En medio de las investigaciones por el ingreso irregular de 32 maletas a través del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, la Aduana Nacional ha decidido suspender a los funcionarios que se encuentran presuntamente involucrados en este caso. Sin embargo, no se ha especificado cuántos servidores públicos han sido apartados de sus funciones.
La decisión fue anunciada por el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, quien enfatizó que no habrá tolerancia ante hechos irregulares dentro de la institución. En este proceso también se está investigando a un juez y a una exlegisladora.
“No vamos a encubrir ningún acto de corrupción, sin importar de quién se trate. No se trata de simples faltas administrativas, sino de hechos de carácter criminal que deben ser sancionados conforme a la ley”, declaró Soto de la Vía, según un comunicado institucional.
Rol de parte querellante
Además, Soto de la Vía anunció que la Aduana Nacional asumirá el rol de parte querellante en este caso. La entidad se compromete a garantizar la entrega de toda la información, documentación y el apoyo técnico necesarios para que los responsables enfrenten la justicia.
El pronunciamiento oficial indica que se ha dispuesto la suspensión inmediata de los servidores públicos que trabajan en el aeropuerto de Viru Viru. Esta medida busca resguardar la transparencia de la investigación y evitar posibles interferencias en el proceso.
Allanamiento y descubrimientos
El caso se hizo público tras un allanamiento a un galpón, que se realizó inicialmente por un presunto delito de tráfico de armas. Sin embargo, durante el operativo se encontró droga, lo que llevó a una segunda investigación por tráfico de sustancias controladas.
Según las indagaciones, se presume que la droga incautada estaría relacionada con el caso de las maletas que habrían ingresado de manera irregular por Viru Viru el mismo día de la llegada de la exdiputada Laura Rojas.
Aprehensión del juez
En este contexto, el juez Hebert Zeballos fue aprehendido el 23 de enero de 2026 y será presentado ante un juez cautelar en las próximas horas para que se defina su situación legal. Aunque el acusado ha negado cualquier vínculo con el caso, la Fiscalía sostiene que el galpón donde se halló la droga sería de su propiedad.
