Irán llevó a cabo un total de 975 ejecuciones en 2024, lo que representa un aumento del 17% en comparación con las 834 ejecuciones registradas en 2023. Este dato proviene de un informe sobre la pena de muerte elaborado por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), que subrayan que esta cifra es la más alta desde al menos 2008, año en que se comenzó a documentar este tipo de información.
En el balance anual, la asociación francesa Ensemble contre la peine de mort, junto con Iran Human Rights, que tiene su sede en Dinamarca, denunciaron esta «terrible escalada» en el uso de la pena de muerte. Según estas organizaciones, se utiliza como un «medio de represión política» por parte de la República Islámica de Irán.
De las 975 ejecuciones, solo 95, es decir, menos del 10%, fueron anunciadas oficialmente por las autoridades iraníes. Esta cifra representa una disminución de cinco puntos en comparación con el 2023, y es inferior al 12% registrado en 2022, al 16,5% en 2021 y al promedio de 33% entre 2018 y 2020.
La guerra contra el pueblo
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, enfatiza en el informe que «estas ejecuciones forman parte de la guerra que libra la República Islámica contra su propio pueblo para mantenerse en el poder».
Delitos relacionados con drogas
Más de la mitad de las ejecuciones, específicamente el 51,6%, se llevaron a cabo por delitos relacionados con drogas. Por otro lado, el 43% de las penas de muerte se impusieron por cargos de asesinato.
Ejecutados y grupos afectados
Entre las 975 ejecuciones, 31 afectaron a mujeres, lo que marca un récord desde que se comenzó a contabilizar. También se registró la ejecución de un menor de edad, así como de dos manifestantes y 192 prisioneros pertenecientes a las etnias baluchí y kurda.
