La jueza Lilian Moreno fue aprehendida este lunes 5 de mayo de 2025. Esta acción se produjo tras la anulación de la orden de apremio que pesaba sobre el exmandatario Evo Morales, en un caso que involucra trata y tráfico de personas.
Ante esta situación, Morales utilizó sus redes sociales para expresar su opinión. En su mensaje, denunció lo que considera una falta de Estado de Derecho en Bolivia bajo el gobierno actual.
Denuncias de Evo Morales
Morales afirmó: “Desde hace tiempo voy denunciando que en Bolivia, con el gobierno actual, no hay Estado de Derecho”. En su publicación, agregó que “aquí rige el terrorismo de estado que difama, persigue y encarcela a los bolivianos que piensan diferente”.
El exmandatario también criticó las acciones del gobierno, indicando que “no buscan justicia sino venganza brutal”. Esta declaración resuena con fuerza entre sus seguidores y aquellos que comparten su perspectiva sobre la situación política del país.
Operaciones policiales y derechos humanos
Morales mencionó que se están llevando a cabo “operaciones policiales, ilegales y abusivas, propias de las dictaduras”. Además, destacó que “el gobierno ni siquiera respeta a jueces de Garantías Constitucionales que solo buscan el respeto al Debido Proceso”.
El exmandatario hizo un llamado a organismos internacionales para que actúen ante lo que considera un irrespeto a los derechos humanos y constitucionales por parte del gobierno. Esta situación ha generado preocupación entre diversos sectores de la población y organismos defensores de derechos humanos.
Tensiones políticas en Bolivia
La aprehensión de la jueza y las declaraciones de Morales se producen en un contexto donde las tensiones políticas han aumentado en Bolivia. Esto ha afectado la percepción pública sobre la imparcialidad del sistema judicial en el país.
Las declaraciones de Morales reflejan una creciente polarización en Bolivia. La crítica hacia las acciones del gobierno resuena especialmente entre aquellos que consideran que se están vulnerando derechos fundamentales.
La comunidad internacional está observando atentamente estos acontecimientos, dado su posible impacto en la estabilidad política y social del país. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del Estado de Derecho en Bolivia y la protección de los derechos humanos.
