El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Oruro y el Comité Departamental de Salud Mental (Codesame) han emitido un pronunciamiento conjunto en el que exigen medidas urgentes para regular la venta de cigarrillos electrónicos. Esta declaración surge tras una reunión interinstitucional motivada por el aumento del consumo de estos dispositivos entre adolescentes y estudiantes. La preocupación por los riesgos asociados a su uso ha ido en aumento.
Riesgos de los cigarrillos electrónicos
Las instituciones advierten que, aunque los vapers son considerados inofensivos por algunos, contienen nicotina en altas concentraciones, así como sustancias cancerígenas y químicos que generan adicción. El aerosol que producen representa un riesgo directo para la salud de quienes los utilizan.
Convocatoria a la acción
El pronunciamiento hace un llamado a todas las instituciones del departamento para que se unan en el esfuerzo de controlar la venta de estos dispositivos. Se busca reforzar las campañas de sensibilización y establecer mecanismos de restricción en los puntos de venta, especialmente en las cercanías de unidades educativas, universidades, centros de salud y espacios públicos.
Nancy Condarco, responsable del Área de Salud Mental del Sedes, explicó que desde septiembre de 2024 se ha observado un aumento en la distribución de vapers desechables a precios accesibles. Esta situación facilita su adquisición por parte de escolares.
Venta indiscriminada y falta de información
Condarco señaló que hay una “venta indiscriminada” de estos dispositivos y que existe poca información disponible para los padres de familia. Algunos de ellos incluso entregan estos dispositivos a sus hijos, creyendo que no representan un daño.
La responsable advirtió que muchos de estos productos contienen entre 30 y 50 miligramos de nicotina, además de aromatizantes y otras sustancias nocivas. “La nicotina, aparte de ser adictiva, también es dañina para la salud”, enfatizó.
Compromiso interinstitucional
El Codesame, que está conformado por 25 instituciones, incluyendo Educación, Salud, Policía, Defensoría del Pueblo y entidades municipales, ha asumido el compromiso de reforzar el trabajo de prevención en este ámbito.
La concejal Nilda Fernández informó que el año pasado se entregó una minuta de comunicación al alcalde solicitando acciones para frenar la distribución de vapers en las inmediaciones de unidades educativas. Sin embargo, la venta sigue expandiéndose.
Falta de regulación específica
“Este dispositivo viene en distintas formas y los menores de edad lo conocen muy bien. No cuentan con registro sanitario y aun así se comercializan sin control”, señaló Fernández.
Además, agregó que a pesar de las reuniones con Defensa al Consumidor, no existe una normativa específica que regule su venta. Esto favorece que los puntos de venta se instalen cerca de colegios y otros espacios frecuentados por jóvenes.
Iniciativas para el control
El director del Sedes, Juan Rasguido, subrayó que aunque la Ley 1280 regula los productos de tabaco, todavía no hay una normativa específica para los cigarrillos electrónicos en el país.
Rasguido recordó que el Decreto Supremo 9072 prohíbe fumar en ambientes cerrados, pero no aborda el uso ni la venta de estos dispositivos, cuya publicidad y comercialización han aumentado notablemente entre los adolescentes.
“Hemos visto con mucha preocupación el incremento de estos cigarrillos electrónicos en la población joven. Algunos reportes indican que incluso podrían ser cancerígenos”, afirmó Rasguido.
Ante esta situación, anunció que se está trabajando en una reglamentación a nivel departamental y municipal para que la venta de estos dispositivos pueda ser controlada por las instancias correspondientes.
