La abogada Silvia Tapia ha denunciado la supuesta manipulación de la declaración de su defendido, Juan José Zúñiga, quien es excomandante del Ejército. Esta situación se da en el contexto del caso relacionado con la asonada militar que ocurrió el 26 de junio de 2024. En este evento, Zúñiga y su grupo militar intentaron ingresar al Palacio de Gobierno.
Tapia ha afirmado que los fiscales impidieron que Zúñiga pudiera ampliar su testimonio sobre las órdenes que recibió del Presidente Luis Arce para el traslado de tanquetas durante ese día crucial.
El gobierno sostiene que lo ocurrido el 26 de junio fue un «golpe de Estado fallido». La Fiscalía ha indicado que Zúñiga no mencionó un autogolpe en su primera declaración, aunque sí reconoció que su objetivo era prevenir un derramamiento de sangre. Además, Tapia ha enfatizado que Zúñiga declaró que el Presidente Arce buscaba aumentar su popularidad en medio de movilizaciones relacionadas con la escasez de combustible y dólares.
Presiones sobre los militares
“Las personas que han optado por procedimientos abreviados lo han hecho bajo presión del gobierno. Hay un personaje del gobierno que se dedica a visitar todas las cárceles, ofreciendo un procedimiento abreviado con el fin de que amplíen su declaración e incriminen a mi defendido, lo que les permitiría beneficiarse con su libertad. Todos los militares encarcelados se niegan a aceptar este tipo de ofrecimientos”, aseguró Tapia.
Los hechos del 26 de junio
El 26 de junio, Zúñiga y su grupo militar ocuparon la plaza Murillo con vehículos blindados y efectivos armados, intentando ingresar al Palacio de Gobierno. Este intento fue detenido por el Presidente Arce, quien ordenó el repliegue de las fuerzas armadas. Como resultado de estos hechos, más de 100 personas, tanto civiles como militares, están siendo investigadas. Al menos 26 de ellas han sido cauteladas, incluyendo a Zúñiga. Además, cinco generales fueron dados de baja por su participación en la asonada.
La abogada Tapia ha solicitado que la ampliación de la declaración de Zúñiga sea pública. Su objetivo es esclarecer los hechos y demostrar que su defendido actuó bajo la autoridad de órdenes superiores.
