El Gobierno y las tarifas de energía eléctrica

El Gobierno nacional no contempla por el momento un incremento en las tarifas de energía eléctrica, aunque tampoco puede asegurar que los precios se mantengan congelados hasta el final del mandato del Presidente Rodrigo Paz. Durante la presentación de dos proyectos de ley para impulsar las energías limpias y atraer inversiones, las autoridades explicaron que buscan mejorar las ganancias de las empresas generadoras sin trasladar costos adicionales a la población.

Declaraciones del Ministro de Hidrocarburos y Energías

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, aclaró este lunes 12 de octubre de 2026 que no se ha considerado subir la tarifa de luz actual. Sin embargo, al ser consultado sobre si podía asegurar estabilidad en los precios durante los próximos años, la autoridad señaló que no es posible dar certezas definitivas ni comprometer condiciones a largo plazo que no esté en capacidad de garantizar, según informó El Deber.

Proyectos para atraer inversiones en energías limpias

Para incentivar la llegada de nuevos capitales al sector sin afectar los bolsillos de los usuarios, la propuesta gubernamental incluye un sistema de subastas competitivas para proyectos de generación eléctrica. A través de este mecanismo, el Estado definirá en qué lugares del país se necesitan nuevas plantas de energía y los inversionistas privados podrán competir para construirlas, firmando contratos de compra de electricidad con una duración aproximada de 15 años o más.

Iniciativas normativas y energías renovables

Las iniciativas normativas abarcan proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica y con biomasa, además de promover el uso de baterías de almacenamiento, vehículos eléctricos y la instalación de paneles solares en viviendas. Asimismo, el plan mantiene la subvención al gas natural que utilizan las plantas termoeléctricas actuales para funcionar, buscando que las energías renovables vayan entrando de forma gradual al sistema nacional de electricidad.

Equilibrio entre empresas y consumidores

Frente a cuestionamientos sobre propuestas del sector empresarial para aumentar el precio del gas destinado a la generación eléctrica, el ministro indicó que cualquier medida debe equilibrar los intereses de las empresas con la protección de las familias, evitando impactos económicos en los sectores más vulnerables.

Aumento de autonomía y beneficios impositivos

La propuesta contempla otorgar mayor autonomía al regulador del sector y al Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) para fiscalizar las tarifas y proteger a los consumidores. Además, se plantea que la planificación de las obras quedará a cargo del ministerio. También se proponen beneficios impositivos para inversiones en energías verdes con un trato diferenciado para proyectos mayores o menores a 15 millones de dólares y la creación de un fondo para financiar investigaciones en biocombustibles e hidrógeno. Ambos proyectos de ley ya fueron enviados a la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación.

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Aumentan los pedidos desde el Legislativo para que el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, identifique a los legisladores implicados en corrupción que presuntamente recibían dinero del exfiscal General Roger Mariaca. Además, se solicita que presente pruebas que respalden sus acusaciones.

Claudia Bilbao pide transparencia

La diputada Claudia Bilbao pidió a la autoridad actuar con cautela y proporcionar nombres y apellidos si cuenta con información sobre los presuntos pagos. Afirmó que, según lo que conoce, Mariaca se habría acercado a algunos diputados para ofrecerles dinero, mientras que otros habrían recibido amenazas por negarse a reunirse con él.

“Si él tiene una denuncia, que hable con nombre y apellido, porque no puede mellar al primer poder del Estado”, manifestó la diputada. Bilbao sostuvo que las denuncias deben investigarse y esclarecerse sin generalizar las acusaciones contra el conjunto de los parlamentarios.

Consecuencias para los implicados

La legisladora añadió que, si se comprueba que algún diputado recibió dinero o formó parte de una bancada vinculada al exfiscal, debería apartarse de su cargo. “Cualquier diputado que haya recibido plata o sea parte de una bancada del señor, el exfiscal Mariaca, tendría que dar un paso al costado”, afirmó.

Reacciones de Freddy Camacho ante las acusaciones

Por su parte, el diputado Freddy Camacho sostuvo que corresponde a Maldonado demostrar las afirmaciones que realizó sobre la supuesta existencia de legisladores que respondían a los intereses de Mariaca. El diputado recordó el episodio en el que el vicepresidente Edmand Lara calificó al Legislativo como un “nido de delincuentes” y posteriormente pidió disculpas públicas.

“Quien ha dicho que hay bancadas de Mariaca, creo que es el viceministro Maldonado, tiene que dar los nombres y tiene que probar”, señaló Camacho. Añadió que, si la autoridad no puede respaldar sus declaraciones, debería disculparse e incluso considerar su renuncia al cargo.

Afirmaciones de Peter Maldonado sobre la estructura política

Las declaraciones de ambos legisladores surgen después de que Maldonado afirmara que el exfiscal general Roger Mariaca contaba con una estructura de apoyo político dentro de la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El viceministro sostuvo que algunos parlamentarios habrían recibido pagos mensuales a cambio de defenderlo y respaldarlo políticamente.

“Este narcofiscal tiene bancada tanto en Diputados como en Senadores, tiene diputados que le responden a él”, declaró Maldonado el 8 de octubre, sin identificar públicamente a los supuestos involucrados en ese momento. También afirmó que la estructura investigada tendría conexiones con jueces, policías y operadores económicos.

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Reuniones para combatir el narcoterrorismo

El presidente Rodrigo Paz iniciará esta semana una serie de reuniones con mandatarios de países vecinos para definir acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo. Esta información fue anunciada durante la ceremonia por los 103 años de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), realizada en Santa Cruz.

Contexto de la iniciativa

La iniciativa surge mientras avanzan las investigaciones sobre el narcotraficante Sebastián Marset. Además, el jefe de Estado denuncia amenazas en su contra y la población aún recuerda el atraco a una joyería cruceña. Ante los uniformados, Paz sostuvo que las naciones limítrofes deben ser socias del país frente a las bandas que operan en la región. “Las cinco fronteras tienen que ser nuestros principales aliados y nosotros de ellos para proteger la vida de nuestras sociedades, la vida de nuestras familias”, afirmó, citó Red Uno.

Aviso sobre infiltraciones

El presidente advirtió que estas organizaciones ya se infiltraron en distintos ámbitos del país y cuestionó la respuesta que las instituciones han dado a su avance. Como muestra de la amenaza, aludió a la captura en Santa Cruz de un integrante del Primer Comando da Capital (PCC), a quien vinculó con las intimidaciones que, según dijo, sufrió en su visita a Pando. “Yo fui ayer a Pando con la amenaza de muerte porque tengo que dar la cara como da la cara a las Fuerzas Armadas”, manifestó.

Estrategias para enfrentar el problema

Respecto a cómo enfrentar el problema, planteó que el Estado deje de actuar solo después de cada hecho violento, como el asalto a la joyería, y desarrolle la capacidad de anticiparse. Para ello, propuso reforzar la inteligencia y la vigilancia, incorporar tecnología, controlar mejor el espacio aéreo y compartir información con otros países. También sugirió coordinar a la Policía, las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales con responsabilidades claramente definidas.

Construcción de instituciones efectivas

“Lo importante es construir instituciones que puedan anticipar, coordinar y actuar con responsabilidades claras, apoyo militar excepcional y complementario en determinadas circunstancias”, expresó. Sobre ese reparto de funciones, precisó que la Policía debe mantener el rol central que le otorga la Constitución, y que los militares intervendrían solo como apoyo en situaciones específicas.

Papel de la Fuerza Aérea Boliviana

Paz también destacó la preparación de las unidades de la FAB y la necesidad de potenciar sus capacidades para resguardar el espacio aéreo y asistir a la población en emergencias. “El país necesita una Fuerza Aérea preparada para defender su soberanía, vigilar su espacio aéreo, servir a la población cuando más la necesita”, afirmó.

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Rodrigo Paz rinde homenaje a la democracia en Bolivia

El Presidente Rodrigo Paz rindió homenaje este sábado 10 de octubre a los 44 años del retorno a la democracia en Bolivia desde el municipio de San Borja, Beni. Durante su discurso, instó a la población boliviana a defender el sistema democrático frente a sectores que buscan reactivar medidas de presión y violencia, tales como marchas y bloqueos.

Inversiones y conmemoraciones en San Borja

En los actos protocolares conmemorativos por los 333 años de fundación del municipio beniano, el jefe de Estado anunció millonarias inversiones en obras públicas. Además, remarcó el incalculable costo humano e histórico que significó recuperar las libertades políticas y la vigencia constitucional tras casi dos décadas de dictaduras militares en el país.

Tributo a luchadores por la democracia

En su alocución, Rodrigo Paz rindió tributo a hombres y mujeres de la historia nacional que lucharon por la vigencia de las libertades y la institucionalidad. Citó de forma explícita a figuras emblemáticas como:

• Marcelo Quiroga Santa Cruz
• El sacerdote Luis Espinal Camps
• La líder minera Domitila Chúngara
• La expresidenta Lidia Gueiler Tejada

Advertencias sobre la violencia y movilizaciones

Al recordar el convulsionado contexto político del golpe de Estado asestado por Luis García Meza contra el gobierno de Gueiler, la autoridad contrapuso de manera directa aquellos capítulos caracterizados por la violencia con el panorama social contemporáneo, indicó ABI. El mandatario advirtió con preocupación sobre el accionar de ciertos grupos que intentan resucitar metodologías de confrontación pasadas basadas en enfrentamientos armados, agresiones a pedradas y el cierre de carreteras para profundizar la división y la distancia entre la ciudadanía boliviana.

Movilizaciones anunciadas por sectores evistas

Esta advertencia presidencial se produce justo en la antesala de las movilizaciones y la marcha a La Paz anunciadas a partir del 13 de octubre por sectores “evistas”. Estos grupos determinaron adoptar estas medidas de fuerza tras vencer el plazo otorgado al Ejecutivo para revertir decisiones económicas de coyuntura, tales como:

• La suspensión de la subvención al diésel
• La emisión de decretos vinculados a la gestión de empresas públicas

Defensa del diálogo y las instituciones democráticas

Frente al emplazamiento de dichos grupos y la amenaza de una escalada en los conflictos sociales, Rodrigo Paz enfatizó que el camino legítimo para resolver cualquier divergencia radica, de forma innegociable, en las instituciones democráticas, el diálogo persistente y los consensos mutuos. Sostuvo que, a diferencia de los regímenes de facto donde las decisiones se imponían por la fuerza y no existían autoridades ni representantes electos por voto popular, la democracia exige insistir de manera incansable en la concertación para alcanzar puntos de encuentro pacíficos y sostenibles entre todos los bolivianos.

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El presidente de la Comisión de Política Internacional del Senado, Nicanor Cochi, exhortó al Ejecutivo a agilizar el envío de nombres para la designación de embajadores en el extranjero. Esta solicitud surge ante los reclamos de bolivianos que residen fuera del país y que enfrentan dificultades para realizar trámites consulares.

Falta de propuestas y reclamos ciudadanos

Cochi señaló que, a pesar de una solicitud presentada a mediados de septiembre, hasta el momento no recibió nuevas designaciones, más allá de dos propuestas que llegaron anteriormente. El senador explicó que la comisión envió una nota al Ejecutivo para solicitar la lista de postulantes y poder evaluar las designaciones, respaldarlas o sugerir otros nombres.

Según indicó, se había anunciado que durante octubre llegaría al menos el 50% de las listas pendientes, pero hasta ahora continúan a la espera. “Hay fuertes reclamos en los diferentes países, donde están los bolivianos, que quieren tramitar sus documentos y no lo pueden hacer”, manifestó Cochi, al insistir en la necesidad de avanzar con el proceso para dar certidumbre a los ciudadanos que viven en el extranjero.

Reclamos sin respuesta

El legislador recordó que el reclamo fue planteado a mediados de septiembre y que, hasta la fecha, no obtuvieron resultados. En ese sentido, pidió al Presidente Rodrigo Paz y a los ministros correspondientes acelerar los trámites antes de la reestructuración de las presidencias de las comisiones legislativas, prevista para después del 15 de octubre.

Declaraciones del excanciller Fernando Aramayo

Consultado sobre las declaraciones del excanciller Fernando Aramayo, quien habría señalado que se enviaron diez designaciones, Cochi afirmó que la comisión no recibió esa cantidad de propuestas. “No he escuchado su conferencia, pero no ha llegado nada; no envió ni los diez. No llegó. Solamente llegó de esas dos, para Paraguay y para el representante ante la OEA”, sostuvo.

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Después de que el Fiscal General interino, Armando Urioste, revelara que le dio su currículo a un empresario para acceder al cargo que ahora desempeña, aumentan los pedidos para que la máxima autoridad judicial revele el nombre de esta persona.

Reacciones de legisladores ante la situación

En las últimas horas, la diputada Claudia Bilbao anunció que presentaría una petición de informe para esclarecer la situación. La legisladora consideró que una autoridad de este calibre no puede hacer declaraciones como esa, en medio de los esfuerzos que están haciendo todos para cambiar la política del país.

“Le pido que cuide lo que hoy nos ha costado tener, que es la independencia de poderes. Esperemos que ese fiscal dé una explicación de lo que ha dicho (…) Dudo que haya un diputado que haya entregado el currículo de este fiscal. Seguramente, ha habido sugerencia de alguna de las bancadas. Eso sí es cierto, porque si no, ¿de dónde sale el nombre?”, manifestó Bilbao.

Exigencias del vicepresidente del Estado

Por su parte, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, señaló que la autoridad interina debe actuar en el marco de la transparencia. “Urioste manifestaba que un empresario de Santa Cruz le había pedido su currículo (…) Yo le pediría que diga cuál es el nombre de este empresario”, exigió el segundo mandatario.

Demandas adicionales por parte de otros legisladores

Al día siguiente de la revelación, la diputada Claudia Herbas declaró que Urioste debe revelar el nombre de este empresario por decencia. Posteriormente, esta persona debe expresar qué vínculos tiene en la Asamblea Legislativa.

“¿Quién es este empresario, fiscal? Queremos saber quién es este empresario al que el actual fiscal interino le ha entregado su currículo, ¿qué negocios tiene con él?, ¿qué asambleístas están implicados en esto?, ¿este señor tiene alguna relación con Tuto, Paz, Samuel, Manfred? Queremos saber”, declaró Herbas.

Respuesta del Fiscal General interino

En respuesta, el Fiscal General interino ratificó que mantendrá en reserva la identidad del empresario que le pidió su currículo y pudo haber sugerido su nombre para ocupar el cargo que funge desde inicios de la presente semana.

“Yo reservo la privacidad de la persona, porque esto se ha hecho tan viral que podría perjudicar de alguna manera. Entonces, yo no le veo ningún problema a que alguien proponga”, sostuvo Urioste, quien precisó que no está seguro de que ese empresario haya presentado su nombre ante algún legislador ni conoce a quién pudo haber entregado la información.

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La bancada de la alianza Libre presentó este viernes 9 de diciembre una proposición acusatoria para impulsar un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y Álvaro García Linera. Esta acción se relaciona con los hechos ocurridos durante el operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009. La iniciativa busca que el Ministerio Público active el procedimiento correspondiente para establecer posibles responsabilidades de ambas exautoridades.

Detalles sobre la acusación

La presentación de la acusación fue anticipada por el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, el 6 de octubre. En declaraciones recogidas por El Deber y la Agencia de Noticias Fides (ANF), Quiroga anunció que parlamentarios de su bancada firmarían la proposición y que otros legisladores podrían sumarse. También señaló que pretendía presentar el documento ante el Fiscal General interino, José Armando Urioste.

Quiroga sostuvo que la acción busca esclarecer las responsabilidades por el operativo policial que terminó con la muerte de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.

El líder de Libre afirmó que Morales debía responder por la intervención y señaló a García Linera por una declaración pública del entonces mandatario en la que aseguró haber dado instrucciones al vicepresidente y al comandante de la Policía para ejecutar el operativo.

Reacciones y contexto legal

Hoy, en Sucre, el diputado Antonio Pino pidió al fiscal Urioste que remita esta acusación a la Asamblea Legislativa para que sea esta instancia la que autorice el juicio de responsabilidades. El legislador precisó que ambas exautoridades deben responder porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya se pronunció al respecto, considerando los hechos de ese día como delitos de lesa humanidad.

“Este no es un hecho que incita al revanchismo, no es una proposición de persecución política, sino un acto de redención jurídica; las víctimas de este caso merecen justicia, el pueblo boliviano merece justicia”, declaró el legislador.

Caso Hotel Las Américas en el sistema interamericano

El caso Hotel Las Américas también se encuentra en el sistema interamericano de derechos humanos. Según información de la Procuraduría General del Estado, el expediente conocido como Tadic Astorga y otros vs Bolivia fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara al Estado boliviano realizar una investigación penal diligente y efectiva, además de reparar las vulneraciones de derechos humanos identificadas.

En su informe de fondo, la CIDH atribuyó al Estado boliviano responsabilidad por la privación arbitraria de la vida de Michael Dwyer y determinó que hubo tortura, detenciones ilegales y arbitrarias, así como vulneraciones de garantías judiciales en perjuicio de otras personas vinculadas al caso.

Sin embargo, el organismo recomendó investigar los hechos para identificar las responsabilidades individuales; sus conclusiones sobre la responsabilidad estatal no equivalen por sí mismas a una determinación de culpabilidad penal de Morales o García Linera.

Siguientes pasos del juicio

Ahora, una proposición acusatoria contra exmandatarios, como la presentada por Libre, debe seguir el procedimiento establecido para el juicio de responsabilidades. La Fiscalía debe evaluar los antecedentes y, si corresponde avanzar, el trámite pasa por las instancias previstas en la normativa. Esto incluye la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de votos.

No obstante, la presentación de la proposición acusatoria no implica que el juicio haya comenzado ni que exista una declaración de culpabilidad contra los exmandatarios. El avance del caso dependerá de la evaluación fiscal y del cumplimiento de las etapas legales correspondientes.

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Nombramiento de viceministros en Bolivia

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, posesionó la noche de este miércoles a tres nuevos viceministros en las áreas de Régimen Interior, Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Narcotráfico.
El acto oficial se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, con el objetivo de iniciar una nueva etapa en la gestión de la seguridad estatal y tras la renuncia presentada horas antes por la autoridad saliente de Régimen Interior, Hernán Paredes.

¿Quiénes son los nuevos viceministros?

Las autoridades que asumieron sus cargos son:

• Peter Maldonado-Bacovyc como viceministro de Régimen Interior y Policía;
• Antonio Montero Torrico, en el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito;
• Dorian Fernando Badani Villegas al frente del Viceministerio de Lucha Contra el Narcotráfico.

Durante la ceremonia, el ministro Oviedo agradeció el trabajo realizado por Hernán Paredes durante la primera fase de la gestión y señaló que el Ejecutivo tiene previsto asignarle nuevas funciones en otra cartera del Estado.

Perfiles de los nuevos viceministros

En cuanto al perfil de las nuevas autoridades:

• Peter Maldonado es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con formación en educación superior, fue diputado nacional entre 2006 y 2020, y se desempeñó como docente universitario y consultor político.
• Dorian Badani posee más de 25 años de experiencia en gestión pública y cooperación internacional, con maestría en Recursos Humanos y especializaciones en desarrollo organizacional y derechos humanos.
• El general Antonio Montero, oriundo de Potosí, cuenta con una trayectoria en la institución policial donde ocupó cargos de máxima jerarquía, incluyendo la Comandancia General, la Inspección General y la Dirección Nacional de Tránsito.

Compromisos y objetivos

Durante el uso de la palabra en representación de los posesionados, el viceministro Peter Maldonado afirmó que enfocarán su labor en la recuperación de las instituciones y el combate a la delincuencia. En su intervención, Maldonado afirmó que durante las últimas dos décadas el territorio boliviano sufrió la penetración de la delincuencia y grupos dedicados al narcoterrorismo. Sostuvo que el país está comenzando un nuevo ciclo político, económico y social, fijando como objetivo principal de su despacho la recuperación de las instituciones públicas para ponerlas nuevamente al servicio de la ciudadanía.

Criticas a gestiones anteriores

Maldonado dedicó una parte central de su mensaje a criticar la labor previa de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aseguró que el exfiscal general Roger Mariaca paralizó la justicia y que, en lugar de defender a la población, brindó protección al crimen organizado y al narcotráfico a cambio de dinero. Asimismo, destacó como un logro reciente la detención de Mariaca por su presunta complicidad con estas actividades delictivas.

Corrupción en administraciones pasadas

Respecto a la cartera de Gobierno en administraciones pasadas, Maldonado aseveró que en las propias instalaciones del ministerio se cobraban sobornos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a cambio de brindarle protección estatal.

Nueva etapa en gestión de seguridad estatal

A su turno, el ministro Marco Antonio Oviedo afirmó que la incorporación de este equipo marca el inicio de una segunda etapa de trabajo enfocada en desmontar organizaciones criminales y consolidar la convivencia pacífica. En su discurso, el ministro hizo referencia a los recientes 53 días de bloqueos de carreteras registrados en el país. Señaló que durante esos eventos, la Policía Boliviana registró un saldo de 55 efectivos heridos, varios por impactos de proyectil, mientras se realizaban operativos de desbloqueo y decomiso vinculados a dichas actividades.

El acto concluyó con la toma de fotografías oficiales de la nueva directiva junto al ministro de Gobierno, familiares y los integrantes del Alto Mando Policial, encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez.

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El diputado de Libre, Edgar Zegarra, respondió este miércoles 7 de octubre al anuncio del líder de esa alianza, Jorge Tuto Quiroga, quien propuso investigar a legisladores de su bancada ante denuncias de presunto prebendalismo en política. Zegarra afirmó que los parlamentarios tienen criterio propio para asumir posiciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Somos parlamentarios, no somos esclavos. Somos parlamentarios que sabemos pensar, digerir, discernir y hablar de frente las cosas y responder a los que nos han elegido”, afirmó Zegarra.

Reacciones ante el anuncio de investigación

El legislador aseguró que se encuentra tranquilo frente al anuncio de una eventual investigación y sostuvo que siempre actuó de manera transparente. “Yo estoy tranquilo porque no tengo nada que temer. Siempre he obrado transparentemente y de frente”, manifestó.

Las declaraciones de Zegarra se producen después de que Quiroga anunciara que solicitará una investigación sobre legisladores que llegaron a sus curules con votos de Libre y que, según afirmó, estarían incurriendo en actuaciones “muy sospechosas”.

Preocupaciones de Jorge Tuto Quiroga

Tuto Quiroga expresó: “Tengo serias preocupaciones e indicios de gente que, con mis votos, está ocupando un curul y está haciendo cosas que son muy, muy sospechosas. Voy a pedir que se investigue, que se llegue a fondo”.

Posibles irregularidades en la bancada

El líder de Libre vinculó su anuncio con la elección del Fiscal General del Estado interino, Armando Urioste, y cuestionó la posibilidad de que algunos parlamentarios de la alianza hayan actuado al margen de las decisiones de la organización. Además, calificó como grave cualquier eventual prebendalización parlamentaria, mencionando posibles acuerdos que involucren cargos, contratos, concesiones, dádivas o dinero.

Acciones desde Libre ante las acusaciones

Desde Libre se anunció que se reunirán elementos para establecer si algunos legisladores incurrieron en actuaciones irregulares y evaluar posibles casos de transfugio. El diputado Sergio Vásquez señaló que cualquier investigación requerirá pruebas antes de adoptar medidas.

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La jefa de bancada de Libre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Tomasa Yarhui, cuestionó este martes 6 de octubre la inasistencia de varias bancadas a una reunión de coordinación legislativa. En esta reunión, se tenía previsto abordar la convocatoria para iniciar el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado titular. Según su criterio, se están haciendo cálculos políticos para retrasar este proceso.

Detalles de la reunión legislativa

Yarhui explicó que la reunión se realiza habitualmente los martes a las 09:00 horas en la Vicepresidencia. En la agenda de esta jornada estaba previsto tratar la convocatoria para la elección de la máxima autoridad del Ministerio Público. Sin embargo, afirmó que solamente la bancada de Libre estuvo presente.

Importancia del proceso de selección

La legisladora advirtió que el retraso adquiere relevancia debido al carácter temporal de la gestión del Fiscal General interino, José Armando Urioste. Recordó que la normativa establece un plazo máximo de 90 días para el interinato, por lo que consideró necesario acelerar el proceso de selección y elección de la autoridad titular.

Urioste fue designado por la ALP el 3 de octubre, después de la suspensión definitiva de Roger Mariaca, y asumió como Fiscal General interino para ejercer funciones mientras se desarrolla el proceso constitucional para elegir al titular.

Demandas para avanzar en el proceso

“Tenemos que apresurar la elección de la autoridad titular. Eso es muy importante”, afirmó Yarhui, quien pidió a los jefes de bancada participar en las reuniones de coordinación y demostrar voluntad política para avanzar.

La senadora también cuestionó la ausencia de representantes de Unidad Nacional, Súmate, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la reunión. Consideró que la falta de participación de las distintas fuerzas políticas dificulta la construcción de una agenda legislativa consensuada.

Otros pendientes legislativos

Además de la elección del fiscal general titular, Yarhui mencionó como pendientes la designación de otras autoridades titulares. Entre ellas se encuentran el Contralor General del Estado, autoridades de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el Banco Central de Bolivia, y la Aduana Nacional.

La legisladora sostuvo que la Asamblea tiene pendiente cumplir con su responsabilidad de completar estas designaciones. Además, pidió que la coordinación política permita avanzar en los procesos antes de que concluya el periodo de interinato de Urioste.

“Que no haya ninguna mano oscura por ahí para poder dilatar este tema tan importante para la democracia y para la institucionalidad”, manifestó Yarhui.

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Renuncia irrevocable del fiscal departamental de Cochabamba

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, presentó este martes 6 de octubre su renuncia irrevocable al cargo mediante una nota dirigida al fiscal general interino, José Armando Urioste. Esta dimisión se produce un día después de que Urioste asumiera la misión de sanear la institución, anunciando que todos los fiscales departamentales pondrían sus cargos a disposición, según señala Unitel.

Detalles de la carta de renuncia

En su carta, Tejerina indica que actualmente desempeña funciones de manera provisional. Solicita a la autoridad determinar lo que corresponda conforme a la normativa vigente y las atribuciones institucionales. Además, expresa su disposición para realizar, si es necesario, la entrega ordenada de documentación, bienes, información y asuntos pendientes relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Antecedentes de Osvaldo Tejerina

En cuanto a sus antecedentes, menciona que es egresado de la convocatoria pública externa N.º 001/2023, correspondiente al Cuarto Programa de Formación Inicial para el Ingreso a la Carrera Fiscal, desarrollado por la Fiscalía General del Estado, según señala Red Uno. Osvaldo Tejerina asumió como fiscal departamental de Cochabamba el 3 de abril de 2024, durante la gestión del exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Posteriormente, el 25 de octubre de 2024, fue ratificado en el cargo por el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Cita relevante en la carta

Tejerina también dejó una cita en su carta de dimisión: “Por medio de la presente, me dirijo a su autoridad con el debido respeto, a objeto de presentar ante su Autoridad la Renuncia Irrevocable al Cargo de Fiscal Departamental de Cochabamba”. Asimismo, señala que su salida ocurre para que la nueva autoridad nacional “determine lo que corresponda conforme a la normativa vigente”.

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El Gobierno de Bolivia busca cooperación internacional

El Gobierno de Bolivia decidió activar mecanismos de cooperación regional e internacional para lograr la captura del expresidente Evo Morales. Esta medida es prioritaria para el gabinete ministerial, con el fin de que el exmandatario responda ante la justicia, según Visión 360, basado en declaraciones del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Justificación del apoyo internacional

Durante una entrevista en Radio Erbol, Aramayo fundamentó la necesidad de asistencia exterior al señalar el alcance de las alianzas del expresidente. “La colaboración internacional es fundamental. Estamos hablando de alguien que está naturalmente involucrado en estas redes y organizaciones internacionales. Los 53 días se activan mecanismos de desinformación y acciones de estructuras que han estado siempre apoyando esta arquitectura a la que pertenece el señor Morales y otros líderes en el tiempo del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)”, afirmó Aramayo.

Detalles sobre la aprehensión

La autoridad gubernamental justificó la reserva sobre los detalles operativos de la aprehensión, indicando que la situación requiere un abordaje particular. Al respecto, declaró: “En realidad, nosotros ya estamos trabajando en ese contexto hace algún tiempo. No podemos dar más datos porque alguien que ha generado estructuras sociales, hasta milicias armadas y una arquitectura territorial que está usando para su propio atrincheramiento necesita de una actuación especial y específica”. Además, remarcó que cualquier operativo se ejecutará en el marco normativo vigente y bajo pleno ejercicio de la soberanía nacional.

Postura oficial del Ejecutivo

Sobre la determinación del Ejecutivo ante los requerimientos judiciales, Aramayo enfatizó la postura oficial: “Si son acciones que se deben llevar adelante, el presidente y su gabinete de ministros han tomado la decisión de que se debe poner orden en muchos aspectos que en el país habían sido postergados. Hacer que el señor Evo Morales responda ante la justicia constituye una prioridad, sin lugar a dudas”.

Órdenes de aprehensión contra Evo Morales

Actualmente pesan sobre Morales dos órdenes de aprehensión: la primera fue emitida en 2024 y renovada en 2025 por denuncias vinculadas a una presunta relación con una menor de edad durante su mandato. La segunda deriva de una querella del Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que se adhirió el Ministerio de Gobierno por presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, asociación delictuosa y atentados contra la seguridad de los transportes tras más de 50 días de bloqueos de carreteras financiados, según el Gobierno, por el “narcoterrorismo”.

Rechazo a las acusaciones

En contraposición a los señalamientos del Ejecutivo, la defensa legal de Evo Morales y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) han rechazado sistemáticamente la validez de ambos procesos, calificándolos como una estrategia de persecución judicial y política (lawfare). El entorno del exmandatario niega la presencia de milicias o grupos armados en las zonas de resguardo social y sostiene que las movilizaciones corresponden a protestas legítimas de bases campesinas e indígenas, denunciando además vulneraciones a las garantías del debido proceso.

Evo Morales y su legado político

Finalmente, el ministro Aramayo señaló que Morales proyectó la imagen de un presidente “encubridor del terrorismo” y sostuvo que utilizó un “discurso vacío” sobre la madre tierra y la diversidad cultural. Estas alusiones se enmarcan en el contexto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), bloque fundado en 2004 por Fidel Castro y Hugo Chávez, del cual Bolivia se retiró formalmente en 2025 durante la gestión del expresidente Luis Arce por diferencias políticas.

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Rodrigo Paz Pereira y la reforma judicial en Bolivia

El Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmó este lunes 5 de octubre que se debe recomponer la justicia para los ciudadanos como una forma de retomar la institucionalidad, la credibilidad y la independencia del sector. “Debemos recomponer la justicia para los ciudadanos. Creo que, al igual que estamos tomando decisiones, también agradezco —y lo digo siempre, no tengo por qué no hacerlo— a aquel ente colegiado del cual participé, como es el Parlamento, cuando aprueba ciertos créditos que son necesarios para la reactivación de la economía o leyes que son para los cambios de la institucionalidad del Estado”, remarcó Paz en el hall de Palacio Quemado.

Demandas al nuevo Fiscal General interino

Asimismo, el Presidente demandó al nuevo Fiscal General interino, José Armando Urioste, recuperar de forma inmediata la institucionalidad, la credibilidad y la independencia del Ministerio Público. Esto ocurre tras la aprobación de nuevas leyes destinadas a reformar la justicia. Durante su discurso, Paz Pereira destacó el rol del Parlamento en la aprobación de reformas institucionales y créditos para la reactivación económica, enfatizando que estas medidas buscan mejorar la vida de los ciudadanos, informó el boletín informativo del Gobierno.

Advertencia sobre el ritmo de gestión pública

El Primer Mandatario lanzó una fuerte advertencia sobre el ritmo de la gestión pública, afirmando que “en política, un día equivale a tres días de trabajo” debido al vértigo de las decisiones estatales. Esta situación reduce el margen de espera de la población. Con la exigencia directa al fiscal interino José Armando Urioste y el respaldo a las reformas impulsadas desde el Parlamento, la postura de Paz Pereira coloca la reconstrucción judicial en el centro de la estabilidad institucional del país.

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• Paz plantea 4 desafíos a Urioste para el Ministerio Público

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El Presidente Rodrigo Paz planteó este lunes 5 de octubre cuatro desafíos al Fiscal General del Estado interino, José Armando Urioste. Estos desafíos están orientados a recuperar la institucionalidad y la confianza en el Ministerio Público, garantizar su independencia e iniciar una transición hacia su transformación.

Recuperar la institucionalidad

Paz señaló que el primer desafío es recuperar la institucionalidad, de manera que las decisiones del Ministerio Público estén fundamentadas en la ley. El mandatario sostuvo que Bolivia atraviesa una crisis institucional que debilitó la confianza de la ciudadanía en fiscales, jueces y tribunales.

Recuperar la credibilidad en la Fiscalía

Como segundo punto, planteó recuperar la credibilidad en la Fiscalía, con el objetivo de que los ciudadanos vuelvan a confiar en que sus denuncias serán investigadas independientemente del poder o la influencia de las personas involucradas.

Garantizar la independencia del Ministerio Público

El tercer desafío está relacionado con garantizar la independencia del ministerio público. Paz sostuvo que ni el Gobierno, los partidos políticos, los intereses económicos ni las organizaciones criminales deben controlar las investigaciones ni utilizar la Fiscalía para perseguir.

“Ni Gobierno, ni partidos, ni intereses económicos, ni organizaciones criminales deben controlar una investigación ni para perseguir”, afirmó.

Iniciar una transición hacia la reforma institucional

Finalmente, el Presidente pidió iniciar una transición para la transformación del Ministerio Público, con miras a una reforma institucional en Bolivia. En ese marco, señaló que el Ejecutivo cuenta con preacuerdos con instancias de cooperación internacional para apoyar la modernización de la Fiscalía y comprometió canalizar recursos y asistencia para ese proceso.

Resumen de los desafíos planteados

Paz resumió los cuatro puntos al señalar que Urioste tiene “cuatro muy claros” desafíos: recuperar la institucionalidad, recuperar la credibilidad, garantizar la independencia e iniciar una transición.

Controversia durante el acto de reconocimiento

El acto de reconocimiento se desarrolló en medio de la controversia que desató el vicepresidente Edmand Lara al anticipar que no posesionaría a Urioste sin antes verificar que se cumplieron con todos los procedimientos durante la sesión Legislativa. Para este cometido, mientras se desarrollaba el acto de reconocimiento en Palacio Quemado, Lara pidió que se remita a Vicepresidencia todos los documentos requeridos antes de considerar la posesión de Urioste.

Declaraciones del Fiscal General interino

Por su parte, el Fiscal General interino declaró antes de ingresar al acto que la posesión por parte del Legislativo era necesaria y que ya se comunicó con la Vicepresidencia para coordinar todos los aspectos necesarios.

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La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), liderada por el vicepresidente Edmand Lara, solicitó este lunes 5 de octubre al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, la remisión “inmediata, íntegra y formal” de los documentos y antecedentes originales correspondientes a la Décima Octava Sesión Ordinaria. Esta solicitud se centra en los relacionados con la designación de José Armando Urioste como Fiscal General del Estado interino.

Detalles de la solicitud

La solicitud fue formalizada mediante un comunicado emitido este lunes, en medio de la controversia sobre la posesión de Urioste. El documento señala que la Presidencia de la ALP requiere conocer oficialmente los actuados de la sesión, incluyendo:

• Convocatoria
• Asistencia y verificación de quórum
• Antecedentes considerados
• Postulaciones o mociones
• Votación realizada
• Resultado obtenido
• Instrumento mediante el cual se formalizó la decisión del pleno

Necesidad de documentación oficial

Según el comunicado, esta documentación es necesaria para garantizar “la continuidad institucional, la seguridad jurídica, la transparencia y la debida constancia de los actos” de la Asamblea Legislativa. De esta manera, se busca evitar que decisiones de trascendencia institucional sean asumidas únicamente sobre la base de información pública, verbal o extraoficial.

Próximos pasos tras recibir documentación

La Presidencia de la ALP indica que, una vez que se remita la documentación oficial y se tome conocimiento formal de los actuados, se considerará la convocatoria al acto de posesión y juramento del Fiscal General del Estado interino designado por el pleno.

El comunicado reafirma que las actuaciones de la Asamblea se desarrollarán con respeto a la Constitución Política del Estado, el debido proceso, la seguridad jurídica, la legalidad, la transparencia y la separación e independencia de los órganos del Estado.

Reconocimiento a Urioste por parte del Presidente

La posición de Lara se conoció al mismo tiempo en que el Presidente Rodrigo Paz encabezó un acto en el Palacio Quemado para reconocer a José Armando Urioste como Fiscal General interino. Este reconocimiento ocurrió pese a que el nuevo titular del Ministerio Público todavía no había sido posesionado formalmente por la Presidencia de la Asamblea. Durante ese acto, Paz planteó a Urioste cuatro desafíos para su gestión:

• Recuperar la institucionalidad
• Recuperar la credibilidad
• Garantizar la independencia
• Iniciar una transición en el Ministerio Público

Afirmaciones de Urioste sobre su elección

Urioste sostuvo que fue elegido por más de dos tercios de los votos en la ALP y afirmó que corresponde cumplir con el acto protocolar de posesión. Antes del reconocimiento en Palacio Quemado, señaló que ya había tomado contacto con la Vicepresidencia y que esperaba la convocatoria correspondiente.

Causas del conflicto en torno a su designación

El conflicto se originó después de que la ALP, durante una sesión realizada en ausencia de Lara, suspendiera definitivamente a Roger Mariaca y eligiera a Urioste como Fiscal General interino. Tras retornar al país, Lara cuestionó el procedimiento utilizado y anunció que revisaría los antecedentes y su legalidad antes de proceder con la posesión.

Suspensión de sesión ordinaria por parte de Lara

En ese marco, la Presidencia de la ALP suspendió también la sesión ordinaria prevista para este lunes, en la que estaba contemplada la posesión de Urioste. Esta suspensión condicionó una nueva convocatoria a la recepción, sistematización y conocimiento de la documentación requerida.

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José Armando Urioste asume como fiscal general interino

En el Palacio de Gobierno, el fiscal general interino electo, José Armando Urioste, participó este lunes 5 de octubre en un acto de reconocimiento organizado por la administración del Presidente Rodrigo Paz. Durante el evento, que reunió a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, así como a diversas autoridades del Gobierno y legisladores, Urioste defendió la legitimidad de su designación por parte de la Asamblea Legislativa. Además, ratificó su propuesta de realizar una limpieza integral en el Ministerio Público durante los 90 días de su interinato.

Transparencia en el nombramiento

A su llegada a la sede del Ejecutivo, José Armando Urioste buscó abordar los cuestionamientos sobre la transparencia e independencia de su nombramiento. En su intervención, aseguró: “no pagó ni un peso” ni ejerció influencia política para ser seleccionado por el pleno parlamentario. Subrayó que su prioridad será brindar seguridad jurídica e institucional a la población.

Compromiso con la justicia

Respecto al desarrollo del trabajo fiscal, Urioste anunció que impulsará la continuidad e investigación de todas las causas judiciales vigentes en el país. “Todas las acciones que están en curso van a seguir, nuestro plan es transparencia, seguridad jurídica, no vamos a tapar absolutamente nada. Entonces, darle la tranquilidad a la población de que estamos para hacer las cosas correctas”, aseveró ante los medios de comunicación, según El Deber. Al ser consultado sobre si mantendrá el curso de las investigaciones relacionadas con el caso del exasesor presidencial Fernando Cerimedo, remarcó: “Todo se va a investigar, absolutamente todo”.

Cumplimiento estricto de las leyes

En esa misma línea, el fiscal general interino reiteró que el cumplimiento de las leyes se aplicará de manera estricta y sin distinciones. “Si hay que aprehender a alguien, se va a aprehender; si hay personas inocentes, van a salir inocentes; (pero) los culpables van a pagar como establece la norma; vamos a generar seguridad jurídica, no vamos a encubrir a ningún delincuente, no vamos a tapar ningún hueco”, enfatizó.

Postura del vicepresidente Edmand Lara

Finalmente, Urioste se refirió a la postura del vicepresidente Edmand Lara, quien manifestó que no procederá a la posesión del nuevo fiscal sin verificar minuciosamente la legalidad de la elección realizada en la Asamblea Legislativa. Al respecto, Urioste confirmó que ya tomó “contacto con la Vicepresidencia” para ser convocado a los actos protocolares y confió en que la revisión de los antecedentes ratificará el proceso. “Yo creo que (Lara), ya viendo los papeles, lo que ha pasado, verá que la Asamblea Legislativa en pleno ha hecho la elección de mi persona como autoridad correspondiente; en consecuencia, debe cumplirse con lo que establece la norma”, concluyó.

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El Presidente Rodrigo Paz promulgó este viernes 2 de octubre de 2026 la Ley 1773/2026, que modifica el artículo 25 de la Ley 260, Orgánica del Ministerio Público. Esta nueva norma establece un mecanismo para la suspensión definitiva del Fiscal General del Estado y permite a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) avanzar en la designación de una autoridad interina. La ley fue aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, en medio de la crisis generada por la aprehensión del Fiscal General Roger Mariaca.

Declaraciones del Presidente Rodrigo Paz

Durante el acto de promulgación, el Presidente Paz agradeció a los legisladores por su trabajo y destacó que esta decisión corresponde al Parlamento como representación de la ciudadanía. “Hoy día el Parlamento decidió, decidió sobre una verdad, una verdad que Bolivia vio y que necesitaba de la decisión de esas instituciones”, afirmó.

Transformación institucional en Bolivia

Paz sostuvo que esta modificación representa el inicio de un proceso de transformación institucional. Además, señaló que la Asamblea deberá asumir nuevas decisiones a partir de esta reforma. “El valor de esta reforma es el inicio”, manifestó, refiriéndose al trabajo que tendrá que desarrollar el Legislativo en las próximas horas.

Mecanismo para la suspensión del Fiscal General

La modificación establece que la Asamblea Legislativa podrá disponer la suspensión definitiva del Fiscal General cuando exista una imputación formal y/o una medida cautelar personal por delitos sancionables con privación de libertad. Esto se realizará mediante el voto de dos tercios de los asambleístas presentes. La norma también establece el mecanismo para designar a una autoridad interina mientras se desarrolla el procedimiento para elegir al titular del Ministerio Público.

Enfrentando estructuras criminales

Paz vinculó esta reforma con la necesidad de enfrentar estructuras de crimen organizado dentro de las instituciones del Estado y afirmó que el país atraviesa un proceso de cambio institucional. “Estas son las decisiones que cambian el Estado. Estas son las decisiones que van transformando la necesidad de una Bolivia más justa, más solidaria, más cercana”, sostuvo.

Agradecimientos a los legisladores

El Presidente también destacó el trabajo realizado por los legisladores durante el tratamiento de la norma y pidió que asuman las decisiones correspondientes en las siguientes horas. “Felicito de corazón a las dos cámaras y a los hombres y mujeres que no solo hicieron este trabajo durante esta semana, sino los meses y meses de investigación y los meses y meses que vendrán a futuro”, señaló.

Impacto en el Ministerio Público

Con la promulgación de esta reforma, la Asamblea Legislativa queda habilitada para retomar el tratamiento de la situación del Ministerio Público y aplicar el nuevo mecanismo previsto en la Ley 260. Este procedimiento se da después de la aprehensión de Mariaca, a quien el Gobierno acusa de presuntos vínculos con una estructura criminal relacionada con el narcotráfico; estas acusaciones deberán ser establecidas dentro de las investigaciones correspondientes.

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Tras un debate marcado por el rol histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para cambiar la justicia, la sesión plenaria del Parlamento entró en cuarto intermedio este viernes 2 de octubre, con la premisa de que, por tiempo y materia, las Cámaras de Diputados y Senadores sesionen por separado un proyecto de ley para modificar la Ley 260 del Ministerio Público y la suplencia del Fiscal General.

Esta sesión se convocó con carácter de urgencia tras que el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, fuera aprehendido por sospechas de liderar una red de corrupción y proteger al narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, llegó hasta la ALP para brindar un informe de la situación y ratificó que Mariaca y otros fiscales formaban parte de una organización criminal. Además, enfatizó en que el informe brindado era preliminar, por lo que no dio más detalles sobre la investigación al margen de los que ya se conocen.

Posturas de las bancadas

Tras un escueto informe, cada bancada escogió a cinco representantes para pronunciarse. La Alianza Popular (AP) pidió que las investigaciones se lleven con transparencia, con respeto al debido proceso y presunción de inocencia. Además, rechazaron cualquier figura de interinato irregular en la Fiscalía.

Posteriormente, la bancada Autonomía para Bolivia-Súmate (APB-Súmate) enfatizó que, más allá de juzgar a Mariaca, el rol de la Asamblea Legislativa debía ser encaminar una reforma completa de la administración de justicia.

Desde la bancada Libre criticaron que los ministros que acudieron ante la Asamblea no se hayan quedado después de dar ese informe para responder preguntas. Según su criterio, hay grandes dudas sobre el operativo como por qué Iván Lima e Israel Campero siguen en libertad cuando también fueron observados desde Estados Unidos.

De igual forma, rechazaron la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de que el nuevo Fiscal General sea designado por decreto supremo; desde la bancada opositora calificaron eso como un “despropósito” y una falta de respeto a la investidura de los legisladores.

Diversidad de opiniones en el PDC

Desde el fragmentado PDC se evidenciaron distintas posturas. Mientras algunos consideraron que los mecanismos en la aprehensión de Mariaca fueron incorrectos y que no se respetó el debido proceso, otra facción opinó que las pruebas contra la exautoridad son contundentes y que ahora la prioridad debe ser reestructurar la justicia y la legalidad.

Un reto histórico para la ALP

Finalmente, desde la alianza Unidad enfatizaron en que la Asamblea Legislativa estaba ante un reto histórico de hacer un cambio real en la justicia, con jueces y fiscales que velen por el bien de la gente y del país, y no así por lo ilícito como el crimen organizado y el narcotráfico.

Aprobación de resolución camaral

Tras estos pronunciamientos, se votó por una resolución camaral para que las Cámaras de Diputados y Senadores sesionen por separado con el fin de modificar el artículo 25 de la Ley 260; este artículo regula las suplencias del Fiscal General del Estado y cobró relevancia tras que el fiscal Luis Montaño saliera a la palestra como Fiscal General interino tras la aprehensión de Mariaca.

Desde la ALP cuestionaron la legalidad de su interinato, argumentando que para asumir ese cargo previamente debió mandar la documentación requerida a este poder del Estado. De igual forma, se cuestionó su cercanía con Mariaca y la posibilidad de que intervenga con las investigaciones.

La resolución camaral fue aprobada por más de dos tercios, con lo que la sesión de la Asamblea Legislativa entró en cuarto intermedio hasta que el proyecto de ley sea aprobado en ambas cámaras y promulgado por el Ejecutivo.

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Renuncia de Luis Carlos Tórrez como fiscal departamental

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, presentó la noche del jueves 1 de octubre su renuncia irrevocable al cargo. Esta decisión se tomó tras la intervención de su oficina central por parte de las autoridades policiales. Tórrez ocupaba esta función desde octubre de 2024.

Contexto de la renuncia

La renuncia de Luis Carlos Tórrez ocurrió en medio de las acciones que desarrolla la Policía, luego de la aprehensión del Fiscal General del Estado de Bolivia, Róger Mariaca; del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; y del fiscal superior de Sucre, Martín Irusta Flores, según informó El Deber. Además, se conoció que también renunció el fiscal coordinador de La Paz, quien era un estrecho colaborador de Tórrez.

Próximos pasos tras la renuncia

Tras la presentación de la renuncia, queda pendiente conocer si será aceptada formalmente y cuál será el procedimiento para definir al reemplazante. Red Uno señaló que hasta el momento no se ha informado oficialmente quién asumirá de manera interina la Fiscalía Departamental de La Paz ni cuándo se concretará el relevo.

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Ante la aprehensión del ahora exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, y otras autoridades judiciales, legisladores consideraron el jueves 1 de octubre que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene el reto de reestructurar la justicia y limpiarla desde el fondo.

Opiniones sobre la crisis de justicia en Bolivia

El senador Ernesto Suarez afirmó que el problema no es solo Mariaca, sino la justicia en su conjunto, a la que calificó como “podrida”. Consideró que esta situación requiere cambios de fondo que deben salir de la Asamblea Legislativa y aplicarse mediante una reforma constitucional.

“Hay mucho trabajo por delante, pero uno de los temas fundamentales, y lo manifestamos desde el primer día, es el de la justicia”, declaró el legislador.

Refundación del sistema judicial

Por su parte, el diputado Alejandro Reyes opinó que la Asamblea Legislativa ahora debe prácticamente refundar la justicia. Aseguró que las acusaciones y deficiencias en el Ministerio Público son evidentes y se deben a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) desmontó el sistema judicial para permitir la penetración de lo ilícito.

“A través de los dos tercios seguramente brindaremos seguridad al pueblo boliviano”, comentó.

Reestructuración total y respeto a la Constitución

Finalmente, el diputado Edgar Zegarra consideró que ante la crisis en materia de justicia que vive el país, los legisladores deben ponerse de acuerdo para hacer una reestructuración total, pero apegada a la Constitución Política del Estado (CPE). Según su criterio, se debe promover una “revolución interna” para sacar a todos los involucrados en ilícitos.

“Aquí no se puede aprovechar políticamente esta coyuntura, es lo que menos debemos hacer. Hay que sacar a toda esta basura que ha perjudicado a todo el sistema del poder judicial, pero respetando las normas y la Constitución”, declaró el legislador.

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Tras la aprehensión del ahora exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, legisladores debatieron este jueves 1 de octubre cómo se debe elegir a su sucesor. Mientras algunos piden un decreto supremo, otros defienden que la responsabilidad debe ser únicamente de la Asamblea Legislativa.

Propuestas de los legisladores

En nombre del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el diputado Alejandro Medinacali aseguró que no reconocen a Luís Montaño como Fiscal General interino debido a la posibilidad de que esté relacionado con los supuestos ilícitos de Mariaca.

“Lo que corresponde es que se haga por decreto la designación de un nuevo fiscal, para que en el corto tiempo, por competencia sea la Asamblea Legislativa la que vaya a designar al próximo Fiscal General del Estado”, declaró el legislador.

Por su parte, la diputada Claudia Bilbao aseguró que la elección del nuevo Fiscal General se hará en la Asamblea Legislativa, pero que por lo pronto un decreto es lo mejor. “No podemos permitir que los fiscales que han sido elegidos por Mariaca ahora se proclamen como Fiscales Generales”, declaró la legisladora.

Rechazo a la propuesta del PDC

Aunque Montaño asumió el puesto bajo el orden de prelación al ser el funcionario más antiguo, Bilbao enfatizó que este fiscal fue designado por Mariaca, por lo que consideró que pone en riesgo cualquier acción que se realice contra el exfiscal General y podría quedar impune.

Sin embargo, desde la oposición expresaron su total rechazo a esta propuesta. El diputado Edgar Zegarra declaró que el Ejecutivo no tiene ningún derecho a nombrar al nuevo fiscal por decreto supremo. Aseguró que no se permitirá esa figura por considerarlo un golpe a la democracia. Explicó que la Fiscalía tiene sus propias normas e institucionalidad, y por eso mismo Montaño asumió bajo el orden de prelación; expuso que la Asamblea no puede inmiscuirse, por lo que calificó la propuesta del PDC como “imposible y fuera de foco”.

La postura de otros legisladores

“Aquí no podemos hacer un carnaval queriendo nosotros usar armas de otro calibre en esta situación. Lo que se debe hacer, y en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, es hacer una reestructuración total de la justicia, pero apegados a la ley”, declaró Zegarra.

Finalmente, la diputada Lissa Claros aseguró que tampoco se permitirá al gobierno ni a Rodrigo Paz designar al nuevo Fiscal General por decreto. La Constitución es clara y atribuye esta responsabilidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aseguró.

“No hay la posibilidad mínima de designar a un fiscal por decreto supremo. ¿Hay que hacer una purga en el Ministerio Público? Sí. ¿Hay que hacer una purga de fiscales corruptos? Sí, pero eso no se solucionará con una designación por decreto supremo; tenemos que cumplir la Constitución”, declaró Claros.

Próxima sesión de la Asamblea Legislativa

Tras la aprehensión de Mariaca, la sesión de Asamblea programada para el 5 de octubre se adelantó para este viernes 2 de octubre con el fin de analizar la situación judicial que está viviendo el país. Se espera que durante esta sesión se inicie el debate sobre el nuevo Fiscal General del Estado.

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El Presidente Rodrigo Paz y los gobernadores de los nueve departamentos acordaron este miércoles 30 de septiembre avanzar en tres puntos de la agenda 50/50. Las mesas técnicas comenzarán el 5 de octubre en La Paz. La reunión abordó la redistribución de recursos, la autonomía fiscal y las dificultades financieras que atraviesan las gobernaciones.

Análisis de la coparticipación tributaria

El principal punto acordado es analizar la transferencia del 15% de la coparticipación tributaria a los gobiernos departamentales. Esta medida se relaciona con los impuestos contemplados en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley Marco de Autonomías. Este planteamiento forma parte de la demanda de las gobernaciones para fortalecer sus ingresos y avanzar hacia el esquema 50/50.

Modificación de leyes y relaciones internacionales

El segundo punto establece trabajar en la modificación de la Ley 154, referida a la clasificación y regulación de los impuestos de dominio de los gobiernos autónomos departamentales. El tercer eje plantea una Ley Básica de Relaciones Internacionales de los Gobiernos Autónomos Departamentales, con el objetivo de facilitar que las gobernaciones gestionen recursos de cooperación internacional de manera directa, bajo mecanismos de registro y regulación.

Mesas técnicas y seguimiento del acuerdo

Las mesas técnicas estarán integradas por representantes del Viceministerio de Autonomías y los ministerios vinculados con cada tema. Posteriormente, los gobernadores y autoridades del Ejecutivo volverán a reunirse el 12 de octubre en Cobija, Pando, para continuar con el cronograma y abordar las necesidades particulares de cada departamento.

Estado de alerta por situación financiera

El encuentro se produjo después de que los gobernadores se declararan en estado de alerta por la situación financiera de las administraciones departamentales. Entre sus demandas también se encuentra la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de medidas para enfrentar el incremento del precio del diésel, que afecta los presupuestos destinados a obras, mantenimiento vial, salud y funcionamiento de maquinaria.

Incorporación al Presupuesto General del Estado

La intención de las gobernaciones es que el nuevo esquema de distribución pueda incorporarse al Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. Para ello, los representantes departamentales plantean que el proceso avance con una normativa aprobada antes de finalizar la gestión. Además, buscan que la redistribución de recursos esté acompañada por una revisión de las competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Nuevas obligaciones para el nivel central

Durante la jornada también se promulgó la ley que traslada al nivel central del Estado el financiamiento de los prediarios de las personas privadas de libertad y del bono de vacunación para trabajadores de salud. Estas obligaciones recaían hasta ahora en las gobernaciones. La medida libera recursos de los presupuestos departamentales y fue incluida entre los temas vinculados con la situación financiera regional.

Continuidad del acuerdo firmado en agosto

La reunión da continuidad al acuerdo firmado el 5 de agosto en Sucre, cuando Paz y los nueve gobernadores establecieron la agenda 50/50 como una hoja de ruta para revisar la distribución de recursos, las competencias y la situación financiera de las autonomías departamentales. Este proceso busca una implementación progresiva desde 2027.

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El modelo 50-50 en Bolivia

El modelo de administración y descentralización en Bolivia, conocido como “50-50”, ya es una realidad, sin embargo, su avance deberá darse de forma gradual y paulatina. Así lo aseguró este martes 29 de septiembre el Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, durante una reunión en La Paz con los alcaldes de las nueve capitales departamentales, El Alto, y representantes de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB).

Objetivos del modelo 50-50

El plan central de esta reforma estructural busca redistribuir de manera equitativa los recursos económicos, las competencias y las obligaciones entre el Gobierno central y las regiones del país. Con esta medida, el Ejecutivo pretende eliminar lo que las autoridades denominan el “Estado tranca”, facilitando una mayor autonomía financiera y de gestión para los gobiernos locales.

Desmantelamiento del sistema centralista

Durante su intervención, Rodrigo Paz Pereira explicó que poner en marcha este modelo representa un paso firme para desmantelar el sistema centralista. Este sistema atraviesa actualmente un escenario complejo marcado por dificultades económicas e institucionales.

Planificación y diálogo continuo

El jefe de Estado recalcó que el proceso requiere planificación para garantizar resultados exitosos. Por esta razón, la agenda de diálogo continuará este miércoles con las autoridades de los gobiernos departamentales.

Experiencias pasadas y necesidades actuales

Para respaldar la necesidad de esta transformación, el presidente recordó su propia experiencia como alcalde de Tarija durante la emergencia sanitaria del COVID-19. En aquel período, el colapso de la salud provocó que su municipio acogiera a pobladores de Chuquisaca, Potosí y Oruro, lo que modificó profundamente la demografía y disparó la demanda de servicios públicos locales.

Crecimiento urbano en grandes ciudades

Según indicó, un fenómeno similar de concentración urbana ocurre hoy en grandes urbes como Santa Cruz y El Alto. Esto hace indispensable otorgar más herramientas económicas a los gobiernos locales para atender a su población.

Trabajo del gabinete técnico

En el aspecto financiero y de gestión, el mandatario reconoció el trabajo de su gabinete técnico integrado por:

• Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia;
• Christian Morales, ministro de Economía y Finanzas Públicas;
• Adrián Oliva, viceministro de Autonomías y Tierras.

Este gabinete se encargó de difundir la propuesta por diferentes regiones.

Acords iniciales y sostenibilidad económica

Como muestras iniciales de los acuerdos alcanzados, mencionó la firma de convenios específicos con el municipio de El Alto destinados a financiar obras de enlosetado, instalación de luminarias y mejoramiento vial.

A su vez, Paz Pereira vinculó la sostenibilidad económica de este proyecto con recientes decisiones macroeconómicas. Destacó los fondos recuperados a raíz de la reducción del subsidio al diésel implementada hace más de una semana.

Manejo eficiente de recursos

Explicó que esta medida, aunque compleja, evita que una suma millonaria se pierda semanalmente. Esto permite canalizar esos recursos hacia las regiones. A esto se suma una propuesta de trabajo coordinada con la vicepresidencia del Banco Mundial para respaldar técnica y financieramente a los municipios.

Llamado a la unidad entre autoridades locales

Hacia el final de su discurso, el presidente apeló a su amplia trayectoria en la función pública. Habiendo pasado por cargos como concejal, alcalde, gobernador, senador y ahora presidente, hizo un llamado a la unidad. Instó a dejar atrás las disputas políticas y a asumir una corresponsabilidad real entre los distintos niveles del Estado.

Paz Pereira advirtió que los ciudadanos exigen resultados concretos y trabajo en equipo antes que discusiones prolongadas.

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Investigación sobre restricciones de visas

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) analizará la creación de una comisión para investigar el informe del Departamento de Estados Unidos respecto a la cancelación y revocación de visas y otras restricciones a autoridades, exautoridades, servidores públicos y otras personas en Bolivia.

Convocatoria a sesión plenaria

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó al pleno de la ALP a una sesión para el día lunes 5 de octubre a las 15:00 horas. Esta convocatoria responde a las solicitudes de los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente.

Orden del día

• Consideración del informe y demás comunicaciones públicamente atribuidos al Departamento de Estado de los Estados Unidos, difundidos el 28 de septiembre, sobre la revocación o cancelación de visas y otras restricciones de ingreso respecto a todas las autoridades, exautoridades, servidores públicos y demás personas bolivianas mencionadas, incluidos los familiares expresamente alcanzados por dichas medidas.
• Consideración de la documentación e informes requeridos a las instituciones competentes.
• Conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria con objeto y alcance definidos.

Acciones impulsadas por la ALP

El senador Abdón Porcel anunció que desde la ALP impulsarán acciones de investigación a la espera de la información que recabe la Cancillería sobre el retiro de visas a varias figuras públicas del país por parte de Estados Unidos. Porcel expresó: “Considero que cada país es soberano para definir quiénes pueden o no pueden entrar a su territorio; Estados Unidos ha determinado que ciertas personas del Estado boliviano no puedan ingresar a su territorio y eso sí es soberano, no lo veo como ningún tipo de injerencia”.

Restricciones impuestas por Estados Unidos

El lunes 28 de septiembre, el Gobierno de los Estados Unidos restringió la visa al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, a quien vinculó con “actos de corrupción significativa” relacionados presuntamente con la protección al narcotráfico. En la lista de imposición de restricciones en materia de visados también están otras 12 figuras públicas de Bolivia, entre ellas fiscales, jueces, exautoridades, un exjefe policial, un empresario privado y otras 9 personas cuyos nombres no fueron divulgados.

Reacciones ante las restricciones

Ante esta información, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Diego Ávila y Roberto Castro, plantearon que el Fiscal General del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se esclarece su situación. Mariaca rechazó las acusaciones en conferencia de prensa.

Transparencia en el proceso investigativo

La eventual conformación de una comisión investigadora pondrá a prueba la disposición del Estado para transparentar los cuestionamientos emitidos desde Estados Unidos.

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Escala del avión presidencial en Florida

El Presidente Rodrigo Paz aclara que la escala del avión presidencial en Boca Ratón, Florida respondió a criterios técnicos y no a una elección individual.

A su retorno a Bolivia, el mandatario realizó esta precisión ante las críticas surgidas por la parada que realizó la aeronave oficial en la ciudad de Boca Ratón, en el estado de Florida (Estados Unidos), durante su reciente viaje internacional, según informó Unitel.

Definición de itinerarios de vuelo

El jefe de Estado explicó que la definición de los itinerarios de vuelo y la selección de las terminales aéreas no pasan por sus decisiones personales. Por el contrario, obedecen a análisis de logística y a la búsqueda de los aeropuertos más viables.

Reacción ante críticas

Con estas declaraciones, el Presidente respondió a las observaciones formuladas por el exparlamentario Tomás Monasterio, quien denunció que el avión estatal aterrizó en una zona de playa de territorio estadounidense.

Informe sobre la misión en Estados Unidos

En el marco de esta aclaración, el Presidente brindó este lunes su informe oficial sobre la misión realizada en Estados Unidos. En este informe, remarcó que el objetivo central del viaje fue la gestión de recursos para el país.

Detalles de las reuniones realizadas

Paz detalló que se llevaron a cabo más de 32 reuniones en cuatro días. Destacó un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien abordó temas de desarrollo, comercio y relaciones bilaterales. Además, trató la iniciativa del Escudo de las Américas junto al presidente Donald Trump y las delegaciones participantes.

Comparación con gestiones anteriores

Asimismo, el mandatario contrapuso el propósito de su viaje con la gestión del expresidente Evo Morales. Señaló que en el pasado, la aeronave gubernamental se utilizó para fines particulares, como presenciar un partido de fútbol en el Mundial de Sudáfrica. En contraste, la agenda reciente estuvo enfocada en concretar acuerdos económicos para Bolivia.

Solicitud de informe sobre costos del viaje

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara anunció que solicitará a la Presidencia un informe completo sobre el costo del viaje. Esta solicitud busca transparentar el uso de los recursos públicos.

Desglose económico requerido

La fiscalización requerirá el desglose exacto de los montos económicos ejecutados en combustible y hospedaje durante los cuatro días de estadía. Esto se ampara en el derecho a la información y el control social.

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Aprobación de decretos para el sector transporte

El Presidente Rodrigo Paz anunció que el gabinete ministerial aprobará la noche de hoy jueves 24 de septiembre, de manera virtual, dos decretos destinados a beneficiar al sector del transporte y a otros sectores productivos que enfrentan dificultades a raíz de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

“Tenemos gabinete para aprobar dos o tres decretos, sobre todo el tema transporte, el tema GNV, el tema beneficios para que tengan un alivio con todas las decisiones que hemos tomado estructurales en la economía, en el ordenamiento de la economía”, informó el mandatario en una entrevista con Bolivia TV desde Nueva York.

Objetivo de los nuevos decretos

Paz explicó que las nuevas disposiciones forman parte de las medidas que impulsa el Gobierno para reducir el impacto de las decisiones económicas en distintos sectores de la población, informó ABI. “Los dos decretos que estamos aprobando hoy día en gabinete virtual son para sectores, para apoyar y beneficiar al transporte, para que no haya un impacto negativo en diferentes sectores”, afirmó.

Seguimiento a la situación nacional

El mandatario señaló que, pese a encontrarse en Estados Unidos, mantiene seguimiento permanente de la situación nacional y de las gestiones que realizan los ministros con los diferentes sectores. Respecto a los conflictos generados por las medidas económicas, Paz señaló que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los sectores movilizados y expresó su expectativa de alcanzar acuerdos durante la próxima semana.

Diálogo y reportes constantes

“El gobierno siempre da diálogo, hay los políticos que hacen uso demagógico de los momentos que tenemos que asumir con decisión, con firmeza los cambios para el país, pero la inmensa mayoría de los sectores están entrando en diálogo”, afirmó e indicó que recibe reportes periódicos de los ministros sobre las negociaciones con los distintos sectores y anticipó que se busca cerrar acuerdos en los próximos días. “Quiero felicitarlos, los ministros me están dando el reporte día, cada 30 minutos me dan reporte de todos los temas que están trabajando y con qué sectores, cada 30 minutos”, señaló.

Ordenamiento económico

El Jefe del Estado también señaló que las medidas forman parte del proceso de ordenamiento de la economía y sostuvo que los recursos deben orientarse a la producción y a la población. “Estamos ordenando la casa para que la platita que tengamos sea para invertir, sea para la producción, sea para la gente”, afirmó.

Detalles pendientes sobre los decretos

Hasta el momento, no se detallaron los alcances específicos ni el contenido final de las normas que serán aprobadas por el gabinete. Paz concluirá su agenda en Nueva York y retornará a Bolivia, donde tiene previsto continuar con las acciones de Gobierno y el diálogo con los distintos sectores.

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Ante los viajes del Presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, legisladores consideraron este martes 22 de septiembre que el país vive un vacío de poder. Por lo tanto, surgieron pedidos para que ambos trabajen en resolver sus diferencias y evitar dejar al país en esta incertidumbre.

Declaraciones sobre la ingobernabilidad

La diputada Lissa Claros declaró que Paz anticipó su viaje a Estados Unidos para escapar de las repercusiones de la eliminación de la subvención. Asimismo, Lara se declaró presidente para viajar al exterior el día siguiente. Según su lectura, eso es hacerse la burla de la población.

“Nos encontramos en un estado de ingobernabilidad, un vacío de poder por la irresponsabilidad del Presidente y del vicepresidente. La ponencia del Presidente es el jueves, no tenía que viajar con tanto tiempo de anticipación, tomando en cuenta que el país está en un momento caótico”, afirmó la legisladora.

Opiniones sobre la coordinación gubernamental

Por su parte, el diputado Rómulo Villca consideró que ante la ausencia de Paz y Lara, el encargado del país debería ser el presidente del Senado, Diego Ávila. Sin embargo, nadie ha aclarado nada al respecto. Según su criterio, esta falta de coordinación entre autoridades está mostrando una mala imagen del país ante el mundo.

“Por el momento hay un vacío de poder, y eso es un riesgo porque en democracia no existen vacíos de poder. Ya debía pronunciarse el presidente del Senado. Estamos en momentos de crisis, ya deberíamos tomar cartas en el asunto”, declaró el legislador.

Demandas al presidente y vicepresidente

Finalmente, la diputada Julieta Jiménez recordó que desde el Legislativo se pidió en reiteradas ocasiones a Paz y Lara que resuelvan sus problemas, pero nunca lo hicieron a diez meses de gestión. De acuerdo a su lectura, lo correcto hubiera sido que Paz le entregue el mando a Lara en un encuentro, pero eso no pasó.

“El vicepresidente sigue haciéndose al hermoso y para estos casos lo necesitamos en el país, pero no, él se aísla. El vicepresidente debería bajar la cabeza y también el Presidente, sentarse en una mesa y tener las responsabilidades que manda la Constitución”, declaró la legisladora.

Viajes oficiales y contexto actual

El Presidente Paz está de viaje en Estados Unidos para participar en la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otro lado, el vicepresidente Lara viajó a Paraguay para firmar acuerdos, según precisó el segundo hombre del Estado. El decreto 5515 habilitó a Paz a ejercer la presidencia en el exterior mediante herramientas tecnológicas; sin embargo, el segundo hombre del estado declaró ayer que, por suplencia legal estipulada en la Constitución, le tocaba ejercer como Presidente.

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El vicepresidente Edmand Lara anunció este lunes 21 de septiembre que asume la Presidencia del Estado durante la ausencia de Rodrigo Paz, quien viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aplicación del artículo 169 de la CPE

Lara argumentó que corresponde aplicar el artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE) por encima del Decreto Supremo 5515, que habilita al mandatario a ejercer sus funciones desde el exterior mediante medios tecnológicos. La autoridad sostuvo que tomó esta decisión después de solicitar un informe al equipo jurídico de la Vicepresidencia.

“La recomendación es que se cumpla la Constitución. En ausencia del Presidente, mi persona asume la suplencia legal”, señaló Lara. Además, enfatizó que aunque la tecnología puede facilitar la comunicación y la gestión gubernamental, no modifica las disposiciones constitucionales.

“Lo que acá se va a cumplir es la Constitución Política del Estado, que está por encima del Decreto 5515”, insistió.

Suplencia temporal y próximos pasos

Lara aclaró que su decisión no implica un golpe de Estado ni un desconocimiento de la norma emitida por Paz. El artículo 169, en su parágrafo II, establece que ante una ausencia temporal del Presidente, la Presidencia será asumida por quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los 90 días.

No obstante, la suplencia anunciada por Lara será temporal y podría durar solo hasta este martes, ya que informó que viajará a Paraguay para participar en la firma de un memorándum de entendimiento y sostener reuniones con el presidente, vicepresidente y presidente de la Cámara de Diputados de ese país. “Le vamos a dejar la Presidencia al presidente del Senado para que no haya un vacío de poder”, afirmó.

Contexto sobre el Decreto Supremo 5515

El anuncio se produce en medio de la aplicación del Decreto Supremo 5515, aprobado el 29 de diciembre de 2025, que establece que el Presidente puede ejercer sus atribuciones mediante medios tecnológicos de comunicación cuando se encuentre temporalmente fuera del territorio nacional.

La norma también contempla que, si no es posible utilizar esos medios, el mandatario comunique a la Vicepresidencia las acciones que deberán ejecutarse durante la suplencia temporal.

Rodrigo Paz en Nueva York

Rodrigo Paz se encuentra en Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU, cuya agenda de alto nivel se desarrolla en Nueva York. Su discurso ante la Asamblea está previsto para el 24 de septiembre, además de reuniones bilaterales durante su estadía.

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Después de que el gobierno oficializó la eliminación de la subvención al diésel, los criterios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mostraron muchas divisiones. Mientras algunos aseguran que el perjuicio para la población será enorme, otros sostienen que no se podía seguir manteniendo un modelo que perjudicaba la economía del país.

Opiniones encontradas sobre el impacto de la medida

El diputado Rolando Pacheco aseguró que esta medida solo favorecerá a un grupo reducido de personas, además de generar efectos en los costos que enfrenta la población. Afirmó que los bolivianos pagan el “diésel más caro del mundo” porque se sigue comprando con “sobreprecio a las transnacionales”.

“Este es un gran negocio que continúa, en el cual unas cuantas personas se están haciendo millonarias a costa del pueblo boliviano. Está todo mal, nosotros lamentamos que este Gobierno esté gobernando para unos cuantos y no para la mayoría del pueblo boliviano”, manifestó.

Sobre los efectos de la medida, el legislador señaló que el incremento del precio del combustible tendrá un impacto significativo, como el aumento del costo del transporte público o el costo de producción de diferentes productos agrícolas, lo que repercutirá directamente en la canasta familiar.

Argumentos a favor de la eliminación de subsidios

Sin embargo, el diputado Alejandro Reyes recordó que se perdían más de 55 millones de dólares semanalmente debido a la subvención, sin tomar en cuenta el contrabando fomentado por el bajo precio de los combustibles en Bolivia. Según su criterio, este era el mayor factor que “desangraba la economía nacional”.

“Tenemos que decir la verdad. Hoy los bolivianos estamos en la disyuntiva más grande: mantenernos en la crisis y el desabastecimiento, o afrontar y tomar una decisión importante y difícil, pero con un resultado que tiene que ser positivo, la salida de la crisis, evitar el desabastecimiento y que no nos desangre la economía nacional el contrabando”, declaró el legislador.

Propuestas para reactivar la economía

Finalmente, el senador Branko Marinkovic consideró que la eliminación de la subvención debe estar acompañada inmediatamente de medidas que realmente reactiven la economía. En su criterio, el gobierno debería sentarse con el transporte público para debatir ya no el subsidio al combustible, sino al pasaje.

Anuncio oficial sobre la eliminación de subsidios

Bolivia eliminó la subvención al diésel y unificó el precio para todos los consumidores, según el anuncio que dio el Presidente Rodrigo Paz en un mensaje emitido el viernes 18 de septiembre. Con este cambio se puso fin a una diferencia que, según las propias autoridades de gobierno, favorecía el contrabando y la reventa del carburante.

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A la espera de la primera intervención de Rodrigo Paz ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Presidente de Bolivia, legisladores consideraron que su discurso debe centrarse en mostrarse al mundo y pedir ayuda para combatir el sicariato.

Mensaje sobre la crisis económica

El diputado Freddy Camacho consideró que Paz debe demostrar ante la ONU que Bolivia está dispuesta a salir adelante y superar la crisis económica que atraviesa actualmente. Además, enfatizó que debe asegura que se harán todos los esfuerzos necesarios para mostrar que no prevalecerá la ingobernabilidad en el país.

“Hay que mostrar que somos un país institucionalizado, un país que respeta la ley, la propiedad privada y la vida de los ciudadanos. Eso es lo que necesitamos y ese es el mensaje que debe dar (Rodrigo Paz), una Bolivia distinta”, declaró el legislador.

Pedir ayuda internacional para combatir el sicariato

Según su criterio, el Presidente también debería utilizar su intervención en la ONU para pedir ayuda internacional en materia de lucha contra el sicariato. Según su lectura, se requiere coordinación con otros países para que Bolivia pueda defenderse del crimen organizado y no convertirse en un narcoestado.

La visión de Manolo Rojas

Por su parte, el diputado Manolo Rojas manifestó que el mandatario debe ratificar el mensaje de “Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”. Consideró que si se quiere cambiar como país en materia económica y de seguridad ciudadana, es necesario abrirle las puertas al mundo.

También enfatizó en la necesidad de hablar de negocios y beneficios para los productores nacionales, quienes fueron de los más afectados durante esta crisis económica.

Crimen organizado y narcoterrorismo

Finalmente, Rojas consideró que sí debe solicitar ayuda internacional para combatir el crimen organizado y el sicariato que sacude el país. “Cuando se trata de crímenes de narcoterrorismo, hablamos de delitos transnacionales, es decir, que traspasan fronteras. Si queremos tener a nuestra Policía, a nuestros militares en la mejor forma, necesitamos esa ayuda internacional. Recordemos que hay carteles a nivel internacional y que tienen muchos más recursos”, finalizó Rojas.

Agenda del Presidente en Nueva York

El vocero presidencial, José Luís Gálves, informó que el Presidente llevó una intensa agenda de reuniones bilaterales a Nueva York, Estados Unidos, antes de emitir su discurso ante la Asamblea General de la ONU. “Hay una agenda muy nutrida, una serie de reuniones bilaterales. Va a traer resultados que son vitales para este momento de reactivación plena de la economía”, resaltó Gálves.

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Eliminación de la subvención al diésel en Bolivia

El Presidente Rodrigo Paz anunció este viernes 18 de septiembre en un mensaje presidencial que el Gobierno dejó sin efecto el esquema de precio diferenciado para el diésel, que regía entre usuarios generales y grandes consumidores. Esta decisión eliminó la subvención a este carburante para unificar su costo en todo el país.

Impacto económico de la medida

Con la aplicación del nuevo Decreto Supremo, se elimina la brecha tarifaria que existía desde la promulgación del Decreto Supremo 5676. Bajo esta norma, los grandes consumidores corporativos pagaban el precio de importación internacional fijado inicialmente en Bs 18 por litro, y situado recientemente en Bs 16,50, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Mientras tanto, el resto de los usuarios mantenía un costo subvencionado por el Estado.

Esta medida generará para Bolivia un ahorro promedio de 55 millones de dólares anuales, según informó Unitel. Las autoridades estatales señalaron que la disparidad de precios incentivaba la reventa y el contrabando hacia el mercado negro, en un contexto global de alta presión sobre el valor del petróleo debido a conflictos en Medio Oriente.

Declaraciones del Presidente Rodrigo Paz

Rodrigo Paz aseguró que la unificación del precio permitirá erradicar las redes de especulación y garantizar el abastecimiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El mandatario afirmó que al eliminar la subvención se “acabó el negocio para los delincuentes”.

Bono Pepe 2 y medidas compensatorias

Para atenuar el impacto económico sobre los sectores más vulnerables, el Ejecutivo adelantó la implementación de un paquete de contención social que contempla la entrega del “Bono Pepe 2”. Además, se habilitarán programas de financiamiento preferencial para pequeños productores e industrias clave, así como la elaboración de normativas sectoriales específicas orientadas a evitar que el alza del insumo afecte desmedidamente el costo de vida de la población.

Opiniones sobre la eliminación de la subvención

Analistas económicos y equipos técnicos de alianzas políticas coincidieron en que levantar la subvención era una acción fiscalmente necesaria para frenar la sangría de divisas de las reservas estatales y terminar con el mercado negro. Sin embargo, remarcaron la urgencia de mantener mecanismos de amortiguación para rubros estratégicos como el transporte de carga y la producción agropecuaria.

Preocupaciones sobre efectos secundarios

A pesar de las medidas anunciadas, estas han despertado voces de alerta entre representantes de la sociedad civil y sectores productivos. Estos grupos advierten sobre el riesgo de un “efecto cascada” en las tarifas de los fletes y en los precios de los productos de la canasta básica. Señalan que las medidas compensatorias podrían resultar insuficientes ante la presión inflacionaria sostenida que generará el nuevo costo del diésel a mediano plazo.

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Álvaro Fernando Arias asume la presidencia interina de la Aduana Nacional

Álvaro Fernando Arias Gonzales fue posesionado este viernes 18 de septiembre como nuevo presidente interino de la Aduana Nacional en La Paz. El ministro de Economía, Christian Morales, tomó juramento a Arias, quien reemplaza a Alberto Soto. Anteriormente, Arias se desempeñaba como gerente regional de la Aduana de La Paz.

Compromiso con la eficiencia aduanera

Durante su discurso, Álvaro Fernando Arias anunció que se trabajará en la simplificación de procesos para mejorar la eficiencia aduanera dentro del sistema de gestión de calidad. Además, recordó que trabajó en la norma para la reforma aduanera durante la gestión de Amparo Ballivián. En este sentido, remarcó su compromiso para eliminar el “estado tranca” que complica los procesos aduaneros.

Plan de contingencia y institucionalización

Arias también anunció la aplicación en tres meses de un plan de contingencia elaborado en conjunto con el Ministerio de Economía y los operadores de comercio exterior del país. Por su parte, el ministro Morales destacó que la designación del interinato se realiza en el marco de una nueva etapa de institucionalización de la Aduana. Asimismo, anunció que hace semanas se envió a la Asamblea Legislativa el proyecto para dicho plan, según informó La Razón.

Exhortación a dejar atrás la burocracia

Morales exhortó a Arias a trabajar en este proyecto de institucionalización y dejar atrás las formas burocráticas de manejar el Estado y sus instituciones. En su intervención, remarcó que el Gobierno busca una entidad que facilite el comercio exterior con mejores procesos y controles. “En esta gestión no habrá espacio para hechos irregulares; las denuncias deberán investigarse”, acotó.

Investigación al expresidente Alberto Soto

El ahora expresidente de la Aduana, Alberto Soto, es investigado por presuntos actos de corrupción. Ante esto, Arias expresó: “Mi compromiso será con la patria para generar los cambios que se deban realizar en la línea que manifestó el presidente del Estado. La institucionalización de la Aduana es menester y va a ser la principal tarea que vamos a llevar adelante en los siguientes seis meses”.

Mejoras internas y externas

Arias también indicó: “No solo simplificar hacia afuera, sino también dentro de la Aduana para tener eficiencia no solo en los despachos aduaneros de exportación sino en la eficiencia de gestión de calidad que existe”, comprometiéndose a trabajar sin descanso para cumplir las metas.

Certeza y facilidades para los ciudadanos

Finalmente, el ministro Morales pidió avanzar hacia instituciones que den certeza a la población y faciliten los trámites, desmontando el estado de tranca que complica al ciudadano y toma decisiones totalmente discrecionales.

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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la ampliación del estado de excepción en Bolivia por 90 días más. Este jueves 17 de septiembre, parlamentarios expresaron que el gobierno tiene varias tareas pendientes, como la aprehensión de Evo Morales y la implementación de reformas estructurales.

Responsabilidades del gobierno

El diputado José Luís Porcel destacó que la mayor responsabilidad del gobierno es presentar las leyes estructurales prometidas desde el inicio de su gestión. Según su criterio, durante estos 90 días no se pueden seguir aplicando “soluciones parche” para contrarrestar la situación que vive el país.

“El país está esperando oportunidades laborales, estabilidad de empresas, que no haya esta susceptibilidad con el tipo de cambios que sube y baja”, declaró el legislador.

Justicia y no impunidad

La senadora Claudia Mallón también se refirió a las tareas pendientes del gobierno, señalando la aprehensión de Evo Morales. Ella pidió que el compromiso hecho por los ministros de Gobierno y Defensa no se quede solo en promesas y discursos, ya que la población exige justicia y no impunidad.

“El Chapare, el trópico cochabambino se ha convertido en una especie de republiqueta donde se refugia un prófugo de la justicia como es Evo Morales; debe dar la cara y aquellos que perjudicaron al país en 53 días de bloqueos también deben ser investigados”, afirmó la legisladora.

Expectativas sobre la ampliación

Finalmente, la senadora Elena Pachacute pidió que esta ampliación sea fructífera y no sirva para que el gobierno continúe operando ineficientemente. En este sentido, solicitó que se cumplan todos los compromisos asumidos con diversos sectores sociales.

Aseguró que la gente está cansada de discursos, por lo que pidió al Ejecutivo trabajar con eficacia y no dejarse vencer por la dejadez. Además, advirtió sobre no utilizar esta ampliación del estado de excepción como una “luna de miel”.

Aprobación en la ALP

La madrugada de este jueves, la ALP aprobó la ampliación del estado de excepción por 90 días más. Los ministros de Gobierno y Defensa llegaron al hemiciclo para justificar el pedido del Ejecutivo, aunque enfrentaron varios cuestionamientos de los parlamentarios. Al final, lograron obtener 100 votos a favor que dieron luz verde a esta ampliación.

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Proceso de reforma a la Constitución en Bolivia

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, consideró este jueves 17 de septiembre que el proceso de reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) tomará varios meses. Además, prevé que recién en 2027 se podría llegar a un referéndum. Ávila afirmó: “La reforma a la constitución es un proceso muy largo que tiene que ver con generar sobre todo los consensos, esto implica mesas de trabajo en todas las áreas que seguramente va llevar un tiempo de análisis. (…) Los tiempos que estamos previendo para los cambios es más o menos hasta fin del año 2027”.

Estado de excepción y su impacto

Asimismo, Diego Ávila indicó que la vigencia del estado de excepción no impide que se continúe con el trabajo preparatorio. “Lo que establece la constitución es que durante un estado de excepción no se puede hacer la reforma a la constitución, pero todo el trabajo preparatorio sí se puede ir haciendo”, explicó. Recordó que el estado de excepción no suspende las libertades de las personas. En ese contexto, informó que este viernes tendrán un evento para analizar la reforma judicial, según lo reportado por La Razón.

Referéndum y plazos previstos

Ávila también comentó: “Tampoco en tres meses tendríamos las condiciones necesarias para llevar adelante el referéndum que efectivamente generará los cambios en la Constitución”. En criterio del senador, el referéndum final que determinará si se aceptan o no las modificaciones a la Constitución podría realizarse entre septiembre o octubre del próximo año. “La vigencia del estado de excepción no limita que empecemos ya el trabajo de concertar, empezar a discutir sobre los distintos tópicos que va a requerir la reforma constitucional”, complementó.

Hoja de ruta legislativa

El senador explicó que lo que no se puede hacer durante el estado de excepción es llamar al referéndum que definirá las modificaciones. “Van a ser meses de trabajo, esperamos una gran discusión con toda la población y tengamos un proceso de reforma con el aporte de la mayor cantidad de bolivianos y con el mayor consenso posible”, fundamentó. El estado de excepción en Bolivia estará vigente hasta diciembre de este año, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara su ampliación.

Deliberación democrática prolongada

De esta manera, el Órgano Legislativo traza una hoja de ruta de largo aliento que prioriza la concertación social y el debate de fondo —incluida la reforma judicial— sin que el estado de excepción entorpezca las fases preparatorias.

Con este panorama, el país se alista para un prolongado ciclo de deliberación democrática que busca culminar con la validación de los cambios constitucionales en las urnas hacia finales de 2027.

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En medio de una sesión extensa, conflictos y una falta de protocolo para la ocasión, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó la madrugada del jueves 17 de septiembre ampliar por 90 días más el estado de excepción en Bolivia, que debía terminar este viernes.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegaron hasta la Asamblea Legislativa para rendir un informe sobre los primeros 90 días de la medida excepcional.

Oviedo argumentó que durante los 53 días de bloqueos se produjo la pérdida económica más grande del país, con 56.000 dólares al día. Aseguró que el 43% de los hogares se vieron obligados a endeudarse para cubrir necesidades básicas.

También resaltó que 22 personas perdieron la vida, pero ninguna a manos de las Fuerzas Armadas o la Policía. La autoridad detalló que se realizaron 12.910 operativos a nivel nacional, 26.917 militares apoyaron a la Policía Boliviana; se movilizaron 22.267 transportes en logística, se realizaron 551 desbloqueos y 20 arrestos o aprehensiones a nivel nacional.

En ese sentido, aseguró que la ampliación se pidió para cuidar la seguridad de los ciudadanos y la economía del país. También sustentó el pedido en ocho informes de la Policía Boliviana, dos del Ministerio de Gobierno, uno de las Fuerzas Armadas y otro del Ministerio de Defensa, en los que identificaron factores de riesgo que permanecen vigentes, como movilizaciones y bloqueos focalizados, además de crimen organizado y narcotráfico.

“Señores diputados y senadores, con base a las razones expuestas se demuestra la necesidad y la proporcionalidad de la ampliación del estado de excepción. Pedimos respetuosamente que autoricen esta ampliación”, declaró Oviedo.

Opiniones sobre la situación actual

Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que Bolivia hoy está más tranquila que hace tres meses, por lo que consideró importante considerar los riesgos que permanecen. También explicó que no todas las zonas tienen el mismo nivel de conflictividad, pues Santa Cruz muestra un nivel muy alto y La Paz alto.

Desarrollo de la sesión legislativa

Tras el informe, los asambleístas procedieron a realizar preguntas; en un inicio se determinó que dos representantes de cada bancada tomarían la palabra, pero tras diversos reclamos se procedió a dar la palabra a todos los que la pidieron.

Así se procedió a una extensa ronda de intervenciones, las cuales debían destinarse únicamente a preguntar a los ministros presentes sobre los 90 días de estado de excepción, pero esta línea se perdió a medida que avanzaba la sesión.

El presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, recordó varias veces a los legisladores que las intervenciones debían utilizarse únicamente para hacer preguntas y no para emitir criterios; también pidió que el uso de la palabra sea lo más breve posible. Sin embargo, sus observaciones fueron pasadas por alto por varios legisladores, quienes intervinieron por varios minutos y, en varias ocasiones, ni siquiera hicieron una pregunta.

La sesión también estuvo marcada por algunos impases, como el protagonizado entre la diputada Lissa Claros y el ministro Oviedo, quienes se acusaron mutuamente de faltarse al respeto. El vicepresidente Lara también se unió al intercambio de palabras, exigiendo a Oviedo que escuche a todos los legisladores y pidiendo respeto para él y la Asamblea Legislativa.

Aprobación final del estado de excepción

Durante la sesión, tanto el vicepresidente como algunos legisladores enfatizaron que este informe de rendición de cuentas y el tratamiento para ampliar el estado de excepción no figuran en el reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que no existe un procedimiento establecido para este tipo de sesiones.

Pese a todos estos inconvenientes, tras más de ocho horas de sesión, los jefes de bancada determinaron saltar la instancia de debate y pasar directamente a la votación, en la que 100 legisladores, una mayoría absoluta, votaron por alargar el estado de excepción por un lapso de 90 días.

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Informe de ministros sobre estado de excepción en la ALP

Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se presentaron este miércoles 16 de septiembre ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para rendir un informe oral detallado sobre el estado de excepción vigente desde el pasado 20 de junio. Además, sustentan la solicitud oficial de ampliación de dicha medida. La presencia de ambas autoridades en el hemiciclo fue dispuesta por el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, según informó el presidente nato de la ALP, Edmand Lara.

Justificación del estado de excepción

Durante la primera intervención de la jornada, el ministro Marco Antonio Oviedo presentó el informe sobre la medida vigente y expuso los argumentos técnicos y sociales que respaldan el decreto de prórroga. “Lo hacemos para cuidar la vida de los bolivianos, la economía del país, para el derecho al trabajo, educación y libre tránsito de comerciantes. Venimos a pedir que se garanticen los derechos de los bolivianos de venir. Reafirmamos que el estado de excepción debe continuar”, argumentó Oviedo al justificar la necesidad de mantener el régimen especial, indicó Unitel.

Consecuencias operativas y sociales

En su exposición ante los legisladores, el titular de la cartera de Gobierno enfatizó las severas consecuencias operativas y sociales ocasionadas por las medidas de protesta en las rutas nacionales. En este sentido, señaló que las interrupciones del tránsito obstaculizaron el abastecimiento de suministros esenciales y afectaron gravemente a miles de trabajadores del sector transporte.

“Los bloqueos han generado problemas en el traslado de alimentos y medicamentos. Más de 5.000 transportistas quedaron secuestrados en las carreteras. Los ministerios de Gobierno y Defensa realizaron 12.900 operativos, 22.267 medios de transporte en logística y 151 desbloqueos ejecutados; estos datos son preliminares”, explicó el ministro Oviedo al presentar los datos acumulados de la intervención estatal frente a la conflictividad en el país.

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El análisis del ministro Williams Bascopé

El ministro de Trabajo y abogado constitucionalista, Williams Bascopé, aclaró en una entrevista concedida al medio Erbol que, aunque la Carta Magna prohíbe taxativamente iniciar el procedimiento formal de reforma a la Constitución Política del Estado durante la vigencia de un estado de excepción, esta restricción legal no impide avanzar de manera paralela en las mesas de negociación y los preparativos técnicos previos.

Respuesta a las advertencias políticas

Esta precisión técnica surge en respuesta a las advertencias de actores políticos como Jorge “Tuto” Quiroga, quienes señalaron que la reforma constitucional es una tarea urgente pero inviable bajo un régimen de excepción prolongado, debido a la prohibición expresa fijada por el propio texto constitucional. Frente a esta postura, Bascopé puntualizó que el precepto constitucional frena la activación del trámite formal, pero no veta las aproximaciones políticas ni el consenso técnico.

Preparativos previos para la reforma

Bajo esa línea argumentativa, el ministro enfatizó que “nada impide que se hagan los preparativos previos” y remarcó la viabilidad de iniciar el trabajo concertado. “Nada impide el sentarse y en una mesa de diálogo hacer el preparativo y ver qué artículos se pueden llevar adelante para reformar”, sostuvo la autoridad laboral para fundamentar que las deliberaciones previas son plenamente compatibles con el marco legal vigente.

Contexto actual y justificación del estado de excepción

El pronunciamiento se da en un contexto decisivo donde el Ejecutivo busca la aprobación de la Asamblea para ampliar el estado de excepción por un periodo adicional de tres meses. Para justificar esta solicitud, Bascopé argumentó que la medida es indispensable para “preservar la paz social e incentivar la cultura del diálogo”, asegurando que generar estas condiciones de estabilidad resulta esencial para preparar y dar viabilidad a la futura reforma constitucional una vez que concluya la medida extraordinaria.

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Mientras se espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debata la ampliación del estado de excepción en Bolivia, legisladores manifestaron este martes 15 de septiembre que el informe requerido puede ser presentado por ministros y no es obligatorio que el Presidente Rodrigo Paz se presente ante el Parlamento para dar el informe.

Requisitos legales para la presentación del informe

La senadora Elena Acosta explicó que la ley exige que se dé un informe a la ALP sobre todas las acciones desarrolladas en el marco del estado de excepción. Sin embargo, declaró que las autoridades encargadas de presentarse son el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa.

“Si hay una exigencia de que el Presidente tenga que venir, yo estoy segura que el Presidente no va a tener ningún inconveniente en venir. Lo que nos toca hacer como parlamentarios es que la ley se cumpla y la ley dice que tiene que haber un informe por el ministro de Gobierno y ministro de Defensa”, declaró la legisladora.

Opiniones sobre la presentación del informe

Por su parte, la diputada Danitza Mejía manifestó que sería bueno que el mandatario llegue hasta el Parlamento para presentar el informe. En ese sentido, lo invitó a que sea él quien presente el informe, aunque precisó que los ministros pueden hacerse cargo de esa tarea sin problemas.

Finalmente, el diputado Marcelo Solís también afirmó que deben ser los ministros quienes lleguen hasta la Asamblea Legislativa para dar el informe requerido por ley, ya que fueron ellos quienes ejecutaron las acciones y firmaron el decreto de estado de excepción.

“No importa quien, la cosa es pacificar el país. Todo lo que sea pacificar el país, no generar conmoción, caos, pero con una política clara desde el Ejecutivo, será aprobado. Caso contrario, no”, finalizó el legislador.

Llamado a la presentación del presidente Rodrigo Paz

El senador José Manuel Ormachea, de la alianza Libre, exigió al Presidente Rodrigo Paz presentarse ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para rendir un informe y justificar los motivos por los cuales busca ampliar el estado de excepción.

El legislador adelantó que su bancada rechazará el pedido de ampliar el estado de excepción y sostuvo que necesitarían “un verdadero milagro” para reconsiderar su postura.

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Prórroga del estado de excepción en Bolivia

El gabinete ministerial aprobó un decreto supremo para ampliar el estado de excepción en el país por otros 90 días. La medida fue confirmada la noche del lunes 14 de septiembre por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, tras finalizar la reunión con las autoridades del Ejecutivo.

Justificación de la prórroga

Según informó Unitel, la propuesta pasará a la Asamblea Legislativa, donde los ministros deberán justificar la necesidad de mantener el régimen especial antes de que la norma vigente venza este viernes 18 de septiembre. Entre los factores de riesgo señalados por el Ejecutivo para justificar la prórroga destacan:

• Persistencia de tensiones sociales.
• Amenaza de nuevos bloqueos de carreteras.
• Necesidad de resguardar la infraestructura pública y los servicios básicos.

Impacto en la seguridad y la circulación

De acuerdo con lo manifestado por las autoridades de Gobierno, se busca evitar que el levantamiento de la norma reabra focos de conflicto que pongan en peligro la libre circulación y la seguridad de las ciudades, según informó Unitel.

Reacciones políticas ante la medida

En el ámbito político, la medida genera posturas encontradas dentro de la oposición. Mientras el líder del bloque Libre, Jorge Tuto Quiroga, condicionó su respaldo a que el Gobierno entregue un informe transparente sobre los logros obtenidos hasta la fecha, otros legisladores opositores rechazaron de forma más firme la propuesta.

Estos últimos argumentan que extender la medida busca desmovilizar la protesta social en lugar de resolver los problemas de fondo del país, advirtiendo sobre el riesgo de convertir una medida extraordinaria en algo habitual.

Impacto en la vida cotidiana

En la vida cotidiana, la vigencia del estado de excepción tiene un impacto directo sobre la población. Las restricciones a las reuniones y los mayores controles en las vías públicas afectan el normal desarrollo de las actividades comerciales, el transporte y el trabajo de miles de familias. Aunque algunos sectores valoran la presencia de seguridad en las calles para evitar desórdenes, gremios de comerciantes y trabajadores señalan que las limitaciones de movilidad perjudican sus ingresos diarios y generan incertidumbre económica.

Contexto histórico del estado de excepción

Esta medida fue declarada originalmente el 20 de junio en respuesta a protestas y bloqueos que exigían la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Si la Asamblea Legislativa no aprueba el nuevo decreto antes del cierre del viernes 18 de septiembre, el estado de excepción dejará de regir automáticamente a partir del sábado 19, con lo que se restablecerán plenamente los derechos y garantías constitucionales.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se reunieron este lunes 14 de septiembre en Cochabamba con el fin de discutir y formar alianzas para la reforma constitucional. Ávila planteó que la reforma no debe limitarse al debate parlamentario y explicó al alcalde cochabambino la ruta prevista para avanzar en las modificaciones parciales a la Constitución.

Participación ciudadana en reformas

El presidente del Senado remarcó que la construcción de los cambios constitucionales requiere escuchar a los distintos actores del país. Además, enfatizó la importancia de generar espacios donde puedan discutirse los alcances de la reforma. En esta línea, la conversación abrió la posibilidad de que Cochabamba tenga un papel activo en las mesas de concertación.

Apoyo del alcalde Manfred Reyes Villa

Manfred Reyes Villa expresó su respaldo a la reforma parcial de la Constitución y manifestó su disposición a contribuir con el proceso desde Cochabamba. Asimismo, puso a disposición la ciudad para las actividades necesarias relacionadas con esta reforma. La autoridad edil también mostró interés en participar en esta etapa de discusión y concertación.

Importancia de la reforma constitucional

Diego Ávila sostuvo: “Lo importante es que todos puedan participar y que todos seamos constructores de un nuevo marco constitucional en algunos de sus artículos que permitan a Bolivia tener mejores días”. Este encuentro se sumó a la agenda de conversaciones que el presidente del Senado está desarrollando con distintos actores en torno a la reforma parcial de la Constitución.

Cambios constitucionales en Bolivia

En semanas anteriores, se logró un acuerdo entre la Cámara Alta y la Cámara de Diputados para impulsar esta reforma.

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A pocos días de que termine el estado de excepción en Bolivia, legisladoras consideraron este lunes 14 de septiembre que el gobierno no aprovechó estos tres meses para solucionar los problemas del país y las exigencias de la gente.

Desaprovechamiento de la medida excepcional

La diputada Julieta Jiménez aseguró que el gobierno desperdició la medida excepcional, ya que siguen siendo evidentes las filas por combustible y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. En ese sentido, consideró que, si el gobierno desea una ampliación, deberá sentarse ante el Legislativo.

Jiménez anunció su respaldo a una ampliación, considerando las amenazas de sectores radicales para activar medidas de presión desde octubre. Sin embargo, enfatizó que primero el gobierno debe informar al Parlamento sobre estos tres meses de medida excepcional.

“Merecemos respeto, el Ejecutivo que venga e informe por qué se está ampliando, para qué se están ampliando. Tiene que dar un informe pormenorizado de qué está haciendo y si se ha cumplido los mandamientos de apremio para todos los sediciosos”, declaró la legisladora.

Rendición de cuentas ante el Legislativo

Por su parte, la senadora Ana María Crispín coincidió en que el Ejecutivo primero debe rendir cuentas ante el Legislativo por el estado de excepción. Además, afirmó que los parlamentarios deben validar esa información si se quiere proceder con una ampliación. Sin embargo, consideró que no existen los argumentos suficientes para justificarla.

Crispín expresó: “Estos tres meses eran la mejor oportunidad para recuperar confianza, credibilidad y solucionar los problemas que estamos atravesando. Sin embargo, todo lo contrario; cada paso que ha dado el gobierno ha sido un error, me parece que están desesperados”.

Próximos pasos del Ejecutivo

El estado de excepción en Bolivia culmina el 18 de septiembre; sin embargo, desde el Ejecutivo ya confirmaron que se solicitará una ampliación de 90 días. La Ley de Regulación de Estados de Excepción estipula que el Ejecutivo debe presentar un informe ante el Parlamento sobre todas las acciones llevadas a cabo durante la medida excepcional.

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Extensión del Estado de Excepción en Bolivia

El Gobierno nacional presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de decreto para extender por 90 días más el estado de excepción vigente en el país. Esta medida prohíbe de forma explícita la realización de bloqueos de carreteras y protestas sociales.

Declaraciones del Ministro de Gobierno

El anuncio fue realizado este domingo por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, desde el interior del Teatro Achá en Cochabamba, durante los actos oficiales por los 216 años de la Gesta Libertaria de dicho departamento, según informó Visión 360. La autoridad explicó que la medida busca mantener la estabilidad y el libre tránsito en el territorio nacional ante los recientes anuncios de protestas por parte de varios sectores sociales.

Propuesta legislativa y análisis

En ese sentido, Oviedo indicó que existe una propuesta similar impulsada por la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa deberá analizar cuál será el mecanismo legal a seguir para concretar la ampliación.

Proceso legislativo y contexto histórico

El proceso en el ámbito legislativo comenzó el pasado jueves 10 de septiembre, fecha en la que una comisión de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para mantener la medida por tres meses adicionales. Según el ministro, existe un amplio acuerdo tanto en la población como en el propio Poder Legislativo para dar continuidad a estas restricciones.

Origen del Estado de Excepción

El estado de excepción fue decretado originalmente el pasado 20 de junio por el Órgano Ejecutivo, en un contexto de protestas sociales que pedían la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Dado que el decreto actual finaliza a finales de este mes, la decisión que tome la Asamblea Legislativa resulta necesaria para definir si la medida continuará vigente durante los próximos tres meses.

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En medio de la expectativa por si se amplía el estado de excepción, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió este lunes 14 de septiembre que se escuchen los pedidos de la gente antes de tomar una decisión. Esta solicitud surge al considerar los requerimientos para solucionar diversos problemas que atraviesa el país.

Presentación de propuestas sociales

Callisaya llegó hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para entregar la sistematización de las reflexiones y sugerencias de 933 personas, denominada “Cartografiando voces y miradas desde el diálogo: repensar una Bolivia postconflicto”. Este documento recoge las percepciones y propuestas de 167 sectores sociales sobre los 53 días de bloqueos, las expectativas tras el estado de excepción y las acciones necesarias para prevenir nuevos escenarios de conflictividad una vez que termine esta medida.

Hallazgos del documento

Entre los principales hallazgos se identifican cuestionamientos relacionados con:

• El incumplimiento de compromisos del gobierno.
• La exclusión de sectores indígenas y populares de espacios de representación.
• La falta de consulta en la toma de decisiones públicas.
• La capacidad de gestión gubernamental.

Estos puntos fueron precisados por Callisaya durante su intervención.

Valoración negativa sobre los bloqueos

Las percepciones de los participantes sobre los 53 días de bloqueos expresan una valoración predominantemente negativa. Esto se debe al deterioro significativo de las condiciones sociales y económicas de la población, especialmente en:

• La provisión de alimentos.
• La libre circulación de personas y mercancías.
• La convivencia social.

Estos aspectos son expuestos en el documento entregado por Callisaya.

Propuesta para evitar conflictos

Afrontando este escenario, el Defensor del Pueblo expuso la posición institucional sobre una posible ampliación del estado de excepción: “La posición nuestra es que siempre se vaya a escuchar las demandas de la población con la finalidad de evitar situaciones de conflictividad. A nosotros nos interesa generar un espacio de cultura de paz, de diálogo, y que se evite cualquier situación de violencia”, declaró Pedro Callisaya.

Causas estructurales del conflicto social en Bolivia

Callisaya finalizó diciendo que, más allá de la ampliación o no del estado de excepción, lo principal es resolver las causas estructurales que motivan altos niveles de conflictividad. También mencionó la insatisfacción generalizada en temas como el combustible, el alza de precios de los alimentos y diferentes situaciones que incomodan a la población.

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Edmand Lara plantea un referéndum revocatorio

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, propuso públicamente la posibilidad de someterse a un referéndum revocatorio de mandato. Esta medida permitiría que él y el presidente Rodrigo Paz dejen sus cargos, tras acusar a Paz de destruir y saquear el país.

Declaraciones en Viacha

Las declaraciones se emitieron este sábado 12 de septiembre de 2026 en el municipio de Viacha. Esto ocurrió durante la cobertura de los operativos de búsqueda de personas desaparecidas tras una explosión registrada la semana anterior. Según informó Correo del Sur, Lara afirmó que está dispuesto a salir a las calles para promover el voto en su propia contra en una eventual consulta ciudadana, buscando así la salida de la actual administración gubernamental.

Arrepentimiento y crítica al gobierno

Lara expresó su arrepentimiento por haber solicitado el apoyo de la población a favor de Rodrigo Paz durante la campaña electoral. Argumentó que el actual mandatario perjudica la estabilidad del país y que la ciudadanía se encuentra disconforme con el rumbo político y económico adoptado por el Gobierno.

Distanciamiento entre autoridades

Estas declaraciones representan un nuevo capítulo en el distanciamiento entre ambas autoridades, quienes asumieron funciones en noviembre de 2025. Las discrepancias públicas han sido recurrentes en los últimos meses. Esto se suma a los roces previos registrados en octubre de 2025, cuando Lara denunció falta de comunicación y poca accesibilidad por parte del entorno cercano a Paz antes de la toma de posesión formal.

Silencio del presidente Paz

Hasta el momento, el presidente Rodrigo Paz y los voceros del Órgano Ejecutivo no se han pronunciado ni han emitido ningún comunicado oficial en respuesta a las declaraciones sobre el proceso de revocatorio planteado por el vicepresidente Edmand Lara.

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Ante el pedido de cívicos cruceños de incluir la distribución 50/50 en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027, el senador Branko Marinkovic consideró que esta exigencia no podrá cumplirse debido a que se trata de un proceso que tomará tiempo aplicar eficientemente.

El senador Marinkovic indicó que todos hablan sobre el 50/50, pero nadie explica en qué consiste. Consideró que ese debería ser el punto de partida y, con el fin de “no mentirle a los bolivianos”, afirmó que la medida no puede aplicarse inmediatamente porque primero deben hacerse cambios normativos.

“Yo soy cruceño, me encantaría, he luchado por las autonomías, me han exiliado por las autonomías. No puedo mentirle a la gente y decirles en este presupuesto haré que metan el 50/50, así no funciona, hay que cambiar la Ley marco de Autonomías primero”, declaró el senador.

Cambios normativos necesarios para el 50/50

Según precisó Marinkovic, el cambio normativo debe incluir la nueva definición de competencias, porque al entregar dinero a alcaldías y gobernaciones también se les dará más responsabilidades. Aseguró que el 50/50 va a aplicarse, pero no sin los cambios previos necesarios.

En ese sentido, pidió no presionar políticamente para que la nueva distribución de recursos sea incluida en el PGE del siguiente año. Afirmó que se puede iniciar incluyendo algunos aspectos que sirvan como lineamientos, pero no la totalidad.

“Estamos trabajando sobre las leyes que van a hacer los cambios para que departamentalmente la Gobernación de Santa Cruz decida con su Asamblea el tema educación, presupuesto, cómo pagar a profesores; lo mismo en salud. Lo vamos a pasar a alcaldías y gobernaciones, pero hay un trabajo serio y responsable que hay que hacer”, finalizó el senador.

Demandas de la Asamblea de la Cruceñidad

La Asamblea de la Cruceñidad emplazó al Gobierno nacional a atender hasta el 10 de octubre sus demandas vinculadas con la crisis económica, energética y social. Además, advirtió que, de no existir respuestas, activará un plan escalonado de movilizaciones que podría incluir la denominada “autonomía de facto” del departamento.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anunció la exigencia de incorporar el esquema 50/50 en el PGE 2027. La aprobación de esta planificación comenzará a ser tratada a partir del próximo mes.

Modelo de descentralización y redistribución

La propuesta del 50/50 es un modelo de descentralización y redistribución, impulsado por el gobierno del Presidente Rodrigo Paz. Este modelo busca repartir equitativamente el 50% de los recursos económicos, competencias y responsabilidades entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales (gobernaciones, alcaldías, autonomías indígenas y universidades públicas).

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El cierre de Datacom y la desvinculación laboral

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció el cierre definitivo de la empresa Datacom y la desvinculación laboral de más de 500 personas. Esta decisión se tomó debido a pérdidas económicas recurrentes, un servicio deficiente y una deuda acumulada que supera los 40 millones de bolivianos, según informó Visión 360 este viernes 11 de septiembre de 2026.

Razones detrás del cierre

El anuncio se dio a conocer durante una entrevista en el programa Fama Poder y Ganas, donde la autoridad explicó que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) decidió no renovar el contrato comercial que mantenía con Datacom desde hace nueve años. Esta determinación se fundamenta en las fallas de atención al usuario registradas en los multicentros y centros de atención telefónica a cargo de la firma contratada.

Denuncias y problemas financieros

A las pérdidas financieras se sumó una denuncia presentada en noviembre de 2025 por supuestas irregularidades en la activación de teléfonos celulares que habían sido reportados como robados o perdidos. Ante esta situación, el ministro Zamora enfatizó que el Gobierno plurinacional no mantendrá en funcionamiento instituciones que generen déficit o pérdidas para el Estado.

Historia y contexto de Datacom

Datacom fue creada el 1 de febrero de 2007 como un brazo operativo de atención al cliente para Entel, utilizando fondos provenientes de la misma firma de telecomunicaciones. Esta empresa fue nacionalizada el 1 de mayo de 2008 durante el primer mandato del expresidente Evo Morales.

Liquidaciones y reinserción laboral

Respecto al proceso de salida de los trabajadores, la autoridad ministerial aseguró que la empresa dispone de los recursos necesarios para cancelar las liquidaciones de ley correspondientes. Asimismo, señaló que se evaluarán mecanismos para reinsertar al personal afectado en otras fuentes laborales del sector.

Análisis de otras entidades estatales

Finalmente, el ministro Mauricio Zamora indicó que se analiza la situación de otras entidades estatales con problemas económicos, como la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), la cual no se ha podido cerrar debido a un pasivo laboral pendiente de 55 millones de bolivianos con excolaboradores. De igual manera, mencionó que se evalúa la continuidad de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción (EBC).

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Estado de excepción en Bolivia

La comisión de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el pasado jueves 10 de septiembre un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por 90 días adicionales. Esta medida fue justificada por el oficialismo ante los anuncios de movilizaciones de diversos sectores sociales y está orientada a resguardar la reactivación económica nacional.

Posición institucional del Comité Pro Santa Cruz

Frente a esta determinación, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que la entidad cívica definirá una posición institucional oficial tras someter la propuesta a un riguroso análisis junto a su equipo legal. Cochamanidis explicó que los asesores jurídicos del comité revisarán los fundamentos técnicos y legales detrás de la solicitud del Gobierno para evaluar su procedencia.

“Desde esta casa lo vamos a consultar con nuestros abogados en los que nos asesoran en la parte jurídica para ver si corresponde o no corresponde, y cuáles son los argumentos también para que hayan pedido desde el Gobierno extender el estado de excepción”, manifestó el líder cívico, según informó Unitel.

Decisión final en manos de la Asamblea Legislativa

Asimismo, el titular de la institución cruceña aclaró que la decisión final sobre la vigencia de la norma está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Corresponde a diputados y senadores ponderar los justificativos presentados. Sin embargo, observó que durante el periodo de casi 90 días del actual estado de excepción se han registrado irregularidades y acontecimientos que teóricamente estaban prohibidos bajo dicho régimen.

“Hasta el momento vemos que han sucedido muchísimas cosas que no deberían suceder cuando estamos en estado de excepción, pero tendrán que ser los diputados y senadores que vean si corresponde o no”, puntualizó.

Reacciones ante la posible ampliación

La ampliación del estado de excepción ha generado diversas reacciones en la población y entre los sectores sociales involucrados. La discusión sobre su pertinencia y las implicaciones legales continúa en el ámbito político.

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Tras una “oleada” de interpelaciones en las últimas semanas, estos actos fueron suspendidos tras una reunión entre los jefes de bancadas parlamentarias. Este viernes 11 de septiembre, los legisladores hablaron sobre las posibles fechas en las que se retomarán los actos interpelatorios.

Declaraciones de Catherine Pinto sobre las interpelaciones

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Catherine Pinto, declaró que, tras el acuerdo entre bancadas, se habló sobre la restitución de las interpelaciones en noviembre. Según aseguró, el motivo de la pausa fue que fueron demasiado recurrentes y algunos casos incluso mal elaboradas, con preguntas que no tenían fundamento.

Pinto consideró que este tiempo servirá para que sus colegas entiendan los procesos de fiscalización y los apliquen de forma más coherente y eficiente. Explicó que lo correcto era comenzar primero con peticiones de informe escritos y orales, y en caso de no estar conformes con las respuestas, llamar a una interpelación.

“Para hacer una interpelación tienes que tener todos los elementos y los juicios para interpelar al ministro y decirle con documentación fehaciente qué está haciendo mal. Tengo entendido, según lo que me han informado, vamos a retomar las interpelaciones en noviembre”, declaró la diputada.

Opiniones divergentes sobre el retorno de las interpelaciones

Sin embargo, la senadora Tomasa Yarhui aseguró que el acuerdo fue suspender las interpelaciones solo por esta semana, con el fin de que el trabajo legislativo se centre en hacer gestión para Viacha tras las explosiones que acontecieron hace una semana.

Si bien la reunión determinó la suspensión de una semana, Yarhui recordó que la siguiente semana es el aniversario de Cochabamba y posteriormente llega el de Santa Cruz. Esto hará que los diputados viajen a esas regiones a sesionar, por lo que estimó que las interpelaciones podrían retornar a finales de septiembre o principios de octubre.

“No es voluntad de ellos (Partido Demócrata Cristiano) cuando regresan las interpelaciones; eso se resuelve en una reunión de todos los jefes de bancada para ponernos de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo que sea la última semana de septiembre o la primera semana de octubre, pero aún no tenemos fechas exactas”, declaró la legisladora de Libre.

Interpelaciones recientes y críticas

Durante las últimas semanas se han citado a interpelación al exministro de economía, Gabriel Espinoza; al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y recientemente al ministro de Educación, Erick Sanjinés. Cada sesión de interpelación se extendió por más de seis horas y todos evitaron la censura, excepto Espinoza.

Algunos legisladores ya expresaron previamente su descontento con las numerosas interpelaciones, argumentando que ese tiempo podría invertirse en otras tareas legislativas como el tratamiento de leyes. Además, criticaron que varios de los cuestionarios mostraron deficiencias, como preguntas mal elaboradas o solicitando información que el ministro interpelado no debía contestar.

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Tras las explosiones en el Regimiento de Artillería-2 “Bolívar” de Viacha, aumentan los pedidos para analizar si el servicio militar obligatorio debería continuar en el país. Actores políticos argumentan que, si no se puede garantizar la seguridad a los soldados, esta modalidad debería cambiar a ser voluntaria.

Opiniones de Rafael Quispe sobre el servicio militar

El exlegislador Rafael Quispe se refirió al tema este 10 de septiembre. Manifestó que la mayor parte de quienes van al cuartel provienen del área rural, mientras que los jóvenes de la ciudad tienen la facilidad de comprar su libreta de servicio militar.

Quispe observó que la instrucción solo dura seis meses y que el resto del tiempo los conscriptos son obligados a realizar tareas como cocinar o limpiar casas de los superiores.

Quispe acusó al Presidente Rodrigo Paz y al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, de haber comprado su libreta de servicio militar, lo que contraviene un requisito estipulado en la Constitución Política para desempeñar cargos públicos.

“Primero que este gobierno se ocupe de los muertos y las casas destruidas en Viacha, luego abrimos el debate. Analizaremos si los indios vamos a seguir yendo al cuartel o ver la modificación, ¿acaso los k’aras van? La Asamblea Legislativa debe empezar este debate”, declaró Quispe.

Iniciativas legislativas sobre el servicio militar

Días antes, la senadora Elena Pachacute fue una de las primeras en plantear el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar. Al exigir una investigación clara sobre el incidente en Viacha, expuso que si el servicio es obligatorio, el Estado debe garantizar la seguridad a todos los soldados.

“Es importante generar este debate y abrir la Constitución Política del Estado (CPE). No es posible ver a esas madres llorar porque a sus hijos se los devuelven en el estado que estaban. Realmente duele el alma. Yo le pido a la sociedad abrir el debate, si el servicio militar va a ser obligatorio o voluntario”, declaró la legisladora.

Alternativas al servicio militar obligatorio

Desde la Asamblea Legislativa también han surgido otras alternativas. La senadora Ana María Crispín sugirió reducir la duración del servicio militar de un año a seis meses. Aseguró que este tiempo es suficiente para aprender la instrucción y evitaría que durante el resto del año los conscriptos sean “usados como empleados”.

“Queremos cambiar, vamos a proponerlo; ya está en mesa y en el transcurso de la semana será presentado este proyecto de ley”, afirmó la senadora.

Impacto de las explosiones en Viacha

La conversación sobre el servicio militar obligatorio se ha intensificado tras las explosiones en el Regimiento de Artillería-2 “Bolívar” de Viacha, que dejaron al menos ocho fallecidos, más de 80 heridos y cuerpos de soldados que aún no han podido ser recuperados bajo los escombros.

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Acciones del Gobierno contra la corrupción en YPFB

Durante el acto de reactivación de las refinerías en Cochabamba, el Presidente Rodrigo Paz encomendó al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, la tarea de “limpiar de corrupción” a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) “caiga quien caiga”.

Esta decisión se tomó tras la intervención de la petrolera estatal YPFB, realizada el 2 de septiembre mediante el Decreto Supremo (DS) 5697, y la intervención a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el 3 de septiembre mediante el DS 5699.
El DS 5697 es una norma aprobada en Bolivia que ordena la intervención estatal, extraordinaria y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días.

El Decreto Supremo 5699 es una norma aprobada en Bolivia que ordena la intervención estatal, extraordinaria y temporal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Motivos detrás de las intervenciones

Las intervenciones fueron necesarias debido a que el Estado importa diésel y gasolina para abastecer al mercado nacional, mientras que gran parte de esos combustibles es desviada por contrabando a países fronterizos, causando un grave daño económico al país, detalló el boletín informativo del Gobierno.

Descubrimientos sobre corrupción en YPFB

El Presidente Paz informó que la comisión interventora está descubriendo “porquería”, refiriéndose a “unos cuantos vivos” que enriquecen a costa de otros funcionarios y trabajadores honrados de YPFB. “Para ellos mis respetos, pero para los otros, como dijo el ministro Blanco, ‘caiga quien caiga’”, advirtió el presidente a quienes estén involucrados en actos de corrupción. Además, mencionó que quienes sean hallados culpables serán remitidos a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público.

Misión y objetivos del nuevo liderazgo en YPFB

El jefe de Estado, instó al ministro Blanco a hacer realidad esta misión. Por su parte, el ministro Blanco afirmó: “El mandato de nuestro Presidente Paz Pereira es categórico y claro, sanear de raíz YPFB”. Aseguró que no descansarán hasta limpiar, transparentar y estabilizar el sector hidrocarburos.

Puntos clave sobre la transparencia en el sector energético

Blanco destacó que el sector energético boliviano atraviesa un punto de inflexión y que es necesario devolver la transparencia y la soberanía a los recursos hidrocarburíferos. “La riqueza hidrocarburífera de Bolivia volverá a ser parte de los bolivianos”, afirmó. Asimismo, anunció que los nuevos funcionarios en YPFB serán contratados bajo criterios meritocráticos, con apoyo de la cooperación internacional.

Cambios recientes y casos escandalosos

El primer mandatario también mencionó que ya se cambiaron 18 funcionarios en la ANH como parte de la lucha contra la corrupción. Esta labor es dura porque implica retomar el control transparente de las instituciones. El mandatario relató un caso escandaloso donde un usuario facturó una compra por 55 litros de diésel, pero se descubrió que tenía mil litros acumulados en su vehículo, que se vendían a 35 bolivianos el litro.

Importancia de luchar contra la corrupción

Paz subrayó la importancia de luchar contra la corrupción para superar la crisis energética actual y asegurar un futuro para los bolivianos. Pagar la subvención estatal a los combustibles está restando recursos que podrían invertirse en hospitales, colegios y carreteras. Espera que con la intervención de YPFB y ANH se consolide una YPFB fuerte y transparente que trabaje junto al pueblo.

Visión futura del Presidente Rodrigo Paz

Finalmente, el Presidente explicó que será difícil corregir el rumbo económico del país debido a “traidores” que dejaron un país quebrado. Sin embargo, confía en que el próximo año comenzarán a crecer y generar industria y trabajo, asumiendo el reto de construir una nueva visión de país: “la Patria que produce”.

El Presidente Rodrigo Paz apuesta por la transparencia, la meritocracia en la contratación de nuevo personal y la erradicación del contrabando, lo cual promete no solo cortar las redes de corrupción sino también redirigir esos recursos al desarrollo social y sentar las bases para ordenar la economía.

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Respaldo del Gobierno a militar tras altercado en Viacha

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respaldó al teniente coronel Ronald Alvarado, quien fue acusado de insubordinación por el vicepresidente Edmand Lara. Este conflicto se originó tras un altercado verbal ocurrido la noche del 8 de septiembre en las puertas del Regimiento de Artillería – 2 “Bolívar”, en el municipio de Viacha.

Justiniano afirmó: “La autoridad se ejerce respetando la ley y las instituciones, no imponiéndose a gritos. He visto las imágenes ocurridas esta noche en Viacha. El teniente coronel Alvarado, que se encontraba resguardando el perímetro de seguridad, estaba cumpliendo una disposición adoptada para proteger la vida de las personas ante el riesgo que todavía existe en la zona. Tiene todo mi respaldo por haber mantenido la serenidad, el respeto y el cumplimiento de su deber”. Esta declaración fue replicada en la cuenta oficial del Ministerio de Defensa.

Tensión política en Bolivia

Además, el ministro enfatizó que “ninguna autoridad está por encima de las medidas de seguridad establecidas para proteger vidas”. También subrayó que las Fuerzas Armadas respetan la investidura de todas las autoridades constitucionales y que este respeto debe ser recíproco hacia quienes cumplen órdenes legítimas.

Por su parte, el Presidente Rodrigo Paz Pereira expresó su preocupación por la actitud del vicepresidente Edmand Lara, a quien calificó de “dictador”. Criticó que Lara ofendiera el uniforme militar al maltratar a un oficial en Viacha. “La actitud de ayer de él me preocupó. Dictatorial, ofendiendo al uniforme de las Fuerzas Armadas”, remarcó el mandatario a los periodistas tras un evento en la refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba informó el boletín informativo del Gobierno.

Paz Pereira continuó diciendo: “Él es vicepresidente, es verdad, pero no puede ofender ni tener la actitud de ‘¿sabes quién soy yo?’”. Reconoció que prefiere no opinar sobre las acciones del vicepresidente, pero la escalada de tensiones en septiembre lo obligó a pronunciarse. “Evidentemente ofendió a las Fuerzas Armadas y le salió un rasgo dictatorial”, insistió.

El altercado se produjo después de que el vicepresidente Lara reclamara por la suspensión temporal de las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras explosiones en el recinto que se registraron el 4 de septiembre. El teniente coronel Alvarado se negó a proporcionar información pública argumentando que los requerimientos debían canalizarse a través del Comandante General del Ejército. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el vicepresidente forcejeó con el oficial del Ejército.

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• Tenso cruce entre Lara y un coronel en Viacha

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El impase entre el vicepresidente Edmand Lara y un militar en Viacha generó opiniones divergentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Este miércoles 9 de septiembre, algunos legisladores enfatizaron que el segundo hombre del Estado no tiene poder sobre las Fuerzas Armadas, mientras que otros defendieron la idea de que la investidura de Lara debe respetarse.

Opiniones de los legisladores

El senador José Sánchez consideró que el impase del vicepresidente genera preocupación por el “exceso” que cometió contra el efectivo militar. Enfatizó que el segundo hombre del Estado no tiene autoridad sobre las Fuerzas Armadas.

“La Constitución establece que es el Presidente el Comandante General del Ejército y ese puesto lo puede ocupar el vicepresidente cuando sea presidente. Ayer estaba en función de vicepresidente y él no tiene la autoridad para mandar en el Ejército”, enfatizó Sánchez.

Por otro lado, la diputada Patricia Patiño calificó la actitud del militar como “una falta de respeto” hacia quien es el vicepresidente del Estado y el presidente nato de la Asamblea Legislativa. Aseguró que ambas envestiduras merecen respeto, al igual que los legisladores que llegaron al lugar junto con Lara.

Enfatizó que ante un acto fiscalizador, el deber de cualquier servidor público es colaborar, aunque se trate de un militar. “Como servidor público tiene que responder inmediatamente, y más si estamos en emergencia. Hay luto en Viacha, son varias las personas desaparecidas”, declaró Patiño.

Perspectiva neutral sobre la situación

La senadora Elena Pachacute adoptó una posición más neutral, considerando que hay que respetar la investidura de cualquier autoridad. Sin embargo, enfatizó que la intransigencia tampoco ayuda.

Consideró que lo más importante ahora es dar respuestas a la población. “Yo creo que estos impases, que lamentablemente generan cierta polémica, provocan que se pierda la naturaleza de ayudar a Viacha. Creo que Viacha necesita acciones”, declaró la senadora de la alianza Libre.

Contexto del incidente

La pasada jornada, videos mostraron al vicepresidente Edmand Lara reclamando información a un efectivo militar sobre la búsqueda de personas desaparecidas tras las explosiones ocurridas el pasado viernes en el Regimiento de Artillería-2 “Bolívar”.

“Infórmeme, le estoy hablando como vicepresidente. No me falte al respeto”, se escucha decir a Lara en el video, mientras que el efectivo le responde que toda información se debe solicitar al Comando General. Sin embargo, el vicepresidente continuó increpando al militar.

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El ministro de Educación, Erick Sanjinés, evitó la censura este lunes 7 de septiembre tras la interpelación que respondió ante la Asamblea Legislativa (ALP); sin embargo, tampoco logró los dos tercios de votos de confianza. La autoridad respondió por las acciones desarrolladas durante su gestión y los resultados obtenidos al frente del Ministerio de Educación.

Detalles de la interpelación

La sesión comenzó pasadas las 11:00 horas y, de acuerdo con el orden del día, el ministro procedió a responder las 55 preguntas que formularon cinco legisladores de Alianza Popular (AP) y la alianza Libre.

El cuestionario estaba enfocado en “las decisiones y acciones adoptadas durante su gestión, el cumplimiento de los objetivos institucionales y los resultados alcanzados, así como las medidas asumidas ante eventuales deficiencias o incumplimientos”.

Preguntas sobre acciones educativas

Durante la interpelación, la diputada de Libre, Susana Campos, pidió al ministro explicar las acciones realizadas y la dotación de herramientas educativas destinadas a la actualización del sistema educativo.

“Existe una crisis que es un problema de fondo, normativo y estructural. Han pasado dos años del Congreso de Educación y el país sigue esperando la modernización. Necesitamos respuestas claras, necesitamos conocer las conclusiones de ese congreso”, cuestionó la legisladora.

Aplicación de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez

Otro de los temas centrales fue la aplicación de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez y el avance de los proyectos educativos impulsados desde su cartera de Estado.

Resultados de la votación

Tras una sesión que se extendió por más de seis horas, los legisladores procedieron a la votación simplemente levantando la mano, a diferencia de las pasadas interpelaciones en las que debían argumentar su voto ante todo el pleno de la Asamblea Legislativa. De un total de 111 legisladores, 71 votaron por la modalidad puro y simple, tres votaron por la censura y 37 por la abstención.

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Mientras aumentan los anuncios de movilizaciones y persisten los bloqueos en Bolivia, desde el oficialismo afirmaron este viernes 4 de septiembre que el estado de excepción será extendido. La Constitución Política del Estado (CPE) respalda esta ampliación, según indicaron las autoridades.

Declaraciones de Claudia Bilbao sobre la situación

La diputada Claudia Bilbao aseguró que se ampliará el estado de excepción porque, según su lectura, es el pedido de toda la gente de a pie que quiere trabajar con normalidad. Ella destacó que se vienen cuatro meses “críticos” y que la población necesita generar ingresos.

Bilbao declaró: “A los paceños no nos conviene que nos bloqueen, nosotros hacemos nuestra propia plata y necesitamos generar dinero. El bloqueo no es una salida; en el estado de excepción puedes protestar, pero no bloquear ni cerrar carreteras. El estado de excepción tenemos que ampliarlo”.

Desmentido sobre la CPE y la ampliación

Además, la legisladora desmintió las afirmaciones del vicepresidente Edmand Lara, quien indicó que la CPE no permite una ampliación del estado de excepción. Bilbao precisó que, si el Ejecutivo manda una solicitud para extender la medida excepcional, esta se aplicará siempre y cuando la Asamblea Legislativa lo apruebe.

Opiniones sobre las amenazas de bloqueos

Por su parte, el senador Víctor Quispe enfatizó las amenazas de algunos sectores, especialmente del Chapare, con la toma de carreteras. Consideró que esta medida es un perjuicio para toda la sociedad y que el derecho a la protesta no debe sobrepasar los derechos de los demás.

Quispe manifestó: “Se debe pensar en el bien mayor y, si estas amenazas de bloqueos persisten, la Asamblea tiene que alargar el estado de excepción”.

Plazos y oposición a la extensión

El estado de excepción vence este 18 de septiembre. En caso de una ampliación, el Ejecutivo debe enviar una propuesta a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Sin embargo, algunos legisladores de oposición anticiparon que no apoyarán una extensión, argumentando que el gobierno no aprovechó la medida excepcional para resolver los problemas del país sin la presión de bloqueos o movilizaciones.

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Propuesta del Gobernador de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, presentó una propuesta integral para resolver la crisis de abastecimiento de carburantes en el departamento. Esta iniciativa contempla el fin de la subvención generalizada y la apertura del mercado a la participación privada. De acuerdo con la información difundida por el medio Erbol, la propuesta surge como respuesta a las dificultades actuales de provisión y plantea modificar estructuralmente el modelo de comercialización que hasta ahora ha gestionado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Fin de la subvención y apertura del mercado

En este sentido, el mandatario departamental propuso que la estatal petrolera cese la importación y venta de combustibles subvencionados. Esto permitiría que operadores privados asuman la importación, comercialización y distribución a un precio real de mercado. Al detallar los cálculos de su propuesta, Velasco señaló que, con un precio actualizado del barril de petróleo, el costo por litro de combustible podría situarse en 16,50 bolivianos. Bajo esta premisa, enfatizó que la asistencia estatal debe redirigirse directamente a quienes más lo necesitan y no al carburante en sí mismo, eliminando el beneficio indiscriminado.

Transición ordenada y bono directo

Para lograr una transición ordenada, el plan contempla una primera etapa de tres meses centrada en la implementación de un bono directo de emergencia destinado a compensar a los usuarios del transporte público. Superada esta fase inicial, se prevé migrar hacia un sistema tecnológico avanzado basado en la tercera placa del B-Sisa. Esta herramienta facilitará la identificación electrónica de los vehículos, el registro preciso de los kilómetros recorridos y la aplicación de parámetros técnicos de consumo. Con esto se busca garantizar que el subsidio llegue exclusivamente al sector del transporte público que opera de manera efectiva.

Incorporación del sector privado

Asimismo, la propuesta contempla la incorporación de empresas privadas y nuevos proveedores internacionales. Al respecto, el gobernador afirmó que la Gobernación de Santa Cruz se encuentra preparada y cuenta con la capacidad institucional para articular una solución destinada a cubrir de manera inmediata la demanda departamental. Esto se llevará a cabo trabajando de la mano con entidades privadas que actualmente no operan con el Gobierno Nacional.

Condiciones para el éxito del plan

Finalmente, la autoridad advirtió sobre las condiciones necesarias para asegurar el éxito de esta apertura de mercado. Señaló que no se puede exigir al sector privado importar carburantes a costo internacional y simultáneamente obligarlo a competir con productos comercializados artificialmente por debajo de su valor real. Según su criterio, mientras persistan los precios artificialmente bajos, la escasez, el contrabando y los mercados paralelos, los operadores privados operarán en desventaja y el problema estructural del desabastecimiento persistirá.

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Intervención de la ANH por crisis de combustible

El Gobierno nacional decidió intervenir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según anunció este miércoles el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco. Esta medida se suma a la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decretada el día anterior, en medio de problemas de escasez de combustible y largas filas de vehículos en diferentes regiones del país.

Razones detrás de la intervención gubernamental

El ministro explicó que la decisión se tomó debido a un manejo inadecuado y a la excesiva lentitud en los trámites dentro de ambas instituciones públicas. Según la autoridad, estas fallas administrativas impidieron que las entidades encontraran soluciones efectivas para garantizar la llegada regular de carburantes a la población. Esto obligó al Ejecutivo a aplicar medidas extraordinarias del gobierno boliviano, al no dar resultados los controles habituales, según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Decreto Supremo 5697 sobre combustibles

Para llevar a cabo la intervención de YPFB, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 5697, el cual establece un periodo de 180 días de duración. Durante este tiempo, una comisión especial integrada por cinco ministros de Estado y el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública estará a cargo del proceso para ordenar y fiscalizar la cadena de importación y distribución de los combustibles.

Causas principales de la crisis actual

El ministro indicó que, aunque no es el único factor, la burocracia y las malas decisiones administrativas en YPFB y en la ANH son las causas principales de la crisis de abastecimiento actual. Por este motivo, confirmó que pronto se darán a conocer los detalles formales de cómo se realizará la intervención específica en la ANH, con la expectativa de obtener resultados inmediatos que normalicen la situación en el país.

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La polémica por la nacionalización de autos “chutos” sugerida por el Presidente Rodrigo Paz sigue generando posturas contrarias en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Legisladores declararon este miércoles 2 de septiembre que el gobierno llevará a la quiebra al país si aplica esta medida. Sin embargo, otros defienden que la legalización de autos indocumentados generará ingresos económicos inmediatos para los municipios.

Posturas de los legisladores

Lissa Claros critica la medida

La diputada Lissa Claros consideró que el mandatario está impulsando esta medida para congraciarse con sectores que han dejado de apoyarlo, especialmente en el área rural.

Según su criterio, esta es una estrategia política para intentar reducir el descontento de la gente. Desde su punto de vista, en lugar de generar recursos, legalizar los autos “chutos” llevaría a la quiebra al país.

Afirmó que si ahora no se puede garantizar el combustible para el parque automotor legal, mucho menos se podrá después de legalizar los más de un millón de autos indocumentados que circulan en Bolivia.

José Luís Porcel y su análisis crítico

Por su parte, el diputado José Luís Porcel consideró que un beneficio como este solo fomentaría a legalizar lo informal. A pesar de que en 2011 se advirtió que sería la última vez que se aplicaba una medida de estas características, reconoció que la legalización de autos “chutos” generaría ingresos extras a las alcaldías.

Sin embargo, enfatizó que legalizar lo informal no es la mejor opción para conseguir esos recursos, además de que la demanda de combustible seguiría creciendo en medio de la escasez que persiste.

Propuesta del diputado Armin Lluta

El diputado Armin Lluta, uno de los proyectistas para legalizar los autos “chutos”, declaró que su propuesta será enviada nuevamente a la Comisión de Planificación después de haber recibido correcciones de varios sectores.

Aclaró que el proyecto contempla que estos autos legalizados no podrán entrar a la ciudad ni operar como transporte público por un lapso de tres años. Además, precisó que no todo auto indocumentado que ingrese luego de la nacionalización será considerado ilícito y será confiscado, con el fin de no fomentar el robo de autos.

Beneficios para municipios y apoyo local

Según Lluta, lo que se busca es solucionar la situación de miles de familias en el campo que trabajan con estos vehículos.

“Además, los que se van a beneficiar son los municipios; se les dará el 40% de las multas e impuestos que van a pagar para que ellos puedan invertir en educación y salud. El 60% irá a caminos, que están un desastre en el área rural”, declaró el legislador.

Aporte del alcalde Hernán Justo Zenteno

Esta postura fue respaldada por el alcalde de Chulumani, Hernán Justo Zenteno, quien pidió al Parlamento que apruebe la legalización de autos “chutos” para generar más ingresos económicos. Adicionalmente, pidió que el gobierno cierre fronteras para evitar que sigan entrando autos indocumentados.

“Yo pido al poder Legislativo que piensen; en los Yungas tenemos movilidades indocumentadas y sé que hay en las 112 provincias de nuestro país. Queremos que se legalice solo por esta vez. Con dignidad queremos comprar combustible y aportar con impuestos”, declaró la autoridad.

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