El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha decidido suspender por un periodo de 2 años los derechos de participación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Esta medida se tomó tras considerar que Abad incurrió en violencia política de género en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld.
La sentencia de primera instancia fue emitida por el juez Guillermo Ortega e incluye una multa que supera los 14.000 dólares. Esta decisión puede ser apelada ante el pleno del TCE.
Sommerfeld, quien también había sido denunciada por Abad por violencia política de género, acudió al TCE. Ella argumentó que las declaraciones de Abad afectaron su imagen y reputación tanto en el país como a nivel internacional.
El fallo del TCE contra la vicepresidenta se suma a una multa anterior de 8.500 dólares que ya le había impuesto el mismo organismo. Esta multa fue por realizar campaña anticipada cuando se postulaba para alcaldesa de Cuenca, su ciudad natal, en el sur del país.
Previamente, el TCE había desestimado una denuncia presentada por Abad contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Esta denuncia también estaba relacionada con violencia política de género y se produce en el contexto de un enfrentamiento entre ambos.
Abad aún no ha hecho declaraciones sobre la sentencia emitida el jueves por el TCE. Sin embargo, su equipo de comunicación ha indicado que este viernes asistirá con su abogada a la Asamblea Nacional para presentar documentación relacionada con su caso.
En ese espacio, se espera que Abad ofrezca declaraciones sobre la situación actual del país, según lo informado por su equipo.
Un largo y denso enfrentamiento
El conflicto entre Noboa y Abad se ha intensificado desde la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023. Este enfrentamiento ha estado marcado por demandas de violencia política de género, la suspensión del cargo de Abad (una decisión que fue posteriormente anulada por un juez) y decretos presidenciales que han buscado mantener alejada a Abad, quien fue su compañera en la papeleta electoral.
Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional, está buscando la reelección presidencial. Este proceso se decidirá en el balotaje programado para el 13 de abril, donde se enfrentará a la candidata Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, que es liderado por el expresidente Rafael Correa, quien estuvo en el poder entre 2007 y 2017.
Normativa electoral y licencias
La normativa electoral establece que cualquier autoridad que desee presentarse a la reelección inmediata debe solicitar una licencia de su cargo durante todo el periodo de campaña electoral. Sin embargo, Noboa no cumplió con esta obligación, ya que solo se «ausentó» en días específicos, mientras que en otros continuó ejerciendo como jefe de Estado.
El ministro de Gobierno, José De la Gasca, ha declarado que no era necesario que Noboa pidiera licencia. Según él, no se configura como una reelección inmediata, dado que Noboa no fue elegido en 2023 para un periodo completo, sino para completar el mandato (2021-2025) que dejó pendiente el expresidente Guillermo Lasso.
Designación de vicepresidenta encargada
La Constitución establece que la vicepresidenta debe sustituir al presidente en caso de ausencia. Sin embargo, Noboa nombró por decreto a la secretaria de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, Cynthia Gellibert, como «vicepresidenta encargada». A través de este decreto, Noboa delegó funciones presidenciales a Gellibert, una acción que fue declarada inconstitucional por el TCE.
Noboa argumentó que cualquier persona que ejerza la Vicepresidencia puede asumir temporalmente la jefatura del Estado, y no necesariamente la persona que fue elegida por votación popular para desempeñar ese rol. Este argumento ha generado controversia en el contexto actual.
