convertir los recursos naturales en bienestar para las generaciones presentes y futuras, porque si Bolivia no actúa ahora, corre el riesgo de repetir una historia conocida; poseer los recursos naturales más valiosos del mundo sin lograr transformarlos plenamente en desarrollo.

Oruro y Potosí han sido pilares fundamentales de la economía boliviana durante siglos, hoy tienen la oportunidad de convertirse también en los pilares del futuro energético e industrial del país, la oportunidad existe, los recursos existen, el conocimiento técnico existe, lo que falta es la voluntad política para convertir esa riqueza en desarrollo, el tiempo de los diagnósticos ha llegado a su fin, el tiempo de las decisiones ha llegado.

Oruro y Potosí han sido pilares de la historia económica de Bolivia, hoy tienen la oportunidad de convertirse en los pilares de su futuro energético e industrial, Laguna Colorada, Coipasa y Uyuni representan mucho más que recursos naturales; representan una oportunidad histórica para transformar riqueza en desarrollo.

Los recursos existen, el potencial está demostrado, lo que Bolivia necesita ahora no son más diagnósticos, sino decisiones de Estado, porque el mayor riesgo ya no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad para aprovecharlos.

El momento de actuar es ahora, porque sino construimos hoy el futuro energético e industrial del país, mañana lamentaremos haber dejado pasar una oportunidad que la historia difícilmente volverá a ofrecer.

(*) EX VICEMINISTRO DE TECNOLOGIAS ENERGETICAS

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El estado actual del regionalismo latinoamericano ya no puede interpretarse adecuadamente en términos de “crisis”. Este concepto supone, al menos, dos elementos: un carácter coyuntural y una situación de urgencia. Ninguna de esas dos condiciones parece describir hoy la situación del regionalismo en América Latina. Lo que se observa ya no es un episodio crítico excepcional o transitorio, sino una condición más prolongada de baja capacidad de actuación frente a crisis internas y fragmentación política.

Las formas limitadas y adaptativas del regionalismo que han logrado consolidarse en la región no desconocen los valiosos, aunque tímidos, esfuerzos por dar continuidad a la cooperación regional en áreas específicas, como los impulsados por el Consenso de Brasilia. Pero creemos que la discusión actual exige desplazar el eje analítico desde la idea de “crisis” hacia otros dilemas, como el dilema entre resiliencia e inercia. Estas dos nociones suelen confundirse, pero remiten a fenómenos distintos. La inercia supone mera persistencia pasiva, continuidad sin transformación significativa y supervivencia institucional con escaso potencial para producir resultados sustantivos. La resiliencia, en cambio, implica capacidad de adaptación mediante mecanismos de ajuste institucional frente a contextos adversos. Es algo más que la simple supervivencia.

Lo que emerge es un regionalismo esencialmente adaptativo. Tal vez el término no sea grandilocuente, pero captura un rasgo central del momento actual: organismos que buscan preservar mínimos niveles de coordinación política y operatividad institucional frente a crecientes tendencias de fragmentación ideológica y unilateralismo, atravesados por alineamientos geopolíticos externos.

El caso del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) resulta ilustrativo. La reforma del “Reglamento Relativo a la Integración, Quórum y Adopción de Decisiones de los Órganos e Instancias regionales del SICA”, aprobada en abril de 2026 sin la presencia de Nicaragua, fue presentada como una medida destinada a destrabar la parálisis institucional generada por el veto permanente de Managua respecto de la designación del secretario general. El cargo permanece vacante desde 2023 debido al rechazo de varios países a los candidatos nominados por Nicaragua, estrechamente vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Nicaragua se retiró temporalmente del SICA en 2024 por el conflicto por la secretaría general. De todos modos, el SICA continúa funcionando mediante mecanismos de cooperación técnica en áreas como salud, agricultura, digitalización o gestión de riesgos, en una muestra de que, aun en contextos de fuerte fragmentación política, los espacios funcionales de cooperación regional logran mantenerse relativamente operativos.

La reforma, que flexibiliza las reglas de cuórum y votación, constituye una innovación importante en una región históricamente aferrada al consenso y la unanimidad. Sin embargo, refleja una paradoja: puede verse como un signo de resiliencia institucional al evitar bloqueos permanentes y limitar vetos paralizantes, aunque no responde a una lógica de profundización supranacional, sino a una adaptación frente a la incapacidad de los mecanismos tradicionales para procesar conflictos políticos persistentes.

La situación andina revela otra dimensión crítica del problema: incluso los esquemas considerados relativamente institucionalizados muestran dificultades para disciplinar el comportamiento estatal. La Comunidad Andina (CAN) ordenó recientemente a Ecuador y Colombia desmontar las medidas arancelarias y restricciones comerciales recíprocas implementadas desde diciembre de 2025. Sin embargo, ambos gobiernos presentaron recursos contra las resoluciones andinas, prolongando así la disputa. Actualmente, la Secretaría General de la CAN se encuentra procesando las impugnaciones derivadas del conflicto por los gravámenes y limitaciones al comercio bilateral adoptados por los dos países.

Aunque la CAN logró intervenir formalmente para hacer cumplir la normativa andina, el conflicto probó los límites de esa institucionalidad: Ecuador y Colombia priorizaron agendas nacionales y disputas personales que reflejan los alineamientos de la región. La decisión ecuatoriana y colombiana de, primero, obstaculizar el comercio bilateral con medidas restrictivas, y luego, apelar las resoluciones andinas muestra las dificultades de los organismos regionales para garantizar el cumplimiento efectivo de sus decisiones, incluso en materia de libre comercio intrarregional.

Más aún, el presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a sugerir la posibilidad de abandonar la CAN y reorientar las prioridades estratégicas de Colombia hacia otros espacios regionales, particularmente MERCOSUR. Aunque la declaración posee un evidente componente político coyuntural, resulta reveladora de que, incluso dentro de uno de los esquemas regionales históricamente más institucionalizados, el ejercicio de autoridad colectiva depende de la existencia y articulación de intereses comunes y se ve obstaculizado por fracturas ideológicas.

El regionalismo latinoamericano parece operar hoy en un contexto menos orientado a grandes proyectos de integración profunda y más centrado en fortalecer capacidades de gestión política, resolución de conflictos y preservación de espacios de coordinación regional. En este marco, la reforma del SICA puede interpretarse como una muestra de adaptación institucional frente a escenarios prolongados de bloqueo decisional. La flexibilización de las reglas permitiría destrabar una parálisis que amenaza el funcionamiento del organismo, abriendo el camino para la elección de un nuevo secretario general.

De manera similar, la intervención de la CAN frente al conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia evidencia que los mecanismos regionales todavía mantienen cierta capacidad de mediación en disputas interestatales. No obstante, las dificultades para lograr un cumplimiento de las resoluciones andinas también muestran que esa capacidad sigue siendo limitada y altamente dependiente de la voluntad política de los gobiernos involucrados.

La cercanía de gobiernos como los de Bukele, Noboa, Laura Fernández o Mulino con la segunda administración Trump, junto con tensiones cada vez más visibles con liderazgos de signo opuesto —como el enfrentamiento entre Noboa y Petro—, sugiere que estas preferencias ideológicas se proyectan también sobre el regionalismo latinoamericano. Más que una simple diferencia de orientaciones políticas, esto tiende a profundizar la fragmentación regional y favorecer formas de cooperación cada vez más atravesadas por alineamientos geopolíticos externos.

En definitiva, tanto la reforma del SICA como la actuación de la CAN sugieren que el regionalismo latinoamericano contemporáneo no puede entenderse en términos de crisis. Si bien la región parece haberse alejado —al menos por el momento— de horizontes ambiciosos de integración, el regionalismo continúa mostrando capacidades de adaptación y resiliencia. Estos esquemas parecen reconfigurarse hacia modalidades de cooperación más flexibles y pragmáticas, orientadas a preservar gobernabilidad regional en contextos políticos fragmentados y polarizados. La cuestión central, por tanto, no es si estas instituciones sobrevivirán, sino si esa resiliencia adaptativa podrá eventualmente convertirse en una base para reconstruir formas más robustas y efectivas de gobernanza regional.

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85 años de una historia del colegio Saracho gloriosa

Si de algo se enorgullece la muchachada sarachista, en estos 85 años de fundación de aquel emblemático Colegio Nacional es de reconocer, respetar y valorar a sus maestros y maestras a lo largo de la historia. Porque los sarachistas, saben; desde el ingreso al establecimiento; que esos mentores son los que marcarán el camino para lograr la sagrada trilogía rojinegra, Comprensión, Cooperación y Superación.

PRIMER DIRECTOR, EL CREADOR DE LA TRILOGÍA.

Diez de la mañana del 16 de junio de 1941, Salón de la Jefatura Escolar del Distrito de Oruro, se da el acto de inauguración de la creación de un nuevo colegio. Su nombre, en honor al verdadero organizador de la educación nacional, el tarijeño, don Juan Misael Saracho Campero.

En dicho acto, se da a conocer a la población al primer Director del nuevo colegio, el Sr. Daniel Sanchez Jiménez, quien sería el encargado de marcar el camino para la inmortalidad del establecimiento.

Potosino de nacimiento, pero orureño de corazón, Sanchez Jimenez tenía ya un recorrido en el campo de la educación, por muchos años trabajó en el Colegio Bolívar y por esa destacada labor fue nombrado Director del flamante colegio.

Vicente Gonzales Aramayo Zuleta lo describe como un varón de baja estatura, complexión regular, cabeza pequeña y ojos verdes grandes de mirar vivaz y actitud enérgica.

Sanchez Jiménez, en su discurso inaugural de fundación, es el creador de aquella trilogía que desde 1941, acompaña al Colegio Saracho: Comprensión como valor importante para entender y tolerar al ser humano y la sociedad. Cooperación como la actitud de los alumnos del Saracho para apoyarse en cualquier vicisitud de la vida y Superación, como la actitud de ser cada día mejor que ayer, alcanzando nuestros objetivos.

Don Daniel Sanchez Jiménez fue el testigo de los dos primeros ambientes donde estuvo el colegio, primero en la Junin y Velasco Galvarro y luego en la Caro y 6 de Octubre.

EL GRAN MAESTRO DE MÚSICA

Si muchos de los cantos, tienen nostalgia al oírlos, se debe a Severo Durán Terrazas. El genio musical que estuvo desde la fundación del Colegio Saracho. Su talento lo plasmó no sólo en las aulas del establecimiento, sino en muchas otras composiciones desde marchas, valses, boleros y música folklórica.

De Uyuni, vino a hacer su hogar en el altiplano orureño. Su talento en el piano era indiscutible y su ágil mente creadora de música se notaban de manera innata.

Puso la música a la letra de José Encinas Nieto para el Himno al Colegio y junto a Luis Carranza dieron vida a aquella cueca inmortal que el Saracho se enorgullece de ser el primer plantel en inmortalizar una pieza folklórica de tal naturaleza.

“Viva el Saracho”, cueca del maestro Durán, es interpretado en los confines del mundo, añorando los días en el colegio. Una verdadera joya del acervo nacional.

PRIMER PLANTEL DOCENTE – ADMINISTRATIVO

A finales de los años 40, la población exigía “a gritos” la creación de un nuevo Colegio, un colegio moderno, con visión pedagógica nueva y a la altura de lo que era Oruro en aquellos años y que tenga todas las comodidades que el único colegio secundario de esos años, no tenía. Las autoridades de Educación, oyen este pedido y fundan el Saracho. Será el mismo Consejo Nacional de Educación el encargado de dotar a este nuevo colegio un plantel docente de calidad, tal como pedía la población.

El meritorio plantel docente y administrativo en la fundación estaba compuesto por María Zuleta Salas en Matemáticas, Rodolfo Irahola Arias en Física y Química, Aníbarro Toro en Historia y Geografía, Cesar Carvajal en Ciencias Naturales, Leoncio Mier y León en Castellano, Julio Perez Gomez en Francés y Walter Zaconeta en Inglés.

En Educación Física el meritorio Eduardo Leclere Polo, en Dibujo Don Julio Quintanilla y en Música el maestro Severo Durán Terrazas. En la parte Administrativa estaba Don Francisco Zapata como Secretario-Regente y Don Emiliano Chumacero como portero. Ellos son legítimos fundadores del Juan Misael Saracho.

85 AÑOS FORMANDO GENERACIONES.

En una primera generación meritoria, de grandes maestros encontramos a José Encinas Nieto, Juan Mendoza Grandy, Misael Pacheco Loma, Herminia Bilbao La Vieja, Alberto Loayza, Raul Humerez. Ofelia Grandi, Elsa Ivanovich, Hugo Booherquez entre otros.

Pasando los años, en una nueva generación mencionamos también a la meritoria directora Lidia Verduguez Villarroel, con un enérgico carácter. El apoyo constante en el deporte de Guillermo Peña y las eternas y recordadas lecciones de vida de Freddy Bernal, Ema Lamas y las añoradas Lourdes y Nohemí Lara, así como el Profesor Teodoro Rojas, Pedro Mercado y Arturo López Cardozo, estos dos últimos fungiendo como directores.

También mencionar a Alberto Portugal, Bertha Navía, Flora Pacheco, la querida Marina Usmayo y Eufronio Sanchez. Entrañables recuerdos de Corina del Barco, Rossemary Calderón, Nila de Sejas, Magdalena Díaz y al deportista Adolfo Bellota. Sin duda dos de los más recordados, el profesor Jaime Lucero Montesinos, un caballero en la extensión de la palabra y su amor por la banda y los Rompefilas y al Profesor Fernando Loza Barriga de química, que llenaba de preseas de primer lugar a nuestro colegio en su área de educación. Rossmery Calderón, Ana Beatriz Vargas, Genaro Vela Chacón, Eduardo Mariscal y David Lazo entre muchos.

La generación de intermedio recordará a Aydee Feraudy, Jaime Peñafiel, Demetrio Choque y Roxana Vizcarra en Música y Alberto Condori, ex alumno y Profesor de Educación Física. Nancy Portocarrero. Gustavo Terán y Mario Chávez. Al divertido Hugo Paco y a Eduardo Escalera, Juana Valdez, David Salazar y el querido Juan Cordova con ese vozarrón que impregna civismo, entre otros profesionales destacados.

Y en estas últimas generaciones recordar a Peter Villarroel como Director, Rolando Revilla, Gladys Valdivia, Silvia Blaz Rodriguez, Felicidad Torrico, Corina del Barco, Bigman Gonzales, Emma Salvatierra, fundadora de la Estudiantina 16 de junio; Joel Ajhuacho y Jhony Romero y Fredy Albino, y demás queridos profesores. Una mención especial a la estrella que brilla en el cielo el Profesor José Luis Ramil Machicado.

No olvidarse del personal Administrativo, como a nuestro querido “Toro”, Oscar Heredia, el inolvidable regente Don Jose Luis Navarro, Osvaldo Zambrana y Doña Nancy Morales. El recordado don Nicasio Marza y Doña Isidora Marze, junto con David Marza, los conserjes meritorios que se ganaron el corazón de los alumnos.

En estos 85 años, a los nombrados y a muchos más que están en la mente de muchas generaciones, el reconocimiento rojinegro y la admiración por el aporte al progreso nacional desde las aulas del gran Saracho.

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ANTECEDENTES

La creación del Colegio Secundario “Juan Misael Saracho”, fue en homenaje del que fuera preclaro jurisconsulto e inteligente ministro de educación, don Juan Misael Saracho, fue de difícil nacimiento porque solo después de tres años pudo nacer completo.

Pacheco M. (1947) nos menciona, sabemos bien que, en esta ciudad, el Colegio Nacional “Bolívar” era hasta no hace mucho, el único establecimiento de ciclo secundario para varones; sucedió que, hacía mucho tiempo, sus aulas se habían tornado por demás estrechas para dar cómoda cabida al creciente alumnado de los últimos tiempos, entonces se vio claro que, al paso como marchaban las cosas, o el histórico “Bolívar” iba a reventar de congestión, o se le descongestionaba.

PERIODO 1941 – 1945 CREACIÓN DEL COLEGIO SARACHO

El año de 1941, se resolvió la creación del nuevo secundario y se propició el nombre del señor Daniel Sánchez Bustamante, profesor de ya larga trayectoria, para ser el director del naciente colegio. Salvados ya diversos obstáculos y allanado el camino de las gestiones, en medio de un ambiente de expectativa general se produjo el alumbramiento del nuevo colegio, cuyo nacimiento fue confirmado un 16 de junio del citado año de 1941 e inaugurada oficialmente su vida entre los acordes del Himno Nacional y la alegría y alborozo de maestros, estudiantes y pueblo todo.

He aquí el Acta de la inauguración oficial del Colegio “Juan Misael Saracho”, dice: “En la ciudad de Oruro, a horas 10 a.m. del dieciséis de junio de mil novecientos cuarenta y un años, en el salón de actos públicos de la Jefatura del distrito Escolar, se llevó a cabo el acto solemne de la inauguración oficial del nuevo Colegio Secundario “Juan Misael Saracho”.

Con la concurrencia de los Miembros del Concejo Nacional de Educación Sr. Vicepresidente Doctor Vicente Donoso Torrez; Vocal de Secundaria Sr. Antonio Vicente Ardaya; Padrino del establecimiento Dr. Víctor Alberto Saracho; Prefecto del Departamento Sr. Alberto Sarti; Alcalde Municipal Sr. Raúl Ramos; Honorables Representantes, Senadores Dr. Gabriel Palenque, Sr. Carlos Beltrán Morales; Diputados, Dr. Ángel Mendizábal, Sr. Jacinto Rodríguez S. Dr. Guillermo Liendo, Sr. Fernando Loayza Beltrán; Jefe del Distrito Escolar Sr. Manuel R. López; Rector de la Universidad Dr. Josermo Murillo Varareza; Presidente de la Corte Superior del Distrito, Dr. Octavio Vásquez; Mons. Eduardo Chávez Obispo de la Diócesis; Señores Ministros de la Corte Superior; Contralor Departamental Sr. Rafael Vásquez; Inspector Departamental Sr. Luis Careaga; Gral. Julio Quiroga Comandante de la Región Militar N° 3; Srs. Jefes y Oficiales de la Región N° 3; Cnl. Arturo Mendívil, Comandante del Regimiento Vergara; Sr. Presidente del club Oruro; Sr. Director de la Sanidad Departamental; Sr. Presidente del Rotary Club; Sr. Administrador de la Aduana del Centro; Sr. Administrador de la Oficina de Impuestos Internos; Sr. Subprefecto del Cercado; Sr. Presidente de la Sociedad 10 de Febrero; Sr. Comandante de la Brigada Departamental; Sr. Subtesorero Departamental; Sr. Marcos Beltrán A.; Sr. Director del Diario “Noticias”; Sr. Director del Diario “La Mañana”; Sr. Diego M. Salas; Sr. José Encinas Nieto; Señores Directores y Profesores del Distrito de Oruro; Cuerpo Docente y alumnado del plantel.

Con lo que termino firmando al pie los concurrentes”. A decir de los diarios locales, la inauguración oficial de la nueva casa de estudios constituyó “todo un acontecimiento”.

ACTO EMOCIONANTE

El acto emocionante fue la entrega por el padrino, señor Víctor Alberto Saracho, hijo de Don Juan Misael, de un estandarte histórico que, a partir de ese momento, pasaba a la custodia y veneración del nuevo Colegio. Este estandarte había sido obsequiado a Don Juan Misael Saracho a tiempo de ser consagrado como vicepresidente de la República por aquel año de 1913.

La gratitud de los nuevos depositarios de la sagrada reliquia, fue exteriorizada en las palabras emocionadas del señor Daniel Sánchez Jiménez, flamante Director del novísimo colegio.

Así, bajos estos signos auspiciosos, vio la luz de la vida el Colegio “Saracho” y su hogar de nacimiento fue la casa situada en la esquina formada por las calles Velazco Galvarro y Junín.

CONTRATIEMPOS

El Colegio nació con tres cuerpos (1°, 2° y 3°). El nacimiento del 5° curso del “Saracho” tropezó con algunos contratiempos, principalmente con una aspiración de la vocalía de secundaria del concejo de Educación que tendía a que un solo colegio fuera, en cada distrito escolar, el que preparase para el bachillerato, ese colegio debía ser en Oruro el “Bolívar”; entonces los alumnos cursaran en el “Saracho” solamente hasta el 4° curso para inscribirse luego en el “Bolívar” por lo menos cursos correspondiente al 5° y 6°. Pero aconteció que los muchachos del 4° curso del “Saracho” que debían pasar a 5° el año 1943, no quisieron inscribirse en el “Bolívar” alegando que “su colegio debe ser completado y en consecuencia, debía habilitarse el 5° curso con los mismos alumnos del pasado año” (“Noticias” – enero de 1943).

Por su lado, el docentado del Colegio declaró en este año de 1943, que, para facilitar la creación del 5° curso, estaba dispuesto a trabajar ad-honorem hasta la regulación de las gestiones. Así fue, nació el 5° curso “sarachista” por voluntad unánime de alumnos y maestros, estos últimos cumplieron su patriótica promesa y laburaron todo el año 1943 sin recibir el sueldo correspondiente al nuevo curso. Este gesto desinteresado fue muy comentado y destacado.

LOS PRIMEROS MAESTROS DEL “SARACHO”

La primera planta de profesores que tuvo el Colegio “Juan Misael Saracho”, fueron los siguientes:

Sr. Daniel Sanches Jimenes, Director
Srta. Marina Zuleta S., Prof. de Matemáticas
Srta. María Anibarro Toro, prof. de Historia y Geografía
Sr. Rodolfo Irahola A., prof. de Física y Química
Sr. Oscar A. Carvajal, prof. de Ciencias Naturales
Sr. Leoncio Mier L., prof. de Castellano
Sr. Julio Pérez G., prof. de Francés
Sr. Walter Zaconeta, prof. de Inglés
Sr. Eduardo Lecrere P., prof. de Educación Física
Sr. Julio Quintanilla, prof. de dibujo
Sr. Severo Duran T., prof. de Música
Sr. Francisco Zapata R., Secretario-regente.

PROMOCIÓN 1945

La primera promoción de bachilleres del Colegio Saracho fue: Oscar Dorado, Carlos Dalence, Mario Rivero, Carlos Torrico y Gover Barja. (Ver fotografía).

PROMOCIÓN 1977

Tras transcurrir los años, quien denota estos pasajes de la creación del Colegio Saracho, pasó por sus aulas de este prestigioso establecimiento y formó parte de la promoción 77 e integrante de la Banda Estudiantil. En la fotografía: Jorge Parrado, Carlos Calizaya, Andrés Rocha…

GESTIÓN 2026

Este 16 de junio (1941 – 2026), cumple 85 años de historia, de formación integral y valioso aporte a la sociedad orureña de forma ininterrumpida, gracias al esfuerzo de la directora del establecimiento, a la cabeza de prof. Viviana Lozano Garfias, personal docente y administrativo y alumnos que conforman el Colegio Nacional “Juan Misael Saracho”.

¡Donde quiera que estemos… Saracho siempre seremos!

(*) Past presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folklore de Oruro, Promotor y Gestor para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la red la voz en nuestra propia voz de Iberoamérica PCI. Representante de la red en Bolivia.

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Por Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia(*)

Las perturbaciones climáticas están modificando la forma en que las sociedades producen, comercian y sobreviven. Sequías prolongadas, inundaciones devastadoras, incendios forestales y fenómenos extremos golpean con especial dureza a los países del denominado club de la miseria, donde la pobreza, la informalidad y la fragilidad institucional aumentan la vulnerabilidad climática en países pobres. Sin embargo, la naturaleza no siempre es la principal responsable de las tragedias. Detrás de cada carretera colapsada, de cada sistema de riego inconcluso, de cada obra de contención que fracasa y de cada programa ambiental que nunca se ejecuta, suele encontrarse una cadena de corrupción en el cambio climático, negligencia y ausencia de planificación. La lluvia puede ser intensa, pero la corrupción es la que convierte una emergencia en una catástrofe permanente.

Lo más dramático es que muchos de estos países poseen enormes riquezas naturales. Tienen minerales estratégicos, tierras fértiles, recursos energéticos, biodiversidad y potencial productivo suficiente para impulsar procesos sostenidos de desarrollo. Aun así, continúan atrapados en ciclos de dependencia, pobreza y atraso. Los recursos destinados a enfrentar los efectos del cambio climático terminan frecuentemente diluidos entre burocracias ineficientes, contratos direccionados, sobreprecios, redes clientelares y operadores políticos que confunden la administración pública con una oportunidad de enriquecimiento personal. Mientras las comunidades pierden sus cosechas y sus fuentes de ingreso, ciertos grupos convierten la desgracia colectiva en un negocio privado. La naturaleza destruye infraestructuras; la corrupción destruye oportunidades, confianza y futuro.

La verdadera tormenta que amenaza a los países del club de la miseria no proviene únicamente de la atmósfera. Proviene también de la degradación ética de quienes administran los recursos públicos y de sociedades que, muchas veces por resignación o necesidad, terminan tolerando prácticas que profundizan el deterioro institucional. Ninguna estrategia climática será suficiente mientras la corrupción continúe drenando recursos que deberían proteger a la población. Ningún discurso sobre sostenibilidad tendrá credibilidad mientras las prioridades sigan siendo los privilegios de unos pocos antes que el bienestar de las mayorías. El siglo XXI exige adaptación climática, innovación y resiliencia, pero exige también algo mucho más profundo: recuperar la honestidad como fundamento del desarrollo. De lo contrario, las futuras generaciones heredarán no solo un planeta más caliente, sino también Estados más débiles, sociedades más fragmentadas y una pobreza cada vez más difícil de superar.

(*)Doctor en Economía.
Posdoctoral Currículo, Discurso y Formación de Investigadores.
Académico Nacional e Internacional.

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Por José Mateo Gambarte Flores (*)

Aunque este jueves 11 comienza a rodar el balón del Mundial de Fútbol 2026, la atención de los futboleros (lease hinchas) no está muy concentrada en ese campeonato. No hay la efervescencia de otras citas mundiales. Acaso sea porque la competencia se desparramó entre tres países y eso le da otro cariz al asunto

Pero bueno, vayamos a lo nuestro. La derrota por otra goleada de 4 a 0 frente a Argelia horas antes nos preocupa mucho más que el partido inaugural.

Claro, fue el segundo partido amistoso de la verde y fue la segunda derrota por el mismo marcador. 8 goles en contra en 180 minutos de juego hablan muy mal de nuestro fútbol. Algunos “entendidos” enfatizan en que se trató de un “amistoso”.

Convengamos que jugadores y cuerpo técnico son ciudadanos privilegiados y afortunados de poder viajar cómodamente en modernos aviones, llegar a muy buenos hoteles, conocer aunque parcialmente, nuevas ciudades; estar bajo la cobertura de medios y, además, recibir una compensación económica por todo aquello. Luego es menester nomás afrontar cualquier partido amistoso con la seriedad y exigencia técnica. No se trata de cumplir solamente, tampoco de seguir aprendiendo.

De hecho, más allá del fenómeno futbolístico, el nombre de una nación debe ser dignamente representada. El orgullo nacional siempre estará presente en cualquier escenario donde bolivianas y bolivianos afronten cualquier deporte. Moscoso, Garibay, Dellien, Prado, solo por mencionar los de mayor jerarquía en sus disciplinas, muestran el camino a adolescentes, niñas y niños que consiguen triunfos allende nuestras fronteras. Solo por mencionar un caso, resulta bonito saber que una niña nadadora como Emma Altstadt vuelve con varias medallas colgadas.

¿Qué nos pasa en el fútbol? Se puede perder, claro que sí, pero no así. El partido contra Argelia reclamaba una reivindicación o revancha, pero se repitió el triste resultado de Escocia.

Un conocido técnico argentino que radica en nuestro país decía que ya no se puede experimentar, hacer debutar a jóvenes y pretender que seguimos en etapa de aprendizaje. no señor Villegas. Ya no.

Por mencionar a dos clubes conocidos, digamos que Oruro Royal es el club más antiguo de Bolivia (1896). The Strongest nació en La Paz en 1908. Ambos son los decanos del balompié boliviano. Pues con esos clubes aprendimos a jugar fútbol. Y han pasado muchas décadas y muchos clubes más. ¿Debemos seguir aprendiendo? ¿Cuándo terminaremos de aprender?

Pero no. No todo ha sido malo en nuestra historia futbolera. Veamos.

NOMBRES LEYENDA

Por cuestión de espacio, mencionaré algunos campeones del Campeonato Sudamericano 1963: Roberto Cainzo, Wilfredo Camacho, Max Ramirez, Ramiro Blacutt y el maestro Victor Agustin Ugarte, que nos suenan a leyenda, incluso para las nuevas generaciones que saben leer la historia del fútbol boliviano.

La selección de 1969, rumbo al Mundial de México 1970, mostró mucho coraje y, siendo considerada por muchos como una de las mejores selecciones de nuestra historia, también nos entrega nombres de leyenda como Agreda, Issa, Rojas, Gonzales, Diaz y Farias. Inolvidables.

En 1994, rumbo a USA 94, se sumaron a los nombres leyenda apellidos ilustres como: Trucco, Sandy, Quinteros, Melgar, Etcheverry, Ramallo. Y en la eternidad el gran Bigotón Askargorta.

En 1997, Copa América en La Paz, fuimos subcampeones con los héroes del 94 y engrosando los nombres leyenda: Cristaldo, Baldiviezo, Castillo, Sanchez, Peña.

NOMBRES HOY

Nuevas camadas nutren la selección verde, por cierto nuevos nombres también, pero ningún apellido digno de ingresar a la leyenda futbolística, por ahora. Es que ya no logramos clasificar a 8 mundiales seguidos y contando.

¿Lo haremos el 2030? Ojalá los nombres jóvenes de hoy alcancen la madurez necesaria y quizás los apellidos: Vaca, Paniagua, Terceros, Monteiro, Maraude o Macazaga ingresen a nuestra conciencia, se aferren a ella e ingresen a la leyenda y eternidad. Dios lo quiera.

(*) Comunicador Social

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Por José Mateo Gambarte Flores (*)

El 25 de mayo, reunidos en Sucre, los parlamentarios se animaban a abrogar la Ley 1341. Lo hicieron en el Senado, luego pasó el asunto a Diputados. Después se dio paso a una nueva Ley, la 1740 de Regulación de Estados de Excepción, que finalmente está vigente desde este 8 de junio.

Entre Senadores y Diputados hicieron revisiones últimas y finalmente la normativa fue transferida al Ejecutivo.

El Presidente ya tiene todo el respaldo jurídico normativo de la Constitución, pero sigue dándole largas al asunto. ¿Por qué?.

Siguen repitiendo él y sus cercanos colaboradores, la necesidad del diálogo. Un diálogo que a más de 40 días no se vislumbra, un diálogo que no quieren los bloqueadores los que, a su vez, repiten hasta el hastío la “renuncia del presidente”. Un diálogo que ya parece insulso ante la terquedad de quienes piden la renuncia presidencial.

Entre estas dos posiciones encontradas, el país se hunde más en una crisis anímica, alimenticia, económica, política. El país se siente en una incomodidad que aburre, desespera, preocupa y causa angustia a causa del bloqueo indiscriminado de carreteras fundamentales, sin olvidar la carencia y encarecimiento de alimentos y otros insumos de la vida diaria.

Han ocurrido algunos enfrentamientos directos en el afán de desbloqueo por parte de policías y ejército y he aquí que son los bloqueadores quienes se perciben como víctimas ante la simple aplicación de la ley.

Mucha bulla y reclamo ante dos caídos; uno en el altiplano y otro en San Julián. Son dos valiosas vidas, es cierto. Y por estas dos vidas ya se le nombra como asesino al Presidente.

Pero nadie más dice nada sobre TRECE personas enfermas fallecidas por no poder acceder a cuidados médicos o por ser impedidas de pasar en ambulancias. Por ellos nadie hace bulla ni reclama. Algunos bloqueadores insensibles decían que tenían que morir nomás porque estamos en bloqueo. ¿Quién o quiénes serán los asesinos de esos trece enfermos?

EXIGENCIA LÓGICA

Cabildos departamentales y Comités Cívicos le están exigiendo al presidente lanzar el estado de excepción, pero no parece haber ningún apuro en el Ejecutivo. Y es que los del Ejecutivo no sienten la crisis, no hacen cola por gasolina, no buscan desesperadamente gas licuado, no advierten los precios altos de los alimentos, no se incomodan en viajes larguísimos por rutas alternas y peligrosas. ¿Les falta energía y voluntad?, ¿no están afectados emocionalmente?, ¿No se conmueven por lo que le ocurre al verdadero pueblo? Esto es Indolencia.

Mientras los bloqueadores se autodenominan como Pueblo, el verdadero y mayoritario Pueblo pide mayor actitud y celeridad al gobierno para el desbloqueo. El gobierno debería escuchar a ese pueblo mayoritario y obrar en consecuencia.

Pero no. El gobierno pide “paciencia y más paciencia” a la población. El Ministro Bascopé lo ratifica: “se actuará con prudencia y sensatez”. Dicho de otra forma: No habrá estado de excepción.

Paciencia ¿hasta cuándo?. Nuestras abuelas y abuelos nos señalaban que la paciencia tiene un límite y, a veces, es necesario reaccionar antes de salir perjudicados. De allí viene aquella expresión coloquial o refrán popular que reza: “paciencia tuvo Cristo … y lo mataron”.

Ya no pidan más paciencia por favor. Nos van a terminar.

(*) Comunicador Social

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Por Ascanio J. Nava Rodriguez

Al arte de lo imposible pongámosle reglas de juego claras para que no vulnere ni enerve el mandato constitucional, cualquier acuerdo político nervioso o interesado, pone en riesgo el futuro de la democracia.

Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el punto central es determinar si existe alguna vía jurídica para anticipar un referéndum revocatorio cuando la propia Constitución establece un plazo específico para su activación, Art. 240. II “cuando haya transcurrido al menos la mitad del tiempo de mandato”

El artículo 240 de la Constitución Política del Estado boliviano dispone que el mandato de determinadas autoridades electas puede ser revocado mediante referéndum, pero también fija condiciones temporales para su ejercicio. Si la Constitución exige que haya transcurrido un determinado tiempo de mandato, ese requisito forma parte del diseño constitucional de la institución y no parece una condición accesoria susceptible de ser ignorada por mera voluntad política.

Desde la doctrina constitucional clásica, cuando una norma constitucional es clara, precisa y no presenta ambigüedad interpretativa, opera el principio latino in claris non fit interpretatio (“cuando el texto es claro, no cabe interpretación correctiva”). En consecuencia, una interpretación que elimine o neutralice un requisito temporal expresamente establecido podría convertirse en una reforma material de la Constitución realizada por una vía distinta a la prevista para reformarla.

¿Puede el Legislativo “interpretar” el artículo 240?

En términos generales, no debería poder hacerlo de manera que altere su contenido esencial.

Interpretar una norma significa precisar su alcance dentro de los límites de su texto. Otra cosa distinta es sustituir el contenido de la norma o dejar sin efecto uno de sus requisitos. Si la Constitución dice que el revocatorio procede después de determinado tiempo de gestión, una “interpretación” que permita hacerlo antes podría ser considerada una modificación encubierta de la Constitución.

¿Existe alguna figura constitucional de emergencia equivalente?

A primera vista, no existe en la Constitución una figura que permita adelantar discrecionalmente un referéndum revocatorio presidencial por razones de crisis política o conflictividad social.

Las salidas constitucionales ordinarias para una crisis de gobernabilidad suelen ser otras:

-Renuncia voluntaria del Presidente.

-Sucesión constitucional en caso de renuncia, muerte, incapacidad o impedimento.

-Juicio de responsabilidades, cuando correspondiera jurídicamente.

-Reforma constitucional mediante los mecanismos previstos por la propia

Constitución.

-Acuerdos políticos para convocar elecciones futuras dentro de los cauces constitucionales.

El problema del precedente constitucional

Aquí aparece uno de los argumentos más importantes de la doctrina constitucional contemporánea: la preservación de la estabilidad de las reglas del juego.

Si se admitiera que una presión social suficientemente intensa puede suspender requisitos constitucionales expresos, se generaría un precedente potencialmente peligroso. Mañana otro gobierno, otra mayoría parlamentaria u otro movimiento social podría invocar la misma lógica para alterar otros límites constitucionales.

Por ello, autores como Kelsen, Loewenstein o García de Enterría sostienen que la fuerza normativa de la Constitución radica precisamente en que sus reglas obligan incluso cuando resultan políticamente incómodas.

¿Es un tema cerrado?

Jurídicamente, podría sostenerse que el artículo 240 configura una regla cerrada respecto al momento de activación del revocatorio.

Políticamente, siempre pueden construirse acuerdos, narrativas o presiones para buscar soluciones extraordinarias. Sin embargo, desde la óptica del constitucionalismo democrático, la pregunta no es si una medida puede generar consenso político, sino si encuentra fundamento dentro de la Constitución vigente. Si la Constitución fija expresamente un plazo mínimo para ejercer el revocatorio, la posición doctrinal más sólida suele ser que dicho requisito solo puede ser removido mediante una reforma constitucional válida y no mediante acuerdos políticos, interpretaciones extensivas o decisiones coyunturales motivadas por una crisis concreta.

En ese sentido, el debate deja de ser sobre la conveniencia política del revocatorio y pasa a ser sobre la supremacía constitucional: si la Constitución puede ser desplazada por una necesidad política inmediata, o si precisamente existe para imponer límites incluso en momentos de máxima tensión política y social.

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Por Ronald Nostas Ardaya (*)

Más allá de la debilidad institucional y la crisis de gobernabilidad en Bolivia, en Bolivia existe una cuestión estructural que no ha sido suficientemente debatida: la forma en que la sociedad se representa a sí misma y participa en la construcción de las decisiones colectivas.

En efecto, desde la Revolución de 1952, la representación social en Bolivia ha estado fuertemente influida por organizaciones de naturaleza sindical que adquirieron un papel central en la intermediación entre el Estado y la sociedad. A diferencia de la representación ciudadana predominante en las democracias liberales, se privilegió el corporativismo basado en sindicatos obreros, organizaciones campesinas y gremios como los transportistas y comerciantes, que gradualmente adquirieron capacidad de negociación, presión y movilización.

Con el tiempo, este tipo de representación dejó de orientarse exclusivamente a la defensa de intereses legítimos para transformarse en una disputa permanente por cuotas de poder y acceso a recursos públicos. Las huelgas, los bloqueos y la paralización de actividades económicas se convirtieron en instrumentos habituales de negociación política.

El modelo terminó de pervertirse durante el ciclo político del MAS, cuya base social fue el denominado Pacto de Unidad, una estructura paraestatal y excluyente integrada por organizaciones que representaban al campesinado de tierras altas, cocaleros, comunidades indígenas del altiplano, colonizadores y la Central Obrera Boliviana. Con estos grupos corporativos, el MAS cogobernó por 20 años, convirtiéndolos en los únicos representantes de la sociedad en el diálogo político.

En países con mejor institucionalidad, el rol político de la sociedad civil incluye también a entidades como las universidades, colegios profesionales, organizaciones empresariales, partidos políticos, medios de comunicación, centros de investigación, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones culturales, academias científicas y otros.

A diferencia de las estructuras corporativas tradicionales, estas instituciones suelen sustentarse en estatutos formales de gobernanza, mecanismos de representación interna, participación voluntaria y principios de deliberación racional. Su legitimidad proviene menos de la capacidad de presión y más de la calidad de sus propuestas, conocimientos y contribuciones al debate público.

Aunque en Bolivia existe un amplio tejido organizacional de esta naturaleza, las entidades de la sociedad civil han actuado de manera fragmentada, desconectada de los sectores populares, endogámica, sin posiciones ideológicas, sin interés en articular una visión compartida de país, y sin vocación de poder.

En décadas recientes, surgieron nuevas formas de representación vinculadas a jóvenes, mujeres, emprendedores, colectivos culturales, organizaciones medioambientales, comunidades digitales y movimientos regionales. Estos actores ya no se identifican con categorías ideológicas. Su acción política se limita al activismo juvenil en Bolivia y suelen organizarse alrededor de causas concretas, derechos ciudadanos, sostenibilidad, igualdad de oportunidades y defensa de libertades individuales y colectivas.

Las constantes crisis sociales que Bolivia atraviesa evidencian que el modelo de representación basado en organizaciones corporativas y sindicales no solo está agotado, sino que contribuye a profundizar la polarización y a debilitar la construcción de consensos. La alternativa no consiste en proscribirlas, sino en cimentar un sistema de representación más amplio donde las instituciones de la sociedad civil, las nuevas formas de ciudadanía y los mecanismos democráticos tengan un papel protagónico.

Este proceso no es rápido ni fácil. Implica construir una nueva hegemonía cultural y democrática donde las instituciones de la sociedad abandonen la comodidad del lobby y el activismo y asuman el riesgo de la política, disputen los territorios simbólicos que el corporativismo consideró propios y alcancen un papel más activo en la construcción de ciudadanía.

Pero sobre todo es necesario ganar la disputa por el sentido, por la definición de lo justo, lo legítimo y lo correcto. Las instituciones de la sociedad solo ganarán si construyen una narrativa integradora y de futuro; una que convoque a los bolivianos no como miembros de sindicatos en conflicto, sino como ciudadanos con derechos iguales y un destino compartido.

La construcción de un país más estable, democrático y próspero exige reemplazar la lógica de la fuerza por la lógica de la deliberación; la representación corporativa excluyente por la ciudadanía plural; y la confrontación permanente por la cooperación institucional. Solo cuando las instituciones de la sociedad logren articular una visión compartida de desarrollo, libertad, justicia e igualdad de oportunidades será posible romper el ciclo de crisis recurrentes que ha marcado la historia reciente del país y abrir una nueva etapa de convivencia democrática y progreso colectivo.

(*) Industrial y ex Presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia

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Por Ascanio J. Nava Rodriguez

Desde la doctrina del ciudadano de a pie y de la teoría de resolución de conflictos es importante hacer una distinción: un conflicto social, por grave que sea, no es automáticamente equiparable al terrorismo o al secuestro, aunque ciertas conductas concretas dentro de una protesta o bloqueo puedan constituir delitos graves.

Jurídicamente, cada conducta debe analizarse conforme a la ley y al debido proceso.

Dicho esto, el impedimento de paso de ambulancias, corte deliberado de oxígeno para hospitales, desabastecimiento de alimentos, uso de explosivos, agresiones a civiles y privación prolongada de la libre circulación; el problema deja de ser únicamente un ejercicio del derecho a la protesta y entra en colisión con derechos fundamentales de millones de personas. La propia Constitución reconoce el derecho a la libre circulación en todo el territorio nacional, Artículo 21, numeral 7 de la (CPE).

¿Qué aconseja la teoría de resolución de conflictos?

En negociación de crisis existe un principio clásico: no se debe premiar la coacción ilícita. Cuando un actor obtiene beneficios mediante violencia, toma de rehenes, sabotaje o coerción extrema, se crea un incentivo para repetir la conducta. Sin embargo, ello tampoco significa responder con fuerza indiscriminada. La doctrina moderna recomienda:

Mantener abiertos canales de diálogo. Separar a los dirigentes negociadores de quienes cometen delitos. Garantizar corredores humanitarios. Restablecer gradualmente el orden público mediante medios legales y proporcionales. Procesar judicialmente las conductas criminales individuales.

¿Qué herramientas constitucionales tiene Bolivia?

La Constitución establece que, frente a una situación de conmoción interna o peligro para la seguridad del Estado, el Presidente puede declarar un estado de excepción, sujeto a control legislativo posterior. Incluso en ese escenario no pueden suspenderse los derechos fundamentales ni las garantías esenciales.

Además, el ordenamiento jurídico boliviano reconoce la libre circulación y prohíbe la interrupción arbitraria del tránsito por particulares sin autorización de la autoridad competente.

¿Qué permitiría un desbloqueo sin generar calamidades?

Desde una perspectiva constitucional y de gestión de crisis, una estrategia compatible con el Estado de Derecho incluiría:

Apertura inmediata de corredores humanitarios para ambulancias, oxígeno, medicamentos y alimentos. Intervención policial focalizada en los puntos críticos donde exista riesgo para la vida. Uso gradual y proporcional de la fuerza, bajo control judicial y fiscal. Identificación y procesamiento de quienes utilicen explosivos, agredan personas o impidan servicios esenciales. Protección de hospitales, plantas de oxígeno, terminales de abastecimiento y vías estratégicas. Documentación exhaustiva de los hechos para evitar abusos tanto de los bloqueadores como de las fuerzas estatales.

El problema jurídico central

En un Estado constitucional, el derecho a la protesta no es absoluto. Tampoco lo son la libertad de expresión o de reunión. Cuando el ejercicio de un derecho destruye o anula derechos fundamentales de terceros —vida, salud, abastecimiento, libre tránsito o acceso a servicios básicos— corresponde al Estado restablecer el equilibrio y proteger a la población.

Por ello, si efectivamente una ciudad como La Paz y ahora otras ciudades permanecen aisladas durante semanas, con afectación a hospitales, alimentos y servicios esenciales, la discusión jurídica deja de ser únicamente sobre protesta social y pasa a ser sobre la obligación constitucional del Estado de garantizar simultáneamente el orden público, la libre circulación, la salud y la seguridad de toda la población, aplicación de los Artículos 138 al 141 de la (CPE). Tiene la palabra el presidente y el gobierno.

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Por Miguel Angel Foronda Calle (*)

La propuesta de convocar un referendo revocatorio extraordinario, planteada recientemente en el debate político nacional en medio de la compleja coyuntura que atraviesa Bolivia, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión fundamental para toda democracia: ¿Cuándo debe el pueblo tener la posibilidad de retirar el mandato a una autoridad elegida por voto popular?

La Constitución Política del Estado reconoce la revocatoria de mandato como uno de los mecanismos de democracia directa mediante los cuales la ciudadanía puede evaluar y eventualmente cesar a las autoridades electas antes de la conclusión de su gestión. Sin embargo, el constituyente boliviano estableció límites precisos para su ejercicio. El artículo 240 dispone que la solicitud de revocatoria sólo puede realizarse una vez transcurrida la mitad del período de mandato y nunca durante el último año de gestión.

Estas restricciones no son casuales ni constituyen simples requisitos procedimentales. Responden a una tensión permanente que existe en todo sistema democrático: la necesidad de equilibrar la voluntad popular con la estabilidad institucional.

En principio, la revocatoria representa una profundización de la democracia. Permite que los ciudadanos no deban esperar necesariamente hasta la siguiente elección para expresar su aprobación o rechazo respecto a una autoridad. Sin embargo, llevada al extremo, también puede convertirse en un factor de inestabilidad permanente, generando gobiernos sometidos a campañas electorales continuas e imposibilitados de ejecutar políticas públicas de mediano y largo plazo.

Por esa razón, el derecho comparado muestra que los sistemas constitucionales suelen establecer períodos mínimos antes de habilitar mecanismos de revocación. La Constitución del Ecuador, por ejemplo, establece en su artículo 105 que: “La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada”. En el caso mexicano, el artículo 35 de la Constitución prevé que la revocación de mandato presidencial “se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional”. Como se advierte, se considera indispensable que transcurra un tiempo mínimo de gestión antes de habilitar una consulta popular sobre la continuidad de una autoridad.

La lógica detrás de estos plazos es sencilla. Ningún gobernante puede ser evaluado razonablemente a las pocas semanas o meses de asumir funciones. El electorado otorga un mandato para gobernar, y ese mandato requiere un tiempo mínimo para traducirse en decisiones, políticas públicas y resultados concretos.

Ante el escenario extraordinario de crisis política, institucional y económica que vivimos, la flexibilización de los plazos para realizar un referendo revocatorio extraordinario no parece constituir una solución sostenible en el largo plazo. Es precisamente en los momentos de crisis cuando más necesarias resultan las reglas constitucionales. Permitir que la presión política o la movilización social modifiquen las condiciones de permanencia de las autoridades podría abrir la puerta a una inestabilidad permanente y a la erosión progresiva de la seguridad jurídica, principio indispensable en todo Estado Constitucional de Derecho.

La cuestión de fondo, por tanto, no es únicamente si corresponde o no convocar una revocatoria extraordinaria en el contexto actual. El verdadero debate consiste en determinar cuál es el equilibrio adecuado entre participación popular y estabilidad institucional; entre el derecho de la ciudadanía a retirar su confianza y el derecho de las autoridades elegidas a ejercer efectivamente el mandato para el cual fueron electas.

La Constitución boliviana adoptó una respuesta concreta al exigir que transcurra al menos la mitad del mandato antes de habilitar la revocatoria. Esa decisión puede ser objeto de crítica, revisión o incluso de reforma constitucional, pero expresa una opción deliberada orientada a proteger la gobernabilidad democrática y constituye la regla vigente.

Por otra parte, la alternativa de habilitar una revocatoria extraordinaria mediante una ley interpretativa de la Constitución presenta serias dificultades jurídicas. Bajo el diseño constitucional vigente, la interpretación constitucional ya no corresponde a la Asamblea Legislativa, sino que forma parte de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, una ley interpretativa difícilmente podría alterar o flexibilizar requisitos que el propio texto constitucional ha establecido de manera expresa.

La construcción de institucionalidad democrática exige reglas estables y plazos mínimos de gobernabilidad que no pueden reducirse a unos cuantos meses de gestión sin poner en riesgo la propia estabilidad del sistema constitucional. Sin embargo, también es necesario reconocer que la estabilidad institucional no constituye un fin en sí mismo. Gobernar implica dar respuesta a las necesidades y problemas de la población, especialmente en contextos de crisis económica, social o política.

Los problemas públicos no se resuelven por el simple transcurso del tiempo o con discursos reiterativos. Requieren decisiones oportunas, políticas públicas eficaces y acciones concretas por parte de quienes ejercen funciones de gobierno. Esa responsabilidad recae principalmente sobre el Órgano Ejecutivo, pero también compromete a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el ámbito de sus atribuciones. Del mismo modo, los Gobiernos Autónomos pueden y deben contribuir a la búsqueda de soluciones dentro de sus competencias constitucionales y legales, e incluso articular esfuerzos interinstitucionales cuando las circunstancias así lo exijan.

La democracia constitucional exige, por tanto, un delicado equilibrio entre estabilidad y eficacia. Tan perjudicial puede resultar alterar constantemente las reglas de permanencia de las autoridades como utilizar la estabilidad institucional para justificar la inacción frente a los problemas que afectan a la ciudadanía. En última instancia, la legitimidad democrática se fortalece cuando las reglas se respetan y las instituciones responden de manera efectiva a las demandas de la sociedad.

(*) Abogado e investigador en temas institucionales

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Por: José Luis Toco*

Bolivia posee una de las mayores reservas de recursos evaporíticos del mundo y una oportunidad histórica para insertarse en la transición energética global. Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos no debe medirse únicamente por la cantidad de reservas existentes o por los anuncios de inversión realizados, sino por la capacidad de transformarlos en desarrollo económico, empleo, conocimiento, innovación y bienestar para la población.

En ese contexto, el Salar de Coipasa constituye uno de los mayores desafíos y oportunidades para el departamento de Oruro y para Bolivia. Por ello, este documento propone abrir un debate técnico, académico, institucional y social sobre el presente y futuro de Coipasa, sus implicancias económicas, sociales y territoriales, así como los desafíos pendientes para su industrialización efectiva.

Antes de 2019, el Salar de Coipasa ya había sido identificado como uno de los principales reservorios evaporíticos del país. Durante varios años se desarrollaron estudios geológicos, hidrogeológicos y de caracterización de salmueras destinados a determinar su potencial productivo. Asimismo, se realizaron trabajos de exploración, perforación de pozos, monitoreo de recursos hídricos y evaluaciones técnicas que permitieron confirmar la importancia estratégica del salar. Sin embargo, durante gran parte del período 2008-2019 la política nacional del litio concentró sus mayores esfuerzos técnicos, institucionales y financieros en el Salar de Uyuni, mientras el Salar de Coipasa permanecía principalmente en una fase de exploración y evaluación.

En 2019 se promovieron acuerdos preliminares con empresas internacionales para impulsar proyectos de industrialización en Coipasa y Pastos Grandes, aunque sin llegar a consolidar inversiones industriales de gran escala.

La gestión 2020 marcó un punto de inflexión para el departamento de Oruro, por primera vez se impulsó una propuesta integral orientada a convertir al Salar de Coipasa en un polo estratégico de industrialización, articulando desarrollo regional, participación académica y generación de capacidades productivas.

La propuesta contemplaba: Producción de 25.000 tn. de carbonato de litio grado batería, desarrollo de infraestructura industrial, participación activa de la Universidad Técnica de Oruro, vinculación con municipios y comunidades, formación de recursos humanos especializados, generación de empleo regional, desarrollo científico y tecnológico. El objetivo era que Oruro no fuera únicamente proveedor de recursos naturales, sino actor principal de la cadena de valor del litio.

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta fue la incorporación de diversos actores institucionales, en el cual participaron la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Gobiernos municipales del área de influencia, Comité Cívico de Oruro, Organizaciones Sociales, Comunidades Originarias y Colegios de Profesionales; la participación regional buscaba garantizar que el desarrollo del litio respondiera a una visión compartida de desarrollo territorial.

Como parte de este proceso se suscribió un convenio de cooperación entre la Universidad Técnica de Oruro y Yacimientos de Litio Bolivianos, el acuerdo tenía como finalidad fortalecer la investigación científica, capacitar recursos humanos, desarrollar tecnología aplicada, generar conocimiento especializado, vincular la academia con la industrialización; este convenio representó un paso importante para incorporar a la universidad pública dentro del proceso de transformación productiva.

A pesar de los avances conceptuales e institucionales, los resultados alcanzados han sido limitados; entre las principales dificultades identificadas se encuentran la falta de continuidad institucional, los cambios de prioridades y enfoques gubernamentales dificultaron la consolidación de una política sostenida para el Salar de Coipasa, exceso de estudios y escasa ejecución; numerosos estudios, convenios y anuncios no lograron traducirse en infraestructura industrial operativa, centralización de decisiones; la mayor parte de las decisiones estratégicas continuó concentrada en instancias nacionales, reduciendo la capacidad de incidencia regional, ausencia de resultados económicos visibles; hasta la fecha no se observa una transformación estructural de la economía orureña asociada a la industrialización del litio, débil articulación regional; las instituciones de Oruro no siempre fueron incorporadas como actores permanentes en la toma de decisiones estratégicas.

A pesar del enorme potencial geológico del Salar de Coipasa, la industrialización efectiva continúa siendo una tarea pendiente; la región sigue esperando: inversiones industriales concretas, transferencia tecnológica, generación de empleo especializado, desarrollo de proveedores regionales, mayor participación en la cadena de valor; la brecha entre el potencial existente y los resultados obtenidos sigue siendo uno de los principales desafíos.

Las tareas urgentes de la agenda regional respecto al litio deben estar enfocadas:

aprobación de una ley específica del litio; Bolivia necesita una legislación específica que otorgue estabilidad, continuidad y reglas claras para la industrialización del litio.

Una ley específica del litio que debe establecer políticas de industrialización, transferencia tecnológica, protección ambiental, participación regional, transparencia y control social, beneficios para las regiones productoras; concertación con la institucionalidad orureña; el futuro del Salar de Coipasa debe construirse con Oruro y no únicamente para Oruro; toda estrategia de industrialización debe ser concertada con: la Universidad Técnica de Oruro, Gobernación de Oruro, municipios, Comité Cívico, organizaciones sociales, comunidades originarias, colegios de profesionales, sector empresarial y las organizaciones civiles en general; la concertación debe convertirse en una política permanente y no en un proceso ocasional de socialización.

Agena Regional del Litio para Oruro

La propuesta es construir una Agenda Regional del Litio con metas de corto, mediano y largo plazo para la investigación científica, formación profesional, desarrollo tecnológico, empleo especializado y no especializado, infraestructura productiva, desarrollo comunitario entre otros.

Nueva distribución de beneficios y regalías; la industrialización del litio debe generar beneficios para toda Bolivia, pero también debe reconocer los derechos de las regiones productoras.

Por ello, corresponde abrir un debate nacional sobre un nuevo régimen de distribución de beneficios económicos acorde al proceso autonómico establecido por la Constitución Política del Estado.

Una futura Ley Especifica del Litio debe garantizar la participación efectiva del Departamento de Oruro en los beneficios generados por la industrialización; debe garantizar el fortalecimiento financiero de gobiernos departamentales y municipales; debe garantizar la inversión en educación, ciencia y tecnología, programas de desarrollo regional, protección ambiental y compensaciones territoriales.

No se trata únicamente de discutir regalías tradicionales, sino de construir un modelo moderno de distribución de beneficios compatible con el Estado Autonómico.

Hablar del Salar de Coipasa no es únicamente hablar del litio, es hablar del futuro de Oruro, es hablar de los jóvenes profesionales que buscan oportunidades laborales, de las universidades que desean aportar al desarrollo científico del país, de los municipios que esperan inversiones productivas y de las comunidades que anhelan participar de manera justa en los beneficios del desarrollo.

Los antecedentes demuestran que el Salar de Coipasa fue identificado hace muchos años como un recurso estratégico; también demuestran que se realizaron estudios, exploraciones, convenios y anuncios de inversión; sin embargo, la realidad evidencia que esos esfuerzos no lograron consolidar una industria capaz de transformar estructuralmente la economía regional.

La propuesta presentada en 2020 intentó cambiar esa realidad incorporando una visión integral de desarrollo regional, participación académica y articulación institucional; no obstante, los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que aún existe una distancia considerable entre las expectativas generadas y los avances concretos alcanzados.

Por ello, el desafío pendiente no es descubrir nuevas reservas ni elaborar más diagnósticos; el verdadero desafío consiste en construir consensos, garantizar continuidad institucional y ejecutar proyectos capaces de transformar el potencial geológico en desarrollo humano.

El debate sobre Coipasa debe salir de los informes técnicos y llegar a la agenda pública; debe involucrar a universidades, municipios, organizaciones sociales, instituciones cívicas, colegios profesionales, sectores productivos, autoridades nacionales y la sociedad civil en general; porque el futuro del litio no puede definirse únicamente desde los centros de decisión; debe construirse obligatoriamente desde las regiones donde se encuentran los recursos y donde sus beneficios deben sentirse de manera concreta.

La historia económica demuestra que los recursos naturales pueden convertirse en una bendición o en una oportunidad perdida; la diferencia radica en la capacidad de planificación, gestión y visión de futuro.

Hoy corresponde preguntarnos: ¿Queremos que Coipasa siga siendo una promesa o queremos que se convierta en una realidad para Oruro y Bolivia?

La respuesta exige liderazgo, compromiso y una política de Estado y no solamente una política de gobierno circunstancial; sino que trascienda gobiernos y coyunturas; porque el desafío ya no es solamente demostrar que existe litio en el Salar de Coipasa; el desafío es demostrar que somos capaces de transformarlo en desarrollo.

Resulta urgente incorporar el debate sobre el Salar de Coipasa en la agenda pública nacional y departamental; resulta urgente aprobar una Ley Especifica del Lito; resulta urgente concertar el desarrollo del litio con la institucionalidad orureña; resulta urgente construir un sistema justo de distribución de beneficios compatible con el régimen autonómico establecido en la Constitución Política del Estado; y resulta urgente comprender que el desarrollo del litio no será sostenible si las regiones productoras no participan de manera efectiva en las decisiones y beneficios generados por este recurso estratégico.

*Exviceministro de Altas Tecnologías Energéticas

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