Los siete vocales de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta petición surge debido a las amenazas violentas y al hostigamiento que han estado recibiendo desde que se realizó la convocatoria oficial para las elecciones generales. Se ha observado un aumento notable en estos ataques entre el 27 y el 30 de mayo.
Hechos que motivan la solicitud
El requerimiento presentado a la CIDH responde a una serie de incidentes que han ocurrido desde que se anunciaron oficialmente las elecciones generales. Desde ese momento, los vocales han sido objeto de amenazas sistemáticas y hostigamientos. En el documento enviado a la CIDH, se menciona que “en caso de materializarse las consecutivas, masivas y gravosas amenazas dirigidas por grupos movilizados (…) se configuraría una afectación directa a sus derechos fundamentales”. Estas amenazas incluyen agresiones físicas, simbólicas y verbales que han ido en aumento con el tiempo.
Amenazas directas y actos de violencia
Los vocales han señalado que hay amenazas directas contra sus familias. Un incidente notable ocurrió el 29 de mayo, cuando Enrique Mamani, un dirigente de los interculturales, apareció en un video afirmando: “Tenemos identificado al señor Hassenteufel, su casa que vive en la calle (…) también tenemos identificado al señor Tahuichi Tahuichi (…) mañana haremos conocer quiénes son sus familiares, porque si no es a las buenas va a ser a la mala con ustedes”.
Estas amenazas se suman a actos simbólicos de violencia, como la quema de muñecos con el rostro del vocal Tahuichi Tahuichi en las ciudades de La Paz y Oruro. Durante estos actos, se escucharon gritos como “quémenlo, quémenlo (…)” y “que muera el vocal Tahuichi, que muera (…)”, lo cual representa una clara incitación al daño físico.
Protección insuficiente
El documento también indica que el TSE ya había solicitado protección adicional a la Policía Boliviana. Sin embargo, los vocales advierten que, a pesar del resguardo policial que se ha desplegado desde el 16 de mayo, las amenazas continúan e incluso se han intensificado, afectando no solo a ellos, sino también a sus familias.
El pronunciamiento destaca que se han encendido las alertas ante la posibilidad de que se repitan hechos similares a los ocurridos tras las elecciones de 2019, cuando varias oficinas de los tribunales departamentales fueron incendiadas. El riesgo actual es inminente y podría replicarse en los domicilios de los vocales que han sido identificados. Esto ya sucedió con un presunto atentado afuera del domicilio del vocal departamental cochabambino Humberto Valenzuela, donde se detonó un explosivo en días pasados.
Solicitud de protección a la CIDH
Asimismo, el TSE solicita a la CIDH que inste al Estado boliviano a garantizar la protección de la vida e integridad personal de los siete vocales que forman parte de la Sala Plena, así como de sus núcleos familiares. También piden poder llevar a cabo sus funciones sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.
La solicitud concluye enfatizando que no solo están en riesgo los derechos individuales de los vocales, sino también la estabilidad democrática y la independencia del Órgano Electoral.
