El directorio de Control Social del municipio de Oruro ha denunciado que el Decreto Municipal 233, que está en vigor desde 2022, fue creado como un “traje a la medida” del alcalde Adhemar Wilcarani. Esta normativa limita las facultades de fiscalización de la sociedad civil organizada. La denuncia se realizó el 17 de noviembre en la Plaza Principal, en presencia de medios de comunicación y del público.
Óscar Delgado, presidente del Control Social, explicó que este decreto reemplazó al anterior reglamento, conocido como Decreto 017, y ha reducido las competencias del organismo en cuanto a la supervisión de la gestión municipal y de otras instituciones locales.
Delgado expresó que la nueva norma incluye elementos que, a su juicio, desplazan al control social en procesos fundamentales como la rendición de cuentas.
“En el procedimiento de rendición de cuentas entra otro actor que desplaza al control social: la unidad de transparencia. Pero quien nomina a ese funcionario es el alcalde. ¿Cómo va a ir en contra del jefe? Esto va en contra del espíritu de fiscalización”, afirmó Delgado.
Falta de respuesta del alcalde
El dirigente indicó que, desde que asumió el cargo el alcalde, se han llevado a cabo múltiples reuniones con él y sus técnicos para proponer correcciones al decreto. Sin embargo, el directorio asegura que no ha habido respuestas formales ni acciones concretas para corregir la norma.
“Le hemos presentado observaciones, incluso propusimos un decreto reglamentario alternativo para que los funcionarios no pierdan tiempo con trámites innecesarios. Pero ni eso se han tomado el tiempo de evaluar. Por eso surge nuestra molestia”, afirmó Delgado.
Medidas de protesta
El dirigente anunció que, a partir de esta fecha, el Control Social comenzará a implementar medidas progresivas de protesta para hacer respetar sus competencias. Además, convocarán a asociaciones comunitarias, federaciones y otras organizaciones vinculadas a la institución para fortalecer la fiscalización de la gestión municipal.
“Nos constituimos para decirle a la ciudadanía que el alcalde se ha hecho un decreto a su medida. No vamos a permitirlo. Luchamos en favor del municipio y por los derechos de la sociedad civil organizada”, añadió Delgado.
Tensión entre autoridades y control social
La controversia gira en torno a la tensión existente entre la autoridad municipal y los órganos de control ciudadano. Este tema ha generado debates sobre la transparencia y la participación de la sociedad civil en Oruro en los últimos años.
